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Universidad Nacional Autónoma de México

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Sistema electoral y elites regionales: Elecciones municipales y de diputados en Cuernavaca yCuautla de Amilpas, 1812–1835Author(s): Irving Reynoso JaimeReviewed work(s):Source: Mexican Studies/Estudios Mexicanos, Vol. 25, No. 2 (Summer 2009), pp. 189-226Published by: University of California Press on behalf of the University of California Institute for Mexico

and the United States and the Universidad Nacional Autónoma de MéxicoStable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/msem.2009.25.2.189 .

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Sistema electoral y elites regionales:Elecciones municipales y de diputados en

Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 1812–1835

Irving Reynoso JaimeColegio de Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional Autónoma de México

El sistema electoral que se introdujo al territorio novohispano con la Carta ga-ditana de 1812 fue la base de la legislación electoral que rigió en México al menoshasta 1835. Este trabajo analiza las formas históricas concretas que adquirió lapráctica electoral en la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas(caracterizada por la tensión entre pueblos y haciendas). Se trata de matizar la visión historiográfica que plantea una mejora sustancial de la vida de los pue-blos a partir de la apertura política que significaron las elecciones gaditanas,

mostrando cómo existieron casos en que las élites económicas regionales usa-ron los nuevos mecanismos políticos para proteger sus intereses.

The electoral system of the Constitution of Cádiz (1812) was the foundationof Mexican electoral legislation until 1835. This article analyzes the concretehistorical forms and electoral practices under this electoral law in the sugar-producing region of Cuernavaca and Cuautla de Amilpas, characterized by ten-sions between pueblos and haciendas. By showing several cases of the new po-litical mechanisms used by the regional economic elite to protect their interests,the article challenges the claim that the “political liberalization”entailed in theelectoral system of the Cádiz Constitution meant a significant improvement inthe political and socioeconomic situation of the pueblos of the region.

Palabras clave: doceañismo, liberalismo, haciendas, azúcar, repúblicas de in-dios, ayuntamientos, elecciones, elites, Cuernavaca, Morelos.

Key words: Liberalism;Haciendas; sugar; Indian Republics; ayuntamientos;elec-tions; elites; Cuernavaca, Morelos.

Mexican Studies/Estudios Mexicanos Vol. 25, Issue 2, Summer 2009, pages 189–226. ISSN 0742-9797

electronic ISSN 1533-8320. ©2009 by The Regents of the University of California. All rights reserved.

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info.asp. DOI: 10.1525/msem.2009.25.2.189

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La llamada “revolución local” de los pueblos se articuló a partir del sis-tema de elecciones establecido por la Constitución de Cádiz en 1812.El reformismo gaditano introdujo en la sociabilidad política de las co-munidades nuevos conceptos como “ciudadanía”y “representatividad”.En el medio rural, la transformación política más importante residió enla abolición de las repúblicas de indios y la instalación de los ayunta-mientos constitucionales, a través de un nuevo sistema electoral en elque la soberanía residía en el pueblo.1

Según Antonio Annino, estas transformaciones generaron una revo-lución “silenciosa”, inscrita en la tradición política de las comunidadesrurales, que les otorgó un grado de negociación política frente al Estadomucho mayor al que habían disfrutado durante la época colonial.2 Elpunto fundamental de esta afirmación radica en la cuestión de la ciu-dadanía, es decir, qué requisitos eran necesarios para votar y ser votado(sufragio activo y pasivo), y a quién correspondía la facultad de otorgar los derechos ciudadanos. En principio, ciudadano era aquel individuonacido en territorios españoles (americanos o peninsulares), pero parapoder participar en las elecciones hacía falta la condición de “vecino”,esto es, la residencia en cualquier localidad con un “modo honesto de vivir”. La carta gaditana otorgó a los pueblos el derecho inapelable de de-terminar quiénes eran los vecinos-ciudadanos sin la intromisión decualquier otra autoridad.3 De esta forma los pueblos—por medio de losayuntamientos—monopolizaron la facultad de averiguar entre sus habi-

190 Mexican Studies/Estudios Mexicanos

1. Jaime E. Rodríguez O. calificó a los ayuntamientos como “el centro de la vidapolítica mexicana”, y en trabajos recientes ha llamado la atención sobre el “nuevo procesoelectoral” generado por la Constitución de 1812, el cual se trató de “una gran eclosiónpolítica”que otorgó la más extensa representación en el mundo de esa época; en trabajosanteriores había alertado sobre el estudio de los ayuntamientos y las elecciones, cuandoafirmaba: “De un modo que todavía no comprendemos, el poder político pasó del centroa las localidades, mientras un número considerable de personas se incorporó al procesopolítico”, véase Jaime E. Rodríguez O., “La constitución de 1824 y la formación del estadomexicano”, en Historia Mexicana, Vol. XL, Núm. 3, (enero-marzo, 1991), pp. 510, 516–517, y “La naturaleza de la representación en Nueva España y México”, en Secuencia. Re- vista de historia y ciencias sociales, Núm. 61, (enero-abril, 2005), p. 25.

2. Antonio Annino, “Soberanías en lucha”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica.Siglo XIX (México:Fondo de Cul-tura Económica, 2003), p. 160.

3. Constitución de Cádiz, Art. 50: “Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de lospresentes concurren las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá enel acto lo que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto”, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o

colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independenciade la república (México: Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, 1878), t. I,p. 353.








tantes los requisitos de vecindad y ciudadanía, aprovechando esa “brechaconstitucional”para fortalecerse políticamente.4

Es cierto que la postura de Annino puede entenderse como el plan-teamiento de “un escenario posible”en cuanto al fortalecimiento polí-tico de las comunidades rurales a partir del reformismo gaditano. Noobstante, sus trabajos más representativos sobre la cuestión asumen ex-presamente una visión positiva del proceso.5 Sus argumentos han sidoretomados por diversos autores cuyas investigaciones sugieren que lastransformaciones políticas que trajo el reformismo liberal se tradujeronen beneficio de las comunidades rurales: mayor apertura democrática(sistema de elecciones indirecto) y un instrumento político para el ejer-cicio de su autogobierno (el ayuntamiento constitucional).6

Obviamente, no hay un consenso historiográfico sobre la pertinen-cia de estas afirmaciones. Trabajos clásicos e investigaciones recienteshan concluido categóricamente que los indios y las clases populares deMéxico “no ganaron nada con la independencia”.7 De hecho, el propio

Reynoso Jaime, Sistema electoral y elites regionales 191

4. Antonio Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX (Mé-xico: Fondo de Cultura Económica, 2003), p. 402.

5. La paradoja del liberalismo mexicano, indica Annino, fue haber consolidado a lassociedades locales más que a las centrales, restando legitimidad a los nuevos gobiernos,

ibid ., p. 399. A través de estrategias de sincretismo entre sus formas tradicionales y lasnuevas concepciones liberales, los pueblos desarrollaron su propio “liberalismo popular”,con lo que se convirtieron legalmente en “los agentes sociales del liberalismo”en la nuevadinámica política estatal, Cf. Antonio Annino, “Nuevas perspectivas para una vieja pre-gunta”, en Antonio Annino y Josefina Zoraida Vázquez, El primer liberalismo mexicano:1808–1855 (México: INAH / Porrúa, 1995), p. 74; Annino, “Pueblos”, 2003, p. 87; véasetambién Annino, “Soberanías”, 1994.

6. José Antonio Serrano Ortega, Jerarquía territorial y transición política. Gua- najuato, 1790–1836 (México: El Colegio de Michoacán / Instituto Mora, 2001); ClaudiaGuarisco, Los indios del valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad

política, 1770–1835 (México: El Colegio Mexiquense, 2003); Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos (México: Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México,2002) y Anenecuilco.Memoria y vida de un pueblo (México:El Colegio de México, 1991);Peter Guardino, Campesinos y política en la formación del estado nacional en México.Guerrero, 1800–1857 (México:Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2001);

Annino, “Soberanías”, 2003 y “Pueblos”, 2003.7. En su útimo trabajo sobre la independencia de México, Eric van Young sostiene

que el deterioro de la posición de los grupos subalternos se debió al estancamientoeconómico y al desmantelamiento del proteccionismo legal que la monarquía españolatradicionalmente había mantenido sobre la propiedad comunal. Mientras la “nación” seexpandía numéricamente, en los hechos la vasta mayoría de mexicanos permanecía en la

“penumbra política”, siendo dominados por el clientelismo de caciques locales y regionales,Eric van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810–1821(México: Fondo de Cultura Económica, 2006), pp. 29–30. Conviene citar aquí el estudio








Annino ha reconocido que, al lado del estudio de la ciudadanía liberalen México existe otra historia estrechamente vinculada: la amenaza quela igualdad jurídica supuso para las comunidades rurales, en cuanto sujetos sociales, culturales e históricos, aunque señala que su estudio esmucho más difícil por la falta y dispersión de las fuentes (problema bas-tante conocido por los historiadores de los grupos subalternos y que no justifica de ninguna manera la omisión de su estudio).8

En este trabajo nos proponemos precisamente emprender la difíciltarea de ilustrar los resultados concretos del reformismo liberal en unaregión determinada, ofreciendo un panorama general de la transforma-ción política que significó la abolición de las repúblicas de indios y lainstalación de los ayuntamientos constitucionales, enfocándonos en laselecciones locales. A nuestro entender, un análisis de este tipo no puedeabordarse desde un enfoque institucionalista que considere a la políticapor sí misma; tampoco nos parecen pertinentes los enfoques que atien-den al propio discurso liberal y sus modelos ideales de ayuntamiento y sistema electoral, o aquellos que subordinan el análisis a la distinción en-tre la población indígena y los no indios. En cambio, proponemos comohipótesis de trabajo una perspectiva regional que combine el estudio es-tructural de los aspectos socioeconómicos con un enfoque político queaborde el comportamiento de los actores en diversas coyunturas históri-cas. Es decir, ilustrar la práctica del poder local por medio del sistema deelecciones, no desde del propio discurso liberal (o de sus re-lecturas con-temporáneas) sino a través sus resultados específicos en una región.

Nuestro escenario de análisis se ubica en la región azucarera “more-lense” (subdelegaciones de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas en la épocacolonial, posteriormente distrito de Cuernavaca, en la jurisdicción delEstado de México). Las características de esta región nos brindan ele-mentos muy pertinentes para el tipo de análisis proyectado: en primer lugar, el carácter dominante de la hacienda azucarera, agroindustria que,desde tiempos virreinales, controló y determinó la esfera de la produc-ción, la comercialización y las relaciones sociales de la región, absorbi-endo en su lógica productiva a pueblos de indios, ranchos y labradores;


clásico de François-Xavier Guerra sobre las independencias americanas, en el que se afirmaque la incapacidad de la vía electoral para la alternancia de los gobiernos se debía a la dis-tancia entre los imaginarios políticos de las elites y los de las mayorías populares, una brechaque permitía a las clases dirigentes manipular las elecciones y recurrir al fraude. Por mediodel voto censitario—ejercido por quienes poseían “fortuna o cultura”—se fue haciendocoincidir al “pueblo teórico de la soberanía”con el “pueblo real de la política”. Para Guerra

este hecho devela la “ficción democrática”que existe detrás de la idea de soberanía popu-lar, Cf. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revo- luciones hispánicas (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), pp. 360–362, 372.

8. Annino, “Nuevas”, 1995, p. 53.








y, por otra parte, la importante tradición de resistencia y salvaguarda desus recursos que desarrollaron las comunidades rurales a lo largo de laépoca colonial, debido a los constantes conflictos por tierras y aguas con-tra las haciendas azucareras.9

Estas comunidades rurales, organizadas en repúblicas de indios, pre-sentaban una considerable diferenciación étnica y social hacia finales dela época colonial. La población esclava que laboraba y vivía en las ha-ciendas azucareras desde el siglo XVII generó un fuerte mestizaje en lapoblación regional, lo que explica el gran número de mulatos y otrascastas que se avecindaron en los pueblos, junto con un importante sec-tor de mestizos y españoles. Así, se formaron en la región tres tipos deasentamientos, los pueblos de indios (con mayoría de población indí-gena), los pueblos de mulatos y mestizos (con un alto porcentaje depoblación no india) y los pueblos empresa (articulados alrededor o den-tro de las haciendas, cuya población era mayoritariamente mulata).10

El marco institucional de las repúblicas de indios les permitió limi-tar la intromisión de otros sectores ajenos a la comunidad y aminorar lapresión que las haciendas ejercían sobre sus recursos naturales (tierras y aguas). El problema de fondo radica en determinar si la ruptura del or-den colonial y las transformaciones institucionales, económicas y políti-cas que trajo consigo la independencia y el régimen liberal, alteraron sus-tancialmente las relaciones de poder entre pueblos y haciendas. Nosinteresa estudiar el grado de eficacia de los instrumentos políticos libe-rales para salvaguardar o no los intereses de los pueblos, puesto que loscontados estudios al respecto sobre la región “morelense” presentanresultados disímiles.11

El proyecto liberal que comenzó a construirse en las primeras décadas


9. Sobre la región azucarera “morelense” véase Horacio Crespo et al., Historia del azúcar en México, 2 Vols., Azúcar, S.A. de C.V., (México: Fondo de Cultura Económica,1988–1990); María Teresa Huerta, Empresarios del azúcar en el siglo XIX (México: Ins-

tituto Nacional de Antropología e Historia, 1993); Ernest Sánchez Santiró, Azúcar y Poder. Estructura socioeconómica de las Alcaldías Mayores de Cuernavaca y Cuautla de Amil- pas, 1730–1821 (México:UAEM / Editorial Praxis, 2001); Gisela von Wobeser, La haciendaazucarera en la época colonial (México: SEP / UNAM, 1998);Cheryl E. Martin, Rural So- ciety in Colonial Morelos (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1985).

10. Brígida von Mentz, Pueblos de indios, mulatos y mestizos, 1770–1870. Loscampesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de Morelos (Mé-xico: CIESAS, 1988), p. 83.

11. En efecto, Alicia Hernández Chávez califica la instalación de los ayuntamientoscomo un fenómeno que ayudó a la pacificación de las regiones insurgentes, y una insti-tución positiva para las comunidades rurales, pues otorgó la representación política a sec-

tores antes excluidos (mestizos, mulatos y castas) y debilitó los viejos cacicazgos indíge-nas que concentraban los bienes de comunidad en un pequeño grupo de notables, Cf.Hernández, Breve, 2002, pp. 96–99, 107. Para Brígida von Mentz, la inclusión de otros sec-tores a la participación política permitió el desplazamiento de la población india de los








del siglo XIX consideraba la propiedad comunal de las repúblicas de in-dios como un obstáculo para el desarrollo agrícola, pues impedía la co-mercialización de la tierra y la formación de una sociedad de pequeñospropietarios. Las elites tomaron medidas para disminuir el poder local delos pueblos y reducir su representatividad política, pues las repúblicas deindios se habían mostrando como un instrumento más o menos eficazpara proteger los recursos comunales de los pueblos. Por tanto, un primer elemento para valorar el impacto del liberalismo en el medio rural con-siste en contrastar el poder político de los pueblos durante la colonia consu situación a partir de las reformas gaditanas. Nuestras investigacionesmuestran que existió una drástica reducción de la representatividadpolítica de los pueblos de la región azucarera “morelense”.

En efecto, a finales de la época colonial, había 94 pueblos con au-togobierno indígena (repúblicas de indios) en las subdelegaciones deCuernavaca y Cuautla de Amilpas. Sin embargo, sabemos que hacia 1821solamente existían 32 ayuntamientos constitucionales en el territorio,cuando según la legislación gaditana tendrían que haberse formado 80,pues la población regional era de 80 mil habitantes y se requería de unmínimo de mil para formar ayuntamiento. Durante la época republicanalos gobiernos liberales redujeron aún más el número de ayuntamientos,a consecuencia de que la ley municipal del Estado de México, promul-gada en 1825, aumentó el mínimo de habitantes a 4 mil, con lo cual enel distrito de Cuernavaca disminuyó el número de ayuntamientos a 17,cantidad inferior a los 22 que según la ley le correspondían al territoriode acuerdo a su cantidad de población.12

La pérdida de representatividad política de las comunidades ruralesse hace patente en dos puntos: las localidades que no lograron el esta-


cargos de los ayuntamientos, generando que las elites económicas regionales—los ha-cendados azucareros—se apropiaran de la administración local de manera directa o a través

de sus representantes para proteger sus interses, Cf. Mentz,Pueblos

, 1988, pp. 141–144.12. Jaime E. Rodríguez, identifica una situación similar en el caso de Oaxaca, cuandoafirma que exisitió una clara diferencia entre el número de repúblicas de indios y el deayuntamientos constitucionales, Cf. Jaime E. Rodríguez O., “‘Ningún pueblo es superior aotro’: Oaxaca y el federalismo mexicano”, en Brian F. Connaughton (coord.), Poder y le-

gitimidad en México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política (México: Universi-dad Autónoma Metropolitana / Editorial Porrúa, 2003), p. 264. Es necesario precisar queen un sentido político estricto no pueden equipararse las repúblicas de indios con los ayun-tamientos constitucionales, pues pertenecen a concepciones políticas distinas:de antiguorégimen los primeros, liberales los segundos. Sin embargo, nuestra conparación delnúmero de autogobiernos indígenas con el de ayuntamientos se justifica en el sentido de

que se trata de los cuerpos políticos que en una y otra época controlaban el acceso a losrecursos territoriales y económicos de las comunidades rurales, por tanto, una disminu-ción en el número de ayuntamientos necesariamente debilita en términos generales el con-trol de las comunidades de nuestra región de estudio sobre sus tierras y aguas.








tus de ayuntamiento fueron agregadas a una cabecera como pueblos sujetos, perdiendo el control sobre sus recursos territoriales y económi-cos.13 Por otra parte, la mayoría de los ayuntamientos que sobrevivieronse constituyeron de acuerdo a la lógica territorial generada por las ha-ciendas azucareras. Ayuntamientos como Cuautla, Yautepec, Xochitepec y Tlaquiltenango albergaban en su jurisdicción al mayor número de fin-cas azucareras del territorio, situación que generó la intromisión de los


13. Durante la época colonial las repúblicas de indios fueron un instrumento relativamente eficaz para defender los intereses comunales de los pueblos (sin negar las pro-

fundas diferencias económicas y sociales entre los habitantes de las mismas), Cf. Mentz, Pueblos, 1988. Esta situación se explica por la solidaridad étnica de las comunidades in-dígenas, que las llevaba a causas comunes contra los ataques externos. Antonio Escobar sostiene algo similar en su estudio sobre las Huastecas hidalguense y veracruzana, cuando

FUENTE: “Estado 18. Resumen general del distrito de Cuernavaca”, en IgnacioOrellana , Descripción geográfica y estadística del distrito de Cuernavaca,1826 (México: CIESAS, 1985).

MAPA 1 Haciendas azucareras adscritas a los ayuntamientos del distrito deCuernavaca, 1825






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propietarios y sus allegados en los asuntos municipales de gobierno (ver MAPA 1).14

A partir de nuestras indagaciones sobre esta región hemos podidoreconstruir parcialmente el proceso de instalación de los ayuntamien-tos, ilustrar los mecanismos electorales en sus distintos niveles, carac-terizar social y económicamente a los funcionarios municipales y de-terminar qué tipo de intereses representaban a partir de las accionesconcretas de los ayuntamientos.15 Nuestras conclusiones apuntan haciaun emperoamiento de la situación política de los pueblos con respectoa la época colonial, y al correspondiente fortalecimiento de las elitessobre el medio rural. En este trabajo vamos a presentar los resultadosobtenidos sobre el sistema electoral y sus implicaciones en la vidade las comunidades rurales, por considerar—como justificaremos acontinuación—que en las elecciones residía el fundamento de toda lapolítica local. Nuestro corte temporal para el análisis del sistema elec-toral corresponde al periodo 1812–1835, inscrito en un proceso másamplio al cual denominamos primer liberalismo (1810–1835).16

Política local y elecciones en Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 1812–1835

La política local se puede entender como aquellas acciones y proble-máticas restringidas al reducido ámbito de un determinado espacio olugar. No obstante, a lo largo de este trabajo vamos a considerar la política


afirma que el gobierno indio defendió al “común”frente a los malos tratos y abusos de al-caldes mayores, subdelegados o curas, y trató de mantener alejados a los indios, AntonioEscobar Ohmstede, “Del gobierno indígena al Ayuntamiento constitucional en las Huaste-cas hidalguense y veracruzana, 1780–1853”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos,

Vol. 12, Núm. 1, (invierno 1996), pp. 6–10.14. Véase Irving Reynoso Jaime, Poder local y conflictividad social: haciendas,

ayuntamientos y milicias del distrito de Cuernavaca durante el primer liberalismo,1810–1835, Tesis de Maestría en Historia Moderna y Contemporánea, Instituto Mora,México, 2007.

15. Ibid .16. A nuestro entender, el elemento que le otorga unidad temática al periodo 1810–

1835 es el proyecto de las elites por instaurar un régimen liberal para suplantar a las es-tructuras del antiguo régimen, de ahí que denominemos como “primer liberalismo”al pe-riodo que comienza en 1810 cuando el Concejo de Regencia abolió el tributo indígena(reconociendo a los indios la igualdad jurídica), pasando por las reformas liberales de lasCortes de Cádiz y la constitución de 1812 que influyeron notablemente en el régimenconstitucional que se implantó en México después de la independencia a partir de 1824

(ese primer liberalismo que fracasó en 1835 al instaurarse el centralismo y que surgiríacon otras características a mediados del siglo XIX articulado en torno a las Leyes de Re-forma). Está claro que, desde el punto de vista de la instauración de un nuevo sistema elec-toral, el corte temporal de inicio es el año de 1812.








local en un sentido mucho más amplio y fundamental, es decir, como elprimer motor que pone en marcha todo el sistema político estatal.

En efecto, a diferencia del antiguo régimen, donde la soberanía es-taba depositada en el monarca, a partir de las reformas gaditanas y des-pués de la independencia la soberanía residía esencialmente en lanación, es decir, en el pueblo compuesto por ciudadanos. La célulapolítica básica de la organización estatal eran los ayuntamientos, califi-cados por Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, como“el primer resorte del movimiento social”,17 pues en las elecciones cele-bradas por los mismos comenzaba el nombramiento de representantespara elegir diputados estatales y federales, los cuales se encargaban denombrar a los gobernadores y al presidente de la república. A su vez, losgobernadores nombraban a funcionarios de confianza para inspeccionar


17. Memoria en que el gobierno del estado libre de México, da cuenta al primer Congreso Constitucional, de todos los ramos que han sido a su cargo en el año eco-

nomico corrido desde 16 de octubre de 1826, hasta 15 de igual mes en 1827. Presen- tada el día 13 de marzo de 1828. Se imprime de orden del mismo Honorable Congreso,(Tlalpam, Imprenta del Gobierno á cargo de Juan Matute y González, 1828). [Presentadapor Lorenzo de Zavala]), p. 13.

FUENTES: Decreto Núm. 72, “Sobre elecciones”, 16 de agosto de 1826, enTéllez y Piña, Colección, s. f., t. I, pp. 90–97; Capítulos VI y VII. Prefectos y Subprefectos, en Decreto Núm. 18: “Ley orgánica provisional para elarreglo del gobierno interior del Estado”, en ibid ., pp. 25–29; Parte Segunda.Gobierno político y administración de los pueblos. Capítulos II y III. Delos prefectos y subprefectos, en “Constitución Política del Estado Libre deMéxico”, en ibid ., pp. 121–122.

ESQUEMA 1Proceso circular de la política local Estado de México, 1824–1835









las acciones de los ayuntamientos, con lo cual se cerraba un círculo quecomenzaba y terminaba en el ámbito de lo local (ver ESQUEMA 1).

Por lo tanto, cuando nos referimos a la política y el gobierno localde la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, estamos alu-diendo a los distintos niveles de gobierno que operaban en el periodogaditano (ayuntamientos, subdelegados, jefe político, diputados provin-ciales) y la época republicana (ayuntamientos, prefectos, subprefectos,gobernadores, diputados estatales y federales), con respecto a los con-flictos sociales, políticos y económicos del territorio. En un sentido másamplio, por política local también entendemos este proceso circular quetiene su origen en las elecciones a nivel parroquial, ese “primer resortedel movimiento social”.

Las primeras elecciones municipales, 1812–1814,1820–1823

La legislación gaditana de 1812 estableció un sistema de votación indi-recta dividido en tres niveles: parroquial, de partido y provincial. En elnivel parroquial se efectuaban las elecciones municipales para elegir a lasautoridades de los ayuntamientos, y se llevaban a cabo los nombramien-tos de electores parroquiales para la elección de diputados provinciales.En el segundo nivel los electores parroquiales (o primarios) nombrabana electores de partido (o secundarios) y, finalmente, los electores de par-tido nombraban a los electores provinciales, encargados de elegir a losdiputados provinciales (ver ESQUEMA 2).18

De entrada hay que mencionar que el hecho de elegir autoridadesno supuso ninguna innovación en la sociabilidad política de las comu-nidades rurales, pues desde la época colonial en las repúblicas de indiosse renovaban anualmente los cabildos por medio de elecciones.19 Por otra parte, si bien las reformas gaditanas sancionaron legalmente la par-ticipación política de los sectores no indios, los estudios señalan que enlos pueblos de nuestra región participaban varios mulatos y mestizos en


18. Véase la Constitución Política de la Monarquía Española, Cádiz, 18 de marzo de1812, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, pp. 349–379.

19. Dorothy Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750–1821 (México: El Colegio de México, 1999), pp. 35–37. Jaime E. Rodríguezcita una nota muy interesante de El Mentor de Galicia (14/06/1813), en la que, con res-pecto a las elecciones para el ayuntamiento de Guadalajara, se afirma que en “la votaciónse observó tal orden, facilidad y serenidad, como si ya estuviesen muchos años acos-

tumbrados a practicar lo mismo”, (énfasis añadido), véase Jaime E. Rodríguez O., “Rey,religión, y independencia y unión”: La independencia de Guadalajara (México: Insti-tuto Mora, 2003), p. 33.








la política local desde finales del siglo XVIII.20 Además, las prácticas desociabilidad tradicionales permanecieron en las primeras elecciones mu-nicipales del periodo 1812–1814: la misma legislación establecía la cele-bración de una misma solemne de Espíritu Santo antes de las elecciones, y el canto de un Te deum después de las mismas.21 En muchos puebloslas elecciones eran precedidas por una ceremonia donde se juraba la Cons-titución, llevándola en procesión por las calles para culminar con una verbena popular.22 Para el caso de la región azucarera tenemos noticiadel juramento de la Constitución que los vecinos de Cuernavaca y Cuautlahicieron en 1820.23

No obstante, la permanencia de estas prácticas rituales no impidióque la articulación del poder local fuera modificándose con respectoal antiguo régimen. Algunos autores plantean que los pueblos genera-ron progresivamente una sociabilidad política más acorde con el liberalismo, otros ponen énfasis en el hecho de que los pueblos lograron con-servar sus prácticas tradicionales, o bien que las comunidades termi-naron por construir una sociabilidad política “híbrida”.24 En nuestraopinión, lo que muestra el análisis de la política local en la región aquíestudiada, es que progresivamente se fue imponiendo una sociabilidadpolítica efectivamente liberal, pero de corte moderado. Es decir, unasociabilidad política que en los hechos benefició a las elites regionalesal permitirles reducir la participación de los sectores populares en latoma de decisiones.25

Veamos entonces el primer nivel del sistema electoral gaditano,el de las elecciones municipales. Éstas se convocaban en el mes dediciembre—el primer domingo por lo regular—, reuniéndose todos los vecinos de la localidad en algún sitio destinado para tal efecto—frente a


20. Mentz, Pueblos, 1988, pp. 88–98.21. Art. 58, Constitución de Cádiz, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, p. 353.22. Annino, “Soberanías”, 2003, pp. 173–174.23. Archivo General de la Nación (AGN), Ayuntamientos, Vol. 242, s/f; AGN,

Archivo histórico de hacienda, Vol. 579, Exp. 35, f. 1, Exp. 62, f. 6, Exp. 67, f. 1.24. Para un estudio de este tipo que analiza la construcción de una sociabilidad

política intermedia entre el liberalismo y el antiguo régimen véase Guarisco, Indios, 2003.25. Jaime E. Rodríguez pone énfasis en la efervecensia política generada por las

elecciones populares en Hispanoamérica, apuntando la gran participación de miles dehombres de las clases medias y bajas, incluyendo indios, mestizos y castas, como muestranclaramente diversos estudios, Rodríguez O., “Ningún”, 2003, pp. 255, 263 y Rey, 2003,p. 28. Si bien estamos de acuerdo con dicha visión general del proceso, en este trabajonos interesa polemizar sobre las consecuencias de esa innegable participación popu-

lar en los procesos electorales, en el caso de la región Cuernavaca-Cuautla de Amilpas,esto significa ilustrar los mecanismos de control electoral y político por parte de la eliteazucarera.









FUENTES: “Constitución Política de la Monarquía Española”, Cádiz, 18de marzo de 1812, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, pp. 349–379.

ESQUEMA 2Elección de diputados provinciales Constitución de Cádiz, 1812









la iglesia, en la plaza central, en las casas consistoriales—. Podían votar todos los vecinos cuyo “modo honesto de vivir” fuera conocido, los cu-ras párrocos tenían derecho al voto activo, pero no al pasivo, es decir, po-dían elegir pero no ser elegidos para un cargo. Los que sí quedaban ex-cluidos del voto activo eran quienes estuvieran sometidos a un procesocriminal, los que padecieran alguna incapacidad física o moral, y quienesfungieran como empleados domésticos o fueran deudores quebrados. Al inicio de la jornada electoral, los vecinos nombraban a un secretario y dos escrutadores para proceder a la elección de los individuos que in-tegrarían la Junta Parroquial. El voto se decía de palabra, se “cantaba”,mientras el secretario tomaba nota y los escrutadores contaban los su-fragios. Así, por mayoría absoluta de votos se designaba a los miembrosde la Junta, quienes por medio de un procedimiento análogo elegíana los funcionarios del ayuntamiento: alcaldes, regidores y síndicos (ver ESQUEMA 3).

La evidencia documental da muestras de que las elecciones munici-pales en Cuernavaca y Cuautla de Amilpas fueron un proceso claramentedeterminado por dos factores: la coexistencia de la sociabilidad políticatradicional en el marco de las nuevas instituciones liberales, y la con-frontación de los intereses socioeconómicos de los actores políticos. Estaafirmación adquiere sustento si analizamos detenidamente las eleccio-nes municipales desde un enfoque político y socioeconómico.

El paso previo de todo el proceso electoral, la definición de la vecin-dad y la ciudadanía, generó muchas controversias en los pueblos debidoa la ambigüedad de la propia legislación gaditana. Indios, mestizos y es-pañoles eran considerados ciudadanos, no así los mulatos o cualquier otra casta con ascendencia africana. Sin embargo, el 23 de mayo de 1812las Cortes emitieron el decreto para la “Formación de ayuntamientosconstitucionales”, estableciendo una excepción muy importante: en lospueblos que tuvieran ayuntamiento debido a sus “particulares circuns-tancias”, los vecinos sin derechos ciudadanos podrían participar en laselecciones.26 De esta forma se reconocían los derechos ciudadanos delas castas, una disposición de mucha relevancia para nuestra región deestudio, considerando la gran cantidad de dicha población en el terri-torio, sobre todo en los pueblos cercanos a las haciendas. Los descen-dientes de los esclavos africanos del siglo XVII se incorporaron al juego


26. ‘XII. Como puede suceder que haya en las provincias de ultramar algunos pue-blos que por sus particulares circunstancias deban tener ayuntamiento para su gobierno,pero cuyos vecinos no estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano, podrán sin em-

bargo, en este caso, elegir entre sí los oficios de ayuntamiento, bajo las reglas prescritasen esta ley para los demás pueblos’, véase “Formación de ayuntamientos constitucionales”,en Decreto Núm. 97, “Formación de los ayuntamientos constitucionales”, 23 de mayo de1812, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, p. 381.









FUENTES: “Constitución Política de la Monarquía Española”, Cádiz, 18 demarzo de 1812, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, pp. 349–379; “For-mación de ayuntamientos constitucionales”, Decreto de 23 de mayo de 1812,en ibid., pp. 380–381; “Reglas para la formación de ayuntamientos constitu-cionales”, Decreto de 10 de julio de 1812, en ibid., pp. 382–383; Decreto de21 de septiembre de 1812, en ibid ., p. 388; “Se manda observar la ley sobreparentescos en la elección de individuos para los ayuntamientos”, Orden de19 de mayo de 1813, en ibid ., p. 410, y Annino, “Nuevas”, 1995, p. 56.

ESQUEMA 3Elección de funcionarios municipalesConstitución de Cádiz, 1812









político junto con los mestizos y españoles, sectores que podían generar desconfianza entre la población india por considerarlos pertenecientesal mundo de la hacienda azucarera. ¿De qué manera afectó esta situaciónal desarrollo de las elecciones?

Lógicamente, como la legislación daba lugar a un amplio margen deinterpretación (esa “brecha constitucional”indicada por Annino), las con-troversias sobre los derechos ciudadanos se presentaron con mayor omenor intensidad dependiendo de las particulares circunstancias de cadaayuntamiento.27

En el ayuntamiento de Yautepec, ubicado en una de las zonas conmayores haciendas azucareras, hubo imputaciones sobre la participaciónde los originarios y descendientes de África como integrantes de la JuntaElectoral de 1813. Los miembros de la Junta aludieron a la excepcióndecretada por las Cortes sobre las particulares circunstancias de los pue-blos, manifestando que en Yautepec “es muy raro o casi ninguno el queno traiga su origen de África”.28 En un vecindario donde la mayoría per-tenece a las castas ¿quién imputaría la participación de las castas en laselecciones? No podrían ser otros que los vecinos indígenas, sobre todoaquel sector de notables que había acaparado los cargos de las repúbli-cas durante la época colonial, quienes verían sus privilegios políticos y económicos amenazados, aunque también los indígenas más modestosacostumbrados a elegir exclusivamente entre los suyos a los dirigentesde su pueblo. Las imputaciones resultaron improcedentes, aunque lasautoridades provinciales aclararon a la Junta Electoral de Yautepec quelas castas sólo tenían derecho al voto pasivo y no al activo, es decir, podíanelegir pero no ser electos.29

Después del otorgamiento de los derechos ciudadanos, el siguienteproblema que se presentaba en las elecciones era el de la elección delos funcionarios. De hecho, en las elecciones del primer periodo gadi-tano (1812–1814) el verdadero problema no consistía tanto en elegir alos funcionarios, como en encontrar a personas que reunieran los requi-sitos legales. La Junta Electoral de Yautepec no pudo elegir a su alcaldeen 1814, pues en ninguno de los propuestos “concurrían las circuns-tancias que exige la Santa Constitución”:30 unos eran pobres artesanossin representación, otros no sabían leer y escribir, incluso se propuso lareelección del alcalde en funciones, pero éste se negó aludiendo la pro-


27. Roger L. Cunniff, “Reforma Electoral en el Municipio, 1810–1822”, en “México y las Cortes Españolas, 1810–1822.” Ocho ensayos, Introducción de Nettie Lee Benson,(México: Instituto de Investigaciones Legislativas / Cámara de Diputados, LII Legislatura,

1985), pp. 76–77.28. AGN, Ayuntamientos, Vol. 215, s/f.29. Ibidem.30. AGN, Ayuntamientos, Vol. 215, s/f. (1814).








hibición constitucional.31 Cuando finalmente se eligió a uno de los ve-cinos, éste se excusó del cargo explicando su padecimiento de sordera,una causa justificada.32 Los miembros de la Junta lamentaron el impedi-mento para elegir a los administradores de hacienda, considerados comosirvientes domésticos, pues ellos eran “los sujetos de mayor jerarquía”del lugar.

Sin embargo, las autoridades provinciales explicaron a la Junta quelos administradores de hacienda no estaban impedidos para ocupar car-gos, pues por domésticos se reputaban los individuos que servían de in-mediato a una persona, y no los que laboraban en las negociaciones desus patrones, como era el caso de los administradores.33 Dada la acla-ración, los electores nombraron alcalde de Yautepec a José Vicente Mora-les, administrador de la hacienda de Oacalco, pero su patrón se negó alnombramiento explicando que, en caso de separarse de la hacienda,Morales perdería su sueldo y por tanto “quedará sin empleo, oficio omodo de vivir conocido”.34 Los argumentos del hacendado fueron acep-tados y se ordenó a la Junta Electoral volverse a congregar para elegir aun individuo más apto para el cargo de alcalde.

Igual situación se presentó en el nombramiento de Pedro Pérez Pala-cios, administrador de la hacienda de Cocoyoc, como alcalde de Oaxte-pec para 1814.35 En este caso fue el propio administrador quien rehusóel cargo, manifestado “que es imposible que cualesquiera administrador de hacienda de azúcares pueda administrar justicia en la villa o lugar desu jurisdicción y atender como debe a la hacienda”.36 Explicó, además,que de aceptar el cargo perjudicaría a su patrón y a él mismo, quedandosin empleo. Debido a la “identidad de circunstancias” entre su caso y elde José Vicente Morales en Yautepec, se determinó aceptar la renuncia


31. Constitución de Cádiz, Art. 316:“El que hubiere ejercido cualquiera de estos car-gos [alcalde, regidor o síndico], no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos sinque pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita”, en Dublán y Lozano,

Legislación, 1878, p. 374.32. Constitución de Cádiz, Art. 25:“El ejercicio de los mismos derechos se suspende.Primero: En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral”, en Ibid.,p.351.

33. AGN, Ayuntamientos, Vol. 215, s/f. (1814).34. Además, José María Manzano, dueño de Oacalco, argumentaba que su adminis-

trador llevaba 14 años de residir en la hacienda, y no en el pueblo, situación que lo impo-sibilitaba para ocupar el puesto de alcalde, ibidem.

35. AGN, Ayuntamientos, Vol. 215, Núm. 92, f. 9 (1814).36. Pedro Pérez Palacios agregó a sus argumentos la imposibilidad de desempeñar

simultáneamente el cargo de alcalde y las actividades de un administrador, pues “no essólo de su cargo el sembrar tierras y darles sus correspondientes beneficios, sino también

que día y noche incesantemente vele en los lugares para vender las mieles y remitir losazúcares a sus útiles destinos, en los trapiches y calderas combatir la natural pereza de lostrabajadores y otras muchas cosas que para no alargarme no voy enumerando, de aquí re-sultaría que o no podría hacer justicia, o no podría servir a la hacienda”, ibidem.








del administrador. Ambos casos sentaron un precedente, de forma quea mediados de 1814 se ordenó a la Junta Electoral de Cuautla abstenersede nombrar a los administradores de las haciendas para los cargos con-cejiles, no por un impedimento legal, sino en base a los expedientespromovidos por los hacendados en Yautepec y Oaxtepec.37

Estos ejemplos parecen contradecir la idea de que los hacendadosbuscaron controlar a los ayuntamientos por medio de sus subalternos,pero hay que considerar el contexto político de 1814 para entender sucomportamiento. Los conflictos bélicos generados por la insurgencia es-taban en su apogeo, de modo que los hacendados azucareros se encon-traban más preocupados por la defensa militar de sus propiedades quepor intervenir en los asuntos políticos de los pueblos, por esta razónhabían creado milicias con los trabajadores de sus fincas desde finalesde 1810, y colaboraban económicamente con el gobierno para la luchacontra los insurgentes.38 Por otra parte, en 1814 no se podía afirmar concerteza si los ayuntamientos llegarían a revestir alguna importanciapolítica o sólo funcionarían como órganos administrativos. Fue durantesu proceso de constitución cuando los hacendados comenzaron apercibir la necesidad de controlarlos, sobre todo en el momento que losayuntamientos intentaron fiscalizar sus negocios para obtener recursos.39

En efecto, durante el segundo periodo gaditano (1820–1823) sepercibe una actitud muy diferente de los hacendados azucareros haciael poder municipal, pues se involucran activamente en la formación deayuntamientos, participan en las elecciones manipulando a sus empe-lados, fungen como electores en las Juntas Parroquiales y, en muchoscasos, ocupan puestos concejiles.40 Con el territorio pacificado y losmiembros de la elite dirigiendo las diputaciones provinciales, los ha-cendados de las subdelgaciones de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas bus-caron acceder a los ayuntamientos para tener un órgano de represen-tación política del que habían carecido durante la época colonial.41


37. AGN, Ayuntamientos, Vol. 187, Núm. 115, f. 2 (1814).38. Véase Huerta, Empresarios, 1993, p. 109.39. En las actas de las diputaciones provinciales de Nueva España y México hay con-

stancia de muchas solicitudes municipales para fiscalizar el aguardiente de caña producidoen las subdelegaciones de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, véanse las Actas de la

Diputación Provincial de Nueva España (DPNE), 1820–1821, (México, Instituto de In- vestigaciones Legislativas / Cámara de Diputados LII Legislatura, 1985); y las “ Actas de la Diputación Provincial de México” (DPM), 1821–1823, Congreso del Estado de México,Biblioteca José María Luis Mora.

40. Así lo demuestran los casos aquí analizados para el periodo 1820–1823: Yaute-

pec, Tetelilla, Miacatlán y Coatlán.41. En la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas no existieron repúbli-

cas de españoles durante la época colonial. Esto se debió a que pertenecían al Marque-sado del Valle, y lo marqueses impidieron que se crearan corporaciones de españoles que








Pero veamos este segundo periodo con más detenimiento. Como yamencionamos, una de las estrategias para controlar el poder municipalpor parte de los hacendados consistió en inmiscuirse en las eleccionesde los ayuntamientos. Gracias a que se otorgó a los mulatos el derechoal voto activo, los hacendados pudieron recurrir a sus trabajadores paraincidir en el nombramiento de los funcionarios. Por ejemplo, en las elec-ciones municipales del ayuntamiento de Tetelilla, celebradas en di-ciembre de 1822, los vecinos del pueblo no asistieron debido a su des-conocimiento de la convocatoria, caso contrario de los operarios de lashaciendas vecinas, quienes fueron “enviados por sus amos con cédu-las”.42 De hecho, el ayuntamiento de Tetelilla se instaló gracias a que pu-do agregar a su jurisdicción las haciendas de Tenango y San Ignacio(propiedad de la familia Icazbalceta). Podemos suponer que muchos delos trabajadores que asistieron a la elección eran mulatos y que votaronde acuerdo a las indicaciones de sus patrones. La información sobreTetelilla para 1800 no menciona la presencia de castas entre sus tribu-tarios, en cambio, es probable que muchos de estos individuos residieranen las haciendas como trabajadores permanentes.43

Las autoridades provinciales se encargaron de anular la elección y ordenar al subdelegado de Cuernavaca hacer una nueva convocatoria enla que se incluyera a los vecinos de Tetelilla.44 No obstante, hay elementospara suponer que las autoridades municipales que se eligieron debieronestar más en concordancia con los intereses de las haciendas que conlos del pueblo, pues la población de aquéllas era ligeramente mayor, sinconsiderar que muchos de los vecinos de Tetelilla arrendaban tierras delas haciendas, lo cual le daba a los patrones muchas herramientas parainducir el voto a favor de sus intereses. Por otra parte, resulta interesantedestacar que la elección se anuló debido a la exclusión de una parte del


pudieran reclamar privilegios y jurisdicción dentro de su territorio. Por tanto, la población

indígena de la región fue organizada a partir de unidades político-territoriales denomi-nadas repúblicas de indios. Este hecho impidió que los hacendados azucareros tuvieranun cuerpo legal que los representara políticamente al interior de las alcaldías de Cuer-navaca y Cuautla de Amilpas, por medio del cual proteger sus intereses y reclamar privi-legios. No obstante, su verdadera representatividad política la obtuvieron a través del Con-sulado de Comerciantes de la Ciudad de México, véase Guillermina del Valle Pavón,

Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España en el siglo XVIII (México: Insti-tuto Mora, 2003).

42. DPM, Sesión 64, 13 de enero de 1823; Sesión 68, 31 de enero de 1823.43. Dorothy Tanck de Estrada, “Índice de los pueblos de indios”, en formato de disco

compacto, en Atlas ilustrado de los pueblos de indios. Nueva España, 1800. Mapas de

Jorge Luis Miranda García y Dorothy Tanck de Estrada, con la colaboración de Tania LiliaChávez Soto, (México:El Colegio de México / El Colegio Mexiquense / Comisión Nacionalpara el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fomento Cultural Banamex, 2005).

44. DPM, Sesión 69, 13 de febrero de 1823.








electorado—los vecinos de Tetelilla—pero nada se dijo en relación a quelos empleados de las haciendas acudieran con cédulas a la votación, unprocedimiento ilegal pues la legislación estipulaba el voto “cantado” o“de palabra” para el nivel parroquial.

Por tanto, este ejemplo pone de manifiesto el hecho de que los ha-cendados percibieron en los ayuntamientos un mecanismo de controlpolítico sobre sus zonas de influencia, por lo que buscaron constituirseen municipio agregando la población de sus fincas a la del pueblo ve-cino de Tetelilla, y una vez logrado el reconocimiento político intervi-nieron en las elecciones municipales a través del voto de sus operarios.

El caso de la elección del ayuntamiento de Yautepec, celebrada endiciembre de 1820, es el mejor ejemplo con que contamos para ilustrar los mecanismos de que se valieron los hacendados azucareros para desig-nar a su conveniencia a los titulares de los cargos concejiles. El alcaldeen funciones, José Vicente Guzmán, denunció ante la Diputación Pro- vincial de Nueva España las anomalías de la elección bajo los siguientestérminos:45 hubo un claro fraude electoral, y su principales orquesta-dores fueron José Abascal, comandante de Yautepec, y el teniente coro-nel Juan Félix de Goyeneche. Estos individuos se asociaron con variosparroquianos para nombrar sin la intervención de los vecinos al secre-tario y a los dos escrutadores. El primer cargo recayó en Vicente deUrueta, de quien sabemos que en 1822 fungía como comandante de Yautepec,46 mientras que para escrutadores se nombró a EduardoZavala, párroco del pueblo, y al administrador de la hacienda de Oacalco, José Vicente Morales.

El alcalde denunció que se le presentaron varios operarios de lashaciendas de Oacalco y San Carlos para explicar que “sus amos, por con-ducto de sus dependientes, y aún por sí mismos”, los mandaron a votar entregándoles una lista bajo la amenaza de no volver a trabajar en sushaciendas si los delataban. Además el propio Goyeneche entregó listasa los soldados de su compañía para que acudieran a las elecciones, re-comendándoles votar de memoria o entregar las listas. Cuando algunos vecinos se quejaron sobre el voto de los mulatos, seguramente a con-secuencia de que los trabajadores de las haciendas eligieran a los fun-cionarios de su pueblo, el mismo Goyeneche fue tachando a los que- josos de la lista de electores. Resumiendo, no se tomó en cuenta a los vecinos para elegir a los escrutadores y al secretario, y los trabajadoresde las haciendas y los miembros de las milicias acudieron a votar conlistas y amenazados por sus superiores, algo que violentaba la ley, pues


45. Para la descripción de la elección municipal de 1820 en Yautepec véase AGN, Ayuntamientos, Vol. 128, Exp. 101, s/f.

46. DPM, Sesión 59, 18 de diciembre de 1822.








el voto tenía que decirse de palabra.47 Por si fuera poco, si los veci-nos intentaban sufragar libremente, omitiendo las listas, resultaba quela elección era vigilada por quienes conocían mejor a los pobladoresdel municipio: el párroco, el administrador de la hacienda de Oacalco y el comandante militar.48

La actuación del párroco como escrutador en la elección de Yaute-pec es un indicativo de la importancia que revestían los curas en las elec-ciones de los primeros ayuntamientos gaditanos, pues el conocimientode su feligresía y su acceso a los archivos parroquiales los volvía im-prescindibles para determinar el número de vecinos—del que se obteníala cantidad de electores y de funcionarios—y, en algunos casos como elaquí reseñado, podían colaborar con las elites económicas para vigilar que las elecciones se desarrollaran a su favor.49 Sin embargo, Jaime E.Rodríguez ha mostrado que en Guadalajara y Oaxaca los curas eran per-cibidos por los habitantes de los pueblos como personas de confianzaque podían representar sus intereses, de ahí que habitualmente los votaran como electores parroquiales y de partido.50


47. El análisis de Virginia Guedea sobre las elecciones populares de la Ciudad de Mé-xico en 1812–1813 muestra la misma situación: vecinos asistiendo a las elecciones con“papeletas”escritas o votando “de memoria”, lo que llevó a que se presentaran denunciasde “confabulaciones”electorales. Los bandos contendientes (americanos autonomistas y europeos simpatizantes del régimen) hacían trabajo pre-electoral repartiendo listas mar-cadas con los nombres de sus candidatos, véase Virginia Guedea, “Las primeras eleccionespopulares en la ciudad de México. 1812–1813”, en Mexican Studies / Estudios Mexi- canos, Vol. 7, Núm. 1, (invierno 1991), pp. 9–14. Sin embargo, no hay que perder de vistalos diferentes contextos políticos entre las elecciones urbanas y rurales, aunque en el casode los mecanismos de manipulación electoral haya coincidencias.

48. AGN, Ayuntamientos, Vol. 128, Exp. 101, s/f. Otro ejemplo de este tipo de in-tromisión en las votaciones lo tenemos en la elección de 1820 para el ayuntamiento deCoatlán, donde los vecinos se quejaron por la actuación del escrutador Antonio Silva, dueñode la hacienda de Cocoyotla, véase DPNE, Sesión 22, 30 de septiembre de 1820, pp. 83–84. Por otra parte, la actuación del párroco como escrutador en la elección de Yautepec

es un indicativo de la importancia que revestían los curas en las elecciones de los primerosayuntamientos gaditanos, pues el conocimiento de su feligresía y su acceso a los archivosparroquiales los volvía imprescindibles para determinar el número de vecinos—del quese obtenía la cantidad de electores y de funcionarios—y, en algunos casos como el aquíreseñado, podían colaborar con las elites económicas para vigilar que las elecciones se de-sarrollaran a su favor, ver Cunniff, “Reforma”, 1985, pp. 89–90. De hecho, el análisis delpapel de los curas en la política local es una de las principales omisiones de nuestro tra-bajo que por razones metodológicas y operativas hemos dejado de lado, aunque sabemosque para finales de la colonia la región “morelense” se caracterizaba por su anticlerica-lismo y la baja asistencia a las iglesias, debido a la gran cantidad de conflictos políticos y económicos en que los curas estaban involucrados, véase William B. Taylor, Ministros de

lo sagrado, II Vols. (México: El Colegio de Michoacán / Secretaría de Gobernación / ElColegio de México, 1999), pp. 737–768.

49. Cunniff, “Reforma”, 1985, pp. 89–90.50. Rodríguez O., Rey, 2003, pp. 32–34, 59–60; y “Ningún”, 2003, pp. 265–266.








De hecho, el análisis del papel de los curas en la política local es unade las principales omisiones de nuestro trabajo que por razones meto-dológicas y operativas hemos dejado de lado, aunque sabemos que parafinales de la colonia la región “morelense” se caracterizaba por su anti-clericalismo y la baja asistencia a las iglesias, debido a la gran canti-dad de conflictos políticos y económicos en que los curas estabaninvolucrados.51

Pero volvamos a la elección de Yautepec de 1820. El interés deGoyeneche por intervenir en la elección del ayuntamiento queda de mani-fiesto si consideramos que, además de teniente coronel, él mismo era ha-cendado en Yautepec y estaba estrechamente relacionado con el nego-cio azucarero: en 1812 había sido administrador de la hacienda deCasasano, en 1818 arrendaba tierras a la hacienda de San Carlos Borro-meo, la cual adquiriría en 1821, junto con la hacienda de San FranciscoMapastlán.52 No obstante, Goyeneche sólo era el líder de un grupo quebuscó y consiguió apoderarse de la Junta Electoral de Yautepec para con-trolar el ayuntamiento y favorecer sus intereses económicos. Si revisamosla lista de electores que resultó después de las votaciones, comprobamosla presencia de hacendados, familiares de éstos, administradores y ar-rendatarios de las haciendas, rancheros, representantes legales, etc., esdecir, los miembros de la elite económica local. A pesar de lo escaso dela información, sabemos que una situación semejante a la de Yautepec sepresentó en las Juntas Electorales de Miacatlán y Coatlán, y no habríaporqué suponer que tendría que ser distinto en otros ayuntamientos conpresencia de haciendas azucareras, aunque el grado de intromisión por parte de los propietarios pudo variar dependiendo del ayuntamiento (ver CUADRO 1).53


51. Véase Taylor, Ministros, 1999, pp. 737–768.52. Huerta, Empresarios, 1993, pp. 111–113; DPM, Sesión 70, 20 de febrero de 1823; Archivo Histórico de Notarias del Distrito Federal (AHNDF), Notaría 155, Vol. 932, fs. 28–30, 107–109 (1821); AHNDF, Notaría 426, Vol. 2837, fs. 739v.-740 (1826); AHNDF, Notaría426, Vol. 2838, fs. 200–205. Sabemos que en 1823 le arrendaba un terreno para la tiendade su hacienda en Mapastlán a Vicente Morales, quien aquí aparece como secretario enlas elecciones, AHNDF, Notaría 155, Vol. 934, fs. 73–74v.

53. Antonio Escobar señala para el caso de las Huastecas hidalguense y veracruzana,que hacia 1820–1821 las elites comenzaron a percibir a los ayuntamientos como instru-mentos para controlar la vida política y económica de la región. En dicho periodo la fami-lia Andrade obtuvo un gran peso político en la región hidalguense, a partir de que su pa-

triarca ocupó diversos puestos políticos a nivel municipal y distrital; algo similar ocurrióen la región veracruzana, donde los Llorente y Gorrochotegue, familia de importantes co-merciantes y militares, obtuvieron el control político de varias zonas, véase Escobar, “Go-bierno”, 1996, p. 16.









CUADRO 1 Juntas electorales de parroquia para renovar ayuntamientos,1820

Ayuntamientos Coatlán Miacatlán Yautepec

Electores Parroquiales(localizados)

Antonio Silva* José Díaz† José Vicente Morales** José María Pérez Palacios* Vicente de Urueta* Joaquín de Paz* José Abascal** José María Salazar* Ignacio Tamariz* Joaquín Orihuela Francisco LoboManuel de Castro José del Villar**Francisco Mateos Felipe Ramos**

Miguel González Nicolás Mariano Solís**Manuel del Valle Juan Félix de Goyeneche*

Vicente BejaranoEduardo de Zavala† José AlbaIgnacio Mateos** José María Flores* José Hilario Morales**Sabino Bara

Mariano AlejandroIgnacio Cardona**

*Hacendados azucareros o familiares**Relacionados con el negocio del azúcar †EclesiásticosFUENTES: (Coatlán) DPNE, Sesión 22, 30 de septiembre de 1820, pp. 83–84; (Miacatlán) AGN,

Ayuntamientos, Vol. 128, s/f.; (Yautepec) AGN, Ayuntamientos, Vol. 128, Exp. 101, s/f.NOTAS: Vicente de Urueta está emparentado con Francisco Urueta, dueño de la hacienda de

Apanquesalco, quien la heredó en 1805 a su hermana María Ignacia Urueta que su vez la vendió a José María Manzano en 1818, AHNDF, Notaría 321, Vol. 2168, f. 623; Notaría 738, Vol. 5231, fs. 47,

62–65 (1818). José Abascal compró junto con Ignacio Tamáriz en 1819 la hacienda Apizano y el ran-cho anexo de Coatetelco, en la jurisdicción de Yautepec, a María Ignacia Urueta, AHNDF, Notaría163, Vol. 971bis, fs. 38–45v. (1845). Ignacio Tamáriz adquirió en 1837 la hacienda de Xochimancas,su hermano Mariano Tamáriz fue dueño de la hacienda Barreto (1828–1833), y de una casa en Cuautlaque vendió a Mariano Berreta, subdelegado de Cuautla, en 1820, AHNDF, Notaría 155, Vol. 931, fs.828v.-831v. (1820); Notaría 532, Vol. 3567, s/fs. (1840).

José del Villar aparece como testigo en el nombramiento del apoderado legal del hacendadoGabriel Joaquín Yermo en 1813, además de ser pariente de Ildefonso Villar, arrendatario de la haciendaMichate, AHNDF, Notaría 738, Vol. 5229, f. 39v. (1813); Notaría 286, Vol. 1780, f. 318v. (1840). FelipeNeri Ramos arrendatario de la hacienda de Michate, fue perito de avalúo de la hacienda de San José

Jonacatepec en 1829, y aparece como deudor de libranzas giradas contra Nicolás Icazbalceta y Musitu, y como deudor de Luis Pérez Palacios, AHNDF, Notaría 611, Vol. 4103, f. 3v. (1848); Notaría 426, Vol.

2869, f. 841 (1846); Notaría 417, Vol. 2779, f. 385v. (1829); Notaría 658, Vol. 4461, f. 26v. (1842); No-taría 169, Vol. 1009, f. 687 (1848). Nicolás Mariano Solís fue teniente de Yautepec, y está emparentadocon Manuel Pérez Solís, vecino de Yautepec, apoderado del hacendado Antonio de la Torre e Hirsuta,

y con Francisco Solís, receptor de alcabalas y administrador de correos de Yautepec en 1820, AHNDF,Notaría 155, Vol. 924, f. 157 (1813), AGN, Ayuntamientos, Vol. 128, exp. 101, s/f (1820).








Elecciones municipales durante la época republicana,1824–1835

Lamentablemente, la información sobre las elecciones municipalesdespués de 1823 es muy escasa, y para el periodo de la primera repú-

blica federal prácticamente inexistente—al menos en los archivosconsultados—, a no ser por algunas referencias obtenidas de las fuentes y de la bibliografía secundaria. No obstante, las pocas noticias de quedisponemos sobre el tema nos sirven para indicar algunos comentariossobre las elecciones y la articulación del poder local en el distrito deCuernavaca.

La legislación gaditana en materia electoral siguió rigiendo las elec-ciones municipales en el estado de México hasta 1826, momento en queel congreso estatal expidió su decreto sobre elecciones. La informa-

ción disponible corresponde a los años 1824 y 1825, que en sentido es-tricto aún pertenecen al periodo gaditano, aunque se trate ya de la épocarepublicana.

El primer punto que salta a la vista es la continuidad de las controversias electorales. En julio de 1824, el síndico de Oaxtepec denuncióla nulidad de las elecciones para renovar ayuntamiento por habersereelegido el alcalde en funciones. Se ignora la resolución del conflicto,aunque dicho cabildo sería el último, pues Oaxtepec fue uno de los ayun-tamientos que desapareció con la ley municipal de 1825.54 Otro caso de


54. Archivo Histórico del Estado de México (AHEM), Gobernación, “Gobernación”, Vol. 2, Exp. 9, f. 142; Exp. 14, f. 201 (1824).

Juan Félix de Goyeneche fue administrador de la hacienda de Casasano en 1812, arrendatario de la ha-cienda Borromeo en 1818 y su propietario en 1821, dueño de la hacienda de Mapastlán en 1823, ver Huerta,

Empresarios, 1993, pp. 111–113; DPM, Sesión 70, 20 de febrero de 1823; AHNDF, Notaría 155, Vol. 932, fs.28–30, 107–109 (1821); AHNDF, Notaría 426, Vol. 2837, fs. 739v.-740 (1826); AHNDF, Notaría 426, Vol. 2838,fs. 200–205; AHNDF, Notaría 155, vol. 934, fs. 73–74v. José Vicente Morales era administrador de la hacienda

de Oacalco y poseía un mayorazgo en Mapastlán que arrendaba a Juan Félix de Goyeneche para su hacienda, AHNDF, Notaría 155, Vol. 934, fs. 73–74v. (1823); AGN, Ayuntamientos, Vol. 215, s/f. (1814). Ignacio Ma-teos fungió como albacea del hacendado y comandante general de Cuernavaca José Abascal en 1821, ademásfue testigo del testamento del hacendado Ignacio Tamáriz en 1840, AHNDF, Notaría 426, Vol. 2838, fs. 256–257v. (1821); Notaría 532, Vol. 3567, s/fs. (1840). José María Flores aparece como dueño de la hacienda deOacalco en 1828, AHNDF, Notaría 426, Vol. 2839, fs. 456–461v. (1828). José Hilario Morales probablementeestaba emparentado con José Vicente Morales, ambos vecinos de Yautepec, AGN, Ayuntamientos, Vol. 128,exp. 101, s/f (1820). José Ignacio Cardona fue perito de avalúo de la hacienda de San José Jonacatepec en1829, AHNDF, Notaría 417, Vol. 2779, f. 385v. (1829).

José María Pérez Palacios era hijo de Francisco Pérez Palacios, dueño de la hacienda de San Salvador Miacatlán, AGN, Ayuntamientos, Vol. 128, s/fs. (1820). Joaquín de Paz, teniente retirado con licencia, estabacasado con Francisca Saavedra, la hijastra de Antonio Silva, dueño de la hacienda de Cocoyotla, AHNDF, No-

taría 361, Vol. 2346, f. 131v. (1840). José María Salazar era cuñado del hacendado Francisco Pérez Palacios,casado con su hermana María Luisa Salazar, AHNDF, Notaría 711, Vol. 4798, f. 30v. (1829).








reelección se dio en Cuernavaca, ya que José María Ruano Calvo aparececomo alcalde en 1823 y resultó nuevamente electo en 1824.55 El ayun-tamiento promovió en su contra un juicio de nulidad, pero no a conse-cuencia de la reelección, sino por imputarle varias deudas vencidas,aunque al final resultó absuelto.56 Sin embargo, cuando en 1825 Calvose quejó de los procedimientos del prefecto de Cuernavaca para renovar el ayuntamiento, el Consejo del Estado de México respondió felici-tando al prefecto por prestar “el debido obsequio a las Leyes”.57 Supo-nemos que Calvo intentó reelegirse nuevamente sin éxito.

Otros expedientes nos hablan de los mecanismos de resistencia en-sayados por los pueblos para combatir la intromisión de las elites en laselecciones. Así, en 1824 los habitantes de Coatetelco nombraron por ellos mismos a los miembros del ayuntamiento, omitiendo a la Junta deElectores. Este parece ser otro de los casos anotados anteriormente enque los electores formaban parte de las elites locales, y fueron percibidospor la mayoría de los vecinos como un peligro para los intereses de lacomunidad. La opción radical en Coatetelco fue el voto directo, sin inter-mediarios. Obviamente, la elección fue anulada y se ordenó que “losElectores que nombró el Pueblo, elijan sin intervención de éste” a losmiembros del ayuntamiento.58 Coatetelco también desaparecería comoayuntamiento en 1825.

De hecho, los pueblos de Coatetelco y Mazatepec se coaligaron paraoponerse a su agregación al ayuntamiento de Tetecala en 1825. La es-trategia fue muy simple, los electores nombrados en sus pueblos noasistieron a la Junta Electoral para evitar la legalidad de la elección. Sinembargo, ésta se verificó con la presencia de tan sólo cuatro electores, votando algunos de ellos por los ausentes. El Consejo anuló la elección y ordenó a los electores volverse a reunir, bajo la pena de castigar conmultas a quienes se ausentaran sin causa legítima.59 Finalmente Mazate-pec y Coatetelco lograron evitar su agregación a Tetecala, pero en cam-bio fueron adscritos al ayuntamiento de Miacatlán, perdiedo su auto-nomía política y el control sobre sus recursos.

La ley municipal de 1825 y el decreto “Sobre Elecciones” de 1826expedido por el congreso del Estado de México, introdujeron modifi-caciones en materia electoral que debilitaron políticamente a los pue-blos frente a las elites económicas regionales. Para acceder a los derechosciudadanos se exigía tener algún arte, industria o profesión, requeri-


55. DPM, Sesión 61, 2 de enero de 1823.

56. AHEM, Gobernación, “Gobernación”, Vol. 2, Exp. 14, f. 360 (1824).57. AHEM, Gobernación, “Gobernación”, Vol. 4, Exp. 20, f. 316 (1825).58. AHEM, Gobernación, “Gobernación”, Vol. 2, Exp. 14, f. 15 (1824).59. AHEM, Gobernación, “Gobernación”, Vol. 4, Exp. 20, f. 367 (1825).








mientos que no resultaban tan restrictivos, pues la mayoría de la po-blación rural podía justificarlos.60 No obstante, también se reconociócomo ciudadanos del Estado a quienes tuvieran una propiedad raíz de 6mil pesos con un año de posesión, una disposición que a todas lucesbeneficiaba, entre otros, a los hacendados azucareros que radicaban enla ciudad de México o el extranjero (como el duque de Terranova y Mon-teleone que residía en Nápoles, o los comerciantes capitalinos propie-tarios de fincas azucareras en el distrito de Cuernavaca).61

Por otra parte, aunque persistió el voto de palabra, también se le-galizó el uso de listas como forma de votación, con lo cual se podríamanejar más fácilmente a la población analfabeta sin atentar contra lasleyes.62 Además, la representatividad política municipal sufrió una drás-tica reducción: mientras anteriormente la Junta Electoral de un ayun-tamiento de 4 mil habitantes se componía de 17 electores, con la nuevalegislación sólo le correspondían ocho.63 De igual forma se redujo elnúmero de funcionarios municipales en proporción al número de habi-tantes (ver ESQUEMA 4). Pero la modificación más importante de to-das, a nuestro entender, radicó en el aumento de los requisitos para el voto pasivo, pues para ser nombrado funcionario municipal se nece-sitaba saber leer y escribir, además de poseer alguna finca, capital o ramode industria.64

Con todas estas restricciones se reforzó el control sobre las eleccio-nes municipales por parte de un pequeño grupo de notables de cadapueblo junto con los miembros de la elite económica local.

Sin embargo, esto no quiere decir que dejaran de suscitarse controversias electorales. Lamentablemente sólo tenemos un par de referenciassobre las elecciones de la época republicana en el distrito de Cuernavaca,pero se percibe que los grupos dominantes en cada ayuntamiento estabandivididos políticamente. En nuestra opinión dicha división podría estar relacionada con las pautas de la política estatal y federal, por la oposi-ción entre centralistas y federalistas, por la creación de facciones políti-cas a partir de las logias masónicas, o por los conflictos de intereses quese suscitaban al interior de las propias elites.


60. Art. 10, Ley electoral de 1826 del Estado de México, en Mario Téllez G. e HiramPiña L., Colección de decretos del Congreso del Estado de México, LIV Legislatura del Es-tado de México / Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México / Universidad

Autónoma del Estado de México / El Colegio Mexiquense, México, 2001, t. I, p. 91.61. Así lo establecían los requisitos de vecindad y ciudadanía de la Constitución

Política del Estado de México, véase ibid., pp. 106–107.

62. Art. 25 y 26, Ley electoral de 1826, en ibid ., p. 92.63. Ver ESQUEMAS 2 y 3.64. Ley municipal de 1824, Estado de México, artículos 9–11, en Téllez y Piña, Co-

lección, 2001, t. I, p. 45.









FUENTE: Decreto Núm. 36, “Para la organización de ayuntamientos delEstado”, 9 de febrero de 1825, en Téllez y Piña, Colección, s. f., t. I, pp. 44–53.

ESQUEMA 4Elección de funcionarios municipalesLey municipal de 1825, Estado de México









Así, por ejemplo, Carlos María de Bustamante, el gran historiador de la insurgencia, apuntaba en su Diario histórico que varios ayun-tamientos habían sido ganados por los yorkinos en 1831, entre ellos elde Cuautla de Amilpas. A tan sólo unos días de haberse proclamado elPlan de Veracruz, Bustamante expresaba su preocupación en el sentidode que los estados con mayoría yorkina prestaran su apoyo al pronun-ciamiento comandado por Santa Anna contra el gobierno federal.65 Es-tos comentarios, provenientes de un profundo conocedor de la políticamexicana de la época, indican que las logias masónicas también opera-ban políticamente desde el ámbito local.

En el caso de la renovación del ayuntamiento de Yautepec se mues-tra que la elite azucarera tenía divisiones políticas internas. El alcaldemanifestó a la prefectura de Cuernavaca que en la elección de diciem-bre de 1831, el secretario y los escrutadores procedieron ilegalmente enel nombramiento de los electores que formaron la Junta Electoral. Pos-teriormente, los vecinos que fueron nombrados como electores se pre-sentaron ante el prefecto para pedirle que validara la elección. FranciscoPérez Palacios, prefecto de Cuernavaca y prominente hacendado azu-carero, explicó a las autoridades estatales que no podía emitir un juiciosobre el caso de Yautepec “por cuanto se encuentran sujetos por una y otra parte de probidad, juicio y honradez”, aunque en respuesta se lerecordó que era facultad de los prefectos el conocer sobre los conflic-tos electorales.66 Aunque no se presentan los argumentos de ambos gru-pos, la negativa del prefecto para emitir una resolución con base en la“honradez” de los involucrados y no en las disposiciones legales, noshabla de la posibilidad de que se tratara de una controversia entre fac-ciones de la elite azucarera de Yautepec y sus respectivas clientelas,asunto en el que Pérez Palacios intentó no entrometerse. En este sen-tido resulta difícil pensar que un prefecto hacendado no intervendría afavor de los miembros de su grupo si éstos se enfrentaran a una facciónde vecinos contraria a sus intereses.


65. Carlos María de Bustamante, Diario histórico de México, 1822–1848, del li- cenciado Carlos María de Bustamante, CD 1 (1822–1834), 25 tomos en 50 volúmenes,diciembre de 1822—diciembre de 1834, Editores: Josefina Zoraida Vázquez Vera, Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (México: El Colegio de México / CIESAS, 2001), t. II, p. 8(1832). Para una visión general sobre la política en el Estado de México durante la PrimeraRepública Federal véase Charles W. Macune Jr., El estado de México y la federación me-

xicana, 1823–1835 (México:Fondo de Cultura Económica, 1978);sobre las facciones queprotagonizaron las luchas políticas a nivel federal en México durante la primera mitad del

siglo XIX véase Will Fowler, Mexico in the Age of Proposals, 1821–1835 (London: Green- wood Press, 1998).66. AHEM, Gobernación, “Prefecturas”, Vol. 3, Exp. 16.








Elección de diputados provinciales, estatales y federales,1821–1835

Hay que considerar que para los grupos dominantes era fundamental con-

solidar su posición en sus respectivos ayuntamientos en aras de proyec-tarse hacia los ámbitos de la política estatal y federal, pues el nivel parro-quial era la base del sistema de elección para los diputados al congresolocal y general. Como indicamos anteriormente, la constitución deCádiz había establecido un sistema de votación indirecta para elegir alos diputados provinciales divido en tres niveles: Juntas Parroquiales, dePartido y Provinciales (ver ESQUEMA 2). Este sistema se mantuvo durantela época republicana ( Juntas Municipales, Juntas de Partido y Junta Ge-neral del Estado) para la elección de los diputados estatales y federales,

aunque con el mencionado aumento de los requisitos del voto pasivo, y con la legalización del uso de listas como forma de votación en todoslos niveles (ver ESQUEMA 5), lo cual es indicativo de que la alfabetizacióncomenzaba a igualarse con la ciudadanía, desplazando al grueso decampesinos analfabetas de los pueblos.

Desconocemos las circunstancias en que se desarrollaron las elec-ciones para diputados provinciales en las subdelegaciones de Cuerna- vaca y Cuautla de Amilpas, aunque sabemos que destacados hacenda-dos azucareros fueron miembros de la Diputación Provincial de México:

Mariano Tamáriz fue diputado suplente en 1822–1823, y Antonio Velascode la Torre se desempeñó como diputado propietario en 1823.67 Para laépoca republicana, en cambio, conocemos los nombres de algunos elec-tores de partido y electores generales nombrados en cada uno de los par-tidos del distrito (Cuautla, Cuernavaca y Jonacatepec) en 1832 y 1833(ver CUADRO 2). Aunque no hemos podido caracterizar a la mayoría delos electores de partido, se aprecia claramente la relevante participaciónde los hacendados azucareros y demás allegados en las juntas electoras. Así, cuatro administradores de hacienda aparecen como electores de

partido—Julián de los Reyes (Zapatepec). Juan Nepomuceno Mumain(Cocoyoc y Pantitlán), Manuel José Montañez (San Gabriel) y José María Álvarez (Chiconcuac)—y dos de ellos (Álvarez y Mumain) como electoresgenerales. Además, destacan como electores de partido y generales doshacendados azucareros—Pedro Valdovinos (San Miguel Treinta) e Igna-cio Sarmina (Apanquesalco)— y un familiar de éstos—Ignacio Silva, pari-ente de Antonio Silva (Cocoyotla)—.

Aunque no se pueda establecer la filiación política de los demás elec-tores localizados, podemos deducir a partir de los diputados electos que

las juntas electorales estuvieron compuestas en todos sus niveles por un


67. Macune, Estado, 1978, pp. 193–194.









FUENTE: Decreto Núm. 72, “Sobre elecciones”, 16 de agosto de 1826,en Téllez y Piña, Colección, s. f., t. I, pp. 90–94; Decreto Núm. 73,“Sobre elecciones”, 23 de agosto de 1826, en ibid ., t. I, pp. 94–96.

ESQUEMA 5Elección de diputados estatales y federalesLey electoral de 1826, Estado de México










C U A D R O

2

J u n t a s E l e c t o r a l e s d e l o s P a r t i d o s d e C u a u t l a , C u e

r n a v a c a y J o n a c a t e p e c D

i s t r i t o d e C u e r n a v a c a ,

E s t a d o d e M é x i c o , 1 8 3 2 y 1 8 3 3 *

1 8 3 2

1 8 3 3

P A R T I D O

E l e c t o r e s d e P a r t i d o

E l e c t o r e s G e n e r a l e s n o m

b r a d o s

E l e c t o r e s d e P a r t i d o

E l e c t o r e s G e n e r a l e s

n o m b r a d o s

C U A U T L A ( e l e c t o r e s l o c a l i z a d o s )

J a i m e R o q u e G u a d i a n a

L u c a s C ó r d o v a

V i c e n t e B u l n e s

F r a n c i s c o M a r í a R i o n s a

E u s e b i o A r a g ó n

F r a n c i s c o V i l c h i s * *

S a t u r n i n o R u i z

J o s é M a r í a B a e z a

A n t o n i o A g u a c a s t a

J u a n d e l a C r u z

J o s é P r a d o

J o s é S e d e ñ o

J u a n E v a n g e l i s t a G u i a l d e

z

M i g u e l R e y e s

G r e g o r i o d e l P o z o

N a r c i s o L ó p e z

J u a n d e l a C r u z

C a t a r i n o S a a v e d r

a

R a f a e l E u l a s a

F e l i c i a n o S á n c h e

z

M a n u e l J o s é M o n t a ñ é s * *

R a f a e l G e n i s J a i m

e

F r a n c i s c o B e x u c e n

J o s é M a r í a M a y a

L e a n d r o V i d a l

L o p e A g u i l a r

J o s é P a s t o r d e T o r r e s * *

A n t o n i o J a n o

S a l v a d o r A n t ú n e z

J o s é M a r í a P u e n t

e R u b i o

A g u s t í n Á l v a r e z d e l C a s t i l l o

V i c e n t e B r i o n e s

J o s é M a r í a L u i s i a n o









C U E R N A V A C A

( e l e c t o r e s l o c a l i z a d o s )

P e d r o B e t a n c o u r

R a f a e l V i v i á n

J o s é M a r í a d e Á l v

a r e z * *

J o s é M a r í a d e Á l v a r e

z * *

I g n a c i o J a i m e s

P e d r o V a l d o v i n o s * *

J u a n N e p o m u c e n o M u m a i n * *

F r a n c i s c o G ó m e z

I g n a c i o S i l v a * *

J u a n M a n z a n i l l o

A g u s t í n T r e j o

J u l i á n d e l o s R e y e s * *

B r . J o s é R o u s e s

J u a n N e p o m u c e n o Z á r a t e

J u a n M a r i a y n

I g n a c i o C a m a c h o

I g n a c i o S a r m i n a * *

P e d r o V a l d o m i n o s * *

I g n a c i o S i l v a * *

J O N A C A T E P E C

( e l e c t o r e s l o c a l i z a d o s )

N o s e l o c a l i z ó

N o s e l o c a l i z o

J u a n M o n t a ñ o

M a n u e l M o l i n a

J o s é F r a n c i s c o S á

n c h e z

A n a s t a c i o M o r a l e

s

* T a n t o l a s l i s t a s d e e l e c t o r e s d e p a r t i d o c o m

o d e e l e c t o r e s g e n e r a l e s s o n i n

c o m p l e t a s .

* * R e l a c i o n a d o s c o n l a h a c i e n d a a z u c a r e r a : p r o p i e t a r i o s , f a m i l i a r e s , a d m i n i s

t r a d o r e s , c o m e r c i a n t e s .

F U E N T E S D

E L C U A D R O 2 : ( 1 8 3 2 ) A H E M , G

o b e r n a c i ó n , “ E l e c c i o n e s ” , V o l .

1 , E x p . 1 4 ; ( 1 8 3 3 ) A H E M , G o b e r n a c i ó n , “ E l e c c i o n e s ” , V o l . 1 , E x p . 1 6 .

N O T A S : M a

n u e l J o s é M o n t a ñ e z e r a a d m i n i s

t r a d o r d e l a h a c i e n d a d e S a n G a b r i e l , p r o p i e d a d d e J o s é M a r í a Y e r m o , a d e m á s f u e a r r e n d a t a r i o d e l a h a c i e n d a d e

A t e m p a , s i e n d o

s u f i a d o r e l h a c e n d a d o I g n a c i o T a m a r i z , A H N D F , N o t a r í a 1 5 5 , V

o l . 9 4 8 , f s . 8 7 v . - 9 0 ( 1 8 3 4 ) . J o s é

P a s t o r d e T o r r e s a p a r e c e c o m o

e n d o s a d o r d e l i -

b r a n z a s d e E u s e b i o G a r c í a M o n a s t e r i o , d u e ñ o d e

l a h a c i e n d a d e S a n t a C l a r a M o n

t e f a l c o , A H N D F , N o t a r í a 1 5 5 , V o

l . 9 3 4 , f s . 3 7 2 – 3 7 4 ( 1 8 2 3 ) . F r a n c i s c o V i l c h i s f u e

c o l e c t o r d e d i e z m o s d e l p a r t i d o d e O c u i t u c o y Z

a c u a l p a n d e A m i l p a s , e n 1 8 3 1 e l h a c e n d a d o N i c o l á s I c a z b a l c e t a f u e s u f i a d o r , A H N D F , N o t a r í a 1 6

5 , V o l . 9 7 7 , f . 1 9

( 1 8 3 1 ) . P e d r o V a l d o v i n o s e r a d u e ñ o d e l a h a c i e n d a d e S a n M i g u e l T r e i n t a , A H N

D F , N o t a r í a 1 6 9 , V o l . 1 0 2 0 , f s . 3

9 0 – 3 9 4 v . ( 1 8 5 4 ) . I g n a c i o S i l v a e

r a f a b r i c a n t e d e

a g u a r d i e n t e y f a m i l i a r d e A n t o n i o S i l v a , d u e ñ o d

e l a h a c i e n d a d e C o c o y o t l a , A H N D F , N o t a r í a 5 3 2 , V o l . 3 5 6 7 , s / f s

. ( 1 8 3 9 ) . J u l i á n d e l o s R e y e s , p r o b a b l e m e n t e a d -

m i n i s t r a d o r d e l a h a c i e n d a d e Z a c a t e p e c , A r c h i v o d e l C a b i l d o C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n o , ( A C C M ) , D i e z m o s , C o l e c t u r í a d e C u e r n a v a c a , n o . 1 5 0 . I g n a c i o S a r m i n a e r a

d u e ñ o d e l a h a c i

e n d a d e A p a n q u e s a l c o , A H N D F , N o t a r í a 4 2 6 , V o l . 2 8 5 1 , f . 9 1 0 ( 1 8

3 6 ) ; N o t a r í a 4 2 6 , V o l . 2 8 5 9 , f . 1 1

4 1 v . ( 1 8 4 0 ) . J o s é M a r í a Á l v a r e z f u

e a d m i n i s t r a d o r

d e l a h a c i e n d a d

e C h i c o n c u a c y e r a h i j o p o l í t i c o

d e S e b a s t i á n S a t a r í n , d u e ñ o d e l a h a c i e n d a d e A c t o p a n , A H N D F , N o t a r í a 7 1 6 , V o l . 4 8 2 9 , s / f s . ( 1 8 2 9 ) ; N o t a r í a 3 3 2 ,

V o l . 2 2 1 0 , f . 4 1 ( 1 8 3 1 ) . J u a n N e p o m u c e n o M u m a i n , a d m i n i s t r a d o r d e l a s h a c i e n d

a s d e C o c o y o c y P a n t i t l á n , A H N D F , N o t a r í a 4 2 5 , V o l . 2 8 2 5 , f . 9 0 v . ( 1 8 3 1 )








buen número de individuos cercanos a la elite azucarera. En efecto, a lolargo de la primera república federal (1824–1835) varios hacendados azu-careros se desempeñaron como diputados en el congreso del Estado deMéxico: Antonio Velasco de la Torre, Pedro Valdovinos, Mariano Tamáriz, José María Manzano, José Pérez Valdovinos, Luis Pérez Palacios, José María Yermo, Francisco Valdovinos, José Pérez Palacios, José María Flores y José Joaquín de Rosas.68 Incluso entre 1827 y 1836 varios llegaron a ladiputación federal: José Pérez Palacios, Rafael Irazábal, José Joaquín deRosas y Luis Pérez Palacios.69

Esta importante representación política lograda por los hacendadosles otorgó un amplio grado de influencia en el distrito de Cuernavaca y el Estado de México. Su presencia en los congresos estatal y federal lespermitió aminorar las tasas de fiscalidad sobre sus negocios y promover la política prohibicionista sobre el azúcar que les dio el monopolio so-bre el mercado interno.70

Consideraciones finales

Nuestra revisión de las elecciones municipales de la región “morelense”durante el periodo gaditano y republicano demuestra cabalmente la in-tervención de los hacendados azucareros para influir en los resultados.Sus estrategias iban desde la colocación de sus allegados en los cargosque organizaban y vigilaban las elecciones (secretario y escrutadores),hasta la práctica de enviar a los trabajadores de sus haciendas con listasbajo la amenaza de perder su empleo en caso de no entregarlas. Aquí sedemuestra que el concepto de ciudadanía que hizo tabla rasa de las cali-dades étnicas benefició en los hechos a los hacendados azucareros, yaque la mayoría de sus trabajadores eran mulatos y gracias a las reformasobtuvieron el derecho a elegir a los funcionarios de los ayuntamientos.Considérese, a manera de ejemplo, que los ayuntamientos de Yautepec y Cuautla de Amilpas albergaban cada uno en su jurisdicción a siete fin-cas azucareras, cuyos trabajadores les otorgaban a los hacendados unaaplastante representatividad política en las elecciones municipales.

Por otra parte, el voto corporativo con que contaban los hacenda-dos a través de los trabajadores de sus fincas no sólo les permitió acceder a los cargos municipales, también los proyectó hacia la política estatal y nacional por medio de las elecciones para diputados. En nuestro análi-sis se ha constatado la presencia para algunos años de hacendados azu-


68. Ibid., pp. 195–198; Huerta, Empresarios, 1993, p. 130.

69. Macune, Estado, 1978, pp. 188–190.70. Huerta, Empresarios, 1993, p. 92; Ernest Sánchez Santiró, “Producción y mer-

cados de la agroindustria azucarera del distrito de Cuernavaca, en la primera mitad delsiglo XIX”, en Historia Mexicana, Vol. LIII, Núm. 3, (enero marzo), 2004, pp. 605–646.








careros, administradores de hacienda, familiares y socios comerciales enlas Juntas Electoras de los partidos de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas,quienes nombraron como electores generales a varios de su grupo. Dehecho, la fuerza electoral del grupo de hacendados azucareros se corro-bora si consideramos que varios de sus miembros pertenecieron a laDiputación Provincial de México en 1822–1823, y que durante la primerarepública federal, once de ellos fueron nombrados como diputados parala legislatura del Estado de México, y cuatro más se desempeñaron comolegisladores en el congreso nacional.

No obstante, esto no quiere decir que el control de las eleccionespor parte la elite azucarera del distrito de Cuernavaca haya sido total,pues las comunidades rurales de la región no fueron actores pasivos delproceso de transformación política de la época. La información dis-ponible impide establecer con precisión cuál era el equilibrio de fuerzasentre las elites y el común de los pueblos, aunque en nuestra exposiciónse ha constatado la existencia de muchos casos en donde el controlpolítico de los hacendados sobre las elecciones parroquiales y de losdemás niveles era muy fuerte, y hay razones para suponer que esa fue latendencia dominante en toda la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, con base en la fuerte conciencia de clase del grupode hacendados azucareros y las acciones conjuntas que venían realizandodesde finales de la época colonial.71

¿Qué puede decirnos el estudio de las elecciones de la región azu-carera “morelense” sobre la política en el medio rural mexicano de laprimera mitad del siglo XIX? En primer lugar, que hubo regiones en queno se concretó la “posibilidad”planteada por Annino de que los puebloslograran aprovechar a su favor la “brecha constitucional” generada por la constitución de Cádiz. Esto podría parecer obvio en una región con-trolada por una elite poderosa como la azucarera, sobre todo cuando elproyecto liberal decimonónico no se planteaba la democracia radicalcomo meta. Sin embargo, los estudios regionales mostraban valoracionesdiametralmente opuestas sobre el liberalismo en el campo “morelense”,como las de Brígida von Mentz y Alicia Hernández Chávez,72 por lo quese imponía la necesidad de un análisis específico para aclarar la cuestión.

Los resultados de la investigación nos llevan a plantear el siguientemodelo de explicación general: en aquellas regiones donde la auto- nomía política de los pueblos (vía el control de los ayuntamientos) sig- nificaba una amenaza directa para los intereses económicos de laselites, éstas intentaron participar activamente en la política local, en prin-cipio tratando de influir en el resultado de las elecciones. El éxito o fra-


71. Véase Sánchez Santiró, Azúcar , 2001, pp. 281–309.72. Cf. Hernández, Breve, 2002, pp. 96–99, 107, y Mentz, Pueblos, 1988, pp. 141–144.








caso de las elites para lograr el control del gobierno local pudo depender de varios factores. En el caso de la región de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, consideramos que la participación de la población mulata enlas elecciones fue decisiva para inclinar la balanza a favor de loshacendados, a través del voto de esta clientela electoral subordinadalaboralmente a la hacienda azucarera. Otro factor decisivo fue que lossectores medios (pequeños y medianos rancheros, fabricantes de aguar-diente, comerciantes, campesinos ricos, comandantes militares, fun-cionarios estatales) no tenían intereses demasiado contrapuestos a losde la elite o incluso participaban de algún modo en el negocio azucarero,por lo que en muchos casos hicieron causa común con los hacendadospara controlar las elecciones de los pueblos, en detrimento de los inte-reses de la comunidad indígena. Un tercer elemento fue la reducción dela representatividad política de los pueblos, a través de la progresiva dis-minución de los ayuntamientos y la organización político-territorialde los mismos de acuerdo a los intereses de la hacienda azucarera (ver MAPA 1). Finalmente, cabe mencionar el aumento de los requisitos paraacceder a los cargos municipales a partir de la época republicana (saber leer y escribir, poseer alguna finca, capital o ramo de industria), lo cualimpuso mayores restricciones a la participación popular en el ejerciciodel gobierno local.

Por otra parte, hay que señalar que nuestro análisis enfatiza la im-portancia del estudio de la política local, entendida no en su sentido pa-rroquial sino como ese “primer motor”del sistema político estatal. Si bienel interés inmediato de los hacendados por participar directa o indirec-tamente en el gobierno de los ayuntamientos residía en su necesidad decontrolar los recursos naturales (tierras y aguas) y la mano de obra, tam-bién es cierto que gracias a su participación política en el ámbito localpudieron participar en reiteradas ocasiones como diputados estatales y nacionales, gracias al sistema electoral de votación indirecta. Los miem-bros del grupo de hacendados azucareros que accedieron al congresoestatal y nacional, no representaban los intereses de una simple elite re-gional, se trataba de un grupo de hacendados-comerciantes, la mayoríapertenecientes al poderoso Consulado de Comerciantes de la Ciudad deMéxico, cuyas fincas azucareras del distrito de Cuernavaca aportabanmayores ingresos fiscales a las arcas del Estado de México que cualquier otro distrito, y generaban la mayor producción azucarera del país, por encima de otros importantes núcleos azucareros como Veracruz y Mi-choacán.73 La voz de este grupo en las cámaras tenía su fundamento enel control de la política local del distrito de Cuernavaca.

¿En qué medida existieron escenarios políticos similares en otras


73. Crespo, et al ., Historia, 1988, pp. 79–92.








regiones rurales del territorio mexicano durante la primera mitad delsiglo XIX? Aunque está claro que hace falta un esfuerzo de síntesis inter-pretativa a partir de la cantidad de estudios regionales sobre el impactodel liberalismo en el campo mexicano, a nuestro entender se percibe unaclara tendencia a afirmar que la nueva sociabilidad política liberal diezmóconsiderablemente la autonomía y la representación política de las co-munidades rurales.

En uno de los trabajos más recientes sobre el tema, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, coordinado por Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega, se afirma que a la “revolución local” delos pueblos durante el periodo gaditano, le siguió una “contrarrevolu-ción municipal”a partir del inicio de la época federal en 1824 y con lapromulgación de las constituciones locales en los diferentes estados. Lamayoría de los estudios regionales de esta obra aportan elementos que validan dicha afirmación.74

El caso de Oaxaca suele presentarse como la excepción a la norma,por tratarse de una región con pueblos de indios de fuertes tendenciasautonomistas desde la época colonial.75 Sin embargo, tampoco en estecaso hay un consenso. Karen Caplan afirma que las nuevas institucionesliberales no alteraron fundamentalmente las formas de autogobierno in-dígena y su autonomía, y que las elites no se inmiscuyeron en las elec-ciones municipales porque los autogobiernos indígenas permitían lareproducción de las prácticas coloniales que facilitaban la explotaciónde sus recursos.76 En este caso, es evidente que no se puede hablar dela “revolución local”planteada por Annino, pues se trata de un procesode continuidad de la autonomía indígena (bajo una matriz liberal) que asu vez dio continuidad a un sistema económico relativamente estable y productivo para las elites.

Por el contrario, los estudios de Peter Guardino sobre Oaxaca pre-sentan un escenario distinto, donde a partir de las reformas gaditanaslos pueblos de indios reforzaron el control sobre sus recursos naturales y su comercio frente a los agentes externos a la comunidad, como laselites económicas, los comerciantes, los curas y los funcionarios estata-les.77 A su vez, el análisis de Jaime E. Rodríguez sobre la construcción


74. Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México (México: El Colegio de Michoacán / Universidad Veracruzana,2007). La referencia a la “contrarrevolución municipal”en Ibíd ., p. 14.

75. Sobre las repúblicas de indios de Oaxaca durante los siglos XVII y XVIII véaseMarcello Carmagnani, El regreso de los dioses (México:Fondo de Cultura Económica, 1988).

76. Karen D. Caplan, “The Legal Revolution in Town Politics: Oaxaca and Yucatán,1812–1825”, en Hispanic American Historical Review, 83:2, mayo 2003, pp. 264, 291.

77. Véase Peter Guardino, “El nombre conocido de república. Municipios en Oaxaca,de Cádiz a la primera república federal”, en Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano








de la legitimidad política en Oaxaca sostiene que las elecciones popula-res transformaron la naturaleza política de la provincia después de1820, pues la aparición de nuevos personajes políticos, representantesde las clases humildes, comenzó a retar el poder del ayuntamiento de Antequera.78 Por tanto, enfoques distintos sobre un mismo territorioarrojan resultados disímiles.

Las generalizaciones sobre el tema se tornan más difíciles si conside-ramos otra región mayoritariamente indígena como Yucatán. Según Ca-plan, en esta región la transición del antiguo régimen al liberalismo fuemuy violenta, y se caracterizó por la reducción de la autonomía indígena y el desplazamiento de las autoridades indias de los ayuntamientos. Deesta forma, las elites promovieron las elecciones y la creación de ayun-tamientos por su potencial para cambiar las estructuras económicas y políticas.79 Por su parte, los trabajos de Marco Bellingeri afirman que laselites rápidamente identificaron como un peligro la representaciónpolítica otorgada al segmento indígena por medio de los ayuntamientosgaditanos, y que tras una breve alianza con las comunidades indígenas enel periodo de las guerras insurgentes, las elites en el poder abolieron losayuntamientos y restituyeron repúblicas de indios durante la época fe-deral, para facilitar el cobro del tributo y “procurar el trabajo honesto”delos indios. Esta situación, explica Bellingeri, legitimó la vía del pro-nunciamiento militar entre los pueblos por encima de la representaciónelectoral.80 Sin bien la valoración del reformismo liberal en el campo yu-cateco es negativa en ambos casos, los argumentos de los autores difierensustancialmente.

Estos ejemplos bastan para ilustrar las dificultades a las que se en-frenta el análisis historiográfico sobre el impacto de las reformas liberalesen el ámbito rural, así como la imposibilidad de generalizar sus resulta-dos. Si bien, como hemos afirmado, la tendencia dominante apunta ha-cia la valoración negativa del proceso, estamos conscientes de que los


Ortega, Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México (México: El Colegio de Mi-choacán / Universidad Veracruzana, 2007), pp. 213–234; “‘Toda libertad para emitir sus

votos’. Plebeyos, campesinos y elecciones en Oaxaca, 1808–1850”, en Cuadernos del Sur ,año 6, Núm. 15, INAH / CIESAS / Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca / Insti-tuto Nacional Indigenista, 2000, pp. 87–114, y Time, 2005.

78. Rodríguez O., “Ningún”, 2003, p. 302.79. Caplan, “Legal”, 2003, pp. 260, 291–292.80. Marco Bellingeri, “Soberanía o representación: legitimidad de los cabildos y la

conformación de las instituciones liberales en Yucatán”, en Enrique Montalvo Ortega (co-ord.), El Águila bifronte. Poder y liberalismo en México (México: INAH, 1995), pp. 70–

77, y “Del voto a las bayonetas: experiencias electorales en el Yucatán constitucional e in-dependiente”, en Enrique Montalvo Ortega (coord.), El Águila bifronte.Poder y liberalismoen México (México: INAH, 1995), pp. 103–106, 112–113, 119.








factores que permitieron a las elites controlar el sistema electoral en otrasregiones pudieron obedecer a situaciones muy distintas a las que hemosdetectado en la región azucarera de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas.No obstante, creemos que la metodología y el enfoque utilizados en nues-tro análisis pueden ser aportes interesantes que trasciendan lo regional y contribuyan al estudio de la política local en el campo mexicano.

A nuestro entender, el análisis de las instituciones liberales en elmedio rural (incluidas las elecciones gaditanas y republicanas) debe con-siderar ciertos indicadores mínimos: 1) el contexto socioeconómico dela región estudiada, que permita identificar el o los núcleos productivosdominantes, las características de la elite regional, la estratificación so-cial y económica de los pueblos, así como la diferenciación étnica de lapoblación; 2) determinar la evolución geográfico-política de los pueblos,identificando el número de repúblicas de indios para contrastarlo conel número de ayuntamientos constitucionales instalados en la época ga-ditana y republicana, estableciendo el grado de representación políticade los pueblos; 3) ilustrar hasta donde permitan las fuentes la prácticaelectoral en todos sus niveles, caracterizando social y económicamentea sus actores (votantes, miembros de la junta electoral, electores parro-quiales, de partido y generales);4) caracterizar social y económicamentea los individuos electos para los cargos municipales y aquellos electoscomo diputados; 5) analizar el comportamiento político de los ayunta-mientos para determinar qué intereses representaban los miembros delcabildo municipal.81

Finalmente, debemos señalar que al considerar los intereses econó-micos y políticos de los actores involucrados en la construcción de lasinstituciones liberales en el campo mexicano, podemos trascender el ám-bito disciplinario de la historia política y establecer canales de comuni-cación con otros campos del saber historiográfico.

En el caso de nuestra región de estudio, recientes investigacionessobre la producción azucarera de las haciendas del distrito de Cuerna- vaca, durante la primera mitad del siglo XIX, han cuestionado seria -mente el escenario de crisis económica planteado por varios autores.82

Según Ernest Sánchez, el incremento detectado en la producción azu-carera durante el periodo 1791–1851 obedeció a la expansión de los mer-cados, la destrucción durante la insurgencia de las zonas azucareras deMichoacán y Veracruz, la redes sociales y comerciales del grupo de ha-cendados, y a las políticas proteccionistas sobre el azúcar implementadas


81. Un análisis pormenorizado de estos puntos para la región azucarera de Cuer-navaca y Cuautla de Amilpas se encuentra en Reynoso, Poder , 2007.82. Sánchez Santiró, “Producción”, 2004, pp. 609–630.








por la legislación estatal y federal.83 Con base en las conclusiones de estetrabajo, podemos afirmar rotundamente que la representación políticalograda por los hacendados en el nivel municipal, estatal y federal, por medio de su activa participación en los procesos electorales, fue un fac-tor más que influyó en el auge económico de la hacienda azucarera du-rante la primera mitad del siglo XIX.


83. Véase Ernest Sánchez Santiró, “Las incertidumbres del cambio: redes sociales y mercantiles de los hacendados-comerciantes azucareros del centro de México (1800–1834)”, en Historia Mexicana, LVI: 3, 2007, pp. 919–968; y “Producción,” 2004.

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