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ANALISIS DEL RECURSO JERARQUICO COMO DEFENSA AL CONTRIBUYENTE ADUANERO
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ANALISIS DEL RECURSO JERARQUICO
COMO DEFENSA AL
CONTRIBUYENTE ADUANERO
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO
ANALISIS DEL RECURSO JERARQUICO
COMO DEFENSA AL
CONTRIBUYENTE ADUANERO
INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA, ADUANA PRINCIPAL AEREA DE VALENCIA
AUTOR: JAVIER DIAZ
C.I. 18.531.806
San Diego, Junio de 2012
ii
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO
ANALISIS DEL RECURSOS JERARQUICO
COMO DEFENSA AL
CONTRIBUYENTE ADUANERO
CONSTANCIA DE ACEPTACION
Nombre, firma y cedula de identidad del tutor académico
Nombre, firma y cedula de identidad del tutor institucional
AUTOR: JAVIER DIAZ
C.I. 18.531.806
San Diego, Junio de 2012
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AGRADECIMIENTOS
A Dios.
Por cada día de mi vida y por la fortaleza y a sabiduría que me para seguir cada vez mas
adelante frente a las dificultades.
A mi Madre, Abuela y Abuelo.
Por el Apoyo, el cariño incondicional por todas las cosas que día a día me brindan,
teniéndolos presente todos los días en mi corazón.
A mis Padres, hermanos, y Tíos.
Que estuvieron presentes, apoyándome en el transcurrir de mi carrera.
A mi Tutor Académico.
Por todas las horas de enseñanza y dedicación que invirtió en mi formación profesional.
A mi Tutor Institucional y al departamento de asistencia Jurídica de la aduana
Principal aérea de valencia.
Por su apoyo
Y a todas las persona que de manera directa e indirectamente han intervenido para
que yo pueda llegar donde estoy ahora.
iv
ÍNDICE GENERAL
Contenido
AGRADECIMIENTOS……………………………………………………..………....iii
ÍNDICE GENERAL……………………………………………………….….………..iv
RESUMEN INFORMATIVO…………………………………………….……….,…vii
INTRODCCIÓN…………………………………………………………..………….…1
CAPITULO I……………………………………………………………..……………..3
LA INSTITUCIÓN……………………………………………………..………………3
1.1 Nombre…………………………………………………………………………3
1.2 Ubicación……………………………………………………………………….3
1.3 Descripción……………………………………………………………………..3
1.3.1 Misión…………………………………………………………………..3
1.3.2 Visión…………………………………………………………………...4
1.3.3 Valores………………………………………………………………….4
CAPITULO II…………………………………………………………………...………5
EL PROBLEMA……………………………………………………………..………....5
2.1 Planteamiento del Problema……………………………………………………5
2.2 Formulación del Problema……………………………………………………..6
2.3 Objetivos de la Investigación…………………………………………………..6
2.3.1 Objetivo General………………………………………………………….6
2.3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………….6
2.4 Justificación…………………………………………………………………….7
v
2.5 Limitaciones de Estudio………………………………………………………..7
CAPITULO III……………………………………………………………………………..8
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL…………………………………..…………8
3.1 Antecedentes de la Investigación………………………………………………….8
3.2 Bases teóricas……………………………………………………………………...9
3.2.1 Recurso Jerárquico………………………………………………………...…9
3.2.2 El Recurso Jerárquico en la L.O.P.A……………………………………….10
3.2.2.1 Efecto Jurídico………………………………………………………...11
3.2.3 El Recurso Jerárquico en el C.O.T………………………………………....11
3.2.3.1 Forma de interponer el Recursos Jerárquico según el C.O.T………....12
3.2.3.2 Lapso de Interposición del Recurso Jerárquico en el C.O.T………….14
3.2.3.3 Procedimiento del Recuro Jerárquico en el C.O.T……………………14
3.2.3.4 Efecto Jurídico del Recurso Jerárquico en el C.O.T……………….…14
3.2.4 El Recurso Jerárquico en la L.O.A…………………………………………19
3.2.4.1 Efecto Jurídico del Recurso Jerárquico en la L.O.A…………………..19
3.2.4.2 El Solve Et Repete en la L.O.A………………………………………..20
3.2.4.3 La Tutela Judicial Efectiva……………………………………………24
3.2.5 Colisión entre el C.O.T y L.O.A………………………………………….…25
3.2.6 El Recurso Contencioso Tributario………………………………………....34
vi
3.3 Bases Legales………………………….………………………………………....37
3.4 Definición de términos Básicos………………………………………………….38
CAPITULO IV……………………………………………………………………………40
FASES METODOLOGICAS…………………………………………………………….40
4.1 Naturaleza de la investigación………………………………………………...…40
4.2 Tipo de investigación…………………………………………………………….41
4.3 Nivel de la investigación…………………………………………………………43
4.4 Fases Metodológicas……………………………………………………………..44
CAPITULO V……………………………………………………………………………..46
RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES……………………..…46
5.1 Resultados……………………………………………………………………..…46
5.2 Conclusión……………………………………………………………...……..…47
5.3 Recomendaciones………………………………………………………………...48
REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS………………………………………..…………..49
vii
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSE ANTONIO PAEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO
ANALISIS DEL RECURSOS JERARQUICO
COMO DEFENSA AL
CONTRIBUYENTE ADUANERO
Autor: Javier Alexander Diaz Morales
Tutor: Argenis Flores
Año: 2012
RESUMEN INFORMATIVO
La presente investigación va orientada, analizar el recurso jerárquico, como una de las defensas que contempla tanto el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Aduanas, y supletoriamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que van orientadas a proteger al contribuyente frente a los diversos actos administrativos de carácter particular que sobre el versen en perjuicio a sus intereses. Estando dicho recurso jerárquico, orientado a resolver, dentro de la Administración Aduanera, las controversias que pudiesen existir con respecto al contribuyente. Sin embargo tanto Código Orgánico tributario, la Ley Orgánica de Aduanas y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, regulan el recurso jerárquico en materia aduanera lo que hace que dichas leyes entren en conflicto y se contradigan entre si, trayendo confusión al Contribuyente Aduanero a la hora de ejercer sus defensas y dejándolo en un estado de indefensión frente al a la Administración, aun cuando el Código Orgánico Tributario establece en su articulo 1 que será la ley que regirá sobre las defensa en materia de aduana, sumado a esto las modificaciones que ha sufrido el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Aduana, han restando garantías al Contribuyente Aduanero; como ejemplo tenemos los Código Orgánicos Tributarios, de 1983, 1992 y 1994, que donde los recurso tanto administrativos como judiciales, amparaba de forma significativa los derechos del Contribuyente Aduanero, creando mas seguridad jurídica a favor de ellos estableciendo la suspensión de cualquier acto de efecto particular, que tanto Administración Aduanera como Tributaria ejerciese en contra del Contribuyente, mientras el acto se encontraba recurrido bien sea por un recurso jerárquico o por un recurso contencioso tributario, sin embargo a partir del 2001 y el Código Orgánico Tributario, dejo de ser una herramienta en la cual el contribuyente podía amparase, ya que al tomar como principio el solve et repete, limitando la suspensión de los actos, en numerosos supuestos de procedencia.
Descriptores: Recurso Jerárquico, suspensión de los acto administrativo, tutela judicial efectiva,
solve et repete.
INTRODUCCION
El Recurso Jerárquico como un mecanismo de defensa que otorga el COT, la LOA
y en cierta medida la LOPA a al Contribuyentes Aduanero, tiene cada día, una
importancia elevada dentro de la relación existente entre el Contribuyente Aduanero
y la Administración aduanera.
Dicho Recurso en esencia, busca ser un mecanismo de defensa distinto a un medio
judicial, en donde el Contribuyente Aduanero pueda efectivamente impugnar un acto,
en el cual se atente contra sus derechos, recibiendo una solución rápida por parte de la
Administración Aduanera, con respecto a la controversia surgida, siendo esta
teóricamente su finalidad, ya que un medio judicial será, muchas veces extenuante,
causando un gasto económico excesivo, sumado al lento proceso judicial.
Ahora bien, el constate cambio en el que se encuentra las Aduanas del país, trae
como consecuencia de que muchas veces resulte complicado para el Contribuyente
Aduanero, cumplir con todos los requisitos y tramites exigidos, incumpliendo
fácilmente con las formalidades exigidas, siendo este ultimo objeto de sanciones
impuestas por parte de la Administración Aduanera.
Sumado a esta situación la regulación del recurso jerárquico tanto en el COT, la
LOA y LOPA, tienden a converger en la aplicación de dicho recurso, aun cuando el
COT aunque no es la norma especial en materia aduanera, según lo dispuesto en su
articulo 1, dicha norma se aplicara supletoriamente a lo atiente a los recursos
administrativos y judiciales aduaneros, hasta tanto no se dicte un Código Orgánico
Aduanero, que sistematice las diversas normativas Aduaneras, elaborando así su
propio procedimiento atendiendo a su especialidad.
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Dicha situación dificulta al Contribuyente Aduanero, invocar la defensa apropiada
según el caso, cuestión que no solamente afecta a este ultimo, sino que perjudica al
ciudadano en general, ya que las sanciones, que naturalmente son de carácter
pecuniario, que tienen que soportar el Contribuyente Aduanero frente a la excesiva
carga de tramites y requisitos, trae como consecuencia una grave inflación, ya que
dichas sanciones impuestas repercutirán sobre el valor de las mercancías objetos de
importación o exportación, que posteriormente serán incluidas en un mercado
económico
La presente investigación, busca establecer e identificar la aplicación de la norma
correcta en cuanto al recurso jerárquico en vista del conflicto legal que se presenta, y
así contribuir para que el Contribuyente Aduanero pueda efectivamente sin dificultad,
invocar las defensas apropiadas en reguardo a sus derechos. Para lograr dicho
objetivo, se delinearon estrategias para lo cual, se desarrolló el presente trabajo de
investigación contentivo de cinco (5) capítulos:
En el Capítulo I, identifica la Institución en este caso la Aduana Principal Aérea de
Valencia, su ubicación, descripción, estructura organizativa, misión, visión, valores.
En el Capítulo II, describe el problema, identifica el objetivo general y los
objetivos específicos, la formulación del problema, la justificación de la
investigación, las limitaciones y el alcance de esta investigación.
En el Capítulo III, se hace referencia al marco referencial conceptual, donde se
analiza las doctrinas, leyes, decisiones de los distintos Tribunales Venezolanos, que
nos darán una idea clara del tema, definiendo los términos más usados dentro de la
investigación.
En el Capítulo IV, se analiza todo lo referente a las fases metodológicas utilizadas
dentro de esta investigación.
El Capítulo V comprende los resultados, las conclusiones.
Y por ultimo nos encontramos con las referencias bibliográficas y los anexos que
complementan el presente informe de pasantía.
CAPITULO I
INSTITUCIÓN
1.1 Nombre
Aduana Principal Aérea de Valencia, adscrito al Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como Aduana Principal
dependencia Oficial del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y
Finanzas.
1.2 Ubicación
Zona Industrial Municipal Sur de Valencia, final Avenida Luis Ernesto Branger,
Centro Empresarial Aerocentro Internacional Local A, Piso 1.
1.3 Descripción
Formar, promover y difundir estrategias didácticas para abordar la conciencia
aduanera y tributaria a los docentes y estudiantes del sistema educativo
1.3.1 Misión
Administrar eficientemente los procesos aduaneros y tributarios en el ámbito
nacional y otras competencias legalmente asignadas, mediante la ejecución de
Políticas Públicas en procura de aportar la mayor suma de felicidad posible y
seguridad social a la Nación Venezolana
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1.3.2 Visión
Ser una institución modelo, moderna, inteligente acorde con el desarrollo socio
económico del país, que fomente la cultura y garantice el cumplimiento de las
obligaciones y deberes aduaneros y tributarios, contribuyendo a consolidar el
Proyecto Venezolano.
1.3.3 Valores
• Solidaridad
• Honestidad
• Corresponsabilidad Social
• Respeto
• Lealtad
• Equidad
• Justicia
• Igualdad
• Bien Común
CAPITULO II
EL PROBLEMA
2.1 Planteamiento del problema
El Recurso Jerárquico es un medio de defensa que la ley le otorga al
contribuyente, para que este cuando sienta que sus derechos se encuentran vulnerados
por un acto administrativo pueda eficazmente el Contribuyente Aduanero, invocarlos
y de esa forma, poder impugnar el acto administrativo.
Sin embargo es preciso acotar que si bien es cierto, existen leyes que en materia
Fiscal, regula dicho recurso, normas como el Código Orgánico Tributario, la Ley
Orgánica de Aduanas y en cierta medida la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, que a pesar de no poseer un contenido meramente tributario, dicha
ley puede de manera supletoria establecer procedimiento cuando en C.O.T y a la
L.O.A no se encuentre establecidos.
Aunque dichas leyes tienes su punto de convergencia, en cuanto a la relación con
las defensas que poseen, tanto la L.O.P.A como el C.O.T y la L.O.A, son bastante
diferentes dependiendo del área o de la situación jurídica en la cual se encuentre
efectivamente el Contribuyente o el Administrado.
Sin embargo es de acotar que en ciertas situaciones el Contribuyente Aduanero
puede verse en la incertidumbre en cuanto a que precepto legal debe este invocar para
que su defensa sea efectiva, ante la Administración aduanera, lo que ciertamente
puede dejar al Contribuyente en un estado de indefensión, ya que tanto el Código
Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduanas y la Ley Orgánica de
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Procedimientos Administrativos, son en ciertos puntos bastante ambiguas al no
establecer o delimitar el área de las defensas que ella deba de entrar a regular.
Así mismo debido a la existente colisión entre las normas tributarias y
administrativa en la regularización del Recurso Jerárquico, puede traer como
consecuencia una aplicación incorrecta por parte de la Administración Aduanera
cercenando los derechos fundamentales de los contribuyentes.
2.2 Formulación del problema
¿Cual es la norma que efectivamente, puede el contribuyente aduanero emplear,
para invocar el recurso jerárquico, ante la existente colisión entre la L.O.A el C.O.T y
la L.O.P.A en regular dicho recurso?
2.3 Objetivos de la Investigación
2.3.1 Objetivo general
Identificar los supuestos de procedencia del Recursos jerárquico, que establece
tanto el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Adunas como la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin que estas coliden entre si.
2.3.2 Objetivos específicos
- Analizar el Recurso Jerárquico en Ley Orgánica Aduanas, en el Código
Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
- Clasificar los criterios de la institución, con respecto a los efectos y alcance
del Recurso Jerárquico que tanto la L.O.A como en el C.O.T y L.O.P.A y
regulan en el ámbito aduanero.
- Precisar los criterios doctrinales y jurisprudenciales en cuando al Recurso
Jerárquico, que posee tanto la Ley Orgánica de Aduanas como en el Código
Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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2.4 Justificación y Alcance
A medida de que el comercio exterior en Venezuela, se encuentre cada vez mas en
expansión, los trámites y requisitos administrativos y las exigencias que la
Administración Aduanera, impone al Contribuyente Aduanero, para que este pueda
efectivamente importar o exportar las mercancías, se encuentran cada vez más con
parámetros complejos y tediosos a potestad de la Administración Aduanera.
Así mismo y la elevada carga de tramites trae como consecuencia de que el
Contribuyente Aduanero muchas veces por desconocimiento a las normas tanto
legales como de índole sub legal, que se encuentran en constante cambio, puede
incurrir en alguna infracción, teniendo como resultado alguna sanción impuesta por
parte de la Administración Aduanera.
En vista de esto, la ley contempla entre otros recursos administrativos y judiciales,
el recurso jerárquico, que no es más que un mecanismos de defensa que se puede
tramitar de forma rápida, con la finalidad de que el contribuyente encuentra una
solución breve, sin necesidad de seguir un procedimiento judicial que resultara
extenso y oneroso.
Sin embargo, la ley lejos de resultar efectiva en cuanto a la aplicación del recurso
jerárquico, nos resulta ambigua, por lo tanto es menester identificar, el supuesto
procedimental de dicho recurso, con la finalidad de que el contribuyente tenga una
visión clara en cuanto a la defensa apropiada frente a la Administración Aduanera.
2.5 Limitaciones del estudio
Las limitaciones de esta investigación se centran principalmente, en el tiempo
otorgado a los estudiantes para poder culminar exitosamente esta investigación
además de los pocos criterios y recursos doctrinarios existente sobre la materia de
recursos administrativos.
CAPITULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes de la investigación.
Teresa Patricia Torres Ulloa (2005) “El Proceso de la Auditoria a las
Importaciones Según los Regímenes Especiales” Presentado ante la Escuela
Superior Politécnica del Litoral para optar al titulo Auditora en Control de Gestión.
Relación: La relaciones entre ambos trabajos se centra que en primer lugar la
investigación supra indicada analizas uno de los tantos procedimientos complejos que
pose tanto el Estado como el contribuyen, en cuanto al comercio exterior, y la
dificulta que muchas veces tiene el contribuyente muchas veces para seguir el
parámetro establecido por la Administración Aduanera.
Jesús Alberto Guillen Morlet (2002) “Aplicación del Código Orgánico
Tributario y la ley Orgánica de Aduanas en materia de defensa del
Contribuyente Aduanero” Presentado ante la Universidad Católica Andrés Bello,
para optar al titulo de Especialista en Derecho Financiero.
Relación: La relación existente entre la tesis anteriormente citada y este informe,
tiene su punto de convergencia fundamentalmente, en el catalogo de defensas que
dicha tesis nos señala, tanto en el Código Orgánico Tributario como en la Ley
Orgánica de Adunas, así como también los efectos jurídicos de los recursos
contemplados en ambas normas.
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Pereida Mejias, Vianney del Pilar (2007) “Análisis del marco jurídico del
abandono y remate de mercancía en las aduanas, caso: aduana principal de
Maracaibo” Presentado ante la Universidad de los Andes, para optar al titulo de
Especialista en Tributos área Aduana.
Relación: En el trabajo de investigación supra indicado, nos establece las distintas
Potestades Aduaneras del Poder Público, que le consagra la constitución como
portador del Ius Imperium, frente al sujeto pasivo que seria el contribuyente, sobre
quien recae la gran maquinaria de tramites y requisitos que debe cumplir dicho
contribuyente, para que no pueda ser objeto de sanciones.
Ana Patricia Picelli Piñango (2005) “Derechos y Garantías Constitucionales de
los Contribuyentes Frente a la Ordenanza sobre Actividades Económicas del
Municipio Chacao del Estado Miranda” presentado ante la Universidad Católica
Andrés Bello, para optar al titulo de Especialista en Derecho Financiero.
Relación: La relación existente entre ambos trabajos de investigación se encuentra
fundamentalmente en el desarrollo de uno los Principios Constitucionales que es el de
la tutela efectiva en cuanto a los derechos de los contribuyentes.
3.2 Bases teóricas
3.2.1 Recurso Jerárquico
Siendo el Recurso Jerárquico un medio de defensa, que posee el Contribuyente
Aduanero para impugnar los actos administrativos que emanan de la Administración
Aduanera, y que es ejercido ante el superior jerárquico que dicto dicho acto, para
Allan Brewer Carìas, en su libros “Las Instituciones Fundamentales del Derecho
Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana” El Recurso Jerárquico es aquel
medio de impugnación del acto administrativo ejercido para ante el superior
jerárquico de la autoridad administrativa que dicto el acto impugnada.
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Este recurso se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativo en su Artículo 95, estableciéndonos, de que dicho recurso procederá
una vez que el órgano inferior que dicto el acto, decida no modificarlo siendo este
acto recurrido previamente por el recurso de reconsideración.
Articulo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el
órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en
loa forma solicitada en el recurso de reconsideración. El
interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la
decisión a la cual se refiere el párrafo anterior interponer el
recurso jerárquico directamente para ante el Ministro.
En el Código Orgánico tributario el recurso jerárquico se encuentra establecido
del Artículo 242 al 255, que como principio general nos establece que todo acto
administrativo de efecto particular emanado de la Administración Tributaria, que
afecte en cualquier forma los derechos de los contribuyentes, podrá ser impugnado
por quien tenga un interés legitimo, personal y directo. En la ley Orgánica de
Aduanas dicho recurso se encuentra establecido en el artículo 131 al 141.
3.2.2 El Recurso Jerárquico en la L.O.P.A
El recurso jerárquico se encuentra establecido en los artículos 95 y 96 de la ley
orgánica de procedimientos administrativos, que nos indica que dicho recurso
procederá cuando el órgano inferior autor del acto, decida no modificarlo anunciado
en el recurso previo de reconsideración.
El interesado tendrá un lapso de quince días, contados a partir del día siguiente a
la decisión del recurso de reconsideración, pudiendo interponer directamente el
recurso ante Ministerio del cual esta adscrito el órgano que emisor del acto.
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3.2.2.1 Efecto Jurídico
Como se puede observar en el artículo 87 de la L.O.P.A acorde al principio de
ejecutoriedad de los actos de la Administración Publica, nos establece que la
interposición de cualquier recurso no suspende el acto recurrido, sin embargo el
mismo articulo, nos establece la posibilidad de que el acto se suspenda, a) en el caso
de que el acto produzca un grave perjuicio al interesado y b) si la impugnación se
fundamentare en la nulidad absoluta del acto.
En cualquiera de estos casos, el órgano deberá exigir una caución, siendo el
funcionario responsable por la insuficiencia de la caución aceptada.
3.2.3 El Recurso Jerárquico en el C.O.T
El recurso jerárquico se encuentra establecido desde el artículo 242 hasta el
artículo 255 del C.O.T.
Artículo 242: Los actos de la Administración Tributaria de
efectos particulares, que determinen tributos, apliquen
sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los
administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés
legítimo, personal y directo mediante la interposición del
recurso jerárquico regulado en este Capítulo.
Parágrafo Único: No procederá el recurso previsto en este
artículo:
1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en
un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la
doble tributación.
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2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que
determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea
solicitada a la República de conformidad con lo dispuesto en
los respectivos tratados internacionales.
3. En los demás casos señalados expresamente en este
Código o en las leyes.
3.2.3.1 Forma de interponer el Recursos Jerárquico según el C.O.T
Anteriormente en el Código Orgánico Tributario del Año 1992 y su respectiva
reforma el 27 de Mayo de 1994, nos establecía que el Contribuyente que tuviese un
interés legítimo, que se viese afectado por el acto administrativo, podía efectivamente
sin representación de ningún profesional a fin de la materia, interponer el recurso
jerárquico.
El articulo 165 del Código Orgánico Tributario derogado, establecía como primer
requisito la exigencia de la motivación del recurso, como segundo requisito la
exigencia de la anexión del documento fundamental del recurso, salvo el caso de su
identificación, y como tercer requisito un documento donde aparezca el acto
recurrido o que dicho acto se encuentre suficientemente descrito en dicho texto,
teniendo mas importancia el fondo de la controversia que la forma en si, ya que si
dicho Contribuyente erraba en calificar el recurso no seria un obstáculo para su
tramitación.
A partir del 17 de Octubre del año 2001, con la promulgación del Código
Orgánico Tributario vigente, en su articulo 243 nos limita la interposición de dicho
recurso al establecernos, de que dicho recurso se deberá interponer con la asistencia
de un abogado o un profesional a fin al área tributaria.
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Articulo 243. El recurso jerárquico deberá interponerse
mediante escrito razonado en el cual se expresaran las razones
de hecho y de derecho en que se funda, con la asistencia o
representación de abogado o de cualquier otro profesional afín
al área tributaria.
Asimismo, deberá acompañarse el documento donde
aparezca el acto recurrido o, en su defecto, el acto recurrido
deberá identificarse suficientemente en el texto de dicho
escrito. De igual modo, el contribuyente o responsable podrá
anunciar, aportar o promover las pruebas que serán evacuadas
en el lapso aprobatorio. El error en la calificación del recurso
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.
Ahora bien como anteriormente citamos en el COT del año 1992 y su reforma en
el año 1994, no era necesario de que el Contribuyente estuviese en representación de
un abogado o un profesional a fin al área tributaria, cosa que en el COT del año 2001
nos establece totalmente lo contrario, al establecer de que dicho contribuyente
necesariamente necesita de un profesional a fin al área.
Pero sin embargo de la lectura anterior, el COT actual, una gran incertidumbre
con respecto a la representación del Contribuyente, ya que por un lado el COT, en su
articulo 243 nos da la posibilidad de que este ultimo, sea representado por un
abogado o en su defecto un profesional a fin al área, pero la duda surge ya que mas
adelante, el mismo C.O.T, su articulo 250 nos establece una serie de causales de
inadmisibilidad del recurso, entre ellos la falta de asistencia o representación de
abogado.
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Articulo 250. Son causales de inadmisibilidad del recurso:
1. La falta de cualidad o interés del recurrente
2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o
representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria
para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o
por que el poder no esta otorgado en forma legal o sea
insuficiente.
4. Falta de asistencia o representación de abogado.
3.2.3.2 Lapso de Interposición del Recurso Jerárquico en el C.O.T
Se tendrá un lapso de 25 días hábiles para interponer el recurso jerárquico,
contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto que se
impugna ante la oficina en la cual emano el acto.
3.2.3.3 Procedimiento del Recuro Jerárquico en el C.O.T
La administración tendrá 3 días hábiles para admitir el recurso, luego se abrirá un
lapso probatorio no menos a 15 días hábiles dependiendo del caso, y por ultimo la
administración tendrá un lapso de 60 días continuos para decidir el recurso.
3.2.3.4 Efecto Jurídico del Recurso Jerárquico en el C.O.T
En principio General ya bien indicamos anteriormente la LOPA en su artículo 87,
claramente nos indica que en principio la interposición de cualquier recurso no
suspende la ejecución del acto.
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De igual forma Allan Brewer Carías en su libro “Las Instituciones fundamentales
del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana” “El Principio de que el
recurso no suspende la ejecución del acto esta en relación con el conocido aforismo
solve et repete, según el cual, y especialmente en materia fiscal, el reclamo contra los
impuestos o multas fiscales no exime de la obligación de pagar”.
En virtud con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativo de 1963
en su articulo 88, que nos refirmaba el argumento de Brewer Carías al decirnos que
ciertamente, la interposición de cualquier recurso administrativo no causa la
suspensión del acto recurrido, principio que actualmente se encuentra en plena
vigencia en nuestra LOPA, pero de igual forma dicho autor afirma en el citado libro.
“Por todo lo expuesto no compartimos, por contraria al sentido de nuestra
legislación y a lo establecido en otros fallos, lo expresado por la antigua Corte
Federal en 1954 en el sentido de que a falta de disposición legal expresa, los recursos
administrativos se oye libremente, es decir, en su efecto suspensivo y devolutivo.
Lo anteriormente señalado indica lo errado de esta afirmación respecto al efecto
suspensivo. El principio es el contrario: la regla es que el recurso no tiene efectos
suspensivos” como es evidente no existía vigente para la época la L.O.P.A que nos
establecía directamente en su articulo 87 la no suspensión del acto, ni tampoco una
norma de carácter fiscal, que de forma ostensible estableciera la suspensión de un
acto recurrido administrativamente”.
No fue sino hasta 1983 que entra en vigencia nuestro primer COT, en donde
comienza a moldearse dicha suspensión, cuando la Comisión Redactora del Código
afirma en un fragmento de su exposición de motivos que “Esta norma adopta el
criterio de no exigir el pago o afianzamiento del tributo, como requisito para la
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admisibilidad del recurso, o sea no acoge el procedimiento denominado “solve et
repete”.
Sobre el particular, tal como no los afirma el Libro titulado “La administración
tributaria y los Derechos de los Contribuyentes” de la fundación de estudios de
derecho administrativo.
“Como se vera infra en detalle, el principio general de la no suspensión de los
efectos del acto administrativo con ocasión de los recursos y acciones, previsto en el
articulo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ha cedido en el
ámbito jurídico tributario donde impera el principio totalmente contrario, vale decir,
que los recursos y acciones suspende, de suyo, la ejecución del proveimiento de la
Administración tributaria que determine tributos, imponga sanciones o en cualquier
forma afecte los derechos de los administrados.
Queriendo decir esto que el acto se suspende de pleno derecho, sin embargo es
preciso recordar que el efecto suspensivo del acto recurrido por un recurso jerárquico
fue ope legis en el Código Orgánico Tributario del año 1992 y su reforma de 1994.
Articulo 173. La interposición del Recurso suspende la
ejecución del acto recurrido. Cuando en el Recurso solo se
impugne parcialmente el acto, será exigible el pago de la
porción no objetada, en el término de la ley. Queda a salvo la
utilización de las medidas cautelares prevista en este Código.
En efecto mientras el acto sea recurrido jerárquicamente este se encontrara
suspendido lo que impedía que la administración tributaria exigiera el pago de algún
impuesto multa u cualquier otra contribución al respecto, en vista de que la
administración tributaria no adaptaba el criterio de exigir el pago o afianzamiento del
17
tributo, como requisito para la admisibilidad del recurso, ósea no acogía el
procedimiento “solve et repete”.
En el modelo del Código Tributario para América Latina, se busca suprimir este
procedimiento solve et repete “La comisión estima de gran trascendencia la no
exigencia del pago previo o “solve et repete” como requisito o presupuesto de la
acción.
El odioso “solve et repete”, según calificación de autorizada doctrina, constituía
un medio utilizado frecuentemente para encubrir la arbitrariedad administraba y
hacer ilusoria la defensa del contribuyente. Además, aparte de tratarse de una
institución que no existe en todos los países, en fecha reciente fue declarada
inconstitucional por la Corte Constitucional de Italia, su país de origen, por contrariar
garantías esenciales, y fue eliminado en Argentina y Uruguay, sin producir ninguna
alteración en la recaudación normal de los tributos.
Los peligros que ofrecía tal supresión desaparecen con la organización de un
sistema coordinado de medidas cautelares y de ejecución, independientes de la
prosecución de la acción ordinaria sobre la procedencia del crédito fiscal” “Modelo
de Código Tributario para América Latina”
“En cuanto a la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político
Administrativa, Auto del 15-12-1988”. “La referencia que hizo la sentencia del
Código Orgánico Tributario conforme al cual (articulo 162) la interposición del
Recurso (Jerárquico), suspende la ejecución del acto recurrido, no fue para aplicarlo,
sino para afianzar o facilitar, conceptualmente, mediante el ejemplo citado, la
viabilidad de la suspensión.
18
Al desarrollar el tema del articulo 136 ya cita, único aplicable en el caso por este
Tribunal, expresa la sentencia con vista de ello, la Corte previa apreciación de las
circunstancias (pudo ser que la interesada había ejercido el Recurso Jerárquico y esto
solo bastaba para la suspensión según el Código Orgánico Tributario), podrá
considerar la suspensión solicitada y acordarla efectivamente o negarla, así como
exigir o no caución o garantía.
Vale al efecto señalar otros ejemplos en los que invocada ante esta Corte la parte
final del articulo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, según la
cual. El órgano ante el cual se recurre podrá acordar la suspensión de los efectos de
acto, decidió simple pero enfáticamente:
“La facultad que tiene la Sala de suspender excepcionalmente los efectos de un
acto administrativo esta consagrada en el articulo 136 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia y no en el 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, como erróneamente sostiene el recurrente. En consecuencia la
suspensión de los actos administrativos de efectos particulares procede, de
conformidad con la norma últimamente citada, en dos supuestos”
Tales supuestos: que lo permita la Ley o que la suspensión sea indispensable para
evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, fueron los que aprecio la sentencia de la Sala al declararla
procedente y aceptar la fianza bancaria referida en la misma, por aplicación del
articulo 136 de la ley Orgánica de la Corte”
Sin embargo en el COT del año 2001 el legislador a pesar de que estableció en el
articulo 247, una suspensión ope legis del acto recurrido, el mismo articulo en su
parágrafo único nos establece, que dicha suspensión no tendrá, efectos respecto de las
19
sanciones previstas en este Código o en las leyes Tributarias, en cuanto a la clausura
de establecimientos, comisos o retención de mercancías.
3.2.4 El Recurso Jerárquico en la L.O.A
El recurso jerárquico se encuentra establecido en los artículos 131 al 141 de la
L.O.A
Articulo 131. De toda decisión se oirá recurso jerárquico
por ante el Ministerio de Hacienda. La interposición del
recurso no suspenderá los efectos del acto recurrido.
3.2.4.1 Efecto Jurídico del Recurso Jerárquico en la L.O.A
En la Ley Orgánica de Adunas del año de 1999 el recurso jerárquico se nos
muestra de una manera disímil con respecto al COT, si bien es cierto dichas normas
tienen puntos semejantes, en cuanto al lapso de interposición del recurso, que es de
25 días hábiles siguientes a la notificación del mismo, la LOA en su articulo 133,
claramente se observa que dicha norma acoge el principio del solve et repete, al
establecer
Articulo 133. Cuando el Acto recurrido sea de liquidación,
contribución o multa, el interesado deberá pagar la obligación o
caucionarla suficientemente, requisito sin el cual no será
admisible el recurso.
Ahora bien en el Reglamente de la Ley Orgánica de Aduana publicada en mayo de
1991, ciertamente el legislador acoge el principio de la no suspensión del acto
recurrido, estableciendo en su artículo 463 que La interposición del recurso
jerárquico no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
20
3.2.4.2 El Solve Et Repete en la L.O.A
Como bien se a mencionado, la L.O.A claramente recoge el principio del Solve Et
Repete en su articulo 133, precepto que fue eliminado Sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06/02/07.
“…En este sentido, se observa que el referido artículo 133
de la Ley Orgánica de Aduanas, exige que para admitir el
recurso jerárquico en contra de un acto de liquidación,
contribución o multa, el recurrente deberá pagar la
correspondiente obligación o en su defecto caucionarla
suficientemente.
Con lo cual se han restringido las posibilidades de
impugnación, atendiendo a un criterio de capacidad económica,
que sólo permite el ejercicio de los recursos a aquellas
personas que tengan disponibilidad para ese pago, mermando
así la capacidad de impugnación de quienes -por cualquier
motivo- no tengan igual situación patrimonial.
Con ello, la disposición transcrita establece una condición
habilitante para el ejercicio del recurso jerárquico, conocida
como solve et repete, que conforme a la sentencia supra citada,
colide con la concepción garantista de los procesos
administrativos y jurisdiccionales, y se aparta de la orientación
tutelar que sobre la esfera jurídica de los particulares deben
guardar las disposiciones adjetivas.
21
De allí, el carácter vicioso que García de Enterría (Curso de
Derecho Administrativo, Editorial Civitas, España, Tomo II, p.
201) le ha atribuido a las disposiciones que condicionan la
impugnación de las sanciones al pago total o parcial de su
cuantía, pues "sólo los ricos" pueden recurrir, lo cual resulta
evidentemente contrario a los principios fundamentales de
igualdad y gratuidad de la justicia.
En tal virtud, el propio Tratado de San José de Costa Rica
establece en su artículo 10°, la ilegitimidad de la exigencia de
pago previo al cuestionamiento de los tributos, situación que
por el grado de afectación a la situación jurídica de los
particulares, se hace extensible a las sanciones pecuniarias,
toda vez que éstas, tal como afirma Bielsa citado por Gordillo
(Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Ediciones
Funeda, p. XIII-35).
Pueden determinar la paralización de actividades
económicas y aun la ruina del sujeto pasivo de la sanción.
Evidentemente, lo expuesto no supone la negación del
carácter ejecutorio de las sanciones (pues su cumplimiento es
plenamente exigible una vez que ha sido dictada y notificada al
sancionado), sino que ante las mismas, el particular tiene pleno
derecho de recurrirlas aun antes de dar cumplimiento a la orden
administrativa y de solicitar cautelarmente la suspensión de los
efectos del acto impugnado, pues tal como sostiene Marienhoff
(Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,
Ediciones Abeledo Perrot. Tomo I. Pág. 677), los
22
procedimientos administrativos (y cabe agregar los judiciales),
"no se dan precisamente a favor de la Administración
Pública, sino principalmente a favor de los administrados.
Es esto una consecuencia del Estado de Derecho."
En efecto, la vigencia del derecho a la defensa de los
sancionados exige, que frente a la actuación del Poder Público
se dispongan de mecanismos adjetivos cuyo acceso no suponga
el cumplimiento de requisitos que pudieran eventualmente
causar una lesión irreparable o de difícil reparación, o que de
igual forma, establezcan una condición habilitante sustentada
en la capacidad patrimonial de aquel a quien le ha sido
impuesta la medida.
En este contexto, resulta menester reiterar, que el
derecho a la tutela judicial efectiva y dentro de él, el
principio pro actione,
Supone el establecimiento de procedimientos cuyo inicio
debe informarse de una concepción garantista y por tanto, el
legislador debe instrumentalizar el acceso a los recursos
administrativos y judiciales, en el sentido más favorable a la
efectividad de los derechos fundamentales, facilitando la
adecuada obtención de la finalidad procesal reconocida por el
artículo 49 del Texto Fundamental.
En virtud de las consideraciones expuestas, observa esta
Sala que la disposición contenida en el artículo 133 de la Ley
Orgánica de Aduanas, hace nugatorio el derecho a la defensa
consagrado en artículo 49.1 de la Carta Magna y en
consecuencia, debe esta Sala declarar la nulidad de la norma
impugnada y así se decide.
23
Ahora bien, corresponde de acuerdo a lo previsto en el
artículo 21.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, determinar los efectos de la presente decisión
anulatoria en el tiempo y en tal sentido, resulta menester hacer
referencia a la decisión N° 359 del 11 de mayo de 2000,
dictada en el caso Jesús María Cordero Giusti, donde se
estableció lo siguiente:
“(...) de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se debe determinar
los efectos en el tiempo de la decisiones anulatorias de normas.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia ha indicado que en tales casos, debe entenderse que
produce sus efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado.
Así, en reciente sentencia con ocasión de decidir la solicitud
de ejecución de un fallo que no había fijado los efectos en el
tiempo de una sentencia anulatoria, se indicó:
‘Ha sido señalado precedentemente que la sentencia
anulatoria extinguió la norma por considerarla viciada, sin
limitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los efectos
de la anulación en el tiempo, en razón de lo cual, este efecto es
ex tunc, es decir hacia el pasado; opera desde el momento
mismo en que la norma fue dictada.
(Sentencia de la Sala Político Administrativa del 11 de
noviembre de 1999, caso Policarpo Rodríguez).
24
En el caso antes citado, si bien se dio efecto ex tunc al fallo
anulatorio, la sentencia fijó los términos de la ejecución, es
decir, los parámetros y el tiempo mediante los cuales los
afectados por la norma anulada podían ejercer sus derechos.
En el caso de autos, esta Sala por razones de seguridad
jurídica, para evitar un desequilibrio en la estructura de la
administración pública estadal y la preservación de los
intereses generales, así como en resguardo de los derechos de
los beneficiados por la ley Estadal, fija los efectos ex nunc, es
decir, a partir de la publicación de este fallo por la
Secretaría de esta Sala Constitucional.”
Conforme al criterio supra transcrito, esta Sala, en aras de
la seguridad jurídica, fija los efectos del presente fallo
anulatorio ex nunc o hacia el futuro, esto es, a partir de la
publicación por la Secretaria de esta Sala Constitucional,
incluso para los casos en curso. Así se decide.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 21, aparte 18, de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la
publicación de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.
3.2.4.3 La Tutela Judicial Efectiva:
La tutela judicial efectiva se encuentra consagra en el segundo párrafo del articulo
26 de la Constitución de 1999.
25
Articulo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles.
La tutela judicial efectiva es un Derecho Constitucional, que no solo abarca el
ámbito judicial y el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser amparados por los
órganos judiciales, sino que dicho principio va más allá abarcando las actuaciones de
la Administración Publica, frente al Administrado en general, lo que hasta cierto
punto haría pensar de que la excesiva carga de formalidades, de requisitos y tramites
que debe en este caso Contribuyente hacer frente a la Administración, obstaculiza el
ejercicio efectivo de sus derechos.
Cayendo muchas veces en formalismo y reposiciones inútiles, que
lamentablemente en un esquema jurídico donde la ley es cambiante, y la seguridad
jurídica del Contribuyente es cada vez mas escasa, pudiendo fácilmente este ultimo
ser sancionado por la falta de algún requisito o tramite, situación que violenta el
principio de la equidad y la proporcionalidad, ya que muchas de las sanciones que se
le impone al Contribuyente no son proporcionales respecto a la omisión de algún
requisito omitido.
3.2.5 Colisión entre el C.O.T y L.O.A
La ley Orgánica de Aduanas en su Articulo 131, nos hace mención expresa de que
no se suspende los efectos del acto recurrido, caso contrario se nos presenta en el
26
Código Orgánico Tributario en su Articulo 247, como anteriormente citamos, en un
supuesto que establecía una suspensión ope legis del acto recurrido, pero sin embargo
en dicho articulo, en su Parágrafo Único, nos establece de que la suspensión prevista
en el Código no tendrá efectos en los comisos o retención de la mercancía, como bien
mencionamos.
Pero es menester hacer referencia de que la garantía o de la fianza que exige la
administración aduanera basándose en articulo LOA 9, constituye como tal un
conflicto surgido entre ambas leyes, ya que amparándonos en articulo 1 del COT que
nos afirma “Para los tributos aduaneros el Código Orgánico Tributario se aplicara en
lo atiente a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos
y judiciales…”
Perfectamente la exigencia de una garantía a los efectos del COT quedaría
suspendida, ahora bien el articulo 9 de la ley de Adunas de igual forma nos establece
“El Ministerio de Hacienda podrá autorizar que el retiro de mercancías se efectué sin
haber sido cancelada la planilla de liquidación definitiva mediante garantía que cubra
el monto de la liquidación provisional que deberá formularse al efecto”
Ahora bien, en la consulta establece lo siguiente “En efecto, los actos
administrativos recurridos vía jerárquico carecen de firmeza y de eficacia, y en
consecuencia no son ejecutables, en virtud de la suspensión de sus efectos. Por lo cual
es improcedente el cobro, del ajuste por vinculación comercial fijado por la Gerencia
del Valor.
No obstante, en estos casos que los actos hayan sido impugnados mediante el
ejercicio del recurso jerárquico, la administración podrá utilizar las medidas
cautelares previstas en el Código Orgánico Tributario (articulo 247), a los fines de
asegurar el pago de la deuda.
27
Es con base en ello y por cuanto la solicitud de exigencia de garantía, no
constituye ejecución alguna del acto administrativo impugnado, sino por el contrario
es una medida tendente a resguardar los intereses de la República, permitiendo que el
consignatario aceptante retire la mercancía de la aduana sin haber cancelado la
planilla definitiva, con ocasión de la operación aduanera realizada, por lo que
podemos concluir que cuando el consignatario este en desacuerdo con la actuación de
la Administración, deberá necesariamente pagar la porción no objetada de los tributos
declarados y prestar garantía por el monto objeto de controversia.
Lo antes expuesto tiene sustento normativo en el artículo 9 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual establece
lo siguiente:
Articulo 9. “Las mercancías que ingresen a la zona
primaria, no podrán ser retiradas de ellas sino, mediante el
pago de los impuesto, tasas, penas pecuniarias y demás
cantidades legítimamente exigibles y el cumplimiento de otros
requisitos a que pudieran estar sometidas.
Quedan a salvo las excepciones establecidas en esta Ley y
en leyes especiales. El ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de Finanzas podrá autorizar que el
retiro de las mercancías se efectué mediante garantía que cubra
el monto de la liquidación provisional que deberá formularse al
efecto”
28
En este articulo, el legislador previo la posibilidad de sustituir el pago de los
tributos y demás cantidades exigibles, por una afianzamiento de los mismos para
proceder al desaduanamiento de la mercancía sin el pago de los tributos, recargos y
demás cantidades causadas con motivo de la importación de la mercancía, siempre y
cuando se resguarden los intereses de la República, lo cual se confirma en la
redacción el articulo 178 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduana al disponer lo
siguiente:
“Cuando se efectué la autoliquidación y el acto de reconocimiento haya resultado
conforme, el consignatario aceptante, el exportador o su representante legal procederá
a cancelar los gravámenes autoliquidados, excepto que los mismo hayan sido
previamente pagados o garantizados en el momento de la aceptación de las
mercancías, en cuyo caso los interesados podrán retíralas inmediato”
La exigencia de garantía por parte de la Administración Aduanera para garantizar
los intereses de la República y proceder al retiro de la mercancía de la zona primaria
de la aduana, no constituye bajo ningún supuesto la aplicación del principio “solve et
repete”, puede dicha exigencia no se solicita a los fines de interponer los recursos
procedentes contra el acto objeto de controversia.
Por todo lo antes expuesto, debemos reiterar que los gerentes de las aduanas,
deberán exigir en estos casos la constitución de garantía suficiente, con base en los
artículos antes citados y en ejercicio de la potestad aduanera, que es una de las
funciones que deben ejercer en la circunscripción aduanera correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el articulo 119 numeral 1 de la Resolución Nº 32
sobre la Organización, Atribuciones y Funciones de este servicio.
En tal, sentido, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, esta Gerencia General de Servicios Jurídicos
29
modifica los Dictámenes Nos. DCR-5-36822-7064 de fecha 17 de septiembre de
2007 y DCR-5-31411-8004 de fecha 28 de noviembre de 2006 en los términos antes
expuesto. Cabe destacar que la nueva interpretación no pobra aplicarse a situaciones
anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.
En los términos que anteceden queda expuesto el criterio de esta Gerencia General
de Servicios Jurídicos, sobre el asunto sometido a consulta.
Visto lo anterior es preciso establecer e identificar la jerarquía de las normas en
conflicto, a fin de esclarecer cual efectivamente debería aplicarse una vez que se ha
invocado el recurso jerárquico. Si bien es cierto y como ya se ha mencionado, el
C.O.T en su artículo 1, se impone como la ley reguladora tanto en el ámbito tributario
como aduanero en cuanto a lo que en defensas al contribuyente se refiere.
Pero la L.O.A en su artículo 139 nos indica además, que no solamente se aplicara
el C.O.T de manera supletoria, sino que también la L.O.P.A, entrara a regir en los
casos no previstos en la L.O.A. Ahora bien, se puede evidenciar un conflicto que no
abarca solamente la normativa tributaria sino que nos adentra a la normativa
administrativa y en cuanto a su jerarquía, tenemos que tanto la L.O.A, la L.O.P.A
como el C.O.T son leyes Orgánicas, teniendo ambas la misma jerarquía legal.
Como se puede evidenciar las tres leyes citadas son de carácter orgánico, ahora
es preciso recordar lo el Código Civil frente a este conflicto nos establece en su
artículo 14:
Articulo 14. Las Disposiciones contenidas en los Códigos y
leyes nacionales especiales, se aplicaran con preferencia a las
de este Códigos en las materias que constituyan la
especialidad.
30
Según el comentario dicho precepto legal del Código Civil comentado de Emilio
Calva Baca nos establece de que “En lo que se refiere a la aplicación de la norma
según el Dr. Arminio Borjas, afirma que:
“Cuando sobre determinada materia hubiese conflicto entre una ley general y otra
que se ocupe especialmente de dicha materia, es de principio universal reconocido
que el genero ceda ante la especie, generi per speciem derogatur. En materia civil
la ley de fondo es el Código Civil, sin que ello obste para que sobre ciertos asuntos
haya leyes de fondo especiales.
Por idéntica razón, en las leyes de procedimiento, que constituyen la especialidad
del Código de Procedimiento Civil, los tribunales aplicaran preferentemente las de
dicho Código”.
Ahora bien, en vista a lo anterior, el conflicto en donde encontramos que tanto la
L.O.P.A como el C.O.T y el C.O.T son del mismo rango legal y regulan una misma
materia en el caso de los recursos, es necesario en primer lugar establecer, de que
siendo el C.O.T, una ley que regula sistemáticamente las normas de carácter tributario
como no los reafirma la jurisprudencia.
“…..Dentro de los anteriores lineamientos, no puede dejar de
considerarse la especificidad de la materia tributaria,
reconocida por nuestro legislador al atribuirle a su normativa el
carácter de “Código Orgánico”.
Con lo que se prosiguió sin duda, uniformar la materia
fiscal bajo un cuerpo legal que recogiera “sistemáticamente”
(Art. 162 C.N) los principios fundamentales que informa esta
particular rama de la ciencias jurídicas, obedeciendo así a
tendencias que asomaban ya desde hacia algún tiempo en el
31
medio forense como solución a la multiplicidad de problemas
que se presentaban al pretender determinar la normativa
aplicable al régimen fiscal, dad la dispersión y variedad de
leyes que trataban la materia.
Esta reunión “sistemática” de normas y principios
tributarios- además de rango orgánico, lógicamente son de
aplicación preferente a la materia que regulan, salvo las leyes a
que ellas mismas remitan, (Art. 223 Código Orgánico
Tributario)….(C.S.J. Sala Político-Administrativa, Sentencia
del 09-02-89).
Entonces tenemos que el fin perseguido por el legislador fue unificar la materia
tributaria con la creación del C.O.T, algo que según el mismo Código en su Artículo
335, debiera de suceder en materia Aduanera.
Articulo 335. Hasta tanto se dicte el Código Orgánico
Aduanero, se aplicara respecto de los tributos aduanero lo
previsto en el artículo 1 de este Código.
Queriendo decir esto que la legislación aduanera por más carácter orgánico que
posea se encuentra sujeta y entrelazada a la legislación tributaria, ya que no puede
verse a la L.O.A como un Código siendo esto reafirmado en su exposición de motivos
de 1999.
“Sobre el particular, se alega que un código aduanero sería
un instrumento viable; en ese sentido, el vigente Código
Orgánico Tributario establece mediante el artículo 335 que
hasta tanto se dicte el Código Orgánico Aduanero, se aplicará
32
respecto de los tributos aduaneros, lo previsto en su artículo 1°,
es decir, su aplicación a la materia aduanera.
No obstante ello, se ha considerado prioritaria la referida
actualización de la Ley Orgánica de Aduanas y su respectiva
reglamentación, antes que elaborar un Código en materia
aduanera, ya que el objetivo de modernizar la praxis
administrativa aduanera, a fin de facilitar el control de la
entrada, permanencia y salida del territorio nacional de
mercancías objeto de tráfico internacional, puede lograrse en
primera instancia con la citada reforma de la Ley”.
Ahora bien la sujeción de la L.O.A respecto al C.O.T nos indica que efectivamente
el contribuyente al recurrir por medio del recurso jerárquico un acto dictado por la
administración aduanera, dicho acto se deberá suspender, a no se que se encuentre en
las limitaciones establecidas en el Parágrafo Único del Articulo 247 del C.O.T,
estando la exigencia de una garantía o un requerimiento de fianza suspendido al ser
el acto recurrido, ya que esta no constituye una de las sanciones que establece el
C.O.T.
Haciendo referencia al autor nacional Carlos Asuaje Sequera (1997) nos hace
referencia en cuanto a la vigencia de la L.O.P.A de 1982 y la L.O.A 1978
“En la medida en que se avance en este análisis, se hará mas
latente la gran influencia que la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos ha tenido en el
mundo aduanero, muy especialmente en lo referente al
ejercicio del derecho a la defensa.
33
Victimas de las modificaciones acaecidas son el articulo 52
de la Ley Orgánica de Adunas de 1978 y la norma
reglamentarias que de el se derivan, por encontrarse en franca
contradicción con los preceptos de dicha Ley Orgánica.
En el caso de los recursos aduaneros, hayamos dos normas
tratando de manera diferente el mismo asunto, por lo que se
impone al interprete decidir cual debe aplicar, para lo cual
deberá tomar en cuenta circunstancias de rango, especialidad y
orden de aparición de las normas.
En cuanto al rango, tanto una como otra son leyes
orgánicas, por lo que este criterio es inútil para el caso
concreto.
En cuanto a la especialidad, los recursos que interponen los
administrados constituyen el primer paso del procedimiento
administrativo de impugnación, regulado en detalle por la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos que es, sin la
menor duda, la ley especial con respecto a todos los
procedimientos administrativos distintos al procedimiento
ordinario al que nos hemos referido.
En cuanto a su novedad, la Ley Orgánica de Aduanas fue
promulgada en 1978 y la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos tres años después.
Pero además de esto, debemos observar que el artículo 47
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
confiere preferencia a la aplicación de procedimientos
34
contenidos en leyes especiales, únicamente con respecto al
procedimiento ordinario (previsto en el Capitulo I), pero no
con respecto a los recursos, que se encuentran en titulo y
capitulo diferentes.
Así por interpretación en contrario, los procedimientos no
contenidos en el capitulo I de titulo II (entre ellos los recursos),
se aplicara con preferencia a los previstos en leyes especiales”
Sin embargo tomando en cuenta lo anterior, la L.O.A se modifico en 1999,
creándose además un nuevo C.O.T en el 2001, situación que se complica aun más ya
que la L.O.P.A sigue estado vigente desde 1981, teniendo tres normas que regulan un
mismo supuesto.
Pero atendiendo a la especialidad, los recursos son materia administrativa siendo
la L.O.P.A la ley especial a la materia. Ahora bien, atendiendo a la vigencia tenemos
que el C.O.T es dos años mas reciente que la L.O.A, lo que nos haría pensar de que
tácitamente con la entrada en vigencia del C.O.T, el capitulo de los recursos que se
encuentra establecido en la L.O.A quedaría derogada.
3.2.6 El Recurso Contencioso Tributario
A diferencia del Recurso Jerárquico, que es de carácter administrativo, el Recurso
contencioso tributario de carácter jurisdiccional, siendo solo admisible para los actos
de efectos particulares. Sin embargo a diferencia de los COT del año 1983, 1992 y
1994 en el que interpuesto el recurso suspendía el acto, a partir del año 2001 con la
entrada en vigencia del actual COT, que nos establece que la interposición del
recurso no suspende el acto. Sentencia 20 de abril del 2002 en Sala Constitucional.
35
“El principio general de la no suspensión de los efectos del
acto administrativo con ocasión de la interposición de recursos
administrativos o judiciales, consagrado en nuestro ordenamiento
jurídico positivo en el artículo 87 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, encontraba una excepción en el
campo del derecho tributario.
Esto por cuanto el Código Orgánico Tributario de 1994,
parcialmente derogado para la presente fecha, establecía tanto
para el recurso jerárquico (artículo 173), como para el recurso
contencioso tributario (artículo 189), la suspensión ope legis de
efectos, es decir, una vez interpuestos estos no podía la
Administración Tributaria ejecutar los actos contra los cuales se
hubiesen interpuesto dichas defensas; en otras palabras,
suspendiendo la ejecutividad de la cual goza el acto por el tiempo
de decisión del recurso.
Tal suspensión de efectos, como se señaló, estaba consagrada
respecto al ejercicio de ambos recursos (jerárquico y contencioso
tributario) en el Código Orgánico Tributario de 1994;
circunstancia ésta que fue modificada por el reciente Código
Orgánico Tributario de 2001 (Gaceta Oficial N° 37.305 del
17/10/2001)
El cual estableció la suspensión de efectos ope legis respecto al recurso
jerárquico (artículo 247) más no en relación al contencioso tributario (artículo 263),
en el cual se acogió el principio general de la no suspensión de efectos del acto,
dejándose a salvo la posibilidad a los contribuyentes de solicitar
36
dicha suspensión, en forma parcial o total, en el caso de que la
ejecución del acto o actos pudieran causar graves perjuicios a
éstos.
Ahora bien, una vez hechas las anteriores consideraciones
debe esta Sala señalar que en el caso de autos resultan aplicables
las disposiciones consagradas por el Código Orgánico Tributario
de 1994, en razón de su vigencia temporal.
Siguiendo el orden de ideas anteriormente expuesto, puede
indicarse que el legislador en el citado Código de 1994,
estableció la posibilidad de acudir a la protección cautelar, la
cual consagró en los artículos 211 y siguientes.
En este mismo sentido, debe señalarse que dicha cautela fue
concebida en favor del Fisco Nacional, cuando apareciere
fundado el riesgo para éste en cuanto a la percepción de los
créditos tributarios.
No obstante, los contribuyentes en virtud de la supletoriedad
de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil respecto
al Código Orgánico Tributario, podían acudir a la vía cautelar
consagrada por dicho cuerpo normativo, en tanto y en cuanto
fuesen compatibles con las disposiciones consagradas por el
Código Orgánico Tributario.
Así, del análisis del expediente se observa que la
contribuyente en su escrito de recurso contencioso tributario
solicitó, como previo pronunciamiento del Tribunal a quo, se
acordara medida cautelar innominada, de conformidad con los
artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.
37
En el sentido de que se ordenara a la Administración Tributaria
(Región Los Andes) abstenerse, mientras dure el proceso
contencioso tributario, de ejecutar en vía judicial el cobro de las
cantidades calculadas a cargo de dicha contribuyente en concepto
de impuesto, multa e intereses.
Sin embargo, el Tribunal de la causa consideró improcedente
la misma por cuanto los efectos de los actos recurridos se
encontraban legalmente suspendidos en virtud de la interposición
tanto del recurso jerárquico como del contencioso tributario y, de
igual forma, consideró que no podía pronunciarse sobre la
medida solicitada por cuanto sólo le estaba permitido hacerlo
sobre los recursos admitidos o admisibles, siendo que en el
presente caso todavía no había sido admitido el recurso.”
3.3 Bases Legales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
Código Orgánico Tributario (1982), Código Orgánico Tributario (1992), Código
Orgánico Tributario (Gaceta Oficial Nº 4.727 de fecha 27 de mayo de 1994) (Gaceta
Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001).
Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial Nº 2.314 de fecha 26 de septiembre de
1978), Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial Nº 5.353 de fecha 17 de junio de
1999).
Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial Nº 2.415
Extraordinario fecha 5 de Marzo de 1979).
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Gaceta Oficial Nº 2.818 fecha 1
de julio de 1981).
Código Civil Venezolano (Gaceta Oficial Nº2990 de 25 de Julio 1982)
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3.4 Definición de términos Básicos
Actividades aduaneras: actos necesarios para que la operación aduanera se pueda
realizar. Entre las actividades aduaneras podemos destacar: la confrontación, el
reconocimiento, la liquidación, el desaduanamiento.
Comiso: Sanción administrativa, prevista en la legislación venezolana, referida a
la perdida de las mercancías y pago de los impuestos, tasas y demás contribuciones
causados.
Consignatario: persona natural o jurídica a cuyo nombre son despachadas las
mercancías.
Declaración de aduanas: Acto por el cual el consignatario o exportador,
manifiesta a la aduana su voluntad de realizar una operación aduanera.
Desaduanamiento: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para
exportar, importar o para colocar las mercancías bajo otro régimen aduanero.
Declaración de aduanas: Acto por el cual el consignatario o exportador,
manifiesta a la aduana su voluntad de realizar una operación aduanera.
Exportación: despacho de mercancías nacionales o nacionalizadas hacia el
extranjero, para su uso o consumo definitivo.
Garantía: Obligación que se contrae a satisfacción de la autoridad aduanera, con
el objeto de asegurar el pago de los gravámenes, tasas y demás tributos
eventualmente exigibles, aplicados a la importación o exportación y tributos internos
a que estén sujetas las mercancías, así como el cumplimiento de otras obligaciones
contraídas con ella.
Generi Per Speciem Derogatur: Genero cede ante la especie
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Ilícito aduanero: hecho contrario a las disposiciones legales aduaneras. En
Venezuela los ilícitos aduaneros son el contrabando y la infracción aduanera.
Infracción aduanera: Hecho violatorio de la legislación aduanera, calificado
como tal entre ellas tenemos: la declaración incorrecta del código arancelario, tarifa,
valor, etc.
Multas: Sanción pecuniaria por infracción de diversas disposiciones legales,
contenidas dentro del ordenamiento legal aduanero.
Ope Legis: Por ministerio de la ley
Recurso Administrativo: Denomine así cada uno de los que los particulares
puede interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios
organismos de la administración publica.
Régimen aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control
de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y
objetivos de la operación.
Suspensivo: Que suspende o dilata un acto o alguna consecuencia.
Solve et repete: es un principio o aforismo latino que se traduce como «paga y
reclama». Significa que, para poder reclamar o recurrir contra un acto administrativo
ejecutivo que contiene la liquidación de una deuda, antes de ello es prerrequisito
obligado pagar o garantizar el pago de dicha deuda.
CAPITULO IV
FASES METODOLOGICAS
4.1 Naturaleza de la investigación
De acuerdo con la naturaleza y características del problema, así como basado en
los objetivos de investigación, la modalidad del estudio científico que mejor se ajusta
a este trabajo es la de una investigación de campo de tipo proyecto factible
descriptivo, con una exhaustiva investigación documental mediante la cual se recaban
los datos directamente de la realidad objeto de estudio concatenados en una amplia
base de referencia bibliográfica.
Tamayo y Tamayo (2001) señala que un diseño es de campo “Cuando los datos se
recogen directamente de la realidad, su valor radica en que permita cerciorarse de las
verdaderas condiciones en que se han ocurrido los hechos”.
Tamayo, M. (1998) define la fase documental, como aquella donde el investigador
toma el “Conjunto de documentos con los cuales se respalda y acredita un escrito.
Fuentes necesarias que se han empleado en la elaboración de un libro o
investigación”.
Este capítulo se establecerán los métodos, técnicas y procedimientos que
fundamentan la realización del estudio y está integrado por: tipo y diseño de
investigación, población y muestra, procedimientos de recolección de datos, métodos
para estimar la validez y la confiabilidad del instrumento.
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4.2 Tipo de investigación
El tipo de investigación representa al conjunto de estrategias a emplear para el
desarrollo del estudio, indicando de manera estructurada y funcional las etapas de
dicho proceso, el diseño ha de ser necesariamente de campo, ya que los datos se
recogen en forma directa de su ambiente natural, con la aplicación de determinados
métodos de recolección de información, observando, entrevistando o interrogando a
las personas vinculadas al problema investigado.
Esta investigación se ubicó en la modalidad de campo, apoyada en análisis
documental, según lo expuesto en el Manual de Trabajos Grado, de Maestría y Tesis
Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) una
investigación de campo se define como:
"El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y
efectos, o predecir su ocurrencia haciendo uso de los métodos
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés
son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se
trata de investigaciones a partir de datos originarios o
primarios"
También cabe señalar que la investigación de campo se complementó con la
realización de una investigación documental, que según la UPEL (2006), consiste en:
En el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento
de su naturaleza con apoyo, principalmente en trabajos previos, información y datos
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos
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La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones,
reflexiones, conclusiones y, en general, en el pensamiento del autor.
Tomando en consideración que una investigación de campo debe tener apoyo
documental, que de acuerdo con Arias (2007), dice que:
“La investigación documental es aquella que se basa en la
obtención y análisis de datos provenientes de materiales
impresos u otro tipo de documentos”.
Pues no se aplicará encuesta, sino que todo parte del análisis documental de la
temática.
De esta forma, se asume que las investigación documental se utilizó con la
finalidad de conocer y explorar todo el conjunto de fuentes que puedan ser de utilidad
tales como: libros, gacetas, decretos, providencias, y todo material escrito que se
relacione con el tema, con la finalidad de establecer todos aquellos conceptos teoría y
concepciones que permitieron documentar la investigación y fundamentar la
propuesta de estudio.
En tal sentido, Arias (2006) plantea que la investigación descriptiva es aquella
que:
"Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación
se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de
los conocimientos se refiere"
De acuerdo con la naturaleza y características del problema, así como basado en
los objetivos de investigación, la modalidad del estudio científico que mejor se ajusta
a este trabajo es la de una investigación de campo de tipo descriptivo, con una
exhaustiva investigación documental mediante la cual se recaban los datos
directamente de la realidad objeto de estudio concatenados en una amplia base de
referencia bibliográfica.
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4.3 Nivel de la investigación
El alcance de la investigación se resume en tres niveles: exploratorio, descriptivo y
explicativo. Ramírez (2002) señala que el nivel descriptivo “propone conceptuar una
situación concreta, caracterizando los rasgos más destacados”
Asimismo, de acuerdo a la metodología del problema, el trabajo de grado se
orientará en un diseño de nivel descriptivo, sustentada en una investigación de tipo
documental., concebida por Sampieri y otros, 1994, de la siguiente forma:
"Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así, y valga la redundancia describir lo que se investiga"
Según lo anterior, puede afirmarse que el método de investigación utilizado es
descriptivo, ya que consiste en el estudio de fenómenos de tipo general para
clasificarlos y ponderarlos, a fin de resaltar sus peculiaridades e identificar cada uno
de sus elementos, para entonces establecer las relaciones de causa-efecto y orientarlas
en función de dilucidar el hecho investigado.
De acuerdo con la naturaleza y características del problema, así como basado en
los objetivos de investigación, la modalidad del estudio científico que mejor se ajuste
a este trabajo es la de una investigación de campo de tipo descriptivo, con una
exhaustiva investigación documental mediante la cual se recaban los datos
directamente de la realidad objeto de estudio concatenados en una amplia base de
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de referencia bibliográfica.
Hurtado de B.(1995) define los estudios descriptivos como:
"Aquella que busca explicar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
sometido a la investigación, en otras palabras, los estudios
descriptivos miden aspectos o dimensiones del fenómeno
investigado. Esta descripción puede ser más o menos
profunda de acuerdo con los objetivos de la investigación"
Las documentaciones recogida en este estudio, se han obtenido a través de textos y
otros materiales impresos que de igual manera van a incrementar los conocimientos
necesarios para el mejoramiento de la investigación.
4.4 Fases Metodológicas
Fase I- Analizar el Recurso Jerárquico tanto en Ley Orgánica Aduanas como en el
Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En esta fase se procedió a analizar dichas normas, en lo referente al recurso
jerárquico, comparando, distinguiendo las diferencias existentes, entre ambas con el
fin de determinar como procede dicho recurso, dependiendo del área jurídica que
daba efectivamente conocer cada ley y el supuesto de procedencia que determina el
uso efectivo del Recurso Jerárquico.
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Fase II- Clasificar los criterios de la institución, con respecto a los efectos y
alcance del Recurso Jerárquico que tanto la Ley Orgánica de Aduanas como en el
Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
regulan en el ámbito aduanero. Una vez que analizaron las normas correspondiente,
se procedió a identificar cual es efectivamente el criterio que asume internamente la
institución, con respecto al alcance y efecto del recurso Jerárquico aplicado al ámbito
aduanero.
Teniendo en cuenta de que a pesar, que el criterio identificado es vinculante para
la administración aduanera y para el contribuyente, hasta que la Sala o el Tribunal
Correspondiente, no establezca un criterio preciso que resuelva la controversia
planteada.
Fase III- Precisar los criterios doctrinales y jurisprudenciales en cuando al Recurso
Jerárquico, que posee tanto la Ley Orgánica de Aduanas como en el Código Orgánico
Tributario. En esta se identificaron las jurisprudencias y las diferentes doctrinas que
en tal caso serviría de referencia, para poder delimitar el alcance del recurso
jerárquico, con el fin de precisar la procedencia de dicho recurso dependiendo de la
materia que entre a conocer, para así poder aplicar la norma correspondiente al caso y
evitar confusiones a la hora de invocar la defensa al contribuyente.
CAPITULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
5.1 Resultados
- Primer Resultado: analizando la primera fase de la metodología de la presente
investigación, arroja como resultado de que el Recurso Jerárquico, se encuentra
establecido primeramente en la L.O.P.A, que seria la ley especial en el ámbito
administrativo, pero en contrates con el C.O.T y la L.O.A, tenemos de que en el
primero el lapso para intentar el recurso es menor (de 15 días), en cuanto al C.O.T y
la L.O.A son de 25 días.
En la L.O.P.A no opera la suspensión ope legis del acto cuando este es recurrido,
caso contrario se presenta en el C.O.T que si suspende el acto recurrido, pero en la
L.O.A no suspende dicho acto, aun cuando esta ultima ley se sujeta al C.O.T. La ley
Orgánica de Adunas, en su articulo 139 nos indica de que se podrá usar de manera
supletoria el C.O.T y la L.O.P.A, en lo que no se encuentre previsto en dicha ley en
cuanto a los recursos se refiere.
-Segundo Resultado: analizando la segunda fase de la metodología, logrando
identificar el criterio establecido por la institución, que nos arroja como resultado de
que, efectivamente la norma que regirá en cuanto al recurso jerárquico será el C.O.T,
ya que dicha consulta nos indiaca “En efecto, los actos administrativos recurridos vía
jerárquico carecen de firmeza y de eficacia, y en consecuencia no son ejecutables, en
virtud de la suspensión de sus efectos” por analogía será el C.O.T por la cual se
deberá regir tanto la administración como el contribuyente al invocar el Recurso
Jerárquico.
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A pesar de que en la L.O.A no suspenda los efectos del acto con interposición del
recurso jerárquico, sin embargo en caso de la exigencia de la garantía, si se tomara en
cuenta la L.O.A, una estando el acto recurrido por el recurso, ya que para la
Administración Aduanera, es una forma de garantizar acreencia sobre el
contribuyente.
-Tercer Resultado: Analizando la tercera fase de la metodología, esta nos arroja
como resultado de que, la eliminación del principio del solve et repete en nuestra
legislación, ya que constituye una violación tanto al debido proceso como la tutela
judicial efectiva, ya que se le estaría obstaculizando, el ejercicio de la defensa no
solamente al Contribuyente Aduanero sino al Administrado en General, al exigírseles,
el pago previo para tramitar cualquier recurso en defensa a sus intereses.
5.2 Conclusión
El primer Resultado nos arroja como conclusión de que se evidencia claramente,
una colisión entre la Ley Orgánica de Adunas, el Código Orgánico Tributario y la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que dichas leyes por si solas no
logran delimitar su procedencia en la situaciones jurídicas que afectan al
contribuyente, lo que trae como consecuencia la indefensión al contribuyente, por la
ambigüedad de la norma.
El segunda resultado nos arroja como conclusión, de que tanto en el ámbito
tributario como en el ámbito aduanera, se regirá el recurso jerárquico por el C.O.T ya
que hasta que no se dicte un Código Orgánico Aduanero, la materia aduanera se
encuentra ligada a la legislación tributaria, siendo el C.O.T la ley vinculante tanto
para la Administración aduana como al contribuyente mas que la L.O.A, a pesar de
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que en la ley citada se exija una garantía estando el acto recurrido y suspendido en
virtud de lo dispuesto en el C.O.T.
El tercer resultado arroja, que el solve et repete es un principio que se encontró
presente en la legislación aduanera, y que posteriormente fue eliminado por la sala
constitucional ya que dicho principio atenta contra los intereses y garantías del
contribuyente.
El Recurso Jerárquico como medio de defensa que posee el contribuyente ante la
administración aduanera, es cada vez más importante para dicho contribúyete, por eso
en conclusión es importante de que la Administración Aduanera vista de la colisión
existente entre las normas citadas establezca criterios que no obstaculicen al
Contribuyente Aduanero en el ejercicio efectivos de sus defensas.
5.3 Recomendaciones
Primera recomendación: en vista de la colisión existen entre las normas que
regulan un mimos supuesto jurídico es importante de que la Administración
Aduanera, acoja un criterio uniforme en cuanto a la procedencia de los Recursos, que
tanto la L.O.A como el C.O.T y la L.O.P.A establecen .
Segunda Recomendación: de que en virtud de la elevada carga de trámites que
soporta el contribuyente aduanero, la Administración cree programas para educar y
actualizar cada vez mas a los Contribuyentes en cuanto a los tramites, las leyes, los
reglamentes, las defensas y procedimientos que deberá seguirse para cada caso. De
esta forma el Contribuyente Aduanero tendrá una visión clara al invocar su defensa, y
no tendrá cabida para confusiones, siendo esta una forma de contrarrestar la
ambigüedad que tiene la ley al establecer las defensas del contribuyente.
REFERENCIAS BIBLOGRAFICAS
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Derecho Administrativo y Jurisprudencia Venezolana. Editorial Facsimilar,
Caracas, Venezuela.
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Administrativos y Legislación Complementaria. Gaceta Oficial Nº 2.818 fecha 1 de
julio de 1981. Catorceavo (14ºavo) Edición, Caracas, Venezuela.
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Editorial Edimundo, S.R.L. Caracas, Venezuela.
Emilio Calvo Baca (2007). Código Civil Venezolano (Gaceta Oficial Nº2990 de
25 de Julio 1982). Editorial Libra. Caracas, Venezuela.
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Venezuela. Nº 2992 (Extraordinario), Agosto 3 de 1982.
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Venezuela. Nº 4727 (Extraordinario), Mayo 27 de 1994.
Fundación Estudios de Derecho Administrativo (1998). La Administración
Tributaria y Los Derechos de Los Contribuyentes. Editorial Torino. Caracas,
Venezuela.
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Hayle J. Rivas C. (2002). Legislación Aduanera. Segunda (2ºda) Edición,
Editorial Volumen, S.R.L. Caracas, Venezuela.
Juan Garay (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de fecha 17 de Junio de1999 de la República
Bolivariana de Venezuela Extraordinaria. Caracas, Venezuela.
Legislación Económica, C.A (1994). Código Orgánico Tributario Gaceta Oficial
N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001. Primera (1ºera) Edición, Caracas,
Venezuela.
Ley Orgánica De Aduanas (1978). Gaceta Oficial N° 5.353 de fecha 17 de Junio
de1999 de la República de Venezuela.
Ley Orgánica De Aduanas (1999). Gaceta Oficial N° 5.353 de fecha 17 de Junio
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Rivas Quintero, Alfonso (2006). Derecho Constitucional. Cuarta (4ºta) Edición,
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional (2004). Sentencia Nº144,
Expediente 02-2773. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/144-060207-
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