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INFORME ALTERNATIVO COAMEX

A dos años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Informe alternativo sobre la situación de los derechos a la salud, empleo y educación de las personas con discapacidad en México

2008-2010

Presidentes de las Organizaciones que conforman la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX):

APAC, I.A.P.

–Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral-

María Margara YarzaPrida

Leonor Ortiz Monasterio

Gabriela Molina Ortiz Monasterio

Confederación Mexicana de Organizaciones

a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.

Javier Agustín QuijanoOrvañanos

Ernesto Velazco León

Juan Rodolfo Vidal Saldaña

Fundación Paso a Paso

Olga Montúfar Contreras

Libre Acceso A.C.

Federico Fleischmann Loredo

Equipo operativo de la COAMEX:

Dr. Enrique Garrido Ramírez

APAC, I.A.P. –Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral-

Abigail Hernández Mejía

Patricia Ramírez Flores

Carolina Martínez Romo

Gabriela Martínez Olivares

Alin Valenzuela Cabrales

Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.

Laura Bermejo Molina

Libre Acceso A.C.

Juan López Villanueva

Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Redacción.

Juan López Villanueva

Versión en Inglés.

Emmanuel Cárdenas

Versión en Náhuatl.

Epigmenio Galindo Cerón

Mario Licona Hueyotenco

Versión en Lectura Fácil

Paloma Quijano Castello

Patricia Ramírez Flores

Gabriela Martínez Olivares

Corrección de Estilo.

Carlos Juárez Hernández

COAMEX agradece a

Todas las Personas con Discapacidad y sus familias, que participaron e hicieron posible este proyecto.

Disability Rights Fund (DRF) por el financiamiento para la elaboración del presente informe y el apoyo técnico-administrativo recibido por parte de Catalina Devandas-Aguilar y Yolanda Muñoz González.

Los asesores:

Stefan Trömel

International Disability Alliance (IDA)

Jerry Mindes.

American Institute for Research (AIR)

Julian Quibell

Keyla González Hilario

Rocío Álvarez Montero

National Democratic Institute (NDI)

Edoardo Bazzaco

Diego Lorente

Asesores externos de NDI

Las personas con discapacidad que

participaron en las entrevistas a profundidad:

Avelino Castro

Crisanta Roldán

Cristina Hoffman

Francisco Ávila, padre de

Guadalupe Ávila, persona

con discapacidad múltiple

Gregoria Roldán

Ildemaro Correa

Jorge Santiago Jacinto,

José Luis Martínez

Marco Antonio Bautista

Marco Antonio Castellanos

Rafael Reyes

Todas las organizaciones y grupos amigos que participaron en este gran esfuerzo, a las organizaciones de la Red Nacional de la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C. y los Centro Afiliados a APAC I.A.P. –Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral- a todos ustedes muchas gracias por su colaboración en la aplicación de la Encuesta Nacional que permitió la elaboración de este informe:

Adelante Niño Down, A.C. Algo Especial en Discapacidad, A.C. Andares, A.B.P. APAC I.A.P. - Asociación Pro Personas con

Parálisis Cerebral Apoyando a Angelitos con Autismo, A.C. Asociación Ciencias de la Conducta, A.C.

Especialistas Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas

de Yucatán, A.C. Asociación de Familias en Acción en Pro del

Discapacitado Intelectual, A.C. Asociación de Padres “Esfuerzo Unido”, A.C. Asociación de Padres de Familia con Hijos

Deficientes Mentales, A.C. Asociación de Padres de Familia de Hijos con

Discapacidad Intelectual Benito Juárez, A.C. Asociación de Padres de Personas con

Necesidades Especiales, A.C. Asociación Potosina en Pro del Deficiente

Mental, A.C. Asociación Pro Deficiente Mental de Oaxaca,

A.C. Asociación Pro Niños Excepcionales, A.C. Asociación Pro Parálisis Cerebral Colima, I.A.P. Asociación Pro Parálisis Cerebral Culiacán,

I.A.P. Asociación Pro Parálisis Cerebral Fresnillo, A.C. Asociación Pro Parálisis Cerebral Querétaro,

I.A.P. Asociación Pro Parálisis Cerebral Zacatecas,

A.C. Asociación Tutelar, I.A.P. Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-

Deficiente Mental, A.C. BestBuddies México, A.C. Calidad de Vida “Conóceme, A.C.” Capacitación, Industria y Artesanía –CINIA- Casa Hogar Vida Nueva, A.C. Centro Cultural Xalostoc Centro de Adiestramiento Personal y Social, A.C. Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón Centro de Asesoría Psicopedagógica, S.C. Centro de Atención al Autismo “Aura”, A.C. Centro de Atención al Niño y la Familia Pasos,

A.C. Centro de Atención Especial “Nueva Luz, A.C.”

Centro de Atención Integral “Lupita Hinojosa de Murat” Huajuapan de León.

Centro de Atención Múltiple Jean Piaget, A.C. Centro de Atención Múltiple No 10 Atizapán Centro de Atención Múltiple No 73 Centro de Atención Múltiple No. 1 Centro de Atención Múltiple No. 5 Centro de Capacitación Especial “Mundo

Nuevo”, A.C. Centro de Capacitación para la Vida

Independiente, A.C. Centro de Capacitación y Educación Especial

“La Luz”, A.C. Centro de Educación Down, A.C. Centro de Educación Especial e Integración

Social “Kandinsky”, S.C. Centro de Educación y Desarrollo Humano,

Campus Tlalpan Centro de Educación y Rehabilitación

Sembradores, A.C. Centro de Habilitación e Integración para

Invidentes, I.A.P. Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje,

A.C. Centro de Investigación y Servicios de

Educación Especial, A.C. Centro de Recursos e Información para la

Integración Educativa -CREO Campeche- Centro de Recursos e Información para la

Integración Educativa –CRIE Acapulco- Centro de Rehabilitación Celaya, A.C. “APAC

Celaya” Centro de Rehabilitación Integral y

Comunicación Aumentativa y Alternativa, A.C. Centro de Rehabilitación Voluntarias de

Zoquiapan, I.A.P. Centro de Rehabilitación y Educación Especial

CREE Santa Mónica, A.C. Centro de Rehabilitación y Educación, A.C. Centro de Rehabilitación y Terapia de San Juan

Ixtayopan, I.A.P. Centro de Terapia Educativa Hidalguense, A.C. Centro de Terapia Ocupacional Remunerada,

A.C. Centro Down de Tláhuac “Herminia Osorio Vda.

de Cabrera”, A.C. Centro Educativo de Desarrollo Integral y

Cultural, A.C.

Centro Educativo Domus, A.C. Centro Educativo para Niños con Necesidades

Especiales, A.C. Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C. Centro Itari, A.C. Centro Laboral México, I.A.P. Centro Neuropsicomotriz Ángeles en Movimiento Centro Psicoeducativo Freire, A.C. Centro YMCA de Educación Especial, A.C. Clínica de Audición y Lenguaje Effeta, A.C. Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del

Desarrollo, A.C. Comunidad Agazzi, A.C. Comunidad Crecer, I.A.P. Comunidad Down, A.C. Confederación Mexicana de Organizaciones a

Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.

Departamento de Servicios Educativos de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Guerrero.

Desafíos de la Pedagogía Siglo XXI, A.C. Desarrollo Integral de la Familia, Otumba Educación Personalizada Año 2000, A.C. En – Co Mariposa Blanca, A.C. Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, A.C. Excelencia Eduactiva, A.C. Fundación de Apoyo para la Educación Especial,

A.C. Familiares y Amigos de Personas con

Discapacidad Intelectual, A.C. Federación Sinaloense de Asociaciones a Favor

de las Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.

Fundación CTDUCA, I.A.P Fundación Down de Puebla, A.C. Fundación para la Formación Integral en Busca

de un México Mejor, I.A.P. Fundación Paso a Paso, A.C. Fundación por una Inocencia Feliz, A.C. Fundación Trébol de Puebla, A.C.

Grupo Barreto, A.C. Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos A.C. Iguales pero Diferentes A.C. Instituto de Lenguaje, Aprendizaje y Conducta,

A.C. Instituto Down de Chihuahua, A.C. Instituto Guadalupe, A.C Instituto Irapuatense Down, A.C. Instituto Pedagógico de León, A.C. Integra Capacitación Laboral para Personas con

Discapacidad Intelectual, A.C. Integración Down, I.A.P. Integración para Personas con Deficiencias

Mentales, A.C. Integración Zacatecana, A.C. Kabah, Psicoterapia y Movimiento Kadima, A.C. La Casita de San Ángel, I.A.P. Libre Aceso, A.C. Mano con mano y es por ti Juan Carlos, A.C. Núcleo Integral de Personas con Capacidades

Diferentes de Toloyucan, A.C. Nuevo Mundo en Educación Especial,

Querétaro, I.A.P. Olimpiadas Especiales México, A.C. Proyecto Aliento de Vida, A.C. Red Instituciones a Favor de la Discapacidad –

IFADI- Saber para Crecer, I.A.P. Secretaría de Desarrollo Social, Nuevo León. Taller de Expresión Integral, A.C. Taller Pro Discapacidad, A.C. Todos por la Inclusión, A.C. Un Espacio Una Oportunidad, A.C. Un Nuevo Sol Instituto para Niños Down, A.C. Una Luz en Oaxaca, A.C. Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles

Visuales, I.A.P. Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación

Regular No. 96, Tamaulipas.

Finalmente se otorga un reconocimiento especial a todos los encuestadores, entrevistadores, equipo de sistematización y captura, prestadores de servicio social y voluntarios que participaron en la organización de este informe.

Informe Alternativo COAMEX: 2008-2010 1

In memoriam de

Abigail Hernández Mejía, Directora General de

CONFE y piedra angular en el desarrollo de este

proyecto.


1. Introducción 4

1.1 Antecedentes.........................................................................................................................................................5

1.2 Esquema metodológico del Informe.....................................................................................................................6

2. Marco jurídico aplicable 8

2.1 Instrumentos y criterios internacionales...............................................................................................................9

2.2. Legislación nacional..........................................................................................................................................11

3. Información general de los insumos 16

3.1 Información aportada por el Estado...................................................................................................................16

3.2 Descripción general de la información recabada por la encuesta nacional........................................................18

3.3 Descripción general de los participantes de las entrevistas a profundidad........................................................24

4. Accesibilidad 25

4.1 Revisión del marco jurídico................................................................................................................................25


5. Derecho a la educación 30



5.3 Hallazgos de la encuesta exploratoria en materia de educación.........................................................................40

6. Derecho al trabajo 48



6.3 Hallazgos en la encuesta nacional......................................................................................................................55

7. Derecho a la salud 62




8. Vida política y acceso a la justicia 75

8.1 Vivienda y servicios bancarios...........................................................................................................................76

9. Estereotipos y toma de conciencia 76



10. Grupos en condición de vulnerabilidad 82

10.1 Información aportada por el Estado.................................................................................................................83


10.2 Hallazgos de la encuesta nacional....................................................................................................................85

Apartado de recomendaciones 88

Anexos. Modelo y desarrollo metodológica del informe 108

1. Problemática.......................................................................................................................................................101

2. Objetivos.............................................................................................................................................................105

3. Marco conceptual...............................................................................................................................................106

4. Metodología........................................................................................................................................................110


1. IntroducciónLa Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX),

está integrada por cuatro organizaciones dedicadas a proporcionar servicios que hacen efectivo el goce de los derechos de las personas con discapacidad: Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral A.C. (APAC), Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE), Fundación Paso a Paso A.C. y Libre Acceso A.C. En conjunto, COAMEX trabaja coordinadamente con más de 350 organizaciones civiles de o para personas con discapacidad.

Como es del conocimiento general, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención) fue impulsada y posteriormente reconocida por el Estado mexicano. En consecuencia, el gobierno de México debe presentar su informe inicial exhaustivo sobre acciones realizadas en el periodo de mayo de 2008 a mayo de 2010, según los términos del artículo 35.1 de la Convención, a dos años de su entrada en vigor, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presente informe, tiene por objeto documentar específicamente el estado que guardan tres derechos contenidos en la Convención: Educación (Art. 24), Salud (Art. 25) y Trabajo (Art. 27). Estos derechos serán analizados con cinco ejes transversales: políticas públicas y asignación presupuestaria; accesibilidad; grupos con alto grado de marginación -mujeres, niños e indígenas- discapacidad múltiple y personalidad jurídica (Art. 12). Consideramos los tres derechos como prioritarios, pues con base en nuestra experiencia, son los que más impactan la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Además, los ocho principios referidos en el artículo 3 de la Convención, están considerados como parte del marco teórico para el análisis de la función pública hacia las personas con discapacidad. Como detallaremos más adelante, con este ejercicio pretendemos un informe documentado y analítico, atento al contexto mexicano y a los esfuerzos que muchas organizaciones civiles realizan desde hace varias décadas, además de aportar directrices que permitan crear, fortalecer o reorientar políticas públicas en la materia.

El estudio de estos tres derechos, forma parte de un esfuerzo conjunto con dos grupos de trabajo con quienes se presenta el informe independiente, pretendiendo abarcar panorámicamente a la Convención. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos realizó una novedosa investigación, sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia se concentró, en los temas de armonización legislativa y en el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, garantizado por el artículo 12 de la Convención.

Después de un proceso de acercamiento, los tres equipos de trabajo iniciaron labores de manera aislada y posteriormente nos planteamos la meta de realizar una investigación con base en la colaboración coordinada, complementaria y transparente, aprovechando la experiencia adquirida por cada grupo tras muchos años en el desarrollo de sus actividades. En su participación durante el taller preparatorio del informe inicial del gobierno de México, la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó la importancia y la conveniencia de que los informes complementarios sean presentados por


coaliciones, pues ello refleja el grado de madurez que el movimiento de la sociedad civil ha logrado.

Al respecto, COAMEX se adhiere al criterio asentado en la Guidance Document, emitido en mayo de 2010 por International Disability Alliance: “Es altamente recomendable que la preparación del informe paralelo se lleve a cabo con una coalición nacional”1. De lograr dicha articulación, estaremos logrando una coalición de coaliciones.

1.1 Antecedentes

El sistema interamericano adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Guatemala, 1999), en la que por vez primera se abordó de una manera específica y diferenciada el tema de las personas con discapacidad, aunque no de sus derechos. México firmó el documento en junio de 1999 y lo ratificó en junio de 2000. La Convención Interamericana entró en vigor a nivel internacional en septiembre de 2001.

Este primer esfuerzo tuvo el mérito (además de definir por vez primera a nivel instrumental los conceptos de persona con discapacidad y el de su discriminación asociada) de conformar un Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada estado parte. Su artículo VI define que noventa días después de que la undécima ratificación sea depositada2, el Comité celebrará su primera reunión en la cual los gobiernos, presentarán un primer informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación de dicho instrumento internacional. Posteriormente, los informes serán presentados cada cuatro años.

La conformación del Comité Interamericano se logró finalmente el 6 de junio de 2006, en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA. Las resoluciones fueron en el sentido de conformar dicho Comité, y de apoyarse en los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil organizada para la elaboración de los documentos necesarios y así, poner en marcha el mecanismo previsto en el artículo VI de la Convención Interamericana. Finalmente, la primera reunión de dicho Comité se realizó del 28 de febrero al 1º de marzo de 2007, en Panamá.

Con motivo de la conformación del Comité Interamericano, el gobierno de México presentó un informe inicial y un informe complementario, así como diversos documentos adicionales, tales como un diagnóstico sobre discapacidad en México, llevado a cabo por el CONAPRED mexicano y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, un compendio de legislaciones alusivas al tema de personas con discapacidad, información adicional sobre las actividades realizadas por la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, Relacionadas a la Visibilización del Grupo Vulnerado Personas con Discapacidad, reportando actividades hasta 2006.

En nuestro país, el proceso de cambio se originó a principios de los noventa, paralelamente a la dinámica internacional. Así, se puede apreciar una incipiente adecuación legislativa en México, traducido en la información adicional aportada con motivo de la primera

1 Guidance Document. International Disability Alliance. Mayo de 2010. Pg. 27.2En noviembre de 2002 se cumplieron esos noventa días, tras de la ratificación del gobierno de Nicaragua de la Convención Interamericana.


sesión del Comité Interamericano. Así, fueron reportadas la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 y la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada el 10 de junio de 2005, y de la cual aún esperamos la conformación del reglamento que le dé viabilidad jurídica, como analizaremos más adelante.

La promulgación de la Convención Interamericana y la conformación de su Comité, significaron el antecedente más importante desde los esfuerzos por conformar una instrumentación internacional en la década de los setenta, cuyo sistema internacional elaboró la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (diciembre de 1971) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos (diciembre de 1975), antes del cuestionamiento del paradigma médico, y de la formulación de la propuesta de inclusión social de pleno derecho, con la que se abrió la discusión de la Convención que ahora convoca a México a rendir su informe inicial, y a COAMEX a intentar un esfuerzo que documente su experiencia de trabajo a la luz de los nuevos lineamientos de la Convención.

La Convención es fruto de un complejo proceso de consenso. En su origen, el gobierno de México jugó un papel preponderante, en buena medida impulsado y guiado por Gilberto Rincón Gallardo entonces titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). A raíz de la entrada en vigor de la Convención en México (mayo de 2008), el instrumento ha sido motivo del comienzo de un fuerte reacomodo conceptual en el país, derivado del rigor de la nueva redacción, caracterizada por la puntualidad de los términos, así como por la inserción clara de principios rectores y derechos, algunos de los cuáles han generado una fuerte resistencia, como es el caso del artículo 12, relativo a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, que finalmente llevó a México a plantear una reserva interpretativa que ha sido cuestionada, tanto por las organizaciones nacionales de la sociedad civil, como por un gran número de instituciones académicas y promotoras de los derechos humanos.

La Convención obliga a replantear prácticamente la generalidad de los conceptos en el tema y por ende, los estados tienen el reto de atender al menos tres ejes: políticas públicas acordes a la Convención, políticas presupuestarias que sustenten el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia y la implementación de Mecanismos Nacionales de Seguimiento que permitan verificar la vigencia de los derechos reconocidos en la Convención. En esta hipótesis, el Gobierno de México no puede estar ajeno a la re-conceptualización y en buena medida ésta, es una de las premisas de trabajo para el trasfondo de este informe independiente, sin pasar por alto el importante trabajo desempeñado por el Estado mexicano en el concierto de las naciones, para la formulación de la Convención.

En suma, reconocemos el esfuerzo realizado y el resultado obtenido con la promulgación de la Convención, así como la importancia que tanto el gobierno de México y las organizaciones de la sociedad civil han tenido en el proceso. Este informe, tiene por objeto precisar los logros y


las insuficiencias, así como hacer propuestas de carácter estructural, aprovechando la larga experiencia de trabajo en la materia, por parte de nuestras organizaciones.

1.2. Esquema metodológico del informe

Para la elaboración de este informe, partimos de la obtención de tres insumos generales:

1. Preguntas específicas al sistema de transparencia y de acceso a la información pública del gobierno federal mexicano “INFOMEX Gobierno Federal”;


2. Elaboración y aplicación de una encuesta de cobertura nacional dirigida a personas con discapacidad detallada en los capítulos subsecuentes;

3. Realizamos once entrevistas de fondo a personas, que por su trayectoria han logrado trascender en la vida política, académica, profesional, empresarial, deportiva, cuya circunstancia de vida, amerita un acercamiento a través de una entrevista formal.

Con base en estos tres insumos y en la instrumentación internacional, con particular énfasis en la Convención, serán analizados los compromisos asumidos por el gobierno de México, desde una doble perspectiva: las políticas públicas integrales y las políticas presupuestarias para la vigencia de los derechos a la Educación (Art. 24), a la Salud (Art. 25) y al Trabajo (Art. 27). Esto es, ante la novedad de la Convención y después de los cambios realizados por el gobierno mexicano con la Convención Interamericana ¿qué políticas públicas estructurales ha implementado el país que impulsó en primer lugar la propia Convención, y qué recursos presupuestales invierte en dicha planeación integral?

La información obtenida a través del sistema INFOMEX, será contrastada con las 3,224 encuestas, aplicadas en 22 entidades federativas a personas con distintos tipos de discapacidad. Las diez entrevistas de profundidad complementan tanto los resultados de las encuestas, como los resultados obtenidos del sistema mexicano de acceso a la información. Los temas transversales mencionados al principio (políticas públicas, asignación presupuestaria, accesibilidad y población indígena), serán la constante en reflexión como temas que interesan específicamente a la COAMEX.

Conforme se van desarrollando los temas, son identificadas las recomendaciones que de la propia documentación se derivan. Las más destacadas, son parte del contenido del capítulo de recomendaciones que conforma nuestra aportación al informe presentado en bloque con las otras dos organizaciones (la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia). Con los aportes de los tres grupos de trabajo, se pretende que el Comité tenga una radiografía panorámica de la percepción de buena parte de la sociedad civil organizada, atenta tanto al tema de los derechos humanos, como al trabajo con y para personas con discapacidad.

Para llegar a coordinar las actividades de dos importantes y reconocidas organizaciones, más COAMEX, se llevó a cabo un proceso durante un año donde se procuraron acercamientos, con base en la idea de que no disociar la defensa o la promoción de los derechos humanos, con el trabajo diario de las organizaciones especializadas en el trato con personas de todos los tipos de discapacidad. La entrada en vigor de la Convención es la mejor prueba de ello: por vez primera la comunidad internacional cuenta con un instrumento que asocia de una manera natural y sencilla un tema con el otro.

2. Marco jurídico aplicable

Para abordar nuestro estudio, hemos optado por la perspectiva de derechos humanos caracterizada por sus principios generales: la universalidad, la integralidad, la progresividad, la


no-renunciabilidad y la exigibilidad. En el caso de los derechos particularizados a las personas con discapacidad, el marco conceptual se complementa con los ocho principios asentados en el artículo 3º de La Convención: Dignidad inherente, no discriminación, participación e inclusión, respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad humana, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer, y el respeto a la evolución de la niñez con discapacidad.

Haremos con ello, una clara diferenciación entre el régimen legal tradicional cuya data es de cientos de años, contrastando con la vigencia reciente del sistema universal y regional de los derechos humanos, incluida su propia gesta evolutiva. Así, analizaremos también las distintas fases que en materia de los derechos de las personas con discapacidad se han dado en las últimas seis décadas, hasta la emergencia de los nuevos paradigmas conceptuales de la Convención. En suma, nuestro marco conceptual emana de los contenidos mismos de la Convención.

Lo anterior significa que daremos prevalencia a la manera como la Convención aborda el tema de los derechos de las personas con discapacidad, considerando en parte ambos valores: como marco jurídico y como marco teórico. En este caso, pensamos que ambos extremos tienen relación intrínseca: la Convención es un referente de derecho y es un referente teórico, por la novedad de sus planteamientos, así como por la forma en que germinó su consenso.

2.1 Instrumentos y criterios internacionales

El gobierno de México tiene dos referentes a nivel internacional donde se enmarcan las llamadas armonizaciones legislativas: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sistema universal de los derechos humanos. Sin embargo no son los únicos instrumentos existentes en esta materia, ni los únicos referentes de compromisos de nuestro país.

Los criterios propuestos en las declaraciones del “retrasado mental” (diciembre de 1971), así como en la de “los impedidos” (diciembre de 1975), son ahora insuficientes. En el primer caso, asocia conceptos sin relación necesaria: retraso mental con las personas físicamente desfavorecidas, por ejemplo. La enunciación de derechos es redundante pero insuficiente, pues no ofrece precisión mayor que la contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, el primer artículo refiere que “El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los demás seres humanos”.

En el caso de la Declaración de los Derechos de los Impedidos, en su preámbulo se reafirma la resolución 1921 (mayo de 1975) del Consejo Económico y Social de la ONU, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación de los incapacitados, insistiendo en la perspectiva de la readaptación con la carga que ello conlleva. Igualmente, retoma el criterio de la “rehabilitación de los física y mentalmente desfavorecidos”. Otro concepto rector en este instrumento es el de incorporara la vida social normal a los mencionados “impedidos”, según los términos que entonces se usaban.

La sola cita de estos tres “principios” en el preámbulo de este documento, da cuenta de la naturaleza y de los alcances del proceso social en torno al tema en los siguientes 30 años:


de 1975 a 2005, cuando la Convención los desplaza por los principios contenidos en el artículo 3 de la misma:

1. Dignidad inherente (autonomía e independencia) 2. No discriminación3. Participación e inclusión (sustituyendo a la incorporación)4. Respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad humana5. Igualdad de oportunidades6. Accesibilidad7. Igualdad entre hombre y mujer, y8. Respeto a la evolución de la niñez con discapacidad, preservando su identidad

Con la formulación de estos principios, la nueva Convención se pone delante de los demás instrumentos internacionales y cubre aquellos criterios derivados del resto de los órganos de la ONU, en los cuales fueron basados. Tal es el caso de la Resolución 1921 del Consejo Económico Social, o la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, que sirvieron de base para las declaraciones referidas.

Un ejemplo del cambio de paradigma es la reversión de la perspectiva de readaptación y rehabilitación: la primera es en sí misma discriminatoria y la segunda impone la perspectiva médico-asistencialista, con la cual la discapacidad terminaba equivaliendo a una enfermedad. Con la introducción del tercer principio, puede decirse que se da una revolución en la conceptualización adecuada del tema a regular y por lo tanto, es posible abordar de una manera sistémica y sistemática el tema de los derechos de las personas con discapacidad.

Haciendo un repaso de los instrumentos internacionales, relacionados con las personas con discapacidad donde se contemplan los tres derechos que este informe pretende analizar, podemos apreciar como en los últimos diez años se ha dado un periodo acelerado de transición conceptual, muy diferenciada con las definiciones de los instrumentos internacionales previos. Los instrumentos internacionales antiguos, aunque estén vigentes van cayendo en desuso por su descontextualización.

Los términos y conceptos de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental no pueden ser sostenidos ahora, pues a pesar de que intenta reconocer derechos concretos, éstos se pierden al no poder definir adecuadamente al sujeto social que pretende proteger. Incluso, en su preámbulo asocia a los “física y mentalmente desfavorecidos” para asegurar su bienestar y su rehabilitación. A 40 años de la promulgación de esta Declaración podemos ver lo mucho que se ha avanzado, al menos en lo conceptual.


La Convención Interamericana no reconoce expresamente derechos, sino que es de los instrumentos internacionales que se proponen objetivos específicos (la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad), mediante acciones planteadas en el artículo III de este instrumento. Por ello, no podrá encontrarse en ella la nominación de derechos específicos, aunque enuncia el concepto y estos pueden inferirse en el instrumento.

El artículo III refiere que los Estados se comprometen a adoptar las medidas para eliminar progresivamente la discriminación en torno al empleo, transporte, comunicaciones, vivienda, recreación, educación, deporte, acceso a la justicia, servicios policiales, actividades políticas y de administración. Por esa naturaleza, las disposiciones de la Convención son de carácter más general que las de aquellos instrumentos que tutelan derechos específicos.

De hecho, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no incluye el derecho a la salud, a la educación, o al trabajo. Quizás de esta situación deriven las características de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, basada en la no discriminación, y no en la enunciación de derechos.

Por estas razones, consideraremos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU como el referente mejor elaborado y de mayor trascendencia, tanto por la limpieza de sus conceptos, como por el la estructura misma de su redacción y capitulado, que sugiere una novedosa manera de abordar un fenómeno social complejo, como es el de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.

2.2. Legislación nacional


El estudio de la legislación nacional puede ser abordado desde dos momentos: antes y después de la suscripción de los instrumentos internacionales. Como se refirió en el capítulo de introducción, el grueso de la armonización legislativa en torno a nuestro tema se dio previo a la entrada en vigor de la Convención, pero que pueden y deben ser consideradas como parte de los avances del Estado mexicano y a su vez, deben formar parte del análisis para el informe inicial, si bien no como resultados a reportar, sí como parte del marco obligado, ya sea a cumplir o a mejorar.

En ese sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un compendio de legislación sobre discapacidad3, que ayuda en gran medida para el tipo de análisis comparativo que pretendemos enseguida. Los derechos que interesan a este reporte independiente están contenidos en el orden constitucional y en diversas legislaciones secundarias. Pero los relacionados con las personas con discapacidad, se encuentran detallados en la Ley General de las Personas con Discapacidad4, en los artículos 7 (salud), 9 (Trabajo y capacitación) y 10 (educación).

Por absurdo que parezca, esta ley es inoperante debido a que el titular del Poder Ejecutivo, no ha cumplido con los términos del artículo 5º transitorio en el cual se explicita como se tienen 180 días, a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación para expedir el reglamento. Esa fecha venció en diciembre de 2005, hace casi cinco años. La implementación de un reglamento es una condición ineludible para que la ley sea aplicable; así, aun cuando el derecho está reconocido, no es jurídicamente aplicable porque no están formalizados los órganos encargados de su observancia y desarrollo, los cuales deben estar contenidos en el reglamento.

En el portal electrónico de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)5 se encuentra el proyecto de reglamento de la Ley General, con fecha de apertura del 12 de abril de 2010, promovido por la Secretaría de Salud. La COFEMER determinó que no tiene objeciones a la propuesta reglamentaria, por ello ahora, la última palabra es de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, desde abril de 2010. En otras palabras, es el turno del Poder Ejecutivo Federal.

Para efectos de ubicar los derechos tema de este informe en la legislación nacional, la mencionada ley general propone nueve principios rectores:

Equidad Justicia social Igualdad e igualdad de oportunidades Respeto por la diferencia Respeto por la dignidad y la autonomía individual Integración e inclusión Reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana

3Compendio de legislación sobre discapacidad. Marco Internacional y Nacional. Disponible en CD. Editado en diciembre de 2009, con auspicio del PNUD.4Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, durante el mandato del presidente Vicente Fox, prácticamente tres años antes de la entrada en vigor de la Convención. 5La COFEMER es la instancia pública encargada de verificar la viabilidad de las propuestas reglamentarias para las leyes del país. En el caso de la Ley General de las Personas con Discapacidad, el procedimiento se encuentra en fase de estudio y ha recibido comentarios de particulares, mismos que deben ser tomados en consideración, conforme lo establece el reglamento de esta instancia.


Accesibilidad, y No discriminación

El artículo 7 de la Ley General declara que las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Mandata a las autoridades en la materia el diseño, ejecución y evaluación de programas relativos a la salud de las personas con discapacidad; también prevé la creación de centros responsables de la ejecución de dichos programas, la constitución de bancos de prótesis y de centros asistenciales para las personas con discapacidad intelectual.

El artículo 9 reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y a la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para ello, las autoridades en la materia promoverán el establecimiento de “políticas en materia de trabajo”; promover programas de capacitación; diseñar, ejecutar y evaluar un programa nacional de trabajo para la integración laboral; formular y ejecutar programas de incorporación de personas con discapacidad en el servicio público y en el sector privado.

El artículo 10, condiciona que la educación impartida y regulada por el Estado contribuya al desarrollo integral de las personas con discapacidad, con base en la elaboración y fortalecimiento de los programa de educación especial e integración educativa; garantice la incorporación en todos los niveles del sistema educativo nacional; admita y atienda a los menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y en las guarderías, públicas y privadas; apoye en la formación de una docencia sensible al tema; así como lograr establecer en los programas educativos por televisión, la lengua de señas mexicana.

Adicionalmente, en el tema de derecho a la educación para las personas con discapacidad, la Ley General condiciona que el Sistema Nacional de Bibliotecas, y los servicios de información de la Administración Pública Federal contarán con equipos de cómputo con tecnología accesible. Finalmente, en la ley se reconoce a la lengua de señas mexicana, como parte del patrimonio lingüístico de la nación mexicana.

Por cuanto hace a la accesibilidad, la Ley General reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas “en espacios públicos”, y condiciona que a partir de su vigencia, los edificios públicos se adecuarán a las normas oficiales, emitidas por las autoridades competentes.

Como puede apreciarse, la legislación nacional es próxima y consonante con la mayoría de los criterios e instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Existe, por lo tanto una línea conductiva entre el proceso internacional de reconocimiento de tales derechos y la armonización legislativa a nivel nacional. Prácticamente en las entidades federativas existen legislaciones locales que intentan secundar a la legislación general. Para los fines de nuestro informe, existe un marco regulatorio sobre los derechos de las personas con discapacidad que, aunque falto de su reglamentación y por lo tanto de su ejecución y operatividad, puede ser invocado como marco referencial obligado para el seguimiento de los compromisos ante la comunidad internacional, sobre el tema materia de este informe, aunque sea de manera desarticulada.

Por último, aunque de primera importancia, debe citarse el Plan Nacional de Desarrollo (PND)6 2007-2012, elaborado por la Presidencia de la República. En él, el Poder Ejecutivo 6El PND es un documento de índole constitucional, contenido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente refiere: “Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá


Federal marca los objetivos sobre los cuales discurrirán los principales proyectos nacionales sexenales. De una forma simple, puede decirse que en el PND están contenidas –o deberían estarlo- las trazas generales de las políticas públicas estructurales y trascendentales sobre las que serán aterrizadas las políticas públicas presupuestales7. El propio plan establece que:

El principal instrumento del gobierno de la República para reducir las desigualdades y construir un mejor país es el gasto público. Es imperativo que, en esta perspectiva, se gaste mejor y de forma transparente, y que el gasto se oriente efectivamente a las personas, a las familias y a las comunidades que más lo necesitan.

El PND contiene una declaración inicial en el capítulo de igualdad de oportunidades, donde se plantea como el país tiene una…

…Enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación; atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política social integral que, primero, articule los programas y acciones de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y, segundo, promueva la coordinación y la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad.Sin embargo, el PND tiene una omisión importante: aunque cita a la Convención como

objetivo a cumplir, aquél no enlaza su proyección con los derechos tutelados por ésta. Además, en el PND se hace una mención genérica a un tema cuyo fondo ha recibido críticas por su naturaleza conceptual, insertando el tema de personas con discapacidad en el conjunto conceptual de los grupos vulnerables.

El PND establece en su capítulo de grupos vulnerables que las políticas públicas deben estar encaminadas a satisfacer el acceso a los servicios de salud, educación y trabajo, y en ello incluye a las personas con discapacidad. Resulta interesante cómo el gobierno federal ve “servicios” donde la comunidad internacional y la sociedad civil organizada ven derechos. Al respecto, la estrategia 17.2 del PND establece:

ESTRATEGIA 17.2 Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cuando menos el 10% de los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Por esta razón se promoverá la incorporación8 de las personas con discapacidad a los diferentes programas sociales que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Se fortalecerá la coordinación de la Administración Pública Federal con los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de brindar un apoyo lo más integral posible y descartando la posibilidad de incurrir en duplicidades de atención.

En ese mismo tenor, la estrategia 17.6 dispone otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos

las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”.

7En el PND 1994-2000 (Ernesto Zedillo) se incluyó por vez primera un rubro específico para las personas con discapacidad. El contexto que entonces prevalecía era de una planeación económica, frente a la regulación de los mercados financieros, dos categorías no necesariamente consonantes, pues por una parte se definía que los mercados financieros regulaban la actividad económica, por lo que pasaba a segundo plano cualquier tipo de planeación estructural.8La Convención es muy cuidadosa con el uso de este término, prevaleciendo el de inclusión, término que utiliza en siete ocasiones.


derechos e independencia. En ella, establece acciones diferenciadas acordes al tipo de discapacidad con el objeto de lograr un mayor acceso a los servicios de salud. Los conceptos propuestos son: oportunidades de recreación e inserción en el mercado laboral, así como la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas.

La estrategia 17.6 hace varios trazos, por lo cual, vale la pena verificar si hay visos de implementación:

a. Estructurar un proceso de armonización legislativa con el fin de hacer vigente la Convención (Art. 4.1.a.);

b. Realización de un diagnóstico nacional y de un censo en materia depersonas con discapacidad y sus familias;

c. Acciones de prevención de la discapacidad, para garantizar el acceso a servicios de calidad que propicien su inclusión social y su desarrollo pleno.

d. Equiparar y facilitar la integración plena, mediante un sistema de salud integral, con énfasis en la salud sexual y reproductiva;

e. Promover la construcción de viviendas, infraestructura urbana, instalaciones escolares y de salud adaptadas;

f. Fortalecimiento de estímulos fiscales para las empresas que ofrezcan oportunidades de empleo a personas con alguna discapacidad.

g. Incrementar la accesibilidad física de las personas con discapacidad para el tránsito y el uso de los espacios urbanos;

h. Promover la realización de investigaciones y la capacitación de profesionales y de servidores públicos;

i. Garantizar (estrategia 17.7) la disponibilidad e instrumentación para un diagnóstico y canalización temprana.

La redacción de las estrategias del PND debe ser leída desde su naturaleza constitucional. La importancia de este documento es de tal magnitud, que las instancias federales deben asumirlo como referente obligado para la planeación a detalle de las políticas públicas y presupuestales.

Puede apreciarse como en este documento, se hace mención de la Convención, sin embargo, algunos de sus términos no son consonantes con ella: incorporación e inserción, por inclusión9; grupos vulnerables o personas con alguna discapacidad, por personas con discapacidad. De igual forma, asociantemas que no se entienden necesariamente vinculados: la construcción de espacios adaptados, con la política de estímulos fiscales para las empresas que ofrezcan empleo a personas con discapacidad.

En suma, el análisis del cumplimiento de las disposiciones de la Convención debe iniciar por el análisis del instrumento constitucional encargado de las trazas nacionales del presupuesto público y de la estrategia nacional de las políticas públicas: El Plan Nacional de Desarrollo. Las respuestas entregadaspor el Estado, a través del sistema INFOMEX, refieren dicho plan y reflejan inevitablemente las insuficiencias que más adelante se detallan.

En los siguientes capítulos verificaremos si estos compromisos internacionales, adoptados por el presidente de la República, confirmados por el Senado de la República y publicados en el Diario Oficial de la Federación han tenido avances razonables desde la 9La Convención usa el término “incorporación”, pero en su significado denotativo. En cuanto al significado connotativo que el PND pasa inadvertidamente, la Convención opta por el concepto de la inclusión social. En todo caso la inclusión social es un término aplicable a otros grupos sociales, sin necesidad de enrostrarles que están en riesgo de vulnerabilidad.


entrada en vigor de la Convención, el 3 de mayo de 2008. Para esa consideración, echaremos mano de tres insumos documentales: el Sistema de transparencia y derecho a la información del gobierno federal (sistema INFOMEX), el cuestionario aplicado a las personas con discapacidad y las entrevistas de fondo.


3. Información general de los insumos.

A continuación expondremos la información básica y generalaportada poralgunas de las 18 instancias públicas federales relacionada con la planeación estratégica. De las respuestas obtenidas, preferimos dividirlas en dos rubros: planeación estratégica, propiamente dicha, e implementación de las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Lo anterior, porque las instancias de gobierno respondieron de forma imprecisa al rubro preguntado: preguntamos sobre planeación estratégica y nos respondieron con el concepto de acciones públicas; la primera es el continente y la segunda el contenido.

Debe resaltarse como cada uno de los organismos consultados respondieron, pero muy pocos describieron lo relacionado con la planeación estratégica para abordar la manera de cumplir con los compromisos internacionales en la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de la Comisión Nacional del Deporte y el Instituto Nacional de las Mujeres(INMUJERES), respondieron que no eran la instancia competente para responder sobre los requerimientos de información, sino el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Llama la atención la falta de referencia conceptual de la planeación estratégica, así como el desfase entre ésta, el Plan Nacional de Desarrollo y la falta de implementación de políticas públicas estructurales en el tema de las personas con discapacidad. Al respecto, podría alegarse que las solicitudes de información no fueron hechas por la vía indicada, ya que las instancias consultadas no están especializadas en el tema de personas con discapacidad. COAMEX recibió versiones en ese sentido y al respecto las instancias consultadas deben brindar sus servicios públicos urbi et orbiy, en todo caso, entre las propias instancias de gobierno debe haber coordinación y complementación para que aquella especializada, incida en la de atención generalizada.

La información aportada ha sido resumida en sus partes sustanciales y es presentada literalmente, respetando morfosintaxis y ortografía, tal y como aparece en los oficios correspondientes. Quien lea, podrá apreciar sin retoque la información y la formación gubernamental en materia de personas con discapacidad. Únicamente resaltamos en rojo la terminología utilizada por la emisora de la información para nominar al grupo de población, motivo de este informe.

3.1 Información aportada por el gobierno de México

Instancia Información (reportado por la instancia)Planeación Estratégica

INEGI "Dentro de los proyectos considerados para el ejercicio no se cuenta con una asignación directa destinada para el tema de personas con discapacidad, ya que el presupuesto se elabora por el proyecto integral o etapas (diseño, capacitación, levantamiento, tratamiento, procesamiento, resultados, etc.), mismas que requieren de una serie de actividades técnicas y administrativas donde participan un gran número de personas de los diferentes equipos de trabajo a nivel central, regional y estatal. Sin embargo, en el caso del Censo de Población y Vivienda se


incluye una pregunta referente al tema de discapacidad tanto en el cuestionario básico como en el ampliado, con un costo estimado de 150 millones de pesos. "

Acciones/ Programas Públicos

INEGI "En el cuestionario ampliado, que se aplica en una muestra de las viviendas del país, se incluye además una pregunta sobre la causa de la discapacidad, para permitir identificar y cuantificar el origen de la afectación que la provocó y con ello, profundizar en el conocimiento de las personas con algún tipo de discapacidad y asociarlo con sus características socioeconómicas"

SEDESOL No cuenta con un registro nacional de PcD

CONADEPI "se cuenta con información sobre población indígena discapacitada la cual se sustenta en los datos del XII Censo General de La Población y Vivienda, levantado en 2000….información de población indígena discapacitada a nivel municipal."

INEGI "La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica contempla en su artículo 21, generar un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.Para ello, el Instituto lleva a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, un Sistema Integrado de Encuestas Nacionales de los Hogares y los Registros Administrativos que permite obtener información en la materia estadística y geográfica. En el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el Instituto contempla una pregunta sobre discapacidad que indaga sobre la dificultad en la ejecución de actividades diarias de las personas, a partir de la cual es posible identificar y cuantificar el número de personas con algún tipo de discapacidad y conocer sus principales características demográficas."

SS "En el proceso de implementación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con miras a dar cumplimiento específico a su Artículo 31 referente a la Recopilación de datos y estadísticas, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) está promoviendo la formulación y aplicación de políticas públicas respecto a la generación, recopilación, procesamiento, uso, mantenimiento y difusión de la información estadística accesible respecto a las Personas con Discapacidad, asegurando su confidencialidad y privacidad, para lo cual ha sido necesario incluir el tema en la armonización legislativa dentro del marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) para garantizar su aplicación y difusión, estrategia gradual que tomará un tiempo considerable."

Como puede apreciarse, la información aportada por las instancias que respondieron a la pregunta de si el tema de las personas con discapacidad forma parte de la planeación estratégica, no fue debidamente atendida. Según Rodolfo Caldera Mejía10, la planeación estratégica es:

La función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Podemos considerar a la planeación como una función administrativa que permite la fijación de objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción planeada.

Existen muchas definiciones sobre este concepto11, y la generalidad de las mismas refiere una metodología básica para cumplir metas y objetivos, así como para definir prioridades, responsables, tiempos de ejecución y mediciones de impacto. Sin embargo, de las respuestas que aportan las instancias públicas supra referidas, no advertimos esa sincronía y

10Rodolfo Caldera Mejía. Planeación estratégica de recursos humanos. Conceptos y Teoría.11Por su parte, Alfredo Acle Tomasini establece que: “La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances”.


escalamiento de conceptos. En el mejor de los casos el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) refiere visos del requerimiento, cuando describe los indicadores clave que atenderán tres temas clave. En ese sentido la Secretaría de Salud parece citar también una planeación estratégica, al menos embrionaria, al referir un proceso de implementación de la Convención, pero recarga esa tarea a otras instancias y sin mayor razonamiento, la asocia al tema de la armonización legislativa, sin comentar mayor detalle que justifique esta asociación.

Adicionalmente, la falta de una terminología adecuada resalta las consecuencias de una falta de planeación estratégica que inicie con el planteamiento de la Convención, su articulación concreta (cada principio y cada derecho) con el Plan Nacional de Desarrollo y el correspondiente abordaje de cada instancia pública. Tanto el INEGI como la Secretaría de Salud, fueron las únicas instituciones que nombraron correctamente a la población con discapacidad, lo cual en sí mismo en un valioso avance.

3.2 Descripción general de la información recabada por la encuesta nacional

Enseguida veremos los datos generales, obtenidos de la encuesta nacional elaborada por COAMEX y aplicada con la colaboración de más de 150 organizaciones en todas las regiones del país. Estos datos son de ubicación en el tema, a manera de introducción, que ayudan a situar la dimensión de las personas, objeto de estudio. En los capítulos posteriores detallaremos los derechos abordados.

Con el objeto de dimensionar adecuadamente la naturaleza y el alcance de los datos obtenidos, debe recordarse que la encuesta tiene una perspectiva exploratoria, no representativa. Esto significa, que los datos no pueden ser catalogados como muestra determinante. Una vez más, debe decirse como dada la falta de datos estadísticos sobre la composición poblacional de las personas con discapacidad, los esfuerzos de inicio para documentar no pueden ser más que exploratorios, pues de otra forma la documentación y la terminología de este informe serían endebles y fácilmente rebatibles.

Igualmente, nuestra encuesta reviste las características de un instrumento de los denominados “por conveniencia”, debido a que no tenemos posibilidad de aplicar una representativa por la falta de información censal de personas con discapacidad, impidiéndonos focalizar y ubicar a las personas con discapacidad


En esta gráfica podemos apreciar lo que podría nombrarse como una posible tendencia: En el universo de encuestados, apreciamos que existe una sensible mayoría de hombres sobre mujeres con algún tipo de discapacidad, con una diferencia de 16 puntos porcentuales. Es preciso analizar los primeros resultados de la aplicación del censo nacional 2010, para valorar si, por vez primera, podemos tener datos duros sobre la proporción por géneros de las personas con discapacidad, lo que debiera redundar directamente en la formulación de la planeación estratégica y de políticas públicas y presupuestarias.

Puede apreciarse como si no existen datos estadísticos de este segmento de la población, evidentemente no puede haber planeación estratégica, ni las consecuentes políticas públicas integrales y su necesaria partida presupuestal, la cual pueda ser susceptible de medición de impacto. Para finalmente valorar si todo el proceso permite concluir que se ha cumplido con los compromisos asumidos por México, con la firma y la adopción de la Convención.


En este caso, la edad de los encuestados muestra esta tendencia debido al sistema de encuesta por conveniencia: las organizaciones civiles que trabajan con esta población, generalmente jóvenes.

Los datos de esta tabla, igualmente reflejan el tipo de encuesta aplicada. No pueden extrapolarse estos datos como representativos. La tendencia, por tanto, no implica que en


nuestro país el índice de personas con discapacidad intelectual es mayor que el de discapacidad visual, sino que las organizaciones que apoyaron la aplicación de la encuesta, trabajan preponderantemente el tema de la discapacidad intelectual.


Estos datos son significativos por diversas razones, principalmente porque refieren la auto-percepción de la persona con discapacidad, o del familiar al apoyar en la respuesta a la pregunta. El hecho de que una persona viva su realidad, no necesariamente significa su comprensión y este principio puede ser aplicado también a la noción que una persona tiene de su propia circunstancia de vida. Aquí juegan la educación y el nivel de desarrollo social de cada individuo o de su núcleo familiar. Muchas personas podrán quizás confundir la referencia “al nacer”, con la de “congénita” o “genética”12.12Al respecto, podemos considerar esta circunstancia como un error en la planeación del instrumento de encuesta. Las características que objetivamente pueden establecerse son: congénita (entorno al nacimiento y al desarrollo embrionario, influencia de fármacos o exposición a sustancias químicas o radioactivas), genética (alteración del genoma, Síndrome de Down, por ejemplo), hereditaria (si el trastorno genético es heredado de los padres, lo cual no necesariamente ocurre en la secuela


En los datos de esta gráfica puede apreciarse como en la población entrevistada de más de 36 años, la noción de adquisición genética, disminuye sensiblemente. La gráfica sugiere que un alto porcentaje asume como genético el origen. Un dato propio de análisis, es el de las personas con autismo. Las causas del autismo aún están por determinar13, por lo que pudiera tomarse como error médico. Por ello, es importante avanzar en el debido conocimiento de las causas de las discapacidades, de modo que no solo la sociedad en general, sino particularmente las personas con discapacidad y sus familiares tengan la mejor información disponible.

3.3 Descripción general de los participantes de las entrevistas a profundidad

estrictamente genética), al nacer, accidente y por error médico.13Estudios recientes apuntan, a que una cantidad excesiva de conexiones en el lóbulo frontal del cerebro explicaría algunos de los problemas de aprendizaje de las personas autistas. Portadores de un gen que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, tendrían muchas más conexiones cerebrales en el lóbulo frontal, área que rige el aprendizaje (investigaciones realizadas por Daniel Geschwind, Ashley Scott y otros).


Las entrevistas a profundidad, comose mencionó, además de ser una importante fuente de información, es una referencia, principalmente cuando se tiene información muy concreta sobre políticas públicas y presupuestarias, así como una encuesta dirigida a personas con discapacidad. Tratamos de abarcar unaparte importante de los tipos de discapacidad, así como de entornos diversos. Este instrumento consiste básicamente en obtener datos vivenciales de personas con discapacidad que han sobresalido en el

campo de sus actividades y parte del principio del consentimiento informado, por el cual la entrevistada recibió una introducción sobre el objeto de la misma. También, requerimos el consentimiento expreso para el uso del contenido, para los fines de análisis y de difusión de nuestro informe.

En ese sentido, entrevistamos a doce personas, abarcando los siguientes tipos de discapacidad: ceguera, sordera, motriz, múltiple, psicosocial y parálisis cerebral, entre quienes se encuentran medallistas paralímpicos, profesionistas de posgrado, artistas y mujeres indígenas. La duración de las entrevistas fue de alrededor de una hora, y parten de la base de una breve investigación curricular sobre la que se construyeron las preguntas, entendiendo a la entrevista, como una herramienta que por su naturaleza, suele seguir su propia inercia, por ello, el entrevistador funge como guía, no obstante, el contenido es preponderantemente propuesto por el entrevistado.

Todas las entrevistas fueron audiograbadas y transcritas, integrándose al acervo documental de este informe, a disponibilidad general. De ellas hemos resaltado extractos que acompañan vertebralmente a nuestro informe, según la ocasión del tema, que pueden ser leídos como nota al margen. En todos los casos, los entrevistados hablaron con plena libertad, únicamente conducidos en las preguntas de inicio, o por las precisiones o abundamientos que la propia entrevista iba requiriendo. Finalmente, la idea es saber cuáles han sido las barreras que se han visto obligados a superar quienes despuntan en su actividad, y qué opinión tienen sobre los temas referidos en nuestro informe.


Entrevista con José Luis Martínez en APAC, su centro de trabajo. Julio de 2010

Entrevista con Marco Antonio Castellanos, en su consultorio. Agosto de 2010

Las personas entrevistadas fueron: José Luis Martínez, psicólogo; Cristina Hoffman, medallista paralímpica; Crisanta Roldán, y Avelino Castro, pertenecientes al pueblo Náhuatl; Rafael Reyes, artista e ingeniero bio-médico; Olga Montúfar, promotora de los derechos de las personas con discapacidad; Francisco Ávila, padre de Guadalupe Ávila; Marco Antonio Castellanos, artista y psicólogo terapeuta; Marco Antonio Bautista, artista y profesor; Ildemaro Correa, músico y compositor, egresado de la Escuela Superior de Música, y Jorge Santiago Jacinto, académico de la UNAM.

4. AccesibilidadEn las consultas formuladas mediante el sistema INFOMEX, una pregunta constante fue

acerca de la accesibilidad, relativa a la infraestructura mobiliaria e inmobiliaria. Las respuestas en general se refirieron, en el mejor de los casos, a la accesibilidad para discapacidad motriz. Esto refleja la conceptualización que las instancias públicas (y la sociedad en general) tienen sobre este tema, usualmente reducido a espacios para estacionamiento y rampas para personas usuarias de silla de ruedas.

Muy pocos son los edificios públicos que cuentan con accesibilidad universal. La COAMEX tiene conocimiento de uno de ellos, el que alberga las nuevas instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El concepto de accesibilidad universal debe ser establecido claramente en los programas públicos y debe tener su respectivo referente presupuestal, para que la estrategia gubernamental conlleve una adecuada ejecución de los proyectos.

De una revisión del Plan Nacional de Desarrollo, se observa cómo se debería garantizar la vigencia del sexto principio de la Convención: la accesibilidad, definida en el artículo 9 de la Convención. No obstante lo anterior, los lineamientos establecidos en el Plan Nacional no se aprecian en los informes entregados por las instancias consultadas, ni en los documentos rectores de las políticas públicas estructurales, los cuales debieran tener claramente establecido que la accesibilidad significa garantizar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás “al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones… en zonas urbanas, como en rurales…”.

4.1 Revisión del marco jurídico

Antes de revisar la información que en el tema de accesibilidad el gobierno federal entregó a la COAMEX, debemos considerar que la legislación nacional, se encuentra en la etapa más baja de la transición, de reconsiderar a las personas con discapacidad por sus derechos humanos: pocas son las nominaciones en la legislación acerca del tema conceptual de la accesibilidad. Las interesantes consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo no tienen, por ende, su referente en la legislación nacional, incluyendo (o empezando) por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aun cuando el texto constitucional ya menciona el término “discapacidades” para referir que específicamente por este concepto no podrán ser discriminadas las personas, no contiene


referencia alguna a la accesibilidad. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación14, refiere el concepto de la accesibilidad reducido a procurarla para el transporte público de uso general. Aun cuando la promulgación de esta ley es previa a la entrada en vigor de la Convención, llama la atención como la percepción del legislador no toma en consideración la perspectiva de las personas ciegas, sordas, con discapacidad intelectual, etc.

La Ley General de las Personas con Discapacidad15, eleva el concepto a la categoría de principio, en su artículo 5. Además, el artículo 15.1., aunque no la define, ya menciona que deberán contemplarse como lineamientos para la estructuración urbana, la “accesibilidad universal” y acota el término, con el complemento de “adaptados para todas las personas”. Incluso, dicha ley dedica un artículo a detalle para el rubro del transporte público concesionado para pasajeros, para tener las características que detalla dicho precepto legal. Lamentablemente ninguna de estas declaraciones pueden ser atendidas o verificadas por la falta de reglamento, como ya se ha mencionado con anterioridad.

En ese sentido, aun cuando la Ley General tiene avances meritorios en el detalle de la accesibilidad, incluso al grado de referirla como de carácter universal, ninguna autoridad estará necesariamente obligada a su acatamiento porque la falta de la reglamentación implica también la falta de la asignación presupuestal específica y acorde a la ley. También, la falta del reglamento repercute en los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la ley; por ello, la acción pública que se logre, será inconexa, en el mejor de los casos, como podrá verse enseguida.

4.2 Información aportada por el Gobierno de México

InstanciaPresupuesto

IFE 2009: Mampara Especial : $3,354,000.00 Instructivo de armado Mampara Especial: $61,705.14 Plantilla Braille con instructivo: $1,081,309.12

INEGI De los trabajos de accesibilidad física dela sede, "estas acciones implicaron una inversión de $1,792,055.25"

14Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. Ver fracción VI del artículo 13 de la ley.15Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, también durante el sexenio de Vicente Fox, durante el cual se impulsó la propuesta de la Convención.


Planeación EstratégicaIFE “Desde el Proceso Electoral Federal 2005-2006, se incluyen en el Manual del procedimiento para determinar la

ubicación de las casillas, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)…de procurar la erradicación de aquellas condiciones que provoquen discriminación de los ciudadanos motivada por cualquier origen, mismo que establece: …procurar la erradicación de aquellas condiciones que provoquen discriminación de los ciudadanos motivada por cualquier origen, pero sobre todo por capacidades diferentes…procurarán ubicar las casillas electorales en lugares que faciliten el acceso a todos los ciudadanos.” Este manual contempla accesos amplios, terrenos planos y nivel único, rampas o otras adecuaciones y señalizaciones necesarias en caso de no existir alternativo de local, evitar obstáculos para débiles visuales.

INFONAVIT Trabaja usando "un Código de Edificación de Vivienda emitido por la Comisión Nacional de Vivienda, en donde se encuentran las características principales para vivienda adaptable y accesible."

SEP Los criterios de accesibilidad se adoptan a partir de la construcción de adecuaciones para personas con discapacidad en los planteles federales a partir de 1998, dichas adecuaciones consisten en colocación de barras de apoyo en wc y mingitorios, espejos, rampas, cajón de estacionamiento y señalización.

SEP "La SEMS ha instrumentado a partir del 2008, un programa de atención educativa a personas discapacitadas, que en 2009, se formula como: Lineamientos del Programa de Educación Media Superior Orientada a Personas con Discapacidad 2009. Realizar las adaptaciones necesarias de infraestructura en las instalaciones educativas."

Acciones/ Programas PúblicosCNDH 6 edificios cuentan con accesibilidad universal para PcD, todos en la área MetropolitanaCNDH Colaboración con Libre Acceso A.C. y la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana una

Muestra-Diagnóstico Nacional de Accesibilidad en Inmuebles de la Administración Pública Federal, presentado en febrero del 2010, disponible en su sitio de internet.

CNDH Actualmente se encuentra en el proceso de reestructuración de la página de internet, para incorporar medidas relativas a la accesibilidad y diseño universal.

IFE “Ocupa un total de 646 inmuebles en la República Mexicana, de los cuales 31 son propios, 598 están arrendados y 18 se ocupan bajo la figura de comodato.- De los inmuebles propiedad del IFE, por lo que hace al conjunto de edificios en su sede central… (Delegación Tlalpan)…se han adecuado las instalaciones sanitarias para hacerlas plenamente accesibles a las personas con discapacidad, además de colocar rampas y destinar espacios de estacionamiento exclusivos para dichas personas. Del resto de los inmuebles, se está trabajando para que, en un periodo máximo de dos años, sean accesibles integralmente.- Del resto de los inmuebles ocupados por el IFE (tanto en comodato como por arrendamiento), se ha solicitado a los propietarios, que realicen las obras necesarias para personas con discapacidad, toda vez que, con base en la normatividad interna, los recursos autorizados para realizar adecuaciones a éstos, son limitados y se emplean en su totalidad, en acondicionarlos en función de los fines a los que constitucionalmente está mandatado el Instituto.”

IFE “Desde el Proceso Electoral Federal 2005-2006, se incluyen en el Manual del procedimiento para determinar la ubicación de las casillas, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)…de procurar la erradicación de aquellas condiciones que provoquen discriminación de los ciudadanos motivada por cualquier origen, mismo que establece:- …procurar la erradicación de aquellas condiciones que provoquen discriminación de los ciudadanos motivada por cualquier origen, pero sobre todo por capacidades diferentes…procurarán ubicar las casillas electorales en lugares que faciliten el acceso a todos los ciudadanos.”Este manual contempla accesos amplios, terrenos planos y nivel único, rampas o otras adecuaciones y señalizaciones necesarias en caso de no existir alternativo de local, evitar obstáculos para débiles visuales.

INEGI "Actualmente los inmuebles propiedad del Instituto no cuentan con accesibilidad integral al 100%; sin embargo, se trabaja en los proyectos para realizar las adecuaciones necesarias y cumplir a cabalidad con la materia."

SEDESOL De los cinco inmuebles en el Distrito Federal administradas a nivel central por la Dirección General de Recursos Materiales "los cinco inmuebles son accesibles para personas con discapacidad".En el año 2007, se hizo placas en Braille para los elevadores en los inmuebles "Torre SEDESOL" y "Torre


Contigo". En el año 2008, se construyeron sanitarios y seis cajones de estacionamiento para PcD en el inmueble "Torre SEDESOL". En el año 2009, se reporta la "Construcción de rampa de minusválidos y adaptación de espacios para personas con capacidades diferentes en los inmuebles "Torre SEDESOL" y "Torre Contigo".

SEGOB El único edificio en el área metropolitana con accesibilidad integral es del CONAPRED. Los otros tienen varios grados de accesibilidad, como se puede percibir en la tabla diagnóstica enviada como parte de la respuesta (ver anexo….)

Senado Ninguno de los inmuebles del Senado de la República se considera con accesibilidad integral; sin embargo, en cada uno de ellos, se han realizado obras, instalaciones y adecuaciones que permiten a las personas con discapacidad, laborar o visitar cada edificio con los menos obstáculos posibles.Por otra parte, es menester señalar que el personal de resguardo tiene la obligación de apoyar a toda persona con discapacidad, en tanto se encuentre en las instalaciones de esta Cámara o en sus inmediaciones.

Senado A partir de la Legislatura LVIII, la página web de la Cámara de Senadores incorporó un portal donde es posible que cualquier persona con acceso a internet vea y escuche las sesiones del Pleno.En el presente año se instaló en equipos de cómputo disponibles al público de la Biblioteca Melchor Ocampo, equipo con software lector de pantalla Jaws Pro en español y software de reconocimiento de caracteres Open Book 6.01 de navegación y consulta de la página del Senado, para personas con discapacidad visual.Este software procesa las señales gráficas y las convierte en voz, además permite almacenar la información escaneada en formato WAV o MP3.Por otra parte, el nuevo portal de la Coordinación de Comunicación Social se ha enriquecido en todos sus apartados con audios y videos, sobre las actividades de los legisladores.Finalmente, es importante señalar que los fabricantes de software como Microsoft y Apple, cada día aportan nuevas aplicaciones para facilitar la navegación y el uso de equipo informático para personas con capacidades diferentes, tales como el tamaño y cambio de color en pantalla, así como el tamaño de letra; inclusive, últimamente se ha integrado la lupa (zoom) y las pantallas sensibles al tacto con zoom.

SEP "El edificio SEDE de la SEP, es un inmueble con la TOTAL ACCESIBILIDAD para personas con discapacidad."

"Se cuenta con información de las adecuaciones de 183 planteles, reportada durante 2009 del universo de 3457 inmuebles distribuidos en el D.F. e interior de la República.

Se considera que todos los planteles federales dependientes de la DGCFT cuentan con adecuaciones, generadas a partir de 1998, quedando en proceso la actualización de los reportes por plantel.

Previo a la operación de este programa, se efectuaron en los planteles participantes con Centros de Atención, las adecuaciones necesarias para garantizar el libre acceso a los estudiantes con discapacidad al plantel, a las aulas donde se trabaja, a las instalaciones comunes y sanitarias. Estos centros, se equiparon con equipos de cómputo con software para personas con discapacidad visual y con orientadores académicos sensibles y capacitados en lengua de señas ( 80% de los orientadores) y en lenguaje Braille, una impresora Braille y equipo didáctico de apoyo al aprendizaje, elaborado por los orientadores y algunos que ya existe en el mercado."

"A partir de los programas de mantenimiento institucional vía SEMS, en 2004 se integran los criterios de uso para discapacitados en la remodelación de sanitarios en los planteles participantes. Asimismo, el CAPFCE (hoy INIFED) cuenta con las adecuaciones necesarias en sus prototipos de sanitarios."

La SEMS ha instrumentado a partir del 2008, un programa de atención educativa a personas discapacitadas, que en 2009, se formula como: Lineamientos del Programa de Educación Media Superior Orientada a Personas con Discapacidad 2009. Realizar las adaptaciones necesarias de infraestructura en las instalaciones educativas.

SHCP "Todos los inmuebles de la SHCP cuentan con accesibilidad para discapacitados".


SS "Las instalaciones de cada secretaría han sido adquiridas gradualmente con un esfuerzo presupuestal limitado pero consistente a lo largo de muchos años; la Secretaría de Salud ha mantenido su compromiso de mejorar sus instalaciones, adecuándolas mediante la implementación de un plan, para mejorar asignando prioridades presupuestales a fin de que la accesibilidad a inmuebles del Sistema Nacional de Salud, se convierta en una realidad, misma que durante los meses de mayo y junio de 2008, se dedicó a evaluar y emitir recomendaciones de accesibilidad para los Institutos Nacionales y Hospitales de la Secretaría de Salud, abarcando las áreas con mayor afluencia de usuarios: accesos, consulta externa, urgencias, laboratorios para toma de muestras."

STyPS De los ocho inmuebles que se ubican en la ciudad de México, cuatro son accesibles."Los cuatro inmuebles restantes, fueron diseñados y construidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones normativas en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, por lo que sus elementos arquitectónicos, áreas privativas, de uso común, complementarias, de circulación en interiores y exteriores, así como elevadores, estacionamientos, accesos, circulaciones horizontales y verticales, mobiliario, servicio de sanitarios, instalaciones, dispositivos de evaluación, etc., aún no ofrecen las condiciones requeridas para garantizar el pleno uso de los mismos por parte de los empleados o visitantes con discapacidad.Sin embargo, se está llevando a cabo un análisis en cada uno de los inmuebles con el objeto de determinar las construcciones, remodelaciones, instalaciones y en general las modificaciones que se requieran, a fin de implementar las medidas que en materia de accesibilidad establece la normativa de la materia y facilitar el acceso, desplazamiento y uso por parte de las personas con discapacidad en los interiores y exteriores."

Por cuanto hace a la accesibilidad, las instancias consultadas aportan abundante información, pero también reflejan distintos niveles de desconocimiento del significado lato sensu del término, al reducirlo únicamente a las personas usuarias de sillas de ruedas: rampas, elevadores y espacios en los estacionamientos. En el caso de la información aportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras una revisión a detalle de las características de los 19 edificios de los que refirió accesibilidad integral, ninguno realmente la tenía. La accesibilidad se refería únicamente a la implementación de rampas de acceso y a la existencia de elevadores.

Al respecto debemos recordar que la accesibilidad integral debe entenderse a la luz de los principios de la Convención, los cuales evidentemente sobrepasan por mucho la implementación de rampas, elevadores y sanitarios:

Art. 9. Accesibilidad. 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

En ese sentido, la carencia de una estrategia global en la aplicación de los criterios de la Convención para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se refleja en la falta de integralidad en el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Ninguna instancia refirió, por ejemplo, la manera en que hace accesible no solo sus instalaciones, sino la información que emite, a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. La Secretaría de Educación Pública refirió algunos avances en la atención para las personas ciegas, pero apenas la suficiente para afirmar que al menos esta instancia tiene en cuenta la necesidad de ampliar el criterio de la accesibilidad, más allá de la implementación de rampas y elevadores.


La Convención detalla que la accesibilidad implica, un proceso de identificar y eliminar las barreras de acceso en los edificios, vías públicas, transporte, escuelas, viviendas, instalaciones médicas y centros de trabajo. Igualmente, dichos obstáculos deberán ser identificados y eliminados en lo concerniente a los servicios de comunicación, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. La idea es, cómo desde la perspectiva de cada tipo de discapacidad, el Estado mexicano identifica y elimina las diferentes barreras para ciegos, sordos, o personas con discapacidades motrices, intelectuales o múltiples.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos marca una buena diferencia al referir que la totalidad de sus edificios cuenta con accesibilidad universal y como ha iniciado el procedimiento de implementación de la accesibilidad virtual. El Instituto Federal Electoral es la instancia que mejor detalló los avances en materia de accesibilidad, particularmente en lo referente a la participación política y al ejercicio del voto, en este punto debemos recordar que aún sigue pendiente de resolver el modo en el cual, las personas con discapacidad intelectual ejercen su derecho al voto.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)cuenta con instalaciones que pueden considerarse de accesibilidad universal. COAMEX tuvo la oportunidad de conocer en detalle dichas instalaciones así como el proceso para llegar a ese nivel de desarrollo. Lo logrado es un ejemplo a seguir para todas las instancias públicas y bien puede ser un modelo y referente para implementar las mejoras de accesibilidad en los ámbitos público y privado, como estándar óptimo de construcción, con una perspectiva inclusiva para todas las personas con discapacidad.

5. Derecho a la educaciónTutelada a nivel constitucional, la educación en México tenderá a desarrollar

armónicamente todas las facultades del ser humano, según reza el artículo 3º constitucional. Sin embargo la actual redacción de este artículo no hace mención alguna del concepto de inclusión educativa en ninguno de los componentes de la población, habitualmente discriminados en nuestro país: personas con discapacidad, población indígena o población migrante indocumentada, por dar solo unos ejemplos.

Es deseable que la redacción constitucional abiertamente trate sobre el tema de la inclusión educativa, en un contexto de amplios segmentos de la población donde se viven distintas circunstancias, las cuales usualmente propician la discriminación y la exclusión social. Consideramos al texto constitucional como el mejor referente para que en materia de educación, salud y trabajo –además del resto de derechos reconocidos por la Convención- estén plasmados los principios que rijan el resto del sistema jurídico nacional.

En ese sentido, el artículo 3º constitucional podría ser replanteado, formulando su redacción de acuerdo a una perspectiva incluyente hacia las personas con discapacidad, considerándola en integridad y en armonía con su entorno comunitario. El texto constitucional representa la mejor plataforma para reconocer que la educación, por su propia naturaleza, debe ser incluyente o no es educación. Por lo cual, las personas con discapacidad deberán


tener garantizado que el Estado brindará la atención máxima a alcanzar para cada persona, sin demérito de su economía o del desarraigo de su familia y comunidad.


Además de los antecedentes de este derecho, asentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 26), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 13.1), las cuales refieren el concepto de educación tolerante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace una de las más detalladas reflexiones de los alcances de un derecho y la manera de hacerlo vigente.

¿A qué se comprometió el Estado mexicano, en materia del derecho a la educación, específicamente para las personas con discapacidad? El gobierno de México, desde el momento en el que asumió como compromiso cumplir la Convención, también se comprometió a cumplir con el listado del artículo 24 de la misma.

Una de las primeras características de la redacción del artículo 24, es como pasa de la definición de una educación tolerante, a una inclusiva. El Estado mexicano se comprometió básicamente a:

1. Asegurar un sistema de educación inclusivo y a lo largo de toda la vida.a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y

autoestima.b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad.c. Hacer posible que participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarán:a. La no exclusión en cualquier nivel del sistema general de educación.b. El ingreso a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de

condiciones y en la misma comunidad.c. Ajustes razonables según las necesidades individuales.d. Apoyo en el marco del sistema general de educación, para una formación

efectiva.e. Medidas de apoyo personalizadas y efectivas, en entornos en los que se

fomente al máximo el desarrollo económico y social.3. Brindar la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social, por

lo que se deberá:a. Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, la tutoría y el apoyo

entre pares.b. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas, así como la promoción de la

identidad lingüística de las personas sordas.c. Asegurar que la educación se imparta en los lenguajes, modos y medios más

apropiados para la persona.d. Emplear a maestros (incluso con discapacidad) en lenguajes de señas o

Braille, para la formación de profesionales de la educación.e. Asegurar el acceso general a la educación superior, a la formación

profesional y al aprendizaje durante toda su vida.


Tras una lectura conjunta, los principios enunciados en el artículo 3 de la Convención, tienen mejor sentido con la descripción de cada derecho. Cada derecho es un proceso en sí mismo y esa es una de las mejores características de la Convención. Así, el artículo 24 (educación) tiene una estructura a tres tiempos: El principio de inclusión (1), su desarrollo o cómo llevarlo a cabo (2); y por cuánto tiempo (3): durante el proceso vital de la persona con discapacidad. En otras palabras, el gobierno de México está obligado a aplicar para la vigencia de este derecho una educación inclusiva, bajo las condiciones y en el tiempo que refiere el artículo 24 de la Convención.

De la manera en que presentamos la propuesta de análisis en este informe, tenemos ya los elementos mínimos para entrar de lleno a las formas como el gobierno mexicano ha cumplido con sus compromisos internacionales, sobre la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad. Enseguida abordaremos dichos compromisos, con la guía del PND, por ser el documento que cita directamente su cumplimiento, pero considerando los elementos citados con el objetivo de lograr un análisis estructural.

Una vez acotados los límites metodológicos, el marco de los instrumentos internacionales y la legislación nacional aplicable, procederemos a ver desde tres perspectivas directas dicho cumplimiento: políticas públicas y presupuestarias, cuestionario con carácter exploratorio a personas con discapacidad en distintos sitios de la República Mexicana y entrevistas de fondo a personas con discapacidad.

5.2 Información aportada por el Gobierno de México

Instancia Información (reportado por la instancia)Presupuesto

SEP 2007: Sin asignación2008: $16,492,5902009: $46,959,045

En el bienio 2007-2008, la SEP no reportó asignación presupuestal para el rubro de personas con discapacidad. Para el lapso 2008-2009, reportó que la subsecretaría de Educación Media Superior recibió 40,394,985.25en 2008, y 79,063,439.75 en 2009. Por su parte, en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), correspondiente a 2008 y no se aprecia reporte de alguna asignación presupuestal al tema de personas con discapacidad.

En suma, la SEP no reporta asignación presupuestal para el bienio 2007-2008 y lo que reporta para 2008-2009 es únicamente de una de sus subsecretarías (Educación Media Superior). En el segundo informe de ejecución del PND, tampoco están referidas asignaciones presupuestales en el primer bienio en el tema de personas con discapacidad, lo cual sugiere que pueden asociarse ambas posturas: la SEP no reporta y el informe de ejecución tampoco registra asignación presupuestal para cumplir alguna de las estrategias planteadas en el PND. En el portal electrónico de la SCHP aún no está disponible el informe de ejecución 2009.

Planeación Estratégica


SEP Objetivo número 2 del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012: “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”

SEP “La SEMS ha instrumentado a partir del 2008, un programa de atención educativa a personas discapacitadas, que en 2009, se formula como: Lineamientos del Programa de Educación Media Superior Orientada a Personas con Discapacidad 2009. Sus aspectos más relevantes son:• Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables, que permita la igualdad de oportunidades para desarrollarse con independencia y plenitud.• Incorporar a este programa a las personas con discapacidad.• Otorgar apoyo a las personas con discapacidad para su integración a las actividades educativas.• Implementar acciones diferenciadas según tipos de discapacidad.• Establecer acciones para que la población discapacitada y con necesidades educativas específicas, a fin de que el alumno con alguna discapacidad, acceda a servicios de calidad y propiciar así su inclusión social.• Realizar las adaptaciones necesarias de infraestructura en las instalaciones educativas. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.• Fortalecer la igualdad de oportunidades para las personas con necesidades educativas específicas.• Ofrecer servicios educativos específicos a jóvenes de 15 a 18 años y adultos con discapacidad que se encuentren en condiciones de rezago educativo.”

La Secretaria de Educación Pública tiene como referencia de planeación estratégica un objetivo, el número dos: ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. El objetivo no es la planeación estratégica, ni viceversa. Es muy interesante leer la respuesta de la SEP: no refiere planeación estratégica. No sabemos si no la tiene, pero por la respuesta no podemos inferir que hay una planeación.

Adicionalmente, podemos observar que la educación preescolar no fue incluida en la respuesta original, ni la educación primaria y secundaria. La SEP tuvo la oportunidad para referir la manera como serán aplicados los recursos financieros, la forma de aplicación de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo para el tema del acceso a la educación de las personas con discapacidad, en el entendido de que la Convención refiere una atención donde se abarque el periodo de vida de la persona con discapacidad, como refiere el artículo 24 de la Convención.

En ese sentido, la información predominante es únicamente de una de las partes del sistema educativo nacional: la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), y ésta no es la única instancia de educación que tiene actividades relacionadas con planes de desarrollo para estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y aun con los lineamientos referidos, así como con los datos aportados de los planteles que trabajan con personas con discapacidad, como alumnos, no fueron aportados datos para poder valorar el impacto logrado, así como las valoraciones cualitativas de dichos resultados.

Acciones/ Programas PúblicosSEP El Programa del Bachillerato No Escolarizado para Personas con Discapacidad, se encuentra alineado al

objetivo 17 del PND, objetivo 2 del PSE…y a partir del 2008 el programa forma parte de la planeación estratégica con mayor intensidad, así como de los programas operativos de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) cuyo resultado, entre otras cosas, es la creación y operación de 46 Centros de Atención en 2009.


SEP Estrategia de Educación Media Superior Orientada a Personas con Alguna Discapacidad, Aulas de Tecnología Adaptada “Gilberto Rincón Gallardo”, de los Programas Operativos Anuales de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

SEP “Resultados, la SEMS por conducto de sus direcciones generales opera lo siguiente:• Bachillerato No Escolarizado del tipo medio superior para estudiantes con discapacidad: con el propósito de proporcionar educación en un marco de equidad (DGB y DGETI).• Especialidad de Asistencia Familiar y de Salud (DGCFT): con el propósito de preparar especialistas que apoyen la integración a la sociedad de las personas discapacitadas.• Aula POETA (DGCFT): con el propósito de promover la adquisición de competencias laborales para el manejo de equipos multimedia ligados al mercado laboral y la inserción laboral de los discapacitados.• Becas de estudios para personas con discapacidad.”

SEP Debido a la apertura de la Especialidad de Asistencia Familiar y de Salud donde se cuentan con cursos para la atención de personas con discapacidad visual y auditiva, la DGCFT ha contratado expertos para la impartición de estos cursos por lo que de 2009 a la fecha, se cuenta con 14 instructores para Braille y 10 instructores para Lengua de Señas Mexicana. Sin embargo, ya anteriormente se contaba con un instructor de Lengua de Señas Mexicana adscrito al CECATI 167.

SEP La DGCFT oferta para las personas con discapacidades mayores de 15 años, capacitación en cualquiera de los 255 cursos que se imparten en los 198 CECATI, así como los cursos del Aula POETA.

SEP La operación del Bachillerato No Escolarizado inició en febrero del 2009 con la apertura de 41 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual, en planteles de la Dirección General de Estudio Tecnológico e Industrial (DGETI). Ante la demanda del servicio en el mes de junio del 2009, en el Distrito Federal, cinco centros más iniciaron su operación en instalaciones de la Dirección General de Bachillerato (DGB).

El modelo educativo que se oferta consiste en:- Preparatoria Abierta con 33 asignaturas.- Ingreso con promedio de seis, sin examen de admisión.- Estudio de las asignaturas de acuerdo al ritmo de su avance y posibilidades.- Decidir el orden para preparar y presentar las asignaturas con base a sus conocimientos previos.- Contar con materiales didácticos que propician el estudio independiente y estén adaptados de acuerdo a la discapacidad del estudiante.

Actualmente se atiende a una población de 2,241 estudiantes, siendo el 23.2% con discapacidad visual, 26.2% auditiva, 29.6% motriz y 21.0% intelectual.

Nota: Una de las líneas estratégicas de trabajo que contempla esta modalidad, es la capacitación continua de sus asesores (184 en total), los cursos de capacitación que se han establecido como básicos son:- Lengua de Señas Mexicana (87% de los asesores)- Sistema Braille (78% de los asesores)- Sensibilización ante las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad (98%)- Iniciación a las discapacidades (89%)

Sin duda las cifras que aporta la SEMS son de mucha importancia, pues permiten instaurar una estructura educativa nacional en el segmento de la educación media superior. La creación de un bachillerato no escolarizado, puede significar una fórmula adecuada para las personas con discapacidad, con dificultades habituales de movilidad o de traslados. En los siguientes años podrán valorarse los primeros resultados, según vayan egresando las primeras generaciones. No obstante, persiste la circunstancia de no poder valorar los avances existentes en elnivele preescolar, primaria y secundaria. Seguramente existen avances, pero estos no fueron reportados.


Quejas y reclamacionesCONAPRED Reporta 168 quejas y reclamaciones relacionados con el derecho a la educación en el periodo de interés.

Figura 5.1: Información aportada por el Gobierno de México en la materia de educación

En el apartado de anexos podrán verse la totalidad de preguntas16 realizadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a todas las instancias consultadas. La Unidad de Enlace de la SEP respondió el 23 de marzo de 2010 a la batería de preguntas. A la pregunta de si el tema de personas con discapacidad formaba parte de la planeación estratégica de la SEP, refirió que el tema forma parte de la política social del gobierno federal, en los términos de la estrategia 17 del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, no refirió que el tema formara parte de su planeación estratégica, a nivel de instancia federal, encargada de cumplir con la obligación del artículo 26 constitucional, aparatado A: “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal…”

De manera específica, las áreas de la SEP que sí incluyen en su planeación estratégica el tema de las personas con discapacidad son:

La Dirección General de Educación Técnica Industrial, a través de la “Estrategia de Educación Media Superior, Orientada a Personas con Alguna Discapacidad”, conocidas como Aulas de Tecnología Adaptada “Gilberto Rincón Gallardo”;

En la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo; El Programa del Bachillerato No Escolarizado para Personas con Discapacidad.

La SEP informó que a partir de 2008, este programa forma parte de la planeación estratégica con mayor intensidad, como de los programas operativos de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) cuyo resultado, entre otras cosas, es la creación y operación de 46 Centros de Atención en 2009.

Respecto del contenido del artículo 24.2.a, relativo a que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad no sean excluidas del sistema general de educación, la SEP informó que la Subsecretaría de Educación Media Superior(SEMS) instrumentó a partir de 2008 un Programa de Atención Educativa a Personas Discapacitadas. La SEP refirió que en 2009 este programa “se formula como Lineamientos del Programa de Educación Media Superior Orientada a Personas con Discapacidad”.

La SEP refirió como resultados de este programa la puesta en operación de las siguientes instancias, sin especificar datos cuantitativos o cualitativos de medición de impacto:

El bachillerato no escolarizado del tipo medio superior para estudiantes con discapacidad;

La Especialidad de Asistencia Familiar y de Salud: preparación de especialistas que apoyen la integración de personas con discapacidad;

Aula Poeta: capacitación para el manejo de equipos multimedia, para la inserción laboral de los discapacitados; y

Becas de Estudio para personas con discapacidad.

16Véase en anexos, la parte de documentos relativos, el cuestionario completo solicitado a las instancias gubernamentales para la elaboración de este informe.


La información rendida incluye una serie de actividades con las cuales explica el modo en que se propicia la inclusión social de las personas con discapacidad. Entre las más relevantes citó la tercera Reunión Nacional de Coordinadores Estatales y Directores de los CECATI (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial), en 1994, donde se alcanzaron diversas conclusiones englobadas en los siguientes objetivos:

Ampliar espacios de formación profesional para las personas con discapacidad;

Sensibilizar a directivos y a docentes por una cultura de aceptación de las personas con discapacidad, y

Promover la integración al empleo de las personas con discapacidad, egresadas de los CECATI.

Sin embargo, en agosto de 2010 hicimos una visita al portal electrónico de la Subsecretaría de Educación Media Superior17, sin que pudiéramos apreciar en las ligas de información, la relacionada con los esquemas de educación inclusiva para personas con discapacidad. Particularmente en las ligas de “Modelo Educativo” y “Capacitación”, no existe información específica para el rubro de educación media superior en el área industrial, como refiere la SEP.

Adicionalmente, debe considerarse que la educación para los fines industriales no puede ser considerada monotemática de la no exclusión en el sistema educativo nacional. Es decir, a la disposición de garantizar la no exclusión del sistema educativo nacional para las personas con discapacidad, no basta referir un evento de 1994 relacionado con la manera de incorporar al trabajo productivo del tipo industrial a las personas con discapacidad. Claramente, ése no es el objetivo de fondo que busca la Convención con el artículo 24.2.a, ya citado.

La SEP informó que después de la educación básica las personas con discapacidad pueden optar por cualquiera de los 255 cursos que se imparten en los 198 CECATI, así como en los cursos del Aula Poeta. Asimismo, indicó que a la fecha de la solicitud de la información (enero de 2010), el sistema de educación media superior registraba una población de 2,241 estudiantes: 23.2%, discapacidad visual; 26.2%, auditiva; 29.6%, motriz y 21%, intelectual.

Para facilitar la enseñanza/aprendizaje del Braille, la SEP informó que debido a la apertura de la especialidad de asistencia familiar y de salud, fueron contratados expertos para

17CFR http://www.dgcft.sems.gob.mx/dgcft/10tipocursos.asp


Cartel en el sistema de transporte colectivo Metro, de la Ciudad de México, alusivo a la educación para PCD.

http://www.dgcft.sems.gob.mx/dgcft/10tipocursos.asp

la impartición de estos cursos: 14 instructores para Braille, 10 para Lengua de Señas Mexicana, cuando antes únicamente había un solo instructor para dicha lengua.

Respecto de la accesibilidad arquitectónica que la SEP exige a las instituciones públicas o privadas, informó de dos etapas: la primera a partir de 1998, en adecuaciones a planteles federales, consistentes en colocación de barras de apoyo en excusados y mingitorios, así como con la instalación de espejos, rampas, cajón de estacionamiento y señalización. A partir de 2004, se remodelaron los sanitarios para discapacitados (sic) en los planteles participantes. Los criterios de accesibilidad arquitectónica no son propios de la SEP, los implementa la Secretaría de la Función Pública, a través de un acuerdo de carácter nacional18.

Respecto del número de edificios con accesibilidad integral y considerando que ésta es una condición imprescindible para hacer válido el derecho a la educación, la SEP informó que de un total de 3,457 inmuebles (datos de 2009) repartidos a nivel nacional, según el inventario del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, 183 planteles (un poco más del 5%) reportaron adecuaciones durante 2009, que deben añadirse a las adecuaciones hechas desde 1998. Reportó un solo edificio con accesibilidad total (apenas el .0005%): su edificio sede. Además, cuenta con un directorio de 46 centros de atención para estudiantes con discapacidad (CETIS, CBTIS, CEB y CAED19), con equipos especiales tales como:

Equipos de cómputo con software para personas con discapacidad visual; Orientadores académicos capacitados en Lengua de Señas Mexicana y Braille; Impresora Braille, y Equipo didáctico de apoyo.

No obstante lo anterior, debemos considerar un detalle donde se refleja la necesidad de una armonización legislativa a fondo y estructural. La Ley General de Educación Pública no refiere lineamientos para la construcción de nuevos planteles, o la remodelación de los ya existentes, para garantizar los criterios de accesibilidad universal que plantea la Convención. En este sentido, es preciso que esta importante ley, contenga un capítulo específico para la accesibilidad, y con ello se permitan fincar los conceptos y las directrices a considerar por las autoridades escolares, para la construcción de nuevos planteles o los ajustes a los ya construidos, así como las adaptaciones mínimas y el máximo deseable, a través de programas permanentes que permitan medir los avances logrados y corregir las anomalías, propias de todo proceso de transición.

18Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2004. En su artículo primero refiere que:

“Las disposiciones de este Acuerdo son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal destinatarias de los inmuebles propiedad de la Federación y tienen por objeto regular el diseño y realización de los elementos arquitectónicos urbanísticos que faciliten el acceso, desplazamiento y uso por parte de personas con discapacidad, en los espacios interiores y exteriores de los inmuebles federales en los que se desarrolla la actividad humana.”19CETIS: Centro de Estudios Tecnológicas, Industrial y de Servicios. CBTIS: Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios. CEB: Centro de Estudios de Bachillerato. CAED: Centro de Atención de Estudiantes con Discapacidad: http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/Discapacitados/Directorio_Discap.php


http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/Discapacitados/Directorio_Discap.php

Al revisar la información aportada por la Secretaría de Educación Pública, nos vemos en la necesidad de analizarla tomando como referencia la Ley General de Educación Pública20, cuyo articulado refiere la educación especial para personas con discapacidad, en el capítulo IV, denominado “proceso educativo”, donde se establece que en el sistema educativo nacional quedan incluidas la educación inicial, la especial y para adultos. En la segunda taxonomía, están contemplados los estudiantes con discapacidad.

El artículo 41 de la Ley General de Educación hace referencia a tres importantes principios: dicha educación atenderá a las particularidades del educando, a la equidad social incluyente y a la perspectiva de género. De modo que el sistema de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), deberá estar basada en estos tres principios, propiciando que los estudiantes se integren a los planteles de educación básica regular. Y, para los casos en que esto no sea posible, la educación especial procurará las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma, convivencia social y productiva.

Tras las reformas en materia de educación, que conformaron en 1994 un nuevo modelo educativo, basado en la creación del Sistema Educativo Nacional, por el cual se superpuso al anterior modelo, basado en dos sistemas: el regular y el especial. Emergiendo la posibilidad de atender un anhelo de la integración educativa, que el alumnado nacional pudiera formar parte de una gran comunidad escolar, sin discriminaciones intrínsecas, que habían probado sus fallas en los años precedentes.

En 1994, los dos subsistemas de educación fueron cancelados, con el objeto de lograr la predominación del Sistema Educativo Nacional; sin embargo una consecuencia ha sido que cada entidad federativa interpreta de manera particular el artículo 41 de la Ley General de Educación Pública. En el caso de la ciudad de México ha prevalecido el criterio de la educación inclusiva, con base en programas transversales, pero persisten los subsistemas supuestamente superados, debido a la complejidad del tema.

A16 años de la entrada en vigor de la reforma educativa, con base en los resultados arrojados por la encuesta nacional, así como por la información aportada por las instancias públicas, podemos advertir dos circunstancias que deberán ser profundamente analizados por el gobierno de México: en la realidad, cada entidad federativa interpreta en su propio contexto la estructuración y generalidades del sistema educativo nacional, provocando una desarticulación que puede generar prácticas incluso antagónicas. Por otra parte, aún no se llega al ideal de la educación inclusiva, pues advertimos que persisten en buena medida las circunstancias previas a la reforma educativa de 1994. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico sobre la implementación del concepto de inclusión educativa, en tanto la persistencia de los dos subsistemas de educación, tanto para el alumnado con discapacidad, como para quienes muestren aptitudes sobresalientes.

Por otro lado, con el afán de detectar el grado de congruencia interinstitucional preguntamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si el tema de personas con discapacidad es parte de su planeación estratégica. En su respuesta, refirió el programa U22

20La Ley General de Educación Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1996 , durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari.


“Educación para Personas con Discapacidad”, correspondientes al ramo 11 “Educación Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación”21. En efecto dicho documento refiere en el ramo 11, el programa “Educación para Personas con Discapacidad” del cual proyecta un gasto total de $74,626, 467.

Sin embargo, en agosto de 2010, la SHCP22 reportó un subejercicio del gasto público por 7,206 millones de pesos para el trimestre abril-junio. Las instancias públicas que reportaron subejercicio son las Secretarías de Educación Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras. En el caso de la SEP, el reporte de subejercicio alcanza los 1,766 millones de pesos. Esto implicaría una revisión más a detalle para verificar si parte del subejercicio reportado, afecta al rubro de los programas públicos destinados a personas con discapacidad, en el tema de la educación.

5.3 Hallazgos de la encuesta exploratoria en materia de educación

Enseguida, mostramos mediante gráficas la información obtenida de la encuesta exploratoria, aplicada en 22 entidades federativas. Como aclaramos en el capítulo correspondiente, estos datos representan la información directa de la persona entrevistada o del familiar que apoyó, cuando la persona con discapacidad no estuvo en condiciones de responder por sí misma. Igualmente, es importante recordar que no se trata de una muestra representativa, pero sí exploratoria, dada la falta de estudios en el tema de la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.

Figura 5.2: Estatus escolar de los encuestados que se encuentran estudiando al momento de la encuesta

En esta primera gráfica, figura 5.2, se pueden percibir los niveles escolares de los encuestadores que se identificaron como estudiantes al momento de la encuesta. La información contenida en esta gráfica solamente representa a los encuestados de 19 años o

21CFR http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/temas/tomos/11/r11_ppcer.pdf22Tomado del diario La Jornada, en su edición del 7 de agosto de 2010, primera plana.


menos, organizados en grupos de 5 años, con los cuales el gobierno tiene el compromiso de proporcionar servicios de educación. Aun cuando sea algo positivo el hecho de que la mayoría de los encuestados de estas edades se encuentran estudiando, ello no significa que sea una tendencia que se repite a nivel nacional para las personas con discapacidad, solamente para el grupo de personas encuestados, lo cual podría ser señal del tipo de persona o familia que suele usar los servicios de educación o tener contacto con alguna asociación de la sociedad civil. La falta de información directa impide saber el impacto real que tiene la educación pública a nivel nacional con las personas con discapacidad.

Cabe mencionar que las encuestas hechas en el estado de Guerrero y que forman una gran parte de la base total fueron levantadas, como se ha mencionado anteriormente, con ayuda del gobierno de esa entidad a través de la SEP (Secretaria de Educación Pública), en la mayoría de los casos en las escuelas de gobierno, sobre todo en los CAM (Centro de Atención Múltiple), lo cual también impactará la proporción de encuestados de edad escolar que se encuentran estudiando actualmente.

Figura 5.3: Nivel académico de los encuestados estudiantes

En esta gráfica puede apreciarse que la tendencia principal se aglutina en el nivel primaria, pero baja drásticamente en los siguientes niveles. En la información entregada por la SEP, apreciamos que los programas reportados están ubicados en la educación media (bachillerato), sin reportarlos programas educativos específicos para los grados escolares previos. Resulta irónico que el Estado informe avances en el nivel donde la encuesta refiere menor incidencia y no refiera sus avances en los niveles escolares donde el grueso de la población escolar con discapacidad aprovecha el derecho a la educación.


En cuanto a la parte terminal, ellos (la SEP) tienen un proyecto que se llama POETA, donde los CECATIS -Centros de Capacitación para el

Trabajo-, están dando cursos de computación, supuestamente el proyecto debe culminar con la

integración de las personas con discapacidad visual al mercado de trabajo. Es un proyecto que

apenas está arrancando, tiene un año más o menos de haber iniciado y sé que el proyecto va

más o menos marchando.

Marco Antonio Contreras, psicólogo con maestría, profesor y músico.

Figura 5.4 Tipo de programa escolar de los encuestados estudiantes

En esta gráfica, podemos advertir cómo las personas entrevistadas acusan una mayor tendencia a acudir al sistema de educación especial. ¿Esta forma de concebir la educación para las personas con discapacidad propicia su inclusión educativa, laboral y finalmente social, como lo enmarca el tercer principio del artículo tercero de la Convención? ¿Permite a la generalidad de la sociedad escalar los grados de la toma de conciencia para lograr un grado social ajeno a los estereotipos discriminatorios, asociados a las personas con discapacidad?

A pesar de la falta de información aportada por el Estado, relacionada con los avances en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, puede apreciarse que el proceso iniciado tras la reforma educativa de 1994, para homogeneizar en un solo sistema educativo nacional, entre otros, el relativo al de personas con discapacidad, no se ha reflejado preponderantemente en la realidad nacional. La experiencia de quienes integran la COAMEX, es que muy poco se ha avanzado para lograr una verdadera integración educativa, una educación incluyente como norma y no como excepción.

Por ello, es menester proponer que en materia de educación el gobierno de México realice un diagnóstico para evaluar, con base en los registros estadísticos disponibles, cuántos niños, niñas y adolescentes con discapacidad, gozan de los términos de la educación inclusiva a que hace referencia el artículo 41 de la Ley General de Educación, cuántos aún son usuarios del sistema de educación especial, tanto en el servicio público, como en el privado, y detectar las razones que no facilitan dicha inclusión educativa y encaminan los esfuerzos en el sentido correcto.


Si pudieras sugerir al Presidente de la República, ¿Cuáles serían tus aportaciones?¿Qué buscarías evitar y qué promover?

Primero que nada las cuestiones educativas. Por experiencia he trabajado con Educación Especial, en la región de Uruapan, Michoacán, entonces desde el concepto de tener una escuela especial y una regular, desde ahí se me hace algo erróneo porque si van a dar educación la pregunta es ¿Por qué se

divide? Tendrían que haber programas donde si un niño tiene algún tipo de discapacidad, pues que la misma SEP le de los

medios necesarios para poder estudiar o adaptar sus escuelas para que las personas con discapacidad puedan asistir. Por

decir algo, todas las escuelas secundarias son de tres pisos con escaleras de cemento, completamente inaccesibles, desde ahí ponen una barrera y se supone que son Educación Pública,

pues sépase que el público también tiene discapacidades y desde ahí me están proporcionando un servicio de accesibilidad

universal.

Figura 5.5: Estudiantes y el y el tipo de escuela, pública o privada

Figura 5.6: Estudiantes de escuela pública

En estas dos gráficas precedentes, las personas entrevistadas refieren un dato relevante: en el universo entrevistado, la mayor parte opta por el sistema educativo público. Los elementos necesarios para que la escuela sea de carácter accesible, quedan supeditados necesariamente al tipo y grado de discapacidad del usuario(a) del servicio: no sólo es un tema de accesibilidad a la discapacidad motriz. Y las referencias sobre el equipamiento de computadoras para el beneficio de las personas con discapacidad es relativamente alto, aunque lejos de ser suficiente para atender a la totalidad de la población consultada.


Figura 5.7: Estudiantes de escuela privada

No existen datos, o no los conocemos, acerca del grado de desarrollo de accesibilidad y de las mejoras que en los currículos académicos tengan las escuelas particulares de educación básica y media básica. Por ello es imprescindible como parte del diagnóstico en materia de personas con discapacidad, el incluir obligadamente el rubro de las escuelas privadas. Es de mucha importancia saber si la aplicación de los programas de educación se cumplen cabalmente, si los requerimientos de accesibilidad integral son tomados en cuenta, según los

Para un adecuado diagnóstico es importante que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de educación hacia los distintos tipos de discapacidad, puedan participar en las diferentes etapas de la integración del mencionado diagnóstico, desde su planeación, hasta su propia


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Figura 5.9: Acceso a las computadoras en la escuela


Algo para pensar en la parte de educación, en la Secretaría de Educación Pública, es plantear la inclusión educativa de los chicos con discapacidad visual, ciegos y con baja visión, pero sin dejarla a

medias, muy, muy a medias, yo diría “como empezado”, queda como a nivel de decreto, “todas las personas tienen que integrarse”. Aparentemente imprimen una buena cantidad de libros en sistema

Braille para la inclusión, pero en la realidad no hay condiciones para tener una verdadera inclusión, una inclusión satisfactoria de los chicos, por ejemplo no hay todos los textos en Braille, de todos los ciclos, solamente hay algunos. No están actualizados muchos textos de educación básica. Lo cual obliga a los papás, a buscar la manera de que los libros sean transcritos al sistema Braille ¿Qué onda con el peso

del costo? porque la trascripción de un libro al Braille es bastante cara.Marco Antonio Contreras, psicólogo con maestría, profesor y músico.

Figura 5.10: Gastos que el alumno tiene que cubrir para poder estudia

Figura 5.11: Necesidades del alumno en la escuela, respuesta espontánea

Necesidades en la Escuela(respuesta espontánea del alumno)

Necesidades Académicas Maestros/personal capacitados en temas de discapacidad 101Más atención por parte del maestro 18Otros métodos de enseñanza 18Más paciencia por parte del maestro 17Separación/ Distinción por tipo de discapacidad para brindar atención adecuada o mejor 12Maestros especializados 10Apoyo académico 9Subtotal 185

Percepciones de Trato Se siente más presionado que los otros alumnos 22Siente que le dan más apoyo que al resto de los alumnos 15Siente burlas o desprecio 12Siente que le aíslan 9Siente que recibe un trato diferente que los otros alumnos, en cuanto a sus derechos 4


Siente que no tiene las mismas obligaciones que los otros alumnos 1Subtotal 63

Necesidades Físicas Mejores instalaciones en general 45Adecuación mobiliaria 28Espacio propio/falta espacio 24Rampas 16La escuela no cuenta con los recursos económicos necesarios para adaptaciones 10Adecuación de sanitarios 3Subtotal 189

Otro Materiales en general 185Apoyo extra general 56Apoyo económico 27Transporte 2Subtotal 270

Figura 5.12: Necesidades del alumno en la escuela, respuesta espontánea

Un hallazgo importante, pero inesperado es el del nivel de autoconciencia sobre el conocimiento o la vigencia de los derechos de las personas encuestadas. Para que una persona pueda definir un agravio, debe tener la sensorialidad suficiente para percibir una posible transgresión a su integridad psico-física, pero también precisa de elementos cognitivos que le ayuden a ubicar y discernir lo sensorial, lo racional, el tipo y la gravedad de la posible falta, para una consecuente acción basada en la toma de conciencia. Las referencias colectadas sobre este tema, sugieren un bajo nivel en el conocimiento de los derechos propios de las personas con discapacidad, lo cual dificulta la comprensión, la documentación y aun las acciones de prevención, investigación o sanción.


Algo que me dejó un mal sabor de boca fue la discapacidad de los

deportistas especiales, son deportistas que no se pueden defender por sí

mismos, necesitan el apoyo de sus padres para ser escuchados y no veas

lo que viví, de veras, injusticias. Los deportistas especiales son los de

Síndrome de Down y los que no tienen la capacidad intelectual para

defenderse por sí mismos.

Al respecto, un dato interesante es observar nuestro nivel en cuanto hace a la cultura de la queja y, por ende, de su documentación por parte de las instancias encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos; muestran un bajo perfil en la integración de las quejas, tanto por el número de expedientes integrados que ayuden a medir la verdadera dimensión del fenómeno social de la discriminación, así como la falta de un trabajo de sistematización sobre la documentación de los expedientes de queja de dichas instancias: solamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha elaborado un informe especial sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, circunstancia a la que no ha llegado el CONAPRED, ni la CNDH, quien recientemente emitió un informe sobre accesibilidad, relativa al grupo social referido.

Por lo anterior, es imprescindible que las instancias públicas de protección también sistematicen su información, tanto por vía de las quejas recibidas, como por la investigación para la elaboración de informes generales o especiales en el tema de las personas con discapacidad. Tras la elaboración de este informe, recibimos opiniones donde se apunta a que aún está por develarse el drama que viven especialmente las personas con discapacidad intelectual, frente a las autoridades y servidores públicos (agentes del Ministerio Público y jueces incluidos), así como en las instituciones privadas, las cuales tampoco están al margen de incurrir en actos u omisiones de tinte discriminatorio.

Figura 5.13: Reportes de maltrato en la escuela

El sistema INFOMEX de la CNDH informó que durante el periodo a evaluar (mayo de 2008 a mayo de 2010), sólo se han iniciado tres expedientes de queja y en ese mismo periodo, ninguna recomendación. A su vez, el CONAPRED no reportó informes generales sobre el tema de la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad (tampoco hay precedentes), en el mismo lapso reportaron tres quejas (entre particulares) y una reclamación (autoridad federal involucrada), posiblemente relacionadas con los derechos tutelados por la Convención. En el caso de las quejas, fueron por aperturas de cuentas de crédito: la reclamación, por acciones u omisiones del INFONAVIT (instancia federal encargada del crédito social a la vivienda).

En suma, por una parte se advierte indiciariamente que las personas encuestadas, podrían tener un bajo nivel de toma de conciencia y autoconocimiento de sus derechos y de la manera de defenderlos. Pero, tampoco las instancias del Estado encargadas de la defensa y la promoción de los derechos humanos, tienen trabajo abundante en cuanto a su campo se refiere. La inexistencia de informes generales por parte de las instancias con cobertura nacional, como es el caso de la CNDH (exceptuando el reciente informe sobre accesibilidad) y del CONAPRED, refleja un inadecuado


En cuanto a la parte terminal, ellos (la SEP) tienen un proyecto que se llama POETA que es un proyecto donde los CECATIS -Centros de Capacitación para el Trabajo-, están

dando cursos de computación, supuestamente el proyecto tiene que culminar con la integración de las personas con discapacidad visual al mercado de trabajo. Es un proyecto

que apenas está arrancando, tiene un año y sé que va más o menos marchando.


abordaje de la documentación del fenómeno de la discriminación de las personas con discapacidad, a menos que se concluya que esta es prácticamente inexistente.

Poco ayuda a visibilizar el fenómeno social de las personas con discapacidad, el hecho de que las comisiones de derechos humanos tengan tan pocos números relacionados con las quejas planteadas por las personas con discapacidad o por sus familiares, la inexistencia de recomendaciones sustantivas en este tema y la falta de informes generales (con las excepciones referidas) que permitan llamar la atención de los problemas estructurales y las propuestas para abordarlos.

6. Derecho al trabajoEn un contexto de crisis generalizada, con cifras oficiales de un 5.6% de desempleo

abierto23, según datos del INEGI a noviembre de 2010, el tema de los derechos laborales y del derecho al trabajo de las personas con discapacidad adquiere relevancia, particularmente por la invisibilidad de la materia de estudio y a la inexistente sistematización para este segmento social. Sin embargo, existen indicios suficientes para afirmar que si las personas sin discapacidad están atravesando por una experiencia traumática para conseguir o mantener el empleo, no hay mejores condiciones para quienes viven con algún o algunos tipos de discapacidad.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), órgano especializado de la ONU en el tema de los derechos laborales, el desempleo mundial ronda los 212 millones de personas. Tras el inicio de la actual crisis, desde octubre de 2008, alrededor de 30 millones de personas habrían engrosado las filas del desempleo. En su informe Tendencias Mundiales del Desempleo, presentado en enero de 2010, la OIT advirtió que el índice de desempleo mundial podría pasar de los 212 a los 228 millones de desempleados, lo que significaría que el 7% de la Población Económicamente Activa (PEA), estaría desempleada.

23La cifra oficial es esa, pero tampoco goza de aceptación (El INEGI da como cifra oficial que la población que vive con algún tipo de discapacidad en México es del 1.8%). Como punto de referencia debe tomarse que en España y Estados Unidos, al mes de noviembre de 2010, el desempleo abierto alcanza 19.79% y 9.6%, aunque cifras no oficiales apuntan que el desempleo estadounidense llega al 17%. Para el INEGI basta que una persona labore con remuneración durante una hora a la semana para que no sea considerado como desempleado.


Hay muchos prejuicios acerca de las enfermedades psiquiátricas. Alguien con depresión suscita

compasión “haz un poco de ejercicio y te repondrás”, pero ante las enfermedades psicóticas

la impresión es más fuerte, cimbra a los posibles empleadores y a cualquier persona. El temor me

orilló a negar mi enfermedad. Actualmente, en mi centro de trabajo mis compañeros ya saben que

tengo esquizofrenia. Esto permite suponer que en un contexto informado y el tratamiento psiquiátrico adecuado, alguien con afectaciones psicosociales puede ser funcional como cualquier otra persona.

Ildemaro Correa, concertista.

En el año internacional de la juventud (2010) la propia OIT refirió en su informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2010, publicado en agosto del mismo año, que la desocupación juvenil mundial alcanza a 81 millones de personas24, de 620 millones de jóvenes que integran la PEA con edades entre los 15 y 24 años, esto significa que la PEA desocupada con ese rango de edad es del 13 %. Como puede verse en los sendos informes referidos, el desempleo es la preocupación prioritaria para muchos Estados, ya no hablar de las condiciones y la reducción de muchos derechos laborales, para no perder la fuente de ingresos.

En México la situación no es distinta con doce millones de personas en el subempleo, según datos del INEGI en noviembre de 2010 y con alrededor de ocho millones de NINIS (jóvenes que ni estudian ni trabajan), es de suponerse cuál puede ser la situación para las personas con discapacidad. La invisibilidad en las cifras sobre desocupación de este segmento de población, siguen la suerte del resto de los referentes: si no sabemos cuántas personas con discapacidad hay en el país, tampoco podremos saber cuántas de ellas están desempleadas, ni las condiciones de empleo de quienes lo tienen. Una posibilidad de medir indiciariamente esa circunstancia, podría ser con las cifras que en su materia aportara la Secretaría del Trabajo o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero tampoco hay datos de las demandas laborales interpuestas por las personas con discapacidad.


La OIT, emitió el Convenio 159 sobre la Readaptación Internacional Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas. Este instrumento entró en vigor en junio de 1985 y México lo ratificó el 5 de abril de 2001, por lo que es ley suprema, en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una de las particularidades de este convenio es su pobreza conceptual para abordar adecuadamente el tema de las PCD, pero sugiere la igualdad de oportunidades entre los “trabajadores inválidos” y los trabajadores en general. Un concepto adicional es el de la “readaptación profesional”, como uno de los compromisos de los Estados parte. La definición que en 1983 se tenía (cuando la OIT promulgó el documento) sobre los que ahora llamamos personas con discapacidad, es la contenida en el Convenio 159:

Art. 1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo quedan sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental, debidamente reconocido.

Así, México quedó comprometido a nivel internacional, desde 1985, a “aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas”, como puede leerse en el artículo 2 del Convenio aludido. Evidentemente, 24Juan Somavia, Director de la OIT refirió en la presentación de ese informe que la situación tampoco es favorable para los jóvenes que cuentan con un empleo ya que el 28% de los jóvenes trabajadores (152 millones) sobreviven en pobreza extrema y pertenecen a hogares donde cada persona vive con menos de 1,25 dólares diarios. Más información en: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_143360/index.htm


http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_143360/index.htm

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_143360/index.htm

el concepto de readaptación (generalmente aplicable y aplicado en México, a las personas sujetas a proceso penal) queda superado con el tercer principio de la Convención: el de la inclusión/participación.

En contraste, la Convención establece en su artículo 27 el término doble trabajo y empleo. En él, hace una detallada descripción de los elementos que configuran el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad. Al respecto, vale decir que el gobierno de México se ha comprometido a:

1. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, en todas las facetas laborales.2. Proteger sus derechos, en igualdad de condiciones que los demás.3. Asegurar el cumplimento de sus derechos sindicales.4. Permitir el acceso efectivo a programas de orientación técnica, servicios de colocación y

de formación profesional continua. 5. Alentar las oportunidades de empleo y su promoción profesional.6. Promover oportunidades empresariales, empleo por cuenta propia y cooperativas.7. Emplear a personas con discapacidad en el sector público.8. Promoverlas en el sector privado, mediante programas de acción afirmativa.9. Impulsar ajustes razonables en el lugar de trabajo.10. Promover la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto.11. Promover programas de rehabilitación vocacional, profesional y de mantenimiento del

empleo.

Estas acciones deberán ser contempladas por el gobierno mexicano en su informe inicial ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicionalmente, debe considerarse que la legislación laboral mexicana tiene una definición del trabajo atípica, la cual debe ser considerada a favor de los derechos laborales del grupo social que interesa a este informe. Por su importancia, reproduciremos los términos del artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo:

Art. 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

Pocas son las legislaciones que poseen una definición del trabajo. Al respecto, ni los instrumentos internacionales de derechos humanos, aun en la materia laboral, logran definir qué es el trabajo y cuáles condiciones éticas ineludibles y mínimas debe tener su definición. Por ello, es de primera importancia recuperar esta definición, parte del sistema jurídico mexicano, pero también parte del proceso social mexicano por hacer menos injustas las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluyendo a las personas con discapacidad. Por lo cual, es recomendable que en el proceso de la armonización legislativa, este artículo sea reformado para introducir el concepto de personas con discapacidad, con la mirada puesta para que este grupo social específicamente, tampoco sea víctima de la


discriminación y que las instancias de gobierno, procuren el empleo público para ellas, en la medida de la disponibilidad paritaria de las plazas y vacantes.

6.2 Información aportada por el Estado


STyPS “A nivel de programas operativos anuales”,

a. Conforme a lo anterior, no existe una asignación que puede ser identificada para los ejercicios presupuestarios señalados.

b. Por no existir asignación presupuestaria, no se puede desagregar por capítulos, partidas y conceptos.

La Secretaría encargada de los asuntos relacionados con el trabajo y las relaciones de trabajo, tampoco tiene una asignación presupuestal aunque refiere una planeación estratégica en torno a los derechos de las personas con discapacidad. La sustentación presupuestal del derecho al trabajo para este segmento de la población, está supeditado a las acciones secundarias o terciarias, que cada instancia pueda entender, interpretar e implementar por separado. Estamos ante una situación donde se realiza una pretendida planeación estratégica, pero sin sustento presupuestal.

Planeación EstratégicaSTyPS Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad 2010-2012:

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Incentivar en el sector productivo la generación de condiciones y oportunidades de empleo formal y decente para las personas con discapacidad que favorezcan su inclusión laboral y mejoren su calidad de vida.OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Promover que las entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno desarrollen acciones dirigidas a la inclusión laboral de personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.OBJETIVO ESPECIFICO 4. Promover condiciones que favorezcan el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo con calidad.OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Incentivar la capacitación, formación y adiestramiento de las personas con discapacidad en los centros de trabajo para ampliar sus oportunidades de desarrollo laboral en un marco de igualdad de condiciones.

Una constante observada en nuestras consultas a las instancias federales, es la nula referencia la manera en que hicieron su planeación estratégica o si las acciones y programas públicos, fueron previamente consensuados con las organizaciones dedicadas a la defensa o a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Ello, a pesar de que la propia Convención (Art. 4.3.) lo plantea como una condición básica para la implementación de las políticas públicas.


INEGI "Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se inician los trabajos para la conceptualización de un registro administrativo sobre las personas con discapacidad, que trabajan en la Administración


Pública Federal."SEP SEMS por conducto de sus Direcciones Generales, Aula Poeta (DGCFT): con el propósito de

promover la adquisición de competencias laborales para el manejo de equipos multimedia ligados al mercado laboral y la inserción laboral de los discapacitados.

STyPS La Dirección General para la Igualdad Laboral desarrolló en 2009:Acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Administración Pública Federala) Se elaboró la Guía para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público.b) Se promovió la creación de un grupo de trabajo sobre inclusión en el sector público, coordinado por la Secretaría de la Función Pública, en el marco del Comité de Trabajo y Capacitación del CONADIS.c) Se elaboró el apartado sobre trabajo (objetivo 5) del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADIS) 2009-2012, en el cual se incluyeron estrategias, líneas de acción y una meta estratégica sobre el tema.d) Se establecieron dos metas estratégicas de la Administración Pública Federal en el tema, dentro del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad 2010 y 2012, mismas que contaron con el consenso del Comité de Trabajo y Capacitación del CONADIS.

STyPS La Dirección General para la Igualdad Laboral desarrolló en 2009:Acciones para incentivar al sector privadoa) Una videoconferencia a nivel nacional para difundir los estímulos fiscales para contribuyentes que contratan personas con discapacidad y adultas mayores, dirigida a las Delegaciones Federales del Trabajo, las Redes de Vinculación laboral y empresas locales. Ello con la participación del SAT y el IMSS.b) Se elaboró una cláusula tipo para la inclusión laboral de personas con discapacidad, en el marco de la Mesa Tripartita sobre Trabajo Digno que coordina la Subsecretaría de Inclusión Laboral, con la participación de organismos empresariales y sindicales.c) Se concluyó exitosamente la convocatoria del Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo" 2009, con la participación de 69 centros de trabajo, de los cuales 51 obtuvieron este premio, mismos que tienen contratadas a 858 personas con discapacidad.d) Se sostuvieron reuniones con empresas para promover la inclusión laboral, tales como el Grupo del Valle del Mezquital, Holcim Apasco, ILSP Seguridad Privada en América Latina, S.A. de C.V. y Gestamp México, S.A. de C.V.e) Se estableció contacto con el SAT y se solicitó por escrito la descripción del procedimiento para el acceso a los estímulos fiscales, documento que se publicará conjuntamente en 2010.

STyPS La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con el Programa Abriendo Espacios para la atención de buscadores de empleo adultos mayores y personas con discapacidad que promueve el establecimiento y operación, en las distintas oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en cada entidad federativa, de bolsas de trabajo especializadas, centros de evaluación para la identificación de habilidades y capacidades ocupacionales y el establecimiento de líneas de colaboración entre instituciones públicas y privadas para la conformación de “Redes de Atención”.

STyPS Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, la cual tiene como objetivo general, reconocer a las instituciones públicas, privadas y sociales que incluyen laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad y desarrollan acciones para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en sus centros de trabajo.De 2005 a 2009, se han distinguido un total de 472 centros de trabajo que han dado empleo a 3,845 personas con discapacidad y desarrollan políticas favorables a la plena inclusión de su personal en situación de vulnerabilidad, sin discriminación y con igualdad de oportunidades.


STyPS Red Nacional de Vinculación Laboral: mecanismo de coordinación interinstitucional para impulsar la inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad en condiciones de trabajo decente e igualdad de oportunidades y de trato.Para ese propósito, se cuenta hasta el momento con 32 redes estatales, 2 regionales, 27 municipales y 1 de sindicatura. Cada una de ellas coordina los esfuerzos de instancias públicas, privadas y sociales locales en diferentes área dela inclusión laboral, tales como: consejería; evaluación de habilidades y aptitudes laborales; análisis de puestos; rehabilitación laboral; capacitación en y para el trabajo; creación de entornos favorables a la inclusión y promoción de centros de trabajo libres de discriminación y violencia; así como fomento al autoempleo.

Reclamos

CONAPRED Reporta 251 quejas y reclamaciones relacionados con el derecho al trabajo en el periodo de interés

A pesar de que las autoridades federales no reportaron una planeación estratégica, o democrática en los requerimientos por vía del sistema de acceso a la información pública (INFOMEX), puede apreciarse que en materia de promoción del trabajo para personas con discapacidad existen sin duda avances e incentivos interesantes como es el caso del distintivo de Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. Al respecto, consideramos que dichos programas deben ser en principio enlazados con una planeación estratégica-democrática que forme parte del Plan Nacional de Desarrollo o de un Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, del que deberá formar parte o con el que deberá estar entrelazado, de modo que haya claridad en la formulación estructural del proyecto, así como una adecuada implementación de las políticas públicas concretas, además de que dichos programas tendrán que ser relanzados en los medios de difusión masiva, para conocimiento del público en general.

Número de PcD Laborando en la Instancia y el Total de Trabajadores con o sin Discapacidad, según lo reportado por la Instancia

Instancia # PcD # Total % PcD/Total

CNDH 3

INEGI 289 1.70%

Senado (Prestadores de Servicio) 5

SEP: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 48 0.01%

SEP: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 1046

SEP: SEMS 10 1.42%

SHCP 101* 1.86%

STyPS 16 4,600 0.35%

*No especifican PcD, sino personas con impedimento físico.


No obstante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en 2009 elaboró la Guía para la inclusión laboral para las personas con discapacidad en el sector público, podemos apreciar como la realidad refleja una circunstancia a todas luces insuficiente para

considerar que la guía mencionada ha tenido una adecuada recepción e implementación. O las cifras de las instancias consultadas no corresponden con una realidad laboral incluyente en el gobierno federal, o realmente no hay avances relevantes por reportar desde la implementación de la mencionada guía.

Muestra la inexistencia de una política estructural en el tema del derecho al trabajo para las personas con discapacidad. Por ello, a dos años de la firma de la Convención, en el gobierno de México ninguna instancia reportó una política de empleo público ya no consistente, sino existente. Lo cual provoca paradojas difíciles de explicar como el hecho de que la CNDH tenga únicamente registradas tres personas

con discapacidad en su planta laboral, siendo que es la instancia con alcances y cobertura nacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos.

En una consulta derivada de la primera respuesta de la CNDH relacionada con el número de personas con discapacidad empleadas por dicha instancia, informó que el número de empleados públicos es de 1,090, según datos aportados por la CNDH, en agosto de 2010. Lo anterior significa que el porcentaje de empleo público en la CNDH es de menos del 0.003%. Estos números contrastan con los de la SEP, que elevan sobre las mil personas con discapacidad laborando en el servicio público a nivel nacional. El promedio de ocupación laboral en el servicio público de las instancias que reportaron, es del 0.89%. El resto de las instancias públicas federales a las que se les requirió información en este tema no aportaron dato alguno.

Una de las características a incorporar por el gobierno de México a sus políticas públicas


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En el campo laboral tenemos un problema muy complejo: una de las discapacidades más

complicadas de inserción son los sordos y los ciegos, quienes en especial tienen la dificultad de

carecer de la visión, siendo un sentido que facilita la ejecución de muchas tareas, entonces cuando la persona con discapacidad visual llega

a un lugar, suele quedar medio marginado porque el empresario juzga que es mucho más

difícil y tiene cierta razón, ya que muchas de las actividades son visuales o las haces con la

coordinación viso motriz. Simplemente el hecho de barrer, trapear, ¿tú vas a escoger a un chico

con discapacidad intelectual funcional o un chico ciego para trapear? Obviamente vas a

escoger al chico con discapacidad intelectual, porque la discapacidad visual en ese sentido

tiene más… dificultades.Marco Antonio Contreras, psicólogo con

laborales, es que el servicio público eleve la cantidad de personas con discapacidad en las instancias públicas en todos los niveles. La calidad de quienes desempeñan el servicio público es uno de los indicadores de una política laboral incluyente. Por ello, deberá establecer los lineamientos de inclusión laboral para las personas con discapacidad, desde la redacción de la planeación democrática a que hace alusión el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Otras Respuestas sobre Integración Laboral de las Instancias GubernamentalesINEGI "Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se inician los trabajos para la conceptualización de un

registro administrativo sobre las personas con discapacidad que trabajan en la Administración Pública Federal."

Senado El Senado no posee información relativa a discapacidad de sus integrantes. Cabe señalar que las características físicas de las personas no constituyen un requisito o impedimento para desempeñar cargos de elección popular, tal y como se desprende del artículo 58 Constitucional y los artículos 7, 224 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Senado Prestan sus servicios cinco personas con discapacidad: cuatro con discapacidad motriz, y uno con discapacidad visual. Para calcular el porcentaje que dichas personas representan sobre el número total de individuos que prestan servicios en este órgano legislativo, se pone a disposición el reporte Personal y prestadores de servicios profesionales, que está publicado en la sección “Información Administrativa”, de la página electrónica institucional: www.senado.gob.mx

IFE “En la ley no se marca ninguna restricción para que las personas con discapacidad se desempeñen como funcionarios de casilla, sin embargo, es importante considerar la necesidad de que cuenten con las habilidades que les permitan recibir, contar y registrar los votos.”

IFE Existen “programas institucionales destinados a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad para ejercer el voto o desempeñarse como funcionarios de casilla.”

SS "Complementando esta solicitud, se informa que, de conformidad con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CSDPCD), el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PRONADDIS) y el Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para las Personas con Discapacidad (PRONATyC), se ha programado el desarrollo de un conteo de Personas con Discapacidad en la Administración Pública Federal (APF) que dará inicio en este 2010, mismo que, por estar en etapa de desarrollo, no está disponible al público." No existe información actualmente

6.3 Hallazgos en la encuesta nacional

Por los datos obtenidos, podemos inferir que las cifras de la discapacidad son también, las cifras del desempleo abierto. Uno de los pendientes más dolorosos es el relativo a darle la oportunidad de trabajo digno y bien remunerado a cada persona con capacidad, como lo determina el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo. Las personas con discapacidad encuestadas han referido posibilidad de ingresar a los servicios de educación o de salud, y los esfuerzos parecen tomar un rumbo cada vez mejor articulado. Sin embargo, respecto de la situación de acceso al trabajo y a la seguridad social no son halagüeñas, como podrá apreciarse en las siguientes gráficas.


http://www.senado.gob.mx/

En esta gráfica podemos apreciar que en el universo de encuestados, recordando que se trata de una muestra a conveniencia y de carácter exploratorio, es preponderante la desocupación. En la franja de edad mayor a los 21 años la desocupación supera el doble de personas ocupadas. Este dato, visto en el contexto de la información aportada por las autoridades laborales, permite suponer que ante la falta de una planeación democrática, no se generan políticas públicas ni presupuestales destinadas a satisfacer las necesidades de empleo para una importante franja de población que vive con discapacidad.


Una vez que el Estado mexicano se decida a abordar sistemática y estructuralmente el cumplimiento de los lineamientos de la Convención, tendremos oportunidad de verificar si las cifras obtenidas en nuestra encuesta nacional, conforman no sólo una tendencia, sino una interpretación fidedigna del fenómeno de desocupación que se advierte en nuestro estudio. Lamentablemente, la falta de una base informática dificulta cualquier posibilidad de apreciar documentalmente la dimensión del problema de la desocupación laboral de las personas con discapacidad.


Empecé a tocar en el metro, como muchos. Yo me rehusé mucho tiempo porque me parecía indigno y un día la

indignidad se me acabó y dije “bueno pues hay que darle”. Entonces empecé a tocar ahí, iba a la UAM -ya casi estaba

terminando- , termine la UAM y empecé a tocar en el metro y tocando en el metro empecé a estudiar la maestría, yo

creo que he sido el único ciego que toca en el metro y que estudia una maestría en la Ibero.

Otro factor a determinar es la calidad del trabajo, de las prestaciones laborales, del acceso a la seguridad social, así como el de las incidencias jurídicas, producto de las demandas presentadas por los trabajadores o empleados que vivan con discapacidad. La falta de esta información impide un adecuado análisis de la verdadera dimensión, tanto del desempleo como de la calidad de éste, cuando una PcD logra acceder al denominado mercado laboral.


En estas dos gráficas podemos apreciar una coincidencia entre los pocos reportes aportados por las instancias públicas consultadas: el servicio público no favorece a las personas con discapacidad, a pesar de la Guía para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público. El gobierno de México, precisa de una acción contundente que permita una política inclusiva en materia laboral en las instancias públicas de gobierno, para pasar del promedio actual reportado, a un crecimiento gradual y sostenido de al menos 10%, considerando que esa es la cifra de la Organización Mundial de la Salud.

Una política laboral incluyente para personas con discapacidad, debe prever posibilidades laborales en la administración pública de los tres niveles, y para el caso de las posibilidades laborales por parte de particulares, deberá impulsarse que las contrataciones sean equivalentes a las de las personas sin discapacidad. En una planeación estratégica, o democrática, debiera quedar claramente establecida la inclusión laboral, precisando sus características, así como las metas generales que se pretenden lograr.


En los datos de la gráfica precedente, puede apreciarse que un segmento relevante de las personas con discapacidad entrevistadas, mantienen relaciones laborales en condiciones de precariedad por la ausencia de prestaciones o beneficios reconocidos por la ley. Ello nos sugiere la existencia de un fenómeno de desempleo generalizado en este segmento de población y, en el caso de quienes tienen un empleo, un alto porcentaje carece de las prestaciones de ley: pocos empleos y los que hay, suelen ser empleos marginales, carentes de prestaciones legalmente reconocidas.

Esta interesante gráfica muestra la conformidad de los trabajadores con discapacidad entrevistados, respecto de las condiciones de adaptabilidad del entorno laboral y supondría una


buena práctica laboral, que debe ser verificada con prospecciones más amplias y, en su caso, tomada como práctica ejemplar.

Necesidades en el Trabajo(reportado por el encuestado)

Comentarios PositivosConsideraciones extras 5Apoyo extra 2Subtotal 7

Comentarios NegativosMe hacen a un lado/ Me ignoran/ Me tratan como si no fuera capaz 7Trato menos amable 4Falta de reconocimiento 1Subtotal 12

Necesidades FísicasRampas 4

OtroEmpresa Familiar 2

Otras necesidades reportadas, pero no incluidas en el conteo por razones metodológicas, fueron:

No me dejan interactuar con clientes; Menor pago; Baño accesible;Falta de adecuaciones; Apoyo visual; Mobiliario


Las gráficas anteriores sugieren que un porcentaje considerable de encuestados se encuentra inconforme con el trato en el ambiente laboral. Consideramos que estas cifras ameritan la realización de un diagnóstico por parte de las autoridades laborales sobre el ambiente laboral, además de las condiciones generales derivadas de los lineamientos del plan maestro en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Un adecuado diagnóstico sobre la realidad del clima laboral, permitiría llevar a cabo una mejora significativa en la inclusión laboral, en el cual por una parte la autoridad no reporta avances significativos ni estructurales y las personas con discapacidad entrevistadas, refieren una tendencia preocupante: sus entornos laborales suelen ser hostiles, tanto en las condiciones de las contraprestaciones, como en el trato digno, compatible con los principios de la Convención.

Ante una incipiente pero esperanzadora planeación estratégica o democrática, como refiere la Constitución (como es el caso del PRONADIS), consideramos que el gobierno de México debe seguir honrando su vocación de respeto a las personas con discapacidad, traducido en la promoción relevante que hizo para la postulación de la Convención, promoviendo una forma radical de abordar el tema de los derechos de las personas con discapacidad: un Plan Maestro que se aboque a diagnosticar en primera instancia cuál es el estado que guarda la vigencia de los derechos de este grupo social y determinar las grandes trazas para atender los requerimientos a largo y mediano plazo. Consideramos que varios son los temas urgentes, entre ellos una política laboral, estructural e inclusiva.


¿Dónde crees que se da más la discriminación?Pues primero en la educación y en segundo término sería en el sector laboral, porque en el sector salud, en mi caso estoy en el

Seguro Social y ahí nunca he tenido un problema o tenido argumentos para afirmar que me hayan discriminado. Pero en el universo educativo y laboral sí, lo podría afirmar porque lo he

visto, si hay un cierto sentido de discriminación.Rafael, músico e ingeniero.

7. Derecho a la saludEl derecho a la salud suele ser considerado únicamente en el entorno médico. La

Convención comienza a despegarse de esa circunstancia, al grado de abordar por separado el derecho a la salud, la habilitación y la rehabilitación (artículos 25 y 26). Así, el derecho a la salud es abordado de manera integral, incluyendo la capacitación a los profesionales en la medicina, para que su servicio se caracterice por los beneficios de adoptar una perspectiva de derechos humanos y no únicamente la visión de enfermedad que hasta hace muy poco tiempo, regía casi universalmente.

Lo que podría ser algo tan intrascendente, como dar por sentado que la discapacidad es equivalente o hasta sinónimo de enfermedad, es en realidad una de las premisas conceptuales de la discriminación: ya no se antepone el concepto persona sino el de enfermedad. La propuesta que emerge del al Convención es determinante: no son enfermos ni personas enfermas, sino personas con discapacidad. Indudablemente que precisan atenciones específicas, como lo es el acceso a los servicios de salud, pero ello no implica que están enfermas. Una persona con síndrome de Down, o con parálisis cerebral, no necesariamente están enfermos y su circunstancia general de discapacidad no encaja con el supuesto de la enfermedad,

El derecho a la salud es de todos, incluyendo a las personas con discapacidad. La Convención establece detalladamente cómo ese derecho es aplicable a una población específica y eso tiene un gran valor. En la diversidad humana está incluida la población mundial con discapacidad, la cual precisa de una atención específica que nunca antes había sido puesta al detalle, como estándar internacional y al nivel de una convención. Quizás el reto de generar una nueva mentalidad en los médicos sea a largo plazo, dada la circunstancia de que estamos muy recientemente emergiendo de la prevalencia de esta perspectiva, de ver al enfermo antes que a la persona, pero el Estado mexicano tendrá que hacer esfuerzos igualmente integrales para modificar lenta pero irreversiblemente el paradigma médico sobre las personas con discapacidad.

En el largo proceso de la toma de conciencia, el gobierno de México debe implementar un Plan Maestro de atención a las personas con discapacidad, con el objeto de que éstas, sus


Toma de conciencia y medios de comunicación.

La gente no sabe. Antes todas las discapacidades se asociaban con el retraso mental. Todas. La

discapacidad intelectual, como tal no se había definido. Era como una etiqueta que fue

cambiando: de un subnormal, enfermito, retrasado mental, inválido, con necesidades especiales y hasta

muy recientemente somos personas con discapacidad. El gobierno debería poner un programa todos los días, en los medios de

comunicación masiva una programación sobre el tema de personas con discapacidad, pero

informativo. No con lástima. Porque esa es la otra parte. La gente con discapacidad andamos, me

incluyo, como bufones. Ahí vamos al espectáculo.

Últimamente salimos en la televisión no como programa formativo, sino para provocar la lástima. Y no hay necesidad de lograr que el público llore, y

enseguida actúe, como se ha hecho en algunos medios de comunicación. Esa es la verdad. Todo

queda en el nivel de la ayuda. En el nivel del morbo. No se le puede dar a la gente esa clase de

información.

familiares, la sociedad en general, personal médico, educativo y en general los servidores públicos, conceptualicen adecuadamente la realidad de las personas con discapacidad.


Por cuanto hace al derecho a la salud, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo contempla de manera abierta y directa, y también el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que incorpora el concepto de salud física y mental. Una novedad es que en la Convención los conceptos, derecho a la salud y habilitación y rehabilitación están diferenciados –aunque relacionados- incluso al nivel de los significados de habilitar y rehabilitar.

En resumen, el gobierno de México se comprometió a:

1. Dar atención médica gratuita o a precio asequible, de la misma calidad y en todos los órdenes.

2. Brindar servicios de salud propios de las necesidades de las personas con discapacidad, incluyendo la prevención de nuevas discapacidades.

3. Lograr proximidad de las instalaciones de salud.4. Generar conciencia entre los profesionales de la salud, para brindar una atención de la

misma calidad que el resto de la población, basado en el consentimiento informado y el trato digno e igualitario.

5. Prohibir toda discriminación en la prestación de seguros de salud.6. Impedir la negación discriminatoria de los servicios de salud.

Como puede intuirse, los compromisos del gobierno mexicano en materia del derecho a la salud de las personas con discapacidad contienen pendientes de importancia estructural, los cuales deben ser atendidos mediante la implementación de una estrategia nacional, no solo de armonización legislativa. Por una parte debe garantizar gratuidad (o, al menos, precio asequible) y una atención propia de las necesidades de la persona con discapacidad (no solo de las personas con discapacidad, en general). Además, dichos sistemas deben estar cercanos a la persona usuaria y los profesionales tomar conciencia del trato digno, igualitario y consentido, con las personas con discapacidad, así como erradicar la discriminación contra ellas.

Adicionalmente, debemos analizar el significado de la habilitación y la rehabilitación que en la Convención son diferenciados, pero también están intrínsecamente relacionados, como corresponde al principio de integralidad de los derechos humanos. Los conceptos indican que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional. Para tal efecto, el gobierno de México debe promover la capacitación continua de quienes trabajen en los temas de habilitación y rehabilitación, pero también debe procurar el uso de tecnologías de apoyo, tema prioritario que será desarrollado en el cuerpo de nuestro informe.



Instancia Información (reportada por la instancia)Presupuesto

SS Ejercicio 2008: $ 37,151,651.00 ejercidos de la siguiente manera:Capítulo 1000 Servicios Personales $5’118,865.00Capítulo 2000 $216,669.00Capítulo 3000 Servicios Generales $1’816,117.00Capítulo 6000 Obras públicas $30’000,000.00

SS Ejercicio 2009: $ 43,539,924.00 ejercidos de la siguiente manera:Capítulo 1000 Servicios Personales $6’006,914.00Capítulo 2000 Materiales y suministros $247,050.00Capítulo 3000 Servicios generales $37’285.960.00

SS Ejercicio 2010 $ 259,046,582.00 ejercidos de la siguiente manera:Capítulo 1000 Servicios personales $6’719,554.00Capítulo 2000 Materiales y suministros $250’105,645.00Capítulo 3000 Servicios generales $2’221,383.00

El presupuesto asignado y ejercido, según lo informó la Secretaría de Salud, así como fue entregado no permite deducir cuáles son los rubros concretos sobre los que se aplica. Para poder saber el significado de la nomenclatura de los capítulos se precisa de una formación e información que escapa al conocimiento y las habilidades de las organizaciones que redactan este informe. Sin embargo, se advierte en lo general un incremento considerable entre los años 2008 y 2010, cuando se incrementa siete veces la cifra, de $37,151, 651 a $259, 046,582.

Como puede apreciarse, en el rubro de materiales y suministros, la cifra presupuestal se multiplicó por diez, lo que refleja un interés muy particular del Estado mexicano por este rubro, cuya precisión y definición, aún está por ser analizada para verificar si esta aplicación presupuestal corresponde con una deseable y muy necesaria política pública estructural que no alcanzamos a identificar en el Plan Nacional de Desarrollo. Una de las posibles conclusiones es que este documento no está cumpliendo con su función de alcance constitucional: no aparece como la batuta que dirija la orquesta del presupuesto.


Si en 2010 nace un niño sin brazos y sin piernas, ¿Tiene una ruta segura para acudir a un hospital

público y ser atendido, sin los costos de una atención privada?

Yo creo que no, no hay un camino a seguir. Si tú tienes o adquieres una discapacidad durante tu

infancia o juventud, no hay una ruta segura establecida por el gobierno. El camino que conozco

es precisamente el que tomé de los hospitales Shriners, pero son parte de un patronato

norteamericano, ni siquiera de México. Y bueno, como no hay un camino seguro, cualquier persona que tenga alguna discapacidad, se queda como en medio del mar, en medio de la nada, sin saber qué

hacer. Es por eso que no hay gente trabajando, o en las escuelas; o no ves tanta gente con discapacidad

Planeación Estratégica

CONADEPI "Aun cuando dentro de la oferta institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI no se encuentra de manera específica la atención de la población indígena discapacitada, la Comisión sí brinda apoyo a indígenas discapacitados en el marco de su proyecto institucional de Atención de Tercer Nivel el cual tiene como objetivo general: "Promover y gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades competentes del sector salud, para la atención de pacientes indígenas". Uno de sus objetivos particulares señala que este proyecto ha de "Contribuir a la recuperación de la salud de los paciente indígenas que requieren de atención médica especializada..." Asimismo, en los lineamientos que rigen su operación se indica, como uno de sus tipos de apoyo, el otorgar "...recursos económicos para cubrir gastos de pasajes, alimentación, medicamentos, servicios e insumos complementarios tales como prótesis diversas…." Es preciso señalar que estos apoyos son exclusivos para aquellos indígenas que han sido elegibles y son beneficiaros de este proyecto institucional y por su padecimiento o proceso de atención o recuperación médica, generan secuelas de discapacidad.

La instancia federal y especializada en los temas de los pueblos indígenas reconoce una grave deficiencia: carece de planeación estratégica en el tema de las personas indígenas con discapacidad. Está plenamente reconocido y documentado que la población indígena en el país se encuentra en estado de extrema necesidad. Si se es indígena, es casi segura la calidad de pobreza. Si se es mujer, el grado de depauperización se agudiza. Y si la persona indígena es a su vez una persona con discapacidad, su circunstancia de potencial vulneración se incrementa.

Así, la vigencia de los programas como el de Atención de Tercer Nivel, precisan de una

estructura previa que los sostenga, como lo establece la propia Constitución Política (Art. 26.a) a través del Plan Nacional de Desarrollo y la misma Convención (Art. 4.1.c). Ante la falta de una definición estructural, los programas instituidos adolecen de la categoría de Planeación Estratégica y se convierten en acciones emergentes, pero sin estructuración relacionada con los compromisos internacionales (en nuestro caso, con el cumplimiento de la Convención) y los mandatos de la propia Constitución.


El Estado ha hecho muy poco por las personas con discapacidad psicosocial. Los pocos esfuerzos provienen de algunos médicos que desde las mismas filas intentan abordar la problemática, desde dentro del sistema.

Tomemos el caso del Hospital Parcial, en 1997: los propios médicos lo tronaron. Yo recomendaría que el Estado haga esfuerzos en la detección oportuna de los trastornos mentales. No es posible que pacientes de otros estados tengan que viajar a la ciudad de México para acudir al Hospital Fray Bernardino a una consulta.

También, uno de los retos es lograr que la estructura médica tenga los conceptos más claros y que estén abiertos a la diversidad y complejidad de los trastornos psiquiátricos.

Es usual que el trato hacia un paciente sea tortuoso, por el peregrinar de hospitales y malas caras. Los médicos suelen no creer los planteamientos del paciente. La atención de las personas con posible afectación psicosocial corresponde más que a la familia, al Estado. No hay una estructura hospitalaria para un adecuado diagnóstico

de trastornos psicosociales


INEGI "Como proyectos en los cuales el INEGI participa con otras dependencias del Sector Salud se encuentra el desarrollo de una Cédula de Personas con Discapacidad, que bajo el marco de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, de la Discapacidad y de la Salud que emitió la Organización Mundial de la Salud en 2001, pretende convertirse en un registro administrativo a nivel de las áreas de rehabilitación del Sector."

SS "Todos los programas y servicios de la Secretaría de Salud (SS) son gratuitos y en aquellos donde se debe de aplicar una cuota de recuperación, ésta se determina con base en un estudio socioeconómico y en condiciones de igualdad hacia la población que atiende la Secretaría, fundamentados en el respeto a los derechos de los ciudadanos."

SS "La Administración Pública Federal (APF) a través de la Secretaría de Salud (SS), brinda servicios de atención y rehabilitación a la población en general, sin distinción alguna, a través de los hospitales propios de la Secretaría, de los Hospitales de las Secretarías de Salud Estatales, así como del IMSS, ISSSTE, SEDENA y SEMAR. "

SS "Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), que prestan servicios de promoción de la salud, prevención de la discapacidad y rehabilitación simple. El modelo de atención en las UBR implica la participación de la familia y la comunidad. El personal que atiende estas unidades son personas de la comunidad con educación básica y capacitación técnica como terapistas auxiliares, formados en los cursos de los Centros de Rehabilitación del DIF. Actualmente, se cuenta con 1,311 UBR."

SS "Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR) que tienen la finalidad de llegar a las comunidades más alejadas y donde no existen centros ni unidades básicas para la rehabilitación. En ellas se prestan servicios de promoción de la salud, prevención y detección de discapacidades. Estas unidades son operadas en coordinación con las entidades federativas y permiten ampliar la cobertura de servicios asistenciales.• Vigilar el funcionamiento de los establecimientos operativos de rehabilitación en los Estados así como el cumplimiento de los programas de trabajo, de acuerdo con los convenios de colaboración concertados con los DIF Estatales.• Participar en la actualización de la normatividad en materia de rehabilitación así como en eventos promocionales y académicos sobre la atención de personas con discapacidad.• Participar en la elaboración de los directorios de instituciones prestadoras de servicios de rehabilitación existentes en el país.• Integrar la información de los recursos institucionales, los servicios prestados y las características de la población atendida del sistema nacional de servicios de rehabilitación."

El proyecto reportado por el INEGI para elaborar una cédula de personas con discapacidad en coordinación con instancias como la Secretaría de Salud, es un importante avance en la implementación de políticas públicas, desde una perspectiva diferente: al saber quiénes y cuántos son, es posible elaborar planeaciones democráticas o estratégicas y ajustar en mayor grado, la política pública aplicable a favor de las personas con


¿Ha recibido alguna atención por parte de las autoridades, para cuidar sus ojos, para que no le lastime la luz?

No nada, nada, yo nunca ando buscando, porque luego vas y te dicen, y no te cumplen, que no tienen. Pero como está mala mi

hija (secuela de polio), porque vas a ver al doctor que dice, vienes tal día o a ver qué día te vienes. Y si no hay quién me

lleve, nomás no. No me voy porque no puedo, si pudiera yo pos sí. ¿Cómo nos vamos a ir? Pobrecita de mi hija ella en silla de

ruedas y yo discapacitada, no puedo, no veo. Cómo le hago, que le dijera yo te llevo, te saco aquí en el camino, ya vamos a

La Venta.Crisanta, indígena Náhuatl (Hidalgo), ciega y con una hija

discapacidad. Hacerlo de otro modo, provoca que los fondos que se destinen dependan de la aplicación circunstancial de los servidores públicos, antes que del dictado claro y conciso de una estrategia de planeación estructural.

Quejas y reclamaciones

CONAPRED Reporta 88 quejas y reclamaciones relacionadas con el derecho a la salud en el periodo de interés

De la información aportada, se advierte que el derecho a la salud está debidamente instituido y, en general, ninguna persona entrevistada refirió una negativa abierta ni directa de los servicios de salud, lo cual también puede entenderse como efecto de la perspectiva preponderantemente médica de la discapacidad. Una de las observaciones más constantes es, como se verá más abajo, la relacionada con la accesibilidad a los servicios de salud y a la insuficiencia en la infraestructura pública de habilitación y rehabilitación. En el caso de las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, las posibilidades de acceder a los servicios de salud, o de habilitación y rehabilitación son prácticamente impensables. Existe el derecho, pero es de consecución imposible.

7.3 Hallazgos en la encuesta nacional

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son de interés particular porque implican que el 50% de las personas con discapacidad encuestadas, no pudieron o no supieron cómo responderla y el 14% se auto identifica como personas fuera de cualquiera de los servicios públicos salud. Debe considerarse que la población consultada, además de ser personas con discapacidad, son personas repartidas en una


¿Cuándo advirtieron que el niño empezó a tener cambios en su conducta?

Cuando cumplió el año, ya lo vimos así como que era muy inquieto, ya nada más nos sonreía, pero ya no platicaba. Y antes sí, cuando estaba

chiquitito lo acostábamos en la cama, le platicábamos, platicaba. El DIF municipal, no nos ayuda, no nos dice nada. En el preescolar sólo nos

dicen que ha de tener algo, porque no se pone quieto. .Avelino, comunidad Náhuatl (Puebla), su esposa e hijo de 8 años, con trastornos

de conducta, sin diagnóstico.

considerable porción del territorio nacional, por lo que puede considerarse que hay población rural y urbana. También podría sugerirse la posibilidad de que la persona con discapacidad o sus familiares no hayan solicitado los servicios de salud.

No obstante lo anterior, si consideramos que el acceso al sistema de salud suele ser de primer orden de importancia para las personas con discapacidad y para sus familiares, es también viable mantener la hipótesis de que dicho grupo de poblacional (al parecer, amplio) no está accediendo a los sistemas de salud. Así, por una parte si bien quienes son usuarios del sistema de salud generalmente no reportan quejas, aparentemente la mitad de los entrevistados no han acudido o no han podido recibir atención de los servicios públicos de salud.

Con los datos referidos en esta gráfica, debe tomarse en cuenta que los conceptos de acceso a la salud y habilitación-rehabilitación, no son necesariamente concomitantes en la realidad de la aplicación del derecho a la salud. Las personas con discapacidad pueden tener acceso a la atención de salud en general, pero ello no significa necesariamente que queda cubierto lo relativo a la prevención de las discapacidades, o a los procesos de habilitación y rehabilitación.


¿Tu infancia y el tratamiento de salud y rehabilitación que realizaste en un hospital privado es porque en ningún

hospital público lo podía hacer tu familia?Así es, de hecho ni en Colombia ni en México. Ahora el hecho de que sea derechohabiente actualmente tiene que ver con mis derechos laborales. Sin embargo entorno a mi rehabilitación,

el Seguro Social no me atiende al respecto, sé que tienen algunos programas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, para rehabilitación, prótesis y operaciones, pero hasta donde

sé es el único en su tipo en el DF con ese alto nivel de atención al público, y obviamente por ser el único pues está sobre

poblado.

En estas dos gráficas, pueden apreciarse dos interesantes posibilidades: en el primer caso, casi la mitad de los entrevistados opinaron que el servicio público de salud no cuenta con las especificidades requeridas. Y, en la segunda gráfica, sólo en el 10% de entrevistados, fue satisfecha la necesidad de alguna prótesis, contra el 48% que refirió una negativa al respecto, lo cual coincide con el porcentaje de la primera gráfica: hay una similitud entre el porcentaje “especialidad para tratar la discapacidad” y “adquisición de aparatos”. Esta coincidencia hace presumir una insuficiencia de urgente atención para hacer que el derecho a la salud pueda pasar de la atención básica, a una atención específica y especializada dirigida hacia las personas con discapacidad y sus familiares.

Lo anterior nos permite sugerir que en el tratamiento estructural del tema de acceso a la habilitación y rehabilitación, el gobierno de México debe implementar en su Plan Maestro de Atención a


Nací en Colombia… sin brazos ni piernas, y por la misma discapacidad mis padres viajaron a México para que recibiera

tratamiento en un hospital para niños con discapacidad, que es el Hospital Shriners. Ahí me atendieron desde los 2 años y medio hasta

mi mayoría de edad, todo el tratamiento fue gratuito, me dieron prótesis y entrenamiento para usarlas. Al recibir esta ayuda, hice mi vida en México; al principio fue difícil mi educación, porque en el

hospital me habían rehabilitado muy bien, y en las escuelas del DIF decían que yo estaba muy bien rehabilitado y que si entraba en una escuela especial no me iba a poder desarrollar completamente, y en

las escuelas regulares no me aceptaban por mi discapacidad. Entonces fue un caos impresionante lo que sufrió mi mamá.

las Personas con Discapacidad, medidas concretas para satisfacer la demanda de prótesis, medicamento e infraestructura para la rehabilitación. Este tratamiento deberá garantizar el acceso a las personas con discapacidad y sus familiares que no radiquen en los centros urbanos, en donde suelen concentrarse los grandes centros médicos, generando una secuela discriminatoria para el resto de la población, entre ella a la población con discapacidad.

Un amplio margen de las personas entrevistadas (39%) refirió no haber podido adquirir los medicamentos en el sector público. En este sentido, las instancias consultadas no reportaron la calidad en el surtido de medicamentos, ni programas específicos de gobierno para cubrir dicha demanda. Al respecto, insistimos en que si no sabemos sobre el estado de la demanda, difícilmente podremos saber cómo satisfacerla mediante una oferta cuidadosa de la necesidad de las personas. Consideramos que para empezar a resolver esta situación en la planeación democrática constitucional, debe partir de la base de cuántas personas con discapacidad radican en el país, en dónde viven y cuáles son sus necesidades, entre ellas de medicamento.

Una circunstancia real en México es que la falta de planeación estratégica o constitucional, está precedida por la poca experiencia sistematizada en el tema de las personas con discapacidad. El gobierno Federal hace intentos por sentar las bases de una acción pública estructural, pero no lo logra porque su funcionamiento en torno a este tema no es estructurado. Quienes han generado la mejor experiencia (la sociedad civil organizada que lleva décadas trabajando con personas con discapacidad, el Instituto Nacional de Rehabilitación, o el CONADIS, por ejemplo) no alcanzan el grado de incidencia necesaria a la hora de influir en los temas de planeación, con el nivel de exigencia establecidos en la Constitución.

En materia de personas con discapacidad


(En México debería crearse) Algo así como un Instituto Nacional de Investigación para las Personas con Discapacidad, algo parecido en donde la intención sea proveer de herramientas tecnológicas, de las adecuaciones y hacer recomendaciones. Vaya, si los billetes tuvieran

funcionalmente una marca distintiva, no la tontería que hicieron los del Banco de México, de ponerles unas marquitas que desaparecen con el uso. Si fueran de diferente tamaño, permitiría a los ciegos dedicarse al

comercio sin tener que pedirle que alguien lo haga por ellos.

En México hay esfuerzos aislados: el Instituto Politécnico Nacional tiene por ahí algunos intentos de sacar un bastón electrónico. En Celaya

también hemos sabido de gente que ha desarrollado algunos programas, para permitir que las matemáticas sean accesibles a

personas ciegas, a través de la computadora.


el Estado mexicano no ha sabido hacer planeación democrática, porque quienes tienen la experiencia de trabajo, están dispersos en lo que una familia de o la persona con discapacidad, precisan como un servicio integral: accesibilidad, prótesis, atención médica, psicológica, promociones laborales, vivienda, etc., son específicamente difíciles de acceder desde la perspectiva propia de una persona con discapacidad.

Por ello, consideramos de la mayor importancia retomar la propuesta derivada de una de las entrevistas a profundidad: la creación de un Instituto Nacional de Investigación para las Personas con Discapacidad, que tenga las características necesarias para articular una investigación científica sobre las necesidades de este grupo social, así como la manera en que la ciencia y la tecnología, pueden mejorar la calidad de vida tanto de ellas como de sus familias. Convocamos al gobierno de México ha dar un salto cualitativo determinante, congruente con la labor que a nivel internacional se le ha reconocido, al impulsar la creación de la Convención.

Es alarmante que del universo de mujeres entrevistadas, más de la mitad no haya tenido atención ginecológica. Una encuesta con mejores recursos económicos y humanos deberá verificar urgentemente esta tendencia observada, pues lo efectos de una falta de atención


Ciertamente, la mujer indígena con alguna discapacidad, o incluso sin discapacidad, no conoce su propio cuerpo: tiene miedo a tocárselo.

Entonces, cuando tienes alguna discapacidad es terrible, porque los tabús empeoran las cosas. Ella siente que todo es malo, todo lo que se haga para

ella es malo. Entonces uno de los puntos que incluso ahorita estamos trabajando con el programa Oportunidades, es que dentro de estas

pláticas que ellos hacen mensuales, se empiece a incluir esta formalización de que las mujeres empiecen a conocerse primero ellas, y entonces empezar a detectar cuando su cuerpo está cambiando a algo que no

conocen, quizás una discapacidad o una enfermedad.

Olga Montúfar, promotora de los derechos de las mujeres indígenas con discapacidad.

preventiva en este tema, suele tener efectos perjudiciales e irremediables en la generalidad de la población. Pero en el caso de la población que vive con discapacidad, por lo que hemos documentado para la elaboración de este informe, nos conduce a convocar urgentemente al gobierno de México para que destine recursos de manera inmediata, en una campaña intensiva de atención y prevención en el tema de las enfermedades propias de la mujer.

Como hemos apreciado, los esfuerzos del gobierno mexicano para asegurar el acceso a la salud para la población nacional son de primera importancia, pero nuestras referencias documentales y aun nuestra experiencia conjunta, nos indican que las personas con discapacidad padecen mucho la no accesibilidad a los servicios públicos de salud, por la lejanía, la falta de equipamiento y de especialidad en la prestación requerida, así como por la escasez en el surtido de medicamentos, propios de sus necesidades. El hecho de que más de la mitad de nuestras entrevistadas no tenga atención ginecológica, mueve a la preocupación y a la acción inmediatas para tomar medidas de prevención o de tratamiento, al margen de las planeaciones mejor cuidadas, democráticas, que las instancias federales deberán implementar para la vigencia de la Convención en la vida nacional.

Es recomendable como medidas de corto plazo, la convocatoria del gobierno de México a la Secretaría de Salud, al CONADIS y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para valorar las medidas inmediatas y elaborar así, un plan de acción, con base en el censo presentado por la instancia federal especializada en pueblos indígenas, y se lleve a cabo un Programa Nacional de Prevención de las Enfermedades de la Mujer con Discapacidad, para lo cual deberá buscarse la coordinación con los tres niveles de gobierno, particularmente con las autoridades municipales, por su mejor conocimiento de las localidades alejadas de los centros urbanos de población.


De la información aportada por el gobierno y por las personas entrevistadas, podemos derivar diversas observaciones: si bien la Secretaría de Salud refirió un “plan” para las instalaciones de salud de esa Secretaría, no dio mayores detalles. Una demanda constante en la encuesta nacional es el de accesibilidad a las instalaciones aludidas y, curiosamente, que el comercio ambulante repercute negativamente en su accesibilidad, circunstancia evidente y de la que no hay necesidad de documentar.


Necesidades en el Servicio de Salud(respuesta espontánea del encuestado)

Accesibilidad InternaRampas/ Elevadores 85Chico/ Mucha gente/ Faltan espacios más amplios 22Escalones/ Pasamanos/ Barandal 11Indicaciones/ Señalización para personas con discapacidad visual 8Sanitarios accesibles 1Subtotal 127

Accesibilidad ExternaAmpliar accesos/ Mejorar banquetas 24Quitar puestos ambulantes 21Estacionamiento accesible 21Indicaciones para permitir movimiento independiente 7Subtotal 73

OtroAyuda personal 8Especialistas 3Apoyo extra por materiales 1Subtotal 12

Finalmente, debemos considerar el tema de los procedimientos de aplicación de la Convención. El artículo 33 establece dos niveles de seguimiento para su aplicación: que cada Estado designe uno o más organismos gubernamentales, considerando detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación, para facilitar la adopción de medidas en diferentes sectores y en diferentes niveles. Y un marco que constará de diversos mecanismos independientes, para lo cual deberá considerarse la función de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Adicionalmente, la sociedad civil y en particular las personas con discapacidad, formarán parte de todo este proceso.


Propaganda oficial de prevención de las adicciones… a costa de la discapacidad

En el caso del gobierno de México, El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) fue creado como parte de la estructura del sector salud y aunque su labor ha sido notable, el proceso de seguimiento a la implementación de la Convención requiere de un replanteamiento, acorde a los requerimientos del artículo 33 de la misma. En ese sentido, como parte primordial para la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, recomendamos la restructuración

de la actual instancia, decretando su disolución y conformando uno, a los dos niveles que propone la Convención. Consideramos que por parte de los organismos gubernamentales, es la Secretaría de Gobernación la indicada para verificar la implementación de la Convención, a través del Plan Maestro de Atención a las Personas con Discapacidad.

Para ese mismo fin, recomendamos que el gobierno de México convoque a un foro abierto, con el objeto de dilucidar cuáles son las características y quiénes deberán integrar el marco de mecanismos independientes, para el seguimiento de la implementación de la Convención. En dicho foro, deberá procurarse la participación de la sociedad civil en general, particularmente aquella cercana al tema de los derechos de las personas con discapacidad. Para lograr un mejor efecto, las características, la naturaleza y los alcances de este marco independiente de implementación, deberán ser suficientes para garantizar su efectividad y darle sentido al concepto de independencia, al que alude la Convención.

8. Vida Política y Acceso a la Justicia

Instancia Información (reportado por la instancia)

PresupuestoIFE 2009:

Mampara Especial : $3,354,000.00 Instructivo de armado Mampara Especial: $61,705.14 Plantilla Braille con instructivo: $1,081,309.12

Acciones/ Programas PúblicosIFE.2 Existen “programas institucionales destinados a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad para

ejercer el voto o desempeñarse como funcionarios de casilla.”IFE.5 Ha solicitado a través de la Coordinación de Operación en Campo “a los Vocales del Registro Federal de

Electores la adaptación de medidas para que el personal de los Módulos de Atención Ciudadana brinde a esta población una atención preferencial para el trámite de obtención de la Credencial para Votar con fotografía.”


IFE.3 Las PcD “pueden votar sin necesidad de hacer fila”.IFE.2 Existen “materiales didácticos (manuales y video) para la capacitación a los funcionarios de las mesas directivas

de casilla titulado ¿Qué hacer cuando se presentan electores con algún tipo de discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas?:"...se explica la manera en que el IFE garantiza el derecho de sufragio a las personas con debilidad visual.”“Los electores que no saben leer y escribir y los que están impedidos físicamente para marcar su boleta pueden ser ayudados por una persona de su confianza.”Contempla el libre acceso de los perros-guía, si la persona sabe leer Braille y qué hacer si la respuesta es afirmativa. Si la persona no sabe o no quiere usar Braille, “puede votar con la ayuda de una persona de su confianza.”Personas que requieren de “apoyo para su traslado, pueden solicitar que lo acompañe una persona de su confianza o un funcionario de casilla para que le sostenga el cancel mientras vota...”“A los electores que acuden a votar en silla de ruedas o que son de estatura pequeña, el presidente de la casilla les informa que pueden utilizar el cancel especial que se coloca sobre la mesa de la casilla”“En estos casos, el presidente vigila que los ciudadanos de la fila respeten el derecho de estas personas a votar con libertad y en secreto.”

ReclamosTRIFE Hay cero "registros de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se hayan

promovido contra la negativa de expedición de credencial para votar con fotografía a una persona con capacidades diferentes o, como lo refiere el solicitante, por alguna discapacidad.”

Una de las instancias que mejores respuestas dio fue el Instituto Federal Electoral. Con algunas leves excepciones, el lenguaje utilizado en los informes fue adecuado y la consistencia entre el recurso presupuestado y la información reportada, es congruente y de significativa trascendencia para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad. En el caso de la información obtenida en la encuesta nacional, no apreciamos falla estructural que reportar.

Debemos recordar que la expedición de la credencial para votar con fotografía es de trascendental importancia, para realizar diversos trámites de carácter oficial. En relación con el artículo 12 de la Convención (personalidad jurídica), consideramos que si en general todas las personas con mayoría de edad pueden acceder a su credencial de elector, bien pueden ejercer otros trámites administrativos, ocasionalmente con ayuda: expedición de pasaportes, licencias de conducir y representación jurídica propia en los casos en los que esto sea posible. Consideramos que la labor que el IFE ha hecho es digna de consideración, e instamos a que coadyuve en el mejoramiento de la participación política de las personas con discapacidad, apoyando a otras instancias a replicar los avances logrados en el ámbito de su competencia.

8.1. Vivienda y Servicios Bancarios


INFONAVIT "El programa [Hogar a tu medida] no tiene asignación presupuestal específica, ya que la adquisición de las viviendas se realiza con los productos de crédito existentes, el beneficio del programa consiste en solicitar a los desarrolladores de vivienda, las adaptaciones especiales que cada discapacidad requiera."


Planeación Estratégica y AccionesINFONAVIT Política Crediticia: "No existe el concepto de vivienda pública en el Infonavit. El programa Hogar a tu Medida

busca trabajar en acciones conjuntas con FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal, para promover entre los desarrolladores la oferta de vivienda adaptable y accesible."

INFONAVIT Tiene programa "Hogar a tu medida , que tiene como objetivo promover la construcción de viviendas con instalaciones especiales y dimensiones adecuadas, con la finalidad de mejorar significativamente la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias, utiliza el mismo mecanismo de los productos de crédito de Infonavit, con la ventaja de que el trabajador pueda obtener una vivienda adaptada de acuerdo a sus necesidades, dependiendo el tipo de discapacidad que tenga él o alguno de sus familiares."

Reclamos

CONAPRED Tres quejas con la negativa de apertura de cuentas o acceso a servicios bancarios antes de que entrara en vigor la Convención. Dicen que "pudiera estar vinculado con la temática del artículo 12".

CONAPRED Reclamación relacionada con un crédito hipotecario de INFONAVIT antes de que entrara en vigor la Convención. Dicen que "pudiera estar vinculado con la temática del artículo 12".


9. Estereotipos y toma de concienciaLa manera en que la sociedad percibe a las personas con discapacidad, suele coincidir

con las instancias públicas. Diversas voces han alertado sobre la forma en que los medios de comunicación masiva abordan el tema, suscitando la conmiseración y un sentido de la solidaridad que no se acerca a la conceptualización, acorde a los principios establecidos por la Convención, ley suprema en toda la Unión.

Prevalece aún la mirada impropia por parte de los servidores públicos en general, del grueso de la población en todos sus niveles, pero más en aquellas instancias, públicas y privadas, cuyas funciones son las de estructurar las estrategias generales de comunicación. Los mensajes basados en los estereotipos patriarcales y de generación de culpa, suelen ser la constante y demuestran la ausencia de una estrategia de toma de conciencia, que traza la esencia misma de la discriminación en nuestro país. Por ellos, recomendamos que el gobierno de México se aboque, como parte del Plan Maestro referido, a modificar profundamente sus políticas públicas de difusión de sus programas de prevención, proscribiendo las pautas estereotipadas que en el tema de las personas con discapacidad, mueven a la lástima y a la conmiseración como precedentes de la filantropía.

En ese sentido, el Estado es el eje rector para reducir la brecha de desigualdad entre los componentes de la sociedad. Uno de los puntales de esa desigualdad, es la manera de conceptualizarse entre los

distintos grupos sociales. Quienes no viven con discapacidad suelen no saber cómo tratar a quien sí. El Estado debe ser cuidadoso para que sus campañas de prevención, incluidas las enfocadas a la discapacidad, no reproduzcan estereotipos, ni fomenten fobias o utilicen ejemplos incompatibles con los derechos humanos. Dicha regulación debe incluir a todos los medios de comunicación masiva.


De parte del Estado, existen estas cuestiones donde dan ayudas para las personas con discapacidad, o algunos programas que

hay para las placas de automóviles para las personas con discapacidad o cosas de ese tipo, pero siento que hay un punto

muy remarcado que yo lo vi y dije ¿Qué le pasa al gobierno? Hay un anuncio de TV que habla del Ácido Fólico y me dije, ese

anuncio es de lo más discriminatorio que existe, porque dice “para que tu hijo haga lo que quiere y no lo que puede…” No puede haber algo más discriminatorio porque, en mi caso, no

tengo brazos pero puedo tocar un instrumento musical. La verdad es un eslogan de lo más ofensivo.

El Estado debe dictar las políticas adecuadas, en primer lugar en cuanto a la necesidad de las campañas relacionadas con la

prevención. No hay una adecuada campaña de prevención, apenas, me parece que en un sentido puede ser hasta estigmatizante. Hay

por ahí un anuncio del seguro social, diciendo “si no cuidas a tu bebé, se va a quedar ciego”, o “te van a cortar una pierna”. En cierto sentido tienen toda la razón, sin embargo planteado de esa manera pareciera que ya nomás te quedaste ciego y ya te fregaste, ese no es

el camino. Marco Antonio Contreras, psicólogo con maestría,

9.1. Información aportada por el Estado

Instancia

Actividades (reportado por la instancia)

IFE 27 de junio de 2008, “el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó… la Creación de la Comisión Temporal para la elaboración de un Programa Integral, en contra de la Discriminación y a favor de la Equidad Laboral y de una Cultura Democrática en el Instituto Federal Electoral…la cual desarrolló diversas actividades dirigidas a sensibilizar al personal del IFE sobre el tema de la discriminación. (Trabajo realizado del 1/08/08-26/03/09).- Solicitó apoyo al CONAPRED- Cuatro pláticas La discriminación. Una introducción al tema impartidas intercalada, semanalmente, en diferentes sedes, vía EDUSAT y por la página de internet y bajo demanda en la página, para llegar al mayor número posible de trabajadores.- Campaña informativa para concientizar a los trabajadores temas de posible discriminación y así como de los costos sociales, económicos y democráticos que conllevan los actos discriminatorios.31/03/09 Programa Integral en contra de la Discriminación y a favor de la Equidad Laboral y de una Cultura Democrática en el Instituto Federal Electoral

IFE Existen “materiales didácticos (manuales y video) para la capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla titulado ¿Qué hacer cuando se presentan electores con algún tipo de discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas?

IFE Diagnóstico sobre discriminación, equidad laboral y cultura democrática al interior del IFE: Actividades de sensibilización centradas en temas como: La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; el acceso de las mujeres al poder; La discriminación sobre determinados grupos (niños, adultos mayores, mujeres y personas con alguna discapacidad); Equidad de género; derechos humanos: violencia.

INEGI "En el periodo 2008 se implementó una campaña de comunicación interna encaminada a sensibilizar a la comunidad INEGI con relación al tema. Bajo el lema “La diversidad nos Engrandece”, se generaron una serie de productos comunicacionales impresos y electrónicos que tuvieron como propósito no sólo la sensibilización, sino también la información sobre los siguientes tópicos: personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena, diversidad sexual, diversidad religiosa y migración, así como la legislación sobre estos mismos rubros."

SEP Se realizan talleres de sensibilización en la atención a personas con discapacidad. El año pasado se impartió a 119 personas en las siguientes sedes: Sinaloa 26, Tlaxcala 18, Distrito Federal 32, San Luis Potosí 17, Yucatán 10, Michoacán 16.

SHCP Al preguntar ¿Qué programas tiene la SHCP para sensibilizar o capacitar a los empleados, en el tema de la no discriminación y de los derechos de las personas con discapacidad?, la respuesta fue el Programa de difusión en materia de igualdad, equidad de género y no discriminación.

SS "La Secretaría de la Función Pública distribuye la Encuesta Anual de Clima Organizacional a través de las Direcciones Generales de Recursos Humanos de cada Secretaría, la de Salud (SS) no es la excepción y consistentemente esta Unidad Administrativa participa año con año en esta encuesta, donde además de diferentes factores, se mide un indicador respecto a personas con discapacidad en las unidades participantes, hecho que indudablemente ha generado una conciencia hacia el personal con discapacidad que labora en la institución."

SS "Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR) que tienen la finalidad de llegar a las comunidades más alejadas y donde no existen centros ni unidades básicas para la rehabilitación. En ellas se prestan servicios de promoción de la salud, prevención y detección de discapacidades. Estas unidades son operadas en coordinación con las entidades federativas y permiten ampliar la cobertura de servicios asistenciales.• Vigilar el funcionamiento de los establecimientos operativos de rehabilitación en los Estados así como el cumplimiento de los programas de trabajo, de acuerdo con los convenios de colaboración concertados con los DIF Estatales.• Participar en la actualización de la normatividad en materia de rehabilitación así como en eventos promocionales y académicos sobre la atención de personas con discapacidad.• Participar en la elaboración de los directorios de instituciones prestadoras de servicios de rehabilitación existentes en el país.• Integrar la información de los recursos institucionales, los servicios prestados y las características de la población atendida del sistema nacional de servicios de rehabilitación."


9.2. Hallazgos en la encuesta nacional


Informe Alternativo COAMEX: 2008-2010

Estado actual es igual al de origen Frecuencia

Sí 2657No 374Falta información 193Total 3224

84

10. Grupos en condición de vulnerabilidadLos resultados en la encuesta nacional permiten obtener una interesante radiografía del

universo entrevistado. Quienes participaron no pertenecen significativamente a un estrato socioeconómico específico. En el caso de las personas con discapacidad, consideramos que es un grupo en condición de vulnerabilidad y si esta circunstancia coincide con la de ser mujer, o pertenecer a algún pueblo indígena, entonces la probabilidad de que esta conjunción impacte en el nivel socioeconómico a la baja, es directamente proporcional y ahí es en donde el Estado mexicano debe revertir las estructuras que fomentan estas consecuencias.

Buena parte de nuestras encuestas fueron realizadas en las diversas regiones de país. Representativamente, pocas se llevaron a cabo en la ciudad de México, en donde se presumiría que tenemos mejores condiciones para verificar el grado de avance de los derechos de este grupo social. Por los números que podemos ver más abajo, se aprecia que la radiografía obtenida representa a toda la variedad de la taxonomía del nivel socioeconómico (NSE). De hecho, los extremos de esa clasificación son numéricamente menores, en comparación con los índices medianos. Así, es menor el número de entrevistados de la clase socioeconómicamente privilegiada, con la que se encuentra en el nivel de la pobreza alimentaria.

Por lo tanto, consideramos de mucha utilidad la información obtenida como una muestra exploratoria. Nos permite saber cómo está repartido el nivel de riqueza en el grupo encuestado, así como los rangos que nos permiten ver si el ciclo de pobreza tiene su referente en las dificultades documentadas durante la investigación, en las barreras para acceder a la educación, al trabajo y a la salud. El nivel socioeconómico representa una herramienta útil para medir el grado en que la pobreza es una barrera más para este grupo social, en el entendido de que la pobreza en sí misma no es una fuente de discapacidad, pero sí un obstáculo cuya


superación pasa por pruebas difíciles de sortear y en ocasiones, de superación imposible por el nivel de atraso socioeconómico en el entorno de la persona con discapacidad.

Un ejemplo de las condiciones de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, se puede entrever de la información aportada por el INFONAVIT (instancia pública encargada de la procuración de vivienda de interés social), en relación con la falta de registros de personas con discapacidad con acceso a créditos públicos o privados. O estos no existen o no están sistematizados ni desagregados, con lo que se dificulta la medición de la realidad, respecto de la vigencia del derecho a un nivel adecuado de vida, reconocido para las personas con discapacidad en el artículo 28 de la Convención.

A continuación veremos cómo las acciones reportadas por las autoridades no son precisamente las necesarias para atender las causas estructurales que convierten a las personas con discapacidad en un grupo en situación de vulnerabilidad, y más si coinciden con las circunstancias de ser mujer e indígena. De hecho, las acciones reportadas son eso: acciones y no una planeación estratégica o democrática, como establece el texto constitucional ya mencionado.


Instancia Información (reportada por la instancia)Planeación Estratégica y Acciones

CONADEPI Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012: "Promover que la población indígenas con discapacidad cuente con las ayudas técnicas necesarias, adaptadas a las condiciones de su comunidad, para su rehabilitación así como para la accesibilidad universal."

CONADEPI Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012: "orientar (…) los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y considerando las propuestas de los sectores público, social y privado."

SEDESOL PcD forma parte del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) con apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Estrategia 2.3: "Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad". La línea de acción que se deriva de esta estrategia es "[...] existen otros grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad como son los indígenas, los niños y las mujeres en condición de violencia, las personas con discapacidad y los jornaleros agrícolas. La SEDESOL procurará su acceso a redes sociales de protección con el fin de que puedan desarrollarse plena e íntegramente."

SEDESOL Estrategia Vivir Mejor: Proporcionar una Red de Protección Social que evite una pérdida catastrófica en las familias más pobres ante la enfermedad o la pérdida del empleo. En el inciso b) de la línea de acción 3.2.1 se refiere a las personas con discapacidad y señala que "Se reforzarán las acciones a favor de este grupo, pues existe una estrecha relación entre pobreza y discapacidad: por una parte, la discapacidad aumenta el riesgo de sufrir pobreza y, por la otra, las condiciones de pobreza aumentan el riesgo de sufrir discapacidad."

SS "Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es él organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social, que mediante el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, cuyo Objetivo es prestar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad o en riesgo de presentarla así como, planear, organizar y controlar la operación y seguimiento de los Centros, Unidades Básicas y Unidades Móviles de Rehabilitación con el propósito de contribuir a su integración social."

Acciones/ Programas PúblicosSenado El Senado de la República cuenta con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que se encarga, entre

otras cosas, de atender y dictaminar iniciativas de ley o de decreto relacionadas con condiciones de protección, igualdad de oportunidades, de seguridad y desarrollo para los referidos grupos vulnerables.

SS "Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), centros no hospitalarios que brindan servicios de rehabilitación e integración social a personas con discapacidad, así como servicios de prevención a personas en riesgo de presentar algún tipo de discapacidad. Estos centros son operados por personal profesional altamente capacitado. El DIF nacional cuenta con más de 30 centros distribuidos en 26 estados y el Distrito Federal donde


se ubican también los Centros de Tecnología Adaptada (CTA) que son áreas de tratamiento ubicadas en los centros de rehabilitación equipadas con computadoras y software especializados, operado por personal especializado. Actualmente el DIF Nacional cuenta con 34 CTA en todo el país. Los programas de los CTA están dirigidos a la población con discapacidad neuromotora, auditiva, intelectual, visual y con problemas de aprendizaje, así como para personas de la tercera edad, que requieren de ayuda especializada."

Tomemos por ejemplo a la Secretaría de Desarrollo Social. Para esta secretaría, las personas con discapacidad forman parte del Programa Sectorial de Desarrollo Social, derivado del Plan Nacional del Desarrollo (PND) que establece la estrategia de “procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad”. La línea de acción para desarrollar esta estrategia es que la SEDESOL procurará su acceso a las redes sociales de protección, con el fin de que puedan desarrollarse plena e íntegramente. Esto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Veamos con detenimiento la información aportada por la SEDESOL: Tenemos una estrategia (procurar el acceso a instancias de protección social), un responsable (SEDESOL), una línea de acción (procurar su acceso a las redes de protección social) y un fin: (que puedan desarrollarse plena e íntegramente). Esta es una muestra de la planeación democrática de una de las secretarías clave, sino es que la más importante, para plantear medidas estructurales de combate a la pobreza: una instancia que no sabe el grueso de la población a beneficiar, ni en dónde está ni qué necesidades específicas o regionales tiene, se plantea procurar el acceso a instancias de protección social… procurando su acceso a las redes de protección social.

Analizando el contenido del PND, podemos apreciar que no es concomitante a los fines que persigue la Convención. Por ello es imprescindible que el gobierno de México rehaga su planeación democrática de manera coincidente con sus compromisos internacionales. El actual PND, a dos años de terminar su vigencia tiene pocas oportunidades para ser reformulado con una nueva perspectiva, de planeación realmente democrática, en la que participen actores sociales, especializados en los temas torales sobre los que versa el desarrollo de la nación, pero queda tiempo para que recoja las recomendaciones hechas por nosotros, como fruto de la documentación de este informe alternativo.

Una verdadera planeación democrática, a fondo y estructural, es a largo plazo y sus seis años de vigencia apenas alcanzan para vislumbrar los primeros resultados. Por ello, consideramos pertinente que el gobierno de México garantice que la planeación estratégica pueda ser realmente democrática, al momento de su elaboración, mediante la participación efectiva y trascendente de quienes tienen la experiencia para guiar el proceso de elaboración. En ese sentido, convocamos a la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad.

10.2 Hallazgos de la encuesta nacional


En el caso de las personas indígenas con discapacidad encuestadas, la constante fue la inaccesibilidad prácticamente para todos los servicios públicos. Podemos apreciar como este grupo social es el que menos escolaridad logra, en comparación con los demás grupos; o los que menos accesibilidad tienen a los centros de salud o de habilitación-rehabilitación. El propio Plan Nacional de Desarrollo ubica a los integrantes de los pueblos indígenas, como grupo social en riesgo de vulnerabilidad, por la condición histórica de expoliación, explotación e incluso exterminio. Cuando esta circunstancia coincide con la de vivir con discapacidad, entonces la discriminación es una realidad exponencial que el Estado debe atajar.


Las distancias culturales entre los miembros de los pueblos originarios y el resto de la población, puede verse como una verdadera barrera de inaccesibilidad para el primer grupo social. Y si a ello añadimos que algunos de sus integrantes vivan con discapacidad, estaremos ante una generalidad de barreras que deben ser atendidas con una planeación adecuada de los Estados parte de la Convención.

Por ello, convocamos al Estado mexicano a que en su Plan Maestro (que deberá ser orquestado en los términos que refiere la Constitución: una planeación democrática incluida en el Plan Nacional de Desarrollo) contenga que las instancias competentes se aboquen al proceso de definir un glosario de cómo traducir adecuadamente el sintagma lingüístico personas con discapacidad a las diferentes lenguas precolombinas que aún perviven en México. En ese sentido, el glosario de las personas con discapacidad en las lenguas autóctonas deberá incluir conceptos contenidos en la Convención, como los distintos tipos de discapacidad y los principios contenidos en el artículo 3º.

Finalmente, los grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran en una encrucijada histórica desde siempre, debido a una circunstancia poco analizada. Tanto la encuesta nacional aplicada para la documentación de este informe alternativo, como las respuestas obtenidas por la consulta hecha a las instancias federales y las mismas entrevistas de fondo, reflejan una realidad ineludible: la sociedad mexicana vive los efectos de un sistema civilizatorio profundamente desigual, del cual las personas con discapacidad no son la excepción y el Estado mexicano, tampoco propone un tratamiento correspondiente a la dimensión del conflicto social subyacente: la exclusión-discriminación sistemática y centenaria, que separa del desarrollo a los integrantes de los pueblos originarios, a las personas en situación de calle, a las mujeres, a quienes migran de manera indocumentada y a las personas con discapacidad.

Cuando estas categorías cruzan sus caminos, estamos ante singularidades de extremo sufrimiento: una persona con discapacidad, indígena y mujer, representa el corolario de los extremos de nuestro sistema excluyente-discriminatorio. Convocamos al Estado Mexicano a analizar nuestra realidad histórica y a actuar en consecuencia, con medidas de fondo y de largo plazo, mediante una planeación democrática, para lograr las bases de un desarrollo incluyente no sólo para las personas con discapacidad, sino simplemente para todas las personas que habitan el país.


Apartado de Recomendaciones del Informe

Alternativo de la Coalición México por los

Derechos de las Personas con Discapacidad

A dos años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Informe alternativo sobre la situación de los derechos a la salud, empleo y educación de las personas con discapacidad en México

2008-2010


Recomendaciones del informe alternativo al informe inicial del gobierno de México

Ciudad de México, enero de 2011

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX), integrada por cuatro organizaciones dedicadas a proporcionar servicios que hacen efectivo el goce de los derechos de las personas con discapacidad: Asociación Pro-Personas con Parálisis Cerebral A.C. (APAC), Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual A.C. (CONFE), Fundación Paso a Paso A.C. y Libre Acceso A.C, presenta ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el informe alternativo y el apartado de recomendaciones que del mismo se derivan.

Este apartado, corresponde a los contenidos generales del informe alternativo y las recomendaciones contenidas en este apartado forman parte del mismo. En este caso, únicamente hemos hecho una colección de conclusiones que resumen las principales preocupaciones, de las más de doscientas organizaciones que colaboran coordinadamente con las cuatro organizaciones integrantes de la COAMEX.

Recomendaciones

Las recomendaciones son básicamente de dos tipos: generales y particulares a cada derecho. Las primeras son de tipo estructural, necesariamente de alcance transexenal, lo que significa un verdadero reto para el gobierno mexicano, dada la naturaleza de su sistema político de gobierno, basado en la no reelección, pero también en la falta de continuidad en la planeación a gran escala en el tiempo. La paradoja de la democracia no ha sabido cómo resolver esta circunstancia. Las demás recomendaciones se refieren a derechos y pueden entenderse entrelazadas a las generales, pero pueden ser aplicadas sin la necesidad de establecer lo que es la principal recomendación del informe alternativo: la implementación de un Plan Maestro de Atención a Personas con Discapacidad.

Una verdadera planeación democrática a fondo y estructural, es a largo plazo y sus seis años de vigencia apenas alcanzan para vislumbrar los primeros resultados. Por ello, consideramos pertinente que el gobierno de México garantice una planeación estratégica realmente democrática, al momento de su elaboración, mediante la participación efectiva y trascendente de quienes tienen la experiencia para guiar el proceso de elaboración. En este sentido, es que convocamos a la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad.


Recomendaciones generales

1. La planeación democrática debe ser la forma inicial de configurar las actividades del gobierno de México, en torno al tema de la implementación de políticas públicas integrales y presupuestales, que tengan como base conceptual los principios de la Convención, además de una perspectiva de derechos humanos, según la instrumentación internacional en la materia. Por ello, convocamos al gobierno de México a que elabore un Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, a largo y mediano plazo destinado a cumplir con los compromisos de México ante la Convención, que garantice una continuidad transexenal en la ejecución de los proyectos.

a. Dicho Plan Maestro deberá tener como prioridad a los sectores de la población que se caractericen por el rezago socioeconómico: comunidades rurales, indígenas, personas en situación de calle y de extrema pobreza.

b. Una de las primeras acciones del Plan Maestro, deberá ser la elaboración de un diagnóstico panorámico del estado en el que se encuentra el proceso social de las personas con discapacidad. Por lo cual, para iniciar una adecuada planeación democrática es preciso saber:

i. Cuántas personas con discapacidad viven en el país, y en dónde.

ii. Qué tipos de discapacidad tiene cada una.

iii. Qué nivel socioeconómico caracteriza a cada grupo familiar de las personas con discapacidad.

iv. Cuáles son sus niveles de educación, acceso a la salud y de trabajo.

v. Cuáles son sus necesidades más apremiantes, de modo que el Estado fije su atención en cada caso de una manera sistematizada y proactiva.

c. El Plan Maestro deberá formar parte del Plan Nacional de Desarrollo, así como de las armonizaciones legislativas en todos los niveles del sistema jurídico nacional.

2. Consideramos de la mayor importancia retomar la propuesta derivada de una de las entrevistas a profundidad: la creación de un Instituto Nacional de Investigación para las Personas con Discapacidad, que tenga las características necesarias para articular una investigación científica sobre las necesidades de este grupo social, así como la manera en que la ciencia y la tecnología, puedan mejorar la calidad de vida tanto de las personas con discapacidad, como de sus familias.


a. Convocamos al gobierno de México ha dar un salto cualitativo determinante, congruente con la labor que a nivel internacional se le ha reconocido, al impulsar la creación de la Convención. Además de estas características, las funciones de esta instancia pueden ser:

i. Sistematizar el haber nacional sobre los avances técnicos, tecnológicos y científicos, a favor de las personas con discapacidad.

ii. Actualizar y sistematizar las necesidades generales de los distintos tipos de discapacidad e identificar casos paradigmáticos, con el objeto de abordarlos de manera científica, con base en los principios de la Convención.

iii. Investigar científicamente los temas propios de las personas con discapacidad, con el objeto de dar claridad conceptual a los temas planteados, así como facilitar a otras instancias públicas y privadas, nacionales o extranjeras, sobre los principales avances y los problemas más acuciantes en torno al tema de las personas con discapacidad.

iv. Ofrecer criterios generales sobre los diversos temas que atañen a las personas con discapacidad a todas las instancias públicas, en su cumplimiento de la planeación democrática-estratégica.

v. Ofrecer opiniones especializadas a las autoridades jurisdiccionales, sobre la naturaleza de los distintos tipos de discapacidad, desde la perspectiva de la defensa de sus derechos y particularmente lo referente a la personalidad jurídica y al trato digno, de las personas con discapacidad.

3. El artículo 33 de la Convención establece dos niveles de seguimiento para su aplicación: que cada Estado designe uno o más organismos gubernamentales, considerando detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación, para facilitar la adopción de medidas en diferentes sectores y en diferentes niveles. Y un marco que constará de diversos mecanismos independientes para lo cual, deberá considerarse la función de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Adicionalmente, la sociedad civil y en particular las personas con discapacidad, formarán parte de todo este proceso.

a. En el caso del gobierno de México, El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) fue creado como parte de la estructura del sector salud y aunque su labor ha sido notable, el proceso de seguimiento a la implementación de la Convención requiere de un replanteamiento, acorde a los requerimientos del artículo 33 de la Convención. En ese sentido, como parte


primordial para la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, recomendamos la restructuración de la actual instancia, decretando su disolución y conformando una nueva propuesta a los dos niveles que propone la Convención.

b. Consideramos que por parte de los organismos gubernamentales es la Secretaría de Gobernación, la indicada para verificar la implementación de la Convención, a través del Plan Maestro de Atención a las Personas con Discapacidad, el cual deberá contar con un marco regulatorio propicio para las funciones de coordinación, imprescindibles para el objetivo específico que se pretende.

c. El nuevo mecanismo nacional tendrá entre sus objetivos, mejorar la coordinación a través de figuras tales como los enlaces interinstitucionales, a fin de homogeneizar la aplicación de las políticas públicas, así como para facilitar la generación y sistematización de la información, incluso para la elaboración de los informes de gobierno. Dichos enlaces deben ser preferentemente personas con discapacidad que cuenten con las calificaciones necesarias, o personas sin discapacidad con probada experiencia en la materia.

d. Para ese mismo fin, recomendamos que el gobierno de México convoque a un foro abierto, con el objeto de dilucidar cuáles son las características y quienes deberán integrar el marco de mecanismos independientes, para el seguimiento de la implementación de la Convención. En dicho foro, deberá procurarse la participación de la sociedad civil en general, particularmente aquella cercana al tema de los derechos de las personas con discapacidad. Para lograr un mejor efecto, las características, la naturaleza y los alcances de este marco independiente de implementación, deberán ser suficientes para garantizar su efectividad y darle sentido al concepto de independencia al que alude la Convención.

4. El gobierno de México deberá revisar su sistema de información con la intensión de referir claramente la planeación estratégica o democrática, en los términos del artículo 26 constitucional, procurando mejorar las respuestas al menos en materia de personas con discapacidad. De las respuestas obtenidas para la documentación del informe alternativo, puede derivarse el desconocimiento del significado “planeación estratégica”.

a. En las hipótesis de que las personas usuarias del sistema INFOMEX requieran información sobre la planeación estructural o democrática, la instancia deberá referir claramente la ruta entre la planeación estructural o democrática y la aplicación concreta de políticas públicas: desde la disposición constitucional referencial, la parte correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo (o su equivalente en el Programa Nacional de Derechos Humanos), y la manera en que la instancia pública concrete dicha estrategia.


5. Es indispensable que el Estado mexicano establezca un programa intensivo de elaboración de estadísticas sobre el tema de personas con discapacidad, a través del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, para homogeneizar el planteamiento de políticas públicas y estructurales, en el entendido de que la base de la función pública es la información sistematizada sobre el tema. Las estadísticas deberán contener, enunciativa pero no limitativamente los siguientes temas:

a. La cuantificación más cercana a la realidad del grueso de población que vive con discapacidad en nuestro país.

b. El tipo de discapacidad.c. Sexo, edad, talla, peso.d. Clase de atención médica, habilitación o rehabilitación recibida, diferenciando si

el sistema de salud es público o privado.e. Accesibilidad y cercanía al sistema de salud y educativo.f. En caso de ser persona económicamente activa, su estado ocupacional.g. Nivel socioeconómico.h. Pertenencia a un pueblo indígena.i. En casos de mayoría de edad de la persona con discapacidad, si cuenta con

credencial para votar con fotografía.

6. El gobierno de México deberá asegurarse que las instancias públicas usen adecuadamente la terminología en torno a las personas con discapacidad, basada en los principios de la Convención y a través de medios de comunicación o en documentos expedidos con recursos públicos. Los responsables de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, deben hacer toma de conciencia respecto del trato digno, incluyendo la manera de referir los temas relacionados con las personas con discapacidad.

a. A través de la planeación estratégica, deberán implementarse campañas permanentes que fortalezcan una cultura incluyente y de derechos humanos. El órgano regulador de los contenidos de las emisiones gubernamentales, deberá tomar conciencia de los conceptos y definiciones en torno a las personas con discapacidad, con el objeto de precisar los términos para la toma de conciencia a la que hace referencia la Convención. Definir tendencias de comunicación de parte de los medios de comunicación masiva privados.

b. Del mismo modo, las instancias competentes actuarán de manera coordinada, una vez que hayan recibido un proceso de capacitación conducente, para regular los contenidos de los segmentos promocionales o de la programación regular, únicamente para asegurarse de no tener fobias o distorsiones que dificultan la toma de conciencia y la información objetiva, ajena a la perspectiva de la caridad, la conmiseración y la explotación del drama que vivan determinadas personas, o grupos sociales.


c. En ese sentido, el Estado es el eje rector para reducir la brecha de desigualdad entre los componentes de la sociedad. Uno de los puntales de esa desigualdad, es la manera como se conceptualizan entre sí los distintos grupos sociales. Quienes no viven con discapacidad suelen no saber cómo tratar a quien sí. El Estado debe ser cuidadoso en la planeación de sus campañas de prevención, incluida la discapacidad, para no reproducir estereotipos, ni fomentar fobias o utilizar ejemplos incompatibles con los derechos humanos. Dicha regulación debe incluir a todos los medios de comunicación masiva.

7. El gobierno de México deberá emitir lineamientos (que podrían darse a través de una norma oficial mexicana) acerca de las formas en que deberá elaborarse y publicarse la propaganda pública, procurando generar un contenido consecuente con la instrumentación internacional de derechos humanos, sin estereotipos de ninguna clase y, particularmente en el tema de las personas con discapacidad, procurará que los mensajes no signifiquen menoscabo a su dignidad, evitando suscitar la conmiseración o la conceptualización errónea sobre las personas.

8. Incorporar el tema de personas con discapacidad en el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Accesibilidad.

1. El Estado mexicano deberá identificar las mejores prácticas públicas en materia de accesibilidad, apoyándose en ellas para generar sinergias en el mismo sentido. Particularmente recomendamos que el CONADIS o el órgano que el Estado designe, sistematice las experiencias del IFE, INEGI, CNDH, CONAPRED. La CDHDF y las oficinas del PNUD, cuentan con accesibilidad universal a sus instalaciones.

2. El Estado mexicano, deberá apoyar de manera extensa y sustancial a las organizaciones civiles que acrediten experiencia y aportaciones, en torno a la investigación y aplicación o uso de tecnologías conducentes a la accesibilidad. En secuencia con la recomendación precedente, el órgano del Estado encargado de sistematizar las experiencias en este tema, no podrá dejar de lado la consulta activa y permanente de la sociedad civil organizada.

3. El Estado mexicano debe hacer un esfuerzo mayor, en la generación de sinergias estructurales para la implementación de medidas de accesibilidad universal para las personas con discapacidad, elevando la partida presupuestal y orquestando planes específicos de seguimiento y evaluación para las obras públicas, pero también en los requerimientos de construcción o de remodelación de edificaciones no públicas.


a. En el caso del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los trabajadores (INFONAVIT), El Estado deberá elaborar registros de las personas con discapacidad que estén en condiciones de acceder a un crédito de vivienda, de aquéllas que estén en lista de espera para ese trámite y de quienes están disfrutando de su vivienda como titulares del crédito otorgado, con el objeto hacer visible la existencia de personas con discapacidad que acceden a la vivienda de interés social.

b. Adicionalmente, el INFONAVIT deberá mejorar los requerimientos de construcción, para que todas las construcciones edificadas y por edificarse para la vivienda de interés social, tenga estructuras con perspectiva de accesibilidad integral universal, y así, las personas con cualquier tipo de discapacidad, no únicamente motriz, tengan menos barreras para acceder a esas edificaciones. Para tal efecto, deberá buscar asesoría de otras instancias públicas que han reportado avances notables, tales como el IFE o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

4. El Estado mexicano deberá referir en su Plan Maestro Transexenal, la definición de accesibilidad universal, detallando la naturaleza y alcances de la misma, así como las premisas estructurales de dicha definición, de modo que las Secretarías de Estado tengan un instrumento claro y preciso respecto de la accesibilidad universal, y no únicamente parcializada hacia las personas con discapacidad motriz o usuarias de silla de ruedas, u otros implementos de locomoción.

5. Considerando que las diferencias culturales pueden resultar obstáculos insalvables para la accesibilidad universal, particularmente en los integrantes de los pueblos indígenas, pudimos apreciar como este grupo social es el que menos escolaridad logra, en comparación con los demás componentes sociales; además de ser los que menos accesibilidad tienen a los centros de salud o habilitación-rehabilitación. El propio Plan Nacional de Desarrollo ubica a los integrantes de los pueblos indígenas, como grupo social en riesgo de vulnerabilidad, por la condición histórica de expoliación, explotación e incluso exterminio. Cuando esta circunstancia coincide con la de vivir con discapacidad, entonces la discriminación es una realidad exponencial que el Estado debe atajar, para lo cual hacemos las siguientes propuestas.

a. Con el objetivo de partir desde la perspectiva de los pueblos indígenas u originarios de México, convocamos al Estado mexicano a que en su Plan Maestro (el cual deberá ser orquestado en los términos que refiere la Constitución: una planeación democrática, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo) incluya como parte de dicha planeación, que las instancias competentes se aboquen al proceso de definir un glosario de cómo traducir adecuadamente el sintagma lingüístico personas con discapacidad, a las diferentes lenguas precolombinas que aún perviven en México. En ese sentido, el glosario de las personas con discapacidad en las lenguas autóctonas, deberá


incluir conceptos contenidos en la Convención, tales como los distintos tipos de discapacidad y los principios contenidos en el artículo 3º .

Educación.

1. El gobierno de México debiera reformar el artículo 3º constitucional para que abierta y claramente, trate sobre el tema de la inclusión educativa. Consideramos que el texto constitucional es el mejor referente para que en materia de educación, salud y trabajo –además del resto de derechos reconocidos por la Convención- estén plasmados los principios que rijan a todo el sistema jurídico nacional.

a. En ese sentido, el artículo 3º constitucional podría ser replanteado, formulando su redacción de acuerdo a una perspectiva incluyente hacia las personas con discapacidad, considerándola en integridad y en armonía con su entorno comunitario y con una perspectiva a largo plazo que abarque todo el periodo de vida de la persona con discapacidad, acorde a sus respectivas capacidades. El texto constitucional representa la mejor plataforma, para reconocer que la educación por su propia naturaleza debe ser incluyente o no es educación.

b. Las personas con discapacidad deberán tener garantizado que el Estado brindará la atención máxima que cada persona pueda alcanzar, sin demérito de su economía o del desarraigo de su familia y comunidad.

2. En materia de educación inclusiva el gobierno de México deberá realizar un diagnóstico nacional que permita evaluar, con base en los registros estadísticos disponibles, cuántos niños, niñas y adolescentes con discapacidad gozan de los términos de la educación inclusiva referida en el artículo 41 de la Ley General de Educación, cuántos aún son usuarios del sistema de educación especial, tanto en el servicio público, como en el privado, y detectar las razones que no facilitan dicha inclusión educativa y encaminar los esfuerzos en el sentido correcto.

a. Es imprescindible, como parte del diagnóstico a desarrollar en materia de personas con discapacidad, que también sea incluido el rubro de las escuelas privadas. Es de capital importancia saber si la aplicación de los programas de educación son cumplidos cabalmente, si los requerimientos de accesibilidad integral son tomados en cuenta, según los criterios de la Convención y si particularmente la inclusión educativa está siendo debidamente implementada en dichos planteles.

b. Para un adecuado diagnóstico es importante que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de educación hacia los distintos tipos de discapacidad, puedan participar en las diferentes etapas de la integración del mencionado diagnóstico, desde su planeación, hasta su propia ejecución, sin


que esto signifique que sean las organizaciones quienes carguen con esa responsabilidad.

3. El Estado mexicano precisa de elaborar una política de educación inclusiva y permanente para las personas con discapacidad. En los términos del artículo 24 de la Convención, procurará que desde la edad preescolar, hasta el máximo grado académico posible, reciba educación inclusiva según sus necesidades y procurando potenciar sus habilidades, entendiendo la educación como un proceso de vida, al igual que los derechos a la salud y al trabajo.

4. Con base en los resultados arrojados por la encuesta nacional, así como por la información aportada por las instancias públicas, podemos advertir dos circunstancias por analizar profundamente por parte del gobierno de México: en la realidad, cada entidad federativa interpreta en su propio contexto la estructuración y generalidades del sistema educativo nacional, provocando una desarticulación que puede generar prácticas incluso antagónicas. Por otra parte, aún no se llega al ideal de la educación inclusiva, pues advertimos que persisten en buena medida las circunstancias previas a la reforma educativa de 1994. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico sobre la implementación del concepto de inclusión educativa, en tanto la persistencia de los dos subsistemas de educación, tanto para el alumnado con discapacidad, como para quienes muestren aptitudes sobresalientes.

Trabajo.

1. El gobierno de México deberá actualizar el cumplimiento del Convenio 159 de la OIT, en el sentido de “aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas”, como puede leerse en el artículo 2 del Convenio aludido. Evidentemente, el concepto de readaptación (generalmente aplicable y aplicado en México, a las personas sujetas a proceso penal) queda superado con el tercer principio de la Convención: el de la inclusión/participación.

a. En ese sentido la actualización del compromiso mexicano de revisar periódicamente la política nacional antedicha, deberá ser considerada con base en los avances referidos en el artículo 27 de la Convención, en los siguientes rubros:

I. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, en todas las facetas laborales.

II. Proteger sus derechos, en igualdad de condiciones que los demás.

III. Asegurar el cumplimento de sus derechos sindicales.


IV. Permitir el acceso efectivo a programas de orientación técnica, servicios de colocación y de formación profesional continua.

V. Alentar las oportunidades de empleo y su promoción profesional.

VI. Promover oportunidades empresariales, empleo por cuenta propia y cooperativas.

VII. Emplear a personas con discapacidad en el sector público.

VIII. Promoverlas en el sector privado, mediante programas de acción afirmativa.

IX. Impulsar ajustes razonables en el lugar de trabajo.

X. Promover la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto.

XI. Promover programas de rehabilitación vocacional, profesional y de mantenimiento del empleo.

2. El sistema jurídico mexicano cuenta con una definición poco común del trabajo, como puede leerse en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Pocas son las legislaciones que poseen una definición del trabajo. Al respecto, ni los instrumentos internacionales de derechos humanos, aun en la materia laboral, logran definir qué es el trabajo, y cuales condiciones éticas ineludibles y mínimas debe tener su definición. Por ello, es de primera importancia recuperar esta definición, parte del sistema jurídico mexicano, pero también parte del proceso social mexicano por hacer menos injustas las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluyendo a las personas con discapacidad.

a. Es recomendable que en el proceso de la armonización legislativa, este artículo sea reformado para introducir el concepto de personas con discapacidad, en el sentido de que este grupo social, específicamente tampoco sea víctima de la discriminación y que las instancias de gobierno procuren el empleo público para ellas, en la medida de la disponibilidad paritaria de las plazas y vacantes.

3. A pesar de que las autoridades federales no reportaron una planeación estratégica o democrática, en los requerimientos por vía del sistema de acceso a la información pública (INFOMEX) en materia del derecho al trabajo para personas con discapacidad, puede apreciarse que existen avances e incentivos interesantes como es el caso del distintivo de Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo.

a. Sin embargo, recomendamos que dichos programas deben ser en principio enlazados con una planeación estratégica-democrática que forme parte del Plan


Nacional de Desarrollo o de un Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad del que deberá formar parte, o con el que deberá estar entrelazado, para lograr claridad en la formulación estructural del proyecto, así como una adecuada implementación de las políticas públicas concretas, además de relanzar dichos programas en los medios de difusión masiva, para conocimiento del público en general.

4. Una de las características que deberá incorporar el gobierno de México a sus políticas públicas laborales, es elevar la cantidad de personas con discapacidad contratadas en el servicio público, en todos los niveles. La calidad de quienes desempeñan el servicio público es uno de los indicadores de una política laboral incluyente. Por ello, deberá establecer los lineamientos de inclusión laboral para las personas con discapacidad, desde la redacción de la planeación democrática a que hace alusión el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salud.

1. En el Plan Maestro de Desarrollo para las Personas con Discapacidad en México, deberá definirse el modo de garantizar que la planeación democrática articule los servicios de salud de lo general a lo particular. En ese sentido, las asignaciones presupuestales deberán seguir una ruta similar: cada rubro presupuestal debe estar precedido por la base de su planeación estratégica, con el fin de evitar que haya programas públicos destinados, como es el ejemplo de las personas con discapacidad indígenas (Programa de Atención de Tercer Nivel), sin que esté referido a planeación estructural alguna.

a. La vigencia de los programas como el de Atención de Tercer Nivel, precisan de una estructura previa que los sostenga, como lo establece la propia Constitución Política (Art. 26.a) a través del Plan Nacional de Desarrollo y la misma Convención (Art. 4.1.c). Ante la falta de una definición estructural, los programas instituidos adolecen de la categoría de planeación democrática, y se convierten en acciones emergentes, pero sin estructuración.

2. En el tratamiento estructural del tema de acceso a la habilitación y rehabilitación, el gobierno de México debe implementar en su Plan Maestro de Atención a las Personas con Discapacidad, medidas concretas para satisfacer la demanda de prótesis, medicamento e infraestructura para la rehabilitación. Este tratamiento deberá garantizar el acceso a las personas con discapacidad y sus familiares que no radiquen en los centros urbanos, en donde suelen concentrarse los grandes centros médicos, generando una secuela discriminatoria para el resto de la población, entre ella a la población con discapacidad.


a. Para tal objeto, el gobierno de México deberá valorar los avances logrados y la experiencia acumulada en el Instituto Nacional de la Rehabilitación, para que éste ejemplo de innegable importancia, pueda ser replicado en todas las regiones del país en lapso comprensible, pero de atención prioritaria.

b. Un amplio margen de las personas entrevistadas (39% del total) refirieron no haber podido adquirir los medicamentos en el sector público. En este sentido, las instancias consultadas no reportaron la calidad en el surtido de medicamentos, ni programas específicos de gobierno para cubrir dicha demanda. Al respecto, insistimos en que si no sabemos sobre el estado de la demanda, difícilmente podremos saber cómo satisfacerla mediante una oferta cuidadosa de la necesidad de las personas. Consideramos que para empezar a resolver esta situación en la planeación democrática constitucional, debe partir de la base de cuántas personas con discapacidad radican en el país, en dónde viven y cuáles son sus necesidades, entre ellas de medicamento.

c. En el tema de la salud preventiva para las mujeres, El hecho de que más de la mitad de nuestras entrevistadas no tengan atención ginecológica, mueve a la preocupación y a la acción inmediata, para tomar medidas de prevención o de tratamiento, al margen de las planeaciones mejor cuidadas, democráticas, que las instancias federales deberán implementar para la vigencia de la Convención en la vida nacional.

d. Es recomendable como medida de corto plazo, que el Gobierno de México convoque a la Secretaría de Salud, al CONADIS y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para valorar las acciones inmediatas y elaborar así, un plan de acción, con base en el censo presentado por la instancia federal especializada en pueblos indígenas, y se lleve a cabo un Programa Nacional de Prevención de las Enfermedades de la Mujer con Discapacidad, para lo cual deberá buscarse la coordinación con los tres niveles de gobierno, particularmente con las autoridades municipales, por su mejor conocimiento de las localidades alejadas de los centros urbanos de población.

e. Para considerar mejor las medidas a tomar, respecto del punto precedente, deberán considerarse también la opinión de las 1,311 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), así como las Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR), reportadas por la Secretaría de Salud.


Anexos

Anexo 1: Modelo y desarrollo metodológica del informe

1. Problemática

Como se ha mencionado anteriormente, desde la firma de la Convención el Estado mexicano está

obligado a entregar un informe sobre el cumplimiento y los avances en la materia, de mayo de 2008 a

mayo de 2010. La sociedad civil también está invitada a participar en este proceso y una de las formas de

hacerlo es con la elaboración y entrega de un informe alternativo que acompañará al informe que el

Estado entrega a la ONU. Hasta el momento, una de las barreras más significativas para implementar

políticas públicas dirigidas a las necesidades de las personas con discapacidad y la promoción de su

inclusión social, es la falta de información sobre las propias personas con discapacidad.

Esta falta de información también tiene repercusiones para la elaboración de un informe, tanto

para el Estado como para la sociedad civil. Por ejemplo, si consultamos la cifra oficial del Instituto

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el porcentaje total de personas con

discapacidad en México (censo 2000), tomando como número base la población total del país, es de

1.84%, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un estimado del 10% de la población,

como porcentaje del total mundial. Los resultados que abordan el tema de discapacidad pueden verse en

la gráfica 1.

Población

Total

Sin

Discapacidad

Con DiscapacidadNo

Especif.Total Motriz Auditiva Lenguaje Visual Mental OtraNo

Especif.

97,483,412 93,463,833 1,795,300 813,867 281,793 87,448 467,040 289,512 13,067 7,119 2,224,279

Gráfica 1: Distribución según condición de discapacidad en México

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI

Esta tasa del 1.84% contempla, según las lineamientos usados por el INEGI, discapacidad

moderada y severa, y está desglosada por tipo de discapacidad, como se puede percibir en la tabla previa.

Sin embargo, al hacer uso de esta cifra como la tasa oficial del Estado, se pueden presentar dificultades al

menos por las siguientes razones.

1. Discrepancia entre tasa de personas con discapacidad en México y cifras tanto al nivel mundial como

de otros países.

a. Aun cuando dicha tasa supuestamente abarca solamente la discapacidad moderada y severa,

la estimada por la OMS es del 10%, incluyendo todos los tipos y grados de discapacidad,


aunque esta cifra tampoco refiere una base metodológica que la haga confiable, por la misma

razón de invisibilidad mundial de las personas con discapacidad.

b. En países con mayor desarrollo y menores niveles de pobreza general (tomando por hecho la

correlación positiva entre pobreza y discapacidad) se encuentran tasas de discapacidad más

altas: Canadá, 15.5% y Estados Unidos, 15%. Australia, 18%. Por lo tanto, es muy difícil

saber si los datos del INEGI son confiables, si los comparamos con otros países.

2. Dificultades en la recolección de datos.

a. Se ha cuestionado mucho la forma en que los datos del último censo fueron levantados y las

preguntas hechas ya que, como se explica con más detalle en otras secciones de este informe,

existe una falta de conocimiento a nivel social general y entre los propios servidores públicos,

sobre el significado mismo del concepto “discapacidad”.

b. Cabe mencionar que la sección sobre discapacidad del censo 2010 se ha modificado, tomando

en cuenta sugerencias de la ONU y de organizaciones que se dedican a la estadística de las

personas con discapacidad.

3. Dificultades en el uso de la tasa como cifra oficial

a. Una consecuencia de usar la cifra oficial demasiado baja, es que en el momento de destinar

presupuesto a programas gubernamentales dirigidos a personas con discapacidad (salud y

educación, por ejemplo) existe una dificultad para saber cuánto destinar a estos programas,

por lo que pueden resultar insuficientes o pueden no alcanzar a cubrir las necesidades

específicas de la población a beneficiar. Una conclusión tentativa es la necesidad de

establecer un sistema nacional de registro de personas con discapacidad.

b. Con una cifra demasiado baja también existe la tendencia de subestimar la importancia de la

población como número total de personas en México y el impacto que se podría obtener

como beneficio no solamente para esta población, sino para la población en general ya que

lograr mayor integración de personas con discapacidad no solamente les impacta a ellos, sino

directamente también a los miembros de sus hogares.

4. Otras implicaciones

a. Si el INEGI, experto en informática a nivel nacional no tiene datos confiables sobre el

porcentaje de población que vive con alguna discapacidad, eso implica no solamente la

imposibilidad de identificar a la población específica (quiénes son, qué tipo y grado de

severidad de discapacidad tienen, entre otros criterios), también indica un desconocimiento

total de las necesidades específicas de la población en su totalidad y de sus segmentos, además

de las necesidades individuales de este colectivo.


b. A pesar de que esperaríamos tener información de calidad después del Censo 2010, tanto el

Estado como la sociedad, requieren de información antes de que salgan los resultados, para

poder reportarla en el informe inicial sobre el cumplimiento de la Convención en el periodo

bianual a reportar.

c. Debe considerarse también que aun cuando existiera información oficial muy específica sobre

las personas con discapacidad, al elaborar un informe alternativo, la sociedad civil deberá

generar su propia información para complementar la información del Estado, ya que tiene

más experiencia en el tema, y para tener la posibilidad de verificar la información proveniente

del Estado.

d. Por lo anterior, también se hace indispensable el acercamiento de las instancias públicas y

privadas para una retroalimentación de experiencias, con el objeto específico de crear un

sistema nacional de registro de personas con discapacidad que permita superar la invisibilidad

actual y aplicar mejor políticas públicas y presupuestarias.

1.1 Pregunta básica del informe

Para los efectos de este informe la pregunta básica es ¿Qué nivel de vigencia tienen los derechos

de las personas con discapacidad a dos años de vigencia de la Convención en nuestro país? Esta pregunta

permite entender la naturaleza y los alcances de este informe independiente, en un contexto histórico de

transición mundial en el tema de los derechos de las personas con discapacidad.

No caemos en exageración alguna si afirmamos que estamos en una etapa a nivel internacional

donde por vez primera, en los últimos diez años, empieza a abordarse el tema de los derechos y aun de las

propias personas con discapacidad desde una perspectiva horizontal, alejados del paradigma médico y

paterno-asistencialista de las últimas tres centurias, sin hablar ya de la manera en la cual en la antigüedad

se conceptualizaba a quienes ahora podemos nombrar de una manera adecuada y digna.

Por ello, es importante plantear la pregunta general –o básica- de nuestro informe, pues sí nos

encontramos en una etapa de transición, pero también estamos en la obligación de entender, que toca a la

sociedad entera el reto de empezar a remover un estereotipo aún vigente en la conciencia colectiva de

nuestras sociedades. De modo que, ante el primer reporte oficial del gobierno de México, la sociedad civil

organizada se hace esta pregunta, ante un contexto novedoso y promisorio.

1.2 Preguntas de trabajo

Las preguntas de trabajo las podemos considerar de dos maneras: las que enmarcan el objetivo

general y las que nos permiten conseguir los insumos básicos para la labor de interpretación de la realidad

que pretendemos documentar.

En el primer sentido, las preguntas de trabajo son:


1. ¿Cuáles son los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de los derechos

de las personas con discapacidad?

2. ¿Cuáles son las políticas públicas elaboradas a raíz de la entrada en vigor de la Convención?

3. ¿Cuál es la disponibilidad presupuestaria del Estado que ha aplicado para poder llevar a cabo

sus políticas públicas?

4. ¿Qué opinión tienen las personas con discapacidad; o sus familiares acerca del goce de sus

derechos?

En el segundo sentido, las preguntas se convierten en preguntas directas y las respuestas

obtenidas son precisamente la base de redacción de este informe independiente. En el primer caso, el

compromiso internacional abarca un universo de dos Convenciones en materia de derechos humanos de

las personas con discapacidad, así como un número determinado de compromisos derivados del

desarrollo de la actividad de la comunidad internacional en forma de foros sobre temas generales en

materia de derechos humanos, erradicación de la pobreza y trata de personas.

Respecto de las políticas públicas o la disponibilidad presupuestaria, se formularon una batería de

118 preguntas, diferenciadas a 19 instancias federales de gobierno, además del cuestionario dirigido a las

personas con discapacidad o sus familiares, para el caso de las personas que no estuvieran en condiciones

de responderlo de manera directa. El cuestionario consistió en 135 preguntas, relacionadas con los

derechos que interesan a este informe, así como en datos estadísticos relativos a la calidad de vida, a los

costos económicos de la discapacidad de las personas y a la accesibilidad de distintos servicios públicos.


2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

Entender la situación de las PcD actualmente en México.

Cambios en el marco legal que impliquen mejoras en la calidad de vida/ integración social. Esta

información es necesaria para:

o La elaboración del informe independiente que acompañará al informe oficial sobre el

cumplimiento y los avances en el tema de derechos de las PcD.

o Poder tener información actual y confiable que servirá para enfocar las acciones de las

asociaciones hacía las necesidades de sus usuarios.

2.2 Objetivos específicos

Entender la situación de PcD en cuanto a sus necesidades/vulnerabilidades por:

o Tipo de discapacidad.

o Género.

o Grupos indígenas.

o Edad.

o Nivel Socioeconómico.

Los temas acordados como temas de interés por la COAMEX y medibles en un cuestionario son:

o Servicios de salud.

o Integración laboral.

o Integración educacional.

o Accesibilidad.

A los servicios supra-citados.

Físico (en todos sentidos).


3. Marco conceptual

3.1 Marco conceptual de la política pública y presupuestaria

Respecto de la política pública y presupuestaria, partimos de las siguientes consideraciones

básicas: Los compromisos asumidos en la esfera internacional deben estar reforzados por dos sistemas de

cumplimiento: el sistema de la implementación de políticas públicas integrales y estratégicas, y el sistema

de implementación de una política pública presupuestal que fecunde al primer sistema. Partimos de la

base de que la condición de vigencia de los derechos humanos en un Estado determinado, precisa de la

creación e implementación de los dos sistemas mencionados.

Ello implica uno de los objetivos de este informe: verificar si el Estado mexicano cumple con sus

compromisos internacionales, mediante estas dos premisas conceptuales, cuya ausencia devendría en

consecuencias verificables, mediante un simple sondeo de percepción a la población a beneficiar por los

esquemas internacionales de protección de derechos humanos de las personas con discapacidad.


Revisión del Marco

Jurídico Internaciona

l

Revisión del Marco Jurídic

o Nacion

al

Preguntas a

Instancias

Gubernamentales

vía INFOMEX

La Vida de las

PcD según ellas

mismasPanorama de la

integración social

de las PcD en

México y el

cumplimiento

estatal

109

Para el caso de la primera condición aludida (implementación de políticas públicas integrales y

estratégicas), consideramos como una premisa de consenso, el de una etapa de diagnóstico nacional en el

que participen activamente las organizaciones de la sociedad civil. Pero no toda acción en este sentido

necesariamente puede tener por resultado la condición referida. Y, por otra parte, ninguna propuesta de

política pública, que adolezca de un consenso básico de las organizaciones de la sociedad civil, tendrá

posibilidad de una adecuada implementación.

Por lo anterior, para la elaboración de este informe nuestro marco teórico básico será el de la

implementación de las dos premisas aludidas, pero con un condicionamiento doble: una adecuada

participación de la sociedad civil organizada, y en general de las instancias de la sociedad interesadas en

el tema de la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, así como su derivación negativa:

si esta condición no se cumple, las propuestas que el Estado mexicano exponga o intente llevar a cabo, no

podrán ser aplicadas por la sencilla razón de que la organización civil ha estado a la vanguardia del tema

y su opinión no puede dejarse de lado.

3.2.3 Marco conceptual de la voz de las personas con discapacidad

Con el objeto de asegurar la unidad metodológica de nuestra investigación, consideramos que un

referente obligado para constatar la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, es la

entrevista directa a las propias personas con discapacidad o a sus familiares, en distintas zonas del país.

Con ello pretendemos atender al sujeto social, a su contexto, con una cobertura de grandes alcances

territoriales y considerando siempre el referente de la Convención.

De este modo, como podrá verse más adelante, tenemos tres grandes piezas de marco conceptual

interrelacionado: una perspectiva jurídica de parteaguas a la sombra de los contenidos de la Convención;

el planteamiento de dos requisitos básicos para que un Estado esté en condiciones de cumplir con ese

compromiso internacional (políticas públicas y presupuestarias); y una referencia directa del propio sujeto

social protegido por las dos primeras consideraciones: la aplicación del cuestionario a las personas con

discapacidad.

En un marco ideal hipotético, tendríamos que la comunidad internacional produce un instrumento

sombrilla (la Convención). El gobierno de México, desde el momento de la suscripción, convoca a la

sociedad civil en general, a las universidades, a los centros de investigación, entre otros, a consultas sobre

la mejor manera de abordar el cumplimiento de los nuevos compromisos, lo que da pie a la

implementación de una gran estrategia nacional (políticas públicas integrales y estratégicas), que se

llevará a cabo mediante organismos específicos con posibilidad de asignación presupuestal de alcance

nacional (políticas públicas presupuestarias). Todo esto, con un indicador de impacto como lo puede ser


la aplicación permanente y periódica de encuestas nacionales o regionales, dirigidas a personas con

discapacidad o a sus familiares.

Ante la falta de un contexto como el planteado en el párrafo precedente, COAMEX considera

imprescindible plantear los propios términos de esta ausencia de la siguiente forma, a modo de marco

teórico: Sobre la vigencia de la Convención, verificar si el Estado mexicano ha implementado acciones

genuinas de cumplimiento para su informe inicial, sobre la base de dos conceptos y un referente: políticas

públicas integrales y estratégicas, políticas públicas presupuestales y la opinión de las personas con

discapacidad o de sus familiares.

Encuesta nacionalDebido a la falta de información sobre las personas con discapacidad en México, un punto para

empezar a generar esta información es a través de un estudio semi-exploratorio. Los estudios

exploratorios, como su nombre lo indica, permiten que se haga una exploración para ir identificando los

factores que son significativos en el tema. En este caso, aun cuando las asociaciones de y para personas

con discapacidad tienen mucha experiencia acumulada, la falta de información estándar recolectada de

forma sistemática no permite saber de sus vidas y específicamente, de los factores que impiden su

integración en la sociedad.

Por lo anterior, se planteó la idea de elaborar una encuesta directamente a las personas con

discapacidad en México, en la mayor cantidad posible. Debido a la falta de información estadística sobre

la población de interés, incluyendo su ubicación, fue imposible lograr un muestreo aleatorio y por lo tanto

los datos resultantes del estudio no se pueden extrapolar hacia la población entera.

Sin embargo, el estudio sí recolecta información de interés sobre cómo viven algunas personas

con discapacidad y sirve como primera etapa de recolección de datos ya que con base en los resultados,

podemos identificar los factores más sobresalientes o algunos no contemplados por la gente involucrada

en su diseño. Por lo tanto, no solamente sirve la información para completar y complementar lo poco

existente por otras fuentes, sino también puede ser de gran utilidad en la elaboración de estudios

posteriores, ya que podemos enfatizar los factores de mayor significado en los resultados del estudio

exploratorio y hacer cuestionarios más eficientes y afinados.

Entrevistas a profundidadLas entrevistas a profundidad son una herramienta para la recolección de información que

permite una vista mucho más amplia que la de un cuestionario. Tienen la ventaja de poderse modificar en

el momento, para profundizar en ciertas temáticas que emergen durante la entrevista. Este instrumento en

ocasiones se utiliza en lugar de los grupos focales, sobre todo cuando se trata de temas delicados y quizás


los entrevistados, no se sientan cómodos hablando en grupo, o cuando se trata de personas expertas cuyas

opiniones podrían perderse cuando se trata de una discusión en grupo.

La información recolectada en este tipo de entrevista, es muy útil para complementar los datos de

una encuesta más general por lo mismo que se trata de profundizar los temas y que se realizan con

personas seleccionadas por su conocimiento profundo sobre la discusión.

Aunque una entrevista a profundidad es algo que se va modificando en el momento y sus ventajas

surgen precisamente por su naturaleza tan fluida, es importante saber con anticipación los temas que se

requieren tratar sino, de otra forma se podrían perder los objetivos de dicha entrevista. Un buen guía de

entrevista a profundidad tomará en cuenta la persona a entrevistar en cuanto a los insumos que se

pretende obtener de esta persona y su conocimiento específico en el tema de investigación.

En un buen diseño de investigación, las personas escogidas se complementan en cuanto a su

conocimiento, tanto entre ellos como con la información de una encuesta general, para poder confirmar

los datos obtenidos o identificar ciertos temas que no son claros y que requieren más investigación. Hay

algunas desventajas de la entrevista a profundidad que valen la pena mencionar y considerar antes del

diseño de la guía para la entrevista, ya que toda metodología de investigación tiene algunas desventajas

para su uso. Estas desventajas son:

El entrevistador debe tener un conocimiento/capacitación para realizar una entrevista de

este tipo.

Una entrevista a profundidad puede tomar mucho tiempo.

La entrevista a profundidad es vulnerable a los sesgos no tanto del entrevistado como del

entrevistador.

Las respuestas de la entrevista a profundidad no se pueden tomar como generalización.

Para llevar a cabo las entrevistas a profundidad, básicamente hay cinco pasos a seguir:


4. Metodología

4.1 Metodología general

Marco Jurídico Política Pública y Presupuesto

La Voz de las PcD


Revisión de los instrumentos y criterios internacionales relativos a las PcDa. PIDESCb. CEDAWc. Convención sobre los derechos de las PcD

Revisión de los compromisos del Estado mexicano en materia de PcD.d. Carácter vinculante de la Convención.e. Plan Nacional de Desarrollo.f. Programa Nacional de Derechos Humanos.

Diseño de los instrumentos.a. Revisión de otros estudios/encuestas

internacionales.b. Consultas con expertos en temas de

interés.c. Diseño de la metodologías de los

instrumentos.d. Revisión/prueba piloto de la encuesta

nacional en un encuentro nacional.Revisión de los instrumentos y criterios nacionales relativos a las PcDa. Ley General de las

Personas con Discapacidad.

b. Ley General de Trabajo.c. Educación.d. Salud.e. Capacidad Jurídica.

Formulación de preguntas a las secretarías y organizaciones públicas, a través del sistema INFOMEX, que garantiza información según las leyes de transparencia.

Aplicación del instrumento encuesta nacional.a. Capacitación de

encuestadores-voluntarios de sociedad civil, gobierno, público en general en un encuentro nacional.

Identificación y contacto con PcD destacadas en su área/Campo.


b. Distribución a nivel nacional con el fin de llegar a la población más diversa posible.

c. Recepción de encuestas aplicadas.

Revisión y análisis del cumplimiento con las leyes nacionales.a. Identificación de logrosb. Identificación de huecosc. Identificación de leyes

que se podrían considerando como violación de los Derechos de las PcD

Envío de preguntas, recepción y aglomeración de las respuestas.

Captación y procesamiento de los resultados de la encuesta nacional.a. Vacío de datos por

voluntarios y estudiantes de servicio social.

b. Análisis estadístico de los resultados.

Entrevistas a PcD destacadas y su transcripción.

Análisis individual de cada insumo

Análisis de los insumos en conjunto

Metodología de la voz de las personas con discapacidad

Encuesta nacional

El propósito del cuestionario es la recolección de información de cómo viven las PcD en México.

Por ello, la importancia de tener un cuestionario adecuado que permitiera obtener información estadística,

incluyendo casos reales de violaciones de sus derechos humanos. Para la aplicación del cuestionario, se

hizo un encuentro nacional con representantes de asociaciones de 29 estados de la República Mexicana el

29 de febrero del 2010, para capacitar sobre la aplicación de la encuesta. A su vez estas personas,

replicaron lo aprendido a sus colegas.

Tras la capacitación y durante el mismo encuentro nacional, se hizo una aplicación experimental

del cuestionario entre los asistentes, que permitió mejorarlo y prepararlo para su aplicación definitiva. El

cuestionario fue aplicado del 4 al 23 de marzo del mismo año, aunque algunas organizaciones demoraron

más en la aplicación y entrega. La aplicación piloto de la prueba permitió mejorar notablemente el

instrumento de encuesta, aprovechando la experiencia de los asistentes.

La encuesta estaba dividida en siete secciones, con un espacio al final para documentar casos de

posibles violaciones de derechos humanos. Había un segundo estudio, mucho más corto, para aplicar al


terminar la encuesta, para determinar el nivel socioeconómico de los encuestados.


El formato de la encuesta se presenta en la siguiente gráfica:

Primera sección: Información general


Primera Sección:Informa

ción General

Esta sección se trata de captar información socio-demográfica y de vivienda.

Segunda Sección:Pregunt

as General

es

Esta sección representa el inicio de la información que cumple con los objetivos del reporte alternativo por parte de la COAMEX.Las preguntas de la sección de educación pretenden identificar los niveles de estudio completados por las personas con discapacidad y si el gobierno está cumpliendo realmente con la garantía de educación accesible para todos.

Tercera Sección:Pregunt

as de Educació

n

Las preguntas sobre el trabajo de esta sección tenían como fin ver la formalidad o informalidad de los trabajos de las personas con discapacidad, es decir, si trabajan con contrato por ejemplo, reciben las prestaciones de ley, etc., y que tipo de trabajos, con qué nivel, se están trabajando actualmente y el tiempo que se llevan trabajando.Se buscaba saber también la frecuencia con que las empresas en México están haciendo modificaciones del área del trabajo, para los que necesitarán modificaciones, y si toman en cuenta las opiniones del individuo en el proceso de hacer estas modificaciones.

Cuarta Sección:Pregunt

as de Trabajo Las preguntas de esta sección pretendían arrojar

información sobre el tipo de servicio de salud que use el individuo y, sobre todo, si los servicios de salud publico cumplen con las garantías de salud accesible por parte del estado.

Quinta Sección:Pregunt

as de Salud Esta sección de solamente 6 preguntas era para

identificar si las personas con discapacidad participantes votan, solamente a contestar completo si tienen la edad necesaria, y porque no votan, si es que no lo hacen.

Sexta Sección:Participa

ción Política Las 3 preguntas de esta sección son para

identificar otros posibles casos de violación de derechos que no están contemplados en las otras secciones.

Séptima Sección:

Otros El formato de los casos de violación de derechos pide información pide datos específicos del evento y había que llenarlo con el mayor nivel de detalle posible.

Caso de Violació

n de Derecho

sEsta parte se aplicaba al terminar el cuestionario para identificar el nivel socioeconómico (NSE) del individuo.

Estudio de Nivel Socioec

onómico

Se identificaba tanto el nombre del encuestador como la asociación que se estaba llevando a cabo esta encuesta con el fin de poder aclarar dudas posteriormente a la aplicación, en caso de que hubiera.Lo que seguía eran las preguntas de “filtro”. Como se mencionó anteriormente, el propósito de esta encuesta era la recolección de información sobre la actualidad de las personas con discapacidad en México y por lo tanto, son ellos quienes tenían que proporcionar esta información.Los familiares solamente podrían contestar en vez de la persona con discapacidad cuando esta persona requería ayuda y se pedía que el individuo estuviera involucrado en el proceso.Hubo otros casos de encuestas involucrando una persona como suporte, como sería la traducción a lengua indígena o lengua de señas, o de comprensión.

117

En esta sección, se identifica el nombre del encuestador y la asociación que apoya, con el fin de

poder aclarar dudas posteriores a la aplicación.

Lo que sigue son seis preguntas de “filtro” para asegurarse que el encuestado realmente sea la

persona apta. Como se mencionó anteriormente, el propósito de esta encuesta es la recolección de

información actualizada de las personas con discapacidad en México y por lo tanto, son ellos quienes

tienen que proporcionar esta información.

Los familiares solamente contestaron en lugar de la personas con discapacidad cuando ésta no

contaba con las habilidades necesarias para responder por sí misma y se perdía, aun en estos casos, que la

personas con discapacidad estuviera involucrada en el proceso. Algunas encuestas precisaron de una

persona como soporte: traductor de una lengua indígena o lengua de señas o de aplicación de contexto,

para preguntas difíciles de entender para la personas con discapacidad.

Segunda sección: Preguntas generales

En esta sección se trata de captar información socio-demográfica y de vivienda.

Tercera sección: Preguntas de educación

Esta sección representa el inicio de la información que cumple con los objetivos del reporte

alternativo por parte de la COAMEX. Las preguntas de la sección de educación pretenden identificar los

niveles de estudio completados por las personas con discapacidad y si el gobierno está cumpliendo

realmente con la garantía de educación accesible para todos.

Cuarta sección: Preguntas de trabajo

Las preguntas sobre el trabajo tenían como fin, ver la formalidad o informalidad de los trabajos

de las personas con discapacidad, es decir: si trabajan por contrato, si reciben las prestaciones de ley, qué

tipo de trabajos tienen, con qué nivel, si están trabajando actualmente y, en su caso, la antigüedad. Se

buscaba saber también la frecuencia con que las empresas en México están haciendo modificaciones del

área del trabajo, para quienes necesitarán modificaciones y si toman en cuenta las opiniones del individuo

en el proceso de hacer estas modificaciones.

Quinta sección: Preguntas de salud

Las preguntas de esta sección pretenden obtener información sobre el tipo de servicio de salud

que usa el individuo y, sobre todo, si los servicios de salud pública cumplen con las garantías de

accesibilidad y proximidad.


Sexta sección: Participación política

Esta sección de seis preguntas ayuda a identificar si las personas con discapacidad votan,

teniendo la edad necesaria y por qué no votan, si es que no lo hacen.

Séptima sección: Otros

Las tres preguntas de esta sección, son para identificar otros posibles casos de violación de

derechos que no están contemplados en las otras secciones.

Caso de violación de derechos

En el formato de los casos de violación de derechos, se pide información, datos específicos del

evento y hay que llenarlo con el mayor nivel de detalle posible.

Estudio de nivel socioeconómicoEsta parte se aplica al terminar el cuestionario, para identificar el nivel socioeconómico (NSE) del

individuo.

Entrevistas a profundidadLas entrevistas a profundidad se realizaron a PcD con perfiles muy diferentes. Los participantes

se seleccionaron por accesibilidad y disposición para participar, así como por recomendaciones de gente

con conocimiento del campo, por lo tanto, el muestreo fue no probabilístico (por conveniencia y por

juicio). El diseño de las entrevistas fue abierto y guiado con un formato de entrevista semi-estructurado.

Específicamente se buscaba entender la relevancia de los temas establecidos, como temas a abarcar en el

informe alternativo elaborado por la coalición.

El entrevistador guió la discusión, pidiendo clarificación y/o elaboración de ciertos puntos,

haciendo preguntas sobre temas amplios de factores establecidos como objetivo del estudio/entrevista.

Las entrevistas duraban aproximadamente una hora, fueron grabadas y después transcritas.

Aún cuando el objetivo de cada entrevista fue lograr un mayor entendimiento de cómo viven las

personas con discapacidad en México y cuáles son sus percepciones de la realidad política y social, por la

misma razón de que son personas con perfiles muy diferentes, los objetivos específicos y las preguntas

realizadas, fueron muy variados ya que la entrevista se basó, en lo que podría aportar esta persona como

individuo. Lo siguiente es el ejemplo de una guía de las entrevistas:


Ejemplo de planeación de la entrevista

Dr. José Luis Martínez, 40 años, psicólogo. APAC. Parálisis cerebral.

1. Presentación.a. Agradecimiento por aceptar la entrevista.

2. Introducción.a. Contexto del trabajo de la Coalición, con énfasis en la elaboración del informe, en tanto que es

previsible que tenga conocimiento de COAMEX.b. Explicación del instrumento.c. Consentimiento expreso para usar su testimonio para los fines del Informe Alternativo, incluyendo

actividades de difusión del mismo. Solicitar autorización para toma fotográfica y para que formen parte del informe.

3. Cuestionario.a. Familia.

i. ¿Qué periodos por los que ha pasado su familia puede distinguir, desde el nacimiento hasta el momento actual? Sugerir, conceptos tales como dificultades, logros, desde la perspectiva familiar.

b. Instituciones. i. ¿En resumen y análisis, qué aportes ha recibido a lo largo de su vida de las instituciones

públicas? En temas de educación, salud y trabajo.ii. ¿Qué aportes, de las instituciones privadas? En los mismos temas. Aquí, procurar del

entrevistado un balance.iii. ¿Considera que el Estado ha implementado políticas públicas en el tema de personas con

discapacidad?1. Si es el caso, ¿Cuál sería su evaluación?2. Si no lo es, ¿Cuáles serian sus sugerencias?

c. Logros personales.i. ¿Tiene conocimiento de otras personas con discapacidad que hayan logrado el nivel

académico en su tema?ii. ¿Existe alguna asociación de personas con discapacidad, compuesta por profesionistas

de alto nivel, para la promoción de los derechos de este grupo social?d. Comparativos España/México.

i. Del periodo que vivió en España ¿Qué comparaciones puede hacer sobre la situación en general en ambos contextos?

ii. ¿El ámbito universitario en donde estudio el doctorado se caracterizo por ser accesible y consiente de las necesidades de las personas con discapacidad?

e. Educación, trabajo y salud.i. ¿Desde su perspectiva, considera que

hay avances en la manera en que la psicología aborda el tratamiento de personas con discapacidad, particularmente de las personas con parálisis cerebral/discapacidad intelectual?

ii. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo en nuestro país, para una persona con parálisis cerebral/discapacidad intelectual?

iii. ¿Y en el tema de educación?


f. Cerrar con algún comentario que quiera hacer el entrevistado.4. Cierre de la entrevista.


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