UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA -...
50
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL SALVADOREÑO. MONOGRAFIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS PRESENTADO POR: ANA DELMY TRIGUEROS BOLAÑOS. ASESOR GERARDO NAPOLEÓN CISNEROS JOVEL. SAN SALVADOR, JULIO DEL 2003.
Transcript of UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA -...
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL SALVADOREÑO.
MONOGRAFIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN
CIENCIAS JURIDICAS
PRESENTADO POR: ANA DELMY TRIGUEROS BOLAÑOS.
ASESOR
GERARDO NAPOLEÓN CISNEROS JOVEL.
SAN SALVADOR, JULIO DEL 2003.
UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS
RECTOR: ING. MARIO ANTONIO RUIZ RAMIREZ.
SECRETARIA GENERAL: LIC. TERESA DE JESÚS GONZALEZ MENDOZA
DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS SOCIALES: LIC. ROSARIO MELGAR DE VÁRELA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS: DR. JOSÉ EDUARDO TENORIO.
INDICE Pág.
Introducción
CAPITULO I I. Antecedentes ......................................................................... 1
I.2 Planteamiento del Problema.................................................... 6
1.3 Justificación.............................................................................. 7
CAPITULO II. II.1 Conceptualización................................................................ 8
II.2 Naturaleza Jurídica.............................................................. 20
II.3 Diferentes Criterios que se toman en cuanta para la
aplicación de un criterio de oportunidad en la doctrina
y en nuestro ordenamiento jurídico..................................... 25
II.4 Competencia de los Criterios de Oportunidad..................... 28
CAPITULO III
III. 1 Requisitos para la aplicación de un criterio de
Oportunidad ...................................................................... 34
III.2 Procedimiento para la aplicación de un criterio de
Oportunidad....................................................................... 35
III.3 Beneficios.......................................................................... 36
III.4 Efectos............................................................................... 37
CAPITULO IV IV. 1 Conclusiones ................................................................... 39
IV.2 Recomendaciones............................................................ 40
V. Bibliografía....................................................................... 41
INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene como finalidad profundizar el estudio sobre los
criterios de Oportunidad en el Proceso Penal Salvadoreño, el cual se basa en la
necesidad de aportar un conocimiento a la sociedad.
Es así que con el presente trabajo se pretende analizar el merecimiento y
necesidad de pena, cuando el fiscal desee aplicar un criterio de oportunidad no
solo tiene que establecer si el caso se encuentra dentro de los parámetros que
establece el Art.20 Pr.Pn., sino hacer una análisis en cuento a verificar si la
aplicación de dicho criterio es conveniente dejar sin una pena a una persona
determinada.
El trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos, consistiendo el
primero en los antecedentes de los Criterios de Oportunidad, el Planteamiento del
Problemas, los Objetivos tanto Generales como Específicos, su Justificación y
Utilidad a la Sociedad.
El Segundo Capitulo trata sobre el merecimiento y necesidad de la pena,
su Conceptualización, naturaleza Jurídica, diferentes criterios que se toman en
cuenta para la aplicación de un criterio de oportunidad, competencia de los
mismos.
El Tercer Capitulo establece los requisitos y procedimiento necesarios
para la aplicación de un criterio de Oportunidad, como también sus beneficios y
efectos.
El último capítulo trata sobre las conclusiones y recomendaciones
del presente trabajo de investigación.-
CAPITULO I I. ANTECEDENTES
Hablar de antecedentes del Principio de Oportunidad implicaría, de alguna
manera, recordar momentos históricos en los que el sistema jurídico no respondía
a las necesidades que el Estado tenía en cuanto al control punitivo, eficaz y
oportuno. Así en tales circunstancias debía asumirse diversos criterios de
simplificación que permitieran corregir los excesos disfuncionales del sistema
legal preponderante, permitiendo con ello no sólo dar eficacia al sistema, sino,
llegar oportunamente al destinatario del mismo. En tal sentido, históricamente y en
el ámbito penal encontramos que los criterios utilizados han sido en su
generalidad de carácter represivo, ya sea cuando se resumía el proceso a la sola
confesión del imputado o cuando bastaba un elemento subjetivo adicional a la
imputación para efectos de, sin más, culminar el proceso. Se miraba al imputado
como una persona culpable sin darle más derechos que los que establecía en esa
oportunidad las leyes. 1
Conforme pasaba el tiempo y las sociedades progresaban comenzaron a
instalarse y perfeccionarse las diversas garantías y derechos en la administración
de justicia, esto provocó la formación de sistemas procesales que permitieron dar
cabida a los mismos, sin embargo y de manera paralela, la densidad poblacional,
la pérdida de valores y el incremento de necesidades de consumo provocaron el
aumento de la criminalidad y con ello sobrecargaron y congestionaron el
desenvolvimiento del sistema, de tal forma que fueron apareciendo nuevamente
criterios de oportunidad, empero, esta vez basados no en aspectos represivos,
sino en varios como lo son las salidas alternas al proceso como lo es hoy en día el
instituto de la conciliación, los criterios de oportunidad que son unas salidas
alternas al nuevo proceso penal que se está llevando hoy en día en nuestro país.
Es de hacer notar que en la legislación comparada tenía como sistema
Norteamericano el instrumento de simplificación el Plea Bargaining, que es un
1 Los ejemplos históricos, en ese sentido, salen sobrando, basta recordar que la tortura era el instrumento de simplificación procesal por excelencia en la época de la inquisición.
mecanismo institucionalizado por el cual se evita un juicio prolongado o una
condena mayor, por acuerdo entre las partes en la causa penal. El Plea
Bargaining consiste en el acto por el cual el imputado se declara culpable y
conforme con los cargos que le formulen, renunciando al derecho de que su causa
sea vista en un juicio con las garantías del debido proceso en el que se le pueda
declarar la absolución. En este supuesto se tiene que el Principio de Legalidad
deja paso al Principio de oportunidad. 2
Así mismo es de notar que otros países también han adoptado con éxito
parecidos mecanismos de simplificación y corrección procesal, así tenemos que
Inglaterra tiene el "Guilty Pea", en España a una figura similar se la denomina "La
Conformidad del Imputado" 3 en Italia se le conoce como el "Pattegiamento"
llamado Modelo de Partes, pero sin lugar a dudas el que ha servido de base a las
anteriores ha sido el modelo alemán de oportunidad 4 Los anteriores han servido
de inspiración no sólo para nuestro Principio de Oportunidad, sino, para las otras
formas de simplificación procesal.
Con lo anteriormente expresado se establece que el Principio de
Oportunidad es un postulado rector que se contrapone excepcionalmente al
Principio de Legalidad Procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto
de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al Fiscal, Titular de la Acción
Penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional en
materia penal, independientemente de estar ante un hecho delictuoso con autor
determinado, concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como
sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad de la pena, todo ello
2 SILVIA BARONA VILAR, “La Conformidad en el Proceso Penal”, Ediciones Tirant lo Blanch, Valencia - España, 1994. 3 Ibid pie de pág 2. 4 JULIO B. J. MAIER, “La Investigación Penal Preparatoria del Ministerio Público”, ediciones Lerner, Buenos Aires, 1975, Págs. 96 y siguientes, JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER, “El Proceso Penal Alemán” Edit. Bosch, Barcelona - España, 1985.
amparado en la necesidad de solucionar, en parte, el grave problema de la
sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria.
Por otra parte con lo anteriormente relacionado es de hacer notar que el
proceso penal se regía por el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la
acción penal, sin embargo hoy en día en los ordenamientos jurídicos modernos se
introduce el principio de oportunidad como excepción consagrada. Ya en 1919
VON LISZT, en la última edición de LEHRBUCH, señalaba “que en la legislación
sé hacia uso exagerado de la pena como medio de lucha”.5
El aporte a la nueva criminología critica y de las tendencias modernas del
derecho penal nos conduce a las serias reflexiones que desde el contexto que
sustenta el orden normativo se platea FERRAJOLI6, él porqué del derecho penal
y las tres cuestiones subordinadas en las que al rechazarse el abolicionismo
puede ser articulada la pregunta por que o cuando castigar (o no castigar); por
que, cuando y como prohibir ( o no prohibir), y por que cuando y como juzgar ( o
no juzgar). A este último aspecto o grupo de cuestionamientos (por que, como y
cuando juzgar o no juzgar) se inscriben las medidas de solución alterna de
conflictos por que permiten orientar el criterio del aplicador de justicia cuando se
enfrenta al caso concreto y debe de resolverlo según se le presenta y conforme le
determinan las garantías constitucionales y procesales del acusado.
Desde el punto de vista jurídico el criterio de oportunidad es conocido en
doctrina como principio de oportunidad, mismo que responde a la realidad social y
a la vez a la necesidad del estado de seleccionar los casos que llegan a la
5 JOSÉ MARIA CASADO PÉREZ , JUAN A. DURAN RAMÍREZ, CESÁREO DURO VENTURA, JUAN JOSÉ LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ MANUEL MARCO COS, CESAR E. SALAZAR GRANDE, JOSE LUIS SEOSANE SPIEGELBERG, “Código Procesal Penal Comentado”, Tomo I, Corte Suprema de Justicia, página 107.
6 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. 2ª Edición. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco e Rocío Cantarero Bandrés. Madrid, Trotta, 1997.
administración de justicia con el fin de aprovechar los recursos con que cuenta y
atender las demandas de la población por que se le resuelvan los conflictos en
particular aquellos de mayor gravedad. Por lo que en beneficio de esa seguridad
jurídica que debe de brindar el estado es que se aplican los criterios de
oportunidad, los cuales no pueden ser a la deriva ni a la libre determinación de
quien la aplica o la invoca, por lo que se pretende con la norma jurídica es,
establecer los indicadores de control que funcionan como criterios rectores para
establecer que ningún agente fiscal o policial bajo cualquier argumento atendible
pueden aplicar un criterio de oportunidad por si solos. Esto es lo que señala el
autor HASSEMER “...mientras un derecho penal albergue supuestos de
oportunidad, el respeto del estado de derecho por parte del procedimiento
dependerá de sí los casos están determinados con absoluta precisión. 7
En Nuestro Ordenamiento Jurídico Salvadoreño, la manifestada
incapacidad del sistema de justicia penal para atender satisfactoriamente los
conflictos penales que se le sometieron, ha constituido uno de los varios y más
fuertes cuestionamientos que originaron la decisión político - criminal de cambiar
tal sistema ( con los nuevos Códigos Penal, Procesal Penal y la Ley Penitenciaria)
por otro, que se rige al menos teórica y formalmenteusticia punitiva. 8
El Nuevo Código Procesal Penal 9 presenta varias novedades, como en
el ámbito al ejercicio de la acción penal, la que en doctrina es conocida como “
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD”, regulado en el Art. 20 y 21 Pr. Pn. , Bajo los
epígrafes “ Oportunidad de la Acción Pública” y “ Efectos”. Este Principio a la luz
7 LEONARDO RAMÍREZ MURCIA, “Mecanismos Alternos al Juicio en los poros de la Justicia”, página 80.
8 MARCHENA GOMEZ, MANUEL: Justicia Penal Española, “El Ministerio Fiscal: su pasado y futuro”, Marcial Pons, Madrid, 1992 Págs. 130 y 131.
9 El Presente Código Procesal Penal Salvadoreño, entra en vigencia a partir del veinte de abril de 1998, decreto Legislativo N° 904 de cuatro de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 11, Tomo N ° 334 del veinte de enero de 1997.
de la teoría moderna del derecho procesal penal 10 y de las recientes reformas en
la legislación regional se encuentra justificado, pues se considera correcto
introducir procesalmente mecanismos que faciliten una solución alterna de los
conflictos en función utilitaria 11 y precisamente en la etapa preparatoria del
proceso y no en la sentencia al final del juicio oral, logrando con ello una descarga
de trabajo de los tribunales. De tal forma que si el principio de oportunidad
funciona en prematuros estadios de evolución del proceso penal se genera una
expectativa esperanzadora que conducirá no solo al descongestionamiento de
una justicia penal sobresaturada de casos, sino además a lograr mayor eficiencia
en la investigación de los hechos que ameritan mayor esfuerzo en la persecución
penal.
10 JESCHECK, HANS-HEINRICH: “Rasgos Fundamentales del Movimiento Internacional de Reforma del Derecho Penal “, en Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, Temis, Bogotá, 1982 Págs. 235 a 250.
11 V.gr. el Art. 25 del Vigente C.P.P., de Guatemala y Art. 22 y 23 C.P.P., de Cósta Rica, vigente a partir de Enero de 1998.
I. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Código Procesal Penal Salvadoreño regula como una de las salidas
alternas al proceso los Criterios de Oportunidad o Principio de Oportunidad, el cual
responde a una realidad social y a la vez a la necesidad del Estado de seleccionar
los casos que llegan a la administración de justicia con el fin de aprovechar los
recursos con que cuenta y atender a la población por que se le resuelvan sus
conflictos, en particular aquellos de mayor gravedad.
Es así que con el presente trabajo se pretende analizar más de fondo la
aplicación de un criterio de oportunidad, en cuanto al merecimiento y necesidad de
pena, o sea que el fiscal cuando desee aplicar un criterio de oportunidad no solo
tiene que establecer si el caso se encuentra dentro de los parámetros que
establece el Art.20 Pr.Pn., sino hacer una análisis en cuento a verificar si la
aplicación de dicho criterio es conveniente dejar sin una pena a una persona
determinada.
De lo anteriormente expresado se establecen varias reflexiones que
pueden analizarse para su estudio como son:
El procedimiento Legal que se sigue.
Cuales son las circunstancias o condiciones que se reúnen para que
proceda.
Se violenta la seguridad jurídica en la aplicación del Principio de
Oportunidad.
El esclarecimiento de otros autores en el delito.
De las reflexiones antes expresadas se establecen las siguientes
interrogantes:
¿ Cuales son los pasos que se deben de seguir para la aplicación de los
criterios de oportunidad y los beneficios que estos aportan?
¿ Cuales son los efectos que produce la aplicación del Criterio de
Oportunidad.
¿ Que parámetros se toman en cuenta para la aplicación de un criterio
de oportunidad en cuanto al merecimiento y necesidad de la pena?
Dada esta situación problemática, el enunciado concreto de la
investigación es el siguiente: ¿ Cuál es el requisito que se exige para la aplicación
de un Criterio de Oportunidad analizando los criterios de merecimiento y
necesidad de pena, en el proceso penal Salvadoreño?
1.3. JUSTIFICACION
1.3.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION.
El presente tema de investigación, es importante por que pretende dar a
conocer cuales son los requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico
específicamente el Código Procesal Penal para la aplicación del Criterio de
Oportunidad a los imputados, los efectos que estos acarean cuando un criterio de
oportunidad es aplicado, así mismo los beneficios que da fiscalía a las personas
criteriadas; por otra parte establecer la importancia, social y judicial de la
aplicación de una de las salidas alternas al presente Proceso Penal, ya que con
este beneficio se han esclarecido varios hechos delictivos, ya que anteriormente
los autores intelectuales no eran procesados, y los imputados no podían obtener la
calidad de testigos. ¿ Ventajas y desventajas de su aplicación? Así mismo si se
violenta el principio de seguridad jurídica al aplicar el Principio de Oportunidad en
nuestro país de acuerdo a las condiciones en que se encuentra.
1.3.2 UTILIDAD.
El Estudio ofrecerá un aporte sobre el procedimiento que se sigue para
la aplicación de los criterios de Oportunidad y la preponderancia que este tiene en
el sistema penal de nuestro país, estimando que debe de ser de conocimiento de
la ciudadanía.
CAPITULO II MARCO JURIDICO
1. CONCEPTUALIZACION.
El Principio de Oportunidad que establece el Art. 20 C.P.P., es un
postulado rector que se contrapone excepcionalmente al Principio de Legalidad
Procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor
calidad de justicia, facultando al Fiscal, Titular de la Acción Penal, decidir sobre la
pertinencia de dar o no inicio a la actividad jurisdiccional penal,
independientemente de estar ante un hecho delictuoso con autor determinado,
concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como sustento de
su conclusión los criterios de necesidad de la pena o falta de merecimiento de la
misma, todo ello amparado en la necesidad de solucionar, en parte, el grave
problema de la sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria.
De lo anteriormente relacionado considero que es importante
sistematizar en que consiste la necesidad y merecimiento de una pena, para lo
cual es de establecer que la pena es una consecuencia jurídico penal del delito,
pero para que pueda imponerse la pena, no sólo es necesario que haya infracción
(delito o falta) sino también es necesario que exista previamente el debido proceso
penal. La pena no sólo es un efecto (jurídico) del delito, sino a la vez es un efecto
del proceso, pero el proceso no es efecto del delito, sino de la necesidad de
imponer la pena al delito por medio del proceso. Podrá existir proceso sin delito -
pero es necesario una afirmación de su existencia, aunque unilateral - porque la
actividad procesal se destina a comprobar si existió aquél. El proceso no es efecto
del delito, sin embargo, la posibilidad de la pena depende, además de que exista
el delito, de la existencia efectiva y total del proceso. Si el proceso termina antes
de desarrollarse completamente, mediante un acto distinto de la sentencia
(sobreseimiento, suspensión, etc.) no puede imponerse pena alguna.
Dentro de esa íntima relación entre el Derecho Penal y el proceso penal,
se debe apuntar que al actual modelo de Derecho Penal mínimo corresponde el
proceso penal garantista. Como explica FERRAJOLI 1 “la hipótesis teórica en que
se basa es la existencia de un nexo indisoluble entre garantía de los derechos
fundamentales, división de poderes y democracia. Sólo un Derecho Penal
reconducido únicamente a las funciones de tutela de bienes y derechos
fundamentales puede, en efecto, conjugar garantismo, eficiencia y certeza jurídica.
Y sólo un Derecho Procesal que, en garantía de los derechos del imputado,
minimice los espacios impropios de la discrecionalidad judicial, puede ofrecer a su
vez un sólido fundamento a la independencia de la Magistratura y a su papel de
control de las ilegalidades del poder.”
La evolución del proceso penal está íntimamente relacionada con la de la
pena, que a su vez, es reflejo de la estructura del Estado en un determinado
período. Como define J.GOLDSCHMIDT 2 “ los principios de la política procesal
de una nación no son otra cosa que segmentos de su política estatal en general.
Se puede decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el
termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución.
Partiendo de esta experiencia, la ciencia procesal ha desarrollado un número de
principios opuestos constitutivos del proceso.
La titularidad del poder de penar por parte del Estado ocurre en el
momento en que se suprime la venganza privada y se implantan los criterios de
justicia. El Estado como ente jurídico y político recaba para sí el derecho (y
también el deber) de proteger la comunidad e incluso el propio delincuente como
medio de cumplir su función de proporcionar el “bien común” que se vería afectado
por la trasgresión del orden jurídico penal a causa de la conducta delictiva 3. En la
1 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. 2ª Edición. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco e Rocío Cantarero Bandrés. Madrid, Trotta, 1997. 2 GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, Barcelona, Bosch, 1935. Pág. 7. 3 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal, 5º Edición. Madrid, Rubí Artes Gráficas, 1984. p. 07.
medida en que el Estado se fortalece, consciente de los peligros que encierra la
autodefensa, asumirá el monopolio de la justicia, produciéndose no sólo la revisión
de la naturaleza contractual del proceso, sino la prohibición expresa para los
ciudadanos de tomarse la justicia por su mano.
Frente al ataque a un bien jurídicamente protegido, la única actividad
posible es la de invocar, solicitar la tutela jurisdiccional del Estado. Por ello, en el
ámbito de lo penal se impone la necesidad de utilización de la estructura
preestablecida por el Estado que es el proceso judicial, en que mediante la
actuación del tercero imparcial, cuya designación no corresponde a la voluntad de
las partes y resulta de la imposición de la estructura institucional adoptada, será
solucionado el conflicto y sancionado el autor del delito con la pena
correspondiente. El proceso, como institución estatal, es la única estructura que
se conoce como legitima para imponer la pena.
Después de esa breve introducción, cumple buscar una respuesta al
planteamiento de J.GOLDSCHMIDT15 ¿ Por qué supone la imposición de la pena
un proceso? Ya que el ius puniendi corresponde al Estado, que tiene la soberanía
sobre sus súbditos, se pregunta: ¿por qué se necesita que pruebe su derecho en
un proceso?
Y más: ¿ si el Estado acusa por medio de uno de sus miembros (el
Ministerio Fiscal) y quien juzga también lo es, por qué necesita del proceso penal?
Para el autor “la necesidad de proteger a los individuos contra los abusos del
poder estatal” es una “construcción técnica artificial”. Según él, para comprender
esa definición es necesario analizar la naturaleza de la pena estatal. “La pena se
impone mediante un proceso, porque es una manifestación de la justicia y porque
el proceso es el camino de la misma; y la jurisdicción penal es la antítesis de la
jurisdicción civil, porque ambas representan las dos ramas de la justicia
establecidas ya por Aristóteles”, o sea, de la justicia distributiva (jurisdicción civil)
15 GOLDSCHMIDT, James. Op cit 11.
y correctiva (jurisdicción penal). La justificación del proceso penal pone en
contacto el proceso penal con la esencia misma de la justicia. Adopta el autor la
teoría de la pena como retribución jurídica puesto que la justicia distributiva tiene
que mantener el orden jurídico. La retribución jurídica tiene el fin de preservación
social o su prevención.
Entendemos que la fundamentación del autor debe ser vista, en la
actualidad, no como un punto final, sino como un marco de inicio del estudio. Los
modernos postulados de garantías procesales y constitucionales del Estado de
Derecho, nos llevan a afirmar que los argumentos de J.GOLDSCHMIDT 16 son
insuficientes. Hay que continuar buscando un fundamento que justifique la
existencia del proceso penal, trazando una lógica interpretativa acorde a nuestro
actual momento político-procesal.
La evolución del proceso penal está íntimamente relacionada con la de la
pena, que a su vez, es reflejo de la estructura del Estado en un determinado
período. El proceso surge en el tercer estadio de desarrollo de la pena, ahora
como “pena pública”, que viene marcada por una limitación jurídica del poder
estatal de perseguir y punir. La pena solamente puede ser impuesta por el Estado
y mediante el previo proceso penal.
El primer punto que se debe aclarar, sin embargo de la inestimable
lección de J.GOLDSCHMIDT, 17 es que el moderno Derecho Penal ha
abandonado las teorías retributivas por su inutilidad con relación a la reinserción
social del condenado. Como explica ROXIN la Teoría Unitaria (Mixta) es la que
mejor explica la actual función de la pena. Según esa idea, se debe atribuir a la
pena la combinación de los tres principios inspiradores (retribución, prevención
16 GOLDSCHMIDT, James. Op cit 11. 17 GOLDSCHMIDT, James. Op cit 11.
especial y prevención general), conforme al momento en que se esté: el momento
de la previsión legal, el momento de la determinación judicial y la fase de
ejecución de la pena. Con eso, “los fines de la pena consistentes en la
compensación de la culpabilidad, la resocialización y la prevención general deben
perseguirse en el marco penal establecido por la culpabilidad personal del sujeto y
en la medida más equilibrada posible, lo que no impide que puedan variarse el
acento en una u otra dirección según las características del caso concreto.”
En el primer momento (previsión legal - tipo penal abstracto) la pena
debe tener la función de proteger los bienes jurídicos, creando la idea de
prevención general por medio de una intimidación en la colectividad, que inhiba a
las personas de cometer delitos.
En el segundo momento, con la determinación judicial, el juez busca
individualizar la pena conforme las características del delito y del autor. El juez, al
imponer la pena, concreta la amenaza contenida en el tipo penal abstracto. Esta
fase debe ser considerada aún como de prevención general. Al final, la tercera
fase es la del cumplimiento de la pena (ejecución) en que se busca la prevención
especial para el condenado. La pena tendrá también la función de reinserción
social.
Por otro lado, totalmente distinto es el tratamiento del Derecho Penal.
Aunque los tipos penales tengan una función de prevención general y protección
por medio de la tipicidad (protección no sólo de bienes jurídicos, sino también de
los individuos contra los abusos del Estado) la verdadera esencia está en la pena.
Y la pena no puede prescindir del proceso penal. Por eso existe un monopolio de
la aplicación de la pena por parte de los órganos jurisdiccionales, lo que
representa un enorme avance de la humanidad. Como dice GOMEZ ORBANEJA 18[ eso es lo que se denomina principio de la necesidad del proceso penal,
18 GOMEZ ORBANEJA, EMILIO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Barcelona Bosch, 1951 tomos I Y II, Pág 27
amparado en el art. 1º de la LECrim pues no hay delito sin pena, ni pena sin delito
y proceso, ni proceso penal sino para determinar el delito y actuar la pena. En
realidad, el principio de la necesidad apuntado por él autor no es nada más que la
efectiva aplicación del adagio latino nulla poena et nulla culpa sine iudicio. El
denominado principio de la necesidad, expresa el monopolio de la jurisdicción
penal por parte del Estado y también la instrumentalidad del proceso penal.
Son tres los monopolios estatales: 19
a) Exclusividad Estatal del Derecho Penal.
b) Exclusividad de los tribunales.
c) Exclusividad procesal.
Actualmente la pena es, estatal (pública), en el sentido de que el Estado
sustituyó la venganza privada. La pena es la reacción del Estado contra la
voluntad individual. La pena debe estar prevista en un tipo penal y cumple al
Estado definir los tipos penales y sus consecuentes penas, quedando el tema
completamente fuera de la disposición de los particulares.
La exclusividad de los tribunales en materia penal, entendemos que debe
ser analizada en conjunto con la exclusividad procesal, pues al mismo tiempo en
que el Estado prevé que sólo los tribunales pueden declarar el delito e imponer la
pena, también prevé la imprescindibilidad de que esa declaración venga por medio
del debido proceso penal. Es decir, cumple a los jueces y tribunales declarar el
delito e imponer la pena proporcional aplicable, necesariamente a través de un
proceso penal con todas las garantías al acusado. A los demás poderes del
Estado, Legislativo y Ejecutivo, está vedada esa potestad. No obstante, como
pone de relieve MONTERO AROCA 20 ...se constata día a día que las leyes van
permitiendo a los órganos administrativos imponer sanciones pecuniarias de tal
19 MONTERO AROCA, Juan. Principios del proceso penal – una explicación basada en la razón. Valencia, Tirant lo Blanch, 1997. págs. 16 y ss. 20 Ibídem Pág. 19, pie de página 14.
magnitud, muchas veces, que ni siquiera pueden ser impuestas por los tribunales
como penas.”
Por fin, debemos destacar que el proceso penal constituye una instancia
formal de control del crimen y para la Criminología, es una reacción formal al delito
y también pude ser considerado como un instrumento de selección, principalmente
en los sistemas jurídicos que adoptan principios como el de la oportunidad, plea
bargaing y otros mecanismos de consenso.
Así mismo es de establecer que según el autor Von Listz, establece que
la pena necesaria es también justa, en la medida que se limita estrictamente a la
obtención del aseguramiento imprescindible.
Por otra parte Lombroso parte del determinismo biológico y considera a
la pena como un fenómeno natural y necesario que se encuentra su legitimidad en
el derecho de la sociedad a defenderse. 21
El principio de necesidad que establece el Art. 5 C.Pn., tiene directa
relación con la determinación de la pena, en relación al principio de la extrema
ratio, la cual debe de establecer un sistema de determinación de la pena en el
marco penal, de modo que el juez llegado el caso pueda prescindir de la pena
impuesta a un imputado, conforme a los criterios anteriormente establecidos
tomados en su conjunto.
Así mismo se juega también el principio de proporcionalidad en primer
lugar en materia de penas presupone que estas deben estar en una determinada
relación con el bien jurídico afectado este es, no toda afección a un bien jurídico
ha de suponer una pena privativa de libertad, pues no habría proporción ante él
bien jurídico afectado o la gravedad de su afección y la significación de la pena
21 JAVIER MARTINEZ LAZARO Y FRANCISCO RACIONERO CARMENA, “La Ejecución de la Sentencia Penal I parte, Las Penas y su ejecución febrero 1999. Pág. 20.
para el sujeto.22 Cuando se prohíban medidas que resulten innecesarias para
prevenir la peligrosidad del autor, pues en tanto el peligro sea intrascendente no
se pondrá de manifiesto la necesidad de medida alguna. Además en función de la
gravosidad de la medida debe de ser exigida una mayor relevancia de las
acciones punibles que cabe esperar del autor; o sea que es de tomar muy en
cuenta que según la gravedad del hecho cometido por el sujeto activo así será
necesario la pena a imponer. No bastará por ejemplo el riesgo de que cometa un
hurto para justificar su internamiento en un hospital psiquiátrico. Esto como dice
JESCHECK “ No basta los hechos de un molesto criminal de escasa monta”. 23
Por otra parte es de establecer que cuando se habla de justificación de la
pena se alude a su necesidad para el mantenimiento del orden jurídico como
condición básica para convivencia en comunidad. JESCHECK,24 distingue ente
una justificación político estatal de la pena en el sentido de que sin la pena el
ordenamiento jurídico dejaría de tener carácter coactivo y se rebajaría hasta
convertirse en una recomendación solo éticamente vinculante y a una justificación
Psicosocial; en cuanto a la pena es necesaria satisfacer las demandas de justicia
de la colectividad, refiriéndose a la necesidad de la pena teniendo en cuenta la
propia persona del delincuente en el sentido de que la aspiración a liberarse de
culpa mediante la prestación expiatoria constituye una experiencia fundamental
del hombre como ente moral.
La Justificación de la pena con base a su necesidad comporta una
restricción indispensable de la reacción punitiva. La intervención del derecho penal
solo puede tener lugar frente a infracciones jurídicas insoportables, debiendo
aparecer la pena como el único medio para defender suficientemente el orden
social como recurso ante una mayor necesidad de protección de la sociedad. Es
22 JUAN BUSTOS RAMÍREZ, “Manual de Derecho Penal ”, Parte General, tercera edición aumentada y corregida y puesta al día Octubre de 1989, Barcelona España, Pág. 385. 23 JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO “Culpabilidad y Pena, Medición en el sistema penal Salvadoreño, Pág. 26.
24 JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO, Ibid
conocido el postulado de que el derecho penal solo debe de proteger bienes
jurídicos, sin que la preservación de la norma moral constituya su misión, aunque
todavía este sin resolver la cuestión de si, en la teoría del estado de derecho es
defendible que el legislador penal proteja valores éticos aun cuando su
quebrantamiento no conlleve lesión de un bien jurídico una dañosidad social. En
todo caso son constante las tendencias descrimializadoras, de acuerdo con la idea
de derecho pena como ultima ratio, aunque es unánime la opinión de que hoy por
hoy no es posible prescindir de la pena, que se contempla de esta manera como
un mal necesario, como un remedio socialmente dañino pero sentido como
amarga necesidad.
La idea de la necesidad de pena en función del carácter fragmentario
que tiene el derecho penal, en expresión de Binding, refiere su sentido estático o
nivel de la conminación penal abstracta. La justificación de la pena desde el punto
de vista de la prevención general conforme a los postulados de la moderna política
criminal ha incidido de forma notable en el sistema de sanciones que instaura el
nuevo Código.
Por otra parte Mapelli Caffarena,25 expresa que el criterio de necesidad
se empleará no solo para saber si una pena debe o no ser aplicada sino también
para determinar en que medida, y que la pena no necesaria no debe ejecutarse,
aunque este autor considera que esta última conclusión no se deduce sin más el
criterio de necesidad sino de un criterio de orientación positiva como el de
resocialización.
El artículo cinco del Código Penal, denominado principio de necesidad
establece que las penas y medidas de seguridad sólo se impondrán cuando sean
necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado. Por lo tanto
deben acogerse favorablemente mecanismos de renuncia a la pena como el que
establece el Art. 82 C.P.., en los casos que puedan reconducirse a la categoría de
25 Ibidem pág 44, pie de página 23
pena natural, supuestos en lo que la ejecución de la poena forensis supondría un
castigo excesivo para el autor, como consecuencia del hecho, no proporcionando
la necesidad de pena de acuerdo con el parámetro de culpabilidad. Pero al
margen de ello se explica el principio de necesidad por ejemplo la simplificación
de la pena de prisión y el acogimiento de nuevas formas de reacción frente al
hecho punible como el arresto de fin de semana o la prestación de trabajo de
utilidad pública. Además determinadas instituciones como la suspención
condicional de la ejecución de la pena, responden claramente al criterio de la pena
necesaria, necesidad que sin duda debe valorarse no solo desde el punto de vista
preventivo general, sino fundamentalmente preventivo especial en relación con la
idea de resocialización.
La cuestión de la necesidad de la pena enlaza directamente con la
especial problemática que subyace a una opción acerca del sentido y fin de la
pena. Los conceptos de retribución, prevención general y prevención especial, que
han estado presentes en todas las discusiones dogmáticas acerca de su finalidad
y que ha dado lugar a diversas teorías penales en función de la preponderancia
que se otorgue a uno u otro elemento en la fundamentación de la pena aparecen,
pues indisolublemente unidos al problema de la necesidad de la pena como algo
distinto de su justificación. Cuando se habla de fin de la pena, como algo distinto
de su justificación se alude al sentido que la pena debe de tener para el reo y la
colectividad. Pero una pena resultará necesaria en la medida que sea adecuada
para cumplir los fines a que esta destinada. Si la justificación de la utilización de la
pena por el estado reside en su necesidad de proteger los bienes jurídicos más
importantes solo se justificará aquella pena que sea adecuada para conseguir ese
principal objetivo, y por ello los fines inmediatos de la pena intimidación,
resocialización, retribución, son instrumentales respecto al fin del derecho penal, la
protección de bienes jurídicos. En este sentido PEREZ MANZANO26, distingue un
nivel general de justificación de la pena, sobre la base de que no toda pena sirva
al fin de protección de bienes jurídicos estará legitimada dependiendo su 26 Ibidem pág 46, pie de página 23
justificación de su adecuación valorativa. En este nivel concreto de justificación la
prevención general y especial y la retribución marcarán el sentido de la pena en
general y el tipo y la medida de la pena en particular y por tanto, también ellas han
de ser analizadas conforme a valores.
Al haber abordado el problema que presenta el merecimiento y
necesidad de pena, para la aplicación de un criterio de oportunidad, es necesario
establecer que expresan varios autores sobre el principio de oportunidad:
Según ROXIN. 27 establece que el Principio de Oportunidad es la facultad
que al titular de la acción penal asiste para disponer bajo determinadas
condiciones de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la
existencia de un hecho punible contra un determinado autor
ARMETA DEU, establece que tal principio permite al fiscal elegir entre
accionar o archivar cuando la investigación ha puesto de manifiesto que el
acusado ha delinquido con una probabilidad rayana de certeza. 28
Según GIMENO SENDRA, establece al Principio de Oportunidad como la
facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer bajo determinadas
condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la
existencia de un hecho punible contra un autor determinado.29
Para el autor VON HIPPELL, el Criterio de Oportunidad es aquel en
atención al cual el fiscal debe ejercitar la acción penal con arreglo a su
discrecionalidad, en unos determinados supuestos regulados legalmente. 30
27 MANZARES SAMANIEGO, JOSE LUIS: “ Oportunidad y Conformidad” en los Principios del Proceso Penal y la Presunción Constitucional de Inocencia, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial, Madrid 1992. Página. 30. 28 VON HIPPELL, citado por ARMETA DEU TERESA “ Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad, Alemania España” PPU, Barcelona 1991. Página 65 29 Ibid pie de página 19 30 VON HIPPELL, citado por ARMETA DEU TERESA “ Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad, Alemania España” PPU, Barcelona 1991. Página 65
Según el profesor JULIO B.J. MAIER, Oportunidad significa la posibilidad
de que los órganos públicos a quienes se les encomienda la persecución penal,
prescindan de ella en presencia de la noticia de un hecho punible o inclusive frente
a la prueba más o menos completa de su perpetración condicionada o
incondicionada, por motivos de utilidad social o razones político criminales31
De los conceptos antes vertidos se establece que los motivos para la
aplicación de un criterio de oportunidad deriva en la escasa Relevancia de la
Infracción lo que distorsiona la condición de "última ratio" del Derecho Penal. Así
mismo en los siguientes aspectos:
1. Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de
libertad.
2. Atender a razones de economía y a la falta del interés público en la
punición. Prevención especial, ya que el imputado que se acoja a este
Principio, se entiende que no volverá a incurrir en infracción penal, por
esto quizá sea oportuno incidir en la obligatoriedad de la reinserción
del delincuente como una forma de reparar el daño causado,
sobretodo cuando el agraviado es el Estado.
3. Correctivo a la disfuncionalidad e ineficiencia del Sistema Penal,
permitiendo que el derecho penal llegue a sus destinatarios y que se
trate con mayor justicia a la víctima.
4. Evitar una doble pena para el causante del delito, puesto que la pena
a imponérsela sólo acrecentaría el propio daño inferido.
Al haber abordado que es un criterio de oportunidad y sus motivos es de
establecer que es muy importante tomar en cuenta que la aplicación de un criterio
de oportunidad no es antojadizo para el fiscal, en cuanto pedir al Juzgador un
criterio de oportunidad con el propósito de descongestionar la mora judicial, sino
31 MAIER JULIO B. Derecho Procesal Penal Argentino” Tomo I, Volumen B, Fundamentos, Hammurabi, Buenos Aires 1989.
es tomar muy en cuenta que la aplicación de un criterio de oportunidad tiene en
juego muchos derechos que se encontrarían vulnerados por tal aplicación, por lo
que se tiene que hacer un análisis profundo si el mismo no afectaría a bienes
jurídicos lesionados, tomando muy en cuenta la gravedad de la acción cometida
por el sujeto activo, y si esta es infima o bagatelaria, y algo muy importante como
se menciono anteriormente la necesidad de la pena y el mericimiento de la misma,
ya que no es lo mismo imponerle un pena a una persona que mato a su hijo sin
este quererlo en un accidente de tránsito, que la persona que ha secuestrado a X
persona, en donde entra en juego lo antes expresado, donde se desprende que el
padre del menor muerto, no es necesario ni útil imponerle una pena de la cual ya
esta sufriendo por la muerte de su hijo (pena natural); en cambio al secuestrador,
este tiene necesesidad y merecimiento de una pena por estar violentando la
libertad de una persona siendo este un principio constitucional de nuestra
constitución consagra. Es por ello que es muy importante que cuando se tome en
consideración la aplicación de un criterio de oportunidad, no sólo se tome en
cuenta que es un proceso menos que tiene que ventilar el órgano judicial, sino
analizar en su conjunto todos sus elementos, como el hecho, la gravedad de este,
en nuestro ordenamiento jurídico general y si el presente caso no hay necesidad
de pena ni merecimiento de la misma.
II.2 NATURALEZA JURÍDICA.
Los criterios de Oportunidad entraron en vigencia como una institución
novedosa de nuestro ordenamiento penal, en el año de mil novecientos noventa y
ocho, en vista de la manifestada incapacidad del sistema de justicia penal para
atender satisfactoriamente los conflictos penales que se le sometieron, ha
constituido uno de los varios y más fuertes cuestionamientos que originaron la
decisión política - criminal de cambiar tal sistema ( con los nuevos Códigos Penal,
Procesal Penal y la Ley Penitenciaria) por otro, que se rige al menos teórica y
formalmente en un sustancial cambio en la manera de administrar justicia
punitiva. Así se implemento en nuestro ordenamiento jurídico la aplicación de los
criterios de oportunidad, a fin de no hacer uso exagerado de la pena como medio
de lucha, tal como lo establece VON LISTZ. 32
Es de establecer que el principio de oportunidad se recuesta sobre el
respaldo de las teorías relativas o utilitarias respecto de la pena estatal y, por ello,
los motivos que lo avalan se vinculan más a los criterios de orientación a fines y
consecuencias, y a la efectividad del sistema. La realidad de la persecución penal
aún concebida desde el principio de legalidad, muestra que la ética que pregona
este principio no es concretable en gran medida. El proceso penal y el derecho
procesal penal no residen sólo en la realización del derecho penal, sino que, al
mismo tiempo, persigue fines propios; la verdad se presenta de manera tal que
resulta ser una verdad formalizada por las reglas procesales (por ejemplo:
prohibiciones probatorias). Según estas realidades es poco inteligente, tanto
desde el punto de vista económico, cuanto desde el político, cargar a los
funcionarios de la investigación con el deber de perseguir penalmente de la misma
manera y con la misma intensidad todos los casos penales. Como los recursos
materiales serán siempre escasos en relación con la meta deseada, la selección
se producirá de todas maneras. Si el legislador no insiste en el ideal del principio
de legalidad, puede aspirar a conducir la selección mediante criterios razonables.
Más allá de ello, resulta justo y denota una amplia visión política, determinar
descompresiones del sistema penal ya durante el procedimiento preparatorio
(cuando se puede prescindir de la pena, en casos de arrepentimiento activo), pues
cuando el derecho penal prevé falta de consecuencias, ya el enjuiciamiento
representa una carga considerable; se puede aprovechar el recurso de la
selección para orientar el derecho penal hacia la ayuda de la víctima (caso del
coacto o extorsionado), para evitar la paralización de los tribunales por saturación.
Las clases que sustenta la Doctrina del Principio de Oportunidad son:
Principio de Oportunidad Rígido:
32 Ibidem pág 107, pie de pág 3.
Es cuando dentro de la legislación se estipulan una serie de
condicionamientos para su aplicación y además se articula expresamente los tipos
penales que pueden ser materia de este Principio, de tal forma que la norma
prescribe la forma, modo, circunstancias y tipo penal aplicable.
Principio de Oportunidad Flexible
Es cuando dentro de la legislación se estipulan si bien condicionamientos
para su aplicación, éstos son de carácter general y no coartan la deliberación y
decisión de la autoridad encargada de aplicarla, además la norma prescribe no
tipos penales aplicables, sino, supuestos de carácter interpretativo.
FORMAS DE MANIFESTACIÓN:
Principio de Oportunidad Extra Proceso
Se verifica en la etapa Fiscal, requiriéndose un supuesto previsto en la
Ley; documentación sustentatoria suficiente; causa probable de la imputación;
consentimiento expreso del imputado; y en su caso, la reparación del daño
causado que ha de estar sustentada en un acuerdo o disposición de la autoridad
en este sentido.
Es de establecer que en nuestro ordenamiento procesal penal no se
configura tal posición.
Principio de Oportunidad Intra Proceso
Se verifica en la etapa judicial, requiriéndose un supuesto previsto en la
Ley; el Expediente penal con la realidad del delito y la vinculación del autor; la
solicitud del imputado y/o el Dictamen del Fiscal proponiendo al Juez la aplicación
del referido principio; y, en su caso, la reparación del daño causado que ha de
estar sustentada en un acuerdo o disposición de la autoridad.
Al haber hablado de la Naturaleza Jurídica del Principio de Oportunidad y
sus clases, es de establecer también las diferencias existentes entre el Principio
de Legalidad con el principio de oportunidad en el Proceso Penal, ya que estos se
acentúan en diferentes partes de las ideas jurídicas como lo son: a) la legalidad, b)
la justicia, c) la oportunidad, d) la utilidad (efectividad, la inteligencia política). Una
opción político criminal debería por ello observar que la relación entre la justicia,
como meta, y la conveniencia como condición restrictiva para la consecución de
esa meta, se puede fácilmente expresar de la siguiente manera: Tanta legalidad
como sea posible y tanta oportunidad como (desde el punto de vista actual político
y económico) sea necesaria..
Es por ello que el principio de legalidad puede coordinarse con las
teorías absolutas de la pena, mientras que el principio de oportunidad con las
teorías relativas como anteriormente se ha mencionado. El principio de legalidad
está para alcanzar el automatismo, la proporcionalidad y la justa represalia por el
hecho. El principio de oportunidad está para la ponderación en el caso individual,
para la apreciación de las respectivas particularidades y para una inteligente
consideración de las consecuencias. Por estas razones, el principio de legalidad
es "clásico", y el principio de oportunidad "moderno", por ello tiene el principio de
oportunidad más oportunidades dentro del presente derecho penal orientado a las
consecuencias. Pero hay que atender a que un derecho penal configurado acorde
con estas "modernas" características, Podría correr el peligro de disimular los
nexos clásicos de esta rama jurídica y degenerar en un terrorismo de estado. El
"derecho penal" ha de permanecer, en cambio, como la insuperable barrera de la
política criminal. Las objeciones, que se han formulado actualmente contra las
"modernas" teorías de la pena, pueden ser hechas, mutatis mutandis, al principio
de oportunidad.
Por otra parte es de establecer El Objeto del principio de oportunidad
suele alabarse, frecuentemente, por sus efectos descriminalizantes. Ósea que
este principio permite descartar, tempranamente, hechos sospechosos del
proceso penal, pero ha de tenerse en cuenta que esto no sucede para todos los
hechos punibles (su culpabilidad no ha sido determinada, ya que el principio de
oportunidad no es el más correcto instrumento para lograr la descriminalización, y
que este proceso pertenece propiamente al derecho penal material. Es
teoréticamente una contrariedad con el sistema y desde el punto de vista político
un engaño para la opinión pública, proclamar en las leyes penales la
criminalización (como por ejemplo de los injustos bagatelarios) y en el proceso
penal descartar la persecución de manera clandestina: entre más se oriente el
derecho penal material a los principios de proporcionalidad y de fragmentariedad
habrá menos margen para un procedimiento penal de carácter oportunista. Ya
que el principio de oportunidad tiene razonabilidad solo dentro del campo de los
fines de la pena, no caminando por su propio sendero.-
La finalidad del Principio de Oportunidad consiste, en la necesidad de
solucionar, en una parte la crisis del sistema penal, de la que se deriva la
sobrecarga, congestión procesal y penitenciaria, como lo son: La descongestión
de los tribunales, la cual se espera se alcance a través del principio de
oportunidad, existen equivalentes funcionales. Junto a la descriminalización
propia del derecho penal material de injustos no sancionables. En tanto el principio
de oportunidad sea justificado dentro del marco de un cálculo de beneficios, han
de cuestionarse críticamente los conceptos de "beneficio" y "perjuicio". Según el
punto de vista no se justifica desde una perspectiva político criminal, y resulta
insensato, tomar en cuenta únicamente los aprovechamientos inmediatos que
puedan hacerse (por ejemplo, el rompimiento de un grupo terrorista que pudiera
producirse con la aplicación de una regla de oportunidad y tener sólo eso en
mente y no poner atención a los daños que es posible ocasionar a la
administración de la justicia. Quien toma en cuenta hechos delictivos graves
solamente desde una perspectiva únicamente criminalística o de cálculo político,
no daña únicamente a la justicia sino también a la confianza de la población en la
uniformidad del derecho penal de una manera extraordinaria. Sin esta confianza,
la administración de justicia penal podría no sobrevivir. Toda vez que un derecho
procesal penal admita casos que se resolverán desde la perspectiva de la
oportunidad, todo dependerá, para la constitucionalidad del proceso, de que estos
casos sean correctamente precisados. Las reglas vagas en relación con el
funcionamiento del principio de oportunidad lesionan completamente el principio
de legalidad y permitirían que los procedimientos de carácter oportunístico se
difundan de manera epidémica y, de esa manera, se provocaría que las
decisiones de no perseguir emitidas por las autoridades de la investigación
pudieran no ser ni limitadas, ni eficientemente controladas.
Y por último brindar una contribución útil para superar algunos problemas
actuales del sistema penal provenientes de una aplicación de un criterio de estricta
legalidad.
II.3 DIFERENTES CRITERIOS QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN LA DOCTRINA Y EN NUESTRO ORDENAMIENTO.
Según el autor CONDE-PUMPIDO FERREIRO, 33los criterios para tomar
en consideración un criterio de oportunidad, lo esquematiza con base en:
a) Las causas relacionadas con la naturaleza del hecho, dentro de las
cuales se establece:
1. Carácter mínimo de la infracción.
2. Culpabilidad Leve del Infractor.
3. Contribución mínima al delito en los casos de participación
criminal.
4. Delito de pequeña entidad conexo con otro de mayor gravedad,
cuando se estime suficiente la pena del delito principal.
5. Antigüedad de la Infracción.
33 Ibidem pág 112 y 133, pie de pág 3
6. Hecho de que el tribunal puede dejar de aplicar la pena, ya por
perdón judicial, ya por remisión condicional, haciendo estéril el
proceso.
7. Delito fruto de un conflicto ideológico o social.
b) Causas relacionadas con el autor del hecho:
1. Delincuente primario.
2. Edad juvenil o senil.
3. Infractor – víctima causante de un accidente en el que resultan
gravemente también herido y en el que fallecen familiares próximos
creándole problemas de conciencia que la pena solo acrecentaría.
4. Salud precaria.
5. Cambio positivo de comportamiento tras una infracción menor.
6. Conveniencia de aplicarle una medida rehabilitadora en vez de la
pena.
7. Sumisión a un tratamiento desintoxicador, cuando el delito se
cometió bajo influjo de alcohol o drogas
c) Causas basadas en relación entre el delincuente y la víctima:
1. Parentesco próximo.
2. Reparación voluntaria del daño.
3. Restitución de la cosa.
4. Delito provocado por la víctima.
5. Acusación contraria a los intereses de esta.
d) Causas basadas en el interés general
1. Interés del estado.
2. Falta de Interés nacional en el castigo.
3. Injusticia obvia.
4. Falta de contribución significativa para promover el respeto a la ley.
5. Falta de contribución significativa para el sentido de la pena.
Según el autor GIMENO SENDRA34, expresa sistemáticamente los
criterios utilizados que permiten entrar en juego con la oportunidad
reglada son:
1. Escasa lesión social producida para la comisión de un delito y falta
de interés para la persecución penal.
2. Estimulo a la pronta reparación de la víctima.
3. Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de
libertad.
4. Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su
sometimiento voluntario a un procede de readaptación a cuyo
cumplimiento queda condicionado el sobreseimiento por razones
de oportunidad.-
En donde se establece que el principio de oportunidad en su
manifestación sea reglada o tasada, no supone una violación de los principio y
normas que rigen el proceso penal, sino que esta orientada a brindar beneficios
como ya se mencionaron, no tomando únicamente a la pena como único elemento
rígido sino dando una oportunidad a las teorías modernas de acuerdo al momento
actual en que la sociedad se encuentra y que estas respondan a las mismas.
Según el autor Jesús María Sánchez35, establece que el principio de
oportunidad surge ante la incapacidad de la administración de Justicia a la hora de
cumplir con sus objetivos, es por ello que comienzan a darse limitaciones al deber
de persecución que su uso implica someter requisitos de diversa índole por una
parte. En cuanto a los principios constitucionales y procesales quedan
34 Ibidem pág 112, pie de pág 3.
35 JESÚS MARÍA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, José María Bosch, Editor S.A, Barcelona 1999.
savalguardadas la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la atribución de la
función jurisdiccional a los órganos a quienes les va encomendada. Por otra parte
es de establecer que la pretensión aceleradora no debe ser la única causa y
finalidad prioritaria tendientes de política criminal y derecho penal imperantes ya
que constituirán el punto de referencia obligado a que señale los puntos
específicos en que la legalidad puede ceder ante la oportunidad
En nuestro ordenamiento jurídico se ha tomado en cuenta para la
aplicación de un criterio de oportunidad los siguientes parámetros:
- Interés Público mínima culpabilidad.
- Contribución decisiva al esclarecimiento de los hechos.
- Daño moral o de difícil reparación.
- Pena carente de Importancia.
II.4 COMPETENCIA DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.
En primer lugar tal como nuestro ordenamiento jurídico establece en su
Art. 20 C. P. P., el primer ente rector competente para solicitar al Juez la
aplicación de uno de los criterios contemplados en el artículo antes mencionado es
el fiscal, mediante una petición realizada al Juez, no obstante, a ello el juez debe
de autorizar tal aplicación para que un criterio de oportunidad se aplique, siempre
y cuando reúna los requisitos mínimos establecidos como lo son encontrarse
dentro de los parámetros establecidos en el mencionado Art. 20 C.P.P.
Así mismo es de establecer en segundo lugar la competencia de los
jueces que pueden conocer para la aplicación de un criterio de oportunidad, y
estos según nuestro ordenamiento jurídico penal son: El Juez de Paz y el Juez de
Instrucción, tal como lo prescriben los Arts. 254 y 313 C.P.P.
Y por último no todos los delitos se le pueden aplicar un criterio de
oportunidad, sino que para que se aplique uno, debe de estar dentro de los
parámetros que establece el Art. 20 C.P.P., como los son:
a) Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo
de la contribución del participe o por su mínima culpabilidad, no afecte a él interés
público.
Lo que es conocido en doctrina como “criminalidad de bagatela” tal
como lo establece el autor HULSMAN36 “ los procedimientos que se definen como
criminalidad de bagatela, no son necesariamente menos dañinos e inquietantes
para el afectado directamente por ellos especialmente cuando tienen una
frecuencia importante”. Por lo antes expresado se considera como Bagatela, la
nimiedad o falta de significación del hecho realizado por el sujeto activo, que
puede ser desde el punto de vista económico y social, el primero que no
constituya una grave cantidad económica del daño causado, y el segundo que no
haya producido alarma social.
Lo anterior por una parte, así mismo es procedente analizar también los
otros preceptos que establece el inciso primero como lo son, la exigua
contribución del participe y culpabilidad mínima, aunado a que no debe de afectar
el interés público. De lo cual expresa ARMETA DEU37 “.. Existe interés público
cuando la paz jurídica se vea perjudicada por encima del circulo vital del
perjudicado y la persecución penal se constituye en un objetivo actual de la
generalidad...”. No obstante lo anterior es de señalar que el legislador al describir
que no afecte el interés público se establece a que este no produzca alarma
social, ya que en cierta manera el derecho penal vela por el interés público en
vista que esta sanciona cuando un bien jurídico es violentado.
36 Ibidem pág 14, de pie de página 4 37 Ibidem pág 14, de pie de página 4.
b) Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para
impedir la ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al
esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en
otro más grave.
Este inciso tiene dos aspectos en cuanto al comportamiento del
procesado como lo es en primer lugar el arrepentimiento activo y desistimiento de
un delito imperfecto; y el segundo al beneficio que se le da al procesado por la
colaboración para esclarecer la participación de otros imputados en el mismo
hecho o en otro más grave.
En cuanto al arrepentimiento del procesado al cometer un ilicito penal, se
tiene que valorar el cambio de actitud del autor del hecho, así mismo es de
soslayar lo que establece el Código Penal en el Art. 29 Numero 4, dentro de las
causas que atenúan la responsabilidad criminal, la disminución del daño, que
define como la conducta de haber procurado espontáneamente y eficazmente
evitar o atenuar las consecuencias dañosas del delito o impidiere que el resultado
se produzca salvo que los actos de ejecución ya realizados sean constitutivos de
otro delito consumado, sin que se vea conveniente en relación a este último ilicito,
se aplique un criterio de oportunidad.
En cuanto al segundo aspecto al esclarecimiento de la participación de
otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave, es donde el imputado se
convierte en una fuente de información para obtener elementos de prueba, pues la
ley permite bajo ciertos supuestos expresos, que algunos autores o participes en
el hecho criminal que deciden contribuir efectivamente en el esclarecimiento del
mismo, no sean acusados convirtiéndose testigos criteriados. El promisorio
panorama de efectividad contra el crimen en general queda abierto, pues se
rompe con esa norma el circulo del silencio que rodea a los participes en muchas
bandas criminales, también puede tener efectividad en la lucha contra delitos que
anteriormente no podían ser juzgados por falta de esta salida altera que contempla
nuestro ordenamiento jurídico penal.
c) Cuando el imputado haya como consecuencia directa del hecho
sufrido, un daño físico o psíquico, grave o irreparable que le incapacite para el
ejercicio de sus ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo
haya sufrido un daño moral o de difícil superación;
Aquí estamos hablando de la pena natural. Como consecuencia del
delito pueden haber resultado perjuicios graves para el reo de forma tal que no
tenga sentido aplicar una sanción más allá de aquel padecimiento al haber perdido
un familiar o un miembro de su cuerpo; en este caso el autor del delito esta ya
suficientemente castigado al margen de la pena por causas naturales y no como
consecuencia de la actividad judicial , de forma que la pena no resulta necesaria
solo en menor medida, la poena naturalis es precisamente lo contrario a la
ganancia obtenida por el delito.
Nuestro ordenamiento penal en el Art. 82 C.P., dispone la posibilidad del
perdon judicial, para penas que no excedan de tres años, cuando el hecho ha
tenido para el autor o para las personas mencionadas el artículo anterior o para
personas efectivamente vinculadas al mismo o para su patrimonio consecuencias
levísimas de considerable gravedad y que conforme a las circunstancias
constituyen suficiente motivación para su conducta. El STGB alemán prescribe de
modo análogo la renuncia a la pena “ si las consecuencias del delito que han
afectado al reo son tan graves que la imposición de la pena resultaría
notoriamente errónea” aunque excluyendo la renuncia a la pena “ cuando el reo
mereció por su delito una pena privativa superior al año. Este precepto se aplico
por la jurisprudencia alemana en los siguientes casos, a titulo de ejemplo: a favor
de una madre que mato a su hijo pequeño en el curso de una grave depresión
reactiva, al conductor culpable de una colisión muriendo su propia esposa, o en el
caso que el mismo conductor sufrió lesiones graves irreversibles y fallecimiento de
la mujer que lo acompañaba.
El fundamento de esta teoría reside en que la culpabilidad por el hecho
puede saldarse cuando como consecuencia del delito el autor ha sufrido un
perjuicio grave, directamente a través del daño a terceros, lo que debe expresarse
en la individualización penal mediante la atenuación de la pena si la culpabilidad
por circunstancias posteriores a la acción equivale a la ejecución del hecho con
culpablidad disminuida. En el caso de que la compensación del daño sufrido por el
autor compense totalmente la culpabilidad debe ser tenido en cuenta el principio
de que no hay pena sin culpabilidad (art. 5 C.P. que prohibe la pena innecesaria)
bien por que el hecho se ejecuto por quien no pudo ser declarado culpable
(ejemplo error de prohibición invencible) bien por que la culpabilidad afirmada al
tiempo de la acción se compenso anticipadamente por circunstancias ajenas a la
pena. Si se atiende a esta doctrina resulta evidente como consecuencia que no
resulta legitimo en un derecho penal de la culpabilidad a imponer una pena que no
resulte ya adecuada a la gravedad de la culpabilidad cuando esta se ha extinguido
como consecuencia del mal sufrido por el delito.
La culpabilidad se encuentra compensada en cuanto representa
suficiente castigo, equivalente al mal que presenta la pena. Es decir el legislador
en estos supuestos ha tenido en cuenta las consecuencias derivadas del principio
de culpabilidad por el hecho.
Este apartado se refiere a la situación que sufre el imputado como efecto
directo de su acción y cuya gravedad apunta hacia una renuncia de la pena, lo
cual se debe a que la imposición de la misma resultaría manifestadamente
improcedente como elemento de los objetivos de una pena puede cumplir, es decir
los elementos de la prevención general o de la retribución de la culpabilidad. Ya
que estos objetivos penales estan referidos al autor la consecuencia directa del
hecho a lo que se hace referencia deben de afectarle a él, tal como lo establece
HASSEMER, 38 “... esto se corresponde con la interpretación de la doctrina jurídico
penal que considera razonable renunciar a la pena en los casos citados, por que al
haber alcanzado el autor la poena naturalis, cabria desistir de una poena civiles..”.
38 HASSEMER, WINFRIED: “La Renuncia a la Pena” como instrumento político criminal en política criminal y reforma del derecho penal, Traducción de Joan Josep Queralt, Temis, Bogotá, 1982 p. 217.
Estando en presencia de los casos conocidos como pena natural o retribución
natural, ya que el imputado sufre un daño como resultado de su comportamiento
delictuoso sea este en su propio cuerpo o el de algún ser querido como por
ejemplo el hijo o la esposa.
d) Cuando la pena que corresponda por el hecho o calificación jurídica
de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a la
pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones
o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
En esta clase de supuestos la posibilidad de aplicar un criterio de
oportunidad se da cuando la pena a esperar el autor es elevada, y no podrá
cumplir las impuestas en forma ulterior, por lo que podría generar irrisión y
desvalorización de la pena.
CAPITULO III
III.1 REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD.
Dentro de los requisitos exigibles por nuestro código procesal penal
están en primer lugar que el fiscal auxiliar, tiene que analizar las diligencias
iniciales de investigación sobre un caso concreto, y tendrá que evaluar si el tipo
penal el cual esta investigando, se encuentra dentro de uno de los parámetros
que establece el Art. 20 C. P. P. los cuales se detallan a continuación para mayor
ilustración:
a) Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo
de la contribución del participe o por su mínima culpabilidad no afecte el interés
público.
b) Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para
impedir la ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al
esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en
otro más grave.
c) Cuando el imputado haya sufrido, como consecuencia directa del
hecho, un daño físico, psíquico o irreparable que le incapacite para el ejercicio de
sus ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido
un daño moral o de difícil superación.
d) Cuando la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica
de cuya persecución se prescinde por carecer de importancia en consideración a
la pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o
calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el
extranjero.
Por otra parte se tiene que tomar muy en cuenta el principio de
necesidad y proporcionalidad que establece nuestro ordenamiento en su Art. 5 del
Código Penal, en donde se debe de analizar si el hecho al cual le va aplicar un
criterio no es necesario que el sujeto activo cumpla con una pena, ya sea por su
insignificancia, lo anterior a fin de no entrar en contradicción con el principio de
legalidad y de establecer que nuestro sistema judicial no es efectivo, ya que en la
actualidad se les da premio a los imputados que han secuestrado a X persona,
otorgándoles un criterio de oportunidad, lo cual no sería proporcional con lo
establecido en nuestra constitución y los derechos humanos, que nadie nos puede
privar de nuestra libertad por un móvil lucrativo.
III. 2 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD.
Al haber analizado los requisitos que exige nuestro código procesal penal
para la aplicación de un criterio de oportunidad el fiscal auxiliar de conformidad a
lo establecido en el Art. 247 Pr. Pn., Formulará su petición por medio del
requerimiento fiscal si lo presente en el Juzgado de Paz, a fin que cuando este sea
convocado a AUDIENCIA INICIAL, el fiscal solicite o ratifique lo pedido en el
requerimiento presentado, al haber concluido las intervenciones realizadas por las
partes, el juez da por cerrados los debates y procede a fundamentar si la petición
realizada por la representación fiscal esta de acorde a lo regulado en nuestro
ordenamiento penal, sin más tramite autorizará el criterio de oportunidad para X
procesado.
Así mismo es de hacer notar que en toda regla hay excepciones, como lo
son que el juez no este de acuerdo con lo solicitado por la representación fiscal y
en la resolución declare la disconformidad que señala el Art. 258 Pr.Pn.,
mandando a oír al Jefe de la Representación Fiscal, a fin de que este manifieste si
esta de acuerdo con lo solicitado por el Fiscal Auxiliar o si reformulará nuevo
requerimiento fiscal.
Por otra parte es de aclarar que en la audiencia inicial se puede solicitar
la aplicación de un criterio de oportunidad sino diez días antes de la audiencia
preliminar al Juzgado de Instrucción competente para la aplicación de dicho
criterio. Art. 320 Pr.Pn.-
Es de mucha importancia establecer que no sólo el fiscal puede pedir la
aplicación de un criterio de oportunidad al Juez sino también el querellante, tal
como lo establece el Art. 248 y 313 C.P.P.-
Así mismo se puede dar la situación que el querellante pueda solicitar al
juez de instrucción la aplicación de un criterio de oportunidad, para lo cual el juez
notificará tal petición a la representación fiscal, para que este en el plazo de tres
días contados estos después de la notificación exprese al tribunal si esta de
acuerdo con lo solicitado por el querellante, si el fiscal manifiesta que no esta de
acuerdo con la petición realizada por el querellante el juez no podrá aplicar el
criterio de oportunidad ya que el Art. 20 C.P.P., es bien claro en manifestar “...que
el fiscal solicitará al juez la aplicación de un criterio de oportunidad.
Y por último no es de olvidar que la víctima tiene derecho a ser
escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspención de la
acción penal, siempre que ella lo solicite tal como lo establece el Art. 13 N° 3
C.P.P.
III. 3 BENEFICIOS
Los beneficios que establece la aplicación de los criterios de oportunidad
no van encaminados en un solo aspecto, sino en varios como lo son: a) No tener
mora procesal, b) el beneficio que este aporta a la sociedad, a la persona
criteriada, y en un aspecto también importante que beneficio se le otorga aun
testigo criteriado. En cuanto al primer aspecto con los nuevos avances del derecho
penal este sistema ha ayudado de mucho ya que fiscalía al tener el monopolio de
la acción penal con este sistema puede llegar a esclarecer varios delitos que con
el código derogado no se podía, quedando varios crímenes en la impunidad. En
un segundo aspecto se le da una oportunidad al imputado a fin de que este
reinserté nuevamente a la sociedad cumpliendo con uno de los mandamientos
que establece nuestra Constitución en el Art. 27 Cn.
Y por último los beneficios que el Estado pretende proporcionar a las
personas criteriadas en vista de peligrar su vida, al declarar como testigos según
el régimen de protección a testigos que establece él capitulo VI BIS, del Código
Procesal Penal. En donde se establece:
Que las medidas de protección previstas en el Código antes expresado a
quienes en calidad de testigos intervengan en procesos penales, sea esta en sede
administrativa o judicial.
Para que el presente régimen de protección se de, la autoridad
competente tendrá que apreciar racionalmente el peligro grave para la persona,
libertad o bienes de quien pretenda ampararse en el mismo o en su entorno
familiar. Así mismo podrá solicitar que se reserve su identidad.
Dicha protección se extingue una vez cese el peligro por el cual se le
brinda protección. Lo anterior previsto en el Art. 210-A al 210-G C.P.P.-
III. 4 EFECTOS
Efectos procesales para la aplicación de un criterio de oportunidad son:
En primer lugar la extinción de la acción pública, en relación al
imputado, lo cual se encuentra regulado en el Art. 31 N° 6 C.P.P., no obstante lo
anterior si la decisión del juez se funda en la insignificancia del hecho sus efectos
se extenderán a todos los participes. La extinción de la acción pública no impedirá
la persecución del hecho por medio de la acción privada, no obstante si dentro del
plazo de tres meses contados desde la fecha de la resolución, quien esta
facultado a querellar no propone la querella caducará toda la acción penal.
En segundo lugar, la suspención de la persecución penal condicionada
es un efecto temporal, que luego dará lugar a la extinción de la acción o la
reanudación de su ejercicio, ya que esta suspención se le otorga al procesado
cuando haya realizado este en cuanto estaba en su alcance para impedir la
ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la
participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más, en cuyo caso
se podrá condicionar la extinción de la acción penal, al cumplimiento de la
colaboración o a la eficacia de la información lo que conforma una potestad a la
no-exigencia preceptiva a los efectos de evitar la posibilidad de fraude, lo anterior
a fin de no ver burlada la finalidad de la política criminal. La anterior suspención
durará hasta que se dicte la sentencia respectiva en donde se resolverá si es
pertinente o no prescindir la acción penal o por el contrario reanudar el
procedimiento penal.
En tercer lugar, la conversión de la acción pública en privada, se da en
los casos de lo previsto en el Art. 20 C.P.P., específicamente cuando se trata de la
insignificancia, la mínima contribución o la minina culpabilidad del autor o participe,
a petición de la víctima, esto siempre y cuando Fiscalía lo autorice, y una vez que
esta haya analizado que no hay ningún interés público gravemente comprometido,
por lo que al autorizar dicha conversión por el juez de paz o de instrucción, la
víctima tiene tres meses para presentar la acusación ante el tribunal de sentencia
respectivo de conformidad al Art. 400 C.P.P. y de no hacerlo la víctima en el
tiempo establecido caducará la acción penal tal como lo prescribe el Art. 21 N° 2
C.P.P.-
TITULO IV
I. CONCLUSIONES
El presente estudio realizado sobre LOS CRITERIOS DE
OPORTUNIDAD, permite concluir:
Que el Principio de Oportunidad es, por definición, la facultad que la Ley
otorga al Ministerio Público, de poder abstenerse de ejercitar la acción penal en
cualquiera de los supuestos previstos en la Ley, en contraposición al tradicional
principio de legalidad procesal que obliga al Fiscal a interponer la acción penal
cuando exista el delito. Esta nueva figura es, sin lugar a dudas, la punta de lanza
de un verdadero proceso de reforma de la administración de justicia. En efecto, no
se exagera cuando se afirma que la definitiva instalación de este criterio de justicia
y de simplificación procesal en el ordenamiento y práctica cotidiana de los fiscales,
permitiendo no sólo llegar sin proceso a los destinatarios del derecho penal, sino
evitar y erradicar la saturada carga procesal y penitenciaria, posibilitando con ello
una mejor calidad de justicia para todos. No obstante, quizás sea su mejor virtud la
que provoque su mayor oposición, pues una de las mayores críticas al Principio de
Oportunidad es producto del temor de quienes conceptúan que las decisiones
finales deben salir del proceso y estar éstas siempre en manos de los jueces.
El principio de Oportunidad no es arbitrario ya que el único ente rector de
solicitar tal criterio es el Ministerio de Público a través de agentes auxiliares del
Fiscal General de la República.
Por otra parte es de establecer que este principio de oportunidad surge
por los cambios existentes en una sociedad, donde surge la necesidad ya de no
sólo castigar al imputado por haber cometido un delito sino de otorgarle una
oportunidad ya que sea por la insignificancia del delito o por la pena natural que
este haya tenido, lo cual anteriormente no se hacía ya que únicamente se
castigaba al imputado con una sanción siendo esta la pena.
II. RECOMENDACIONES
Con el propósito de Contribuir al presente tema de estudio, es necesario
hacer las siguientes consideraciones:
Aplicar el beneficio que nos otorga nuestro código procesal penal en
cuanto a la aplicación de un criterio de oportunidad cuando se encuentre dentro
de los parámetros que establece el Art. 20 C.P.P., y no cuando se le antoje a los
fiscales sino ser equitativos en cuanto a su aplicación.
Otorgarles protección a las personas criteriadas por el tiempo necesario
en donde ya no peligre su vida, y no solamente en el juicio, aunque nuestra
legislación diga lo contrario.
Tomar en cuanta el merecimiento y necesidad de la pena, a la cual van a
prescindir cuando se aplique un criterio de oportunidad. Amparado con lo
establecido en el Art. 5 Código Penal.
Hacer un análisis exhaustivo cuando se aplique un criterio de
oportunidad a fin de no dejar sin castigo hechos que por su gravedad no se les
pueda aplicar un criterio de oportunidad, y con ello violentar derechos a otras
personas, como el de considerar que no hubo justicia en cuanto a la lesión de un
bien jurídico lesionado por el imputado. Lo que es llamado prevención general
positiva como función de la pena.
V. BIBLIOGRAFÍA
-A-
ARMETA DEU, TERESA: “ Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad,
Alemania España” PPU, Barcelona 1991.
ARAGONESES ALONSO PEDRO “ Instituciones de Derecho Procesal Penal
quinta Edición, Madrid Rubí Artes Gráficas, 1984.
-B-
BOVINO, ALBERTO: “ Temas de Derecho Procesal Penal Guatemalteco”, la
Edición, Fundación Myrna Mack, Guatemala 1996.
BOVINO, ALBERTO: “ Mecanismos de control de delitos que perjudican al Estado
en el Derecho Federal de los Estados Unidos”, en Pena y Estado, revista
Latinoamericana de Política Criminal, Año 1, número 1, Editores del Puerto
Buenos Aires, 1996.
-C-
CRUZ CASTRO, FERNANDO: “ La investigación y Persecución de la Corrupción.
Observaciones Fundamentales sobre el Rol del Ministerio Público en los Sistema
Penales Latinoamericanos”, en Pena y Estado, revista Latinoamericana de Política
Criminal, año 1, Número 1, Editores de Puerto Rico, Buenos Aires, 1996.
CHIRINO SANCHEZ, ALFREDO: “ Propósito del Principio de Oportunidad y del
Criterio de < Insignificancia del Hecho > , en Reflexiones sobre el Nuevo Proceso
Penal, Colegio Abogados/ Asociaciones de Ciencias Penales, San José, 1997.
-D-
DECRETO NÚMERO 904, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR: “ Código Procesal Penal” 1998.
-F-
FERRAJOLI LUIGI, “ Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal segunda
edición. Trad. De Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruíz Miguel, Juan Carlos Bayón
Mohino, Juan Terradillos Bascoso e Rocío Cantarero Bandrés. Madrid Trotta, 1997
-G-
GONZALEZ BONILLA, RODOLFO ERNESTO Y OTROS: “ Ensayos Doctrinarios
Nuevo Código Procesal Penal” Unidad de Programa de Apoyo a la Reforma del
Sistema de Justicia, UPARSJ, 1ª Edición, San Salvador 1998.
GARGALLO, INGNACIO SANCHO: “ Legalidad Oportunidad y Transacción Penal
en el Procedimiento Abreviado”, en los Principios del Proceso Constitucional de
Inocencia, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial, Madrid,
1992.
GIMENO SENDRA, VICENTE, ET AL: “ Derecho Procesal, Proceso Penal”,
Tirant lo blanch, Valencia, 1993.
GONZALEZ ALVAREZ, DANIEL: “ El Principio de Oportunidad en el Ejercicio de
la Acción Penal”, en revista Ciencias Penales, Asociacion de Ciencias Penales,
año 7 No 5, San José, Julio 1993.
GONZALEZ ALVAREZ, DANIEL: “ El Procedimiento Preparatorio”, en Reflexiones
sobre el nuevo proceso penal, Colegio de Abogados Asociación de Ciencias
Penal, San José, 1997.
GOLDSCHIMIDT JAMES, “ Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal,
Barcelona Bosch 1935.
GOMEZ ORBENAJA EMILIO “ Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
Barcelona Bosch, 1951, tomos I y II.
-H-
HASSEMER, WIMFRIED: “ La Persecución Penal: Legalidad y Oportunidad”, en
revista Ciencias Penales, Asociación de Ciencias Penales, año 7 Número 10, San
José, Julio 1995.
HASSERMER, WINFRIED: “ La Renuncia a la Pena” como Instrumento Político
Criminal”, en Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, traducción de Joan
Josep Queralt, Temis, Bogotá, 1982.
HASSERMER WINFRIED: “ Posibilidades Jurídicas, Policiales y Administrativas
de una lucha más eficaz contra la corrupción” en Pena y Estado Revista
Latinoamericana de Política Criminal, Año 1, número 1, Editores del Puerto
Buenos Aires, 1996.
-J-
JOSE MARIA CASADO PEREZ, JUAN A. DURAN RAMIREZ, CESÁREO DURO
VENTURA, JUAN JOSÉ LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ MANUEL MARCO COS,
CÉSAR E. SALAZAR GRANDE, JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG: “Código
Procesal Penal Comentado” Tomo I, Artículos 1 a 228, Corte Suprema de Justicia.
JESCHECK, HANS-HEINRICH: Rasgos Fundamentales del Movimiento
Internacional de Reforma del Derecho Penal” en Política Criminal y Reforma del
Derecho Penal, traducción de Santiago Mir Puig, Temis, Bogotá, 1982.
JUAN BUSTOS RAMÍREZ, Manual de Derecho Penal, Parte General, tercera
edición aumentada, corregida y puesto al día Octubre 1989, Barcelona España.
JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO y otros, Culpabilidad y Pena su
medición en el sistema Penal Salvadoreño, Corte Suprema de Justicia, El
Salvador, noviembre de 1999.
JESÚS- MARIA SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho Penal
Contemporáneo, José Maria Bosch, Editor S.A- Barcelona 1999.
JAVIER MARTINEZ LAZARO, FRANCISCO RACIONERO CARMONA, La
Ejecución de la Sentencia Pena I parte, Las Penas y su Ejecución, Febrrero de
1999.
JULIO B. J. MAIER “La Investigación Penal del Ministerio Público” Ediciones
Lerner, Buenos Aires 1975, Páginas 96 y siguientes.
JUAN LUIS GOMEZ COLOMER “ El Proceso Penal Alemán, Editorial Bosch,
Barcelona-España 1985.
-L-
LEONARDO RAMIREZ MURCIA: “ Mecanismos Alternos al Juicio en los Poros de
la Justicia.
-M-
MANZARES SAMANIEGO, JOSE LUIS: “ Oportunidad y Conformidad” en los
Principios del Proceso Penal y la Presunción Constitucional de Inocencia,
Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial, Madrid 1992.
MARCHENA GOMEZ, MANUEL: “ El Ministerio Fiscal: Su pasado y Futuro” ,
Marcial Ponds, Madrid 1992.
MAIER JULIO B.J. : “ Derecho Procesal Penal Argentino”, Tomo I, Volumen b,
Fundamentos, Hammurabi, Buenos Aires, 1989.
MORA, LUIS PAULINO: “Los Principios Fundamentales que Informan el Código
Procesal Penal de 1988”, en Reflexiones Sobre el Nuevo Proceso Penal, Colegio
de Abogados de Costa Rica/ Asociación de Ciencias Penales, San José, 1977.
MONTERO AROCA JUAN, “ Principios del Proceso Penal, una explicación basada
en la raxón, Valencia Tirat lo Blanch 1997.
-R-
RIOS TORRES, JORGE: “ Procesos Penales en los Estados Unidos”, en el
Ministerio Público para una nueva Justicia Criminal Fundación de Paz Ciudadana /
Universidad Diego Portales / Corporación de Promoción Universitaria, Santiago
de Chile, 1994.
ROXIN, CLAUS, ET AL: “ Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal
Procesal”, versión Española, notas comentarios de los profesores Luis Arroyo
Zapatero y Juan Luis Gómez Colomer, Ariel Barcelona, 1989.
RUIZ VADILLO, ENRIQUE: “ Principios Generales. Legalidad, Proporcionalidad
etc, en la Restitución de los derechos fundamentales de la persona en el proceso
penal, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo del Poder Judicial, Madrid 1993.
-S-
SOTO PI-ERIO, MIGUEL: “ Ministerio Público y Política Criminal” en el Ministerio
Público para una nueva Justicia Criminal, Fundación Paz Ciudadana / Universidad
Diego Portales / Corporación de Promoción Universitaria, Santiago de Chile, 1994.
SILVIA BARONA VILAR “ La Conformidad en el Proceso Penal” Ediciones Tirant
lo Blanch, Valencia-España, 1994.
-T-
TIEDEMANN, KLAUS, ET AL: “ Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal
Procesal”, versión Española, notas y comentarios de los Profesores Luis Arroyo
Zapatero y Juan Luis Gómez Colomer, Ariel, Barcelona 1989.
TIJERINO PACHECO, JOSÉ MARÍA: “ El Principio de Oportunidad en el Ejercicio
de la Acción Penal”, en Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal Colegio de
Abogados / Asociación de Ciencias Penales, San José 1196.
