El futuro que prometen los candidatos sobre:

El desarrollo y la política económicaLa nacionalización de los hidrocarburos, Tierra y Territorio

El empleo y la seguridad social

vendedores de ilusionespropuestas electorales

frente a la demanda social

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VENDEDORES DE ILUSIONES

Indice

Introducción 3

Patrón de acumulación y reforma estatal 5

Política económica y Financiamiento estatal 8

Nacionalización de los hidrocarburos:La estrategia de la ilusión 13

Réquiem para el empleo y los derechos laborales 18

Problemática rural y agraria:Los privilegios que pervivirán 23

Bibliografía 27

Esta es una publicación delCentro de Estudios para el Desarrollo Laboral y AgrarioAv. Jaimes Freire 2940, SopocachiTelf.: 241 3175 - 241 3223 - 241 2429Fax: (591-2) 241 4625E-mail: cedla@cedla.orgweb: www.cedla.orgCasilla: 8630La Paz - Bolivia

Edición: CEDLA

Fotografía de Tapa: Galia Tapia HigaMuela del Diablo Editores

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INTRODUCCION

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Luego de 20 años de hegemonía neoliberal,Bolivia se halla en medio de una crisis política,cuyas bases estructurales se encuentran en su atrasoeconómico, una inserción a la economía mundialbasada en productos primarios y un Estado queresponde de manera funcional al ordenamientoeconómico capitalista en su fase concentradora delexcedente económico en manos de las corporacionestransnacionales. En este sentido, cuando se hablade crisis política, se refiere a que las bases materialese ideológicas –el neoliberalismo– que dieron sustentoeconómico y legitimidad política a esteordenamiento se agotaron y ya no pueden ocultarsus contradicciones.

Lo anterior plantea la necesidad de repararen que el agotamiento de la legitimidad no sólose da por negligencia o falta de liderazgo de laclase dominante, sino por un proceso social deinsurgencia de sectores populares de la sociedadboliviana, expresado en conflictos sociales en losque obreros, campesinos e indígenas se hanmovilizado en contra de un Estado excluyente yde las empresas transnacionales. Fueron las luchassociales, desde el año 2000, las que se han encargadode construir una agenda de transformación socialrespecto de temas centrales como el control sobrela propiedad y el uso del excedente generado porla explotación de recursos naturales como el gas,el (desigual) acceso a recursos productivos comola tierra, la privatización (mercantilización) de losservicios públicos, el cambio de las políticasneoliberales, la transformación del régimen político,entre otros.

Este proceso insurreccional, iniciado con ladenominada “guerra del agua” en Cochabamba ylas movilizaciones campesinas del año 2000, tuvocomo hitos a la “guerra del gas” en octubre de2003 y a las movilizaciones por la nacionalizacióndel gas en mayo-junio de 2005. Ambos conflictosmarcaron el fin anticipado de dos gobiernos ypusieron en evidencia la fragilidad política delEstado y su necesidad de reconstituir una nuevalegitimidad que le permita continuar reafirmandosu rol como “garante” de los intereses de clase deuna burguesía primario exportadora fuertementearticulada al capital transnacional.

Frente a esta demanda de cambio, planteadafundamentalmente desde el occidente del país, lasfracciones de clase de la burguesía primario-exportadora, encarnadas en los agroindustriales yel movimiento cívico cruceños, contrapusieron alo planteado por los sectores populares una agendapro autonómica, que rearticula sus intereses declase bajo la retórica de la “profundización” de ladescentralización, en torno a la cual se planteaconservar el control y el uso privado del excedenteresultante de la explotación de recursos naturalescomo la tierra y el gas.

Este escenario –en el que se confrontan dosvisiones opuestas de país– llevó a que desde elEstado se plantee la realización de eleccionesgenerales y de prefectos para fines de 2005, larealización del referéndum sobre autonomíasdepartamentales y de la Asamblea Constituyentepara junio de 2006. Esta agenda logró frenar elconflicto social y camufló las contradiccionesesenciales a las que está sometido un país capitalistaatrasado como Bolivia, bajo el viejo ropaje de lademocracia liberal representativa; es decir,nuevamente un mecanismo electoral reemplaza eldebate genuino planteado por las organizacionessociales por un debate preso del marketing electoral,que delegará al próximo gobierno electo –confusióny manipulación mediante– una supuesta agendade transformación social.

El sentido del presente documento busca,precisamente, retomar la agenda de la gente ycontrastarla con las propuestas electorales de lospartidos políticos. Por razones estrictamenteprácticas, este documento sólo analiza en sutotalidad las propuestas electorales delMovimiento Al Socialismo (MAS), PoderDemocrático y Social (PODEMOS) y UnidadNacional (UN). Incluye además un análisis parcialen dos temáticas específicas de la propuesta delMovimiento Indígena Pachakuti (MIP). Se aceptaque esta mirada es parcial y poco inclusiva, peroel tránsito hacia las elecciones del próximo 18de diciembre no ha estado exento de dificultadesy tropiezos, lo cual ha afectado el mismo desarrollode las campañas y la presentación de las propuestaspor otros partidos políticos en carrera.

Introducción

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VENDEDORES DE ILUSIONES

En muchas partes del análisis es precisoreconocer que se hace un énfasis mayor a lap ropue s t a d e l MAS . E s t o s e d ebefundamentalmente a dos aspectos: i) a que laexpectativa de los sectores sociales que demandantransformaciones estructurales son mayores hacialo que propone esta agrupación y ii) a que lapropuesta del MAS intenta abordar la problemáticadel país desde una perspectiva más integral.

Los procesos políticos recientes traen consigola necesidad de contextualizar el debate desde unamirada más amplia, una lectura crítica del país ysu relación con la economía mundial, bajo la égidadel capital transnacional que tiende a concentrargran parte de la ganancia generada por paísesatrasados como Bolivia. Para comprender estarelación es que el documento plantea dosaproximaciones conceptuales –patrón deacumulación y reforma estatal– y despliega luegoel análisis de las políticas macroeconómicas ysectoriales que proponen los partidos políticos.

Se considera que tanto el patrón deacumulación como la reforma estatal permitenabordar, de manera más precisa: i) la articulación“ d o m i n a n t e ” e n t r e u n a e c o n o m í afundamentalmente primario-exportadora y elcapital transnacional; y ii) las tendencias de lareforma estatal, que no modifican la naturaleza declase del Estado boliviano y más bien confirmanuna fuerte subordinación a los intereses de clasede fracciones de la burguesía local primarioexportadora articulada con el capital transnacional.

Este abordaje brinda un marco interpretativopara una lectura crítica de las políticas económicasy el sentido que ellas tienen como accionesintencionales desde un Estado capitalista atrasado.Para ello, se ha ordenado el análisis de las propuestasen torno a: i) la política macroeconómica y elfinanciamiento estatal, ii) la nacionalización delos hidrocarburos, iii) transformación productivay empleo, y iv) problemática agraria y tenencia dela tierra.

Patrón de acumulación y reforma estatal

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Patrón de acumulacióny reforma estatal

Entendemos como patrón de acumulación a “unamodalidad de la acumulación capital istahistóricamente dada” (Valenzuela 1990: 61); modalidadque está definida por los siguientes componentes:una relación de subordinación y de succión delexcedente entre un sector de la economía capitalistadominante (sector succionador del excedente) y otrossectores económicos (capitalistas y no capitalistas)subordinados (sectores a los cuales se les succionaexcedente). El segundo componente de un patrón deacumulación es la forma de inserción económicapredominante de un país en la economía mundial;inserción que nuevamente se define a partir del sectorde la economía local que de modo preponderante searticula con los polos dominantes de la economíamundial. Y, finalmente, un patrón de acumulaciónes “una forma históricamente delimitada de reproduccióncapitalista (…) una unidad específica entre formas específicasde acumulación, producción y realización de la plusvalía”(Valenzuela 1990: 65, énfasis nuestro).

Por ejemplo, cuando en un país determinado secaracteriza a un patrón como “primario-exportador”,se puede indicar que el polo dominante de la producciónes el sector productor de materias primas; es decir, elque subordina a los demás sectores y formas deproducción (capitalistas y no capitalistas) a su lógicade acumulación. Pero además, a esta caracterización seañade “exportador”, pues la caracterización de patrónde acumulación no solamente alude al polo dominantedonde se produce y acumula lo esencial de la plusvalía,sino también al lugar de la realización de dicha plusvalía:en el caso de un patrón primario-exportador el lugarde la realización está fuera del país, es el mercadomundial.

Como puede verse en el ejemplo anterior, el poloo sector económico dominante hacia adentro y el patrón deinserción dominante hacia fuera definen una formahistóricamente delimitada de reproducción capitalista; esdecir, una determinada relación entre la producción,realización y acumulación de la plusvalía. Así es comolos distintos componentes de un patrón de acumulaciónconstituyen una unidad, es decir, una modalidad específicade acumulación capitalista.

La propuesta de un “nuevo patrón dedesarrollo” del MAS

Entre las propuestas electorales, la del MovimientoAl Socialismo (MAS) es la única que propone cambiarel “patrón de desarrollo” que se sustenta en el “modeloprimario-exportador”, generando una matriz productivacon base en la industrialización de los recursos naturales.La propuesta promueve el inicio de una “nueva eraestatal” en la que el Estado – “protagonista central deldesarrollo nacional”– recupere el control de todo el

ciclo de la producción y comercialización de loshidrocarburos, así como la soberanía sobre el excedenteeconómico, generando ahorro e inversión, empleoestable e ingresos y producción destinada al mercadointerno y externo. Además, explica, que sólo contrabajos estables puede fortalecerse la demanda interna:en este sentido, la propuesta del MAS plantea laabolición del artículo 55 sobre la “libre contratación”de la fuerza de trabajo del D.S. 21060. Desde estaperspectiva, la base del “nuevo patrón de desarrollo”es interna, “es decir con una visión endógena” (p.17).

Los sujetos de este programa de cambio son lospequeños productores, la empresa privada nacional yextranjera, cuya convivencia sería posibilitada por unEstado solidario, fuerte y productivo. En este sentido,el MAS propone “dejar de concebir” las relaciones entreempresarios privados nacionales y extranjeros comoantagónicas y excluyentes y concebirlas más bien comocomplementarias y equitativas (p.17).

Lo ilusorio del planteamiento consiste en concebirla posibilidad de la coexistencia entre las empresastransnacionales, las empresas nativas y los pequeñosproductores, purgada de contradicciones. En los hechos,las relaciones “antagónicas y excluyentes” no son elresultado de una “concepción”, sino de una laceranterealidad material y objetiva: mientras que localmentepredominan procesos de explotación del trabajo delpequeño productor por la “empresa nacional”; a unnivel más general, prima la ley de la acumulacióncapitalista: los procesos de concentración y centralizacióndel capital que, como tendencia general, conducen ala formación de los grandes monopolios y a la asfixiade la pequeña y la mediana producción. Se trata másbien de relaciones profundamente antagónicas,atravesadas por relaciones de dominación y desubordinación.

Lo ideológico de la propuesta del MAS consisteprecisamente en disfrazar como “equitativas” y“complementarias” un conjunto de relaciones que,dentro de la lógica de la acumulación de capital, sesustentan en la expoliación del trabajo del productordirecto –artesanos, trabajadores a domicilio, campesinos,“microempresarios”– y en la exacción del excedenteeconómico de los sectores económicos subordinadospor el capital transnacional.

Un nuevo Estado “solidario” parecería ser el agentellamado a reestablecer el “equilibrio”, posibilitando elintercambio “equitativo” entre los distintos sectores,además, que un “Estado fuerte” contrarrestaría la exaccióndel excedente por parte de las empresas transnacionales.Ahora bien, el carácter “redistributivo” del Estadocapitalista, así como su fortaleza y solvencia económica

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VENDEDORES DE ILUSIONES

dependen de su capacidad para acumular el excedente.¿Cuáles son las posibilidades para que el Estado se apropiedel excedente cuando son las empresas petrolerastransnacionales quienes controlan el flujo mundial de lacirculación y la realización de las mercancías, en este casode los hidrocarburos? Las limitaciones del planteamientode acumular capital por la vía de la industrialización delos hidrocarburos, cuyo mercado principal es el mundial,estriban en que precisamente el mercado mundial es elescenario de la realización de las mercancías del capitalmonopolista, que controla las fuentes principales deproducción de los hidrocarburos, los destinos principalesde la venta de estas mercancías y, en esta medida, elproceso de la formación de los precios.

Ello evidencia justamente el carácter demagógicodel planteamiento de “recuperar la soberanía sobre elexcedente” y de la “autonomía en la formulación depolíticas del Estado”, cuando lo evidente es que dicha“soberanía” no existe si no se rompe con la economíapolítica de las empresas trasnacionales. Una de lasdebilidades del programa del MAS es justamenteabstraerse de los límites que las relaciones de dominiointernacional establecen sobre la economía boliviana.

El planteamiento de industrializar la producciónde los recursos naturales con el protagonismo de lasempresas transnacionales, y los ejemplos queproporciona el programa del MAS al respecto, permitenevidenciar la defección política de su planteamiento,es decir, la naturaleza no nacionalizadora de supropuesta: al respecto, el caso chileno tiene un carácterparadigmático, que no obstante ser un importadorneto del gas argentino, según indica el programa delMAS, “sea el mayor exportador de Metanol del mundo,a través de la planta de la canadiense Methanex ubicadaen Punta Arenas” (28).

El hecho de que las empresas transnacionalesindustrialicen los hidrocarburos dentro del territorionacional no cambia la relación de enajenación de losrecursos, ni la naturaleza de economía primario-exportadora. Hoy en día las transnacionales producendentro del territorio boliviano gasolina especial paramotores, gasolina tipo premium para automotores,lubricantes para transmisión, aceites pesados, grasaslubricantes, entre otros productos industriales. Elproblema no es geográfico, sino de las relacioneseconómicas de exacción del excedente que se establecenentre las empresas transnacionales y la economíaboliviana. Dentro de esta perspectiva, el hecho de quese formen polos industriales controlados por las empresastransnacionales dentro del territorio nacional, nomodifica el patrón de acumulación primario-exportador.Vale lo mismo que las empresas transnacionales operenen sus casas matrices en el exterior, o que lo hagandentro de las fronteras bolivianas, la relación deexpoliación no cambia substancialmente: seguimossiendo proveedores de materias primas baratas, cuyaposterior transformación en productos industriales esen beneficio de los consorcios extranjeros.

Ahora bien, esta relación de exacción aconteceinclusive aunque sea el Estado capitalista el que controletoda la cadena de la producción de materias primas,pues el control sobre los flujos comerciales y de laprovisión de materias primas en el mundo, nocorresponde a Estados ni economías de capitalismoatrasado. Es decir, por más que el Estado capitalistaasuma de modo predominante el control de laproducción de los recursos naturales, no tiene lacapacidad de “ejercer el control soberano sobre elexcedente”. Ello limita las posibilidades de laacumulación del capital, de generar ahorro e inversión,y, consecuentemente, de industrializar el país. Laexperiencia del capitalismo de Estado que se inauguródespués de la revolución del 52 en Bolivia, la ventadel estaño a precios irrisorios, supuso la transferenciadel excedente al exterior, esto aún cuando el Estado nocontrolaba solamente el 51% de la propiedad sobre losrecursos naturales, sino el 100%.

El remanente del excedente acumulado por el Estadocapitalista, acorde a su naturaleza de clase, no industrializóel país, sino que fortaleció a una burguesía primario-exportadora, que se concentró en la agroindustria cruceñay en la minería mediana, ambas con intereses unidos alcapital transnacional. Esta experiencia indica que elcapital no se orienta por consideraciones altruistas (lasolidaridad, la equidad), sino que emigra allí donde vaa obtener ganancias: en Bolivia el capital se ha orientadohistóricamente de modo predominante hacia el sectorprimario-exportador; es decir, allí donde ha existidodemanda para la realización de las mercancías producidasen Bolivia. Dado el reducido mercado interno, lasexpectativas de obtener ganancias a partir de la inversiónen el sector industrial son igualmente reducidas. Lainversión del capital se orienta allí donde éste puedevalorizarse. El raquitismo del sector industrial no esproducto de la “mentalidad señorial” y “preburguesa”de sus clases dominantes; muy por el contrario, lavocación básicamente comercial de los estratos superioresde la clase dominante es más bien un producto de lasposibilidades de la acumulación y realización de laplusvalía en una formación social de capitalismo atrasadocomo la boliviana. La burguesía local no invierte sucapital por patriotismo. Trabajos como los de Villegasy Aguirre (1988) o los de Grebe (1983) muestran quela burguesía puede inclusive preferir despilfarrar elexcedente y no buscar reinvertirlo, cuando las perspectivasde valorizar el capital son limitadas.

Por tanto, concebir que a partir de políticasdeliberadas desde el Estado se transformará el patrónde acumulación, sin tomar en cuenta las limitantesimpuestas por las condicionantes estructuralesinternacionales (capital monopolista) y locales (elreducido mercado interno, el peso del precapitalismo,el atraso), es puro voluntarismo. No existe ni agenteeconómico, ni estrato social que en Bolivia estéeconómicamente interesado en impulsar un procesode industrialización capitalista. Desde esta perspectiva,el planteamiento del MAS es económicamente inviable:

Patrón de acumulación y reforma estatal

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no es posible cambiar el patrón de acumulación; esdecir, cambiar el lugar dentro del patrón de acumulaciónimperial que asigna el rol de exportadores de materiasprimas en el mundo, sin cambiar la naturaleza de lamisma dominación imperial que se ejerce en el país.

El planteamiento de cambiar el “patrón dedesarrollo” a partir de la equitativa y complementariaarticulación entre las empresas transnacionales, lasempresas nacionales y la pequeña producción, es enconsecuencia utópica; una negación de las leyes de laeconomía mundial, fundamentalmente de la ley deldesarrollo desigual del capitalismo, de los procesos deconcentración y centralización del capital, que de modotendencial concentra la riqueza en cada vez máspequeños polos capitalistas (monopolios) y generalizala miseria, profundizando la explotación del trabajadory acrecentando los antagonismos sociales.

En el caso de las propuestas de UN y PODEMOS,la discusión sobre el cambio de patrón de acumulaciónestá ausente. Su discurso se centra en el cambio delmodelo económico vigente en los últimos veinte años.En consecuencia, las dos agrupaciones políticas asumenque dentro del patrón de acumulación actual se puedensuperar las actuales condiciones sociales de la mayoríade la sociedad boliviana. En adelante, se abundará enel análisis de las propuestas sobre reforma estatal y laspolíticas públicas.

Reforma del EstadoLas reformas neoliberales “de segunda generación”

fueron planteadas por sus gestores como la creación deuna “nueva institucionalidad” del Estado, para “atraerel capital extranjero” y “garantizar la seguridad jurídicade las inversiones”, bajo el supuesto de que la“capitalización” generaría mayores ingresos para elEstado, “promovería el crecimiento económico” y“generaría más empleo”. El planteamiento ideológicocentral fue que el Estado se retiraba del terreno de laproducción, para dejar al “sector privado” elprotagonismo económico. En este sentido, el “nuevorol del Estado” pasaba a ser el de “regulador”, bajo elpresupuesto de la “neutralidad del Estado” con relacióna los “inversores privados nacionales y extranjeros”. Laexpresión institucional paradigmática de esta concepciónfue la creación del Sistema de Regulación Sectorial (lasSuperintendencias Generales y Sectoriales), acompañadasde un cuerpo jurídico que incentivaba el ingreso delcapital transnacional.

A diferencia del pensamiento liberal, para unaanálisis más objetivo el Estado capitalista no es unórgano neutral. El Estado tiene un carácter de clase,pues se halla estructuralmente relacionado a la

acumulación de capital (Borón 1990), realidad cuyosindicadores se pueden identificar a partir de los efectosque tienen las decisiones estatales en las relacionessociales de producción, en el aparato estatal y en elsistema ideológico (Therborn 1978, citado en Borón1990).

En Bolivia, el principio liberal de la “neutralidaddel Estado” mistificó el carácter real de las reformasneoliberales de esta institución, que se orientaron agarantizar las nuevas condiciones de valorización delcapital transnacional. Mientras que la ideología de laglobalización plantea la expansión de “los flujosfinancieros y de capital” fuera de los marcos del Estado,anunciando el “ocaso de los Estados nacionales”(concepción compatible con la idea neoliberal sobre el“retiro del Estado del terreno de la producción”), enrealidad los intereses del capital transnacional se haninternalizado en una diversidad de Estados nacionalesen el mundo, reestructurando los Estados locales enfunción de las necesidades de valorización del capitaltransnacional. Así, el proceso de expansión del capitaltransnacional en el mundo, bajo el dominio del capitalnorteamericano, se desarrolla a través de una diversidadde Estados locales (Poulantzas, citado en Bieler yMorton 2003: 467).

En el caso boliviano, el cambio de políticaeconómica y el inicio de las reformas neoliberales delEstado coinciden con el ascenso y la consolidación deuna alianza de estratos de clase en el poder del Estado(burguesía primario-exportadora). Las reformas estatalesdeben entenderse, por tanto, como la reestructuracióndel Estado en función de los intereses de estos nuevosestratos de clase en el poder del Estado, articulado encondición de subordinación al capital transnacional.Ello permite afirmar que las reformas neoliberales delEstado se asentaron en una alianza de estratos de clasetransnacional y local, cuyos intereses permiten explicarel sentido y la orientación de tales reformas.

En el caso de la agrupación PODEMOS, elplanteamiento de reforma estatal se caracteriza por unaconstitución más liberal en los ámbitos de sistemapolítico como económico y social. El régimen económicoy financiero propuesto se sustenta en el principio dela libre competencia,  la iniciativa privada y la libertadde empresa. El Estado deberá estimular y proteger eldesarrollo de estas iniciativas y su inserción al mercadointernacional. En contraprestación, las empresas deberángenerar empleo. En salud y educación, esta agrupaciónelimina la obligatoriedad del Estado para asegurar elacceso gratuito a la salud y la educación, reduciendola gratuidad y, en ese sentido, el ejercicio del derechoa las prestaciones básicas de salud.

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VENDEDORES DE ILUSIONES

Política económica yfinanciamiento estatal¿A quién beneficia la estabilidad?

La política económica neoliberal no se puedecomprender sólo desde el análisis de los agregadosmacroeconómicos. Ésta debe entenderse a partir de susefectos en el proceso de reproducción del capital; esdecir, en el encadenamiento entre los procesos deconcentración de la propiedad y renta de los recursosnaturales y productivos de sectores articulados a laeconomía mundial en empresas transnacionales y ladinámica de transferencias del excedente vía utilidades,pago de la deuda externa y apertura irrestricta a lasimportaciones.

Es por eso que los equilibrios macroeconómicos seentienden en su finalidad mayor que es el funcionamientode la economía y la subordinación de las políticaseconómicas a la estabilidad de precios; estabilidad que enlo substancial se asentó en la caída del salario real y en lasobreexplotación de la fuerza de trabajo, durante casi dosdécadas de reformas estructurales, que se asentaron entres aspectos esenciales: i) la “liberalización” de los mercados,ii) la apertura de la economía, y iii) la reforma del Estado.(Aguirre et al: 1992).

La dinámica se inició con la estabilización deprecios mediante la política monetaria que contrajo laoferta monetaria interna con el objetivo de abatir lahiperinflación. Paralelamente, la reducción de lacantidad de dinero en el mercado aumentó la tasa deinterés, lo cual permitió un incremento de las gananciasapropiadas por el capital financiero y desincentivó lainversión del capital en la producción y el comercio.La política monetaria restrictiva tuvo como efectoadicional la disminución de la capacidad de comprade los hogares y la destrucción del mercado interno;lo anterior es un complemento dialéctico delabatimiento de los salarios y de la destrucción de fuerzasproductivas (despido de trabajadores, cierre de centrosde producción, etc.).

La flexibilización laboral se tradujo en elcongelamiento de los salarios y en la negociaciónsalarial de modo directo entre patrones y trabajadores,sin intervención del Estado. La nueva correlaciónde fuerzas, favorable al capital, posibilitó la depresióndel salario y la explotación del trabajo por debajodel valor necesario para la reproducción de la fuerzade trabajo, empujando al trabajador y su familia abuscar modos alternativos que les permitieranreponer el ingreso familiar.

La política fiscal restrictiva, a la vez que liberó deimpuestos al capital, gravó el consumo, lo cual derivóa su vez en la disminución de la demanda interna. Lasempresas transferidas al capital extranjero fueronliberadas de los impuestos que generaban ingresos al

Tesoro General de la Nación (TGN). En los hechos, lapolítica fiscal disminuyó el volumen del excedentecaptado por el Estado, en beneficio de la apropiaciónde mayores utilidades en manos del capitaltransnacional.

La disminución de aranceles a las importacionesde bienes de capital favoreció de manera directa a lasempresas transnacionales, caracterizadas por la elevadacomposición orgánica de su capital.

La política cambiaria estuvo dirigida expresamentea favorecer las exportaciones, obteniendo un “tipo decambio real competitivo”, manipulando el tipo de cambionominal. La caída del poder adquisitivo del Boliviano,una consecuencia directa de esta política cambiaria,derivó nuevamente en la reducción de la demandainterna, expresada en el encarecimiento de varios bienesy servicios “dolarizados” de la canasta familiar.

En síntesis, la política económica neoliberal favoreciólas condiciones de acumulación del capital transnacionaly de los sectores primario-exportadores, a costa de lasobreexplotación de los trabajadores, la destrucción delmercado interno (destrucción de fuerzas productivas,desindustrialización) y la enajenación de las condicionesde producción (agua, gas, bosques, biodiversidad, etc.) amanos de consorcios extranjeros.

A partir de estas consideraciones sobre lo quesupusieron las políticas económicas de orden neoliberal,y cuya eliminación o transformación ha sido demandadapor la mayoría de los sectores sociales, se confrontanlas propuestas electorales en el orden de las políticaseconómicas.

El planteamiento del MAS está dirigido a preservar el equilibrio macroeconómico a través de una políticamonetaria, implementada por el Banco Central deBolivia, que buscará la estabilidad de los precios y, almismo tiempo, contraerá la cantidad de dinero en laeconomía, lo que supondrá que los intereses seguiránmanteniéndose altos. Esta política, a su vez, afectará ala contracción del mercado interno que, durante losúltimos años, se expresó en la reducción del crecimientodel consumo de los hogares con relación al ProductoBruto Interno (PIB). En resumidas cuentas, la aceptaciónacrítica de los equilibrios macroeconómicos por partedel MAS, permitirá reproducir la misma dinámica delos últimos 20 años, cuyas consecuencias ya se las haretratado en párrafos anteriores.

La política fiscal continuará siendo restrictiva ybuscará lograr un reducido déficit a costa de ladisminución del gasto y la inversión antes queincrementar los ingresos. Éstos, como se explica más

Política económica y financiamiento estatal

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ampliamente en el capítulo siguiente, continuarán conuna estructura regresiva, profundizándola con laimplementación de un impuesto a los ingresos de laspersonas.

Finalmente, el MAS sostiene que la políticacambiaria mantendrá las mismas características; esdecir, que estará abocada a favorecer las exportacionesmediante la manipulación de un tipo de cambiocompetitivo.

El programa de PODEMOS expresa muy poco susplanteamientos respecto de la política económica, yaque asume implícitamente que el “modelo” es el correctoy que lo que falló fue el ritmo y la secuencia de lasreformas y la instrumentación de la política económica.PODEMOS propone la continuidad de las políticasmacroeconómicas y hace énfasis en políticas dirigidasa reformas microeconómicas, buscando mayorproductividad y competitividad de la economía nacional.De manera similar, el programa de UN también sustentasu propuesta en una aceptación implícita de la actualpolítica macroeconómica. Sobre esa estructura, sereproduce otra vez la orientación microeconómica,fomentada por las políticas neoliberales, al plantear lacreación de empresas populares, que mediante laformulación de la Ley Económica de Inclusión, el Estadotransferirá recursos para su fomento y creación.

Política fiscal: ¿Cómo se repartirála torta?

Como se explicó anteriormente, la orientación delas políticas económicas neoliberales ha sido la defavorecer al proceso de acumulación de capital –encontra de los intereses de los trabajadores– definiendoun rol activo del Estado para facilitar la expansión delcapital transnacional en sectores estratégicos.

La política fiscal no podía escapar a este imperativo.Gobiernos sucesivos se esmeraron en favorecer laacumulación capitalista, inicialmente con un cambioen la política tributaria y luego con las privatizaciones.Se aplicaron sucesivas reformas al sistema de impuestoscon el objetivo de incrementar la presión tributaria.

La presión tributaria a los consumidores haaumentado desde 7,2% en el inicio de las políticas deajuste hasta más de 13% en los últimos años. Latrayectoria seguida por este indicador está relacionadaestrechamente con los cambios discrecionales en lasalícuotas de los distintos impuestos y con la introduccióno cambio de algunos de ellos. El aspecto más importantede la dinámica tributaria es la orientación hacia lapreeminencia de los impuestos indirectos – que gravanel consumo– en lugar de los impuestos que gravan lasrentas de las personas y de las empresas. Este virajemodificó completamente la estructura impositiva delpaís. El promedio de recaudación de impuestos pagados

por consumidores entre 1990 y 2006(1) alcanza al77% del total; el restante proviene de impuestos a lasempresas. Como se indicó en el acápite anterior, lapolítica fiscal se orientó a aumentar la apropiaciónprivada del excedente en manos del capitalfundamentalmente transnacional, incrementando lasobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Este proceso de explotación indirecta del trabajose evidencia en el incremento de los niveles derecaudación. Entre 1990 y 2000, los impuestosindirectos representaban el 84% de las recaudaciones.Recientemente, la orientación regresiva de la políticafiscal fue contrarrestada por el cambio en la correlaciónde fuerzas de clase en las luchas por la defensa de loshidrocarburos (contra las empresas transnacionales) ysus efectos en la nueva Ley de Hidrocarburos; para elaño 2006, este proceso permitirá disminuir el peso delas recaudaciones resultantes de los impuestos indirectoshasta el 66%, e incorporará el incremento resultantede la recaudación por concepto del Impuesto Directoa los Hidrocarburos (IDH). Lo anterior ampliará, dealguna manera, el excedente que es redistribuido porel Estado.

Como puede evidenciarse, dar un giro a esta políticaimpositiva significa afectar el excedente del cual se apropiala clase dominante, acción ajena a las perspectivas de losgobiernos oligárquicos constituidos desde 1985. Medidascomo el Impuesto al Patrimonio Neto, denominadotambién impuesto a la riqueza y, recientemente, lamodificación en la alícuota del IEHD para el diesel, fueronmedidas resistidas principalmente por el sector empresarial.El primer impuesto jamás llegaría a ser aplicado, mientrasque el segundo tuvo dos modificaciones que disminuyeronsus efectos sobre la ganancia de las empresas.

Recientemente, la gestión del Impuesto Directo alos Hidrocarburos (IDH), en términos relativos, hareflejado un cambio en la estructura del sistema tributario.Empero, a pesar de que este impuesto incrementóextraordinariamente los recursos financieros del Estado,las propuestas de los tres partidos políticos analizadospretenden mantener la orientación del actual régimentributario, haciendo énfasis en incrementar los ingresostributarios buscando mayor eficiencia de los impuestosvigentes (IVA, IT, ICE, IEHD), los cuales gravan elconsumo de los hogares. Desde esta perspectiva, laorientación de la política fiscal de corte neoliberal no semodifica y continúa con la exacción del excedentegenerado por los trabajadores, en vez de recaudarlo dela renta capitalista.

Lo llamativo en la propuesta de PODEMOS es quebusca cambiar la actual Ley de Hidrocarburos, señalandoque se requiere “asegurar” el 50% de los ingresos porla explotación de los hidrocarburos en el país. Estaagrupación afirma que los campos grandes permiten

1 Se utiliza el Presupuesto General de la Nación programado para el año 2006, como una ilustración de una tendencia que continuaráel siguiente año.

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VENDEDORES DE ILUSIONES

cobrar incluso más del 50%, pero los campos pequeñosrequerirán de una tasa menor para seguir produciendo.Este planteamiento, de acuerdo con el análisis, aludiríaa la inexistente reglamentación del artículo 64 de la Ley3058(2), que se refiere a la creación de un premio paralos campos marginales y pequeños según el nivel deproducción y la calidad de hidrocarburos.

Sin embargo, la diferenciación de campos supondríaun menor nivel de ingresos por la actividadhidrocarburífera(3); por lo menos, eso expresaría porquéPODEMOS estima los mismos en sólo 400 millonesde dólares anuales(4), que se incrementarían en lamedida en que consigan más mercados y se logrenmayores inversiones. No obstante, estas estimacionesse contradicen con el proyecto de PGN para la gestión2006, el cual estima recibir 708 millones de dólarespor concepto de IDH y regalías (32% por IDH y 18%por regalías, ambos sobre el valor bruto de producciónde hidrocarburos). En otras palabras, a través de lareforma planteada por PODEMOS se beneficiaría a lasempresas transnacionales que producen en los campospequeños.

Por el contrario, el MAS plantea mantener la actualLey Nº 3058. En su política de recursos públicos, el MASplantea dos escenarios: primero, pretende estructurar unnuevo sistema tributario (política fiscal), aplicando elprincipio de progresividad, en el que propone laincorporación de un impuesto al ingreso de las personas.La propuesta no abunda en la explicación de las reglas deeste impuesto (objeto y sujeto del impuesto, nacimientodel hecho imponible, alícuota, exenciones, etc.). Laexperiencia reciente sobre la creación del impuesto al ingresode las personas, de febrero de 2003, muestra que el universoque sirvió de base para la estimación de este impuesto fueel sector de asalariados formales (listas de afiliados a lasAdministradoras de Fondos de Pensiones) que alcanzabaal 12% de la Población Económicamente Activa (PEA).Este impuesto afectaba a los salarios desde el monto de Bs.880 adelante. En este sentido, proponer este impuestosupone caer nuevamente en la tendencia de gravar el trabajo,rehuyendo afectar la apropiación de la plusvalía.

Paradójicamente, en contraposición al principiode progresividad que se propone en el documento, elMAS reconoce que “las mayores posibilidades paraaumentar los recursos radican en el control de laevasión y la elusión, así como en la lucha decididacontra la corrupción”. Con todo, su segunda alternativase dirige a mantener la estructura del sistema tributariovigente, que expolia al trabajador y favorece a laempresa privada.

En resumen, UN y PODEMOS no tienen laintención de cambiar el carácter regresivo del sistematributario. Por su lado, el MAS pretende introducirun impuesto a los ingresos, pero que es desestimadopor el aporte que proporcionaría al erario nacional; alfinal, todos convergen en desarrollar acciones dirigidasa solucionar la evasión y la elusión (presión fiscal).

Finalmente, además de mantener un sistematributario regresivo, las propuestas de UN y PODEMOSintroducen el riesgo de disminuir los ingresos por elIDH debido a la intención de diferenciar este tributosegún grandes y pequeños pozos hidrocarburíferos.Esto podría considerarse como una señal frente a las“recomendaciones” expresadas en la sexta revisión delStand By Arrangement del Fondo Monetario Internacional(FMI) y frente a la demanda de las transnacionales.

Por tanto, los perdedores siguen siendo lostrabajadores, con cuyo trabajo se continúa sosteniendoa un Estado capitalista que mantiene un sistematributario regresivo, y privilegia la actividad empresarial.La exención de impuestos, la liberalización arancelariay los programas transitorios, como el perdonazo, sonotras tantas medidas por las que el Estado favorece laacumulación capitalista.

Deuda externa: dependenciaeconómica y exacción de recursosestatales

En la estructura de financiamiento del Estado, sepuede identificar dos rubros que se han constituido enlos mecanismos por los que los organismosinternacionales han incidido sobre la política económicadel país; es decir, los desembolsos por deuda externay las donaciones. Si bien éstas últimas suponen recursossin contraprestación, debemos considerar que se accedenen general a estos recursos previas gestiones con elFMI y Banco Mundial (BM)(5).

En los últimos seis años, estas dos fuentesrepresentan en promedio el 21 por ciento de losingresos del Estado, importancia que se explica porlos efectos que tuvieron las reformas desarrolladasen poco más de 20 años, obligando al Estado arecurrir a estas fuentes para reducir y cubrir la actualbrecha entre los ingresos y gastos. Es decir, el procesode reproducción de la deuda externa, tiene comoorigen las reformas estructurales emprendidasfundamentalmente en la década de los noventa. Noestá demás indicar que la deuda externa fue elmecanismo principal por medio del cual el Estadoboliviano, dependiente de los créditos del capital

2 ARTICULO 64°.- (Incentivo a la Producción de Hidrocarburos de Campos Marginales y Pequeños).3 Según un documento oficial citado por el semanario Energy Press (Nº 248), de los 29 campos que producen gas natural, 27 no estarían en condiciones

de pagar el IDH, por tanto se beneficiarían del premio establecido en el artículo 64 de la Ley 3058.4 Lamentablemente en el programa de PODEMOS no se explicita el origen de los $us 400 millones, dejando al lector la interpretación libre sobre este

monto.5 A modo de ejemplo, podemos mencionar el Grupo Consultivo de París. En este espacio, el gobierno accede a nuevos recursos previa presentación de

una estrategia, antes la EBRP y últimamente el programa de gobierno vigente, pero además demostrando que se ha cumplido con las medidas“sugeridas” por el FMI y el BM y previa firma de los mecanismos que utilizan estos organismos (Stand By, PRGF, CAS, etc.).

Política económica y financiamiento estatal

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financiero, fue reorientado en función de lasnecesidades de valorización del capital transnacional.

Frente al problema de la deuda externa, hay doselementos que deben ser diferenciados: primero, el pesoque significa en las finanzas públicas, y segundo, lascondicionalidades que la acompañan, que no son otras quelas políticas públicas dirigidas a profundizar la penetraciónde los consorcios extranjeros en Bolivia. Los partidos políticosabordan esta problemática fundamentalmente desde elcampo económico, coincidiendo, implícitamente, que esuno de los factores de inflexibilidad del gasto público.

Sin embargo, los partidos asumen la condonacióncomo una posibilidad en el corto plazo. En el caso dePODEMOS, el endeudamiento es incluso consideradocomo una de sus principales fuentes de financiamiento.Además de ocultar la lógica perversa de dominio de lacual forma parte el mecanismo de la deuda, en suconjunto las propuestas electorales disimulan algunoselementos que reducen el impacto “positivo” de lacondonación y mantienen la incertidumbre en sudesarrollo. Entre algunos elementos, están los siguientes:

(i) En las condiciones actuales de la condonación del G8,el impacto sobre el servicio de deuda externa esreducido. De los 277 millones de dólares canceladosel 2004, únicamente 44 millones de dólarescorresponden al servicio de deuda con el BM y el FMI,es decir el 16% del servicio total. Por tanto, en estascondiciones el monto liberado del servicio de deudaexterna no significaría una fuente real de financiamientopúblico. Así, los partidos políticos, con distintosénfasis, proponen la condonación total de la deudaexterna. En el caso de PODEMOS, garantiza que (…)los bancos regionales participen de esta iniciativa decondonación de la deuda (…), es por ello que considerana la condonación como una de sus principales fuentesde financiamiento. En el caso del MAS, es más cauto,pero no desecha gestiones para la incorporación delBanco Interamericano de Desarrollo (BID) y de laCorporación Andina de Fomento (CAF).

(ii) La iniciativa también significará mayor presiónfiscal, porque estará acompañada por unareducción de dólar por dólar en flujos brutos deasistencia(6); esto significa que por cada dólarque condone el organismo, éste se deduce de losflujos de asistencia programados para el país. Enlos hechos, esto representaría una reducción delos recursos de asistencia que proporcionaría laAIF y el FMI. A modo de ejemplo, los 179millones de dólares recibidos el 2004, bajo lalógica propuesta en la condonación, no habríaningresado al país, lo que obligaría al Estadoimplementar medidas fiscales que logren cubrireste hueco financiero.

(iii) Por otro lado, debemos recordar que, en esencia, elBM y el FMI son instituciones bancarias que otorgancréditos en condiciones “concesionales”; por tanto,la condonación significaría afectar la cartera de estosbancos(7). Este es uno de los principales puntos decontroversia dentro de la iniciativa y que otorga a lamisma cierta incertidumbre, pues significa identificarlos mecanismos de reposición del monto condonado,¿cómo?, ¿quiénes?, ¿en qué tiempo?.

(iv) Estimaciones del BM sostienen que el efecto dela medida recaería principalmente en la AsociaciónInternacional de Fomento (AIF), casi el 75% delcosto. Sin embargo, el costo variaría según losacuerdos que asumen los organismosinternacionales respecto a la fecha de corte de lainiciativa, a la fecha de implementación–preliminarmente se está manejando el 31 dediciembre de 2005 como la fecha de corte, y el 1de julio de 2006 como la fecha deimplementación–, y a la cobertura elegible delcrédito, éste último determinaría si la condonaciónes menor o igual al 100%.

Pero además, no debemos perder de vista dos aspectos:primero, la condonación de la deuda externa es unademanda histórica de los trabajadores. Por tanto, no esextraño que los partidos políticos la asuman como unade sus medidas centrales para atenuar el grado deinflexibilidad del gasto público; segundo, en junio de2005, los ministros de Hacienda del G8 acuerdan unnuevo alivio de deuda externa, acuerdo que es ratificadoen julio por los jefes del G8 en la cumbre de Gleneagles,remarcando que el objetivo principal es proporcionaralivio adicional a los países HIPC para alcanzar las metasdel milenio. Por tanto, es demagógico asumir lacondonación como una propuesta de gobierno.

El proceso de condonación de la deuda externa debeser analizado de forma más integral, como el resultado deuna estructura económica, social y fiscal en crisis, peroademás, como parte de una estructura de dominacióntransnacional sobre el Estado boliviano. Si bien recibimosreducciones de deuda, los factores de reforma que acompañanestos procesos generan en la economía otros problemas quemantienen o agudizan la situación fiscal. Frente a ello, elpaís no tiene otra alternativa que seguir recurriendo a nuevospréstamos, reproduciendo un círculo perverso de contrataciónde deuda, que sólo tendría solución si los países acreedoresy los organismos internacionales renunciasen a lascondicionalidades. Sólo entonces Bolivia podrá realizar unatransformación de sus políticas económicas sustentadas enla libre determinación y en un mayor control de losexcedentes de la explotación de sus recursos estratégicos.

Por otro lado, el programa de PODEMOSmenciona como otra fuente de financiamiento, los

6 Implicancias del Acuerdo Sobre Deuda del G7, Documento ONG EURODAD, 14 de junio de 2005.7 Para la AIF el costo estimado sería de $us 42.500 millones, es decir es el servicio de deuda acumulado que la AIF dejará de percibir de los 38 PPME,

lo que significa la cancelación de aproximadamente el 27% de los activos de la AIF, si sumamos la actual iniciativa para los PPME, se cancelaria hastael 46% de los activos de la AIF (ver Nota Sobre la Propuesta del G8 Relativa al Alivio de la Deuda).

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VENDEDORES DE ILUSIONES

recursos de la Cuenta del Desafío del Milenio (CDM),que es un instrumento de injerencia económicapromovida por el gobierno norteamericano, queoculta políticas similares a las promovidas pororganismos como el BM y el FMI. Dentro de laapertura comercial promovida por el gobiernonorteamericano, el control de la inflación y el manejode la política fiscal, son elementos que permitiríandeterminar si un país cumple con los requisitos paraacceder a los recursos del CDM. Según estimacionesde PODEMOS, se prevén 80 millones de dólaresanuales para el Estado. Al igual que la deuda externa,debe realizarse un análisis sobre el tipo decondicionalidades que acompañan estos recursos; esdecir, hacer un balance de costo beneficio sobre esteplan.

En resumen, todas las propuestas se desenvuelven enel marco de los límites del Estado capitalista, donde lapolítica económica cumple con el papel de garante de lascondiciones generales de la producción capitalista y de larealización de la plusvalía. Pero además, varias de laspropuestas no van más allá de la política económica neoliberaly de las relaciones de dominación imperial sobre el país:no existen cambios en los componentes de la política fiscal(8).Por un lado, el sistema tributario en esencia sigue siendoregresivo, donde la población, a través de su consumo,sostiene las políticas públicas, y además funciona comoincentivo para determinados sectores empresariales. Porotro lado, la crisis fiscal, económica, social y políticaproporciona los justificativos y condiciones para lareproducción de la lógica de penetración de los consorciosextranjeros en el territorio nacional.

8 Si sumamos los ingresos recibidos por deuda externa, donaciones e impuestos, en promedio entre 2000 y 2006 éstos representan el 67 por ciento delos ingresos públicos. En la gestión 2006 la proporción sería del 72 por ciento.

Nacionalización de los hidrocarburos: La estrategia de la ilusión

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Nacionalización de loshidrocarburos:

La estrategia de la ilusiónEl ingreso de la economía mundial en una fase de

declinación de reservas petroleras, elevación de lademanda e incremento de precios de las materiasprimas, convierte a los hidrocarburos en un preciadobotín que justifica el uso de cualquier medio paraobtenerlo. Aquí radica la importancia de lanacionalización, que significa el control soberano porel Estado de esa riqueza natural para aprovechar losbeneficios de su explotación.

Para comprender la magnitud de las implicacionesde la nacionalización y contrastarla con las propuestaselectorales analizadas, se señalan algunas característicasesenciales de la economía de los hidrocarburos.

A diferencia de otras ramas, en las industriasextractivas el aprovechamiento de condicionesexcepcionales presentes en la naturaleza –como laexistencia de yacimientos minerales o hidrocarburíferos–permite la obtención de ganancias extraordinariassuperiores a la ganancia media que logran los capitalesinvertidos en otras ramas, la misma que refleja la mediade su productividad social. La condición necesaria parael disfrute de esa situación extraordinaria es la conversiónde la propiedad de la tierra (y sus recursos) enmonopolio, motivo que genera, entre otros, los violentosprocesos de apropiación y ocupación de los territoriosnacionales por parte de los Estados industrializados afavor de sus inversionistas.

De manera concreta, la ganancia extraordinaria seobtiene mediante la fijación de un precio de ventamonopólico por el grupo o asociación de capitalistas bajolas formas de cártel, trust, etc. Ese precio artificial, queno responde a los costos de producción, “permite alparticipante que trabaja con la productividad más bajarealizar la tasa media de ganancia. La diferencia entre elprecio de producción de los demás participantes del cártely el precio de venta del participante más desfavorecido,representa la renta del cártel” (Mandel 1971). Esta rentaconstituye, precisamente, la parte que disputan las empresasextranjeras concesionarias y el Estado en los paísesproductores en forma de regalías.

El monopolio implica la exclusión de todacompetencia y la posibilidad de determinar lascondiciones de producción y venta más favorables parala obtención de dicha ganancia extraordinaria o “renta”.Más aún, constituye la forma contemporánea en queel capital ejerce su dominio sobre los países donde seubican las fuentes de recursos naturales, abarcando nosólo la esfera económica, sino sometiendo la propia

política estatal, mediante la subordinación de las clasesdominantes locales.

En la industria petrolera, el cártel mundial permitióa un número reducido de empresas (“Las siete Grandes”)controlar el mercado mundial durante gran parte del sigloXX. Esas empresas estadounidenses y europeas imponíanprecios muy bajos en los lugares de producción –a efectosde pagar bajos impuestos y regalías– y precios elevadosen los mercados de consumo. Esos precios finales se fijabande manera unificada por encima de los costos de lasempresas menos productivas y permitían la obtención derentas elevadas. En 1973, la creación de la Organizaciónde Países Productores de Petróleo (OPEP) y la subsiguientenacionalización del petróleo en Oriente Medio, ocasionaronun vuelco radical en el control del mercado al reducir elpapel determinante de las empresas transnacionales, “losacontecimientos que se desarrollaron en el terreno de lafijación de los precios del petróleo (…) desembocaron enla transformación más importante de la estructura delcomercio internacional de las materias primas. Provocarontal cambio verdadero en la relación de fuerzas del podereconómico mundial, que resultó en un reparto másequitativo del crecimiento económico engendrado poruna materia prima, el petróleo, entre sus propietarios ysus consumidores”(1).

Guardando las distancias, podemos afirmar quelas actuales luchas sociales por la nacionalización delas industrias extractivas se inscriben en esa disputageneral por el control del excedente bajo la forma derenta entre las empresas transnacionales y los Estadosnacionales; constituyen un paso crucial en la perspectivade suprimir el dominio del capital transnacional sobrelas economías atrasadas. En otras palabras, implicanun cuestionamiento radical a la forma fundamental defuncionamiento de la acumulación capitalista.

Por esas profundas implicaciones, no se puedesoslayar que un proceso nacionalizador es un pasoesencialmente político, pues involucra los intereses delas fracciones de clase dominantes y porque su plenarealización trasciende las fronteras nacionales. En estesentido, pretender imponer una concepción que reducela nacionalización a la convivencia igualitaria entre elEstado y las transnacionales es un síntoma de extremaingenuidad o de cálculo político.

Nacionalización: vendedores deilusiones

En el extremo más alejado del verdadero significadode nacionalización se ubica la propuesta de la agrupación

1 Al-Chalabi, F.J. La OPEP y el precio internacional del petróleo: el cambio estructural, Siglo XXI, México, 1984.

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VENDEDORES DE ILUSIONES

PODEMOS. Su concepción liberal se opone totalmenteal dominio estatal de los hidrocarburos y postula la“nacionalización de los beneficios del gas”. Desconociendola posesión real que ejercen las empresas, señala que larecuperación de los hidrocarburos es innecesaria porque–indican– según la Constitución Política del Estado, elgas natural y el petróleo nunca dejaron de pertenecer alos bolivianos. Obligada por las circunstancias inventala “nacionalización de los beneficios del gas”, fórmulaque tendría el limitado objetivo de dar transparencia aluso y destino de las regalías e impuestos mediante lafiscalización del gasto público.

Consecuentemente, postula un papel paraYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)similar al que le había dado la Ley 1689 de Sánchezde Lozada: administrar los contratos con las empresaspetroleras. Aunque señala la necesidad de que YPFBlidere la negociación de contratos de exportación y quese busquen mejores precios en los mercados externos,elude toda referencia a la capacidad real de la empresaestatal para definir los términos en que se dispondríala comercialización de los hidrocarburos, situacióncomprensible en la medida en que ratifica el controlmonopólico de las empresas transnacionales en el sector.

Queda claro, entonces, que la propuesta dePODEMOS apunta a modificar la actual Ley deHidrocarburos 3058 que, en su criterio, habría“incrementado la incertidumbre y el riesgo país”. Másaún, desconociendo absolutamente el carácter limitadode dicha norma y con la intención de justificar sumodificación futura, le imputa un supuesto carácterexpropiador y, por tanto, atentatorio a “los principiosde seguridad jurídica”.

En esa dirección afirma que el nuevo régimen deimpuestos y regalías del 50% sobre el valor de laproducción hace inviable la inversión extranjera ypromete reducir esa tasa para los campos consideradospequeños, ratificando la intención de la propia Ley3058 de devolver bajo la forma de “premio” parte dela renta que están obligadas a pagar las empresastransnacionales.

La orientación neoliberal que ha primado desde1996 en lo relativo a la fijación de los precios internosde los hidrocarburos, haciéndolos depender de la paridadde exportación, es ratificada en la propuesta dePODEMOS. Como no está en su mente afectar lasganancias de las petroleras, asume que en los casos delabastecimiento interno de GLP y gas natural podrárecurrirse a los subsidios estatales.

Su apego a los intereses del capital transnacionales tal que, contradiciendo su discurso a favor de“asegurar la seguridad energética”, “la valorización delas exportaciones”, “gas por redes”, etc., plantea unaagresiva política de exportaciones –incluido el mercadode Chile– justificándola con la conocida afirmación delos voceros de las transnacionales de que “los

hidrocarburos sólo nos sirven si identificamos mercadosdonde exportarlos. El gas bajo tierra no tiene ningúnvalor y no beneficia a ningún sector de la población”.

En sentido estricto, la posibilidad de impulsaruna política nacional soberana dirigida a promover elincremento del consumo interno y la industrializaciónes impensable bajo el programa de PODEMOS. Enresumen, éste no hace más que postular la continuidadde la política neoliberal en peores condiciones que lasestablecidas por la actual Ley 3058.

La propuesta de UN también se inscribe en lalógica neoliberal de política de hidrocarburos que siguerigiendo en el país. Concibe la “nacionalización” comola participación de capitales nacionales y del Estadoen las empresas capitalizadas y en las refinerías, mediantela compra de acciones. Esta participación nacional sellevaría a cabo progresivamente y en el mediano plazolograría la armonización entre el capital transnacionalpetrolero, los empresarios nacionales y el Estado.

La nacionalización, en el sentido histórico deexpropiación que ha prevalecido en nuestro país, nosería viable debido a la presión internacional y lascondiciones económicas y resultaría “un mal negocio”.En su lugar, postula la compra paulatina de accionesde las empresas capitalizadas por inversionistasnacionales o por el Estado, asignándole a YPFB elpapel de representación de los intereses nacionales enlos directorios de las nuevas empresas mixtas. Paraello, plantea el establecimiento –negociado con lasempresas transnacionales– de la “acción de oro o votodecisivo” como mecanismo que permita a la empresaestatal asumir las principales decisiones relativas a lostérminos de los negocios que realicen esas sociedadesempresariales, pero siempre bajo la premisa de que losresultados beneficien a ambos y de que se otorgue“seguridad jurídica” a las empresas privadas.

Así, YPFB adoptaría la forma empresarial quetiene la brasileña Petrobras, a la que le atribuye todaslas virtudes de una entidad eficiente, transparente yalejada de la intromisión político-partidaria.

Aunque se plantea la participación de YPFB en lacadena, la propuesta invalida esa posibilidad al mantenerincólume el control monopólico, pues reitera la necesidadde cumplir las prescripciones de la Ley 3058 que, bajolos principios de neutralidad y competencia, descarta elpapel activo de la empresa estatal y deja los principalesmecanismos de definición de la dinámica del sector enmanos de la “inversión extranjera”. Por ello, es posibleafirmar que el papel de YPFB se limitará al de “cargadory agregador” que le otorga esta norma.

Respecto a los precios de los hidrocarburos, UNplantea que en el mercado interno se fijen valores menoresa los precios de exportación para facilitar el mayorconsumo. En el caso de las exportaciones, aunque declarala necesidad de asegurar “una renta mínima” para el

Nacionalización de los hidrocarburos: La estrategia de la ilusión

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Estado, enfatiza que se debe respetar los intereses de losinversionistas tomando en cuenta “un mercadointernacional cada vez más competitivo”. Pero, comono se postulan modificaciones en la Ley de Hidrocarburosen este ámbito, puede entenderse que lo que en realidadse pretende es ratificar el derecho de las transnacionalespara establecer los precios de exportación.

Así, aunque declara su voluntad de masificar elconsumo de gas natural en el país y avanzar en suindustrialización, mantiene el protagonismo de lasempresas transnacionales y propone desarrollar unapolítica “agresiva e inteligente” de las exportacionesde gas natural, que “aseguren ingresos estables pormás de 20 años”, sin modificar substancialmente laparticipación estatal. Es más, sugiere que la vía paraaumentar los ingresos estatales es “concentrarse en lasexportaciones”, pues éstas no son un objetivoúnicamente de las empresas, sino de carácter nacional.La única condición para ellas debería ser el cobro del50% de renta por el gas (government take).

La propuesta del MIP es la de “nacionalizar losrecursos hidrocarburíferos sin indemnización alguna”.De este modo, parece alinearse a algunos movimientossociales que han hecho similar demanda en los conflictosrecientes de 2005.

La nacionalización es concebida como el “efectivodominio y control estratégico del Estado Originario”y realizada a través de la estatización de empresasprivadas y la expulsión de las empresas extranjeras.Esta sería una tarea asumida por un “nuevo gobiernorevolucionario”, a través de la promulgación de undecreto supremo. Empero, la propuesta no resuelveni intenta aclarar la contradicción básica entre laconstitución de un nuevo Estado Originario y laasunción de esta fuerza política por la vía electoral,inscrita como el mecanismo por excelencia del actualsistema político para la constitución de un gobiernonacional. Una lectura más audaz nos haría suponer quela propuesta programática del MIP no se realizaría conla culminación de este proceso electoral, sino medianteuna acción “revolucionaria” o a través de un procesoconstituyente que determine la estructuración de unEstado diferente al actual.

Por otra parte, el MIP, pese a plantear que la formade nacionalizar adoptaría la forma de estatización oreversión de la propiedad privada y la expulsión de losinversionistas extranjeros, justifica esa decisión por lailegalidad de los contratos, habida cuenta de que nohubo “perfeccionamiento” de los mismos por parte delPoder Legislativo. Sostiene también que la nacionalizaciónes motivada porque las empresas no habrían cumplidocon los términos de referencia y por no haber cumplidocon las inversiones comprometidas. Más aún,contradiciendo su discurso sobre la ilegitimidad delpropio Estado k’ara, se remite a la Constitución Políticadel Estado que prescribe el dominio de ese Estado sobrelos recursos hidrocarburíferos.

En otras palabras, no existe aquí una referencia ala naturaleza capitalista de los monopolios petrolerosy su influencia determinante en la propia políticaestatal, reduciendo la necesidad histórica de lanacionalización a una circunstancia especial promovidapor el incumplimiento de compromisos legales porparte de las empresas transnacionales; por lo mismo,no expone ninguna referencia a la comunidad de origende la inversión extranjera y de las clases dominantesdel país (y, por consecuencia, del Estado boliviano).Por ello, el ataque a su presencia parte de una confusaevocación a los “valores cósmico ancestrales” y al“pensamiento ecológico e histórico del indígena” quesostendrían la política de los recursos naturales delnuevo Estado Originario.

El órgano llamado a ejercer el dominio estatal delos hidrocarburos, procediendo a su explotación, seríael nuevo Yacimientos Petrolíferos Originarios, distintoa YPFB considerada una institución “parasitaria ycorrupta”. Sin embargo, en otras partes del documentode este partido se menciona indistintamente la presenciade YPFB, con lo que introduce mayores confusionesrespecto a sus propósitos y medios para alcanzarlos.

En el plano de las políticas sectoriales, gracias aldominio monopólico del Estado de las actividadeshidrocarburíferas, el MIP plantea ampliar el consumodel gas natural mediante el proyecto “Gas para elIndio”. Asimismo, promovería la industrialización apartir de las condiciones favorables que brindaría elcambio de la matriz energética interna, que generaríarecursos financieros utilizables para enfrentar las grandesinversiones necesarias. Sin embargo, no descarta laposibilidad de financiar estos proyectos utilizando lagarantía de los recursos de las exportaciones del gas.Finalmente, plantea impulsar una GeopolíticaComunitaria con el Gas Natural consistente en exportargas “a cambio de maquinarias petroquímicas y otros”.

En síntesis, la apropiación de la demanda denacionalización por esta agrupación política, parece elresultado de una estrategia política de la propiaorganización y su líder para recuperar espacios entrelos sectores sociales y en el propio sistema político,antes que de una madurada y consistente interpretaciónideológica de la lucha por la recuperación de loshidrocarburos, como forma específica que adopta lalucha contra la expoliación del capital internacionalsobre nuestro país.

Por su parte, el MAS concibe la nacionalizacióncomo el cambio de la política nacional desde unapolítica de Concesiones a una de Prestación de Servicios.

Equivocadamente, considera que la Ley 3058establece este nuevo régimen de “Contratos dePrestación de Servicios o Producción Compartida” quepermitiría al Estado controlar soberanamente toda lacadena hidrocarburífera. Lógicamente, la disposiciónque obliga a las empresas productoras a entregar el

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100% de la producción a YPFB en Boca de Pozo es,en su criterio, la efectiva recuperación de loshidrocarburos por el Estado. Sin embargo,contradiciéndose, ratifica que bajo la figura de losnuevos contratos de producción compartida, el Estado“retribuirá al productor en especie”, con lo que laposesión real de los hidrocarburos sólo llegará hasta elPunto de Fiscalización.

Además, ese cambio de régimen operaría de manerapráctica como “la suscripción de nuevos contratos bajoesta norma, producto de una renegociación con lasempresas petroleras, buscando equilibrio para ambaspartes” (pese a que afirma que los actuales contratosde Riesgo Compartido son inconstitucionales). Es decir,que el Estado no podría obligar a las transnacionalesa optar por uno de los tipos de contrato –el deOperación– que es el único en el que el Estado retribuyesólo por “los servicios prestados”, pues las otras dosformas –de Producción Compartida y de Asociación–obligan a YPFB a asociarse con las petroleras–devolviéndoles parte de la inversión realizada y delas regalías pagadas– y reconocerles una “participación”sobre la producción fiscalizada.

Con todo, el MAS elude señalar que laorientación de la Ley 3058 mantiene los principiosfundamentales de la política neoliberal que impidenque el Estado asegure el control real de loshidrocarburos. Junto a la disposición que reconocela propiedad estatal de los hidrocarburos “en Bocade Pozo y hasta el Punto de Fiscalización”, dichanorma reconoce el carácter “libre” de todas lasactividades petroleras (desde la explotación hasta laexportación), la “neutralidad” de la política, la “librecompetencia” y, lo que es más importante, lacapacidad de las transnacionales para fijar los precios,tanto internos como externos en base a contratos decompra-venta y bajo el principio de paridad deprecios internacionales. Por ello, asignarle un carácternacionalizador a la actual Ley resulta un despropósito.

Como la recuperación de los hidrocarburos en lafase de explotación se habría logrado con el paso alnuevo régimen de contratos, esta agrupación políticaplantea que la presencia activa de YPFB en el resto dela cadena se realizaría a partir de la compra de accionesde la empresa capitalizada de TransporteTRANSREDES hasta el 51% y la re-compra de lasrefinerías de la Empresa Boliviana de Refinación (EBR).Aunque no menciona explícitamente la situación delas productoras Chaco y Andina, se puede suponer quepor efectos del cumplimiento de la nueva ley sectorialtambién se produciría el traspaso de las accionesactualmente en manos de las AFP a dominio de YPFB.

Aquí cabe mencionar dos aspectos importantes:en primer lugar, el control estatal no derivaría de lapolítica nacional sino de decisiones empresarialesautónomas relativas a la disposición a vender susacciones y, en segundo lugar, en un contexto de libre

competencia y neutralidad del Estado, como prescribela actual Ley de Hidrocarburos, no se puede descartarla presencia de otras empresas privadas en las fases detransporte y refinación, atraídas por la determinaciónde precios internos ligada a la paridad de exportación(la disposición del MAS de avanzar en la eliminaciónde subsidios “por principio” refuerza esta posibilidad).De esta manera, el control monopólico del Estado enestas esferas es, por lo menos, improbable.

Finalmente, el MAS postula la atención al consumointerno mediante la sustitución de leña por GLP,conversión del uso vehicular a gas natural y lasustitución de diesel por su equivalente sintético, y laindustrialización del gas natural. El primer objetivose lograría aprovechando los precios internos bajos yestables que, seguramente, podrían determinarserecurriendo a la disposición de la Ley 3058 que disponelos contratos de “prestación de servicios” en los que elEstado sólo paga a las petroleras el costo de extracción.El segundo objetivo lo alcanzaría a través de YPFB oel establecimiento de empresas mixtas entre YPFB einversionistas privados.

Respecto a las exportaciones, el MAS planteaconvertir al país en el eje energético de la región juntoa Venezuela y Perú: exportar el gas como materia primaa los países limítrofes para luego entrar en una fase deindustrialización que permita vender derivados del gasnatural a Estados Unidos, Japón y Europa; priorizarmercados regionales y derogar la devolución delImpuesto al Valor Agregado (IVA) a través de losCertificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) atodas las actividades de explotación y exportación derecursos naturales no renovables.

En este caso, no se menciona las limitaciones queimpone la nueva Ley a YPFB en su calidad de“agregador y vendedor”, ni la existencia de un régimende libre exportación de hidrocarburos condicionadaúnicamente a la cobertura de la demanda interna.Adicionalmente, se debe mencionar que no se hacecuestionamiento alguno a los actuales contratos deexportación a Brasil y Argentina, y que el candidatovicepresidencial ha señalado el interés de convertir aChile en un consumidor del gas boliviano bajo laperspectiva de recuperación de la soberanía marítimadel país, proyectos que no redundarán en beneficiosreales si no se alcanza una verdadera capacidad estatalpara determinar los precios de exportación y que puedenponer en riesgo la existencia de suficientes reservasprobadas para encarar proyectos de industrialización.

Como puede observarse, las ofertas de las fuerzaspolíticas intentan cubrir con un velo de sombra suinterés por mantener, con ciertas diferencias, la situaciónde control monopólico de las empresas transnacionalessobre los recursos hidrocarburíferos en el país. El alcancede todas las propuestas gira en torno a la construcciónde equilibrios y complementariedades entre el Estadoy las empresas petroleras.

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Sin embargo, como se ha señalado previamente,la única manera de hacer que el Estado se apropie delexcedente generado por la explotación de loshidrocarburos, es a través de un cambio radical de lapolítica sectorial que permita el control monopólicodel Estado de todas las actividades de la cadena deproducción hidrocarburífera.

De la lectura se desprende que la mayoría de laspropuestas electorales van en sentido opuesto. Bajo elpostulado de armonizar las relaciones entre lascorporaciones petroleras y la participación estatal, creanexpectativas falsas en la población y prolongan la actualdinámica del sector, sujeta a la acumulación de capitalfuera del país. Proponer recuperar –progresiva y/oparcialmente– el dominio sobre estos recursos naturales,no significa más que prolongar la apropiación privadadel excedente hidrocarburífero.

Las exportaciones de hidrocarburos como materiaprima son el principal mecanismo de exacción delexcedente por parte de los monopolios petroleros, paralo cual es requisito imprescindible mantener lapropiedad efectiva de los hidrocarburos a través depolíticas estatales permisivas, que adjudican elprotagonismo a la inversión extranjera en toda la cadenaproductiva y le garantizan el control de los mecanismosde fijación de volúmenes y precios. En este sentido,las propuestas, al permitir que la exportaciónpermanezca bajo el control de las transnacionales,consolidan su presencia dominante.

La industrialización de los hidrocarburos esimpensable si el Estado no la asume directamente ensu carácter de monopolio sectorial. La existencia deuna división internacional del trabajo que condena alos países atrasados al rol de proveedor de materiasprimas baratas, sólo puede ser enfrentada por losmonopolios estatales de los países productores quepromuevan la inserción de productos industrialespropios, bajo condiciones soberanamente determinadas.

La refundación de YPFB que plantean loscandidatos reedita lo estipulado por la nueva Ley deHidrocarburos que, al someterla a los principios liberalesy las reglas de mercado vigentes, la convierte en unaempresa marginal, peor aún si no se prevé larecuperación total de la infraestructura física que lefue expropiada mediante la privatización.

Como corolario, parece oportuno recordar lasentencia de Almaráz: “El fortalecimiento de la industriaestatal no admite términos medios: o se fortalece, olos intereses privados la eliminan. La empresa privaday fiscal se excluyen mutuamente (…) Mientras laempresa privada tiende al monopolio privado, laindustria fiscal rompe ese monopolio (…) Es claro quela industria fiscal en Bolivia no podrá crecer bajo lasombra de los monopolios extranjeros, ni éstosconsiderarán concluida la etapa de su consolidaciónmientras no eliminen todos aquellos instrumentoseconómicos que favorecen la defensa de la independencianacional”.

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Réquiem para el empleo ylos derechos laborales¿Cómo conciben la situación actualdel empleo?

La problemática del empleo se vincula con laforma que asume el desarrollo capitalista en el país,en el que el nudo crítico que explica su reducidodinamismo radica en la estructura oligopólica de lainversión productiva y la concentración sectorial delas inversiones en los sectores primario exportadoresque mantienen escasos eslabonamientos con el restode la economía, con una presencia predominante enregiones con mayor concentración de recursos naturalesy población. El segmento típicamente capitalista dela economía –al que denominan “sector moderno”–tiende a concentrarse en grupos cada vez más reducidosde poder económico, orientando su producción haciael exterior y funcionando con insumos y materiasprimas básicamente importadas, con un mercado deingresos medios y altos, tanto en lo interno como enlo externo.

De este rasgo se deriva un primer problemaestructural del empleo que consiste en el reducido pesodel “sector moderno” en la ocupación total, lo quegenera un amplio excedente de fuerza de trabajo quesubsiste en torno a actividades de reproducción simpleen el campo y las ciudades, aunque subordinada através de diferentes mecanismos a los procesos deacumulación de capital (campesinos, trabajadoresindependientes, asalariados de pequeñas unidadeseconómicas); de allí se originan otros dos problemasestructurales: la baja productividad de la mayor partede la fuerza de trabajo y el desempleo abierto. Así, elmayor nivel de desempleo no hace más que expresarlas limitaciones crecientes de la economía para ocuparen condiciones adecuadas a una fuerza laboral enconstante aumento.

Las políticas neoliberales exacerban estos factorescausales, provocando una mayor desarticulación delaparato productivo, la caída de la producción y de laproductividad, reforzando la heterogeneidad estructuraly el desempleo, fenómenos de los que se nutren losprocesos de flexibilización laboral y la precariedadgeneralizada del empleo. En un contexto de crecimientoeconómico sin empleo, el aumento del volumen de lafuerza de trabajo presiona negativamente sobre laestabilidad laboral, los salarios y el acceso a prestacionessociales (salud, seguridad social) del conjunto de losocupados, generando tendencias regresivas en el ejerciciode los derechos del trabajo que se profundizan con lallamada “liberalización” del mercado de trabajo.

Mientras todas las propuestas electorales analizadasvenden ilusiones sobre el empleo, el diagnóstico quese hace sobre la problemática laboral y los cambios enel mundo del trabajo, es superficial y hasta

contradictorio. Para el MAS, por ejemplo, el análisisde la situación del empleo se reduce a señalar losdesequilibrios en el mercado de trabajo. Además, seafirma que la demanda laboral es menor que la oferta“debido a inversiones intensivas en capital en elsegmento moderno que habrían provocado el desempleoy la ampliación del sector informal”, aunque másadelante señala que “los empresarios tuvieron comobase de la productividad y la competitividad a laflexibilización y precariedad laboral”. Lo anteriorequivale a decir que no son los factores tecnológicoso “inversiones intensivas en capital en el segmentomoderno”, los que explican por sí mismos la realidadlaboral.

UN y PODEMOS coinciden en que el desempleoes uno de los principales problemas sociales del país,pero lo atribuyen a los errores de gestión del “modeloeconómico”, en un caso, o a la “ortodoxia gonista” ensu aplicación, en el otro. Para PODEMOS, el desempleoes, además, una expresión de: i) la migración campo-ciudad; ii) la profundización de las diferenciaseconómicas regionales entre oriente y occidente; iii) elestancamiento económico del altiplano boliviano; yiv) la concentración de la población pobre en áreasperiurbanas. Todos estos factores reproducen “círculosviciosos” que impiden el acceso a nuevas oportunidadeslaborales, amplían la discriminación laboral por géneroy condición étnica y provocan el crecimientoincontrolable del Sistema Informal Urbano (SIU).

La situación de precariedad laboral que afecta amás del 70% de la fuerza de trabajo también estáausente en sus consideraciones; en el MAS apenas seencuentra una mención a la mayor explotación de lostrabajadores asalariados como resultado de las políticasde flexibilidad laboral y a la “autoexplotación” entrelos trabajadores independientes, desconociendo que,en último término, éste es el resultado de la crecientesubordinación del trabajo a las necesidades deacumulación del capital.

Las propuestas: transición hacia lomismo

La orientación general de las políticas y el empleoPara el MAS, la generación de empleo en el largo

plazo será el resultado de un nuevo “patrón dedesarrollo”, basado en la industrialización de los recursosnaturales y la construcción de una matriz productivaintegral con capacidad para generar ahorro, inversión,empleo e ingresos estables, y producción destinada almercado interno y a las exportaciones. En consecuencia,la política de empleo estará articulada a una políticade desarrollo productivo, a la política económica y auna reforma de la legislación laboral Inicialmente, elMAS solamente planteaba eliminar las normas que

Réquiem para el empleo y los derechos laborales

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favorecen la “libre contratación” contenidas en el D.S.21060 y otras disposiciones legales. Más adelanteplantea una revisión del marco legal vigente, sinexplicitar los principios que orientarán esta posiblemodificación..

En esta perspectiva, el MAS postula que el Estadojugará un rol central en la formulación de una estrategiade desarrollo productivo, mediante el apoyo a lascadenas productivas y el potenciamiento a sus eslabonesmás débiles mediante la gestión “equitativa delintercambio entre pequeños productores y grandesempresarios”; asimismo, adoptará políticas diferenciadaspor segmentos o estratos (grande y mediana empresa,por un lado, artesanos y Mediana y Pequeña Empresa[MYPE], por otro) y la creación de un entornoregulatorio favorable.

PODEMOS postula la promoción de un nuevomodelo económico que consiste en “cambiar el manejode la política económica con el propósito de brindaroportunidades para toda la población y en especial delos sectores más pobres […] cerrando la era gonista deaplicación de macroreformas sin medidas específicasdirigidas a la promoción de la actividad económica”.En este marco plantea el apoyo estatal al sectorproductivo para estimular el crecimiento económico,aumentar las exportaciones y generar empleo,promoviendo una mayor participación de los pequeñosproductores en el sector externo con productos notradicionales.

Por su parte, UN también propone avanzar haciaun nuevo modelo de desarrollo orientado a brindar“justicia y paz” al país ante el fracaso del modeloneoliberal. Aunque de manera similar a PODEMOS,el cambio de modelo sería el resultado del ajuste enalgunos instrumentos de política económica. En estemarco, UN postula el cambio de la economía nacionala partir del “crecimiento desde abajo” con el propósitode lograr un incremento substancial de los empleos,ingresos, productividad y exportaciones de las pequeñasunidades económicas urbanas y rurales, fomentandosu organización en torno a redes y cadenas productivasde exportación, con el apoyo del Estado.

Las políticas sectorialesEl MAS plantea que las políticas macroeconómicas

y sectoriales deben “responder a la realidad de laindustria manufacturera”. Para ello, se establece quela política fiscal responderá al objetivo de lograr mayoresingresos a través de la ampliación de la base tributariaincluyendo a la MYPE, una mayor presión tributariay un nuevo impuesto, esta vez a los salarios, a pesar desus efectos previsibles sobre una mayor contracción delmercado. También pretende modificar la políticafinanciera para la llegada fluida de recursos en calidad,cantidad y oportunidad adecuados a la industria,incidiendo desde el Estado en un cambio de lacomposición y condiciones del financiamiento. Sinembargo, como se ha visto antes, no se proponen

medidas para superar los elementos “distorsionadores”de las políticas neoliberales. Por lo tanto, se puedeafirmar que, en sus términos, la propuesta no estáencaminada a crear nuevas condiciones de entorno queotorguen viabilidad a los objetivos del desarrolloproductivo propuesto.

En términos sectoriales –y con referencia a lagrande y mediana empresa–, el MAS propone favorecerlas condiciones para el financiamiento a través de lacreación de la Banca de Fomento para el Desarrollo yel diseño de una política de desarrollo tecnológico einnovación, cuya aplicación sería instrumentada porun Banco de Tecnología. No existen mayoresconsideraciones sobre la orientación de esta política entérminos de desarrollo de los sectores que producenbienes de capital y del fomento al desarrollo de lasfuerzas productivas en el sector industrial y, enparticular, en las pequeñas unidades económicas. Planteatambién una política de apoyo a la producción, aunquedesvinculada de la anterior, por cuanto operaría a travésde una red de servicios empresariales, abarcando aspectosde gestión empresarial y financiamiento a proyectosde preinversión.

Complementariamente, se establecen otrosinstrumentos de política como la continuidad delprograma Compro Boliviano y otros vinculados conincentivos –vía subsidios temporales– al empleo y laasociatividad, bajo el argumento de favorecer lareducción de costos y promover la reinversión deganancias; sin duda, esta política de incentivos seguiráactuando a favor de los oligopolios industriales, puestoque la experiencia se ha encargado de mostrar que,debido a la mentalidad rentista de los industriales,menores costos laborales o mayor sacrificio de lostrabajadores e incentivos financiados con los impuestosque pagan los trabajadores como consumidores, no sehan traducido en nuevas inversiones capaces dediversificar la producción industrial y generar nuevosempleos.

Las propuestas de PODEMOS y UN se dirigen aprofundizar la orientación exportadora de la economía,con un papel del Estado dirigido a la promoción,organización y articulación de la micro y pequeñaempresa urbana y rural, y al saneamiento yregularización de la propiedad en el campo y las ciudadesCon un enfoque tributario del liberal Hernando deSoto, se busca “movilizar el capital dormido” de lospequeños productores como garantía para el acceso afinanciamiento.

Concretamente, PODEMOS plantea “superar eldifícil acceso al financiamiento, la inseguridad jurídicasobre los derechos de propiedad, la escasa generacióny uso productivo del ahorro interno, el bajo coeficientede inversión bruta, las barreras que impiden una mayorasociatividad y un adecuado tamaño de las unidadesproductivas, la insuficiente calificación de la mano deobra y una tecnología rezagada”. Para ello, propone

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mecanismos financieros convencionales, una alianzaentre productores, entidades de servicios financierosy no financieros y el Estado –el Sistema de FomentoProductivo (FOPRO)– y un conjunto de medidas defomento al sector exportador.

Para UN, una de las condiciones para impulsar elcrecimiento desde abajo es promover la neutralidadpara las grandes empresas, con más responsabilidadsocial, con seguridad jurídica, sin subsidios ni privilegiosestatales. La otra es impulsar la integración o articulaciónproductiva entre los pequeños y grandes productoresa través de contrataciones, compras y financiamiento.

Por lo analizado, todas las propuestas se orientana promover el desarrollo productivo, impulsando cadenasproductivas y la articulación de los pequeños, medianosy grandes productores con la participación del Estado,sin cambios en la orientación de las políticas de “libremercado”, en particular en lo concerniente a laprofundización de la apertura comercial y la privatizaciónTodos señalan un trayecto hacia la negociación de nuevosacuerdos comerciales, la articulación entre el capitalnacional y extranjero y la garantía de seguridad jurídicamás allá del interés nacional., lo que significa que semantendrán las condiciones restrictivas para impulsarla producción con destino al mercado interno, el accesoa recursos productivos, la inversión pública de apoyo ala producción y, por lo tanto, para la generación deempleos.

Supuestos y actoresTodas las propuestas analizadas definen roles para

el Estado y el sector privado (empresa nacional, unidadesde pequeña escala urbanas y rurales, cooperativas y lasempresas transnacionales), manteniendo el papelprotagónico de la gran empresa con relación a losobjetivos propuestos en el ámbito de la producción yel empleo. Asimismo, todos coinciden en laconstrucción de un Estado que permita la convivencia“equitativa y complementaria” entre las empresasgrandes, medianas pequeñas y la empresa extranjera.

En la propuesta del MAS existe un intento porrecuperar un rol normativo del Estado para el desarrolloproductivo/industrial y asignarle un papel económicovinculado con sectores donde se concentra el excedente(hidrocarburos, minería), en la perspectiva de generarrecursos para una mayor inversión pública productivay en infraestructura, por su impacto inmediato en lageneración de empleo temporal y en la demandaagregada. Se trataría de un Estado descentralizado queasigna a las administraciones regionales laresponsabilidad de la reducción de las asimetrías, laeliminación de la exclusión económica, social, culturaly política, y la satisfacción de las necesidades básicas.

PODEMOS y UN proponen también un rol activodel Estado en la promoción del sector productivo y elcrecimiento económico, recuperando la credibilidadde sus instituciones, superando los problemas de

ineficiencia, corrupción y descuido en la atención delos sectores más pobres del país; un rol que aparecesubordinado a la garantía de seguridad jurídica de lapropiedad e inversión privada.

En cuanto a la participación de los actores privadosy las posibilidades de convivencia armónica entre sí yel Estado, las propuestas parten de supuestos muyfuertes que desconocen una realidad donde predominanlos procesos de explotación del pequeño productor bajorelaciones de dominación y subordinación; o, en sucaso, los procesos de concentración y centralización delcapital que conducen a la formación de grandesmonopolios u oligopolios que se apropian de losexcedentes del trabajo social.

Por esta razón, plantear —como lo hacen laspropuestas políticas analizadas— que las unidades depequeña escala serán el “núcleo central de ladiversificación de la producción y el empleo, así comopara la generación de excedentes económicos” (MAS)o “lograr que sus exportaciones sean equivalentes a lasexportaciones de materias primas” (PODEMOS), o el“crecimiento desde abajo” (UN) a condición, además,de articularse con la grande y mediana empresa, suenaa un discurso hueco de cara a un estrato con altopotencial de movilización social. En realidad, laarticulación de los pequeños productores a la granempresa —supuestamente integrando cadenasproductivas virtuosas— en condiciones asimétricas deintercambio, solamente puede llevar a una mayorexplotación del trabajo asalariado y familiar, con extremadesprotección social.

Por su parte, el MAS adelanta otros supuestostambién irreales. El primero es que el sector privado,a nivel departamental y local, comenzará a jugar unrol distinto en la inversión y el empleo, sólo por elhecho de contar con una estrategia de desarrolloproductivo; el segundo es más crítico, pues define queserán las empresas transnacionales y la gran empresanacional las que contribuirán esencialmente a laconstrucción de la matriz productiva en los nuevedepartamentos del país. En los hechos, la inversiónextranjera privilegia la explotación de determinadosrecursos productivos y desconoce cualquierconsideración sobre empleo y ordenamiento territorial,ya que responde a estrategias de países y empresasdominantes a nivel mundial. Del mismo modo, la granempresa nacional invierte allá donde se pueden obtenerganancias; de allí que es ilusorio plantear que solamentepor voluntad del Estado se puede lograr un cambio enel destino de la inversión a partir de estos actores.

Un tercer supuesto, que también desconoce losprocesos recientes, establece que las empresas nacionalesgrandes del campo y las ciudades asumirán el papelcentral en la reestructuración del aparato productivo;sin embargo, en el curso de los años noventa se hapodido demostrar, con referencia a la industriamanufacturera, el bajo perfil que ha tenido esta

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reestructuración, en cuanto a la transformación de lasbases tecnológicas, de organización de la produccióny del trabajo; en cambio, todas las empresas industrialeshan basado su rentabilidad básicamente en el ahorrode costos laborales antes que en mejoras en laproductividad. Es decir que ese sector privado al quese apela no ha demostrado interés ni siquiera paraencarar su propia reestructuración con una perspectivade competitividad genuina.

En definitiva, todos los partidos siguenidentificando como actor principal del “crecimientoproductivo” y eje de articulación a la empresa privadanacional y extranjera, teniendo como complementosecundario a las pequeñas unidades económicas, unareceta que en estos 20 años de neoliberalismo tuvodesastrosos resultados para el empleo y la equidad enel país.

Micro y pequeña empresa:subordinación para la acumulación

Todas las propuestas postulan convertir a la MYPEen un potencial competitivo, promoviendo mecanismosde articulación y complementariedad de diversas lógicasy tamaños de las unidades económicas. Con el apoyodel Estado, se convertiría en el sector que garanticeque los logros del crecimiento económico productivose transformen en más empleos, más exportaciones notradicionales, equidad social y reducción de la pobreza.

En sus propios términos, este desafío no guardarelación con las políticas definidas para sufortalecimiento, pues todos los partidos analizadosproponen crear una institucionalidad adecuada parapromover su productividad y competitividad, facilitarsu formalización, apoyar el acceso al financiamientosin desmontar la institucionalidad de las microfinanzas,fomentar su asociación y articulación en cadenasproductivas, a través de servicios para el desarrollo dela capacidad empresarial y la formación de nuevosemprendedores. Sin embargo, para diferenciarse depropuestas similares que han proliferado y se hantratado infructuosamente de instrumentar en el marcode las políticas sociales neoliberales, postulan que setrata de crear un nuevo diseño de desarrollo productivocon apoyo estatal.

Considerando que la existencia de un ampliosegmento de trabajadores independientes y pequeñosproductores es inherente al desarrollo desigual delcapitalismo, es posible concluir que la apuesta a laMYPE aparece, por un lado, como la instrumentaciónde la mano de obra situada en las formas pre o semicapitalistas, como condición para la reactivación de lasempresas grandes, en este caso por la vía de la extracciónde excedentes necesarios para estimular su crecimiento.Por otro, como la formación de nuevos pequeñoscapitalistas “emprendedores”, funcionales a lareproducción del capital en su papel “abaratador” y“disciplinador” de la fuerza de trabajo, puesto que elalcance de la legislación laboral no abarca a estos

estratos. Por cualquiera de estas vías, las políticaspropuestas no auguran resultados en términos decrecimiento económico con equidad, sino que seguiránprofundizando el circuito perverso del atraso y lapobreza.

La emergencia como rutinaDirigidas a los grupos vulnerables de la población,

estas políticas son propuestas por MAS y PODEMOS.El MAS instrumentará esta política en programas deempleo similares a los que se vienen aplicando en losúltimos años en el marco de la política social deemergencia (Plan Nacional de Empleos de Emergencia- PLANE) y se dividen en cuatro tipos: empleos deemergencia, empleo en zonas rurales deprimidas,promoción del autoempleo individual y en empresascooperativas, y asistencia a microempresas. En lapropuesta de PODEMOS, los programas de empleode emergencia se circunscriben a la continuidad delPLANE, teniendo como destinatarios principales a lasmujeres y los jóvenes.

Lo nuevo con relación a lo existente es que, en lapropuesta del MAS, estos programas se abren a laparticipación del sector privado, creando una compuertaadicional para profundizar la explotación de la fuerzade trabajo. Hasta ahora la existencia de este tipo deprogramas ha servido para difundir las condicionessalariales y de trabajo de los empleos de emergenciaen actividades privadas afines a las priorizadas por elPLANE (construcción, mantenimiento de vías, parques,etc.). A partir de ahora, con el argumento de generarmás empleos, el sector privado tendría luz verde paraflexibilizar no solamente los salarios sino otrascondiciones de trabajo, sea que se vincule o no conestos programas. Esto entra en franca contradiccióncon su propuesta dirigida a eliminar las normas querigen la libre contratación y que han servido paraprecarizar el trabajo asalariado.

Por otra parte, resulta cuando menos irónico que,en un país donde más de la mitad de los trabajadoresde las ciudades y más de tres cuartas partes en el camposon “autoempleados”, el MAS busque promover el“autoempleo individual”, mediante el apoyo para la“formulación de un proyecto empresarial” La idea de“crear empresarios” que atraviesa toda la propuesta,aquí cobra un matiz irónico, por cuanto

el programa está dirigido a los grupos de extremapobreza en el país., la capacitación o el acceso al crédito.Además, esta es una paradoja en dos sentidos: se siguenpropiciando las condiciones para atomizar a la fuerzade trabajo y profundizar la heterogeneidad estructuralque se pretende superar y se persiste en la idea de “crearempresarios” donde solamente existe fuerza de trabajo,despojada de medios de producción en busca de unempleo asalariado como fuente regular de ingresos.

Por todo lo señalado, además de la apuesta inciertaa los efectos empleo de las políticas macro y sectoriales,

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las políticas activas se reducen nuevamente a losprogramas de emergencia de empleo, que, bajo esenominativo o cualquier otro, ya son parte oferta defuentes de ingreso temporal para la población máspobre, a través de la realización de obras y serviciosen el ámbito local. Esto muestra la continuidad de unapolítica social asistencial disfrazada de política dedesarrollo productivo, que busca frenar la eclosiónsocial que se origina en la pobreza y exclusión socialde los hogares llamados “vulnerables” del campo y lasciudades.

Sobre este aspecto es necesario recordar que estosprogramas focalizados y sujetos a los vaivenes delfinanciamiento externo, se crearon para contener eldescontento y las movilizaciones sociales en demandade empleo dentro de los canales institucionalizados (ypor tanto, controlados/controlables). Sin embargo, estaintención fue progresivamente sobrepasada puestoque en el último quinquenio, en el entorno de estosprogramas emergió un movimiento de trabajadoresdesocupados y otros con inserciones intermitentes enla actividad económica (en su mayoría mujeres) que,en rechazo a las características de los empleos deemergencia, se organizó para demandar empleosasalariados, estables, adecuadamente remunerados ycon cobertura de prestaciones sociales.

Seguridad social: ausencia deprotección

En todas las propuestas destaca la ausencia de undiagnóstico respecto a los resultados de la reforma delsistema de pensiones y las mayores restriccionesimpuestas a los trabajadores para el acceso a una rentade vejez. En términos de acciones, el MAS, con unsentido más discursivo que orientado a políticasgenuinas destinadas a transformar el sistema actual,plantea avanzar “hacia un nuevo sistema universal ysolidario”, sin mencionar los mecanismos para suconcretización. En el documento in-extenso, apareceotra mención aislada que establece la obligación de lasadministraciones departamentales para destinar un20% de sus recursos a la creación de un pilar solidariode protección social; empero, considerando todas lasresponsabilidades transferidas a estas instancias estatales,esta es una exigencia que seguramente quedará comoparte de las buenas intenciones.

PODEMOS y UN, claramente apuestan por lavigencia del actual sistema privado de capitalizaciónindividual; por ello plantean la reestructuración delServicio Nacional del Sistema de Reparto, SENASIR,y mejorar la eficiencia de las AFP, como acciones aisladasrespectivamente, mostrando una vez más el carácterconservador de sus propuestas electorales Con lafinalidad de fomentar la afiliación de los trabajadoresindependientes, de empresas populares y productoresrurales, UN propone aportar un boliviano por cadauno de aporte efectuado por éstos. .

A siete años de su ejecución, la reforma depensiones fue un fracaso en cuanto a sus objetivos de

ampliación de la cobertura; la proporción de trabajadoresasalariados que aportan regularmente apenas llega al30%, mientras que los trabajadores independientesapenas representan el 4.3%. Desde la perspectiva delos trabajadores, la posibilidad de jubilarse y accedera una renta de vejez digna se ha tornado incierta debidoa los bajos salarios y la inestabilidad laboral presentesen el mercado de trabajo. Frente a esta incertidumbre,los trabajadores asalariados vienen demandando laabrogación de la Ley de Pensiones vigente y su cambiopor un nuevo sistema sustentado en los principiosrectores del derecho a la seguridad social, una exigenciaa la que las propuestas no buscan responder.

El tiro de graciaEl análisis de las propuestas electorales no permite

vislumbrar posibilidades reales de cambio en la situaciónactual del empleo, por cuanto las políticas de desarrolloproductivo que se pretenden impulsar, por suorientación y contenido, refuerzan las actuales tendenciasde funcionamiento del capitalismo en el país. Todoapunta a la continuidad de las políticas de “libremercado” que han impedido promover el desarrollopor la vía del crecimiento económico productivo congeneración de empleo y han provocado las actualestendencias de flexibilización y profundización de laprecariedad laboral.

A pesar de los efectos de las políticas neoliberalesen la ampliación de formas de uso flexible de la fuerzade trabajo que conllevan una mayor explotación yprecariedad laboral, las propuestas pasan por alto estarealidad, o cuando reparan en ella no recuperan elprincipio de intervención estatal en la regulación delas relaciones laborales como posibilidad para comenzara superar la pérdida de la calidad de los empleos. Siendoprevisible la persistencia de un escenario caracterizadopor el aumento del excedente de fuerza de trabajo yde los niveles de desempleo, la ausencia de fiscalizaciónefectiva en la aplicación de las normas laborales, seguirálimitando la capacidad de negociación de los sindicatosy, por lo tanto, las posibilidades reales de una mejoraen las condiciones laborales. Por su parte, la aperturade nuevos espacios para la articulación subordinada dela MYPE a las grandes y medianas empresas, ampliarálas condiciones de explotación del trabajo y laexpoliación del excedente del trabajo social a favor dela acumulación de capital, perpetuando las condicioneslaborales precarias en este segmento de la economía.

En estos términos, la política de empleonuevamente se reduce a los programas de empleo deemergencia como el PLANE, cuyo alcance estarádefinido por la disponibilidad de financiamiento. Esdecir, que en los hechos, se acaba proponiendo lo únicoque las políticas neoliberales han podido ofrecer al paísen materia de empleo.

Problemática rural y agraria: Los privilegios que pervivirán

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Problemática rural y agraria:Los privilegios que pervivirán

P o l í t i c a s a g r o p e c u a r i a s yforestales: beneficios para laexportación

Dos son los aspectos que interesan conocer ydebatir en este ámbito en relación a las propuestaselectorales. Por un lado, la orientación interna o externaque se le asigna a la producción agropecuaria y forestaly, por otro lado, el de la apertura comercial. Sindesconocer que han sido varias las políticas y medidasneoliberales que han incidido en las transformacionessectoriales y, de manera específica, en la pauperizaciónde vastos sectores campesinos, estos dos aspectos soncentrales para señalar qué clases sociales o fraccionesde clase de la sociedad rural serán las que se beneficiende las políticas estatales a partir de 2006.

Para PODEMOS, la consigna con la que se inauguróel neoliberalismo “exportar o morir” debe seguir orientandola economía del país y la del sector agropecuario y forestalen particular. Se trata de “lograr 5.000 millones de dólaresde exportación sostenible de productos no tradicionales”,desafío histórico que “recaerá en los empresarios privados”.Asimismo, la micro, pequeña y mediana empresa que“deben ser el verdadero sostén del crecimiento sostenibley de generación de empleo” de la economía, tambiéndeberán articularse al mercado externo lograndoexportaciones que deberían ser “equivalentes a lasexportaciones de materias primas”. Por ello, consideraprioritario brindar “seguridad jurídica plena para quienesproducen y exportan en zonas orientales”.

En esta perspectiva, PODEMOS “priorizará lanegociación del Tratado de Libre Comercio con losEstados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú y laampliación temporal de la Ley de PreferenciasArancelarias Andinas y Erradicación de la Droga[ATPDEA, por sus siglas en inglés]”, bajo el argumentode que “Bolivia es una de las economías más abiertasdel mundo”, por lo que “los acuerdos de libre comerciosólo pueden beneficiarnos al abrirnos nuevos mercados”.

Para los campesinos pobres, la propuesta dePODEMOS prioriza el ámbito de las microfinanzas(vía Cajas Comunales con apoyo de ONG y FondosFinancieros Privados) como medio para mejorar su“capacidad productiva” y “de ingresos”. Sin embargo,la preocupación central de PODEMOS gira en tornoa brindar garantías a estas instituciones financieras. Esreiterativo en este aspecto y lo hace desde el discursodel empoderamiento de los indígenas, entendido éstecomo el rescate de los usos y costumbres para la inserciónde conceptos, valores e instituciones del mercado alinterior de sus comunidades. En otras palabras, darviabilidad en el marco de usos y costumbres para quela pequeña propiedad y el solar campesino sirvan comogarantía de crédito y puedan ser embargados.

Para UN, países como Bolivia de “economíaspequeñas, pobres y con poca población” deben “exportarsus productos para generar empleo y mayores ingresospara sus habitantes”. Plantea que para lograr un“crecimiento económico sostenible y justo” se debe“impulsar a los pequeños productores para que puedanproducir y exportar”, para lo cual se promoverá alianzasentre éstos y las grandes empresas. De manera similara PODEMOS, UN plantea que para lograr “un paísde exportadores” se debe “garantizar la seguridadjurídica” a través de una Ley de Exportaciones y deuna Ley de Promoción Económica y se debe “aprovechareficientemente todos los acuerdos de comerciointernacional”.

En relación al sector agropecuario, UN hace unaselección de cultivos y rubros por regiones bajo elconocido planteamiento de las cadenas productivas y,en el tema forestal, plantea “incrementar las áreascertificadas” para cubrir la demanda de “productoscertificados en mercados desarrollados” y “generardivisas a partir de la venta de certificados de reducciónde monóxido de carbono (CO2) a organizacionesambientalistas”.

Si bien el MAS, a diferencia de PODEMOS y UN,propone entre sus estrategias el “apoyo a la producciónpara la soberanía alimentaria”, lo que en teoría implicatener en cuenta a los productores, fundamentalmentecampesinos, que están articulados al mercado interno, este partido considera necesaria una “reorientación deldesarrollo rural de acuerdo a dos premisas”. Una primerade “generación de ingresos y empleos extrapredialesde la población rural” y, una segunda, de “articulaciónde la producción rural con el mercado urbano, a travésde la identificación y promoción de cadenas productivasexportadoras”. Esta última propuesta coincideplenamente con los planteamientos de PODEMOS yUN. Para el MAS, se deben negociar acuerdos deintegración comercial, pero en el marco de algunoslineamientos de soberanía.

El MIP plantea “cambiar la matriz de desarrollo”que se caracteriza por ser exportadora de materias primas,por un “patrón de desarrollo productivo comunitarioeficiente, orientado a la exportación de productos convalor agregado”. La base de este cambio estaría en la“creación de industrias comunales en los sectoresproductivos”, para lo cual se debe “impulsar, promovery facilitar el desarrollo empresarial, en particular el dela pequeña, mediana empresa y la producción agrícola”.Paralelamente plantea “satisfacer el mercado (interno)en un 80% con productos nacionales”. En este sentido,también le asigna importancia al mercado interno; esdecir, al mercado al cual está estrechamente vinculadala gran mayoría de los productores campesinos. En el

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plano de los acuerdos comerciales, esta agrupaciónpolítica rechaza “las políticas neocolonialistas” como elAcuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA),TLC y otros.

Las propuestas permiten sostener que tantoPODEMOS, UN como el MAS privilegian el mercadoexterno para el desarrollo de los sectores agrícola,pecuario y forestal asignando para ello un rol centrala las cadenas productivas. Se apuesta, entonces, amantener los lineamientos centrales de la EstrategiaNacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR)promovida por los organismos financierosinternacionales, que tiene como orientación fundamentalla inserción de la producción agropecuaria en losmercados de exportación, para lo cual prioriza el enfoquede las cadenas agroexportadoras que subordina ycondiciona la implementación de todas las políticas,medidas y acciones promovidas por el Estado a laconformación de eslabonamientos. La articulación alas cadenas agroexportadoras de los pequeñosproductores campesinos como proveedores de materiasprimas bajo las condiciones y precios fijados por losagroindustriales y exportadores, implica reducidosingresos para éstos, puesto que los mayores márgenesdel excedente generado serán apropiados por los otrosactores de la cadena. En efecto, en el caso de la cadenade la castaña se ha logrado establecer que en el paíssólo se queda el 25% del valor generado, mientras queun 75% es apropiado por las empresas transnacionales.Del valor retenido a nivel nacional, sólo un 8% delmismo es distribuido entre los miles de zafrerosasalariados y recolectores campesinos (CEDLA 2003).

En el caso del mercado interno, estas tresagrupaciones políticas tienen como oferta central loque los diferentes gobiernos neoliberales han venidopromoviendo como la gran política de incentivo paralos productores nacionales: el estrecho mercado de laspreferencias en compras estatales (desayunos escolares,centros de salud, cuarteles y cárceles), pequeño privilegioque puede desaparecer con la firma de un acuerdo delibre comercio con EEUU.

A partir de la aplicación de las políticas neoliberalesque orientaron la producción agropecuaria a laexportación y que promovieron una apertura comercialirrestricta, la importancia de la producción agrícolacampesina viene decayendo de manera pronunciada ycobra relevancia la producción basada en empresasagrícolas capitalistas. Durante el período deldenominado Capitalismo de Estado (1952-1985), queprivilegió la sustitución de importaciones de productosalimenticios de consumo masivo, la produccióncampesina —fundamentalmente aquella asentada entierras altas— lograba abastecer casi el 70% de lademanda de alimentos de la población (Pérez; 2005).Mientras que en 1985, cultivos típicamente campesinoscomo la papa, maíz suave, arroz y yuca representabanel 25% del total de la superficie cultivada, en 2004,esta proporción se había reducido al 16%. Por el

contrario, mientras en 1985 los cultivos denominadosindustriales (algodón, caña de azúcar, girasol, maní ysoya) representaban el 12% de la superficie cultivada,en 2004, concentraban el 39% (Vaca; 2005). En estesentido, el sector agrícola presenta dos tendenciasmarcadas: por un lado, una importante cantidad decampesinos ubicados fundamentalmente en tierras altascon serios problemas para enfrentar los embates delmercado y, por otro, un sector de empresas capitalistasagrarias y de campesinos ricos —fundamentalmenteasentados en la región de Santa Cruz— que van teniendouna importancia cada vez mayor en el ámbito sectorial.

Estas políticas además han coadyuvado a unamayor concentración regional de la producción agrícolaen el oriente del país. En 1989, la superficie cultivadaa nivel regional no mostraba diferencias significativas,pues el altiplano concentraba el 30,3% del total de lasuperficie cultivada, los valles el 32,4% y los llanos el37,4%. En 2004, el 18% de la superficie cultivada seconcentra en el altiplano, el 22% en los valles y el60% en los llanos; sólo el departamento de Santa Cruzconcentra el 56% del total de la superficie cultivadadel país (96% de la superficie de cultivos industriales,el 42% de la superficie de cereales y el 32% dehortalizas) (Vaca; 2005). El valor del PIB agrícola deldepartamento de Santa Cruz representa casi la mitaddel PIB agrícola nacional, región donde predomina laagricultura capitalista. (Pérez; 2005).

Estas políticas también han agudizado lastendencias del capitalismo en la agricultura en relacióncon procesos de diferenciación campesina. Por un lado,es posible advertir la presencia de una pequeña fracciónde campesinos ricos —fundamentalmente de valles yllanos— que se caracteriza por producir, tanto para elmercado interno como externo, con base en lacontratación de trabajadores asalariados. Y una granmasa de campesinos pobres semiproletarizados —fundamentalmente andinos— cuya reproducción yano depende de la producción agropecuaria, sino deingresos extraprediales conseguidos básicamente através de la venta de fuerza de trabajo temporal enpequeñas unidades productivas de campesinos ricos,en empresas agropecuarias medianas y grandes y enotros sectores de la economía (Pacheco y Ormachea;2000, Comisión Europea; 2000, Pellens; y Navia;2005). En este sentido, estamos ante un proceso en elcual una parte importante de la población campesinaya no figura en el mercado “como vendedora de mediosde subsistencia, sino como vendedora de fuerza detrabajo y como compradora de medios de subsistencia”(Kautsky; 1983). En consecuencia, la política degeneración de ingresos extraprediales propuesta por elMAS, no hace más que confirmar la inviabilidad deldesarrollo de la economía campesina bajo el capitalismo,modo de producción que con el aditamento de “andino”pretende ser fortalecido por el MAS.

Es importante señalar la importancia que vanadquiriendo las relaciones de trabajo asalariado en el sector

agropecuario. Mientras en 1976, el 70,7% de los patronesy empleadores agropecuarios se concentraba en los llanosy solamente el 15,9% en los valles y el 13,4% en elaltiplano, en 1996, el 34,3% se concentraba en los llanos(a pesar de su crecimiento absoluto), el 33,6% en losvalles y el 32,1% en el altiplano. Esta expansión geográficade relaciones capitalistas de producción hacia el occidentedel país, no está asociada exclusivamente con medianasy grandes empresas, sino también con el crecimiento delnúmero de pequeñas unidades de campesinos ricos queemplean fuerza de trabajo asalariada (Pacheco y Ormachea;2000). La importancia que PODEMOS, UN y el MASle asignan al desarrollo de los sectores empresariales enlos sectores agrícola, pecuario y forestal no guardan relacióncon la omisión de la que son objeto los trabajadoresasalariados del campo; ninguna propuesta plantea laprotección social de estos trabajadores —principalmentetemporales— por la vía de su incorporación a la LeyGeneral del Trabajo.

Políticas de tierra: un mercado queconcentra la propiedad

Otro tema central a debatir en relación a laspropuestas electorales es, sin duda, el referido a latenencia de la tierra, recurso por el cual existe unadisputa abierta entre los terratenientes que sebeneficiaron de políticas que les permitieron concentrarlas tierras más productivas del país, y los campesinospobres que se caracterizan por ser propietarios deminifundios asentados fundamentalmente en tierrasmarginales.

Para ello, es fundamental retomar brevemente eldebate sobre la Ley INRA que para unos es una suertede segunda reforma agraria y para otros una norma decontrarreforma agraria. Esta Ley se enmarca en losenfoques del neoliberalismo regulando los derechos depropiedad de los recursos naturales y de los factoresproductivos, principalmente de la tierra, de tal maneraque se garantice la libre movilidad de este factor. Enesta perspectiva esta norma contempla prioritariamenteacciones de registro y catastro, de saneamiento paraconsolidar la seguridad jurídica de la propiedad privadacomo bases para el libre funcionamiento de un mercadode tierras.

Desde un punto de vista histórico, la Ley INRAse constituye en el instrumento legal que permite darcontinuidad al proceso de Reforma Agraria de 1953,cuyo objetivo central no era otro que lograr el desarrollodel capitalismo en la agricultura. En este sentido, laaprobación de la Ley INRA debe ser entendida en elmarco de las necesidades de consolidación del patrónde acumulación primario exportador que requería laconsolidación legal de la estructura agraria tal cualquedó configurada a partir de 1953; es decir, a partirde la concentración de las tierras productivas en eloriente del país como base material de su realización.

Frente a este escenario y a partir de las demandasde tierras de los campesinos pobres del país, interesa

conocer si las propuestas de los partidos políticosanalizados darán respuesta a esta reivindicación social.Por ejemplo, actualmente “existen demandas de lospueblos indígenas y originarios para el saneamiento ytitulación de 40 millones de hectáreas como TierrasComunitarias de Origen (TCO), tanto en Oriente comoOccidente”, que “significa casi el 40% del territorionacional”. En contrapartida, “sólo 27 millones dehectáreas tienen vocación agrícola y/o ganadera”, tierrasque están “ubicadas principalmente en el Oriente” (LaPrensa 13/11/2005).

PODEMOS plantea “garantizar la seguridadjurídica y proteger el derecho propietario de quieneslegítimamente tengan adjudicadas tierras para usoproductivo y cumplan con la función económica socialestablecida en la Ley”, así como concertar con todoslos actores “sobre los parámetros técnicos queefectivamente definan el alcance de (la) funcióneconómico social”, proceso después del cual se revertiríanal Estado “las tierras que efectivamente no cumplancon esta función”.

UN considera importante “promulgar una nuevareglamentación de la Ley INRA consensuada, queenfoque la reversión de tierras que no cumplen funcióneconómica y social”. Plantea que “el Estado comprarátierras mejoradas para la creación de un Fondo deTierras” así como dotar o vender tierras fiscales a favorde empresas populares, empresas familiares yasociaciones de productores.

El MAS plantea un “relanzamiento de la ReformaAgraria” a través del “relanzamiento del proceso desaneamiento agrario priorizando áreas y conformandocomisiones de control social”. De manera similar aPODEMOS y a UN, considera importante otorgar“seguridad jurídica sobre las tierras”, para lo cual “elEstado respetará y apoyará las inversiones y los derechossobre la tierra de quienes probadamente la utilizan enforma productiva y sustentable”.

De las cuatro propuestas analizadas, únicamente elMIP plantea abrogar la Ley INRA y “sustituirla por laLey INDIO”. Se trata de “implantar una política deredistribución justa de tierras para los ayllus, comunidadescampesinas, pueblos indígenas y originarios, a partir dela reversión y expropiación de tierras ociosas que nocumplen la función económica social, que se encuentranen manos de los terratenientes”. Asimismo, plantea“crear el Ministerio de Tierra y Territorio que reconozcanuestros derechos preexistentes de ejercer dominio plenoy absoluto sobre el suelo, subsuelo y sobre suelo, losrecursos naturales renovables y no renovables, que seencuentran en los territorios indígenas”. Sin embargo,la propuesta de la Ley INDIO utiliza también el conceptode verificación de la función económica y social comocondición para la reversión de latifundios improductivos,por lo que su propuesta, como veremos más adelante,tampoco implica un cambio radical en relación a laactual distribución de la tierra.

Problemática rural y agraria: Los privilegios que pervivirán

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A pesar de algunas diferencias muy puntuales enalgunos procedimientos, PODEMOS, UN y el MASplantean su adscripción a la Ley INRA. Proclamancomo central el otorgamiento de la seguridad jurídicade la tierra y manifiestan su adscripción al conceptode saneamiento como el vehículo que permitirá afectartierras que no cumplan la función económico socialpara su posterior dotación a campesinos sin tierra ocon escasez de tierras. Lo cierto es que el proceso desaneamiento ideado por los mentores de la Ley INRAes el instrumento ideal para asegurar la gran propiedadterrateniente. Es importante recordar que la Ley INRAreconceptualiza la noción de función social de la tierrautilizada desde 1953, la que asociaba “el trabajo directoen la agricultura y la ganadería” (Muñoz; 1999). Parala Ley INRA, la función económico social en materiaagraria “es el empleo sostenible de la tierra en eldesarrollo de actividades agropecuarias, forestales yotras de carácter productivo, así como en las deconservación y protección de la biodiversidad, lainvestigación y el ecoturismo, conforme a su capacidadde uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interéscolectivo y el de su propietario”. De hecho, estos nuevosconceptos (sobre todo el que se refiere al interés delpropietario) hacen imposible que se encuentre tierrassin función económico social. Es más, la propia Leyconsidera suficiente la presentación del pago anual deimpuestos basado en el autoevalúo del propietario sobresu tierra como prueba de no abandono y, por tanto,impidiendo cualquier posibilidad de reversión de tierras

Es por ello que a más de nueve años de aplicaciónde la Ley INRA, el proceso de saneamiento que haavanzado fundamentalmente en Santa Cruz —dondeya se ha saneado alrededor del 54% de la tierras ydonde se encuentran las tierras más fértiles y aptas parala agropecuaria— no se ha revertido ni un centímetrode tierras al Estado. Por otro lado, es importante señalarque el propio gobierno sostiene que “existe pocadisponibilidad de tierras fiscales y las pocas tierrasfiscales —o tierras públicas sin ningún tipo depropietario— que existen son de uso forestal” (MDS/VT2005). Al respecto y con base en el último informe

(2004) de la Superintendencia Forestal, la tendenciahacia la concentración en este sector es también marcado,pues el 76% de la superficie de tierras fiscales está bajoconcesión de empresas forestales, mientras sólo el 24%restante corresponde a las denominadas AgrupacionesSociales del Lugar.

Frente a este panorama, las propuestas de loscuatro partidos en función de poder satisfacer lasdemandas de tierras y territorios comunitarios de origena campesinos pobres e indígenas, son absolutamentelimitadas. La orientación económica de las propuestas—fundamentalmente las de PODEMOS, UN y elMAS— que privilegian al mercado externo comodestino de su producción, terminan por favorecertambién la concentración de la tenencia de la tierra enmanos de quienes puedan insertarse de manera“competitiva” en estos mercados (medianos y grandesempresarios agropecuarios y forestales). En otraspalabras, la orientación exportadora que le ha sidoasignada a la agropecuaria, también se le ha asignadoa la gran propiedad terrateniente.

De esta manera, los gobiernos de la regióninducidos por los organismos financieros internacionales(fundamentalmente el Banco Mundial y el BancoInteramericano de Desarrollo), han abandonado losprogramas de redistribución de tierras transitando delmodelo distributivo de reforma agraria a la modalidadde “reforma agraria” vía mercados (compra venta detierras, arrendamiento y aparcería). Según el BID, lasreformas agrarias por medio de la expropiación sonpolíticamente muy exigentes (BID; 2002), por lo quela intervención directa del Estado en la distribucióny redistribución de tierras, según estos organismos, noes aconsejable. Las propuestas analizadas en relacióna la problemática de la tierra, hacen pensar que lospartidos políticos han recibido oportunamente elmensaje. Por ello, el conflicto por la tierra persistiráy se agudizará por la principal ley de la acumulacióncapitalista en la agricultura: la concentración de latierra por parte de las grandes empresas a expensas dela pequeña propiedad campesina.

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VENDEDORES DE ILUSIONES

VENDEDORES DE ILUSIONES

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Conocimiento al servicio de los trabajadores