164164

Verifobia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho humano a la prueba como tema pendiente de regulación en el ordenamiento jurídico mexicano. Verifobia in the Suprema Corte de Justicia de la Nación. The human right to evidence as a subject pending regulation in the mexican legal system.

Germán Cardona Müller∗∗

Sumario: I. Introducción. II. Problemática. III. Objetivo. IV. Metodología y

Marco Teórico. V. Desarrollo. VI. Conclusiones. VII. Referencias

bibliográfica. Fecha de recepción: 22 de octubre de 2020

Fecha de aceptación: 4 de noviembre de 2020

∗ Cuenta con Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo (2016). Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde obtuvo la Maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo (2015), y la licenciatura en Derecho (2009). Entre otros posgrados, es egresado del Curso Básico para la Formación y Preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación (2018); y tiene especialidad en Derecho Corporativo, así como en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Panamericana (2017-2019). Como académico ha sido parte del Núcleo Académico Básico de Posgrados del ITESO, 2015-2017, y actualmente es profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara. Como profesionista, se desempeña como actualmente como director jurídico del despacho: Germán Cardona Müller, Abogados; así como prestador en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ha fungido tanto como investigador, secretario técnico, asesor en jefe del H. Congreso del Estado de Jalisco. Correo electrónico: mtro.germancardonamüller@gmail.com

165 165

Resumen: Este artículo tiene por objeto mostrar la necesidad de establecer una

regulación en el sistema jurídico mexicano que garantice el derecho humano

a la prueba, y se abandone el sistema de prueba tasada que impera en la mayor

parte de las áreas del derecho. Para ello, se realiza un estudio de caso

correspondiente a la contradicción de tesis 203/2019 que emitió la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sostiene la

importancia que tiene la figura de la fecha cierta como mecanismo para

mostrar la veracidad de actos jurídicos celebrados entre particulares.

Abstract: This article aims to show the need to establish a regulation in the

Mexican legal system that guarantees the human right to evidence, and to

abandon the system of assessed evidence that continues to prevail in most areas

of law. For this purpose, a case study is carried out corresponding to the

contradiction of thesis 203/2019 issued by the Second Chamber of the Supreme

Court of Justice of the Nation where it maintains the importance of the figure of

the certain date, as a mechanism for show the veracity of legal acts celebrated

between individuals.

Palabras Clave: Verifobia, derecho humano a la prueba, fecha cierta, prueba

tasada, razón práctica.

Key Words: Veriphobia, human right to evidence, certain date, assessed proof,

practical reason.

166166

I. Introducción

El razonamiento probatorio en el derecho ha superado diversas etapas, desde

ópticas irracionalistas hasta las que hoy pretenden mostrar la necesidad de

adoptar visiones que garanticen su realización racional para que las decisiones

de las y los operadores jurisdiccionales establezcan umbrales mínimos que

respondan a las exigencias de un Estado constitucional de derecho, tal como

señala Taruffo (2010).

A medida en que las democracias constitucionales evolucionan,

aquellas posturas que pretenden reducir el razonamiento probatorio a la mera

convicción de quien juzga, o como medidas para solucionar problemas, se

quedan cortas, tal como señala Ferrer (2019). Si bien es importante que el

derecho sea una herramienta para hacer frente a problemáticas sociales,

también es que no se debe descartar el papel toral que juega la aproximación

a la verdad.

Aquellas posturas escépticas frente a la importancia de la verdad en los

procesos jurisdiccionales, como el escepticismo radical que conduce a la

verifobia o miedo a la verdad, no son compatibles con los regímenes de las

democracias contemporáneas al ir en contra de la seguridad jurídica tanto en

su acepción formal como material, al impedir, en este segundo caso, que la

población tenga certeza sobre la concreción de la dimensión valorativa de un

determinado sistema jurídico.

En atención a la importancia que tiene el razonamiento probatorio,

para el adecuado funcionamiento del sistema jurídico, sobre todo cuando los

operadores jurisdiccionales realizan la adjudicación normativa, es que varias

167 167

latitudes han aceptado el derecho a la prueba como un derecho esencial que es

parte de la prerrogativa a una debida defensa, tal como ha sostenido el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Estado español. Así lo hace

notar Ferrer (2019), de acuerdo con dicho iusfilósofo la prerrogativa se

conforma por los siguientes elementos:

1. Deber de admitir por parte de los operadores jurisdiccionales todas

aquellas pruebas que sean idóneas acerca de los hechos que deban ser

objeto de escrutinio;

2. El que las pruebas aportadas sean efectivamente practicadas en el

proceso, en donde se maximice el proceso de contradicción vía la

participación activa de las partes en éste;

3. El que las pruebas se valoren tanto en lo individual como en conjunto;

4. Deber de admitir por parte de los operadores jurisdiccionales todas

aquellas pruebas que sean idóneas acerca de los hechos que deban ser

objeto de escrutinio;

5. El que las pruebas aportadas sean efectivamente practicadas en el

proceso, en donde se maximice el proceso de contradicción vía la

participación activa de las partes en éste; y

6. El que las pruebas se valoren tanto en lo individual como en conjunto

(Pp. 13-18)

En el caso del Estado mexicano, el derecho a la prueba no ha sido regulado,

aunque se podría extraer de las garantías judiciales que están establecidas en

diversos tratados internacionales, como los artículos 8° y 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (1969); los criterios que establece la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso de la Segunda Sala,

168168

donde hacen hincapié que los operadores jurisdiccionales necesariamente

deben emitir sentencias que sean acordes con el principio de congruencia y

exhaustividad (2016); del ordenamiento constitucional federal, como el

artículo 17, donde se instaura la necesidad de garantizar el debido proceso por

parte de los operadores jurisdiccionales.

II. Problemática

Si bien la mayor parte de los elementos que configuran el derecho humano a

la prueba podrían extraerse de manera implícita del sistema jurídico

mexicano, hasta la fecha no hay ninguna disposición jurídica que precise los

alcances en los que los operadores jurisdiccionales deban cumplir con dichos

extremos, ni hay manera por la cual se deba obligarlos.

Cabe resaltar que, en la mayor parte de las áreas del derecho mexicano,

tanto a nivel local como federal, aún se opera con un sistema de prueba tasada,

que tiene como base la legislación federal adjetiva civil, donde otorga un

enorme valor probatorio a la prueba documental pública o privada, la

confesional, en detrimento a la racionalidad y, por ende, a la búsqueda de la

verdad. Ante dicha circunstancia, surge la siguiente interrogante que será

objeto de dilucidar en este trabajo de investigación:

¿Es indispensable la regulación en el ordenamiento jurídico mexicano

de los elementos de racionalidad probatoria, a efecto de garantizar el derecho

humano a la prueba para evitar que se vulnere la seguridad jurídica de la

población?

169 169

III. Objetivo

A través de este análisis se mostrará que es imperativa y necesaria la regulación

de los elementos de racionalidad probatoria para garantizar el derecho

fundamental a la prueba en el sistema jurídico mexicano, pues dicha omisión

violenta la seguridad jurídica de la población.

IV. Metodología y marco teórico

Se propone como metodología el análisis de estudio de caso de la

contradicción de tesis 203/2019, que en su momento emitió la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de fecha cierta a través

de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa (2019). Dicha forma de

proceder es idónea para esta investigación, pues permite realizar un análisis

profundo de las circunstancias y alcances de la sentencia.

En consonancia con la metodología, se pretende realizar este análisis en

atención a las siguientes cuestiones que son esenciales para procurar el

objetivo que se ha propuesto:

a) El alcance e impacto que tiene el precedente para solucionar otros

casos iguales, en correspondencia al principio de universalidad, donde

se mostrará que la ausencia de una adecuada regulación del derecho a

la prueba en el ordenamiento jurídico mexicano tiene el alto riesgo de

generar una línea de argumentación en disonancia con los

compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado mexicano

en materia de derechos humanos.

b) El alcance e impacto negativo que dicha omisión tiene en la

distribución de la carga probatoria en detrimento de una adecuada

170170

impartición de justicia, de conformidad con los derechos humanos al

obligar a las personas a tener que ofrecer cierto tipo de pruebas, en

contravención con la aproximación a la racionalidad y la verdad.

Se realizará el análisis desde la óptica epistemológica del post positivismo

jurídico, pues reconoce la posibilidad de analizar y evaluar los principios

axiológicos vía aplicación de las reglas de la razón práctica, lo cual es esencial

en este trabajo, donde se atenderá y verificará el grado de solidez en la

adjudicación de valores jurídicos a nivel constitucional.

V. Desarrollo

5.1. Criterios sujetos a análisis

Se establece, a manera de antecedente, los criterios que fueron objeto de esta

contradicción de tesis, así como la conclusión a la que llegó la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la descripción de sus principales

razonamientos:

1. Se estableció la postura por parte de los tribunales colegiados Tercero,

Quinto, Sexto y Séptimo en Materia Administrativa del Tercer

Circuito, consistente en que, tratándose de documentos privados,

cuando se realicen facultades de comprobación o cumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes, estos no deben cumplir

con el criterio de tener fecha cierta.

Esta conclusión se justificó principalmente por los argumentos

sistemáticos y a contrario, donde se estableció que el criterio de fecha

cierta sólo aplica en materia civil para dotar de eficacia a los actos

jurídicos frente a terceros. A su vez, se empleó el segundo tipo de

171 171

razonamiento, donde se señaló que ni el artículo 28 o 30 del Código

Fiscal de la Federación o reglamento mencionan que la contabilidad se

integrará por documentos que tengan la fecha cierta, a efecto de

acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o verificar que

los hechos plasmados en estas efectivamente hayan ocurrido.

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto

Circuito sostuvo que era necesario que los documentos privados

puedan ostentar fecha cierta, pues carecer de este requisito implica

asumir el riesgo constante de que se pueda incurrir en actos

fraudulentos y dolosos.39

Esta conclusión se sostuvo por razonamiento de autoridad, en

la que se atiende al mero valor de presunción de veracidad que le

otorga la legislación, en este caso el ordenamiento civil sustantivo y

adjetivo a los documentos privados que tengan fecha cierta. Es decir, a

criterio del operador jurisdiccional en cuestión, sólo dicho requisito

puede ser un referente de veracidad, pues la legislación le otorga un

valor probatorio supremo.

3. La conclusión a la que llegó la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación consistió en señalar que debe prevalecer la fecha

cierta como requisito para que los documentos privados puedan

considerar que efectivamente fueron realizados en un determinado

39 Cabe resaltar que, pese a que la propia corte reconoció que este tribunal colegiado se apartó de dicho criterio, insistió en recuperar dicha postura sin considerar en esta contradicción de tesis los razonamientos de dicho órgano de control de constitucionalidad para apartarse de dicho criterio. Esto podría ser grave, pues, si bien muestra los argumentos de aquellos colegiados que sostienen una postura contra el requisito de la fecha cierta, omite proporcionar información sobre la justificación para abandonar la postura original, lo cual es indispensable, a fin de tener elementos para la dilucidación de los razonamientos encontrados.

172172

momento, con ello gozar de valor probatorio pleno. Al igual que el

segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto

Circuito, su línea de justificación se basó en argumentos de autoridad,

donde recuperó la legislación civil federal vigente.

De manera adicional, por razonamiento sistemático, se

estableció por dicho órgano de control de constitucionalidad que, de

los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, así como del

artículo 33 del reglamento de dicho ordenamiento jurídico en relación

con la legislación civil señalada, al ser una obligación del contribuyente

contar con documentación eficaz y certera que ampare su

contabilidad, se desprende que sólo el requisito de fecha cierta permite

dotar el calificativo de fiabilidad y certeza.

5.2. Alcances del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación en el derecho humano a la prueba

La conclusión a la que llegó la Segunda Sala pretende dilucidar la cuestión

sobre la forma en la que los operadores jurisdiccionales deberán fallar a futuro.

Cabe destacar, que este precedente tendrá una repercusión negativa para la

consolidación del derecho humano a la prueba. Esto se debe a que contribuye

a apoyar una visión del razonamiento probatorio inconsistente con la

racionalidad, al negar la verdad como un principio valioso y supremo a

conseguir en materia tributaria, cuando las autoridades ejerzan sus facultades

de comprobación o pretendan verificar el cumplimiento de los contribuyentes

de sus obligaciones en esta área.

Dicha afirmación tiene sustento en el hecho de que la corte parte de

una presunción de principio en el razonamiento de esta contradicción de tesis.

173 173

Este operador jurisdiccional comienza desde la presunción de que aquellos

documentos que cumplan con los siguientes requisitos harán prueba plena por

considerarse a la luz de la ley como veraces:

a) Aquellos que se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad

y del Comercio.

b) Aquellos que se presenten ante un fedatario público.

c) A partir de la fecha de defunción de cualquier parte en un documento

privado.

La presunción sólo es válida si efectivamente en los supuestos se

establecen los nexos causales para mostrar que de manera fehaciente se haya

dado el acto jurídico establecido en el documento privado. Sin embargo, la

corte es omisa en establecer aquellos razonamientos que corroboren dicha

afirmación. Por este error de pensamiento, la Segunda Sala confunde lo que es

un indicio con la veracidad, al considerar un sistema de pruebas tazadas en

materia civil que no tiene justificación de ser.

Tal como lo señala Roger Zavaleta (2014), para que opere de manera

adecuada un sistema probatorio, es necesario que personas juzgadoras

cuenten con la libertad suficiente para valorarlas, donde las presunciones que

se realicen, en cuanto a dar por ciertos hechos como probados, sólo sirven en

la medida que sean útiles y plenamente justificadas. Esto no puede ocurrir

cuando se intenta dar por existente un hecho o señalar que ocurrió cuando no

hay motivo para dotarle de esa naturaleza.

Los documentos que cumplen con los requisitos de fecha cierta sirven

para establecer una presunción que estos fueron elaborados en un

174174

determinado momento, mas no equivale a mostrar que efectivamente se dio

dicha circunstancia. Coincido con los tribunales colegiados disidentes a la

postura que asumió la Segunda Sala, dicho criterio sólo debe de servir, a lo

sumo, para establecer presunciones en cuanto a la eficacia para terceros, no así

para las autoridades fiscales en el ejercicio de sus funciones y facultades.

Al limitar de manera excesiva la libertad valorativa que tienen las y los

juzgadores para solucionar problemas, el propio sistema jurisdiccional

desconoce la importancia que tiene la verdad como valor, ello afecta el derecho

humano a la prueba. Esto se debe a que, en correspondencia con el principio

de universalidad, la premisa mayor del silogismo jurídico que se construye por

este precedente, otorga una predisposición automática a favor de los

documentos que tienen una fecha cierta, frente aquellos que no lo han tenido,

sin importar la buena fe de los contribuyentes, o que existan otros elementos

para probarlos.

La Segunda Sala incurre en otra petición de principio al intentar

realizar una interpretación extensiva y sistemática en cuanto a la aplicación de

la figura de la fecha cierta, que es propiamente civil, en materia de la

contabilidad. Esto se debe a que los juzgadores presupusieron el que la

documentación que debe respaldar la contabilidad debe tener fecha cierta. Sin

embargo, esto sólo se podía dar en el supuesto que la legislación civil así lo

estableciera, pero, jamás lo hace.

La eficacia que pretende dotar la legislación civil en la documentación de las

personas sólo opera para dar mayor certeza a terceros y buscar la eficacia

frente a estos, de los actos particulares que se celebren entre privados. Este

supuesto sólo se da, en su mayor parte, cuando los particulares lo consideran

175 175

indispensable y, en su excepción, cuando la ley lo considera fundamental.

Acorde con el principio de legalidad y estricta aplicación en materia fiscal,

dicha supletoriedad sólo debería aplicar en caso de que sea consistente con la

naturaleza de la materia, y no cuando la legislación específica basta por sí

misma para que se pueda emplear, en caso que exista un vacío. Sin embargo,

no hay razonamiento alguno que muestre que exista una laguna para que esta

opere o que supere los razonamientos de los tribunales colegiados que

disienten de dicho criterio para mostrar que existe compatibilidad de

naturaleza entre la legislación civil y tributaria.

Por lo tanto, al entender de la Segunda Sala, y realizando lo ya señalado,

la razón le asiste, no a quien puede probar la verdad, si no a aquella persona

que tiene los recursos monetarios y de horas-hombre suficientes para ir ante

un notario, inscribir el documento ante el Registro Público de la Propiedad y

del Comercio o quien tenga un acta de defunción.

A continuación, se establece un ejemplo de como aplicaría el silogismo

jurídico que se desprende de la norma de esta contradicción de tesis y que

deben seguir los operadores jurisdiccionales de menor jerarquía para cumplir

con el principio de universalidad.

Premisa mayor: Todo documento que goce del requisito de fecha

servirá para mostrar que los contribuyentes cumplieron a cabalidad

sus obligaciones fiscales por considerar que es veraz.

Premisa menor: El documento privado X no cuenta con fecha cierta.

176176

Conclusión: El documento no es idóneo para mostrar el cumplimiento

de las obligaciones fiscales del contribuyente y no es veraz.

La norma que se desprende de la línea de justificación de la Segunda Sala

contraviene directamente el derecho humano a la prueba, pues obstaculiza de

manera innecesaria que se presenten documentos privados sin que goce fecha

cierta para dotarles de valor probatorio pese a que estos, en un contexto

determinado, puedan ser ciertos. Limita de manera injustificada que se

puedan presentar pruebas idóneas y pertinentes, sin que exista justificación

alguno para sostener las presunciones que pretende esgrimir este órgano de

control de constitucionalidad.

Esta determinación contribuye a generar un círculo vicioso que impide

que se desarrolle el derecho humano a la prueba en el sistema jurídico

mexicano, sobre todo en lo referente a la materia tributaria, lo cual es de gran

trascendencia al haber sido emitido dicho criterio por una sala del máximo

tribunal en materia constitucional del país.

5.3. Impacto negativo del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en el derecho humano a la prueba en relación con

la carga probatoria

Ante lo señalado, surge la cuestión de si con ello sólo se pueden emitir

documentos en materia de fecha cierta o si se puede mostrar la materialidad

de las operaciones de diversa manera. Las peticiones de principio en las que

incurre la Segunda Sala generan una situación que podría clasificarse como un

absurdo jurídico. Para entender dicha circunstancia cabe recuperar el último

párrafo del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

177 177

Administrativo, donde el operador jurisdiccional cuenta con cierta libertad

para valorar, y el cual se cita por su importancia:

ARTÍCULO 46.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. (2017)

Si bien existe la posibilidad de ejercer la libertad probatoria por parte de los

operadores jurisdiccionales en materia fiscal, la corte genera un sesgo

deliberado e injustificado, que atiende los razonamientos señalados a favor de

todo documento que tenga fecha cierta. Esto implica para el operador

jurisdiccional que puede valorar libremente las pruebas. No obstante, cuando

vea documentos que no tengan fecha cierta, tiene que atender a una carga

argumentativa excesiva para mostrar que, de su relación con otras pruebas o

por sí mismo, se acerca a la verdad. Esta circunstancia no pasará cuando los

documentos cumplan con el requisito en cuestión.

A su vez, los juzgadores cuentan de por sí con una discrecionalidad

excesiva que no es propia para una democracia constitucional. El último

párrafo refiere que los operadores jurisdiccionales podrán emplear la libertad

probatoria cuando no se sientan convencidos. Para que opere plenamente el

derecho humano a la prueba, esta debe realizarse de manera racional, sin el

fuero psicológico de convicción del juez. En este entendido, se genera un

riesgo inaceptable, acorde a dicha prerrogativa, donde la carga argumentativa

del servidor público es mínima, sin que exista mayor impedimento para que

esta pueda ser vulnerada.

178178

Dicha circunstancia también se ve agravada con el hecho de que, en materia

de justicia administrativa, existe un sistema de prueba tasada establecido en la

legislación en cuestión, así como aquella contemplada en el ordenamiento

procesal civil a nivel federal, que se aplica de manera supletoria. Es decir, los

operadores jurídicos, tanto servidores públicos como particulares, deben

franquear límites que no son acordes al sistema de libertad probatoria, que

requiere que la veracidad se atenga a las reglas de la lógica y de la

razonabilidad.

Para los justiciables, esta circunstancia implica que deben de asumir

una carga probatoria y argumentativa acorde a las reglas del discurso práctico

racional y del razonamiento probatorio, tal como lo hace notar González

Lagier (2013). La carga probatoria corresponde a la autoridad, donde se debe

asumir siempre la presunción de la buena fe del contribuyente, y más cuando

se trata de la veracidad de aquellos actos jurídicos que celebra con otros

particulares.

Pese a que la Segunda Sala intenta revertir a través de esta

contradicción de tesis la carga probatoria y argumentativa de la autoridad vía

argumento consecuencialista, cabe destacar que asume una petición de

principio: la presunción del fraude en que pueden incurrir los particulares en

sus transacciones con otras partes en el quehacer diario. El operador

jurisdiccional no ofrece prueba alguna, ni fundamento que muestre el extremo

de dicha cuestión. Lejos de seguir las reglas del discurso práctico racional,

asume que se viven constantes abusos por parte de los contribuyentes en estas

cuestiones, da por sentado que las consecuencias de su decisión serán eficaces

y eficientes sin violar derecho humano alguno.

179 179

Pese a que el argumento consecuencialista debe mostrar que los efectos

sean adecuados a los principios y se garantice una eficacia y eficiencia, tal

como lo señala Atienza (2011), para que se verifiquen los extremos, una

argumentación judicial que cumpla con una adecuada justificación interna o

externa; esto es, que cumpla con los extremos del principio de congruencia y

exhaustividad, en ningún momento este órgano de control de

constitucionalidad cumple con dichos parámetros.

Esto genera un absurdo jurídico, pues transforma la libertad

probatoria en letra muerta. A su vez, esto viola el derecho humano a la prueba,

pues genera cargas argumentativas que impiden que la valoración probatoria

se realice de manera racional para lograr una mayor aproximación a la verdad.

De esta manera, la figura de la fecha cierta se erige como una esfinge,

misteriosa por la ambigüedad e incertidumbre que genera. Al contribuyente

se le deja en estado de indefensión si no atiende a un notario o cumple con los

otros extremos que esta requiere, a expensas de ser multado, o peor, si osa

atreverse a buscar la verdad por otros medios mas adecuados. Se trata de un

riesgo muy grande, por no decir que el propio texto del rubro de la

jurisprudencia que se emitió a raíz de esta contradicción de tesis tampoco dice

mucho sobre la libertad probatoria del juzgado, ya que se reduce a señalar que

se trata de una obligación, pese a que las consideraciones de este precedente

jamás la establecen:

DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE “FECHA CIERTA” TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en

180180

perjuicio de terceras personas. Así, la “fecha cierta” es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr. (2019)

Con este precedente, la corte da a entender al juzgador y al justiciable que,

tratándose del ejercicio las facultades de comprobación y cumplimiento de las

obligaciones fiscales, sólo existen casos fáciles de subsunción, o de mera

aplicación de la ley, donde la actividad de argumentación es algo fuera de lo

común, y quizá va más allá de la norma. Dichos casos sólo se ameritarían para

aquellas personas que logran mostrar la fecha cierta, pues la materialidad o el

ser de las operaciones entre particulares es un riesgo que no vale la pena correr.

En este sentido, en atención a la propia norma que crea este órgano de

control de constitucionalidad para este caso, ante dichas cargas indebidas en

materia probatorias, sólo serán aquellos casos muy raros y excepcionales

cuando se logre mostrar la materialidad de la prueba cuando no se cuente con

el requisito de fecha cierta. Esto implicará a su vez una enorme cantidad de

recursos en estrategia fiscal, y asesoría contable, financiera, jurídica y en otras

que el común contribuyente no tiene a su disposición.

El sacrificio que realiza la corte a la verdad; y con ello, la violación del

derecho humano a la prueba en la que incurre, al revertir la carga de la

argumentación, sólo se puede explicar en la medida que se desea abrir la

puerta a la arbitrariedad para implementar un control estatal insostenible en

contra del contribuyente. La deferencia a la autoridad, como razón

181 181

institucional o razón de Estado por sí sola, ya se mostró que es inoperante. Por

otro lado, no hay manera de costear y mantener en el mediano y largo tiempo

la propuesta que pretende realizar el operador jurisdiccional con su criterio.

En atención a los razonamientos esgrimidos, es necesario que se cuente

con una regulación explícita que haga patente los elementos del derecho

humano a la prueba para evitar que los operadores jurisdiccionales

establezcan interpretaciones contrarias a sus extremos y que violen la

seguridad jurídica de las personas. Esto implica una necesidad imperiosa, bajo

pena de ser inconsistentes con las obligaciones asumidas por el Estado

mexicano hacia la comunidad internacional, sobre todo tratándose de las

garantías judiciales.

Como advertencia de no realizar dicha cuestión, se trae a colación un

fenómeno que se ha gestado en materia penal, y que también puede suceder

tratándose en materia tributaria, y que señalaba en su momento Ramírez

Ramirez (2019), al tratar el tema de la presunción de inocencia en el sistema

jurídico mexicano.

Así como el caso del establecimiento de la prisión preventiva oficiosa

y el arraigo como una regla y no como una excepción en dicha área del

derecho, ha generado una óptica de derecho penal del enemigo que fragmenta

a la persona vejándola de su dignidad; en este mismo sentido, al desconocer la

buena fe que existe en las transacciones entre particulares al exigir el requisito

de fecha cierta en materia tributaria, puede dar a luz la visión del derecho fiscal

del enemigo, donde el contribuyente, por regla general, es un ente peligroso

que no es sujeto de dignidad ni de aspirar a mostrar la verdad de su dicho.

182182

VI. Conclusiones

A través del estudio de caso de la contradicción de tesis 203/2019 que emitió

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de

fecha cierta, se mostró que es imperativo establecer una regulación en materia

de derechos humanos a la prueba en el ordenamiento mexicano, a efecto que

se garantice que los juzgadores logren una valoración libre y racional de la

prueba que contribuya a una justificación externa e interna que sea adecuada

a una democracia constitucional.

Con ello no se pretende que la simple regulación sea una condición

necesaria y suficiente para que se dé dicho supuesto, pero sí es una cuestión

indispensable, a efecto de evitar involucionar a concepciones ideológicas que

niegan el valor de la verdad como un presupuesto necesario en los procesos

jurisdiccionales en aras de una mal entendida eficiencia y eficacia para

solucionar problemas sociales, tal como ocurrió en el precedente de este

trabajo de investigación.

Queda claro que el sistema jurídico mexicano ya no puede mantener

el método de prueba tasada que impera en la mayor parte de las áreas del

derecho, pues ello repercute también en la posibilidad de acceder a una justicia

de calidad acorde con los derechos humanos. Aquellas ópticas que aún

sostienen que la función de la prueba debe reducirse a generar convicción en

el juzgador o en solucionar problemas sin atender a la veracidad, si bien

pueden buscar una mayor efectividad, a la larga generan incertidumbre en los

justiciables y afecta la adhesión al Estado de derecho.

183 183

Es imperativo que se armonice la legislación y atender a un espíritu de

congruencia con el compromiso que asume el Estado mexicano hacia la

comunidad internacional en materia de derechos humanos. Esto permitirá

dotar de mayor certeza jurídica a los justiciables y a los juzgadores al establecer

los lineamientos para evitar que se viole la dignidad humana u otros valores

instrumentales necesarios para hacer prevalecer aquellos principios

fundamentales que, como la verdad, permiten contribuir a una mayor

legitimidad de las instituciones públicas, una justicia de mayor calidad.

VII. Referencias

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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2019).

Contradicción de Tesis 203/2019; Sentencias y Datos de Expedientes.

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Zavaleta, R. (2014). La motivación de las resoluciones judiciales. Lima: Grijley.