No. 08

1Ministerio Público

2 Ministerio Público

Dr. Radhamés Jiménez PeñaProcurador General de la República

Ángel Castillo TejadaRodolfo Espiñeira CeballosOctavio Líster HenríquezRoxanna Reyes Acosta

Pedro Féliz Montes De OcaMarisol Tobal Williams

Gladys Checo de AlmonteHenry GarridoJulieta Tejada

Fernando QuirozGermán Santiago

EditorGermán Santiago

CoordinadorFernando Quiroz

RedacciónElvis ParedesSilvio CabreraLuisa Matos

Noemí HerreraOnoris Metz

CorrecciónFior D’aliza Mejía

CuidadoMaría Mercedes Disla

Distribución:Angela Contreras

Facilitador:Jorge Luis Morales P.

FotografíaJuan Carlos Reyes

Víctor Acosta De León

Firmas:Idelfonso Reyes

Angel Castillo TejadaLuisa María Ramírez Santana

Gladys SánchezMartha Reyes

Diseño y DiagramaciónLisandro K. Ferreira Hernández

Ricardo H. Sosa DiplánSilis, S. A.

Tel.: 809 685-0578 Cel. 809-994-6214

ImpresiónEditora Corripio C. Por A.

MInIstERIo PúblICoEs una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Au-tor) y 20-00 de Propiedad Industrial (en lo que se refiere a regis-tro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de República Dominicana.

13 Vicepresidente FINJUS dice Ministerio Público ha logrado avanzar de manera significativa

19 Franklin Almeyda dice quedó impresionado con Nuevo Modelo Penitenciario

50 ENMP gradúa 112 miembros de la institución

56 Gradúan 500 internos del Centro Penitenciario de Najayo-Hombres, San Cristóbal

Consejo Editorial

60 Octubre: mes de la RazaLa Isabela: primer poblamiento europeo en Nuevo Mundo...

14 Alejandrina Germán y Roxanna Reyes se reúnen para retomar acuerdo en beneficio de las mujeres

48 Procuraduría de la Corte de Apelación habla por el Ministerio Público en Puerto Plata


Doctor Radhamés Jiménez PeñaPRoCuRaDoR GEnERal DE la REPúblICa

De todos los deberes humanos, el trabajo es el primero.

El trabajo es un deber, un principio y un mandamiento.

Vivirá del sudor de tu frente. Así se lee en Génesis (3,17-19): “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”

Trabaja, trabaja, y verás los resultados.

El trabajo es un muro de contención de la maledicencia, de las iniquidades, y protege a todo aquel que de su fruto vive y se desvela.

Los resultados del trabajo se parecen mucho al árbol que da fruto y el mejor ejemplo lo tenemos en Salcedo, comunidad de tierra prodigiosa que se sigue emulando, que vuelve tras sus pasos para sorprendernos muy elocuentemente con un proyecto penitenciario inspirado en la modalidad de “tera-pia ocupacional” que desde ya es un nuevo camino.

El camino a seguir dentro del Nuevo Modelo de Gestión Pe-nitenciaria; pues, viene este proyecto, a reconfirmarnos que si bien no hay nada nuevo bajo el sol, con amor y dispo-sición, el ser humano y todo lo que hace nunca llegan a la perfección, pero pueden superarse a sí mismos y mejorar progresivamente.

Con creatividad, mística y visión de futuro.

Lo de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, se puede definir como un modelo dentro del macro modelo de reforma pe-nitenciaria que con modalidades de Centros de Corrección y Rehabilitación (CCRs) con características particulares pero unificados metodológicamente e iguales propósitos, bene-ficia ya a una docena de recintos penitenciarios. Se destaca Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, en la misma zona del Cibao-Nordeste, que ahora vuelve a ser impactada por las buenas acciones de sus habitantes y sus instituciones.

Lo que hemos visto en Salcedo, merced a una labor combina-da del Consejo Provincial de Reforma Carcelaria y Reintegra-ción Socio-Laboral (una suerte de Patronato Penitenciario), resulta a todas luces, una iniciativa única en su género, que viene a imprimir un renovado impulso a los esfuerzos que desde el pasado cuatrienio desarrolla la Procuraduría Gene-ral de la República por la transformación del sistema carce-lario dominicano y su conversión en centros de formación humana mediante la socialización, la educación y el trabajo de sus internos e internas.

Es un proyecto al que se le dará seguimiento con evaluacio-nes periódicas a los fines de ser reproducido en los restantes

CCRs, muy especialmente en los que se vayan integrando al nuevo modelo. El plan es convertir el modelo de Salcedo en el paradigma y en el ejemplo a seguir por todos y cada uno de los demás centros penitenciarios. Vamos a establecer un calendario crítico con una evaluación permanente por par-te de un equipo multidisciplinario que va constantemente a monitorear los resultados del trabajo de cada centro para irlo asimilando al modelo Salcedo.

Allí en Salcedo, hay que felicitar desde el más simple ciudada-no, a los internos (as), hasta sus autoridades, entre ellas, al gobernador, Vinicio González, el senador, al síndico, al fiscal y, naturalmente, al siempre proactivo Jaime David Fernán-dez Mirabal, un gran aliado, el mejor de su clase, que cuando asume una causa, la asume de corazón, con el mayor de los compromisos.

Nuestro agradecimiento a todos ellos, a la directora del cen-tro Martha Reyes, al personal de la Escuela Nacional Peni-tenciaria y la Dirección General de Prisiones que trabajaron para que la convivencia del pasado 27 de septiembre se de-sarrollara exitosamente, con un taller interactivo cuyos re-sultados deberán traducirse en más impulso y beneficio para todos, para todas.

A Roberto Santana, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Henry Garrido, Gladys Checo, Milagros Ricardo y a todos y todas que trabajaron y participaron para que la actividad realizada en escenarios distintos de la provincia Hermanas Mirabal, nos hiciera sentir orgullosos y renovadamente comprometidos. Regocijados nos hicieron sentir con su presencia y apoyo, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier; la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz, y el gobernador de la provincia Espaillat, Aníbal Camacho.

A los procuradores generales adjuntos, procuradores gene-rales de Cortes y procuradores fiscales, alcaides de cárceles y encargados de CCRs; funcionarios de la Procuraduría y em-pleados del Ministerio Público a nivel nacional; a todos y to-das, gracias por su gesto de apoyo y solidaridad.

PROYECTO SALCEDO: PARADIGMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO

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La República Dominicana se encuentra a la puerta de lo que deberá ser su más importante reforma constitucional. Des-de su fundación el 27 de Febrero de 1844 y su primera Consti-tución, la de San Cristóbal del 6 de Noviembre precedida por el manifiesto trinitario del 16 de enero de ese mismo año, la nación ha visto 37 modificaciones constitucionales, hechas por 14 gobiernos, habiendo sido la última la del 25 de julio de 2002. A la luz de sus tantas modificaciones, algunas propias del estado de anarquía y de oprobio que vivió la nación en el pasado, parecería que con la Carta Sustantiva de los do-minicanos, políticamente, se ha estado jugando. Salvo tres reformas constitucionales, en especial la Constitución del gobierno de Juan Bosch de 1963, han incluido lacónicamente un preámbulo, concepto que como bien lo ha explicado el presidente Leonel Fernández, es la antesala para definir una serie de valores y principios sobre la dominicanidad y el es-tado social de derechos y aspiraciones del pueblo y la nación dominicana.

De ahí, que el presidente Fernández haya expresado: “Una reforma que establezca en un preámbulo cuáles son los va-lores supremos que distinguen la nación dominicana; que in-dique con precisión quiénes son dominicanos; que consigne los símbolos patrios al principio del texto y no al final. Una reforma que incorpore garantías al ejercicio pleno de los de-rechos fundamentales; que consagre el derecho de tutela o derecho de amparo; el defensor del pueblo, el referéndum y la iniciativa ciudadana en la presentación de leyes. Creemos en una reforma que revise el artículo 55 de la actual Constitu-ción, que organice los Poderes del Estado, que incorpore los derechos sociales, culturales y ambientales; que garantice la equidad de género y proteja los derechos de los niños, ni-ñas y adolescentes. Creemos en una reforma constitucional que consagre definitivamente en la República Dominicana, un Estado democrático social de derecho, fundado en la so-beranía del pueblo, la libertad individual, la solidaridad y la justicia social”.

Luego tenemos que el proyecto de ley de reforma constitu-cional en poder del Congreso plantea en sus tres primeros puntos:

1) Adoptar un preámbulo constitucional que sintetice, con sentido pedagógico, los valores que identifican un Estado social, democrático y constitucional de derecho, como la libertad individual, la protección social y la paz, ratificando la tradición libertaria y democrática de nuestros próceres y prohombres.

2) Ratificar la soberanía del pueblo como fuente de todos los poderes del Estado, ejercida mediante representación o en las formas directas que se organizarán en el nuevo texto; desglosar sus expresiones fundamentales, como: la no inter-vención, la autodeterminación de los pueblos y, fundamen-talmente, la unidad de la nación y su sujeción a la Constitu-

ción, como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico.

3) Adoptar de forma expresa la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto a la dig-nidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la separación de poderes; que propugne por valores como la democracia, la libertad, la justicia, la seguridad jurídica, la igualdad, el pluralismo, la participación y la solidaridad.

Dicho proyecto, que deberá ser debatido y aprobado me-diante la Asamblea Revisora y que ya ha sido objeto de dis-cusión en diferentes foros, propone una serie de reformas para el Poder Judicial, entre ellas la ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de una Cámara Cons-titucional y la limitación en el tiempo de duración y edad de los miembros del pleno de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto al Ministerio Público, ya su máximo representante, Radhamés Jiménez Peña, con anterioridad se encargó de proponer que una reforma a la Constitución incluya un con-trol en la designación del Procurador General de la República mediante una ratificación por parte del Senado, similar a la que se realiza en el caso de los embajadores, señalando que sería como un mecanismo de blindaje institucional para que ese funcionario, aún cuando sea “un hombre de la confianza política del Presidente de la República”, posea la idoneidad necesaria para el cargo a desempeñar y que no pueda ser objeto de presiones indebidas tendentes a su destitución. El proyecto de reformas en poder del Congreso resuelve en gran parte esas inquietudes y consagra el Consejo Nacional de Procuradores como un órgano de gobierno del Ministerio Público. Los asambleístas deben tomarle las palabras al Pre-sidente, cuando en la pieza señala que la Constitución tiene contradicciones en lo relativo a quiénes son dominicanos, cuando en su artículo 11 dice que lo son “todas las personas que nacieron en el territorio de la República”, olvidando de ese modo que en Estados Unidos y otros países existe una gran comunidad de dominicanos y de hijos de dominicanos que nacen fuera del territorio que no pueden ser discrimi-nados. La iniciativa presidencial marca un precedente; el proyecto busca también enderezar entuertos históricos de la Carta Magna, que otorgan poderes “excesivos” al jefe del Estado como ocurre con el artículo 55 de la Constitución y algunas leyes.

De manera, que estamos en los albores de una nueva era constitucional, la cual promete superar todos los atrasos an-teriores, consagrar principios y valores universales y apunta-larnos de forma activa y dinámica hacia un acabado ejercicio de nación, nuevas metas, y los objetivos del milenio.

A LA PUERTA DE UNA NUEVA ERA CONSTITUCIONAL


ÉXITO EN JORNADA POR LA CONSTITUCION DE COMISIONADO DE JUSTICIA Y ESCUELA NACIONAL DEL MP

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y la Es-cuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) desarrollan desde el primer miércoles de octubre, un programa de análisis y discusión sobre el proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso, y que es una propuesta del presidente de la Republica, Leonel Fernández Reyna, a los fines de adap-tar esa carta de leyes sustantivas a las aspiraciones y los nuevos tiempos que vive la nación dominicana.

La actividad denominada “Jornada por la Constitución: Justicia y Reforma Constitucional”, se lleva a cabo todos los miércoles en horario de la tarde en el auditorio de la Procuraduría Gene-ral de la República, sito en la segunda planta del nuevo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Actores judiciales y expertos constitu-

cionales participan del programa con el que, además del análisis y el debate, se busca presentar propuestas sobre el proyecto de reforma a la Constitu-ción que actualmente pasa por la fase de los foros públicos previo a su cono-cimiento y aprobación por una Asam-blea Revisora.

Disertación de Jorge Prats

En la primera actividad, celebrada el miércoles 8 de octubre, expuso el ex-perto constitucional Eduardo Jorge Prats, con una conferencia titulada “El Poder Judicial en la Propuesta de Re-forma Constitucional”, donde abogó porque la reforma a la Carta Magna fortalezca la independencia, eficiencia y rol garantista del Poder Judicial.

Destacó como positivo la ampliación de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y la consa-

gración del poder disciplinario para ese organismo de alzada constitucio-nal y judicial.

Con relación a la justicia, consideró que la reforma debe incluir además, el

Eduardo Jorge Prats.

Actividad “Justicia y Reforma Constitucional” tiene lugar los miércoles en el auditorio de la Procuraduría

Mesa principal del acto inaugural de la jornada, integrada por Servio Tulio Castaños, Víctor Suárez (diputado), Octavio Líster, Lino Vásquez, Francisco Do-mínguez Brito y Eduardo Jorge Prats.


poder disciplinario sobre los integran-tes del Poder Judicial, de los tribunales Superior Electoral y Superior Admi-nistrativo, así como la creación de una jurisdicción contenciosa-administrati-va separada de la jurisdicción judicial ordinaria.

En su discurso de apertura, Lino Vás-quez Samuel, comisionado de Justicia, dijo estar en la disposición de cola-borar con el Congreso Nacional en la difusión de la reforma constitucional, y mostrar a la ciudadanía que se cons-truye la Carta Magna que necesita el pueblo dominicano para seguir forta-leciendo el progreso institucional, so-cial y económico.

Dijo, además, que la propuesta de una reforma constitucional integral como la auspiciada por el presidente Leonel Fernández, constituye un buen punto de partida para iniciar una discusión profunda en la búsqueda de un con-senso social que dé legitimidad a los contenidos sustanciales que preten-den ser reformados.

Al frente de la actividad figuraron tam-bién, Octavio Líster, director nacional de Persecución de la Corrupción Ad-ministrativa (DPCA), en representa-ción del procurador general de la Re-pública, Radhamés Jiménez Peña; el director de la ENMP, Ramón Núñez; el senador por Santiago y ex-procurador Francisco Domínguez Brito; el vice-presidente de la Fundación Institucio-nalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tu-lio Castaños Guzmán; el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Pérez Vólquez, y Manuel Peña Conce, jurista

miembro de la directiva de la Mesa de Decanos.

Igualmente, asistieron representan-tes del Ministerio Público, abogados, estudiantes de Derecho y ciudadanos interesados en el tema.

Durante una segunda entrega del pro-grama moderado por el director de la ENMP y celebrada el miércoles 15 de octubre, participaron como comenta-ristas, el procurador fiscal del Distrito Nacional , Alejandro Moscoso Segarra; el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Ce-dano, y Manuel Acosta Castillo, presi-dente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera.

Primera Constitucion

La Constitución: es el conjunto de re-glas fundamentales que rigen la or-

ganización y las relaciones entre los poderes públicos y fijan los grandes principios del derecho público de un Estado.

El Estado dominicano nació en la vida jurídica el 6 de Noviembre de 1844, cuando se proclama la Constitución dominicana en la ciudad de San Cris-tóbal.

Desde entonces, la Constitución domi-nicana ha sufrido 37 modificaciones o reformas.

A continuación las fechas de las modificaciones:

1) 27 de febrero 1857 2) 16 de diciembre 1854 3) 19 de febrero 1858 (Constituyente) 4) 14 de noviembre 1865 (Constitu-yente) 5) 27 de septiembre 1866 6) 26 de abril 1868 7) 14 de septiembre 1872 8) 14 de marzo 1874 (Constituyente) 9) 09 de marzo 1875 10) 31 de marzo 1876 11) 07 de mayo 1877 12) 11 de mayo 1878 13) 11 de febrero 1879 14) 17 de mayo 1880 15) 23 de noviembre 1881 16) 15 de noviembre 1887 17) 12 de junio 1896 18) 14 de junio 1907 19) 22 de febrero 1908 (Constituyen-te) 20) 13 de junio 1924 (Constituyente) 21) 15 de junio 1927 22) 09 de enero 1929 23) 20 de junio 1929 24) 10 de enero 1932 25) 09 de junio 1934 26) 10 de enero 1947 27) 01 de diciembre 1955 28) 07 de noviembre 1959 29) 28 de junio 1960 30) 02 de diciembre 1960 31) 29 de diciembre 1961 32) 16 de septiembre 1962 33) 29 de abril 1963 (Constituyente) 34) 09 de agosto 1965 35) 28 de noviembre 1966 36) 14 de agosto 1994 37) 25 de julio 2002

Lino Vásquez Samuel

Magistrados y personalidades que participaron en la actividad.


Por segundo año Procuraduría logra mayor puntaje en estudio de transparencia de Participación Ciudadana

La Procuraduría General de la Republica logró, por segundo año consecutivo, el mayor puntaje en el estudio de Partici-pación Ciudadana para evaluar el grado de transparencia de las entidades del sector público. Al tiempo de repetir como la institución más transparente superó su propio índice de liderazgo, según los resultados de la investigación sobre la implementación del Gobierno Electrónico, realizada por el movimiento cívico que representa en República Dominica-na a Transparencia Internacional

El estudio fue realizado el pasado mes de septiembre y se inscribe en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Apoyo a las Instituciones Públicas para el Acceso a la Información y Rendición de Cuentas”.

Instituciones Evaluadas

Entre 23 organismos del gobierno central y 14 ayuntamien-tos que poseen portales electrónicos, y evaluados en el ran-king de transparencia, la Procuraduría General de la Repú-blica, institución rectora del Ministerio Público y el Sistema

Penitenciario, ocupó el primer lugar con 93 puntos, seguida por la Secretaría de Salud Pública con 74, Suprema Corte de Justicia con 71, Dirección General de Impuestos Internos con 68, y las secretarías de Relaciones Exteriores y Turis-mo con 67 y 64, respectivamente.

El monitoreo permite evaluar en qué grado las institucio-nes públicas están aplicando realmente las directrices de la Ley 200-04 en los portales estatales. Este estudio tuvo como base los artículos 5 y 24 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que establece que todos los orga-nismos públicos centralizados y descentralizados, y los mu-nicipios, están obligados a garantizar el acceso directo de la ciudadanía a la información pública del Estado, a través de la informatización y la incorporación a un sistema de co-municación por Internet, o a cualquier sistema similar que en el futuro se establezca. A la vez, establece el alcance del gobierno electrónico, su efectividad, funcionalidad y el nivel de utilidad para la ciudadana.

Los 93 puntos superan los que obtuvo en el informe anterior



El compromiso

Una labor coordinada por varias de-pendencias de la Procuraduría ha hecho posible tener disponible en la página Web de la institución, de for-ma permanente y actualizada, toda la información financiera para evaluar nuestra gestión. Permitiendo la rea-lización de la más sana expresión del ejercicio del derecho de acceso a la in-formación pública.

Se destacan entre esas dependencias la Dirección Administrativa y Finan-ciera, la Dirección de Tecnologías de la Información y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a cuya ca-beza están Gladys Checo de Almonte, Luis Paulino Marte y Berenice Barinas, respectivamente, a quienes la visión institucional y el compromiso con una gestión transparente, los inspira y los une.

Rodolfo Vergara, tratadista internacio-nal en materia de transparencia, seña-la con acierto que la cuestión es ¿qué debe hacerse para conseguir que la ejecución y la puesta en práctica de la

transparencia sea exitosa? . “Y eso es precisamente lo que se ha hecho en la Procuraduría: Hacer de la transparen-cia una práctica exitosa en beneficio del ciudadano”, precisa.

Expone que para hacer que una insti-tución sea transparente es necesario lograr que las prácticas de transpa-rencia se plasmen tanto en las rutinas y procedimientos, como en el conjun-

to de valores que influyen cotidiana-mente en los comportamientos de los actores organizacionales de todos los niveles.

Nueva cultura

El éxito de la Procuraduría se debe precisamente a esto. Basada en una nueva cultura organizacional que ha permitido la transparencia apoyada en innovaciones tecnológicas y proce-dimientos claros y funcionales.

Comprometidos en dar fiel cumpli-miento a la Ley General de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la pregunta clave fue: cómo transparen-tar. No hubo dudas, la tecnología tenía que jugar un papel fundamental.

Al tiempo de implantar un nuevo dise-ño organizacional en la Dirección Ad-

Gladys Checo de Almonte, asitente del procura-dor en el Área Financiera y Administrativa.

Luis Paulino, director de Tecnología de la Infor-mación.

Gladys Sánchez, secretaria general.

Sandra Santana, encargada de Compras.

RANKING DE TRANSPARENCIA

Los instrumentos de evaluación de acceso a la información pública nos permiten analizar profundamente los aspectos claves para desarrollar con más exactitud y eficacia una máxima y completa transparencia en nuestras instituciones públicas. Esto es así, porque nos proporciona criterios y metodologías mundialmente aceptadas a los fines de iden-tificar los avances y retrocesos, así como las debilidades y fortalezas.

Berenice Barinas, directora Oficina de Acceso a la Información.


ministrativa y Financiera que permi-tió lograr un alto nivel de integración con todos los actores del proceso, así como un mayor flujo de informacio-nes, se colocaron a disposición de la ciudadanía tres herramientas funda-mentales: un Portal de Transparencia, un sistema automatizado de compras y contrataciones “ProCompraNet” y el Observatorio Digital. Estas herramien-tas tecnológicas permiten mostrar a la ciudadanía, de forma permanente y actualizada, cómo la institución está ejecutando los fondos públicos en el ejercicio de sus funciones sociales.

La clave ha sido voluntad, compromi-so e integración. El Portal de Transpa-rencia, administrado por la Oficina de Acceso a la Información Pública, cuen-ta con el apoyo de la Dirección Admi-nistrativa y Financiera, y la Dirección de Tecnologías de la Información. Esto

nos permite una consulta automati-zada de la nómina, del inventario de existencia en almacen, inventario de activo fijo, cuentas por pagar a supli-dores, las declaraciones juradas y las

compras y contrataciones a través del portal PROCOMPRANET.

El portal cuenta también con un foro de opinión de nuevos documentos, con información detallada sobre el presupuesto y su ejecución mensual, ingresos y egresos, la emisión de che-ques y disponibilidad bancaria diaria. Además, proyectos, acuerdos y con-venios, contribuciones a programas asistenciales, publicaciones oficiales, estadísticas, detalles de los servicios con indicación de trámites y tarifas, espacio para colocar sugerencias y de-nuncias, así como el marco legal, pla-nes estratégicos e informes anuales de la institución. También nos permite colocar la solicitud de información pú-blica en línea.

Por su lado, ProCompraNet, enlazado al Sistema Integrado de Gestión Fi-nanciera (SIGEF), surgió de la nece-sidad de que la Procuraduría pudiera transparentar todas las operaciones de compras que se venían realizando a través del Sistema Integrado, pero el mismo no podía estar disponible al público.

Todas las acciones del Ministerio Pú-blico están dirigidas a la implantación de una cultura institucional, defini-da ésta como el sistema de valores, creencias y comportamientos que se consolidan y se comparten en el dia-rio transcurrir de la institución. De tal manera que los estilos de dirección, las normas, los procedimientos, los medios que se usan y las actitudes de las personas, reflejan el conjunto de elementos que integran la cultura de

La Oficina de Acceso a la Información de la Procuraduría ha

sido tomada como modelo para otras instituciones públicas,

y sirve de asesora en la implementación de las estructuras y

sistemas necesarios para el ejercicio ciudadano del derecho

fundamental de acceso a la información pública.

Entre las instituciones asesoradas se encuentran, el Senado

de la República, las superintendencias de Bancos, de Valores,

y de Salud y Riesgos Laborales, Administración de Subsidios

Sociales, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Oficina

Nacional de Propiedad Intelectual. También las secretarías de

Estado de la Juventud, Educación, Salud Pública, Fuerzas Ar-

madas, Hacienda, Medio Ambiente, Trabajo, Obras Públicas,

Turismo, Relaciones Exteriores. De igual manera, el Instituto

de Innovación en Biotecnología e Industria, la Corporación

de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Dirección

General de Contrataciones Públicas, Consejo Nacional de

Drogas, el Consejo Nacional de Seguridad Social, el Institu-

to Agrario Dominicano, el Consejo Nacional de Competitivi-

dad, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información

y Comunicación, la Dirección General de Presupuesto, entre

otras.


la Procuraduría General de la Repúbli-ca. Y de esto se trata: de crear sistemas basados en principios.

Uno de esos principios es la transpa-rencia. La Procuraduría constituye un modelo de transparencia y ejemplo en la implementación de la Oficina de Ac-ceso a la Información Pública (OAI) en la República Dominicana, basado en criterios fundamentales de procedi-mientos y organización.

Innovacion y servicios

El Gobierno Electrónico es la formu-lación de estrategias y la implemen-tación de iniciativas para mejorar, transparentar y hacer más eficiente la gestión gubernamental a través de las Tecnologías de la Información y la Co-municación (TIC).

Según el informe de Participación Ciu-dadana, los portales gubernamenta-les en su implementación de gobierno electrónico están mayormente en la etapa II, es decir, tienen informaciones y cierta interactividad para consultas de servicios y bases de datos. La Pro-curaduría General de la República se encuentra en el nivel III, la llamada fase transaccional que incluye provi-sión de transacciones electrónicas al ciudadano por parte del servicio, en forma alternativa a la atención presen-cial en las dependencias.

De conformidad con el estudio, el

portal de la Procuraduría tiene una in-terfase limpia y fácil de visualizar con cualquier navegador. Es amigable tan-to para los sistemas operativos como en cuanto al ancho de banda promedio de acceso requerido.

Los resultados de este monitoreo de-muestran que las innovaciones tecno-lógicas llevadas a cabo por la Procu-raduría General de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas, están reportando sus fru-tos al colocarnos por segundo año consecutivo en la posición número uno a nivel nacional.

No obstante a esto, en materia de im-plementación de gobierno electrónico aún tenemos un progreso que hacer: implementar la última fase de “e-gob”, la llamada fase IV.

Coherente con ese objetivo y con la superación progresiva, la Procuradu-ría pondrá a disposición de la ciuda-danía el próximo mes, una pasarela de pagos automatizada que permitirá hacer desembolsos por los servicios prestados, vía Internet, con lo cual se colocará en la última fase de implan-tación de gobierno electrónico, según la cual el ciudadano no sólo interactúa con la institución, sino también que puede realizar transacciones y pagos en línea.

Esta pasarela de pagos ha sido desa-rrollada dentro del “Proyecto de Me-

jora de los Servicios Públicos” a través de ProReforma, y bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarro-llo (BID).

La Procuraduría está comprometida con un sueño. Es por eso que trabaja en pos de la consecución de los más al-tos criterios de eficacia y eficiencia or-ganizacional, donde la transparencia no solamente es el norte, sino también el camino.

ProCompraNet es por tanto, el siste-ma de información e interacción de compras de la Procuraduría, está ad-ministrado por el Departamento de Compras y Contrataciones, ramal de la Dirección Administrativa y Financiera, cuenta con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y la colaboración de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Permite in-volucrar a los proveedores en los pro-cesos de compras y contrataciones, al hacer disponible no sólo los pliegos de las licitaciones, sino también todas las solicitudes de compras mediante un sistema automatizado que se actualiza día a día a las doce de la noche.

ProCompraNet hace disponible en lí-nea las informaciones documentales sobre todas las compras y contratacio-nes de la Procuraduría, así como una consulta automatizada de las mismas, por rangos de fechas, montos y pro-veedores.

La más reciente innovación tecnológica lo es el Observatorio Digital, adminis-trado por la Dirección de Tecnologías de la Información, con recursos docu-mentales de la Dirección Administrati-va y Financiera y la colaboración de la Oficina de Acceso a la Información. El Observatorio se lanza como una pro-puesta que permite vizualizar todo lo concerniente a la transparencia insti-tucional, no sólo de la Procuraduría, sino de todas las demás instituciones públicas que de manera voluntaria deseen ser partícipes de transparen-tar sus procesos. En el mismo se po-drá consultar información relevante a las compras, los cheques emitidos, la nómina de personal, los contratos, los estados financieros, las auditorías y la declaración jurada de bienes.


Advierte a miembros del Ministerio PúblicoEl procurador general de la Repúbli-ca, Radhamés Jiménez Peña, conside-ró que los miembros del Ministerio Público deben actuar conforme a un decálogo ético y de servicio a la so-ciedad, y advirtió que aquellos que no se ajusten a esos parámetros, que abarcan también cambios de procedi-mientos y modernidad, saldrán auto-máticamente de la institución.

Anunció que en la reforma constitu-cional que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional se contempla establecer la carrera del Ministerio Público con autonomía en diversos aspectos de su accionar.

El magistrado Jiménez Peña emitió sus consideraciones en el programa

de televisión de la Fundación Insti-tucionalidad y Justicia (FINJUS), que coordina su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, que se transmite por CDN.

Aseguró que el Ministerio Público es un cuerpo que se debe a la sociedad, y que en tal sentido se prepara cada día para asimilar los procesos de cambio. Sostuvo que a ello responden los pro-gramas de evaluación institucional y de desempeños de todos los miem-bros que aspiran a ser de carrera.

Aclaró que la situación de ahora es di-ferente a la de hace cinco años, y que los cambios comenzaron a partir de la gestión de Francisco Domínguez Brito, quien inició el proceso de pro-

fesionalización y capacitación de los miembros del Ministerio Público.

Informó que antes de Domínguez Bri-to, el Ministerio Público era un caos y sus funciones eran difusas porque no había coherencia ni criterios claros a la hora de ejecutar la acción de los re-presentantes del Estado en el sistema judicial.

Afirmó que ha seguido el camino tra-zado por su antecesor, y que por eso, hoy el país exhibe fiscales y procu-radores adjuntos con mayor nivel de preparación, fruto del nuevo modelo de gestión.

Indicó que el Ministerio Público está fortalecido y actúa con transparencia,


El magistrado Radhamés Jiménez Peña ponderó los resultados del in-forme de Participación Ciudadana (PC), que por segundo año consecuti-vo coloca a la Procuraduría General de la República como la institución pública más transparente del país, con 93 puntos porcentuales.

Sostuvo que los datos son una mues-tra de que la sociedad valora el tra-bajo que se viene desarrollando en el organismo rector del Ministerio Público, en beneficio de todos los sec-tores del país y de todos los usuarios e interesados en los servicios que la institución ofrece.

Según el II Informe de Monitoreo de la Implementación del Gobierno Elec-trónico en la República Dominicana, realizado el pasado mes de septiem-bre por Participación Ciudadana, la Procuraduría obtuvo 93 puntos por-centuales entre 23 instituciones del Estado revaluadas en base a la opi-nión del público.

El documento indica, además, que la Procuraduría tiene el portal que me-

jor cumple con las disposiciones re-queridas por la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública.

Jiménez Peña expresó que la insti-tución que dirige trabaja para que la sociedad tenga la oportunidad de ser testigo de sus acciones. En ese orden, destacó que en la página electrónica de la institución se puede acceder al

observatorio digital, donde la pobla-ción puede ver todas las acciones de la Procuraduría, así como el manejo de sus recursos.

Consideró que los funcionarios pú-blicos deben estar permanentemente expuestos al escrutinio del pueblo, y que para ser valorados positivamente deben actuar de cara al sol.

Señala que informe es muestra de que la sociedad es testigo de sus acciones

Magistrado Jiménez Peña pondera resultados estudio de Participación Ciudadana


no sólo en la administración de justi-cia, sino además en el uso transparen-te de los recursos que son puestos a su disposición.

“Hoy día podemos decir que nosotros hemos triplicado los fiscales de carre-ra que encontramos cuando fuimos designado procurador general de la República. Ya nosotros tenemos cerca de 300 fiscales de carrera en todo el país”.

Señaló que cuando en la reforma se contemple la constitucionalidad de la Carrera del Ministerio Público, el des-empeño judicial será mucho mejor porque habrán programas de capaci-tación para todos en la Escuela Nacio-nal del Ministerio Público (ENMP).

Indicó que los avances en materia de capacitación de la ENMP han sido tan significativos, que representantes ju-diciales de naciones como Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela vienen al país a conocer el método de enseñanza que se aplica.

Persecucion Penal

El magistrado Jiménez Peña dijo que

otra de las áreas en que trabaja la Pro-curaduría General de la República es en la profundización de las políticas de persecución penal, y afirmó que el índice de violencia desde el año 2005 ha estado disminuyendo.

Explicó que el índice de violencia ha disminuido de 27 a 19 casos por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia una reducción de los casos, gracias al trabajo preventivo que desarrollan todas las instituciones públicas y de la sociedad civil.

Jiménez Peña entiende que hay que seguir fortaleciendo el trabajo con la participación de todos los miembros y de la población.

Los cambios

Al insistir en el aspecto compromiso y responsabilidad, dijo que los miem-bros del Ministerio Público deben saber que serán supervisados para garantizar la idoneidad de sus con-ductas.

Explicó que dentro de la integridad institucional creará mecanismos que

establezcan reglas claras sobre el des-empeño. Se creará una unidad para darle seguimiento a cada uno de los que pertenezcan a la Procuraduría General de la República. Indicó que también habrá un supervisor gene-ral para todos los fiscales, que tendrá como principal función monitorear sus acciones.

El nuevo modelo y los índices de criminalidad

El magistrado Jiménez Peña afirmó que también el índice de reincidencia delictiva ha disminuido, gracias a los programas que se aplican a los inter-nos en los centros de reclusión a tra-vés del Nuevo Modelo Penitenciario.

Indicó que actualmente se ha reduci-do a 2.7 la reincidencia de los ex in-ternos que han sido condenados por la comisión de delitos y crímenes.

Comparó el país con otras naciones donde el 30 y 70% de los internos que han logrado su libertad vuelven a de-linquir, porque no existen programas de reinserción social como los que se aplican en muchos de los centros pe-nitenciarios nacionales.

Jackeline Walter recibe su placa de empleada estrellaRodeada de sus compañeras de trabajo, Jackeline Walter, auxiliar administrativa I, recibe de manos de Gladys Checo de Almonte, asistente del procurador en las áreas administrativa y financiera, la placa que la acredita como la empleada estrella del mes. Acompañándola, figuran Rosalía Morales, Dimerci Ávila, Sandra Santana, Xiomara Bourdierd, Ana Suárez, Dani Nina, Ruth Rosa, Sonia Berroa y Daysi Mateo.



Vicepresidente FINJUS dice Ministerio Público ha logrado avanzar de manera significativaDestaca trabajo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, el Nuevo Modelo Penitenciario y la instalación de las Fiscalías Barriales El vicepresidente ejecutivo de la Fun-dación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Casta-ños Guzmán, valoró como positivos los avances logrados por el Ministe-rio Público en los últimos años, tanto en su institucionalización como en su aporte a la sociedad, tras precisar que este organismo dejó de ser la cenicien-ta del sistema de justicia dominicano.

Identificó como un gran logro, la im-plementación del Estatuto del Minis-terio Público, así como el desarrollo de una serie de programas penitencia-rios, de fiscalías barriales, oficinas de atención a la víctima, Justicia Siglo XXI, y la creación de la escuela de capaci-tación para los fiscales, entre otros, como acciones que “han catapultado a esa institución”.

Dijo creer que el Ministerio Público de hoy es una institución que ha venido dando pasos certeros, “obviamente, hay algunos ajustes que habrá que se-guir afinando en todo lo que será este proceso, pero hemos avanzado”.

Sostuvo que todo lo alcanzado por el procurador general Radhamés Jimé-nez Peña y pasadas autoridades del Ministerio Público, puede ser mejora-do a favor de la sociedad.

“Evidentemente que el Ministerio Pú-blico está dejando de ser la cenicienta del sistema de justicia. Yo creo que han venido implementándose una serie de programas y una serie de modelos a lo interno del Ministerio Público, que sin lugar a dudas han catapultado a esa institución”, precisó.

Calificó de positiva la iniciativa del ma-gistrado Jiménez Peña en el sentido de encaminar al Ministerio Público como un verdadero representante de la so-ciedad.

“Y yo creo que se va en ese camino, en honor a la verdad, sobre todo si tú lees la propuesta que la Procuraduría, en una eventual reforma a la Consti-tución, sometió y que fue considerada inclusive por la comisión de juristas que elaboró el ante proyecto de refor-ma constitucional en más de un 80%”, indicó.

Las consideraciones de Castaños Guz-mán fueron ofrecidas en el programa de televisión Ministerio Público TV, que se transmite los domingos por Te-lecentro, Canal 13, en la sección entre-vista central que conduce Amado José Rosa y Laura Serrata.

Insistió en que se ha hecho mucho en poco tiempo, y que sólo se debe mi-rar lo que es el Nuevo Modelo Peni-tenciario en comparación con el viejo modelo. “Tú, chocar con lo que había sido una cultura autoritaria respecto a cuál debía de ser, o debió haber sido las condiciones de nuestros internos en las cárceles”, indicó.

Elogia fiscalías barriales

Afirmó que uno de los pasos más tras-cendentales del Ministerio Público ha sido la creación de las fiscalías barria-les, “porque veíamos a una sociedad que tenía que acudir a sus represen-tantes en el sistema de justicia, y he-mos visto que por primera vez, es el propio Ministerio Público que acude a la sociedad, y yo creo que ese es un mensaje que ha contribuido de mane-ra sustancial al fortalecimiento de esta institución, en honor a la verdad”.

Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP)

Entiende, además, que el principal so-porte del Ministerio Público es la es-cuela que dirige Ramón Núñez, donde se capacita a todo el personal, y a la vez son evaluados.

“La base que contribuye a la solidez del Ministerio Público es esa escuela. Y hemos visto la seriedad de los pro-gramas que se están implementando; ya los programas de capacitación de la ENMP no solamente se limitan al ám-bito nacional, nosotros hemos visto que se han formado ministerios públi-cos de Colombia, Costa Rica, Venezue-la, Panamá, y yo creo que eso debe ser motivo para que nosotros como domi-nicanos estemos satisfechos”, manifes-tó Castaños Guzmán.

Estimó que la escuela está haciendo una labor “espectacular, y quiera Dios que los miembros del Ministerio Pú-blico, es decir, nuestros fiscales, nues-tros procuradores de cortes, la sepan aprovechar”.

“Es decir, que nosotros, Fundación Institucionalidad y Justicia, estamos sumamente satisfechos con el trabajo que se está haciendo ahí”, precisó.

Servio Tulio Castaños


Alejandrina Germán y Roxanna Reyes se reúnen

La Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer y la Secretaría de Estado de la Mujer retomaron conver-saciones con miras al establecimiento de una alianza estratégica orientada a la adopción de políticas y acciones que beneficien el crecimiento, la seguridad y la calidad de vida de las mujeres do-minicanas.

Para tal efecto, la procuradora para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, giró una visita a la titular de la indicada cartera, Alejandrina Germán, durante la cual se comprometieron a mantener los contactos y dar seguimiento a la iniciativa, a los fines de garantizar re-sultados concretos y satisfactorios.

Alejandrina Germán saludó la inicia-tiva y mostró su preocupación por el alto índice de mujeres asesinadas por sus maridos, ex parejas y hombres despechados.

Abogó por la creación de mecanismos y reforzamiento de los existentes para enfrentar ese fenómeno que dijo, re-fleja la prevalencia de una cultura ma-chista y de lo indefensa que sigue sien-do la mujer dominicana con respecto a su relación conflictividad con su sexo opuesto.

Destacó que los desenlaces frecuente-mente trágicos en que se ven envueltas muchas mujeres jóvenes, además de las víctimas, generan desamparos mayor-mente entre la población infantil.

A su juicio hay que adoptar un plan para controlar y disminuir esa espiral que atribuyó a la prevalencia de una cultura igualmente subdesarrollista, que debe ser combatida con educa-ción, y también con medidas coer-citivas que les hagan entender a las parejas, sobre todo al hombre, que la vida humana es el primero de todos los derechos, y debe ser respetada y preservada por encima de todo.

Durante la animada conversación de

una hora, ambas funcionarias coin-cidieron en la necesidad de acerca-miento entre las dos instituciones, de asumir tareas por la preservación de la familia y la disminución de la vio-lencia intrafamiliar y de género.

La magistrada Roxanna Reyes expresó que la Procuraduría General de la Re-pública viene concentrando esfuerzos para hacer frente a la violencia de gé-nero, y citó entre ellos la creación de más de 14 unidades a nivel nacional, para tratar las agresiones a las muje-res, y la campaña de corte hemisférica “Pégale a la Pared”, en la que partici-pan artistas nacionales e internacio-nales como Juan Luis Guerra y Gilber-to Santa Rosa.

Ambas funcionarias se comprometie-ron a trabajar en el reforzamiento de políticas que tiendan a reducir el nú-mero de feminicidios.

De manera preeliminar y concreta acordaron:

Revisión de los acuerdos interins-•

titucionales existentes.

Establecer programas conjuntos • entre la Procuraduría General para Asuntos de la Mujer y la SEM.

Sensibilización y coordinación de • psicólogos con médicos y opera-dores del sistema de justicia que sirvan de multiplicadores en dife-rentes lugares del país, pero prin-cipalmente a las personas que acuden a las Unidades de Aten-ción a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género.

Acciones puntuales conjuntas • para hacer más efectivo el trabajo de protección a las víctimas de de-litos y violencia de género.

En la reunión, celebrada en el despa-cho de Alejandrina Germán, partici-paron Leodil Núñez, fiscal adjunta de la Procuraduría General para Asuntos de la Mujer; Clara Luna, directora de Defensoría de la Mujer, y Germán San-tiago, director de Publicaciones de la Procuraduría General de la República.

Acuerdan acciones por la seguridad y la calidad de vida de las mujeres dominicanas

Roxanna Reyes, procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, y Alejandrina Germán, secretaria de Estado de la Mujer.


INSPIRADO EN LA TERAPIA OCUPACIONAL

Proyecto PenitenciarioSalcedoUnos 136 internos (as) se ocupan en aprender con el ejemplo, la educación y el trabajo

Un modelo con méritos propios que reclama ser apoyado y reproducido

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; el procurador Radhamés Jiménez y Julieta Tejada, directora de relaciones públicas y protocolo de la Procuraduría, entre otros, en un recorrido por una plantación de plátano cultivada por internos del centro penitenciario de Salcedo.


Salcedo parece transformar todo lo que toca.

Ahora le ha “tocado” a las cárceles dominicanas, cuyo

sistema tradicional está siendo trans-formado por la Procuraduria General de la República, en lo que ha sido de-nominado Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

En el caso de Salcedo, la siempre pu-jante capital de la provincia Herma-nas Mirabal, se trata de un proyecto único inspirado en una modalidad de terapia educacional y productiva que desde la cárcel pública “Juana Núñez”, perteneciente al sistema tradicional, se ha expandido como la verdolaga y generado ramificaciones productivas a otras áreas, tal cual lo es la Finca La Esperanza, de 300 tareas que estaban abandonadas y que ahora se obser-van plantadas de plátano, yuca, maíz y hortalizas que generan beneficios a toda la población.

En esta zona de la comunidad de Los Limones, en Villa Tapia, así como en otras áreas ocupacionales, los inter-nos e internas cultivan y desarrollan habilidades y conocimientos en los campos educativos, técnicos, artesa-nales y agropecuarios.

Entre los oficios técnicos que apren-den y desarrollan parte de los 136 internos e internas del recinto, entre ellos once mujeres, están la fabrica-ción de ataúdes, inversores, calzados, ebanistería, sillas y butacas.

Trabajan por igual en granjas de galli-nas ponedoras, cultivos de hidropóni-cos, cafetería, invernadero, panadería, informática, artes culinarios, pintura y cursos diversos impartidos por insti-tuciones como el Instituto de Forma-ción Técnico Profesional (INFOTEP).

En el aspecto puramente educativo trabajan la Secretaría de Educación y Centros Apec de Educación a Distancia (CENAPEC) con programas de alfabe-tización y cursos de formación básica y conclusión del bachillerato.

Desde Vista al Valle

El nuevo Modelo Penitenciario, que ya beneficia a unas 10 cárceles domi-nicanas, comenzó a impactar desde el

nordeste a través del recinto Vista al Valle de San Francisco de Macorís, un modelo dentro del “macro modelo”, en cuya zona hoy comienza a sobresalir Salcedo, que como forma de no que-darse atrás y emularse, ha creado su propia modalidad, que ya está siendo

considerado como otro camino a se-guir, al parecer bajo el apotegma poé-tico de “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar; al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…”

La leyenda de las hermanas Mirabal además de enaltecer pare-

ce eclipsar la gran historia de Salcedo, la esencialmente hospi-

talaria provincia cibaeña que desde el nordeste comunica con

sus iguales: La Vega, Duarte y Espaillat, y que se sigue proyec-

tando como uno de los baluartes de la agropecuaria dominica-

na. Todo es sonrisa y generosidad cuando se arriba a Salcedo, o

en su defecto, a cualquiera otra comunidad de la provincia que

ahora precisamente lleva el nombre de las tres heroínas, quie-

nes en un fatídico 25 de noviembre de 1960, junto a su chofer

Rufino de la Cruz“, prefirieron ofrendarse por sus tres amores: el

de sus esposos, el de su dignidad y el de la patria”. Se destacan

entre ellas Tenares, Villa Tapia y Ojos de Agua, esta última cuna

de las Mirabal.

Pintura de las tres heroínas de Ojos de Agua.


Se puede decir, que Salcedo es una suerte de empresa autogestionaria que brilla a la luz de esfuerzos colec-tivos y participativos a los que se han integrado casi todas las instituciones comunitarias de la renovada provincia. Precisamente, como forma de obser-var la experiencia y compartir con los protagonistas (internos e internas), la Procuraduría General de la República desarrolló en la zona una convivencia cuya convocatoria reunió a las autori-dades provinciales, del Ministerio Pú-blico, de Interior y Policía, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes compartieron con los reclu-sos, personal penitenciario y gente de las comunidades en donde tiene lugar el proyecto.

Concurrida Asistencia

Con entusiasmo participaron el pro-curador general de la República, Rad-hamés Jiménez Peña; el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier; Jaime David Fernández Mi-rabal, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la presidente del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz; el procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; el director de la Escuela Nacional Peni-tenciaria, Roberto Santana; el director de Prisiones, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y los representantes del Ministerio Público de todas las provincias del Cibao, entre ellos, natu-ralmente Hermanas Mirabal y Duarte.

La jornada-convivencia realizada el pasado sábado 27 de septiembre, se dividió en dos partes y tuvo lugar en sus escenarios fundamentales, cuales fueron el centro penitenciario propia-mente dicho, y la Finca la Esperanza.

En el centro, sede del CCR, hubo un acto formal de presentación y expli-cación de lo que se trata, y en la parte agrícola, bajo casas de campaña, se de-sarrolló un taller interactivo, precedi-do de un almuerzo preparado en base a productos cultivados por los propios internos e internas.

En el acto ceremonial hablaron el ma-gistrado Jiménez Peña, el gobernador Vinicio González y la directora del cen-tro, Martha Reyes.

Resumen de las palabras de Radhamés Jiménez

Sobre el proyecto

“ Con este esfuerzo del día de hoy, fundamentalmente, el objetivo es

convertir el Modelo Salcedo en el paradigma y en el ejemplo a se-

guir por todos y cada uno de los Centros Penitenciarios de República

Dominicana; hoy tenemos aquí a los directores de todos los centros

penitenciarios del país, ustedes tienen un reto y van a tener el acom-

pañamiento de la Procuraduría General de la República; vamos a es-

tablecer un calendario crítico con una evaluación permanente por

parte de un equipo multidisciplinario que va constantemente a mo-

nitorear los resultados en todos y cada uno de los centros” .

Sobre el director general de Prisiones:

“Tenemos una herramienta, hoy la Dirección General de Prisiones

cuenta con una persona que es un abanderado y uno de los pioneros

de la instalación del nuevo Modelo Penitenciario en República Domi-

nicana, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y creo que

esto nos va a facilitar las metas que nos tracemos; yo creo que en un

tiempo quizás record vendremos aquí y podemos decir al país que ya

el Modelo Salcedo es una realidad en todos y cada uno de los centros

penitenciarios de República Dominicana, para orgullo de todos no-

sotros y para orgullo del país”.

Sobre Jaime David Fernández Mirabal

“Decía cuando estábamos allá en el centro y quiero repetirlo ahora,

que hoy nos habíamos ganado un gran aliado, el mejor de su clase,

porque lo conozco, porque sé que cuando Jaime David asume una

causa, la asume de corazón, con el mayor de los compromisos.

Jaime David Fernández Mirabal y Radhamés Jiménez Peña degustan artículos de panadería prepara-do por los internos.



A Jaime David Fernández Mirabal, principal inspirador del proyecto le tocó ofrecer parte de las explicaciones, señalando que se trata de una iniciati-va no excluyente que asimila a todos y todas que de manera institucional quieran aportar, y en el que trabajan profesionales de medicina y la con-ducta, además de sociólogos, maestros y abogados, y que se sigue amparando en una Comisión de Vigilancia, Eva-luación y Sanción, como manda la Ley 224 sobre régimen penitenciario.

Otras personalidades presentes fue-ron el fiscal de Salcedo, Gustavo Gon-zález; Aníbal Camacho, gobernador de la provincia Espaillat; Feliz Álvarez y José Santos Sirí, procurador de la Cor-te de Apelación de Puerto Plata y fiscal de La Vega, respectivamente, y Onofre Rojas, quien es nativo de Salcedo.

Asistieron los procuradores generales adjuntos Idelfonso Reyes, Pedro Féliz Montes de Oca, Germán Daniel Miran-da Villalona, Moisés Ferrer Landrón, Maura Martínez Paulino, Ramón Arís-

tides Madera Arias, Marisol Tobal, Hen-ry Cerda y Víctor Robustiano Peña.

También Gladys Checo de Almonte, asistente administrativa y financiera del procurador; Gladys Sánchez, secre-taria general; Henry Garrido, inspec-tor general de prisiones; Luis Paulino, director de Tecnología de la Informa-ción; Justo Vásquez, director de Esta-

dísticas; Apolinar Morales, subdirector administrativo; Ana Suárez, encargada de Presupuesto; Dilenia Cruz, encar-gada de Control Interno; Marisela Var-gas, directora de Ingeniería; Ana Cruz, encargada de Contabilidad; Ángel Pé-rez Feliz, encargado de Nómina; Rosa Flores, encargada de Desarrollo; Fer-nando Quiroz, encargado de Prensa; Ramón Reyes, productor del Progra-ma Ministerio Público; Luis Navarro, encargado de Infraestructura, y Julieta Tejada, de Relaciones Públicas, quien hizo de maestra de ceremonia.

Entre los procuradores fiscales pre-sentes, además del de Salcedo, fueron vistos, Francisco Mejía Jiménez de Vi-lla Altagracia, Faustino Apolinario de San Cristóbal, Abraham Ortiz de San Pedro de Macorís y Juan de Dios Ro-sario Santos de San Francisco de Ma-corís.

Asistieron además, las encargadas de los CCRs que funcionan en las dife-rentes provincias, entre ellas, Patricia Lagombra del CCR Najayo Mujeres, Erickson Bobadilla del CCR Rafey Hombres, Yenny Hernández de Puerto Plata, así como Marino Antonio Popo-ter de Mao y Adolfo de Jesús Serrata del CCR de Elías Piña.

Además, estuvieron presentes José Altagracia Bautista del CCR de Monte Plata, Keysi Torres de Dajabón, Fra-nia Navarro del CCR de Haras Nacio-nales y la licenciada Ibelca Villanueva, supervisora de toda la región norte de los Centros de Corrección y Rehabili-tación.

La provincia Hermanas Mirabal, conocida anteriormente como pro-vincia Salcedo, es una de las demarcaciones centrales del Cibao. Fue creada el 3 de marzo de 1952, pero entró en vigencia el 16 de agosto de 1952. Fue la 22da. provincia, junto con la Sánchez Ramírez, en ser creada en el país. Su nombre fue cambiado al actual en noviembre de 2007. El territorio de la provincia pertenecía, desde la primera Cons-titución del país, a la provincia de La Vega. Con la creación en 1885 de la Provincia Espaillat, la mayor parte del actual territorio pasó a la nueva provincia, excepto la parte sur, donde La Jagua (actualmen-te Villa Tapia) siguió perteneciendo a La Vega. En 1891, el Congreso Nacional le dio el nombre de Salcedo en honor a Francisco Antonio (Tito) Salcedo, héroe de la Batalla de Belle. Salcedo fue elevado a co-mún (municipio) de la provincia Espaillat en 1896 cuando se creó el Distrito Pacificador (actual provincia Duarte). La Ley No. 3208 del 3 de marzo de 1952 creó la provincia Salcedo con parte del territorio de la provincia Espaillat y compuesta por los municipios Salcedo y Te-nares. Entraría en vigencia el 16 de agosto del mismo año. Por medio de la misma ley, la sección La Jagua fue segregada de la provincia La Vega, y fue elevada a la categoría de distrito municipal de la nue-va provincia con el nombre de Villa Tapia. El nombre de la provincia fue cambiado de Salcedo a 0.9% del territorio nacional; solamente el Distrito Nacional tiene menor superficie. Limita al norte y oeste con la provincia Espaillat, al este con la provincia Duarte y al sur con la provincia La Vega.

Un interno al cuidado de la granja de pollos.



El secretario de Interior y Policía, doc-tor Franklin Almeyda Rancier, dijo que quedó impresionado con los avances logrados en los centros penitenciarios de Salcedo y San Francisco de Maco-rís, tras observar los trabajos que se desarrollan en esos recintos dentro del Nuevo Modelo de Gestión Peniten-ciaria.

El doctor Franklin Almeyda produjo sus declaraciones al participar en una convivencia penitenciaria, donde el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, pre-sentó un novedoso proyecto de pro-ducción agrícola e industrial imple-mentado en el centro de reclusión de Salcedo, el cual será extendido a los 36 recintos del país.

El secretario de Interior y Policía dijo

que se sumará a los esfuerzos de apli-car el nuevo modelo penitenciario en el país como parte del Plan de Seguri-dad Democrática. Dijo que enlazarán la labor de Barrio Seguro con los cen-tros penitenciarios, bajo el entendido de que las personas que ingresan allí provienen mayoritariamente de los barrios.

El doctor Almeyda dijo que procuran unir esfuerzos para prevenir hechos delictivos en los barrios, y para la re-habilitación de los infractores en los centros penitenciarios.

Al acto asistieron todos los directores de los centros de reclusión del país, bajo la coordinación del director y su-pervisor de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez y Hen-ry Garrido. También, de Roberto San-

tana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria.

Internos penitenciarios de Salcedo trabajan en la producción de más de 300 tareas de plántanos, yuca y beren-jena, en una finca donde se aplica alta tecnología. En las instalaciones del centro ya opera un invernadero donde se cosechan productos de ciclos cortos como ajíes y tomates.

El recinto de Salcedo alberga 136 in-ternos, de los cuales 125 son hombres y 11 mujeres.

Con la puesta en funcionamiento del referido proyecto los internos tendrán la posibilidad de participar en la de-nominada “terapia ocupacional”, y así regresar a la sociedad con una menta-lidad diferente a la que tenían cuando entraron al sistema penitenciario.

Franklin Almeyda y Radhamés Jiménez Peña observan a un interno en plena faena, en un invernadero.

Secretario de Interior y Policía quedó impresionado con avances del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria implementado en el país


Historia, Desarrollo y Realidad de Salcedo en materia de Terapia Ocupacional PenitenciariaMartha Reyes

Directora recinto Juana Núñez, CCR [email protected]

En la provincia Hermanas Mirabal desde los años 90 se está trabajando en un amplio programa de reinserción socio la-boral, dentro del cual la Unidad de Salud Mental Comunitaria crea el programa de Apoyo Carcelario, que el 6 de octubre del año 2006 se convierte en el Consejo Provincial para la Re-forma Carcelaria y la Reinserción Sociolaboral de la Provincia Hermanas Mirabal.

El consejo integra tanto las representaciones locales del sec-tor público como numerosas instancias de la sociedad civil de nuestra provincia. El mismo está encabezado por nues-tro gobernador provincial, en el entendido que el problema carcelario no es un problema solamente de las autoridades propias del sector, sino un problema y una responsabilidad de toda nuestra sociedad..

El consejo surge con el objetivo general de mejorar la cali-dad de vida y favorecer la reinserción sociolaboral de las in-ternas e internos de la cárcel a través de la aplicación de la Reforma del Sistema Penitenciario a nivel local, en el marco de una amplia participación social, dentro del Plan Provincial de Desarrollo.

De manera específica, además de un trabajo permanente de monitoreo del proceso de pre-educación, se han imple-mentado diferentes proyectos de carácter productivo con el objetivo fundamental de preparar a los internos e internas para su reinserción social.

El trabajo, el pertenecer a un grupo productivo, el generar ingresos mínimos para las necesidades de sus familias y pro-pias promueve un mayor sentido de responsabilidad y, sobre todo, el descubrimiento de una dignidad de hombres y mu-jeres de bien.

Una propuesta, un proyecto, lo que estamos implementan-do que se fundamenta en un modelo social de carácter in-cluyente, donde el hecho de haber cometido un delito no debe constituirse en un estigma de por vida, afectando a las familias e impidiendo una inserción social productiva y pro-vechosa para toda la colectividad.

Esta propuesta cuenta con un equipo técnico multidisci-plinario compuesto por médico, psicólogas/os, psiquiatra, odontóloga, trabajador social, enfermera, educadores, ase-

sora jurídica, encargado de talleres, coordinador deportivo, secretaria y digitador.

Es importante señalar que existe la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, como establece la Ley 224-84 en su artículo 20, que se ocupa de discutir todo lo relativo al pro-ceso de reeducación de los (as) internos/as, la cual se reúne semanalmente.

Actualmente contamos con una población de 136 internos e internas, de los cuales 125 pertenecen al sexo masculino y 11 al sexo femenino, de estos, 63 son condenados y 73 pre-ventivos, el 48.5% (66) se encuentran involucrados en alguna actividad productiva por lo cual reciben un justo pago en el marco de las normas establecidas.

Franklin Almeyda, Mabel Féliz, Jaime David Fernández y Radhamés Jimé-nez observan butacas hechas por los internos. En la imágen de abajo, in-ternos tomando clases.


Dirección General de

Desde dentro y hacia fuera, pensando y trabajando por la condición humana, la vida y una nueva sociedad

PriSioneS

Desde su llegada, por segunda oportu-nidad al cargo de director de Prisiones, el mayor general Manuel de Jesús Pé-rez Sánchez ha sentado sus esfuerzos en hacer consenso con los actores que conforman el sistema penitenciario.

Pérez Sánchez retornó a prisiones lue-go de diez años de ausencia, teniendo como norte el buen funcionamiento, la pulcritud de sus actuaciones y mejores condiciones en los centros de reclu-sión, a partir de la creación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Los primeros pasos de Pérez Sánchez fueron poner en orden la casa, y para esto ha sido necesario empezar con una revolución institucional que va desde el más insignificante de los de-talles hasta la mayúscula de las situa-ciones.

La primera etapa de la presente ges-tión de la dirección de Prisiones abar-ca el contacto directo con el personal de todas las áreas de esa institución.

Junto a su equipo de trabajo, tuvo con-tacto con todos y cada uno de los en-cargados de áreas y los empleados.

Uno de los primeros encuentros en materializarse fue con el personal del área de salud, seguido por los encar-gados de seguridad, alcaides y demás personal que forman parte del sistema penitenciario.

En todos estos encuentros el incum-bete escuchó las necesidades del per-sonal, las carencias en cuanto a me-dicamentos, armamento, vehículos y material gastable.

En estas secciones de trabajo que abarcaron días enteros y que incluye-ron cursos talleres, el mayor general Pérez Sánchez aprovechó para trazar los lineamientos que en lo adelante regirán el quehacer del personal que labora para la Dirección General de Prisiones.

Se trazaron las pautas, se puso claro que las viejas prácticas de cobrar por ofrecer servicios a los internos esta-ban prohibidas en las instituciones pe-nitenciarias, y fue enfático en señalar que no se tolerarían maltratos a los in-ternos, así como el acceso de objetos y sustancias que estuvieran prohibidas por la Ley 224-84.

A las necesidades presentadas en es-tos encuentros se les ha ido dando respuesta en la medida en que se ha

LUISA MATOSEncargada de [email protected]

El director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, cuando era entrevistado al momento de recibir un lote de colchones para internos, por parte de la empresa Peynado Muebles, cuyo adminis-trador, Martín Paniagua Jiménez, figura a su lado.


comprobado la veracidad de las so-licitudes, así como han estado dispo-nibles y al alcance los materiales que han requerido los encargados de las diferentes áreas.

Encuentros con jueces

En lo que respecta a los encuentros que ha venido sosteniendo el direc-tor de Prisiones con personalidades e instituciones externas al Ministerio Público, podemos citar entre las más importantes, el realizado con el presi-dente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, y los sosteni-dos con los jueces de instrucción del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como con los de Ejecu-ción de la Pena.

Estos encuentros se realizaron los días 11 y 18 del pasado mes de septiembre en el edificio de la SCJ, los palacios de justicia del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo

En estas visitas de contacto, Pérez Sánchez procuró poner al tanto a los magistrados sobre el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” que se im-plementa en el país.

El director de Prisiones explicó los as-pectos más relevantes de este modelo, manifestando a los jueces la necesidad de trabajar en conjunto para que fuera una realidad, a nivel nacional, el mo-delo que la Procuraduría General de la República instaura en las instituciones penitenciarias.

De su lado, los jueces aprovecharon la oportunidad para revelar los princi-pales problemas que enfrentan al mo-mento de impartir justicia.

Pérez Sánchez y los magistrados se pusieron de acuerdo en la necesidad de que existiera una comunicación permanente entre ambos, y quedó establecido que en lo adelante esta comunicación se hará a través del ser-vicio de Internet, al igual que a través del doctor Carlos Guerrero, consultor jurídico de Prisiones.

Encuentro con la Iglesia

Los días transcurren entre afanes, en-tradas y salidas del director general de Prisiones, y en ellas un nuevo encuen-

tro se efectúa. En esta oportunidad con fray Arístides Jiménez Richardson, director ejecutivo del Patronato Peni-tenciario.

En esta reunión el funcionario tam-bién presentó su nuevo esquema de trabajo basado en el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”.

El representante de la Iglesia Católica aprovechó la reunión para informar sobre la realización en el país de un encuentro de representantes de dió-cesis de toda Latinoamérica, que se llevará a cabo en el próximo mes de noviembre.

De inmediato, la Dirección de Prisio-nes y de la Pastoral Penitenciaria se cruzaron informaciones sobre activi-dades y planes de trabajo para el fu-turo.

Encuentro con Legisladores

En la búsqueda de consenso en el as-pecto financiero, el director general de Prisiones visitó el bloque de senado-res del partido oficialista, a solicitud del senador Prims Pujals.

A los senadores del Partido de la Libe-ración Dominicana, el general Pérez Sánchez también presentó las expec-tativas que tiene la Procuraduría Ge-neral de la República y la Dirección de

Prisiones para humanizar, adecentar y ayudar a establecer un cambio a lo interno del sistema penitenciario, de forma tal, que las cárceles dejen de ser un cementerio de hombres y mujeres vivos, y pasen a ser un verdadero lugar de rehabilitación.

Los senadores participantes en el en-cuentro estuvieron de acuerdo con las explicaciones del mayor general Pérez Sánchez y manifestaron su respaldo a las iniciativas que se ejecutan, así como a la necesidad de que Prisiones pueda tener un mayor presupuesto para ejecutar dichos planes.

Encuentro con Roberto Salcedo

Con el alcalde del Distrito Nacional el director de Prisiones acordó dejar iniciado un plan piloto de clasificación de los desechos sólidos (reciclaje) de la basura desde las instituciones peni-tenciarias de La Victoria y Najayo.

Según informó Roberto Salcedo, el ayuntamiento tiene en proyecto poner en ejecución el reciclaje de la basura por primera vez en el país, y dijo que empezar por las instituciones peni-tenciarias como una buena forma de educar a los internos para que éstos a su vez transmitan a sus familiares el novedoso método.

Alcaides y encargados de CCR’s quienes asistieron al encuentro con el director de Prisiones.


Haber obtenido más de 20 sentencias condenatorias y tener cientos de casos abiertos en los tribunales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domin-go, es la carta de presentación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, un proyecto puesto en marcha en noviem-bre del pasado año, por la Procuradu-ría General de la República para uso de las personas de escasos recursos que reclaman justicia.

De esta forma, el Ministerio Público ha llevado tranquilidad a personas vícti-mas de violaciones sexuales, atracos o con algún pariente asesinado, quienes no pueden pagar los servicios de un abogado privado que los represente, afirmó la directora de la oficina, María Hernández.

“Gracias a esta oficina se rompió la tra-dición existente en el país, establecida en el Código Procesal Penal, de que sólo los imputados de un crimen te-nían derecho a la asistencia legal”, dijo Hernández.

Definió la Unidad de Atención a la Víc-tima, integrada en la actualidad por 16 abogados y un trabajador social, como un proyecto innovador que ha llenado un vacío existente en el Código Proce-sal Penal. “El procurador Radhamés Jiménez ha mostrado preocupación porque haya igualdad durante el pro-ceso y que las víctimas sean tratadas como tal”.

Dijo que las sentencias condenatorias obtenidas contra agresores en casos penales han permitido que las vícti-mas se sientan representadas durante el proceso, y que sigan confiando en la administración de justicia.

“Cuando las víctimas vienen aquí en-cuentran consuelo, una representa-ción legal que la orienta y anima a se-

guir el camino de la justicia sin tener que pagar un centavo”, dijo.

Explicó que las personas que con ma-yor frecuencia acuden en busca de servicios son aquellas a quienes le han asesinado algún familiar, así como víctimas de robos, atracos, violencia intrafamiliar y abuso sexual.

“Las víctimas, que fueron dejadas un poco de lado en el Código Procesal Pe-nal, merecen de la asistencia profesio-nal y gratuita al igual que los imputa-dos”, sostuvo Hernández.

Exhortó a los ciudadanos que hayan sido afectados por la delincuencia y necesiten asistencia legal, acudir a sus instalaciones ubicadas en la calle Doc-tor Báez, número 16-altos, casi esqui-na César Nicolás Penson, en el sector de Gazcue.

La unidad cuenta con el número de te-léfono 809-686-6677, donde pueden solicitar la asistencia y orientaciones necesarias en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Modificación Código

A juicio de la magistrada Hernández, varios artículos del Código Procesal deben ser modificados cuanto antes, principalmente el 151, a los fines de extender el término del proceso y la prisión preventiva de un año a dos.

Explicó que muchos abogados se de-dican a retrasar los procesos para que los expedientes “se caigan”, razón por la que es indispensable que se extien-dan los procesos.

Manifestó que esta situación ha saca-do casos de la justicia y que delincuen-tes salgan beneficiados, dando paso a la impunidad.

“El código establece que el prevenido tiene derecho a tres abogados, mien-tras que a las víctimas sólo se le per-mite un defensor. Si un prevenido fal-ta a la audiencia se aplaza el proceso, pero si es la víctima que no asiste la situación es diferente”, dijo la magis-trada Hernández.

Servicio gratuito

Las víctimas de violencia, atracos y violaciones sexuales son asistidas de manera gratuita, siempre y cuando no puedan pagar los servicios de un abo-gado privado.

Diariamente acuden a la Oficina Na-cional de Representación Legal de la Víctima un promedio de ocho perso-nas en procura de servicios.

Las víctimas son asistidas en pre-sentación de querella y constitución en parte civil, acusación, medidas de coerción, revisión de medidas, cese de prisión preventiva, investigación de casos, audiencias preliminares, au-diencia de fondo y autos de apertura a juicio, entre otros.

Oficina Representación Legal de Derechos de Víctima logra más de 20 sentencias condenatoriasTiene cientos de casos abiertos en los tribunales del DN y la provincia SD

María Hernández, directora de la Oficina.


ORIENTACIONES DE LA AIAMP EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS

VICTIMAS Y TESTIGOSDOCUMENTO PRESENTADO EN LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN IBERO AMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS (AIAMP)

La Asociación Iberoamericana de Mi-nisterios Públicos (AIAMP), reunida en Lima los días 1 y 2 de diciembre de 2005, acordó a través de su Comisión Técnica el diseño de un Plan de Traba-jo para el período 2006 a 2010, en el que se definió como tema propuesto para el año 2007 “la protección de víc-timas y testigos”. De conformidad con esta decisión se realizó en Madrid del 24 al 25 de octubre de 2007, luego de la XV Asamblea de la Asociación, un seminario denominado “Protección de víctimas y testigos. El papel del Ministerio Fiscal”, organizado por la Asociación, el Ministerio Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la co-organización de Eurosocial y la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), evento en el que par-ticiparon 80 fiscales procedentes de los distintos países iberoamericanos.

Habida cuenta de la extraordinaria re-levancia del tema objeto del seminario, se acordó que el estudio y tratamiento del papel del Ministerio Público res-pecto a la protección de estos dos in-tervinientes en el proceso penal, no se agotaría con el desarrollo del semina-rio sino que, conforme al Plan de Tra-bajo Bianual presentado por el Presi-dente en la Asamblea, fuera este tema el primer objeto de tratamiento en las comisiones de trabajo previstas en el

Art. 21 de los estatutos aprobados en la Asamblea de Madrid. Las comisio-nes se constituyeron separadamente;

la primera para abordar la protec-ción de las víctimas, y la segunda para afrontar la protección de los testigos.


Cada una de ellas se integró por ocho miembros propuestos por los fiscales generales, procedentes de distintos países, procurando así la mayor plura-lidad posible y con la participación de ONUDD en la comisión que realizó el estudio respecto a los testigos.

El resultado de las comisiones que fi-nalizaron su trabajo en una reunión celebrada del 16 al 18 de junio de 2008 en Santiago de Chile, se presenta en dos formatos y capítulos diferentes pero con un mismo objetivo, cual es la adopción por la Asociación de un com-promiso interno y público respecto a las orientaciones que deben perfilar la actuación tuitiva de los fiscales ibero-americanos respecto a ambos sujetos o actores del proceso, indudablemente merecedores de nuestra protección.

Partiendo que los objetivos de la pro-tección de víctimas y testigos no son exactamente coincidentes y que en relación a la protección de testigos se han elaborado ya completísimos do-cumentos por parte de la ONUDD, las orientaciones diseñadas en uno y otro documento presentan características diferentes.

Con todo, los dos documentos tienen por finalidad orientar las decisiones de los ministerios públicos ibero-americanos en relación con su orga-nización interna y su actividad para alcanzar una meta que se resume en el fortalecimiento de los derechos de víctimas y testigos. La idea es que den-tro de nuestras posibilidades de ac-tuación como fiscales, contribuyamos a que los derechos universalmente reconocidos a víctimas y testigos sean reales y efectivos.

Por ello, el contenido de estos dos documentos presentan recomenda-ciones muy concretas dirigidas esen-cialmente a los fiscales generales, para que promuevan dentro de las insti-tuciones que dirigen las condiciones para que la protección merecida por las víctimas y los testigos pueda ser prestada en la forma indicada.

La AIAMP es consciente de que la pro-moción de una efectiva mejora en el tratamiento de las víctimas y los tes-tigos no se agota con el tratamiento que puedan proporcionar las Fisca-

lías, sino que se trata de una respon-sabilidad transversal que involucra a otras instituciones. En este sentido, el compromiso de la Asociación será difundir estas orientaciones, que ade-más recogen los principios plasmados en las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas vulnera-bles. Con el apoyo de Eurosocial, una vez que estos documentos hayan sido aprobados, su contenido será editado y remitido a las principales redes que trabajan en la administración de justi-cia en el ámbito iberoamericano, con el fin de que puedan ser asumidas en lo que les atañe, y completadas con las obligaciones que concretamente les puedan corresponder a los colectivos implicados en el tratamiento de estos sujetos.

CAPITULO PRIMERO

Tratamiento de las víctimas Consideraciones previas

Este trabajo supone cooperar en un objetivo común a través de un lengua-je compartido, aún cuando se parta de realidades bien diversas y de opciones legislativas y organizativas distintas, fundadas en la soberanía de los dife-rentes Estados para conformar sus sistemas jurídicos y sus organizacio-nes de servicio al ciudadano.

Esto no obstante, una comunidad de cultura nos lleva a explotar una diver-sidad de experiencias para mejorar las distintas soluciones que se plantean nuestros ministerios públicos de cara a brindar adecuada protección a las víctimas del delito. La protección y la

reparación a las víctimas se ha con-vertido en todos los ordenamientos en una cuestión de interés general, no privativa o exclusiva de las víctimas, sino que concierne a toda la sociedad.

No se olvida que las desiguales opcio-nes legislativas obligan a soluciones bien diferenciadas, sin obviar el hecho de que en todos los Estados subyace una realidad común: la víctima de un delito que se encuentra con un siste-ma de administración de justicia ante el que expone un interés subjetivo re-conocido, no una mera expectativa.

Se declara la intención de que las po-líticas de cooperación hacia los más desfavorecidos incidan en el hecho de facilitarles el acceso a unos estándares mínimos bajo un criterio de bienes escasos, mayor rentabilidad y mayor economía en el apoyo que pueda dar-se.

Se recuerda asimismo, la importancia y vigencia de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abu-so de poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Na-ciones Unidas en su resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985, la cual contiene principios básicos sobre el concepto de víctimas, su acceso a la justicia y a un trato justo, su resarci-miento e indemnización y su asisten-cia.

1. Delimitación del concepto de víctima

Los sistemas jurídicos y las estructuras en las que actúa el Ministerio Público no pueden conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal al sujeto pasivo de una conducta delictiva. La realidad del delito genera la existencia de víctimas directas e indirectas, pa-sando a serlo cualquier afectado por su comisión. En definitiva, víctima es cualquier persona que ha sufrido me-noscabo en sus derechos como conse-cuencia de un delito.

Ello tiene varias consecuen-cias:

1. La existencia de varias clases de víc-timas supone distintos tipos de riesgo y necesidad de protección, lo que de-


termina que tengan un papel distinto tanto en la fase de investigación como durante la tramitación del proceso, con expectativas diferenciadas ante el Ministerio Público, que debe adaptar su intervención y su relación con ellas a esas diferencias.

El Ministerio Público aborda su rela-ción con las víctimas bajo un princi-pio de discriminación positiva, funda-da en el grado de vulnerabilidad; esa vulnerabilidad viene esencialmente determinada por el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia, y el perfil psi-cológico, anímico, económico y social de la víctima. Con esos parámetros, el Ministerio Público adecuará la forma e intensidad de su intervención.

2.- Los ministerios públicos, según su propio marco legislativo sustantivo y procesal, así como en el ámbito de las funciones que institucionalmente se les encomiendan, deben promover la creación de mecanismos de atención a las víctimas que permitan, como

mínimo, responder a los siguientes requisitos:

A) Tener un diagnóstico sobre el gra-do de asistencia y protección que la víctima necesita.

B) Sentar unas bases de comunica-ción con ella para recibir y trasladarle los mensajes que se refieren en apar-tados posteriores.

C) En el marco de las atribuciones funcionales que legalmente corres-pondan al Ministerio Público, hacer más eficaz la intervención de la vícti-ma en el proceso, la del propio fiscal y la posibilidad de reparar los efectos del delito.

D) Establecer mecanismos de comu-nicación con los diferentes interlocu-tores que en cada estructura nacional se implican en la atención a las vícti-mas, a fin de conocer su actividad y colaborar en que ésta sea más eficaz.

E) Fijar sencillos protocolos de ac-tuación que informen la interven-ción de otros interlocutores (policías,

servicios de asistencia sanitaria y no sanitaria, organizaciones no guber-namentales, etc.) y la propia de los miembros del Ministerio Público, a fin de que todos estos dispensen un tratamiento homogéneo a las vícti-mas en cualquier lugar del territorio.

G) Establecer un mecanismo de in-formación y estadística que registre la actuación del Ministerio Público en este sentido, a fin de conocer la inter-vención que se esté llevando a cabo, su evolución y ciertos indicadores que permitan evaluar la incidencia y calidad de esa intervención.

H) Según el papel que el Ministerio Público tiene en la investigación, den-tro de los distintos sistemas proce-sales se plantea la necesidad de que los equipos de atención a las víctimas sean multidisciplinares, con una im-plantación acorde a las necesidades y posibilidades económicas de cada sistema.

I) La estructura de atención debe cuidar el hecho de no perturbar ni la objetividad ni la imparcialidad de la institución a través de la alteración de la puridad del testimonio de la vícti-ma dentro del procedimiento. En tal sentido, sería recomendable que los servicios de atención a las víctimas se encuentren a cargo de oficinas o de-pendencias estatales no directamen-te vinculadas al Ministerio Público, o –en aquellos ordenamientos en que sí están integrados en la Fiscalía- no mantengan relación de jerarquía o dependencia respecto al fiscal ac-tuante en el proceso.

2. Sistemas de información a las vícti-mas: el derecho a la información como principio y su articulación efectiva.

El Ministerio Público debe velar por-que la víctima sea informada de ma-nera inteligible acerca de los siguien-tes extremos:

1.- Su condición de víctima.

2.- Sus derechos como víctima, así como la manera en que puede hacer-los efectivos.

3.- El papel que el Ministerio Público juega como institución y dentro del proceso para que esos derechos sean


efectivos. El papel que puedan jugar a tales fines otras instituciones u orga-nizaciones.

4.- Las vías que tiene para formular denuncia o las consecuencias de no formalizarla, así como el papel que podrá desempeñar en los distintos procesos judiciales.

5.- El marco de seguridad y de asis-tencia de que puede disponer, en fun-ción de sus necesidades concretas.

Cada sistema otorga una posición dis-tinta al Ministerio Público para definir el momento en que se produce el pri-mer contacto con la víctima. Por regla general, ese primer encuentro está llamado a producirse en cualquiera de las siguientes ubicaciones:

Centros policiales.• Centros sanitarios.• Centros donde se desarrolla la • administración de justicia.Organizaciones no gubernamen-• talesCentros educativos• En cualesquiera instituciones pú-• blicas o privadas que conocen o pueden conocer hechos de esta naturaleza.

Sea cual sea la realidad de cada Esta-do, el Ministerio Público debe velar porque el conocimiento y la informa-ción sean efectivos, para lo cual, en su caso, impulsará la elaboración de protocolos de actuación con los dife-rentes interlocutores, según proceda. Cada Estado debe disponer, de esta forma, adaptada a su sistema jurídico y a sus posibilidades materiales, de una auténtica red de información y asistencia. La información que se faci-lite en los establecimientos referidos se amoldará esencialmente a los pa-rámetros antes citados. En el caso de que las personas ubicadas en dichos centros tengan obligación de poner en conocimiento de las autoridades la noticia del hecho presuntamente delictivo, así se lo harán saber a la víc-tima.

Sin dejar a un lado las necesidades procesales que el Ministerio Público puede tener en su relación con la víc-tima como objeto del procedimiento, la naturaleza de la información que se

le facilite primeramente a ésta debe hacer el mayor hincapié en el hecho de que se considere primordialmente sujeto de derechos, teniendo especial-mente presente que el Ministerio Pú-blico, en su calidad de representante de los intereses generales, es también, en el proceso penal, representante de la sociedad como víctima genérica de todo hecho delictivo.

3. Seguridad de las víctimas: proto-colos de actuación e instrumentos de seguridad

Salvo en casos excepcionales en que el sistema adscribe al Ministerio Público medios personales y materiales en tal sentido, no le corresponde la dispen-sa directa de un entorno de seguridad a la víctima. El Ministerio Público puede llegar a detectar las condicio-nes del entorno de la víctima y hacer que otras instituciones del Estado le dispensen esa seguridad, lo que será prioritario en su actuación.

En cualquier caso, el Ministerio Públi-co debe estar dotado de legitimación procesal o autoridad para instar de los órganos de la administración de justicia o de la Policía la puesta en

marcha de mecanismos de seguridad.

Procesalmente, se considera útil la ar-ticulación de medidas cautelares o de seguridad durante el transcurso del proceso o después que éste finalice con la declaración del hecho delictivo y la responsabilidad de su autor.

Adaptadas a la realidad de cada Es-tado y sus posibilidades de hacerlas efectivas, se proponen medidas que prohíban la comunicación del im-putado y su entorno con la víctima, restrinjan la presencia de entornos hostiles en un círculo de seguridad u obliguen a conocer la localización de las personas peligrosas. La tecnología puede ofrecer hoy posibilidades de coste limitado para el control efec-tivo de estas medidas, lo que podría ser, en su caso, objeto de programas de apoyo institucional a brindar por entidades ad hoc. En cualquier caso, la Policía debe tener puntual conoci-miento de la existencia de la medida para su control o para propiciar una respuesta rápida y eficaz ante su eventual quebrantamiento.


Para adaptarse a las realidades de cada caso, los Estados deben crear redes de ayuda fundadas en orga-nizaciones gubernamentales o no gubernamentales, con las cuales los ministerios públicos pueden llegar a suscribir los correspondientes pro-tocolos de colaboración que guíen su actuación.

El Ministerio Público está obligado a llevar a cabo su actuación de forma que no comprometa innecesariamen-te la seguridad de la víctima, para lo cual valorará el alto contenido que tienen su intimidad e identidad. Quie-nes se hallan encargados de gestionar y ejecutar las políticas de comunica-ción del Ministerio Público serán ex-presamente instruidos sobre la nece-sidad de equilibrar adecuadamente ambos valores. En cualquier caso, en este tipo de actuaciones debe enten-derse que la intimidad y la seguridad de la víctima están encomendadas al Ministerio Público, que debe velar por su preservación.

4. Formación de operadores en ma-teria de protección de víctimas: ám-bitos en los que debe incidir la labor de formación y especialización de la misma.

El Ministerio Público tiene como obli-gación la formación de cuanto per-sonal trabaja en sus sedes y oficinas para que conozcan los siguientes ex-tremos:

Sistema legal de protección de • víctimas.

Red asistencial y de seguridad • ajena a la propia institución.

Habilidades de trato mínimas con • las víctimas.

Desde la premisa de que el Ministe-rio Público está obligado a informar y a tratar con la víctima evitando ser un motivo más de victimización, se describirá un código de mínimos que será adecuadamente difundido entre sus miembros, revisándose su cum-plimiento efectivo.

Fuera de este ámbito, la formación de otros protagonistas implicados no es competencia propia del Ministerio Público, no obstante, debe darse una adecuada concertación y cooperación con ellos para formar y mejorar sus servicios, fundamentalmente a través de la instrucción de formadores y la colaboración en la redacción de los textos a divulgar.

5. Rol de la víctima durante el proce-so: estatuto de la víctima y pautas de actuación.

A los efectos que aquí se contemplan, se entiende por proceso el conjunto de actuaciones que se desarrollan desde que llega la noticia del hecho que define a la víctima como tal, has-ta que se terminan de ejecutar las consecuencias jurídicas del eventual delito. Se comprenden, por tanto, las fases de investigación, enjuiciamiento y ejecución.

La víctima tiene derecho a vivir el ci-clo del proceso en un clima sin presión para que pueda ejercitar los derechos que surgen de la nueva situación, res-ponder adecuadamente a sus obliga-ciones para la mejor administración

de justicia y para que no se produzca un proceso de revictimización que entorpezca la recuperación.

El estatuto de la víctima durante el proceso se concreta en los siguientes postulados:

a) Tiene derecho a ser oída y a parti-cipar en la fase de investigación, pro-porcionando pruebas e informando de las consecuencias del delito en tér-minos respetuosos con su dignidad e intimidad.

Debe extremarse el cuidado para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en cua-lesquiera dependencia a la espera de la práctica de cualquier actuación.

La investigación no debe alterar la se-guridad de la víctima y a lo largo de la misma debe valorarse la posible práctica de actuaciones de prueba an-ticipada para que, con garantía para todas las partes, se evite que el pro-ceso, en su desarrollo, se convierta en causa de victimización secundaria o suponga un factor de presión sobre la víctima que le pueda llevar a abando-nar el libre ejercicio de sus derechos.

La víctima tiene derecho a ser infor-mada del curso de la investigación en términos que no entorpezcan la eficacia y fin de la misma. Con inde-pendencia del sistema vigente en cada Estado, no debe descartarse la posibilidad de que la víctima tenga vías para aportar nuevos medios de conocimiento.

b) Con independencia del sistema vi-gente en cada Estado, la víctima tiene derecho a conocer el curso de las ac-tuaciones, accediendo a las informa-ciones y resoluciones procesales y, en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguri-dad e intereses.

c) La víctima tiene derecho a enten-der el contenido del proceso según sus condiciones personales de lengua y cultura, para lo cual en cada caso se utilizará con ella una comunicación ajustada a tales parámetros, renun-ciando a conceptos jurídicos innece-sarios.

El Ministerio Público asume el uso de


un lenguaje alternativo para su comu-nicación con las víctimas discapacita-das, para lo cual concertará con las or-ganizaciones públicas o privadas que están involucradas en la integración de estos colectivos la capacitación y recíproca asistencia.

d) La víctima tiene derecho a interve-nir en el proceso en la forma que cada legislación determine, sin que ello su-ponga un coste que no pueda asumir o que ese coste impida esa interven-ción, suponiendo por tanto un factor de impunidad.

Dentro del respeto a las garantías pro-cesales de todas las partes, se iniciará el estudio sobre el uso de aquellas tecnologías asumibles por cada Esta-do y que faciliten la disponibilidad de la intervención de la víctima al menor coste y con la menor onerosidad.

Allí donde pueda ser necesario, se fi-jará como objetivo posible de las po-líticas de cooperación, la creación de redes que coadyuven en ello.

e) La intervención de la víctima en el proceso no puede suponer un riesgo para su seguridad personal ni para su familia. La publicidad del proceso debe convivir con la reserva y confi-dencialidad necesarias a tales fines, con un control interno de los medios de investigación y del propio proceso para evitar fugas de datos.

f) La existencia de sistemas proce-sales diversos hace que en este mo-mento no se puedan predicar, de una manera uniforme, principios comu-nes para abordar la intervención de la víctima en el momento mismo del juicio. Allí donde tal intervención se dé, ésta, acatando las garantías proce-sales de todas las partes, se llevará a cabo de forma respetuosa con la vícti-ma para evitar consecuencias victimi-zantes o que tal momento provoque que la misma pueda incluso abdicar de sus derechos para evitar la presión del momento.

g) También cabe predicar un rol de obligaciones para la víctima. La víc-tima tiene la opción de denunciar los hechos desde un marco de libertad de elección. Una vez que el proceso tie-ne inicio y en un entorno de garantías

y un clima favorable, la víctima está obligada a ser veraz y a colaborar con el Ministerio Público para el esclare-cimiento de los hechos y la sanción de sus responsables.

6. Compensación de las vícti-mas: elementos a compensar, mecanismos de compensación y sistemas jurídicos.

Conviven en el área sistemas proce-sales diversos y marcos bien distintos en cuanto a las funciones que se les encomiendan a los ministerios públi-cos en esta materia.

El delito puede acarrear lesiones y se-cuelas físicas y psíquicas, daños ma-teriales, gastos, pérdida de ingresos y daños morales que, fundamentalmen-te, afectan la intimidad personal o se traducen en procesos de ansiedad o de reducción del disfrute vital.

Desde un concepto amplio de víctima, tales aspectos pueden afectar tanto a la víctima como a su entorno, no nece-sariamente unido a ella por lazos fa-miliares. Sin embargo, hay una cierta disparidad sobre la forma y momento para el ejercicio de las acciones civil y penal, y en ocasiones, ni siquiera es competencia del Ministerio Público velar porque la reintegración se lleve a cabo en esos términos.

Con respecto a esa diversidad jurídi-ca, sí cabe predicar que el Ministerio Público, con carácter general, puede asumir tareas concretas en determi-nados ámbitos:

La información a la víctima sobre • las vías de reparación.

Propiciar acuerdos de reparación • y de mediación, utilizando para potenciarlos las vías que prevé cada legislación, como, por ejem-plo, suspensión de procedimien-tos, rebajas en la petición de pena o suspensión de condenas.

Sin que ello signifique posicionarse decisivamente por la mediación como modo de resolver el conflicto penal, se entiende que –en el caso de la protec-ción de la víctima- puede resultar una vía que contemple adecuadamente sus aspiraciones de resarcimiento.

La existencia del delito y de unos ciu-

dadanos perjudicados por el mismo debe ser vista, cada vez más, como un déficit en el estado de protección social, que a todos debe dispensar-se; sin embargo, no cabe quedarse en valorar todo hecho delictivo como un defectuoso servicio del Estado en su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, sino que debe ha-cerse hincapié en la progresiva crea-ción de mecanismos de solidaridad social para ir instaurando sistemas en que la contribución de todos ayu-de a desarrollar mecanismos de caja de compensación para brindar cierto grado de reparación a determinadas víctimas.

Cada país, atendiendo a sus posibili-dades presupuestarias y a su concre-ta sensibilidad, establece sus propias prioridades por las que el Estado des-empeña una iniciativa propia en la compensación de la víctima. Se trata de medidas administrativas, en prin-cipio desligadas del proceso penal aunque con referencia en el mismo.

El Ministerio Público debe tener pun-tual conocimiento de estas medidas, integrarlas, en su caso, en la informa-ción que debe facilitar a las víctimas y, finalmente, desempeñar un papel activo en los mecanismos por los que, aún en vía administrativa, se conce-den estas indemnizaciones.

7. Especial referencia a las víc-timas de los delitos de trata de personas

La trata de personas afecta tanto a mujeres como a hombres, tanto a ma-yores como a niños y adolescentes. La finalidad es la explotación de la per-sona. Supone la cosificación de la per-sona y la abolición de su libertad. La explotación se concreta fundamental-mente en la obtención de un beneficio a partir de su utilización sexual como mano de obra, e incluso su cuerpo como mercancía. El ámbito del área conoce cada vez más la problemática derivada del denominado “turismo sexual”.

Se observan ciertas deficiencias le-gislativas, productoras de vacíos, en la definición delictiva de conductas referidas al tráfico ilegal de mano de obra y al empleo de menores a tal fin.


Debe deslindarse adecuadamente, con respeto a los principios de espe-cialidad y proporcionalidad, el ilícito administrativo del ilícito penal.

La víctima de estos delitos se carac-teriza muchas veces por su resisten-cia al contacto con las instituciones, siendo remisa a confiarles tanto el hecho como su persecución, así como a implicarse en un proceso de recu-peración personal dirigido institu-cionalmente. En muchas ocasiones, la víctima es extraída de su entorno, con serias dificultades de recolocación, ya que a ello se suma, en no pocas oca-siones, la existencia de situaciones de ilegalidad sobre su presencia en el país. La opción de retorno de las víc-timas se ve, finalmente, obstaculizada tanto por motivos de seguridad en el mismo como por su mera ejecución material.

El Ministerio Público debe asumir la presencia de estas víctimas en el pro-ceso, valorando tanto su escasa pre-disposición a la colaboración como la fugacidad de su disponibilidad, por lo que debe articular oportunos meca-nismos de prueba preconstituida con plenas garantías para todas las partes a fin de que la persecución penal de la conducta sea eficaz, la víctima no sea sometida a procesos de revictimiza-ción, y la propia dilación y reiteración de actuaciones suponga tanto un ries-go para su seguridad como un riesgo de ineficacia para el propio proceso.

Es decisiva tanto la colaboración ex-terna que se puede obtener de toda una estructura de organizaciones no gubernamentales como la institucio-nal, de entidades como la Organiza-ción Internacional de Migraciones.

8.- Especial referencia a las víctimas de violencia familiar o doméstica

El Ministerio Público tiene que va-lorar, especialmente, los siguientes factores en la consideración de esta víctima:

1. El hecho de que se parta de una relación entre el agresor y la víctima es un factor que decisivamente tiñe todo el procedimiento y cuantas ac-tuaciones y valoraciones se hagan. La

víctima se sitúa en una especial rela-ción de vulnerabilidad, pueden existir lazos emocionales muy fuertes con su agresor y, en no pocas ocasiones, una natural resistencia a hacer públicos los hechos acaecidos. A la hora de asu-mir los mecanismos de protección, se desenvuelven muchas veces de forma contradictoria respecto al estereoti-pado esquema que define las relacio-nes entre el agresor y la víctima.

2. Con prudencia ante cualesquiera excesos e instrumentalizaciones, el Ministerio Público, como los demás operadores, debe asumir una espe-cial sensibilización tanto por el hecho de la extensión del problema, entron-cado negativamente en la cultura de nuestras sociedades, como por el he-cho de que en este tipo de delitos se

vuelve dificultoso medir el real riesgo para la seguridad de la víctima, el cual resulta imprevisible e incontrolable. Ello hace que el nivel de actuación del Ministerio Público y del aparato de justicia se torne inseguro.

Como medidas concretas se propone:

La sensibilización de todos los 1. interlocutores a través del diseño de protocolos de actuación, fun-damentalmente dirigidos a po-licía y asistentes sanitarios y no sanitarios.

El trabajo coordinado con las re-2. des sociales ocupadas de la cues-tión.

Adaptado a cada país y asumien-3.

PROTECCION DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS SEGUN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene una serie de provisiones sobre los derechos y los intereses de las víctimas. El preámbulo del estatuto enmarca este tema al resaltar que “du-rante este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inimaginables que golpean fuertemen-te la conciencia de la humanidad”.

La CPI empezó con una fuerte base teórica, y también con el antecedente de la experiencia práctica del trabajo de los tribu-nales ad hoc, para construir mecanismos apropiados de pro-tección a víctimas y testigos y proveerlos de asistencia durante las, a veces, difíciles presentaciones que deberán realizar ante la CPI. Se han incluido en el estatuto de Roma medidas para la protección de víctimas y testigos, el derecho a la participación de víctimas en los procesos y a las reparaciones, medidas que actualmente están siendo implementadas por los diferentes ór-ganos de la CPI.

Por primera vez en la historia de las jurisdicciones penales inter-nacionales, los derechos de las víctimas se ven expresados en el contexto de la responsabilidad penal individual. En muchos aspectos, el hecho de que exista actualmente un pequeño des-acuerdo sobre estos temas particulares demuestra cuan lejos ha llegado el debate. Finalmente los Estados que cooperarán con la Corte deberán afirmar los derechos de las víctimas en sus ordenamientos internos.


do las dificultades ya apuntadas, la definición de indicadores que permitan a los fiscales y a los pro-fesionales que con ellos trabajan, detectar y valorar el riesgo, así como su eventual extensión a otros miembros del entorno.

Evitar cualquier demora en el 4. trámite desde que el hecho acon-tece hasta que se comienzan a ejecutar las competencias del Mi-nisterio Público, ya que en pocos delitos como en éste esa demora destruye las posibilidades de ac-tuación, de investigación proce-sal y aumentan sin control los riesgos sobre la víctima.

La audiencia de la víctima cobra 5. especial importancia tanto para que tenga inequívoca constancia de la trascendencia y consecuen-cias del proceso como para que valore la idoneidad de la batería de medidas cautelares de protec-ción que se le puedan dispensar.

Es importante mantener un con-6. trol estadístico vinculado a la identidad de las personas que protagonizan estos hechos. Se trata de episodios en los que la reiteración supone un elemen-to esencial para valorar tanto la trascendencia de las conductas como la situación de riesgo. Es ésta un área en la que pueden materializarse políticas de cola-boración para dotar de estruc-turas estables a los Estados más desfavorecidos.

9) Especial referencia a los ni-ños y adolescentes como vícti-mas

Los niños y adolescentes son víctimas definidas por la más alta vulnerabili-dad, la cual viene dada tanto por su propia condición como por el hecho de que en muchas ocasiones es su propio entorno el que acoge la pro-ducción del delito.

Tales circunstancias llevan precisa-mente a una alta cifra de impunidad. El eventual entorno en el que se ges-ta esta delincuencia ejerce un férreo control sobre la víctima, impedida para percibir la realidad del delito,

colaborar en su denuncia o descubri-miento, y moverse con cierta libertad durante el proceso de investigación y represión. Además, en muchas oca-siones, las medidas de tratamiento y reparación suponen la separación de un entorno que, a pesar del delito, ha venido siendo el natural del sujeto, por lo que la reparación supondría una desubicación y la construcción de un entorno de acogida completa-mente nuevo.

En materia de víctimas menores de edad, deben tenerse muy especial-mente en cuenta las directrices conte-nidas en el documento “Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Deli-tos”, adoptadas por la Oficina para los Derechos del Niño (Canadá, 2003).

La participación del menor en el pro-ceso se caracteriza por varios facto-res:

1. La desacreditación de la víctima como tal, ya que es un mundo de adultos el que enjuicia el hecho con riesgo de caer en el fácil recurso de justificar los hechos por la inventiva o la pretendida instrumentalización de la víctima. Este proceso acaba produ-ciendo una revictimización y, en cier-ta medida, una destrucción o deterio-ro del sujeto.

2. La propia instrumentalización del menor víctima por personas de su en-torno, lo que, finalmente, lleva a una auténtica desacreditación de la vícti-ma.

3. Toda la participación del menor debe abordarse desde una premisa de máximas cautelas, con salvaguarda de su identidad, imagen e intimidad. El

ineludible testimonio del menor y su necesaria contradicción para hacerlo servir como prueba debe ejecutarse evitando cualquier riesgo de victimi-zación secundaria, para lo cual debe-rían darse las siguientes cautelas:

- Acompañamiento del menor por persona vinculada familiarmente idó-nea para ello o, en su caso, profesio-nal cualificado.

- Explicación clara y en términos idó-neos a su circunstancia, sobre la nece-sidad de la actuación.

- Dirección del interrogatorio por profesional especialmente entrenado en el tratamiento con menores.

- Evitación de cualquier visualización o enfrentamiento material con cua-lesquiera otras personas implicadas en el procedimiento, especialmente el imputado.

- Adecuación de las circunstancias de lugar y tiempo de la diligencia para evitar cualquier entorno hostil.

- Utilización del menor bajo un prin-cipio de excepcionalidad, procurando que sea un mínimo de veces (con ten-dencia hacia la vez única) aquél en que el menor sea interlocutor de cuales-quiera actuaciones de investigación o procesales. Los procedimientos en los que estén implicados menores deben estar afectados por términos de cele-ridad para que el menor no tenga que soportar la pendencia y la tensión que ello supone, pudiendo iniciarse cuanto antes las actuaciones de rein-tegración personal y psicológica.

4. El hecho de que el menor se vea involucrado como víctima en una


conducta delictiva puede suponer la necesidad de poner en marcha otras instituciones jurídicas a través de procesos judiciales, debe procurarse que ello se lleve a cabo con la mayor concentración posible, evitando radi-calmente que pueda tener cualquier percepción de un peregrinaje juris-diccional o una idea de pendencia, con la consiguiente inseguridad y an-gustia.

Merece un especial tratamiento el caso del menor víctima de la delin-cuencia que ejecutan otros menores. Para el menor supone un sentimien-to de angustia añadido el que otros pares le hayan hecho objeto de una actuación delictiva, estando muchas veces abocado a mantener un cierto nivel de contacto o relación con ellos o a moverse en entornos coincidentes con los de los autores de la conducta.

Por otra parte, el procedimiento que aborda el tratamiento del menor de-lincuente tiende a hacer especial hin-capié en el hecho de que este menor no es tanto un delincuente como un sujeto necesitado de protección a tra-vés de la reforma, pudiendo quedar en un segundo plano el abordaje de la víctima, a quien el sistema no parece contemplar como objeto prioritario. Además, el abanico de medidas que se contemplan suele ocuparse más de la actuación sobre el delincuente que sobre la víctima. Las decisiones del Ministerio Público no pueden perder de vista que la víctima menor también es en estos procesos un titular de de-rechos situado en el mismo nivel que el menor delincuente.

En aquellos casos en que la baja edad del menor delincuente haga que es-cape del sistema de reforma y quede exclusivamente encomendado al sis-tema de protección, el Ministerio Pú-blico, habitualmente legitimado en los sistemas de protección de menores, debe tener en cada sistema un papel que le permita velar en la misma me-dida por la actuación y tratamiento adecuados sobre agresor y víctima.

Hay un tipo de menor que merece especial atención en este área terri-torial, el que se podría llamar “menor sicario”. Se trata de un menor instru-

mentalizado por mayores para hacer-le brazo ejecutor de comportamientos criminales, llegando a una auténtica cosificación de la persona. El Ministe-rio Público debe estar especialmente atento a la valoración de estos com-portamientos para que, sin perjuicio de dilucidar la eventual actuación del derecho sancionador de menores y adolescentes que traiga causa de con-ductas penalmente relevantes, se va-lore como prioritaria la necesidad de desprogramar y rehabilitar al menor. Esto tiene su consecuencia en varios aspectos:

- Abordar el proceso con el apoyo de profesionales especialistas.

- Aplicar parámetros de celeridad que alivien cuanto antes los niveles de an-gustia.

- Separar drásticamente al menor de su entorno delincuencial de adultos para iniciar cuanto antes el proceso de descontaminación.

- Evitar que esa contaminación pue-da darse mediante la aparición en su proceso de los adultos que intenten instrumentarle para su particular be-neficio y, dentro de lo posible, que el menor pueda ser igualmente utiliza-do en la investigación o en el proceso que se sigue contra esos sujetos.

10. Especial referencia a las víctimas extranjeras

La víctima extranjera está afectada, en principio, por un plus de vulnerabili-dad por varios factores:

- Al hallarse fuera de su entorno, tiene un déficit de información sobre los pa-sos a dar, además de que el mero hecho

de su desubicación aumenta el factor angustia ante el encuentro con lo oca-sional y excepcional que es el delito.

- Cuando su presencia en el país va unida a un factor de temporalidad o coyunturalidad, se complica su dispo-nibilidad en relación con el proceso, lo que puede hacer crítica sus posibi-lidades de ser fuente de información en la fase de investigación, intervenir eficazmente en el proceso como me-dio de prueba y ejercitar los derechos que como víctima le puedan corres-ponder.

- Cuando a las circunstancias anterio-res se une cualquier aspecto de ilega-lidad administrativa en relación con la presencia del extranjero en el país, aumenta el riesgo de impunidad por un expreso deseo de la víctima de no relacionarse con el aparato oficial del Estado.

Ante tales premisas, los Ministerios Públicos deben llevar a cabo actua-ciones en el siguiente sentido:

1. La información debe ser especial-mente eficaz para salvar las barreras idiomáticas y de falta de comprensión de un ámbito social y de cultura dife-rentes.

2. La red de información debe ade-cuarse a las circunstancias de movi-miento y presencia de los extranjeros, haciendo que la misma esté disponi-ble en ellos. A título de ejemplo, se hace referencia a los lugares de entra-da y salida, estaciones de transporte, centros de acogida o internamiento, etc.

3. Los países del entorno, bajo un


principio de solidaridad, protección del nacional y reciprocidad, deberían establecer unas reglas mínimas de asistencia a víctimas y vías de colabo-ración entre Ministerios Públicos o a través de las estructuras que en cada uno estén especializadas en atención a víctimas.

4. La intervención de la víctima en el proceso debe estar caracterizada por los siguientes factores:

- Celeridad en la evacuación de trámi-tes.

- Plasmación de actuaciones bajo cri-terios que procesalmente puedan ha-cerlas valer como prueba anticipada.

- Agilización de mecanismos de co-operación internacional con el uso de tecnologías que, bajo las debidas ga-rantías, permitan incluso la actuación remota de la víctima.

- Habilitación de oficinas en países extranjeros que puedan actuar como corresponsalía, utilizando cuales-quiera redes disponibles, ello a fin de que se facilite la recogida de manifes-taciones de cualquier naturaleza en el Estado de residencia del nacional.

- Procedimientos acelerados para la recuperación y transferencia de propiedades que sean consideradas como vestigios relacionados con el delito.

5. La legislación que regula la presen-cia y los derechos de los extranjeros en cada Estado debe contemplar ade-cuadamente la pendencia de proce-sos criminales en los que el extran-jero pueda aparecer como víctima, adoptando medidas que establezcan el adecuado equilibrio entre la posi-bilidad de retardar la salida del sujeto del territorio nacional, y la evitación de situaciones de fraude que tiendan a prolongar indebidamente esa estan-cia sobre la base de un acontecimien-to de esta naturaleza.

11.- Especial referencia a las víctimas indígenas

La presencia de ciudadanos de esta condición en una parte importante de los Estados representados, hace necesario valorar su situación como eventuales víctimas en situación de

vulnerabilidad. Bajo un principio de reconocimiento de la igualdad y del hecho diferencial, el tratamiento que debe dispensarse a estos ciudadanos como víctimas debe responder a unos patrones mínimos:

1. La existencia de un Estado sobe-rano que ejerce el imperio de la ley con universalidad e igualdad para el conjunto de la ciudadanía no se en-torpece, sino que se realiza más efi-cazmente a través del respeto a los usos y costumbres de este sector de la ciudadanía.

2. Es aconsejable, si no imprescindi-ble, la existencia de consultores técni-cos que evalúen en cada caso el mejor encaje de la realidad acaecida con los parámetros culturales de la etnia, tanto para valorar la trascendencia del hecho como las expectativas de los sujetos implicados en el mismo.

3. El lenguaje no puede ser nunca un obstáculo, por lo que no sólo se ofre-cerá una traducción que permita la comunicación entre los interlocuto-res, sino que ésta será capaz de colo-car a la víctima en idónea capacidad de comprender el ámbito jurídico es-pecializado ante el que se encuentre.

4. Sin menoscabo de los principios fundamentales ni de los derechos de todas las partes, la aplicación de me-didas de protección, composición y cualesquiera otras que, al amparo de la condición de víctima deban articu-larse en el proceso, se acomodarán en lo posible a los criterios de cultura, va-lorando cómo las estructuras sociales de estas comunidades pueden llegar a acoger las herramientas de la legis-lación del Estado o aplicando incluso el derecho indígena cuando la legisla-ción del Estado da pie para ello,

5. En los procesos mixtos, donde se entremezclan sujetos indígenas con no indígenas, debe cuidarse especial-mente que no se dé ningún trato dis-criminatorio en beneficio de ninguna de las partes.

12.- Víctimas de terrorismo, de escenarios bélicos, de violen-cia social y asimilados.

Aun cuando el concepto al que se hace referencia no es uniforme, se

lleva a cabo un tratamiento conjunto en atención a los elementos comunes que, en cuanto a tratamiento de vícti-mas, cabe apreciar.

Las premisas de las que se parte son las siguientes:

1. La cuestión no afecta a todos los Estados reunidos, sin perjuicio de que las experiencias previas de los demás pueden aportar criterios de experien-cia para el tratamiento común o par-ticular.

2. Este tipo de acontecimientos no se desarrolla en un marco exclusiva-mente jurídico, sino que, así que se producen, su dimensión política e his-tórica hace que todos los poderes del Estado se posicionen para abordar hechos concretos. Fruto de ello es que el papel del Ministerio Público puede ser redefinido coyunturalmente.

3. No obstante lo anterior, sí es dable pensar que cualquiera de esos even-tos puede reconducirse en alguna me-dida al menoscabo de bienes jurídicos penalmente protegibles, ejecutado a través de acciones perfectamente asimiladas a tipos penales. Abstra-yéndose de otras valoraciones, el con-cepto víctima se mantiene aproxima-damente en los mismos términos que en la delincuencia general.

Cabe responder con los siguientes criterios:

1. El estado de vulnerabilidad de la víctima suele ser alto por mor de la potencia y peligrosidad con que sue-len actuar los autores de las conductas criminales y la existencia de tramas organizadas en las que la impunidad pasa por la abolición directa de la po-sible reacción de la víctima. Ello hace que el elemento seguridad cobre en estos casos una importancia inusita-da, lo que ha de tener consecuencias procesales durante la fase de investi-gación y de enjuiciamiento.

2. Los criterios de solución del con-flicto, cualesquiera que sean las posi-ciones de los Estados, no debe pasar por una transacción con los derechos de las víctimas como sujetos pasivos de un delito y dueñas de unas expec-tativas, que exclusivamente les co-rresponden a ellas.


3. En estos supuestos está especial-mente justificado que los Estados asuman un papel propio que se su-perponga al de los eventuales auto-res de los hechos para, con criterios de igualdad y objetividad, asumir las eventuales reparaciones a que sean acreedoras las víctimas en la medi-da presupuestariamente posible, sin perjuicio de su derecho de repetición. Es ésta un área en la que se considera prioritario el posible apoyo de entida-des internacionales de cooperación en aquellos marcos de insuficiencia de medios por parte del Estado.

13.- Medidas alternativas al proceso

Es premisa el valorar que los sistemas procesales son diversos en cuanto a la utilización de estas medidas como al-ternativas al seguimiento de un pro-ceso penal de investigación y even-tual castigo de la conducta, con pleno agotamiento del proceso en todas sus fases. La existencia de medidas alter-nativas sólo tiene razón de ser si se baraja la posible aplicación de crite-rios de oportunidad y de disponibili-dad de la acción, y se valora que las

conductas delictivas son susceptibles de categorizarse diferenciando dis-tintas posibilidades de actuar en este sentido.

También es premisa asumir, como no podría ser de otra manera, la sobera-nía de cada Estado para admitir o no esta posibilidad y fijar sus límites.

Ante la eventualidad de la decisión, no cabe perder de vista que la contem-plación de la víctima y sus intereses es un factor esencial a tener en cuenta a la hora de adoptar sistemas de me-diación, conciliación o similares.

Como reglas mínimas que se esta-blezcan al regular un sistema de esta naturaleza y en lo que al tratamiento de las víctimas se refiere, se proponen las siguientes:

- El fin primordial es la mayor, mejor y más rápida reintegración de la vícti-ma en la situación anterior al momen-to de sufrir el delito.

- Los delitos sobre los que se pueda aplicar este proceso deben contem-plar, no sólo la afectación mayor o

menor del interés público, sino que permitan a la víctima moverse con plena libertad y garantía en la defen-sa de sus intereses e intenciones pri-mordiales, libre de cualquier estado de coacción y libre el sistema de que la propia víctima lo pueda instrumen-talizar de manera abyecta, haciendo objeto de mercadería el derecho pe-nal y su aplicación.

- La víctima debe ser informada con absoluta claridad de las consecuen-cias que puede tener tanto para ella como para las demás partes el asumir una solución de esta naturaleza, sobre todo en cuanto a la posible abdicación de ciertos derechos, la cesación de ex-pectativas o la imposibilidad de acu-dir a ciertas vías procesales.

CAPITULO SEGUNDOTratamiento de los testigos JustificaciónConsideraciones previas

Todos los países de Iberoamérica han ratificado la Convención de las Nacio-nes Unidas contra la Delincuencia Or-ganizada Transnacional;

La protección de los testigos consti-tuye una herramienta fundamental para la efectiva persecución penal del delito, prevista en el artículo 25 de di-cho instrumento internacional;

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su ca-lidad de custodia de la Convención y sus Protocolos, promovió la creación de una Ley Modelo sobre Protección de Testigos, versión para América La-tina, en cuya elaboración participaron representantes de varios Ministerios Públicos de la región y que fuera pre-sentada oficialmente en la XV Asam-blea General de la AIAMP celebrada en Madrid, España, en octubre de 2007.

Siendo la Ley Modelo un instrumen-to orientador que fija los estándares mínimos en materia de protección de testigos, conforme al Plan Bianual de la AIAMP que fuera aprobado en la XV Asamblea General de Madrid, un grupo de expertos internacionales representantes de los Ministerios Pú-blicos de Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Uru-guay, y de la ONUDD, se reunieron en


Santiago de Chile entre los días 16 y 18 de junio de 2008 con el objetivo de elaborar un documento que contenga reglas prácticas para la aplicación de los contenidos de esta ley.

La metodología utilizada se fundó en el intercambio de experiencias de los Ministerios Públicos representados en esta comisión, quienes identifica-ron los siguientes ámbitos de desa-rrollo de la protección de testigos:

Ámbito legislativo1. Ámbito político – institucional2. Ámbito técnico – operativo3. Ámbito de cooperación interins-4. titucional Ámbito de cooperación interna-5. cional Ámbito de recursos humanos6. Ámbito financiero7.

Fundamento en lo anterior, esta co-misión de expertos internacionales somete a consideración de los/las re-presentantes de Ministerios Públicos miembros de la AIAMP el siguiente conjunto de reglas:

1. Ámbito legislativo.-

En el ámbito legislativo, los/las repre-sentantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Adoptar las medidas tendientes • a promover la incorporación al sistema legal de una Ley de Pro-tección de Testigos, que contenga como estándares mínimos los es-tablecidos en la “Ley Modelo so-bre Protección de Testigos”, ver-sión para América Latina;

Procurar que la dirección y admi-• nistración del “Programa de Pro-tección de Testigos”, previstas en la ley, sea de competencia de los Ministerios Públicos;

Dar seguimiento durante las eta-• pas de formación del texto legal hasta su promulgación, el que una vez aprobado, deberá ser de-bidamente reglamentado.

2. Ámbito político – institucional

En el ámbito político-institucional, los/las representantes de los Ministe-rios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Garantizar, en ausencia de norma • legal de carácter nacional, las me-didas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los testigos en situación de riesgo. Para estos efectos, dictará las normas pertinentes para la implementación de un “Progra-ma de Protección de Testigos”;

Elaborar, administrar y ejecutar • el programa y las medidas de “Protección de Testigos” en su ca-lidad de autoridad competente;

Fomentar acuerdos inter-institu-• cionales con entidades públicas o de otra naturaleza si así lo re-quiere para el cumplimiento de los objetivos del programa; y,

Privilegiar la utilización de prue-• bas distintas a la testimonial, cuando su finalidad sea la de ra-tificar hechos cuya fuerza proba-toria pueda sustituir la del testi-monio.

3. Ámbito técnico – operativo

En el ámbito técnico-operativo, los/las representantes de los Ministerios Pú-blicos miembros de la AIAMP deberán:

En el campo de la seguridad:

Solicitar ante otros organismos la • implementación de medidas pre-ventivas con el objetivo de mini-mizar el riesgo de los testigos mientras se evalúa la admisión del candidato al programa. Estas medidas podrán consistir en ron-das policiales, vigilancia y moni-toreo u otras que se consideren pertinentes; y,

Adoptar por conducto del pro-• grama de protección, medidas excepcionales consistentes en protección inmediata y protec-ción condicionada.

Protección inmediata es aquella que se despliega antes de la evaluación de riesgo con el fin de proteger la vida e integridad del candidato a proteger.

Protección condicionada es aquella en que el candidato a proteger con-diciona su colaboración con la justi-cia siempre y cuando el programa le brinde protección.

Adoptar medidas ordinarias una • vez que el candidato haya sido admitido al programa. Estas me-didas podrán consistir en:Alejamiento de la zona de riesgo• Incorporación en un lugar desti-• nado por el programa y alejado de la zona de riesgoSeguridad en desplazamientos • Caracterización• Cambio de identidad• Medidas protectivas especiales • en las audienciasReubicación integral nacional • y/o en el exterior

En el campo de la asistencia:

Adoptar aquellas medidas comple-mentarias a la protección necesarias para la atención de sus necesidades básicas. Estas medidas podrán con-sistir en:

Atención en salud • Asistencia legal• Alimentación• Vivienda•


Vestuario• Educación• Recreación• Reactivación social •

4. Ámbito de cooperación inter-institucional

En el ámbito de la cooperación inter-institucional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Promover la cooperación y coor-• dinación con entidades públicas o de otra naturaleza, con el objetivo de asegurar la implementación de las medidas asistenciales que requieran los testigos protegidos a través de convenios u otros ins-trumentos; y,

Asegurar que en la medida de lo • posible, sea el propio programa quien ponga en práctica las me-didas de seguridad u otras se-ñaladas anteriormente, a fin de mantener bajo estricta reserva la identidad y la ubicación de los testigos y su participación proce-sal.

5. Ámbito de cooperación interna-cional.

En el ámbito de la cooperación inter-nacional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Implementar legal y operativa-• mente, haciendo uso de los me-canismos de asistencia judicial recíproca y otros previstos en la Convención de las Naciones Uni-das contra la Delincuencia Orga-nizada Transnacional, en espe-cial aquellos relacionados con la reubicación internacional de los testigos y la prestación de testi-monio de testigos nacionales en país extranjero y testigos extran-jeros en territorio nacional;

Designar, si aún no lo han reali-• zado, la autoridad central para la implementación de la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-nacional y sus protocolos, con el mandato específico de absolver todos aquellos requerimientos

provenientes de países miem-bros solicitando la reubicación internacional de testigos y/o la realización de diligencias proce-sales que involucran la rendición de testimonio;

Promover la organización y par-• ticipar en actividades de carácter bilateral, regional e internacional encaminadas a fomentar el inter-cambio de mejores prácticas en-tre programas de protección de testigos;

Adoptar y utilizar los instrumen-• tos legales modelo, guías y ma-nuales preparados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en materia de protección de testi-gos, en su calidad de custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;

Poner en marcha solicitudes • conjuntas y diseño de estrate-gias regionales de búsqueda de recursos internacionales para el financiamiento de programas de cooperación técnica en materia de protección de testigos; y,

Trabajar en la armonización de • sus procedimientos legales y ope-rativos de protección de testigos.

6. Ámbito de recursos humanos

En el ámbito de los recursos hu-• manos, los representantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Adoptar criterios para la con-• formación del equipo humano encargado de la administración y operación del programa de pro-tección de testigos;

Adoptar criterios para la selec-• ción, reclutamiento, promoción, evaluación, pago y separación de funcionarios encargados de la protección de los testigos;

Procurar que el equipo humano • encargado de la protección y asis-tencia de testigos sea de carácter multidisciplinario, conformado preferentemente por las siguien-tes disciplinas: derecho, inves-tigación, seguridad y custodia, asistencia social, salud, adminis-tración de proyectos, relaciones inter-institucionales, recursos humanos y financieros;

Procurar en la medida de lo posi-• ble que el personal encargado de la protección de testigos refleje un equilibrio en cuanto al género y origen étnico;

Incorporar preferentemente al • programa al personal encargado de la seguridad física y custodia de los testigos protegidos;

Garantizar que la selección de • funcionarios de protección de testigos se realice bajo estrictos procedimientos de control de confianza para su ingreso, perma-nencia y retiro, a fin de asegurar la confidencialidad del programa;

Elaborar protocolos de evalua-•


ción y promoción de personal en-cargados de la protección de tes-tigos, así como el establecimiento de responsabilidades adminis-trativa, civil y penal de aquellos funcionarios que por violación del principio de confidencialidad u otros deban ser separados del servicio de protección;

Asegurar en la medida de lo po-• sible la estabilidad laboral, sala-rios competitivos y paquetes de incentivos de los funcionarios del programa, atendiendo al puesto en cuestión y al nivel y volumen de información de que dispon-gan;

Fomentar y permitir la partici-• pación de funcionarios en acti-vidades de capacitación y entre-namiento regulares, incluidas aquellas actividades que fomen-ten el intercambio de mejores prácticas profesionales con otros servicios de protección regiona-les o mundiales; y,

Fijar reglas claras que permitan • asegurar la confidencialidad de la información.

7. Ámbito financiero

En el ámbito financiero, los/las repre-sentantes de los Ministerios Públicos miembros de la AIAMP deberán:

Solicitar se destinen en el presu-• puesto nacional los recursos es-pecíficos y adecuados al progra-ma de protección que le permitan a éste lograr la autonomía nece-saria y no estar sujeto a controles financieros que puedan limitar su independencia;

Procurar que el sistema de finan-• ciamiento sea lo suficientemente solvente para cumplir con sus funciones de protección de los testigos, tanto en la implemen-tación como seguimiento de las medidas necesarias, así como en la contratación y capacitación de personal calificado.

Velar porque se respete la facul-•

tad de la autoridad competente para determinar dentro del pre-supuesto los gastos propios y establecer sus prioridades finan-cieras;

Asegurar que los datos sumi-• nistrados respecto de los gastos operativos reflejen tan sólo infor-mación de carácter general y no la relacionada con la identidad y/o ubicación del testigo; y,

Promover un régimen de con-• tratación especial de bienes y servicios exentos de los proce-dimientos ordinarios de adqui-sición para la ágil ejecución del programa.

CAPITULO III ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO

1. La Secretaría General Permanente de la IAMP creará en la página web una sección que contendrá una serie de textos facilitados por los grupos de trabajo, así como este documento.

2. A través de la Secretaría General Permanente, los Ministerios Públicos se comprometen a incorporar al sitio web los documentos que puedan exis-tir en sus legislaciones o instruccio-nes internas de instituciones relacio-nadas con la protección de víctimas y testigos. La secretaría se comprome-te a indexar los documentos a partir de un tesauro mínimo que facilite la búsqueda.

3. Cada uno de los países miembros se compromete a designar un punto de contacto cuyo nombre, cargo y forma de localización (obligatoriamente un correo electrónico, al menos), quien quedará reflejado en la página, con compromiso de actualización a través del administrador.

4. Con carácter previo a la próxima reunión de la AIAMP, se coordina-rá una encuesta por cada uno de los temas sobre víctimas y testigos, que permita valorar el estado de evolu-ción y cumplimiento de las orienta-ciones propuestas en el documento. Las encuestas serán elaboradas por comisiones de trabajo, que con el apoyo de Eurosocial estarán forma-

das por tres personas por cada uno de las comisiones, preferentemente designadas de entre las que formaron parte de las comisiones de redacción y será remitida para su cumplimenta-ción por instituciones o asociaciones de solvencia e independencia en cada país. El resultado de los cuestionarios será analizado y valorado por la co-misión, la cual realizará un informe por cada uno de los sistemas nacio-nales evaluados que será comunica-do simultáneamente a la Presidencia y Secretaría General de la AIAMP, y a la Autoridad del Ministerio Público en cada país. Se declara un principio general de publicidad, pero será la voluntad de la autoridad de cada Mi-nisterio Público lo que determine la publicación o no de la misma de los resultados del cuestionario que le afecte directamente.

Sin perjuicio de mayores desarrollos, la elaboración de la encuesta hará especial hincapié en los siguientes aspectos:

Plasmaciones normativas de • cualquier rango y eficacia, e im-plantación real de las mismas en todo o parte del territorio, siendo este último aspecto el esencial.

Eventual detección de problemas • impeditivos u obstaculizantes de una implantación real.

Exposición sobre algunos casos • de recorrido vital de ciertos tipos de víctimas, testigos con referen-cia a casos concretos.

Recomendaciones.•

Eventuales propuestas de apoyo • a través de mecanismos de soli-daridad o fortalecimiento inter-nacional.

5. Las comisiones de trabajo encarga-das de este ejercicio de seguimiento y evaluación deben rendir cuenta en la próxima reunión de la AIAMP del es-tado de desarrollo de la cuestión. El resultado material de las encuestas será puesto a disposición de todas las autoridades nacionales, sin que eso presuponga que sea objeto de debate.


Honorable, doctor Radhamés Jiménez Peña, magistrado procurador general de la República y ministro de justicia.Quisiera empezar disculpando mi español.Si pronuncio mal alguna palabra, por favor, búsquenla en su corazón y discúlpenme.

Colegas y Amigos:

Soy Lisa Quirion, encargada de la Sección de Prisiones de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MIN-USTAH. Si me permiten, prefiero continuar hablando en inglés ahora con ayuda de un traductor.

Introducción:

La Escuela Nacional Penitenciaria me soli-citó hablar sobre la importancia de la reha-bilitación en las prisiones.

A lo largo del camino, ellos me pidieron que hablara sobre otras muchas cosas.

Por esta razón, hablaré solamente un poco sobre rehabilitación.

Pero en República Dominicana, ustedes conocen la importancia; ya es una lección aprendida por ustedes.

Esto sería como decimos en Canadá, predi-car a los convertidos, es decir, llover sobre mojado.

Roberto me había pedido hablar un poco de mi experiencia. Lo haré así, pero dentro del contexto de lo que deseo hablarles.

No porque yo quiero hablar de mí misma, sino porque quiero compartir con ustedes lecciones que he aprendido a lo largo del camino, que otros me han enseñado.

Sobre la importancia de la cultura del aprendizaje:

Por causa de la situación financiera de mi familia no pude ingresar a la universidad al concluir el bachillerato.

Hice un diplomado técnico de dos años so-bre un programa de trabajo penitenciario en un colegio.

Empecé a trabajar inmediatamente des-pués, a los 20 años; de ese modo, luego pude ingresar a los cursos de la universi-dad.

Para los próximos 13 años, continúe traba-jando, y en el 2003 recibí mi maestría en Criminología Aplicada.

LA CULTURA DEL CAMBIOEN EL PERSONAL PENITENCIARIOLisa Quirion, encargada de la Sección de Prisiones de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití


Realicé un curso, y a veces dos cursos a la misma vez, mientras trabajaba.

¿Por qué les digo esto?

Porque para crecer, para ser mejor, uno tiene que abrazar la cultura del aprendizaje.

Hay un dicho: “Ser mejor no es ser me-jor que cualquier otro, es ser mejor de lo que solíamos ser”.

Cuando dejamos de aprender, empe-zamos a sentirnos confortables con nuestro estatus quo, cesamos de cre-cer.

Y eso es malo para cualquier organi-zación.

En las Naciones Unidas hay un por-tafolio entero dedicado a las mejores practicantes. Así que todos pueden aprender de los que otros han hecho.

Pero para que esto exista, todos debe-mos seguir aprendiendo; y enseñan-do; y aprendiendo.

Roberto Santana ha expuesto esta cul-tura. Eso muestra su propósito de se-guir aprendiendo y ayudando a otros a aprender.

Sobre una cultura de cambio:

La segunda cosa que quiero que sepan sobre mí es el paso de la carrera que he tomado.

Empecé a trabajar a la edad de 20 años, con infractores juveniles.

Dos años después ingresé al sistema penitenciario de Canadá como funcio-naria de centros de corrección.

Durante los siguientes 16 años, me moví de Oficial de Proyecto Juvenil a Oficial de Proyecto, a manager de Proyecto, a directora (en las Áreas de Entrenamiento y de Seguridad). A una misión de Naciones Unidas en Burun-di como funcionaria penitenciaria; a prisiones como manager y, finalmen-te, de regreso a las Naciones Unidas como jefa de la Unidad Penitenciaria en Haití.

Mi madre se mantenía preguntándome durante todos estos años ¿Por qué yo no podía permanecer en un trabajo?

Pienso que ahora ella entiende por qué lo hago.

Es porque el cambio es bueno para usted. El cambio es bueno para la so-ciedad. Ustedes deben estar abiertos al cambio.

Esta es una vieja hisctoria hina, una sobre el gran árbol de cedro y el joven árbol de bambú:

El gran árbol viejo pensó, que porque había estado ahí por siempre y porque era más grande y fuerte, nada podía tocarle.

Un día, un gran viento lo rompió por la mitad mientras que el pequeño bambú se agitaba meramente en el viento.

No estoy diciendo con esto que no deberíamos resistir los cambios que versan sobre la miseria humana y la violación de los derechos humanos.

Estoy hablando de cambios positivos. Cambios que giran sobre la mejoría de una situación.

Incluso los cambios positivos son difí-ciles. Cambiar nunca es fácil.

Un matrimonio, un nuevo bebé, un nuevo maravilloso trabajo, son mu-chas cosas muy buenas, pero a veces difíciles para adaptarse.

Sobre un nivel institucional, es impor-tante que la organización cambie para

un esfuerzo hacia lo mejor.

A nivel personal, es importante que las personas cambien, que prueben nue-vos trabajos, que acrecenten su cono-cimiento y habilidades.

Veo que la Republica Dominicana ex-pone una cultura de cambio en lo rela-tivo a sus prisiones.

Ustedes pueden ser emulados por sus esfuerzos para el cambio, para mejo-rar y para convertirse en una inspira-ción para esos que se esfuerzan para ser como ustedes.

Sobre la importancia de la rehabili-tación en el sistema penitenciario, la meta de la rehabilitación es la segu-ridad. A la primera vista, esto puede parecer incongruente.

Les contaré otra historia. Pienso que todos amamos las buenas historias. Yo creo que esta es una buena:

Impartí clases a aspirantes a oficiales de policía en Canadá acerca del siste-ma judicial – policía, tribunales y pri-siones. Cuando llegamos a prisiones, esto causó una gran crisis.

Esos adolescentes no tenían una vida plena pero tenían opiniones muy fuer-tes.

Ellos decían: “Traigan de vuelta la pena de muerte’’, “Enciérrenlos y bo-ten las llaves”.

Lisa Quirion mientras ofrecía su testimonio a personal penitenciario y magistrados de la Procuraduría.


Ellos estaban específicamente en con-tra de las instituciones de mínima se-guridad y contra la libertad condicio-nada.

Así que les dije:

Ustedes tienen dos internos, la misma sentencia, los mismos antecedentes, iguales en todo.

El primero lo encierran en su celda por 23 horas al día.

Él come la comida mala, no ve otras personas, sale por una hora de su cel-da solo.

Los estudiantes gritaron: “sí, así es como debe estar”.

Así que dije “OK”

El segundo interno empieza en una prisión de máxima seguridad.

Por su comportamiento, consiguió que le transfirieran a una de mediana se-guridad.

Allí aprendió a leer y escribir. Asistía a programas de tratamiento.

Luego consiguió la transferencia a una institución de mínima seguridad, don-de aprendió un oficio comercial.

Continúo su educación y recibió ex-cusas temporales para ir a la iglesia, hacer comida, comprar para vivir; y

entró a alcohólicos anónimos.

Luego recibió la condicional y vivía en una prisión semi abierta.

Todos los días salía a trabajar, el mis-mo comercio que aprendió y retorna-ba en las noches a su prisión.

Luego, recibió su libertad completa.

Los estudiantes dijeron: “Eso fue muy fácil para él, no pagó por su crimen”.

Así que dije “OK”

Por casualidad, los dos adquieren su libertad el mismo día.

Apunté al estudiante que más hablaba: Hay un apartamento al cruzar el salón para ustedes que está vacante, los dos prisioneros libertados solicitan en al-quiler el apartamento. Ahora díganme a quién de los dos prefieren como su nuevo vecino.

Rejas, esposas, paredes, pueden todas romperse. Ellos no están en un método de seguridad suficiente de evidencia.Lo mejor es la inversión en personas, en la sociedad.

Que por el desarrollo en el deseo de los internos para el cambio y dán-doles las herramientas para hacer estos cambios se está protegiendo la sociedad.

No estoy diciendo que respecto a los derechos humanos no es una buena razón para hacer cambios. Solo estoy diciendo que el público tiene que en-tender que es el mejor interés de la sociedad que apadrinamos tal actitud hacia los prisiones.

Por eso es que es importante el apren-dizaje continuado y el cambio. No po-demos esperar que los infractores lo hagan si usted no puede hacerlo por sí mismo.

Estoy muy feliz de ver el maravilloso progreso que la República Dominica-na ha hecho en el área de rehabilita-ción de prisioneros.

En tres años que llevan, ustedes están en un buen camino para el milagro.

MINUSTAH (Misión de las Na-ciones Unidad para la Estabili-zación en Haití)

Henry me pidió que les hablara sobre MINUSTAH en vista de que muchos de ustedes pueden desconocer lo que hacemos en Haití.

MINUSTAH es una misión de las Na-ciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití, que procura dar so-porte al gobierno en la reforma de sus infraestructuras.

Damos soporte. No dictamos ni con-

La mesa principal encabezada por el magistrado Jiménez Peña; Roberto Santana, de la ENAP, Lisa Quirion, Ibelca Villanueva y otras personalidades.


trolamos. Damos asistencia a varios actores, a la policía, al sistema judicial, a gobiernos y prisiones locales, entre muchos otros.

Vamos a hablar de prisiones, porque para eso estamos aquí.

Yo tengo una unidad de 22 puestos. Estoy yo, mi sub-oficial, dos asisten-tes administrativos, dos voluntarios de las Naciones Unidas (uno asignado a la salud y otro a presupuesto). Ellos asisten a la Unidad en las áreas.

Tengo 16 oficiales penitenciarios, en-tre estos, uno asignado a entrenamien-to y uno asignado al manejo de caso.

El resto se extienden por cuatro regio-nes y 17 prisiones, incluyendo 2 en la Penitenciaría Nacional; la alberga la mitad de los internos en Haití.

Ellos trabajan los siete días de la se-mana y están constantemente en la prisión para ayudar y dar soporte a la gerencia y al personal (staff).

Mi adjunto o segundo en mi mando y yo, proveemos asistencia para la admi-nistración y nos involucramos en una diversidad de casos.

Tenemos una multitud de excelentísi-mos compañeros internos. De igual modo, militares, policías de las Nacio-nes Unidas, unidad de protección de menores, unidad de género, derechos humanos, asuntos civiles y judiciales, entre otros, quienes nos ayudan en nuestro trabajo. Yo amo mi trabajo.

Sobre la Dirección de la Admi-nistración Penitenciaria

No podría hacer mi trabajo sino fue-se por el trabajo sólido de mi com-pañero.

Estamos allí para asistir, así que si la asistencia se rehúsa, no podemos ha-cer nuestro trabajo.

Estoy bendecida y agradecida de tener un compañero quien desea cambiar las cosas y mejorar las condiciones de las prisiones en Haití.

Estoy hablando sobre el director de la administración penitenciaria en Haití, Señor Jean Roland Celestin.

Supe, desde el principio que lo conocí,

que me agradaba y que trabajaríamos bien juntos.

Espero que ese sentimiento sea recí-proco.

Como saben, a veces, en el manteni-miento de la paz, uno necesita poner-se al frente de su contraparte nacio-nal, para empujarlo hacia delante.

A veces estás atrás y necesitas que te empujen.

Con Celestin, es menos esfuerzo, él ca-mina junto a mí, al lado mío.

Yo he aprendido mucho más, sino más de él que lo que él ha aprendido de mí.

Él es sabio y compasivo. Su propósito es verdadero.

Yo le felicito por su trabajo y le deseo vigor para el futuro.

Conclusión

Me gustaría terminar dándoles las gracias a diversas personas quienes han sido canales en la cooperación en-tre Haití y R.D.

Señor ministro de justicia, doctor Rad-hamés Jiménez Peña, felicitaciones por el tremendo progreso en la refor-ma del área penal en estos tres años.Gracias por su aporte y excepcional hospitalidad y entusiasmo. Su asisten-cia en el área para esta colaboración es

apreciada tremendamente.

Su excelencia, Ian Worthington, emba-jador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias por colo-car a todos estos jugadores correctos juntos, y crear esta esperanza para Haití para la reforma del área penal.

Roberto Santana, gracias por todo. Por su deseo de ayudar a los haitianos, por su deseo de mantener mejorando su sistema.

Quiero agradecer a mis superiores en Haití, por el aporte a los haitianos en su trabajo por reformar el sistema de prisión.

Al representante especial del secreta-rio general en Haití, señor Hedy Anabi, y su principal vice representante, mi jefe, señor Luis Carlos Dacosta.

Ellos tienen tiempo y tiempo demos-trando su soporte en el área de refor-ma penal y sin su incondicional apoyo, no podríamos lograr todo lo que ha-cemos.

De último, pero no menos importante, Henry y su equipo (Adriana, Natha-niel) y todos los otros que hicieron posible este confortable, placentero y simple maravilloso viaje.

Muchas gracias por su atención, siem-pre con una sonrisa.

Gracias.

Vista parcial del público que asistió a la conferencia.


la Jurisdicción Privilegiada: es la facultad que tiene el Ple-no de la honorable Suprema Corte de Justicia de conocer las causas penales o disciplinarias, con la finalidad de juzgar penal o disciplinariamente, en única instancia, a determi-nados altos funcionarios de la nación o a profesionales de diferentes áreas.

Cuando el privilegio se refiere a causas penales

Nuestra Constitución en su Art.67 establece: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjui-cio de las demás atribuciones que le confiere la ley en su numeral 1, conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subse-cretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso-Tributario”. Este artículo establece la competencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia, para el conocimiento y decisión cuando uno de los encartados goza de este privilegio, ya que lo establecido en leyes adje-

tivas es subsidiario y aplicable siempre que no sea contrario con los preceptos de nuestra Carta Sustantiva.

En ese mismo orden, cuando la Suprema Corte de Justicia fue dividida en cámaras, mediante la Ley No. 156/97 que modificó la Ley Orgánica de la SCJ No. 25-91, para mante-ner la supremacía de la Constitución siempre que uno de los encartados goce de este privilegio, la Ley 156-97, en su Art. 8, establece: “La Segunda Cámara será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal, atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privi-legiada”.

En tal sentido los artículos 377 al 380 del Código Procesal Penal serán aplicables, siempre que se le dé cumplimiento al artículo 1ro. de dicho código, y que no sean contradicto-rios con la Ley 156-97, que es la que le otorga la competen-

En los casos donde el honorable Pleno de la Supre-ma Corte de Justicia ha emitido una decisión defi-nitiva, hemos obtenido ganancia de causa en más de un 95%, y ese porcentaje se ha logrado gracias al apoyo recibido de los Procuradores Generales de la República, como al esfuerzo continuo y dedi-cado de realizar una labor apegada a la ética y al derecho, tanto nacional como internacional, toda vez que en las causas penales o disciplinarias nos encontramos en una audiencia con la presencia de nuestro máximo tribunal de justicia, que con la sapiencia, prudencia y el tiempo, han sido merece-dores del reconocimiento del pueblo dominicano, Iberoamérica y además.

Personas con PriviLegio de Jurisdicción ANTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ideLFonso reYes, Procurador general adjunto de la república, encargado de la Jurisdicción [email protected]


cia a la honorable Cámara Penal de la SCJ, por consiguiente al Art. 67 de la Constitución.

Existe una vasta jurisprudencia referente al tema, pero con la vigencia del Código Procesal Penal existe una corriente más legalista que constitucionalista, y no toman el ejemplo de los países con el derecho anglosajón o con el derecho europeo, donde la primacía constitucional no es motivo de interpretación sino de aplicación. Así ha sido expresado en varias jurisprudencias del honorable pleno de nuestra SCJ, apegadas a la constitucionalización del proceso penal.

Cuando el privilegio se refiere a causas discipli-narias

Con referencia a los jueces, nuestra Constitución en su Art. 67 establece: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, en su numeral 5, ejercer la más alta au-toridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Ju-dicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución en la forma que determine la ley”. En este caso se aplican las leyes No. 821 del 21 de noviembre de 1927 (Organización Judicial y sus modificaciones) y la No. 327-98 (Carrera Ju-dicial). Aunque en el Art.155 de la Resolución No.942-2004 se establece la presencia del Ministerio Público, entiendo que esta resolución viola la separación de poderes, por ser designado en un asunto que no es de su competencia.

Pero cuando se refiere a los demás profesionales, con ex-cepción del Ministerio Público que en materia disciplinaria se rige por la Ley 78-03, la Ley No. 111 del 3 de noviembre de 1942 modificada por la Ley 3958 del 1954 sobre exequátur de profesionales, en su Art. 8 establece: “La Suprema Cor-te de Justicia, como Tribunal Disciplinario, en caso de mala

conducta notoria en el ejercicio de la profesión de un profe-sional a quien se le hubiere otorgado exequátur, en virtud de ésta o cualquier otra ley, podrá privarlo del mismo hasta por un año, y en caso de reincidencia hasta por cinco años”. Los sometimientos serán hechos por el Procurador General de la República, para los abogados o notarios.

En ese mismo tenor la Ley No. 301, del Notariado Domini-cano, en su Art. 8 establece: “Los Notarios serán juzgados disciplinariamente por la Suprema Corte de Justicia cons-tituida en Cámara Disciplinaria, pudiendo aplicar como pe-nas, multas que no excedan de RD$500.00 y suspensión temporal que no pase de dos años, o la destitución según la gravedad del caso.

En materia disciplinaria, no tenemos un procedimiento para la misma, ya que se ha utilizado el “Procedimiento Sui Gene-ris”, siendo nuestra jurisprudencia la que se ha encargado de suplirlo, y gracias a este Honorable Pleno, sus decisiones se corresponden a los estándares de América y Europa.

Como hemos visto en los párrafos anteriores, tanto la ley sustantiva como las leyes adjetivas, les otorgan al Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia, el conocimiento y decisión en única instancia, tanto de las causas penales como disciplinarias, seguidas a personas con el referido pri-vilegio.

Me permito señalar, que en los últimos tres años he tenido el privilegio de representar a la Procuraduría General de la República por ante el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tanto en los casos penales como en los discipli-narios, en los cuales han sido juzgados o se encuentran en la fase de instrucción del proceso, a senadores, diputados, secretarios de Estado, sub-secretarios de Estado, jueces, abogados y notarios, y en todos los casos he actuado con el criterio de que nuestra Carta Sustantiva es el estamento jurídico supremo, y que tanto los tratados como las leyes adjetivas serán aplicables en la medida en que no contra-vengan nuestra Constitución.

En los casos donde el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha emitido una decisión definitiva, hemos obte-nido ganancia de causa en más de un 95%, y ese porcentaje se ha logrado gracias al apoyo recibido de los Procurado-res Generales de la República, como al esfuerzo continuo y dedicado de realizar una labor apegada a la ética y al de-recho, tanto nacional como internacional, toda vez que en las causas penales o disciplinarias nos encontramos en una audiencia con la presencia de nuestro máximo tribunal de justicia, que con la sapiencia, prudencia y el tiempo, han sido merecedores del reconocimiento del pueblo dominica-no, Iberoamérica y además. Las partes son representadas por abogados que gozan de prestigio y admirados en toda la geografía nacional, y muchos de ellos de renombre inter-nacional.

El 19 de septiembre del presente año, fue introducida por el excelentísimo señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, la reforma a nuestra Ley Sustantiva; es-peramos que en la misma sea fortalecida la figura del Minis-terio Público, y que al Poder Judicial se le otorgue el poder que le consagra la Constitución, con la finalidad de dejarle a las futuras generaciones un sistema de justicia fuerte y más comprometido con los ideales de nuestros patricios.

Con referencia a los jueces, nuestra Constitu-

ción en su Art. 67 establece: “Corresponde ex-

clusivamente a la Suprema Corte de Justicia,

sin perjuicio de las demás atribuciones que le

confiere la ley en su numeral 5, ejercer la más

alta autoridad disciplinaria sobre todos los

miembros del Poder Judicial, pudiendo im-

poner hasta la suspensión o destitución, en la

forma que determine la ley”. En este caso se

aplican las leyes No. 821 del 21 de noviembre

de 1927 (Organización Judicial y sus modifi-

caciones) y la No. 327-98 (Carrera Judicial).

Aunque en el Art.155 de la Resolución No.942-

2004 se establece la presencia del Ministerio

Público, entiendo que esta resolución viola la

separación de poderes, por ser designado en

un asunto que no es de su competencia.


Gladys sánchezSecretaria General gsanchez@procuraduría.gov.do

Nuevo Modelo de Gestión de Servicios Públicos

La Procuraduría General de la República se ha convertido en la primera institución del país que pone en marcha un Mo-delo de Gestión de Servicios Públicos, donde se ofrece a la ciudadanía los servicios de legalización de firmas, certifica-ciones generales de documentos, certificaciones de exequá-tur, incorporación de ONG, antecedentes judiciales, impedi-mentos de salida y control de alquileres y desahucios.

Además, se ofrece información veraz y eficiente en el menor tiempo posible.

El Nuevo Modelo de Gestión de Servicios Públicos se desa-rrolló con el Programa de Apoyo a la Reforma y Moderni-zación del Poder Ejecutivo (Pro- Reforma), el cual inició su ejecución a través del Secretariado Técnico de la Presiden-cia, entidades que aportaron al equipo técnico de la Procu-raduría General de la República, las herramientas necesarias para la ejecución del referido programa.

El modelo, que fue puesto en práctica en esta entidad re-presentante del Ministerio Público, fue concebido para pro-mover y apoyar la reforma y modernización del gobierno central, orientado siempre hacia un Estado inteligente, efi-ciente, moderno, transparente, solidario y previsor, siem-pre presto para servir al ciudadano.

Para poner en funcionamiento este programa de parte del equipo de Pro-Reforma, se instaló un piloto en la Procuradu-ría General de la República; es por ello que dentro del proce-so de desarrollo del nuevo modelo de gestión se realizaron diferentes actividades, entre las que se encuentran:

Evaluación y selección de personal para integrar la Uni-• dad de Atención al Ciudadano.

Integración del equipo Colmena, órgano responsable de • la implementación del Modelo de Gestión de Servicios Públicos.

Análisis y diseño de los procesos de cada servicio, inclu-• yendo la automatización de estos.

Además de la definición de los indicadores de gestión • del servicio.

Se trabajó también en la instalación de una infraes-• tructura tecnológica de apoyo a la gestión del servicio, donde están incluidos sistemas de gestión, de inteligen-cia de negocios, de quejas, reclamos y sugerencias, pa-sarela de pagos, de control de turnos y digitalización de documentos.

Además, se aseguró el compromiso de continuidad de • la mejora del servicio, a través de la Resolución No. 008 del 26 de febrero de 2007, emitida por el Procuador General de la República, donde queda establecido que un porcentaje de los recursos generados por la tasa de concepto institucional, serán destinados al sostenimien-to y mejora de los servicios.

Pro- Reforma realizó una inversión de 906 mil euros, estos divididos en dos partidas, una parte fue utilizada en la compra de equipos y software, y otra utilizada en las remodelaciones físicas que incluyen Santo Domingo y San-tiago.

Para el cumplimiento de este programa de servicio y aten-ción al usuario, la Procuraduría General de la República fir-mó una carta compromiso como herramienta introducida a la gestión pública dominicana.

En la carta compromiso se definen los servicios que provee cada institución y los estándares de calidad a los que ambas se comprometen; con esto se ponen los servicios a disposi-ción de los ciudadanos a través de las unidades de atención a los usuarios y a los medios de comunicación nacional.

Dentro de los objetivos a cumplir por la Procuraduría Gene-ral de la República y que están contenidos en la carta com-promiso se encuentran:

-Difundir la información sobre los servicios ofrecidos por la institución.

- Hacer público los compromisos de servicios y derechos de los ciudadanos.

- facilitar el seguimiento del cumplimiento de los compro-misos adquiridos por la institución, como estímulo para au-mentar los niveles de eficiencia y eficacia de la administra-ción pública.

- Finalmente estimular la participación ciudadana en el pro-ceso de optimización de los servicios, generando mayor transparencia y confianza en la administración pública.

Con el Modelo de Gestión de Servicios, la Procuraduría Ge-neral de la República se coloca a la vanguardia en lo refe-rente a ofrecer un servicio de calidad al usuario y, por consi-guiente, generar grandes beneficios a la ciudadanía, quienes han recibido esta iniciativa con beneplácito.


Ángel Castillo tejadaProcurador General Adjunto y Primer

Sustituto del [email protected]

[email protected]

Procuraduría General de la República: marco jurídico, transformación y modernidad

El Estado dominicano ha sido sometido en los últimos doce años a un proceso de adecuación en sus estructuras, para satisfacer las necesidades de una sociedad transformada por la modernidad que caracteriza al mundo actual.

Uno de los órganos del Estado donde se ha reflejado con mayor profundidad ese proceso es en la Procuraduría Ge-neral de la República, a despecho de lo ocurrido durante los primeros 150 años de su instauración, en los que se limitó a los aspectos básicos de su función.

La transformación de la Procuraduría General de la Repú-blica se inicia a partir del primer período de gobierno del Presidente Leonel Fernández (1996-2000), quien tomando como referencia la Reforma Constitucional de 1994, impul-só un proceso de transformación del sector justicia, que en sus primeros pasos se manifestó con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y la designación de la Suprema Corte de Justicia, dotada de autonomía administrativa y pre-supuestaria, que designó a los demás jueces en el marco de un sistema de carrera.

Esto reflejó la necesidad de que la Procuraduría se colocara al mismo nivel institucional de la SCJ, y trajo el surgimiento de una corriente impregnada de una filosofía inspirada en el respeto a la legalidad, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la transparencia y la eficiencia administrativa, que verdaderamente revolucionó el quehacer de la Procu-raduría.

Todo esto auspiciado por un cuerpo normativo integrado por varias leyes.

El conjunto de procuradores adjuntos aquí presentes y nues-tros antecesores en estos cargos, hemos sido testigos y for-jadores de cambios estructurales internos que han dado un nuevo perfil a la institución, y en la actualidad abarca todos los aspectos de una Procuraduría moderna y adaptada a los requerimientos de la sociedad de hoy.

Es importante destacar la transparencia con que la Procu-raduría General de la República maneja en la actualidad sus asuntos administrativos y financieros, mediante un sistema de concursos que le ha merecido el reconocimiento de to-dos los actores relacionados con el sector público y de las instituciones no gubernamentales.

Asimismo, la implementación de programas como el de la protección a las víctimas y testigos, la reforma penitenciaria que desarrolla un nuevo modelo penitenciario, el proceso

de formación y capacitación de recursos humanos, la pro-tección y seguridad social de éstos, junto a una eficiente es-tructura de información y relaciones públicas, a través de los medios tradicionales y la página web de la institución.

En esa transformación juegan un papel importante los múl-tiples acuerdos de cooperación interagencial en el plano lo-cal para acceder a recursos propios de otras instituciones, mientras que en el plano internacional le ha permitido po-sicionar al país en la Asociación Iberoamericana de Ministe-rios Públicos (AIAMP), en la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y en la Cumbre de Ministros de Justicia de Iberoamérica.

Todo lo anterior ha venido a potenciar la efectividad del Mi-nisterio Público, órgano esencial de la PGR, en la función de investigar las infracciones y ejercer la acción penal pública dentro del respeto a los derechos de los procesados.

En este proceso ha sido fundamental la cohesión y coordina-ción con que han operado todos los actores internos de la institución, quienes han mostrado una vasta madurez y una entrega digna de admiración, con el objetivo de lograr las metas trazadas para el desarrollo de la institución.

Hoy todos nosotros podemos expresar nuestro orgullo de formar parte de una Procuraduría General de la República que ha evolucionado y que responde a las necesidades de una sociedad moderna.

Es importante destacar la transparencia

con que la Procuraduría General de la

República maneja en la actualidad sus

asuntos administrativos y financieros,

mediante un sistema de concursos que le

ha merecido el reconocimiento de todos

los actores relacionados con el sector pú-

blico y de las instituciones no guberna-

mentales.


Centro de Intervención Conductual para Hombres

Con la intención de ofrecer una asis-tencia integral al problema de la vio-lencia ejercida hacia las mujeres y dar respuesta a todos los intervinientes en este mal social, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional inauguró el Cen-tro de Intervención Conductual para Hombres.

El centro responde a la necesidad de referir y tratar a los más de 800 hom-bres denunciados mensualmente en la ciudad capital, en una instancia de ca-rácter psicoeducativo, que desarrolle procesos de reflexión y sensibilización que faciliten el cambio de sus conduc-tas, para que asuman sus responsabili-dades en los procesos de intervención terapéutica y actúen apegado a prin-cipios de convivencia y respeto de su pareja.

El programa de atención a los agreso-res que se aplicará en el centro corres-ponde a un modelo de intervención terapéutica ecológico, que tiene como objetivos que el hombre controle y de-tenga la conducta violenta, mejore la comunicación, acepte los nuevos roles de la mujer, revise creencias culturales que legitiman la violencia y fortalezca la capacidad de expresar sentimientos sin herir a los demás.

El licenciado Luis Vergés, director del centro, dijo que “la acción y labores van más allá de la intervención que modificará la conducta agresiva del hombre denunciado, ya que la voca-ción participativa de las organizacio-nes no gubernamentales que nos ase-soran nos ha motivado a convocarlas para constituir un centro de estudio de la violencia, con el fin de analizar sus causales y sus soluciones”.

También señaló que con esa iniciativa el país se coloca en un sitial estratégi-co dentro de las naciones más avanza-

das que priorizan la asistencia profe-sional a los que manifiestan conductas violentas.

El Centro de Intervención Conductual para Hombres está localizado en el sector María Auxiliadora, y funcionará de manera coordinada con la Unidad de Atención y Prevención de la Vio-lencia de Género que operan en las 14 fiscalías barriales existentes en la ju-risdicción del Distrito Nacional.

El centro está ubicado en la avenida 27 de febrero esquina calle Yolanda Guz-mán. Tiene 400 metros cuadrados y funciona en horario de 8:00 de la ma-ñana a las 8:00 de la noche.

Personal y áreas físicas

El centro tiene un director, cinco te-rapeutas, dos psicómetras, un coordi-nador de educación, un médico psi-quiatra, dos trabajadores sociales, una secretaria, una recepcionista, un con-serje y un empleado de seguridad.

Las áreas son: recepción, sala de es-pera, oficina del coordinador con mini-sala y área de escritorio de ofi-cina secretarial, salón multiusos con

capacidad para 40 personas, sala de terapia grupal para 15 personas, dos consultorios o cubículos separados con privacidad para trabajo social y evaluación psicométrica, un espacio de suministro y almacenamiento, ba-ños públicos y privados, y una cocina.

Luís Norberto Vergés Báez

Licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Do-mingo (UASD), donde también realizó una especialidad en psicología clínica. Además, hizo una maestría en terapia familiar en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

También posee especialidades en pre-vención integral, desarrollo humano, docencia universitaria y maltrato in-fantil.

Ha laborado en Casa Abierta como psicólogo clínico y encargado del área de atención, en el Consejo Nacional de Drogas, en el Centro de Investigación y Ciencia de la UNCS, y ofrece consultas privadas en el Centro Profesional Psi-cólogos Unidos.

Luis Vergés, director del centro, junto a su equipo técnico, entre ellos, José Herrera, Olga Renvilles, Rocío Rodríguez, José Ortiz, Anyeli Mejía, Rosmery Salcedo y Consuelo Zúluga.

ONORIZ METZRelacionista Fiscalía Distrito [email protected]


Ayuntamiento de SFM declara Visitante Distinguido al Procurador General de la República en reconocimiento a sus aportes a la provincia

El fiscal del Reino Unido de España, Cándido Conde-Pumpido, reconoció al procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez Peña, por los avances en profesionalidad, institucionalidad y modernización alcanzados por el Ministerio Público dominicano.

Conde-Pumpido resaltó que el Ministe-rio Público dominicano ha sido en los dos años recién pasados, soporte para los fiscales de Iberoamérica, al abrir las puertas de su Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) para que reciban estudios continuados.

El fiscal de España, quien es el presi-dente de la Asociación Iberoamerica-na de Ministerios Públicos (AIAMP), dijo que los fiscales generales de la región también han quedado sorpren-didos por el novedoso y revoluciona-rio modelo penitenciario que dirige el procurador Jiménez en el país.

Manifestó que el nuevo sistema peni-tenciario dominicano ya es observado por la AIAMP para tomarlo como mo-delo para Iberoamérica.

Con relación a la ENMP dijo que ha re-cibido a fiscales de El Salvador, Para-guay, Panamá y Venezuela.

El procurador Jiménez Peña viajó en este mes de octubre a España, donde confirmó una serie de acuerdos de co-laboración entre la Fiscalía de esa na-ción y la Procuraduría dominicana.

Jiménez Peña ha logrado situar al Mi-nisterio Público dominicano en los primeros lugares de Iberoamérica. Presidió la VII Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA), funciones en la que le sustituyó el procurador general de los Estados Unidos, Michael Mukasey.

Los magistrados Cándido Conde Pumpido y Radhamés Jiménez Peña conversan al momento del re-conocimiento.

El magistrado Radhamés Jiménez Peña recibe el pergamino de las autoridades municipales de San Francisco de Macorís, encabezadas por Félix Rodríguez Grullón y José Luis Rosario Roque, presidente del Consejo de Regidores y síndico de ese muncipio, respectivamente.

Fiscalía General de España reconoce al magistrado Radhamés Jiménez Peña


Procuraduría Corte de Apelación habla por el Ministerio Público en Puerto PlataHace tres años que Puerto Plata tiene una Procuraduría General de Corte. El 30 de abril de 2005, el magistrado Félix Álvarez fue designado titular de ese órgano superior del Ministerio Pú-blico de la llamada Novia del Atlánti-co, y su radio de acción que integran el hoy Departamento Judicial de la jurisdicción.

Desde su creación hasta la fecha, la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Puerto Plata ha venido desarrollando una intensa labor por hacer del Ministerio Público un cuer-po confiable y respetado por todos los sectores y fuerzas vivas de la sociedad puertoplateña, hasta haber logrado ventilar 696 casos por ante la Corte de Apelación.

Lo mismo se puede decir de los res-tantes órganos del Ministerio Público, los cuales trabajan con entusiasmo y compromiso, como por ejemplo, la Fiscalía de Niños, Niñas, Adolescen-tes y Familia, cuyo dinamismo la han llevado a intervenir en diez mil 239 casos en tan solo tres años, superada sólo, como es natural, por la Procura-duría Fiscal del Distrito Judicial que lo ha hecho en 10, 690 procesos.

Estamos hablando de más de 20 mil casos en muchos de los cuales se han logrado sentencias condenatorias im-portantes.

Un caso singular

Dentro de la labor investigativa de liti-gación de casos de la Procuraduría de la Corte de Puerto Plata, está su lucha en contra de la corrupción administra-tiva, por medio de la cual ha logrado la condenación de un ex – juez de ins-trucción por el delito de solicitar so-borno a una ciudadana. (Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 932, de fecha 17 de agosto 2007), cuyo dis-positivo dice:

Primero: Declara con lugar el recurso de apelación del Procurador General de la Corte de Apelación del Departa-mento Judicial de Puerto Plata contra la sentencia de la Corte de Apelación de ese Departamento Judicial del 22 de junio de 2006, cuyo dispositivo se copia en otro lugar de esta sentencia; Segundo: Revoca el ordinal segundo de la sentencia impugnada y en con-secuencia declara a C. G. M. culpable de cohecho estando apoderado de un expediente criminal, y lo condena a la pena de degradación cívica y tres (3) años de reclusión; Tercero: Confirma en sus demás aspectos la sentencia re-currida; Cuarto: Condena a C. G. M. al pago de las costas.

(Firmados).-Hugo Álvarez Valencia.-Julio Ibarra Ríos.- Víctor José Castella-nos Estrella.- .

Un caso vigente

En los actuales momentos es ventilada una denuncia contra uno de los sín-dicos de la provincia de Puerto Plata

relacionada con desfalcos de fondos municipales. Al respecto el magistra-do Félix Álvarez opina lo siguiente: “El Ministerio Público debe investigar las denuncias sobre corrupción para que la ciudadanía sienta que estamos comprometidos con frenar la impuni-dad; que los funcionarios públicos (del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal) entiendan que no están por encima de la ley, y para que la pobla-ción perciba que vivir en democracia implica respetar la ley y no abusar de ella enriqueciéndose ilícitamente”.

Para la comunidad de Puerto Plata, la presencia de la Procuraduría General de la Corte ha significado un paso de avance al sistema de justicia, ya que a partir de su creación se han obtenido otros logros importantes como los que se citan a continuación:

1. Creación de la Unidad Contra la Violencia de Género

Por instrucciones del magistrado Radhamés Jiménez Peña , procurador

Félix Álvarez, procurador de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.


General de la República, Félix Álvarez fue encargado de coordinar la insta-lación de la Unidad Contra la Violen-cia Intrafamiliar y/o de Género. Esta dependencia de la Fiscalia de Puerto Plata está integrada por tres fiscales adjuntos, más un equipo multidiscipli-nario de sicólogos, trabajadores socia-les, abogados asistentes, secretarios y policías. Desde su creación en marzo de 2008 hasta la fecha, esta unidad ha recibido 1,662 casos.

2. Servicio de Levantamientos de Ficha

Es uno de los servicios que ha causado mayor impacto positivo en la socie-dad, sobre todo en los segmentos de la gente más pobre. Antes de que el Poder Ejecutivo dispusiera que el Mi-nisterio Público se encargara de elimi-nar una cantidad importante de fichas policiales sobre ciudadanos, que en la mayoría de los casos fueron registra-das violentando sus derechos elemen-tales con escaso fundamento legal, la población gastaba de manera innece-saria recursos económicos para que le eliminaran una ficha policial, hasta la fecha se han tramitado 268 casos de levantamiento de fichas.

3. Servicio de Incorporación de ONGS

En tres años se han incorporado orga-nizaciones no gubernamentales, que han significado ingresos a la Procu-raduría General de República y segu-ridad jurídica a los ciudadanos y ciu-

dadanas que se organizan. Previo a la instalación de este servicio las perso-nas tenían que viajar 235 kilómetros a Santo Domingo para incorporar una ONG, con las consecuencias económi-cas y de seguridad personal que esto conllevaba; hasta la fecha se han tra-mitado 78 incorporaciones.

4. Servicio de Registro y Firma de Notarios

Los notarios y notarias de la provincia de Puerto Plata recibieron con júbilo la cristalización de su aspiración, de que los actos notariales se verificaran y registraran en Puerto Plata. El Cole-gio de Abogados seccional Puerto Pla-ta participó tanto en la consecución del servicio como en el beneplácito de

su logro. Este servicio ha generado in-gresos importantes a la Procuraduría General de la República. En el pasado, para verificar y legalizar una firma no-tarial, había que viajar 75 kilómetros a la ciudad de Santiago de los Caballe-ros. Desde la instalación del servicio hasta la fecha se han registrado 1, 456 actos.

Seguridad ciudadana

El magistrado se refirió finalmente, a la seguridad ciudadana, y dijo que tienen en agenda coordinar nuevas acciones con todas las autoridades y la sociedad para fortalecer el Plan de Se-guridad Democrática. Entre ellas, citó a la Policía Nacional, Fuerzas Arma-das, Gobernación Provincial, Marina de Guerra, Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), ayuntamien-tos, iglesias, organismos de derechos humanos, juntas de vecinos, empresa-rios, profesores y estudiantes.

Definió como un objetivo 1-a enfren-tar el narcotráfico, los robos y otras infracciones que crean desasosiego en la sociedad.

“ A lo interno del Ministerio Público trabajamos para eficientizar nuestra labor; de manera que seamos más precisos en la tarea de dirigir la inves-tigación, hacer un uso adecuado de la misma, planificando las labores que en diversas áreas se deben realizar”, puntualizó el procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata.

Domingo Antonio Belliard, procurador general adjunto de la Corte de Apelación de Puerto Plata; Kary Rojas, secretaria auxiliar; Elsi Montán, secretaria; magistrado Félix Álvarez, María Pichardo, recepcio-nista, y Haniel Rodríguez, abogado.

Fachada de la Unidad de Atención a Víctimas de Puerto Plata.


ENMP GRADÚA 112 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓNLa Escuela Nacional del Ministerio Público graduó a otros 112 profesio-nales, quienes integraron la novena, décima y décimo primera promoción del Programa Extraordinario de For-mación (PEF), que incluye una espe-cialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

La ceremonia estuvo encabezada por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el fiscal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso Segarra; el comi-sionado de Justicia, doctor Lino Vás-quez, y el director de la ENMP, licen-ciado Ramón Núñez.

Los graduandos son funcionarios de los distintos niveles del Ministerio Pú-blico, entre ellos, procuradores gene-rales adjuntos, procuradores genera-les de cortes y adjuntos, procuradores fiscales y adjuntos, fiscalizadores, así como otros miembros provenientes de áreas especializadas.

Los detalles del proceso de formación fueron ofrecidos por el director de la ENMP, quien destacó que los graduan-dos forman parte del proceso de ins-titucionalización que experimenta la Procuraduría General de la República, que marcha hacia la instalación de la Carrera del Ministerio Público y la promoción de la capacitación.

Dijo que los programas están dirigidos

a los representantes del Ministerio Pú-blico de todo el país, con la finalidad de que en los próximos meses se tripli-que el número de procuradores, fisca-les y fiscalizadores capacitados.

Luego de aprobado este programa de capacitación, los representantes del Ministerio Público deberán cursar un segundo programa extraordinario de carácter completivo, ambos requisitos previstos en la carrera e indispensa-bles para ser considerado aspirante y adquirir el estatus del Ministerio Pú-blico de Carrera.

En la actualidad más de 100 represen-tantes del Ministerio Público forman parte de la carrera y se espera que el número aumente a 400.


ENMP inicia XII edición del PEFCon mucho entusiasmo, la Escuela Na-cional del Ministerio Público (ENMP) dio inicio el pasado mes de septiem-bre a la décima segunda edición del Programa Extraordinario de Forma-ción (PEF 12).

En esta versión participan 34 miem-bros del Ministerio Público de la Re-pública Dominicana, seleccionados en consideración de los resultados de sus evaluaciones generales, criterios de proporcionalidad territorial, méri-tos acumulados, equidad de género y la combinación de diferentes rangos jerárquicos en la institución. Partici-parán además, un miembro del Minis-terio Público de El Salvador y uno de Panamá, que se inscribe dentro las re-laciones de cooperación que mantiene la ENMP y la Procuraduría General de la República con la Red de Capacita-ción del Ministerio Público Iberoame-ricano (RECAMPI).

El objetivo de este programa es con-tribuir al desarrollo de habilidades y

competencias de los integrantes del Ministerio Público, así como aportar las herramientas prácticas necesarias de cara a una formación ajustada a las principales necesidades del ejercicio de la función que realizan.

La implementación de este programa está avalada con una especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Pe-nal en la Universidad APEC (UNAPEC), en virtud de un convenio de coopera-ción suscrito el 3 de febrero de 2006.

Integrantes de la décima segunda promoción.

La actividad, celebrada en la sede de la Procuraduría General de la Repú-blica, estuvo encabezada además, por el general José Carrera Álvarez, en re-presentación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Dió-medes Olivares, en representación del presidente del Colegio de Abogados.

Reconocimientos

Durante el acto fueron reconocidos los estudiantes más destacados de las promociones novena, décima y déci-mo primera.

Los premiados fueron los procura-dores generales adjuntos Rodolfo Es-piñeira y Moisés Ferrer, así como los fiscales adjuntos Evelyn Mercedes Es-calante, Francia Socorro Calderón Co-llado, Ircania Ibelice Casado, Olga Do-lores, Dina Llaverías, Yohanna Ysabel Bejarán y María del Carmen de León Santana.

También, fue reconocido el fiscal para-guayo Roberto María Velázquez, uno de seis estudiantes extranjeros, tres

de Panamá y tres de Paraguay, que participaron en el Programa Extraor-dinario de Formación.

El procurador Radhamés Jiménez entrega un reconocimiento a Rodolfo Espiñeira, director nacional del Ministerio Público, por ser estudiante destacado. Figura Ramón Núnez, director de la ENMP.



Procuraduría e Interior y Policía coordinan acciones contra el crimen y la delincuenciaLa Procuraduría General de la Repú-blica y la Secretaría de Interior y Po-licía sostuvieron un encuentro con procuradores generales adjuntos y de cortes, fiscales, gobernadores pro-vinciales y comandantes regionales de la Policía Nacional de todo el país, con el objetivo de establecer una sin-cronización en el accionar de cada una de esas entidades en aras de prevenir, perseguir y controlar la criminalidad y la delincuencia.

El encuentro se produjo en el audito-rio de la Procuraduría General de la República y estuvo encabezado por el máximo representante del Ministerio Público, doctor Radhamés Jiménez Peña; el secretario de Interior y Poli-cía, doctor Franklin Almeyda Rancier, y el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fer-mín.

En un hecho sin precedentes que bus-ca llevar mayores niveles de seguri-dad a toda la población, las referidas instituciones se declararon en sesión permanente contra la delincuencia y el crimen organizado.

Jiménez Peña, Almeyda Rancier y Guzmán Fermín afirmaron que si gobernadores, fiscales y policías trabajan unidos y focalizados en tra-bajos de prevención, “bajo ninguna circunstancia la delincuencia ganará la batalla a los organismos de seguri-dad del Estado”.

Las autoridades pasaron revista ade-más, a distintos temas de interés para el buen desempeño de agentes del or-den y fiscales, así como las funciones que deben desempeñar los goberna-dores y subsecretarios de Interior y Policía para reforzar las acciones con-tra la criminalidad y la delincuencia.

En el encuentro, Jiménez Peña dijo que la Procuraduría como organismo encargado de la política criminal ha estado coordinando con las demás referidas entidalades, aspectos claves

relacionados con el Plan de Seguridad Democrática para aplicar un efectivo programa de prevención.

“Si trabajamos de manera coordinada y todos en una misma dirección, los re-sultados serán satisfactorios”, precisó.

Dijo que los gobernadores, fiscales y policías, así como subsecretarios de Interior y Policía, tendrán que trabajar de manera coordinada, pero respetan-do cada uno sus espacios.

Destacó que el encuentro tuvo como objetivo que cada actor sepa identi-ficar su responsabilidad, y que la so-ciedad conozca que las acciones serán contundentes y transparentes contra toda manifestación delictiva.

“Lograr un trabajo conjunto entre po-licías, fiscales y gobernadores, es una prioridad en la investigación crimi-nal”, precisó.

Resaltó que el éxito del Programa Ba-rrio Seguro, uno de los ejes del Plan de Seguridad Democrática, ha tenido como soporte la coordinación y uni-dad con dirigentes comunitarios.

Almeyda Rancier

En tanto que Almeyda Rancier explicó que con la reunión pretenden consen-suar las actuaciones de fiscales, po-licías y gobernadores, para prevenir

cualquier diferencia, tras resaltar que el objetivo es armonizar todos y cada uno de los trabajos”.

De igual manera, el titular de Interior y Policía planteó la necesidad de cele-brar una reunión similar con jueces, previo coordinación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Espera, además, que en el Congreso se puedan actualizar muchas legislacio-nes que se encuentran en su poder.

Citó también el problema registrado por la gran cantidad de armas en po-der de ciudadanos, situación, que dijo, ha causado la muerte de cientos de jóvenes.

Jefe PN

En tanto que el jefe policial, mayor general Guzmán Fermín, dijo que el encuentro es para dar respuestas a las demandas de la sociedad en cuanto a la reducción de la criminalidad.

Destacó que se trabajó en prevención, inteligencia e investigación, para en-viar un mensaje claro “de que estamos en el camino correcto y así dar res-puesta a los hechos delictivos”.

Explicó que la Policía trabaja sin des-canso para alcanzar una mayor eficien-cia en la lucha contra la delincuencia.

Jiménez Peña habla durante el encuentro junto al jefe policial, Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el secre-tario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; el gobernador de Santiago, José Izquierdo y César López.


La inspección del trabajo se encuentra establecida en el Có-digo de Trabajo, Ley 16/92 y es implementado por la Secre-taría de Estado de Trabajo, como órgano institucional del Estado dominicano, encargado de velar por el fiel cumpli-miento de las disposiciones legales, las condiciones de tra-bajo, la protección de los trabajadores, horarios de trabajos, salarios vigentes, seguridad, higiene y bienestar; teniendo la facultad de poner en conocimiento a la autoridad compe-tente de las deficiencias y abusos cometidos en perjuicio de los trabajadores, así como de las formalidades documenta-les requeridas a las empresas por las normativas laborales.

Los inspectores de trabajo, según el artículo 434 del Código de Trabajo, tienen la potestad de ingresar al centro de traba-jo, sujeto a inspección, sin previa notificación: interrogar al empleador sobre las disposiciones legales, exigir la presen-tación de libros, registros, documentos y obtener copias; efectuar cualquier examen o investigación; requerir coloca-ción de avisos; señalar plazos de subsanación de infraccio-nes; realizar diligencias previas, para obtener información, pudiendo inclusive pedir el auxilio de la fuerza pública en los casos donde los representantes de la empresa o propieta-rios se negaren a permitirle el acceso a la misma, todo esto, siempre y cuando esté debidamente identificado y en el ejercicio de sus funciones.

Luego de realizada la inspección y se comprueben violacio-nes a las leyes o reglamentos laborales, el inspector levanta un acta de infracción, amparado en el artículo 439 del C.T. en la que se constatan los hechos verificados, y debe contener: el nombre del inspector que las redacte; lugar, fecha hora y circunstancia de la infracción; nombre, profesión y domi-cilio del infractor o de su representante si lo hay; nombre, profesión y domicilio de los testigos, si los hay, los cuales deben ser mayores de quince años y saber leer y escribir. Las actas deben ser firmadas por el inspector actuante y por los testigos, si los hay, así como por el infractor o su represen-tante, o se hará constar que no han querido o no han podido firmarlas; el hecho de que falten las firmas de los testigos y el representante, no es motivo para que el acta sea invali-dada.

El acta de infracción es remitida por la Dirección General de Trabajo, órgano de la Secretaría de Estado de Trabajo, a la Fiscalía Penal Laboral correspondiente, a la razón de existir una en el Distrito Nacional, con jurisdicción en la provincia Santo Domingo y otra en Santiago; en los distritos judiciales donde no existan las Fiscalías Penales Laborales, la persecu-ción de estas infracciones les corresponderá a los fiscaliza-dores ordinarios de las jurisdicciones correspondientes.

De la labor realizada por el inspector de trabajo al momento de levantar el acta de infracción, dependerá en cierta forma el éxito en la persecución de la violación por parte del fis-calizador y la posterior imposición de la multa. Esto es así, porque las actas levantadas por los inspectores de trabajo son la piedra angular de la acusación del Ministerio Público Laboral; si el acta adolece o contiene datos erróneos de la razón social, generales del propietario o representante, los artículos violados, los nombres de los trabajadores de la em-presa afectados por la infracción, si los hubiere, en esos ca-sos la persecución de la infracción no reunirá las condiciones de legalidad previstas en el Código de Trabajo, Código Pro-cesal Penal y la Constitución de la República Dominicana.

Las actas de infracción son la prueba por excelencia de la violación cometida y son las que dan potestad al Ministerio Público para apoderar al tribunal correspondiente; de los datos vertidos en las actas de infracción se elabora la acu-sación.

No obstante ser un procedimiento especial, una simbiosis entre el Derecho Penal y el Derecho Laboral, en el Derecho Penal Laboral se deben seguir los principios procesales es-tablecidos en el Código Procesal Penal, es decir, la legalidad del proceso, única persecución, igualdad ante la ley, igual-dad entre las partes, personalidad de la persecución, dere-cho de defensa, formulación precisa de cargos, legalidad de la prueba, etc., por lo que las actas de infracción deben seguir estos preceptos, pues en ellas se fundamenta la acu-sación del Ministerio Público para efectuar un juicio público, oral y contradictorio.

De ahí se deriva la importancia de los inspectores, quienes deben ser conocedores no tan solo de la normativa laboral, sino también de la penal y procesal penal, implementando dichos conocimientos en la correcta recolección de la infor-mación, legalidad de la misma y la subsecuente redacción del acta de infracción con las formalidades intrínsecas esti-puladas en el Código de Trabajo.

Es necesario resaltar la labor mancomunada e interinstitu-cional realizada por la Secretaría de Trabajo y la Procura-duría General de la República representada por la Fiscalía Penal Laboral, en la formación, actualización y logística del cuerpo de inspectores de trabajo adscritos a la Dirección General de Trabajo, con la finalidad de que las infracciones a la normativa laboral sean perseguidas formalmente y los infractores sean sancionados por las violaciones cometidas con apego a la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes dominicanas.

Ministerio Público LaboralInspección del trabajo e incidencia en la acusación

luisa María Ramírez santanaFiscalizadora Penal Laboral

[email protected]


La Procuraduría General de la Repú-blica Dominicana y la Administración para el Sustento de Menores del De-partamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reno-varon el convenio para el reconoci-miento de la fijación, modificación y revisión de sentencias de alimentos en los casos de niños, niñas y adoles-centes

El acuerdo fue rubricado por el pro-curador general de la República Do-minicana, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el administrador del Departa-mento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, licenciado Alfonso Ramos Torres.

El pacto contempla además, la ejecu-ción de las referidas sentencias y la determinación de filiación, con el pro-pósito de fijar órdenes alimentarias y de localización, conforme a lo estable-cido en las respectivas disposiciones legales de ambos países contratantes.

Asimismo, establece que los fines principales entre ambas jurisdiccio-nes son el reconocimiento y la homo-logación de las órdenes de fijación, modificación, gestión de localización y revisión de alimentos en contra de una Persona No Custodia y contra quienes se ha presentado una recla-mación de alimentos.

También, incluye los procedimientos de imposición de medidas de cum-plimiento para el aseguramiento de las órdenes de alimentos de menores beneficiarios, determinación de filia-ción conforme a los procedimientos legales aceptados por ambas partes, así como procedimientos de cobro y distribución de pagos de órdenes ali-mentarias.

Durante la firma del acuerdo, reali-zada en la sede de la Procuraduría General de la República Dominicana, el magistrado Radhamés Jiménez es-

tuvo acompañado de la coordinadora nacional de Niños, Niñas y Adolescen-tes, doctora Marisol Tobal.

El convenio, que busca garantizar los derechos de la niñez establecidos en el Código para la Protección y los De-rechos Fundamentales de Niños, Ni-ñas y Adolescentes, Ley 136-03, tiene una duración de tres años.

Alcances del acuerdo

Los alimentos incluyen los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades bá-sicas de los niños, niñas o adolescen-tes, indispensables para su sustento y desarrollo.

Los beneficiarios son niños, niñas o adolescentes en edades comprendi-das desde su alumbramiento hasta al-canzar la mayoría de edad, de acuer-do con la reglamentación y legislación aplicables en cada uno de los países contratantes.

Las órdenes alimentarias correspon-den a la sentencia emitida por una au-toridad competente relacionada con los alimentos del menor beneficiario.

Procuraduría y Departamento de la Familia de Puerto Rico renuevanacuerdo de trámites de pensiones de NNA

Marisol Tobal, Radhamés Jiménez Peña y Alfonso Ramos Torres, mientras firmaban la renovación del acuerdo.

El senador Francisco Domínguez Brito junto Alfonso Ramos Torres y otras autoridades judiciales de Puerto Rico, quienes recientemente visitaron la República Dominicana, para la renovación del con-venio.


Procuradores fiscales coordinan plan contra el crimen para sus respectivas jurisdicciones Las Procuradurías Fiscales del Distri-to Nacional, Santo Domingo y Santia-go realizaron una reunión de trabajo, a fin de diseñar acciones conjuntas de prevención, investigación y perse-cución del delito.

Las dependencias colaborarán entre sí en la creación y diseño de estrate-gias conjuntas de prevención, investi-gación y persecución de las infraccio-nes a la ley penal, en especial la del crimen organizado y el narcotráfico, así como la protección adecuada del derecho de las víctimas y su repre-sentación legal.

Los procuradores fiscales, doctores Perfecto Acosta y Raúl Martínez de Santo Domingo y Santiago, respec-tivamente, y el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, del Distrito Nacio-nal, se reunieron en el despacho de este último, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los tres fiscales acordaron además, unificar las acciones y estrategias empleadas de manera cotidiana en la persecución de los hechos delictivos generados en cada jurisdicción, con la finalidad de establecer criterios

uniformes en el enfrentamiento de la actividad delictual.

Igualmente, se comprometieron a for-mular parámetros de interpretación análogos de las disposiciones relativas a la actividad investigativa en la nor-mativa procesal penal.

Las fiscalías trabajarán para estructu-rar una red de comunicación que per-mita recoger periódicamente datos estadísticos y otras informaciones de interés para el diseño e implementa-ción de planes de política criminal, y a intercambiar dichos reportes de ma-nera constante.

Explicaron que para lograr esa red, cada fiscalía deberá crear un orga-nismo coordinador encargado de re-colectar la información, analizarla y distribuirla tanto a nivel interno como externo, entendiéndose que ésta tiene carácter confidencial y será del manejo exclusivo de las partes que suscriben el presente acuerdo y cualquier otra entidad que forme parte de la Procu-raduría General de la República.

Finalmente, las fiscalías junto a la Es-cuela Nacional del Ministerio Público

elaborarán programas especializados de capacitación adaptados a las ne-cesidades específicas de cada una de las dependencias, debiendo tomar en cuenta los índices estadísticos y cual-quier otro dato de relevancia aporta-dos por las investigaciones que levan-ten cada una de ellas.

Moscoso Segarra, Acosta y Martínez coincidieron en afirmar que con la coordinación conjunta de actuaciones se da cumplimiento al “principio de unidad de actuaciones”, como una de las directrices que inspiran el rol del Ministerio Público en el proceso penal moderno, en virtud del cual esta ins-titución, como requirente de justicia ante los tribunales de la República y garante de la legalidad, es única para todo el territorio nacional, tal y como lo establece su estatuto orgánico.

Indicaron que otro elemento que mo-tivó la reunión es la tecnificación de los mecanismos puestos en práctica en la actualidad, para la comisión de las infracciones, lo que requiere que los organismos investigativos y de persecución aúnen esfuerzos tenden-tes a enfrentar de manera efectiva el incremento de la actividad criminal.

Los fiscales Raúl Martínez, de Santiago; Alejandro Moscoso Segarra, del Distrito Nacional y Perfecto Acosta de la provincia de Santo Domingo, al momento de ofrecer la rueda de prensa.


En una actividad que refleja los cam-bios positivos que acusa hoy el siste-ma carcelario dominicano, 500 inter-nos del recinto Najayo, San Cristóbal, que representan el 30% del total que cumple condena en ese recinto, se gra-duaron recientemente en educación básica y cursos técnicos de plomería, informática, panadería, productos químicos, de formación general e idio-mas, durante un acto celebrado en las instalaciones de este centro de correc-ción, con la presencia de autoridades del sector educativo, Ministerio Públi-co y la Dirección de Prisiones.

Los internos fueron investidos en el marco de la décima tercera graduación del Centro de Formación Integral de la Pastoral Penitenciaria. Recibieron en-señanza por parte de los Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC), logrando que 8 internos obtuvieran sus certificados de bachilleres, mien-tras que otros 30 fueron promovidos de cursos tanto en primaria como se-cundaria, para sumar 150 en los últi-mos años.

En el acto fueron reconocidos por su esfuerzo y perseverancia los internos Francisco Vélez, Francisco de los San-tos, José Abreu, Juan Amador, Heidi García, Luis Rodríguez, entre otros.

Mientras que en el renglón alto nivel académico fueron reconocidos los in-ternos Luis Medina y Joselyn Santana, así como a 11 profesores que sirvieron de facilitadores con sus compañeros.

Todos los graduandos pertenecen al sistema tradicional, cuyos recintos están siendo condicionados para que oportunamente pasen a formar parte del nuevo Modelo Penitenciario que ya beneficia a unas diez cárceles de todo el país.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional a cargo del coro del recinto y la bendición de parte del pa-dre Eduardo García.

Encabezaron el acto el procurador

general adjunto, Idelfonso Reyes; el subdirector de Prisiones, Francisco Peña; el magistrado Francisco Ango-más, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal; Garibaldi Castellanos, alcaide del recinto; Ana Belkis Ávila y Belkis Santana, directoras académica y administrativa de CENAPEC, la her-mana María Celina Mesens, directora del Centro de Formación Integral de la Pastoral Penitenciaria, entre otros.

La señora Ávila sostuvo que CENAPEC cree en la educación, y por tal razón, está presente en los recintos del país para llevar enseñanza.

Resaltó la voluntad de los internos en aprender para que al momento de ob-tener su libertad puedan ser hombres de bien para la sociedad.

Destacó que CENAPEC ha atendido en

sus 36 años de existencia a más de 500 mil estudiantes en sus 23 centros.

Mientras que Idelfonso Reyes, quien representó al magistrado procurador general de la República, Radhamés Ji-ménez Peña, elogió el trabajo y dedica-ción de los internos, por invertir parte de su tiempo a los estudios.Aprovechó la ocasión para llamar a los demás in-ternos a integrarse a los estudios para así mejorar sus condiciones de vida.

Las palabras de gracias fueron pro-nunciadas por el interno Eligio Lora Cornielle, quien expresó que lo que ocurre hoy en Najayo es una muestra de que nunca es tarde para comenzar una nueva vida. Dijo que a nombre de sus compañeros, agradecía el apoyo ofrecido por las autoridades de brin-darles la oportunidad de estudiar y capacitarse.

El magistrado Idelfonso Reyes habla durante la graduación de los internos de Najayo, acompañado de otras autoridades y personalidades.

Gradúan 500 internos del Centro Penitenciario de Najayo-Hombres, San Cristóbal


- Ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura - Consejo General de Procuradores: órgano de gobierno del Ministerio Público- Derechos Individuales y de Género: Acceso a la Información

del Proyecto de Reforma Constitucional sometido al Congreso por el Presidente Leonel Fernández

El presidente Leonel Fernández acompañado del vicepresidente Rafael Alburquerque, al momento de someter ante el Congreso Na-cional el Proyecto de Reforma Constitucional. El documento fue recibido por el presidente de ese hemiciclo, Reinaldo Pared Pérez.

Foto : Danny Martinez

Lo actuaL y Lo nuevo


El proyecto de reforma constitucio-nal sometido por el Presidente Leo-nel Fernández al Congreso Nacional, propone ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura con la inclusión de tres miembros de las Cortes de Ape-lación, elegidos por el voto directo y secreto de sus similares; un abogado escogido por el Colegio de Abogados, y un ex juez de la Suprema Corte ele-gido por los ex jueces. Dichos miem-bros permanecerían en sus funciones cuatro años.

En la actualidad, el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por los presidentes de la República, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Senado, de la Cámara de Diputados, así como por otro miembro del pleno de la SCJ, y otros dos representantes de ambas cámaras legislativas.

En su planteamiento, el Poder Ejecu-tivo propone fijar en 75 años la edad de retiro para los jueces de la SCJ, y elevar de 11 a 16 el mínimo de jueces que deben de integrar dicho tribunal.

El anteproyecto prevé la creación de una sala de garantías constituciona-les, cuyos miembros serían seleccio-nados por el Consejo Nacional de la Magistratura para un periodo de siete años. La Sala Constitucional debería comenzar sus funciones, según el ar-tículo tercero transitorio, tres meses después de entrada en vigencia la nueva Constitución.

El proyecto contempla además, la creación como figura constitucional del Defensor del Pueblo, que aunque fue establecido mediante Ley en el año 2001, la elección de sus miem-bros permanece congelada en la Cá-mara de Diputados.

CONSEJO DE PROCURADORES

En otro orden, el anteproyecto de reforma constitucional establece el Consejo General de Procuradores como órgano de gobierno del Minis-terio Público, el cual estará presidido por el Procurador General de la Repú-blica.

El artículo 161 sobre el Ministerio Pú-blico establece que ese consejo estará integrado además, por un procurador general adjunto, tres procuradores generales de Cortes de Apelación, dos procuradores fiscales y un fiscaliza-dor.

A excepción del Procurador General de la República, los miembros “serán elegidos por tres años entre sus pa-res”.

Asimismo, el artículo 162 establece que el Ministerio Público ante la SCJ estará representando por el procura-dor general, personalmente, o por los adjuntos que la ley pueda crearle.

Para ser Procurador General de la Re-pública se requerirán las mismas con-diciones que para ser juez de la SCJ.

Según el artículo 134 sobre la SCJ, para ser juez de ese organismo se requiere ser dominicano por nacimiento u ori-gen, tener más de 35 años, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y ser licenciado o doctor en Derecho.

Además, haber ejercido por lo menos durante 12 años, la profesión de abo-gado, la enseñanza universitaria del Derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez de la Corte de Apelación, de Primera Ins-tancia, de la Jurisdicción Inmobiliaria

o representante del Ministerio Públi-co ante dichos tribunales.

Los períodos en que se hubiese ejer-cido la abogacía, la docencia y las fun-ciones judiciales podrán acumularse.

Jurisdicción Contenciosa

Por otro lado, el anteproyecto esta-blece en su artículo 152 sobre la Juris-dicción Contencioso-Administrativa, que habrá un tribunal administrativo con jurisdicción nacional y asiento en el Distrito Nacional para conocer de los asuntos contenciosos-adminis-trativos, el cual estará integrado por lo menos de cinco magistrados desig-nados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Estos magistrados se regirán por las mismas condiciones de inamovilidad y requisitos para su nombramiento que los jueces de la SCJ. Podrán divi-dirse en salas.

Dentro de sus funciones figuran, co-nocer los recursos contra decisiones de cualquier tribunal contencioso ad-ministrativo de primera instancia o que en esencia tenga ese carácter.

Mientras, el artículo 154 indica que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo no serán susceptibles de recurso de casación.

Asimismo, se señala que la adminis-tración pública estará representada ante ese tribunal por un Procurador General Administrativo o los aboga-dos que la misma designe.

Ministerio Público

El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia que dirige la políti-ca del Estado contra el delito, ejerce la

Legisladores y dirigentes políticos de los diferentes partidos quienes asistie-ron a la ceremoria de sometimiento del Proyecto de Reforma Constitucio-nal ante el Congreso Nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, al momento de hacer su exposición. A su lado, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.


acción pública, garantiza los derechos fundamentales y libertades ciudada-nas que asiste a las víctimas y testigos y protege el interés público tutelado por la ley.

El Ministerio Público goza de autono-mía funcional respecto al resto de los poderes del Estado, y ejerce sus fun-ciones conforme a los principios de legalidad, unidad de actuaciones, in-divisibilidad, dependencia jerárquica, objetividad y responsabilidad.

Está integrado por el Procurador Ge-neral de la República, que lo dirige, y los procuradores generales adjuntos, entre otros.

Derechos Individuales, de Gé-nero y Acceso a la Información

El secreto profesional de los periodis-tas, el acceso de los medios de comu-nicación a las fuentes y el derecho de la ciudadanía a la información están garantizadas en el Proyecto de Refor-ma Constitucional que presentó Fer-nández Reyna.

La propuesta, de 242 artículos y otros 13 transitorios, amplía los derechos individuales tanto económicos, socia-les y en materia de medio ambiente de la población, e incluye como garantías constitucionales los derechos a infor-mar y acceder a la información.

La actual Constitución consagra el de-recho de los medios de comunicación a tener acceso a las fuentes noticiosas, tanto públicas como privadas, y la li-bre expresión en el artículo 8, nume-rales 6 y 10.

La pieza depositada por el presidente Fernández en el Congreso el pasado

18 de septiembre, propone un articu-lado compuesto por seis numerales para asegurar todo lo concerniente al derecho a la información.

Al indicar en el artículo 40 que “toda persona tiene derecho a expresar libre-mente sus pensamientos”, la propues-ta de Fernández define de la siguiente forma el derecho a la información:

“Este derecho comprende el poder difundir, recibir y buscar o investigar todo tipo de información o mensaje por cualquier medio, canal o vía, sin que este ejercicio pueda lesionar el orden público, la seguridad nacional, otros derechos personales y las bue-nas costumbres”.

Con la meta de garantizar ese derecho a investigar, recibir y difundir informa-ción, el documento eleva a la categoría constitucional algunos aspectos del ejercicio periodístico, como el secreto profesional:

• Todos los medios de información tie-nen libre acceso a las fuentes noticio-sas oficiales y privadas.

• El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista serán prote-gidos por la ley.

• Toda persona podrá ejercer el dere-cho a la réplica y rectificación cuando se sienta perjudicada en sus intereses por informaciones difundidas.

• Se prohíbe toda propaganda y difu-sión de toda información que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, subvertir el orden demo-crático-constitucional o que sirva de apología o incitación al odio, xenofo-bia, terrorismo, pornografía infantil,

discriminación por cualquier causa o intolerancia religiosa.

• La ley regulará los medios de comu-nicación social propiedad del Estado, a los fines de garantizar el acceso a di-chos medios de los sectores sociales y políticos, respetando el pluralismo de la sociedad dominicana.

Además del derecho a la información, el anteproyecto de Constitución redac-tado por una comisión nombrada por Fernández detalla y amplía los dere-chos individuales y de género.

Derechos de Género

Aunque la actual Constitución garan-tiza en el artículo 100 “la igualdad de todos los dominicanos”, no se refiere a los derechos específicos de la mujer, sino sólo en caso de maternidad y ma-trimonio.

La pieza que Fernández sometió a dis-cusión especifica en su artículo 29 nu-meral 4, que “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”.

Y para ello “se promoverán las medi-das necesarias para garantizar la erra-dicación de las desigualdades y la dis-criminación de género”.

Además, por primera vez, la propuesta eleva a categoría constitucional la par-ticipación femenina en los cargos de elección popular, en la administración de justicia y en los organismos de con-trol del Estado.

Protección al Consumidor

De ser aprobada la iniciativa del man-datario, la protección de las personas con algún tipo de discapacidad y su derecho a la integración social, eco-nómica y laboral estaría garantizada por primera vez en la Constitución de la República, según el artículo 47 de la pieza.

Pero además, el proyecto plantea el derecho de los consumidores, al ga-rantizar que la población cuente con “información adecuada y objetiva so-bre el contenido y característica de los productos y servicios que consumen”.

Y aunque no se plantea la creación de una Procuraduría del Consumidor, el proyecto eleva a la categoría cons-titucional la figura del Defensor del Pueblo, que aún no está en funciona-miento.

Monseñor Agripino Núñez Collado, César Pina Toribio, Liselot Marte, Milton Ray Guevara y Abel Rodrí-guez del Orbe, quienes junto a otros juristas redactaron el Proyecto de Reforma Constitucional.

60 Ministerio Público60 Ministerio Público

Día de la Raza es el nombre que reciben en la mayoría de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de

tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría América. En España también se celebra la Fiesta del Pilar y el Día de la Hispanidad. La denominación fue creada por el ex-ministro Faustino Rodríguez-San Pedro como presidente de la Unión Ibero-Americana que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. La fecha marca el nacimiento de una nue-va identidad producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. El Día de la Raza fue establecido en Argentina en 1917 por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, como reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a los Estados Unidos y la Doctrina Monroe. Posteriormente la fe-cha fue instituida como fiesta nacional en varios países de Hispanoamérica:

Venezuela, en 1921 por decreto presidencial de Juan Vi-cente Gómez, el presidente Hugo Chávez y el entonces mi-nistro de Educación Superior, Samuel Moncada, (verdadero autor del cambio de la festividad) lo cambia a Día de la Re-sistencia Indígena en el año 2002.

Chile, por decreto del 16 de agosto de 1923, en el año 2000 y en vista de la Ley Nº 19.668, recibe el nombre del Descu-brimiento de Dos Mundos (aunque todavía se usa el anti-guo) y se celebra como feriado el lunes más cercano al 12 de octubre.

Es por igual el mes del Santo Rosario, en honor a la unidad de la familia

OCTUBREMes de la

raZa


Por mi raza hablará el espíritu. Lema de la Universidad Nacional Autónoma de México creado por José Vasconce-los, difusor del concepto mestizo y sincrético de raza iberoamericana.

México, oficialmente desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, que alude a lo que él llamaba raza ibe-roamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural.

Uruguay, donde se denomina Día de las Américas, diferente a la fiesta del mismo nombre que se celebra el 12 de abril.

También se celebra oficialmente en Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

En España, esa fecha también se ce-lebró como Fiesta de la Raza entre 1918 (mediante una ley del 15 de

junio de 1918, declarada por el go-bierno de Antonio Maura durante el reinado de Alfonso XIII) y 1958, año en que mediante un decreto se cam-bia su denominación oficial por la de Fiesta de la Hispanidad, confirmada en 1981 (en 1940, una orden ministe-rial había cambiado la denominación a Día de la Raza). En la actualidad es la fiesta nacional española, si bien con la denominación de Fiesta Nacional de España (según Ley 18/1987, del 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de Octubre). En la ciudad de Zaragoza, España, la festividad coincide con la Fiesta del Pilar, en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad.

En los Estados Unidos la celebración similar es conocida como Día de Co-lón (en inglés Columbus Day), si bien con un carácter de celebración de la

comunidad italo-americana, mientras que en Uruguay el equivalente del Día de la Raza —si bien inicialmente tuvo un sentido panamericanista— es el Día de las Américas, celebrado desde 1915.

Día de la resistencia indígena

Concomitante con el Día de la Raza se celebra el Día de la Resistencia Indí-gena, festividad oficial en Venezuela, que se celebra en otras naciones de América Latina que coinciden con el Día de la Fiesta Nacional en España. La festividad originalmente conme-moraba el descubrimiento de Amé-rica por parte de Cristóbal Colón, de-cretada en tiempos del dictador Juan Vicente Gómez como festividad nacio-nal. Pero este hecho no era del agrado de algunos indígenas, que consideran que la conquista y los conquistado-res ocasionaron un genocidio sobre los pueblos originarios de América. El nuevo día de la resistencia indí-gena conmemora así la resistencia de los nativos americanos contra los conquistadores. Fue decretada de tal modo por Hugo Chávez y sancionada por la Asamblea Nacional de Vene-zuela como festividad el 9 de agosto de 2003, aunque con un evidente con-flicto entre los activistas ecológicos y movimientos indígenas del gobierno bolivariano, debido al derribo de una estatua de Cristóbal Colón al año si-guiente del decreto.



La Isabela fue fundada el 6 de enero de 1494, por Cristóbal Colón durante el transcurso de

su segundo viaje, tras haber conoci-do la destrucción, por los caribes, de un primer asentamiento, el llamado Fuerte de la Navidad. Este último fue un fuerte construido con los restos del naufragio de la Santa María en la costa noroccidental de la isla de La Española, donde Colón había dejado treinta y nueve hombres al mando del cordobés Diego de Arana.

Su destrucción en 1493 por los abo-rígenes de la isla, comandados por el cacique Caonabo, llevó al Almirante a preferir establecerse en otro lugar de la misma costa, pero muchas millas al Este. Aquel fue el origen de La Isabela que se compuso de unas doscientas casas de madera, que fueron construi-das en unos cuatro días.

Según Josep Maria Cruxent Roura, arqueólogo catalán, también habían

edificaciones de piedra, entre las cua-les se encontraban: la torre del obser-vatorio, la segunda casa de Cristóbal Colón, la iglesia, entre otros. Su pri-mer alcalde, nombrado por Colón y ratificado por los Reyes Católicos, fue Antonio de Torres.

La Isabela: Primer poblamiento europeo en el Nuevo Mundo

...fundada el 6 de enero de 1494, por Cristóbal

Colón, durante el trans-curso de su segundo via-je, tras haber conocido la destrucción, por los cari-

bes, de un primer asenta-miento, el llamado Fuerte

de la Navidad. Este último fue un fuerte construido

con los restos del naufra-gio de la Santa María en la

costa noroccidental de la isla de La Española”.


Padre Bernardo Boyl.- Religio-so cuya celebridad proviene de su intervención en el segundo viaje de Colón. De su vida se conocen tan sólo algunos pe-ríodos aislados. Valenciano o catalán, probablemente de Tarragona, debió nacer a me-diados del siglo XV, de familia noble, y llevó algún tiempo vida de caballero, próximo a la Corte, siendo secretario del rey y comisario en una expedi-ción a Cerdeña en 1479.

Antigua Villa Isabela.


En diciembre de 1492 llegan los españoles a esta isla llamada por

sus pobladores Quisqueya. Los españoles la bautizaron”La Españo-

la“. A finales de 1493 fundaron La Isabela, una ciudad al norte de la

isla con la cual comienza el proceso de transculturación que carac-

teriza al dominicano. La resistencia que hubo en la isla fue grande,

hubo miles de muertos y el enfrentamiento en el Santo Cerro produ-

jo más de cinco mil bajas en la población indígena. De esa batalla

surgió la adoración a Nuestra Señora de Las Mercedes que es hoy

patrona de los dominicanos. En 1498 regresó Colón de una incur-

sión a Cuba y Jamaica y se encontró que Roldán, que había sido

alcalde mayor de La Isabela, se había rebelado y se retiró al oeste de

la isla junto a sus seguidores. Este suceso impuso cambios en la isla

por parte de los reyes que implantaron el modelo de las encomien-

das y repartimientos, e impusieron la autoridad de un gobernador

que respondiera directamente a la corona. El primer gobernador fue

Francisco Bobadilla de 1500 a 1502, y luego lo sustituyó Nicolás de

Ovando desde 1502 a 1509 cuando fue sustituido por Diego Colón,

hijo del almirante. El sistema de encomiendas se esta-

blece legalmente en 1503. Esta práctica inspirada en el

feudalismo, fue esencialmente esclavista, consistía en

dar indios a funcionarios de la colonia para que traba-

jen como servidumbre a cambio de formación religiosa.

A la larga, esto provocó la disminución de los indígenas

quienes ya para 1560 habían desaparecido a causa del

maltrato. Otra mano de obra vino a sustituirlos: los ne-

gros esclavos.

TRASLADO DE LA VILLA

Dos años después, impulsados por la creencia de que los vientos que llega-ban a esas costas producían enferme-dades, se decidió trasladar la villa a la costa sur de la Isla. Y es así que el 5 de agosto del año 1496, el adelan-tado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó en la margen oriental del río Ozama, la nueva ciudad, a la que se nombró ori-ginalmente como Villa Nueva Isabela, y que luego adquiriría el nombre de Santo Domingo. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en el origen del nombre de la ciudad. Una de las versiones más aceptada es la del hijo menor del almirante, Hernando Co-lón, quien en la biografía que escribió de su padre dice que el nombre de la ciudad fue dado en honor a su abue-lo, cuyo nombre era Dominicus Colón. Pocos años después, en el 1502, el go-bernador de la isla, don fray Nicolás de

Santo Domingo: Ciudad Primada de América

“El 5 de agosto del año 1496, el adelantado Bartolomé Colón,

hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó en la margen orien-

tal del río Ozama la nueva ciudad, a la que se nombró originalmente

como Villa Nueva Isabela, y que luego adquiriría el nombre de

Santo Domingo”.



Ovando reconstruye la ciudad de Santo Domingo en la mar-gen occidental del río Ozama, esta vez el traslado se originó a la destrucción de toda la villa por un terrible huracán y a la aparición de una plaga de hormigas. La ciudad de Santo Domingo recibe del rey español Fernando de Castilla, el 7 de diciembre del año 1508, el blasón de Ciudad Primada de Indias, sirviendo ésta como modelo para la edificación de otras ciudades coloniales en América, construyéndose en ella las edificaciones más relevantes de la Colonia, dentro de las que podemos citar la Fortaleza Ozama, la que se con-virtió en la primera edificación militar del Nuevo Mundo; el Hospital San Nicolás de Bari, primero de Las Américas. Ya para el año de 1521 la ciudad había iniciado la construcción de la que sería la primera catedral de Las Américas, a la cual le otorgaron el título de Catedral Metropolitana y Primada de las Indias, convirtiéndose en el centro de la Cristiandad de todo el hemisferio. En el 1538 se fundó la primera univer-sidad de América con el nombre de Santo Tomás de Aquino, hecho que acompañado de una gran actividad intelectual dio principio a que Santo Domingo fuera conocida como la Atenas del Nuevo Mundo, convirtiéndose en un dinámico centro cultural y en la cuna de todas las expediciones que se llevaron a cabo en el Continente Americano. Santo Domin-go fue la más importante ciudad de la colonia española en el Nuevo Mundo, y luego de la Independencia Nacional, el 27 de Febrero del año 1844, pasó a ser la capital de la nueva Re-

pública Dominicana y asiento de su gobierno, según reza en el artículo No. 6 de la Constitución de ese año. El 8 de enero de 1936 fue cambiado su nombre, de una manera ilegal, por el de Ciudad Trujillo, según la ley No. 1067 votada por el Congreso de la República, motivada por apetencias perso-nales del presidente dictatorial de ese entonces, Rafael Leo-nidas Trujillo Molina, siendo restituido nuevamente luego del ajusticiamiento de éste, en el año 1961, y adquiriendo el título de Cuna de América. El área donde fue edificada la ciudad de Santo Domingo en el año 1502 es llamada Zona Colonial y conserva muchas de sus construcciones en buen estado, gracias a los trabajos de mantenimiento y restaura-ción que diferentes gobiernos dominicanos han realizado. Motivados por las riquezas históricas y arquitectónicas que se pueden apreciar en la Zona Colonial, en el año de 1992, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-nization (Organización de las Naciones Unidas para la Edu-cación, Ciencia y Cultura -UNESCO-) la declaró “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Para el estadounidense Samuel Guy Inman

el “Día de la Raza” es celebrado no para con-

memorar el descubrimiento del continente,

sino para exaltar, como en una reunión de

familia, la consanguinidad de toda la Amé-

rica Hispana con las madres patrias: España

y Portugal. Y así es en realidad. Ya el domini-

cano Pedro Henríquez decía: “Generosa ins-

piración la que ha creado esta festividad del

Día de la Raza, donde confirmamos, año tras

año, la fe en los grandes destinos de los pue-

blos que forman la comunidad hispánica”.

Para nosotros que nunca sentimos el orgullo

del color de la piel, la raza está constituida

por el habla y la fe, que son espíritus...”


Vista aérea de la ciudad de Santo Domingo y la Zona Colonial.

Catedaral Primada de América, en su edificación antigua.


Fue el mexicano José Vasconcelos quien de manera textual nos habló por primea vez de “raza cósmica”, concepto que en el marco del mestizaje han defendido otros intelectua-les como el venezolano Arturo Uslar Pietri, el colombiano Gabriel García Márquez y el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Es una tesis que a su estilo asumió y difundió inclu-so el fallecido santo padre Juan Pablo Segundo, en su pe-regrinación por el mundo. La tesis central de Vasconcelos “La Raza Cósmica” publicada en 1925 buscaba demostrar cómo las distintas etnias tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes. Se publi-có en la época en que prevalecía en el mundo científico la doctrina darwinista de la selección natural que salva a los aptos, condena a los débiles; doctrina que, llevada al terre-no social por Gobineau, dio origen a la teoría del ario puro, defendida por los ingleses, llevada a imposición aberrante por el nazismo. La de Vasconcelos podría ser considerada la obra fundacional de la tesis de la cultura mestiza en Amé-rica Latina. Lo nuevo de ella no es la simple reivindicación del mestizaje biológico, supuesto fundamento de virtudes nacionales, como es el caso, por ejemplo, de Nicolás Pala-cios, ensayista chileno de comienzos del siglo XX que escri-bió en 1904 “La raza chilena”, donde sostuvo que en Chile se había constituido una raza excepcional por el mestizaje de españoles de origen germánico con una raza india, am-bas razas viriles, valientes, sobrias y con indudables virtu-des militares.

Contra esta teoría surgieron en Francia biólogos como Le-clerc du Sablon y Noüy, que interpretan la evolución en for-ma diversa del darwinismo, acaso opuesta al darwinismo. Y se da el caso hoy de que aún darwinistas distinguidos viejos sostenedores del espencerianismo, que desdeñaban a las razas de color y a las mestizas, militan hoy en asocia-

ciones internacionales que, como la Unesco, proclaman la necesidad de abolir toda discriminación racial y de educar a todos los hombres en la igualdad, lo que no es otra cosa que la vieja doctrina católica que afirmó la actitud del indio para los sacramentos y por lo mismo su derecho de casarse con blanca o con amarilla. La legitimidad de los mestizajes y con ello las bases de una fusión interracial reconocida por el Derecho, es hoy reconocido por la doctrina cientí-fica y política. Si a esto se añade que las comunicaciones modernas tienden a suprimir las barreras geográficas y que la educación generalizada contribuirá a elevar el nivel económico de todos los hombres, se comprenderá que len-tamente irán desapareciendo los obstáculos para la fusión acelerada de los seres humanos sin importar el color de su pigmentación.

Una sola raza: la humana, la cósmica

Pedro Henríquez Ureña José Vasconcelos



Ángela Contreras albuez La autora es abogada y [email protected]

AMERICA, SANTO DOMINGO Y SUS PRIMACIAS

Ninguna nación americana, más que la dominicana, puede mostrar con orgullo y con sobrado valor cultural e histórico, el galardón de haber sido la primera ciudad del Nuevo Mundo y la llamada primera civilización de América.

Tras los primeros pobladores españoles establecidos en la isla en la mítica villa Isabela, los pobladores históricos como han sido llamados, llegados en el segundo viaje de Cristóbal Colon en 1493, el nuestro se convirtió en un te-rritorio primado.

Aquí se oficio la primera misa, a cargo del padre Ber-nardo Boil en la propia Isabela; de aquí partieron con sus huestes civilizadoras los grandes conquistadores de México, Cuba, Perú y otras tierras americanas. De ahí, que las figuras de Cortes, Velazquez y Pizarro, estén his-tóricamente asociadas; lo están en términos de muerte y exterminio, y por igual, de heroísmo y proeza.

Fuimos nosotros el asiento de la primera catedral, del pri-mer ayuntamiento y de la primera universidad del Nuevo Mundo.

En todo fuimos los primeros, desde lo más pequeño a lo más grande y desde lo más simple a lo más complejo.

Así como fuimos el primer poblamiento europeo y la ciudad primada de América, fuimos también los transe-untes de la primera calle, los ocupantes de la primera casa, el primer vecino, el dueño del primer comercio, y posiblemente, antes de la llegada de los primeros frailes, fuimos los privilegiados bendecidos por el evangeliza-dor, aquel que como Bartolomé de Las Casas y Antón de Montesinos, ante la espada, prefirió la cruz y la unió a su palabra de paz, unión y amor en Cristo, para defender al nativo y al indefenso.

Pienso que la nuestra es una nación escogida por Dios, algo así como una gran iniciada, cuya historia, cultura y raza cósmica, forman todas juntas, nuestra gran prima-cía¨, nuestro gran legado cultural e histórico.

Ni las pestes, las locuras, las malicias, las guerras, las le-yendas negras, las ocupaciones haitianas, los malos au-gurios y las maldiciones, la falta del situado, las precarie-dades económicas, la España Boba y las devastaciones, nada, ninguna amenaza y materialización diabólica y fa-tídica a lo largo de estos cinco siglos, han podido contra nuestra grandeza cultural e histórica.

América no fue un continente soñado. Fue sencilla y elo-cuentemente una sorpresa fascinante para el europeo que lo descubrió, tras el grito de ¡tierra!, lanzado por Ro-drigo de Triana, aquel histórico 12 de Octubre de 1492.

Ninguna mentalidad de genio o de vencedor de los ma-res, ora Marco Polo, ora Américo Vespucio, ora Cris-tóbal Colón, detrás de la soñada Cipango, se imaginó siquiera que de este lado del atlántico, desafiando bruma y tempestad, podía encontrarse un mundo des-conocido de las dimensiones de nuestra América con sus “civilizaciones aborígenes” y dos enormes masas triangulares unidas por el istmo de su parte céntrica, que se extienden y regodean desde las regiones árticas hasta el Círculo Polar Antártico, con una longitud total de unos 18 mil kilómetros y una superficie cuatro veces superior a la de Europa!

Antes que Colón pensara siquiera emprender su empre-sa hacia la India en busca de la especia que escaseaba en Europa, y su sueño velado del Dorado, América era en realidad un Continente, el gran mundo desconocido, con una extensión vasta de 42 millones de kilómetros cua-drados, aislado en función de la vida civilista de los viejos mundos comunicados y en constante desarrollo, pero en fin y de hecho un Continente de poblaciones múltiples y diversas, que como el Inca se alzaba orondo en la Cor-dillera de los Andes… como el Maya de la gran cultura y como el nativo de la América del Norte, el Apache o el Piel Roja, para el cual, en su defensa heroica de la tierra que lo vio nacer, ¨cualquier día sigue siendo bueno para morir.

Como los Caribe y Tainos, víctimas de una total extinción en Las Antillas, bajo el código impune y secreto de una supuesta pureza de sangre.

Pero si ancha e inmensa es esta América en poblaciones muchas y variadas, incomparable lo fue en relación con otros continentes, en todo lo que tiene que ver con su madre naturaleza.

Ninguna nación americana, más que la dominicana, puede mostrar con orgullo y con sobrado valor cultural e histórico, el galardón de haber sido la primera ciudad del Nuevo Mundo y la llamada primera civilización de América.


Rossanna Dalmasí de GonzálezDirectora de Gestión Humana

[email protected]

Un Servicio Público Centrado en Valores

A diario escuchamos las quejas de diferentes sectores de la sociedad, sobre la pérdida de valores en el accionar de los individuos que la conforman.

La problemática no solo se refiere a la carencia de principios; se trata de algo peor que eso; se habla de una transmuta-ción de valores. Lo que antes era despreciado por mundano o inmoral, ahora se considera como el ingrediente indispen-sable para alcanzar la verdadera felicidad.

En aquellas sociedades donde el comportamiento de sus ciudadanos no esté fundamentado en principios éticos y morales, se hace sumamente difícil la convivencia armónica y organizada. Un Estado donde el accionar de sus servidores públicos no refleje una vocación de servicio, honestidad y respeto, no logra mantener la confianza de sus ciudadanos, propiciando un ambiente de caos e ingobernabilidad.

Educar en valores implica crear las condiciones que generen procesos de aprendizaje que permitan integrar valores a nuestras conductas, rechazar antivalores y elaborar patro-nes personales de valores.

La Procuraduría General de la República, como institución de servicio dentro del sector justicia, consciente del delica-do rol que tiene asignado y correspondiendo a su política de promoción de valores, ha elaborado los documentos Códi-go de Comportamiento Ético del Ministerio Público y la ¨Cul-tura Institucional¨, los cuales fueron producto de amplias jornadas de reflexión del personal directivo de la institución, con la asesoría de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El Código de Comportamiento Ético define cada uno de los principios en que se deben sustentar las acciones de sus in-

tegrantes, así como aquellas actuaciones que le están pro-hibidas.

En la Cultura Organizacional se encuentran dichos principios traducidos en el accionar, con miras a facilitar su apropia-ción y compromiso.

Estos documentos, junto a los sistema de Consecuencias y de Gestión Institucional, conforman el Sistema de Integri-dad Institucional de la Procuraduría General de la República, que se implementan desde principios del año 2007, dentro de sus programas de fortalecimiento y transparencia insti-tucional.

Resulta, pues, un gran reto para la Dirección de Gestión Hu-mana, la delicada y comprometedora tarea de promover y facilitar la apropiación de los principios éticos instituciona-les, reto que asumimos con valentía, conscientes del com-promiso que tenemos con la formación y el desarrollo de nuestro capital humano, a fin de brindar el mejor servicio a nuestra sociedad.

En aquellas sociedades donde el comportamien-to de sus ciudadanos no esté fundamentado en principios éticos y morales, se hace sumamente difícil la convivencia armónica y organizada. Un Estado donde el accionar de sus servido-res públicos no refleje una vocación de servi-cio, honestidad y respeto, no logra mantener la confianza de sus ciudadanos, propiciando un ambiente de caos e ingobernabilidad.


El procurador general de la Repúbli-ca, Radhamés Jiménez Peña, dispuso que el supervisor nacional de fiscales, magistrado Henry Cerda, se traslade a La Vega para investigar la denuncia del senador Euclides Sánchez de que miembros del Ministerio Público han favorecido a narcotraficantes con ac-ciones u omisiones.

Jiménez Peña pidió a Cerda que con-sulte a todos los sectores que sean necesarios a los fines de obtener una versión apegada a la realidad en esa provincia.

Advirtió que de comprobarse la de-nuncia del legislador vegano dispon-drá sanciones ejemplarizadoras den-tro de la institución que dirige, que incluye la separación del Ministerio Público y el sometimiento a la justicia ordinaria.

Dijo que tan pronto el magistrado Cerda concluya las investigaciones, le deberá rendir un informe con las reco-mendaciones de lugar. El magistrado Cerda inició de inmediato las investi-gaciones.

Jiménez Peña exhortó a los fiscales del país a que se esfuercen cada vez más por hacer conciencia de la necesidad de asumir un compromiso con los va-lores ético-morales, alentando la bús-queda del interés común por encima del individual, asumiendo que “tene-mos sobre nuestros hombros” una de las más delicadas responsabilidades a la que funcionario público alguno deba responder: defender los intere-ses de una sociedad cada vez más vul-nerable.

Entiende que no puede haber mayor riqueza en el mundo que el sentido del honor y la satisfacción del deber cumplido, bajo el entendido de que un fiscal sin valores éticos se convierte en cómplice del fraude, la corrupción y las injusticias, haciendo de la profe-sión un oficio perverso y nocivo.

Insistió en que no tolerará ningún asomo de inconducta ni de actitud complaciente con el narcotráfico, por considerarlo un crimen de lesa hu-manidad que daña a toda la sociedad, principalmente a su juventud.

El magistrado Henry Cerda fue de-signado como procurador general adjunto mediante decreto del Poder Ejecutivo, y como supervisor nacional de fiscales por el procurador Jiménez Peña

Sobre narcotráfico

En el mismo tenor, el magistrado Jiménez Peña ad-

virtió que actuará sin contemplación en caso de que

miembros del Ministerio Público se presten a parti-

cipar en connivencia con el narcotráfico o cualquier

otro crimen.

Dijo que tiene el compromiso como autoridad de lu-

char contra todo lo que tiene que ver con el crimen

organizado, y principalmente contra el narcotráfico,

al que calificó como un crimen de lesa humanidad.

Advierte que actuará sin contemplación contra narcotraficantes

El magistrado Radhamés Jiménez Peña juramenta a Henry Cerda como inspector nacional de fiscales.

Procurador instruye al supervisor de fiscales a investigar denuncia en La Vega


Moisés FerrerAnuncia persecución contra fraude eléctricoAdvierte que defraudadores deben prepararse para responder en la Justicia

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico anunció que el Ministerio Público perseguirá activa-mente y procesará judicialmente a las personas y sectores que se dediquen a defraudar a las empresas distribuido-ras de electricidad.

El magistrado Moisés Ferrer Landrón, titular de dicha procuraduría, sostuvo que en la persecución de ese tipo de delito no habrá ninguna distinción y que los involucrados serán persegui-dos sin importar quién haya realizado el hecho delictivo.

Dijo que el Estado dominicano tie-ne que pagar por concepto de subsi-dio al sector eléctrico alrededor de US$1,200,000.00 anuales, de los cua-les un alto porcentaje corresponde al fraude de energía eléctrica que a dia-rio realizan los usuarios del servicio, incluyendo a grandes empresas.

“Advertimos a todas las personas que cometen fraudes eléctricos en el país, que el Ministerio Público le dará ca-bal seguimiento para someterlo a la acción de la justicia,” expresó Ferrer, previo a la apertura de los entrena-mientos denominados “Procesamien-to de Casos”, dirigidos a 25 técnicos de la Superintendencia de Electricidad que trabajarán en la persecución del fraude eléctrico y el levantamiento de las actas de fraude.

Manifestó que la Procuraduría Gene-ral Adjunta para el Sistema Eléctrico continuará capacitando a los miem-bros de ese sector para que se vayan perfeccionando adecuadamente y puedan perseguir el fraude respetan-do los derechos fundamentales de los imputados.

En torno a los consumidores que le llega la factura eléctrica alterada, les exhortó a dirigirse a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléc-trico para de inmediato, en coordina-ción con la Superintendencia de Elec-

tricidad, proceder a verificar dicho medidor y si es necesario enviarlo a la Dirección General de Normas y Siste-mas (DIGENOR), quien se encargará de determinar si los medidores han sido manipulados.

Ferrer dijo que una vez verificada la existencia de algún fraude, el informe pericial deberá ser enviado al Minis-terio Público, quien lo utilizará como medio de prueba en el proceso.

Dijo que durante el proceso de entre-namiento serán capacitados, además, personal de las distribuidoras Edenor-te, Edesur y Edeeste, las cuales proce-derán a identificar la zona donde se

presume se están cometiendo fraudes eléctricos en su condición de víctima de este tipo penal.

Ferrer Landrón indicó que la jornada de capacitación tiene como objetivo identificar las acciones que son con-sideradas como infracciones, contem-pladas en la Ley General de Electri-cidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.

La actividad incluye el taller investiga-ción preliminar, impartido por las ma-gistradas adjuntas Wendy González y Mirna Ortiz, quienes forman parte del equipo de capacitación de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

El magistrado Moisés Ferrer coordina una sesión de trabajo durante el curso de entranamiento a 25 técnicos del sector eléctrico.


Historia de los VTPsY el Nuevo Modelo Penitenciario

El nuevo Modelo Penitenciario que con rotundo éxito se desarrolla hoy en las cárceles dominicanas, tiene su antecedente en el año 2000, duran-te el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando la gestión que encabezó en la Procuraduría Ge-neral de la Republica el doctor César Pina Toribio, inició un proyecto pilo-to con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), luego de la firma de un acuerdo para impul-sar un proceso de capacitación de un Cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario.

El convenio firmado por Pina Toribio y el entonces rector de la UNPHU, doc-tor Mariano Defilló Ricart, establecía que el personal sería capacitado para asumir las funciones de seguridad, supervisión, custodia y rehabilitación de reclusos de las diferentes prisio-nes, tomando como punto de partida la cárcel modelo de Najayo, San Cris-tóbal.

La iniciativa involucraría a diferentes sectores de la sociedad, tanto del sec-tor público como privado e incluiría un Patronato Nacional Penitenciario. La Procuraduría debía aportar los re-cursos y la UNPHU sus instalaciones

académicas para la capacitación de los agentes.

En el proceso participó activamente el hoy mayor general y director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sán-chez, quien ostentaba a la sazón el mismo cargo con rango de general de la Policía Nacional.

El proyecto arrancó a finales de mar-zo del año 2000 con un primer gru-po de agentes integrados por 140 jóvenes de ambos sexos, bachilleres debidamente seleccionados, algunos incluso con formación técnica y pro-fesional. El director del cuerpo lo era el coronel del Ejército Nacional, Iván de Jesús Candelier Tejada.

Durante el acto de presentación en el campus II de la UNPHU, César Pina Toribio agradeció a las autoridades de la UNPHU, la generosidad de ofre-cer su recinto para el entrenamiento de los miembros del Cuerpo de Vigi-lancia y Tratamiento Penitenciario, destacando que su creación formaba parte de la política de Reforma y Mo-dernización que a todos los niveles de la sociedad dominicana se llevaba a cabo en el país.

Hablaron también Defillo Ricart, Pé-rez Sánchez, y Candelier Tejada, quien se encargo de presentar en formación al primer grupo.

En la parte superior César Pina Toribio entrega la caperta de formación a uno de los miembros del primer grupo del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, antecendente de los VTPs; y en la parte inferior una vista parcial de dichos agentes.


Teléfonos y correos de Procuradurías de Cortes y Fiscales


www.procuraduria.gov.do

No. 08

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