Mejorando la información financiera de las empresas para fomentar ...

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ISBN 978-958-8307-88-6

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el CaribeMejorando la información financiera

de las empresas para fomentar el desarrollo económico de la región

Henri FortinAna Cristina Hirata Barros

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D I R E C C I O N E S P A R A E L D E S A R R O L L O

Finanzas

Nunca antes ha sido más clara la importancia de ir hacia normas internacionales de contabilidad y auditoría de alta calidad. En medio de la actual crisis financiera y económica mundial, los líderes del Grupo de los 20 recalcaron que sólidas normas de contabilidad y auditoría son un componente de crucial importancia en la arquitectura financiera internacional. Una información financiera empresarial transparente y confiable sirve de base a gran parte de la agenda para el desarrollo en la región de América Latina y el Caribe, desde el crecimiento basado en el sector privado hasta una mejor estabilidad financiera, a la vez que facilita el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas y favorece la integración económica.

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe es el primer libro en el que se examinan en forma sistemáticala información financiera y la auditoría en la región, aprovechando la experiencia y estudios del Banco Mundial. El libro fue diseñado para que su información sirva de base al diálogo de políticas sobre los temas de contabilidad y auditoría y para fomentar una dinámica de reforma en dichos temas en toda la región.

Para los países de América Latina y el Caribe, sobre todo para las economías de mercados emergentes de rápido crecimiento, como la de Brasil, la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y otros estándares globales de calidad es una parte fundamental del camino hacia la competitividad global, la integración de los mercados y el desarrollo del sector privado. Hasta este momento, en ningún libro se había evaluado el cumplimiento de la región con los estándares globales de contabilidad y auditoría. Los autores han logrado este objetivo y por esto Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe constituye una importante referencia paralos que toman decisiones en el ámbito de los negocios, de las finanzas y de la regulación de los mercados.

—Pedro Malan Curador de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, Londres, y ex Ministro de Finanzas de Brasil.

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe ofrece un panorama claro de la profesión contable en América Latina y el Caribe, sus experiencias exitosas y los principales desafíos que enfrentará en los próximos años. Los autores ofrecen, en una forma accesible tanto para los profesionales como para los formadores de políticas, sugerencias útiles y prácticas para que los líderes de la región promuevan prácticas contables y de auditoría de alta calidad.

—Robert L. Bunting Presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), New York.

La crisis actual ha demostrado la importancia de una información adecuada para los inversionistas. Los países latinoamericanos tienen necesitan financiar inversiones significativas, gran parte de lo cual conseguirán en los mercados de capitales. Una mejor información financiera facilita este proceso. Con respecto a la regulación, son asuntos de la mayor importancia el cumplimiento de los estándares de auditoría y contabilidad y la planeación apropiada de la adopción de las normas internacionales de información financiera, todo lo cual promoverá una integración saludable de los países de América Latina, basada en beneficios mutuos. En Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe se analizan estos temas, y otros más, en forma clara y ambiciosa, con un enfoque regional.

—Guillermo Larraín Superintendente de Valores y Seguros de Chile Presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Madrid.

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Contabilidad y crecimiento en América Latina y el CaribeMejorando la información financiera de las empresas para fomentar el desarrollo económico de la región

Henri FortinAna Cristina Hirata BarrosKit Cutler


The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author(s) and do not neces-sarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent.The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this volume do not imply any judgment concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados aquí son los del(los) autor(es) y no reflejan ne-cesariamente las opiniones de los directores del Banco Mundial, o de los gobiernos que ellos representan.El Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos incluidos en este trabajo. Las fronteras, los colores, los nombres y otra información expuesta en cualquier mapa de este volumen no denotan, por parte del Banco, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni aprobación o aceptación de tales fronteras.

This work was originally published by the World Bank in English as Accounting for Growth in Latin America and the Caribbean: Improving Corporate Financial Reporting to Support Regional Economic Development in 2009. This Spanish translation was arranged by Mayol Ediciones. Mayol Ediciones is responsible for the quality of the translation. In case of any discrepancies the original language will govern.

Publicado originalmente en inglés por el Banco Mundial como Accounting for Growth in Latin America and the Caribbean: Improving Corporate Financial Reporting to Support Regional Economic Development en 2009. La traducción al castellano fue hecha por Mayol Ediciones, editorial que es responsable de su precisión. En caso de discrepancias, prima el idioma original.

© 2010 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

© 2010 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial1818 H Street, NWWashington, DC 20433, USA

Todos los derechos reservados

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe: Mejorando la información financiera de las empresas para fomentar el desarrollo económico de la región

Primera edición en castellano: junio de 2010Para esta edición: © 2010 Banco Mundial

ISBN: 978-958-8307-88-6

Traducción: Ignacio CaviedesImagen de cubierta: Imagezoo/Images.com/CorbisDiseño de cubierta: Naylor Design, Inc.Coordinación editorial: María Teresa Barajas S.Edición, diagramación y producción: Mayol Ediciones S.A.

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia


Prólogo xiPrefacio xiiiAgradecimientos xvAcerca de los autores xviiPrincipales abreviaturas y acrónimos xixPanorama general xxi

1 Introducción y antecedentes 1Importancia de la contabilidad y auditoría para el desarrollo económico de la región 2La contabilidad y auditoría en el contexto económico regional 6Impulso internacional para la reforma 9Reforma de la contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe: tres experiencias exitosas 11Condiciones favorables para la reforma en contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe 14Acerca de este libro 18

2 Marcos nacionales de información financiera empresarial. Uniendo las piezas en un paisaje fragmentado 23Integridad 25Coherencia 30Adaptabilidad 33Diferenciación 34Conclusión 36

3 Preservando el buen nombre de la profesión contable. Garantizar que la profesión pueda hacer frente a los desafíos actuales 39Estructura de la profesión de contabilidad y auditoría 40Papel de los organismos profesionales de la contabilidad y auditoría 41

Contenido


vi Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

Requisitos de ingreso: el sistema basado en la acreditación universitaria y sus límites 48Requisitos para mantener una licencia profesional 51Regulación y supervisión de la función de auditoría externa 53Papel de las organizaciones internacionales y la cooperación regional 57Conclusión 59

4 El papel de los sistemas de formación profesional. Preparando a la nueva generación para la prestación de servicios de contabilidad y auditoría de alta calidad 61Tendencias recientes en la formación superior 62Contenidos de los cursos y calidad de los planes de estudio C&A 65Profesores y estudiantes 69Conclusión 73

5 Adopción de las normas internacionales de contabilidad y auditoría. Buscando la armonía en un coro de voces 77NIIF en América Latina y el Caribe: la resolución del dilema entre adoptar y adaptar 78Retos principales en la adopción de las NIIF 78Alcance de la aplicación 79Un marco fuerte para la emisión de normas 82Las normas de contabilidad nacionales y su futuro incierto 87NIIF para PyME(s) 88NIIF en el sector financiero 88Adopción de normas internacionales de auditoría en América Latina y el Caribe 90Conclusión 92

6 El cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría. Los retos de un cumplimiento eficaz 95La escasez de incentivos para generar información financiera confiable 95Falta de capacidad o recursos 98Cumplimiento de los requisitos de información financiera 98Cumplimiento de las normas profesionales y de auditoría 102Regímenes sancionatorios 104Conclusión 106

7 El camino para la reforma 107Pilar 1. Establecer requisitos adecuados 108


viiContenido

Pilar 2. Desarrollar la capacidad adecuada en contabilidad y auditoría 111Pilar 3. Hacer cumplir las normas 115El papel del Banco Mundial y otras agencias para el desarrollo 121

Anexo A. Acerca del programa ROSC sobre contabilidad y auditoría 125Objetivos del programa ROSC C&A 125Cobertura del programa ROSC C&A 126

Anexo B. Cobertura del Programa ROSC sobre contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe 129

Anexo C. Adopción de las NIIF en América Latina y el Caribe 131

Anexo D. Planes de acción nacionales: desarrollando una visión estratégica y una agenda de reforma 1331. Las reformas se centran en medidas simples y exigibles 1332. Secuencia: las reformas tienen prioridades 1343. Todos los interesados tienen un rol activo 1354. El gobierno tiene el rol principal como coordinador y facilitador 1355. También es parte de la solución cooperar con otros países 135

Referencias y otros recursos 137Informes sobre el cumplimiento de las normas y códigos, contabilidad y auditoría 137Referencias 138

Glosario 145

Cuadros

1.1 Indicadores económicos básicos en América Latina y el Caribe 8

2.1 Entidades comerciales sometidas a auditoría exigida por ley (excluye las empresas de propiedad del Estado) 28

2.2 Control interno y otros mecanismos de supervisión financiera en las EIP 292.3 Requisitos para la divulgación pública de los estados financieros completos 31

3.1 Cuotas de afiliación a organismos profesionales de contabilidad seleccionados 423.2 Países en los que la afiliación a organismos profesionales de contabilidad es

obligatoria 45


viii Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

3.3 Requisitos de experiencia profesional para auditores estatutarios 503.4 Horas de DPC requeridas por año 51

4.1 Composición de los planes de estudios contables en universidades seleccionadas 68

5.1 Estado de la adopción por ley de las NIIF en los países de América Latina y el Caribe (en marzo de 2009) 79

5.2 Participación de representantes de América Latina en los organismos internacionales de expedición de normas y otros relacionados 81

5.3 Algunas diferencias importantes entre los PCGA nacionales y las NIIF 875.4 Adopción legal de las Normas Internacionales sobre Auditoría 90

Gráficos

1 Los tres pilares de los sistemas de información financiera xxii2 Fijación de requisitos adecuados de información financiera empresarial xxiv3 Regímenes de cumplimiento. Varios grados de responsabilidad pública xxvii4 Cuatro reformas prioritarias para un marco sólido de información financiera xxviii

1.1 Vista comparativa de la intensificación financiera en la región Activos financieros como porcentaje del PIB, 2007 (porcentajes) 3

1.2 Intensificación de los mercados financieros en América Latina Activos financieros totales para Latinoamérica (US$ miles de millones) 17

3.1 Tipos de servicios de contabilidad y auditoría y tamaño de las empresas 40

4.1 Inscripción en instituciones privadas en América Latina y el Caribe como porcentaje de la inscripción total (1985-2002). 63

4.2 Cobertura de los planes de estudio de contaduría en América Latina y el Caribe 684.3 Restricciones para ofrecer cursos en normas internacionales 70

7.1 Fundamentos de un marco sólido de información financiera empresarial 1087.2 “Tamaño correcto” de las reglas 1097.3 Cumplimiento 116

Recuadros

1.1 Actividades de seguimiento de ROSC C&A 19

2.1 Entidades de interés público (EIP) 242.2 NIIF para las PyME(s) 35

3.1 Declaración de Obligaciones de Miembros de la IFAC (DMO) 47


Contenido ix

3.2 Registros de auditores estatutarios en Argentina y Honduras 543.3 La junta de supervisión de auditores independientes de El Salvador 56

4.1 La Universidad Especializada en Contaduría Pública Autorizada de Panamá (Unescpa) 75

5.1 El CPC de Brasil: mejores prácticas en expedición de normas 835.2 El proceso de aprobación de las NIIF de la Unión Europea 85

6.1 Cumplimiento de las normas contables aplicables: evidencia de los ROSC C&A 99

6.2 La Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECS): una lección de cooperación 101

6.3 Cumplimiento de las normas de auditoría aplicables: evidencia del programa ROSC C&A 105

7.1 Comparación interregional: sistemas de certificación en Asia 1137.2 Comparación regional: sistemas de supervisión de auditoría

en Corea y Sri Lanka 119


Prólogo

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran actualmente en mejor posición que en el pasado para concretar su potencial de desarrollo. La mayor parte de los países de la región, desde el año 2000, ha logrado mantener la inflación bajo control, ha controlado también la deuda externa y establecido un sistema de tipos de cambio flexibles. La creciente inversión se ha financiado en gran parte con el ahorro interno y al propio tiempo las ganancias en productividad constituyen el motor del crecimiento en los sectores competitivos. Anteriormente, las crisis externas se pro-pagaban con rapidez a lo largo y ancho de la región, causando rápidas devaluaciones de las monedas locales y aumentos en las tasas de inflación, quedando los pobres en situación mucho peor de aquella en la que se encontraban. Pero la región aprendió de la experiencia de las crisis y la evidencia más extraordinaria de esta flexibilidad recién adquirida es el mejor desempeño relativo de la región en la actual crisis financiera mundial, comparado con las regiones de Europa oriental y Asia oriental.

Países como Brasil y México están surgiendo como actores económicos mundiales y así la región ya forma parte de la solución a los problemas globales que abarcan desde la crisis financiera hasta el cambio climático. Esta región, habitualmente una región de medianos ingresos, ha logrado sacar de la pobreza a unos 6 millones de personas entre los años 2002 y 2008, si bien la tendencia se ve actualmente amenazada por los efectos de la crisis mundial.

No existe un modelo ni un diseño que pueda señalar una misma ruta de desarro-llo para toda la región. Dentro de una región diversa, cada país intenta descubrir su propia vía hacia el bienestar económico y social, pero sí es suficientemente claro que los latinoamericanos desean un futuro que ofrezca oportunidades para todos y no solo para unos pocos.

Para convertir este sueño en realidad se precisa que la región modernice su infra-estructura, mejore la calidad de sus sistemas educativos, propenda por un mejor clima de los negocios y consiga que el Estado trabaje para el pueblo prestando servicios básicos para todos.

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xii Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

Este libro se concentra en la función de los sistemas de contabilidad y auditoría sólidos y transparentes como soporte para el logro de esos objetivos, ya que representan uno de los fundamentos esenciales de cualquier estrategia encaminada al crecimiento compartido. Las entidades financieras, los inversores, los gerentes de empresa, las au-toridades reguladoras y los gobiernos dependen de una información financiera sólida para que sus decisiones estén bien respaldadas. Como ya lo ha demostrado la crisis, la estabilidad financiera es de importancia crucial para que se mantenga la confianza en el sistema económico y enviar las señales adecuadas para una rápida recuperación. La transparencia financiera es de importancia capital para que funcione la disciplina del mercado y sea eficaz la supervisión reguladora, al igual que para facilitar el resur-gimiento de la región como destino atrayente para los inversores, particularmente a raíz de la crisis actual.

El Banco Mundial trabaja con los países de América Latina y el Caribe en el adelanto de sus propios procesos de reforma para diseñar y establecer sus procesos locales de contabilidad y auditoría de acuerdo con los códigos y las normas internacionales de mejores prácticas. Tras ocho años de estudiar la situación actual de la contabilidad y la auditoría en cada país y de proveer asistencia técnica a nivel nacional, estimamos que sería útil retroceder un poco y observar qué podría aprenderse por medio de un análisis regional de mayor amplitud. El presente libro tuvo su origen en esta premisa y el enfoque dio su fruto. Esta publicación no sólo ofrece a los gobiernos de la región la posibilidad de verificar en cuáles aspectos va su país al frente y en cuáles está re-zagado, sino que contribuye además a que se fijen las prioridades para los próximos retos e ir conformando el programa de las políticas sobre la información financiera empresarial.

Pamela CoxVicepresidente

Región de América Latina y el CaribeBanco Mundial


Prefacio

Los contadores profesionales desempeñan un papel clave en el mundo actual. La pericia contable es de la mayor importancia para permitir que las empresas, grandes o pequeñas, gestionen sus operaciones eficazmente, tengan acceso al crédito y tomen decisiones basadas en información adecuada en cuanto a la gran variedad de activi-dades que realizan (inversiones, comercialización de nuevos productos, contratación de personal, reducción de los riesgos operativos y otras).

Los contadores que trabajan en el sector público contribuyen a garantizar que el dinero de los contribuyentes se administre y emplee con eficiencia, eficacia y transpa-rencia con sistemas sólidos de administración pública financiera. Los contadores de las empresas estatales contribuyen a garantizar que los “propietarios” de la empresa –es decir, los ciudadanos– obtengan el mejor valor por la empresa. Cuando actúan como auditores independientes, los contadores defienden el interés público y su trabajo protege a los inversores y otros interesados.

En el mundo actual, cuando los mercados mundiales se entrelazan y florecen las innovaciones financieras, la contabilidad y la auditoría son mucho más sofisticadas. Lo que anteriormente era en gran medida una función de procesamiento de transac-ciones, intensa en teneduría de libros, es ahora mucho más analítica. Al surgir tran-sacciones nuevas, complejas y riesgosas, de manera especial los derivados financieros, se ha hecho necesario contar con nuevas habilidades (por ejemplo, la consultoría en la administración de riesgos).

A medida que los países de la región de América Latina y el Caribe trabajan en pos de un clima de negocios conducente al desarrollo del sector privado y el crecimiento económico, se hace imperativo fomentar el desarrollo de la profesión contable y de auditoría como parte de ese esfuerzo. Deben promulgarse y hacerse cumplir normas internacionales por parte de entes reguladores efectivos; el papel nuevo y ampliado de los contadores demanda estándares superiores en formación y capacitación; la profesión debe mantener a sus miembros a la altura de las normas exigentes de calidad y ética; debe incluirse a los participantes de la región en el diálogo sobre el establecimiento


xiv Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

de normas internacionales. Como se verá en el presente volumen, ya existen casos exitosos de todas partes de la región en este campo.

El presente libro constituye un esfuerzo para identificar y promover estos casos exitosos en la práctica de la contabilidad y la auditoría confiables, y también señalar algunos traspiés, de manera que los países de la región puedan aprovechar colecti-vamente sus experiencias comunes. Las experiencias adquiridas serán seguramente útiles a países de otras regiones que se encuentren en puntos distintos de la misma trayectoria.

El Banco Mundial seguirá siendo un socio estable de cualquier gobierno que trabaje hacia la reforma de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Este libro es una pequeña parte de esa asociación, un esfuerzo para mostrar que hemos aprendido en este campo al lado de nuestros clientes y en activas consultas con la comunidad mundial en general.

Stefan G. KoeberleDirector, Estrategia y Operaciones


Elizabeth O. AduDirectora, Servicios Operativos


Anthony HegartyChief Financial Management Officer

Jefe del Consejo de Administración FinancieraBanco Mundial


Agradecimientos

Los autores desean reconocer y agradecer de manera especial a Jamil Sopher por su orientación en cada uno de los pasos a lo largo del camino desde la idea original hasta la finalización del libro, sus estrictos pero perspicaces comentarios sobre los innumerables borradores y su sabiduría acumulada en anteriores autorías y décadas con el Banco. Este libro no sería lo que es sin su colaboración.

Agradecimientos a Roberto Tarallo por su liderazgo y orientación general en la preparación del presente libro. Por su asistencia y contribuciones en diversas partes del libro, agradecen también los autores a Alfred Borgonovo, Taiki Hirashima, David Martínez Muñoz, David Nagy, Alfredo Rodríguez Neira y Carlos Vicente.

El siguiente grupo extraordinario de revisores ofreció una guía y retroalimentación invaluable que mejoró notablemente el libro: Héctor Alfonso, Aquiles Almansi, Sylvia Barrett, Eva Gutiérrez, John Hegarty, Mimi Ladipo, Jennifer Thomson y Eric van der Plaats. Además, Michael Crawford, William Experton y Cynthia Hobbs ofrecieron su experta opinión sobre el capítulo de formación contable y las recomendaciones asociadas. La revisión editorial de Patricia Rogers mejoró notablemente la legibilidad del libro. Agradecimientos especiales también a Héctor Alfonso y Samuel Mantilla por su revisión de la traducción al español.

Los autores agradecen a todos los que contribuyeron –ya como miembros del equi-po, revisores pares o miembros de una unidad de gestión de país– a la preparación de los 17 informes ROSC C&A, que sirvieron de base para el análisis del libro. De modo particular, los autores expresan su sincera gratitud por su apoyo logístico a Gilma Unda, Marianella Rivadeneira, Édgar Molina y a nuestros colegas en las oficinas nacionales. Gracias por tantos trabajos bien realizados.

Por último, gracias a todas las personas que no hemos mencionado, pero cuya ayuda hemos recibido durante muchos años. Aunque nos hemos beneficiado de la asistencia de muchas partes, asumimos la responsabilidad por este trabajo y los errores que pueda contener.


Acerca de los autores

HENRI FORTIN es especialista de rango superior en administración financiera en la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Dirige el programa de los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC) en Contabilidad y Auditoría (C&A) en esa región y ha sido el autor principal de 20 informes nacionales desde 2003. Asesora a los países asociados en programas de implementación de reformas y desarrollo de capacidad, a fin de que actualicen su información financiera corporativa conforme a los estándares internacionales. Es también gerente de proyectos del Banco Mundial para distintas actividades afines de conocimiento, entre ellas las conferencias anuales CReCER sobre Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional en América Latina y el Caribe. El señor Fortin posee un grado de maestría en administración de la Ecole des Hautes Etudes Commerciales de París.

ANA CRISTINA HIRATA BARROS es consultora en la Unidad de Administración Finan-ciera de la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ha trabajado en distintas actividades de contabilidad y auditoría del sector empresarial desde 2004, en particular, en el programa ROSC y en los proyectos y actividades de seguimiento en las regiones de América Latina y el Caribe, y Europa y Asia central. En la actualidad su trabajo se concentra principalmente en cuestiones relativas a empresas estatales, pequeñas y medianas empresas y educación contable. La señora Barros posee un grado de maestría en políticas públicas, con enfoque en políticas de desarrollo internacional, de la Universidad de Georgetown y una licenciatura en relaciones internacionales, de la Universidad de Brasilia, de Brasil. Con anterioridad a su ingreso al Banco Mundial trabajó en Brasil y los Estados Unidos en consultoría sobre relaciones gubernamentales y en promoción de exportaciones.

KIT CUTLER es Junior Professional Associate en la Unidad de Administración Financiera de la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en la cual es responsable de la investigación, redacción y traducción en el programa de información financiera corporativa de la unidad. Fue coautor de los informes ROSC C&A sobre Panamá, Ni-caragua y los países del Caribe oriental, y preparó los proyectos de asistencia técnica


xviii Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

posteriores al ROSC para El Salvador y Honduras. Colaboró también en la traducción al castellano de los International Education Standards for Professional Accountants. El señor Cutler había trabajado anteriormente en Pakistán y los Estados Unidos para el Urban Institute, en Paraguay con el Cuerpo de Paz de EUA y en Washington, DC, con el National Council for International Visitors. Posee una licenciatura en historia, con certificación en estudios latinoamericanos, de la Universidad de Princeton.


Principales abreviaturas y acrónimos

ACCA Association of Chartered Certified Accountants (Reino Unido)AIC Asociación Interamericana de ContabilidadAICPA American Institute of Certified Public Accountants (EUA)ALC América Latina y el CaribeBID Banco Interamericano de DesarrolloBM&F- Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São PauloBOVESPA (Brasil)CFC Conselho Federal de Contabilidade (Brasil)CGA Certified General Accountants Association of CanadaCPC Contador Público CertificadoCReCER Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico RegionalCVPCPA Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y de Auditoría (El Salvador)C&A Contabilidad y auditoríaDMO Declaración de los Miembros sobre las ObligacionesDNC Comité Nacional Directivo DPC desarrollo profesional continuoEE empresa estatalEIP entidad de interés públicoEFS Ente fiscalizador superiorFASB Financial Accounting Standards Board (EUA)FIRST Financial Sector Reform and Strengthening InitiativeFMI Fondo Monetario InternacionalFOMIN Fondo Multilateral de InversiónG-20 Ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los VeinteIASB* Consejo de Normas Internacionales de ContabilidadIBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil


xx Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

IES* Normas Internacionales de Formación (IFAC)IFAC* Federación Internacional de ContadoresIFIAR International Forum of Independent Audit RegulatorsIMCP Instituto Mexicano de Contadores PúblicosMD&A* Comentarios y análisis de la gerenciaNAGA Normas de Auditoría Generalmente AceptadasNIA Normas Internacionales de AuditoríaNIIF Normas Internacionales de Información FinancieraOCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicosOECS* Organización de los Estados del Caribe OrientalPAP Plan de Acción PaísPCAOB Public Company Accounting Oversight Board (EUA)PCGA Principios de Contabilidad Generalmente AceptadosPIB producto interno brutoPIOB* Consejo de Vigilancia del Interés PúblicoPyME(s) pequeña(s) y mediana(s) empresa(s)ROSC* Informe sobre el cumplimiento de normas y códigos SEC Securities and Exchange Commission (EUA)SVS Superintendencia de Valores y Seguros (Chile)UE Unión EuropeaUNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y DesarrolloUNCTAD- Intergovernmental Working Group of Experts on ISAR International Standards of Accounting and ReportingUNESCPA Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (Panamá)

* Por sus iniciales en inglés.


Panorama general

La región de América Latina y el Caribe comprende una diversidad de países que enfrentan retos comunes –especialmente alta desigualdad y crecimiento volátil– los cuales históricamente han contribuido a altos niveles de pobreza. En los últimos años, la región ha logrado avanzar significativamente con respecto a estos dos desa-fíos. Como resultado, entre 2002 y 2008, casi 60 millones de personas salieron de la pobreza (medida en 4 dólares estadounidenses diarios, ajustados por la paridad del poder adquisitivo) y 41 millones salieron de los niveles de pobreza extrema (medida en 2 dólares estadounidenses diarios). Este progreso se ve amenazado ahora por una crisis económica y financiera global que se ha propagado a la región desde los Esta-dos Unidos y Europa. En América Latina y el Caribe, la crisis se manifiesta a través de la disminución de la demanda, el deterioro de precios de las materias primas, el contagio financiero y la caída de las remesas. Aunque el rango de las proyecciones de crecimiento varía ampliamente y los efectos de la crisis en las economías de la región no son uniformes, el Banco Mundial ha proyectado que la economía de la región se contraerá en un 2,2% en 2009.

La información financiera en el centro de la agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe

Contar con prácticas sólidas de contabilidad, auditoría y de información financiera es esencial para promover el crecimiento, a través del sector privado, que sea sostenible y equitativo, así como para fortalecer la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Estas prácticas fomentan el desarrollo de los mercados de capitales, facilitan el acceso al crédito de las empresas locales (especialmente las pequeñas y medianas empresas, o PyME(s)), promueven un mejor clima de negocios, profundizan la integración de las compañías locales en la economía mundial, reducen el riesgo de crisis en el sector financiero y permiten la eficiente gestión o privatización de las empresas estatales.

Este libro busca identificar las tendencias generales y condiciones favorables para reformar las prácticas de información financiera empresarial en América Latina y el


xxii Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

Caribe, aprovechando la experiencia adquirida a través de los 17 Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (Reports on the Observance of Standards and Co-des [ROSC]) en Contabilidad y Auditoría para esta región. Se muestran casos exitosos en los países y experiencias adquiridas en áreas de reformas prioritarias, con la idea de maximizar las posibilidades de éxito de una reforma estructural de los sistemas de información financiera empresarial.

El enfoque reciente de la región en el fortalecimiento de su marco para la informa-ción financiera empresarial ya empezó a reflejar importantes resultados. En Brasil, por ejemplo, las reglas que promueven una contabilidad y una auditoría más sólida de las empresas que cotizan en la bolsa han llevado a una expansión del mercado de capitales. En México, el establecimiento de mayores requisitos para el ejercicio profesional ha traído una mayor confianza en los estados financieros que los contadores preparan o auditan, así como una mayor integración con Estados Unidos y Canadá. En Chile, un proceso bien planificado de transición hacia las NIIF, actualmente en curso, abre el camino para una adopción ordenada de estas normas, con los beneficios asociados en términos de integración internacional, costos de capital más bajos y mejora del ambiente de negocios. También otros países han emprendido reformas significativas de sus marcos de contabilidad y auditoría, y están obteniendo beneficios importantes.

Marco conceptual

Un sistema sólido de información financiera empresarial se basa en tres pilares (gráfico 1):

1. Establecer requisitos adecuados.2. Desarrollar la capacidad necesaria para implementar las normas correspon-

dientes. 3. Hacer cumplir las normas correspondientes.

Requisitos Capacidad

Cumplimiento

Gráfico 1 Los tres pilares de los sistemas de información financiera

Fuente: autores.


Panorama general xxiii

Requisitos adecuados significa tener leyes y regulaciones claras, completas, con-sistentes, razonables y al día, así como también rigurosas normas de contabilidad y auditoría. Para poder aplicar las normas correspondientes, es preciso tener contadores calificados, una formación contable sólida y un sistema para mantener y mejorar la capacidad de forma continua. Un monitoreo fuerte asegura el cumplimiento de dichas normas. Estos tres pilares se refuerzan mutuamente: estableciendo requisitos a un nivel adecuado, se facilita el monitoreo del cumplimiento y se evita que las empresas tengan que realizar esfuerzos excesivos para cumplir con estos requisitos. En efecto, una adecuada capacidad de los auditores y contadores para respetar las normas y reglamentaciones es una condición de cumplimiento. Finalmente, imponer reglas y normas sin tomar las acciones correspondientes para asegurar su cumplimiento garantiza que dichas normas quedarán algo virtual.

Conclusiones principales

Este libro considera que, si bien los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en ciertas áreas, podrían mejorar sus sistemas de información financiera empresarial llevando a cabo acciones sobre estos tres pilares.

Estableciendo reglas adecuadas: una base sólida para construir marcos fuertes

En las últimas décadas, los países de la región vienen desarrollando marcos legales para la información financiera empresarial relativamente completos, y ésta es el área al cual los gobiernos han dedicado mayor atención. La mayoría de los países cuentan con la flexibilidad legal necesaria para adaptar sus normas, a pesar de que el proceso legislativo y regulatorio a menudo no se mueve a la misma velocidad que las innovaciones en el sector privado. Sin embargo, en muchos países las regulaciones padecen de una cierta fragmentación, debido a una multiplicidad de organismos emisores de reglas.

La mayoría de los países de la región adoptaron las NIIF para las empresas que cotizan en bolsa, y Brasil las ha adoptado también para sus bancos y compañías de seguros. El famoso dilema “adoptar o adaptar” empieza a resolverse. En la década de los noventa, muchos de los países más pequeños de la región adoptaron como su norma nacional las normas internacionales de contabilidad de forma generalizada, mientras que los países de mayor tamaño siguieron un enfoque de adaptación, para acomodar estas normas a las reglas y prácticas nacionales existentes. La mayoría de estos países de mayor tamaño ahora están tomando medidas que tienden a la adopción de las NIIF, empezando por las empresas que cotizan en bolsa. La transición que va desde la adopción hasta la implementación efectiva llevará tiempo, y la actual crisis financiera global podría hacer que el proceso de adopción se atrase en algunos países.


xxiv Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

Sin embargo, es improbable que América Latina y el Caribe modifiquen su curso: el impulso para la adopción de las NIIF es un avance positivo para la región.

Dos retos que los gobiernos enfrentan al establecer requisitos adecuados para la contabilidad y la auditoría son las PyME(s) y las empresas estatales. Las PyME(s) latinoamericanas y caribeñas están frecuentemente sujetas a reglas excesivamente estrictas, lo cual aumenta el costo de sus actividades o fomenta una cultura de in-cumplimiento e informalidad. Se necesita un marco simplificado de contabilidad e información financiera para las PyME(s), con requisitos acordes con su tamaño, el tipo de transacciones que realizan y un conjunto de terceros interesados (stake-holders) menos amplio. Las empresas estatales, por su parte, plantean desafíos que son inherentemente complejos y difíciles de enfrentar; los gobiernos en América Latina y el Caribe a menudo debaten sobre cómo resolver la problemática de estas empresas. La experiencia y la buena práctica internacional apuntan a que las grandes empresas estatales deban cumplir con las mismas normas de contabilidad, auditoría, información financiera y gobernabilidad que las empresas que cotizan en bolsa; esto incluye, por ejemplo, aplicar las NIIF, tener auditorías anuales independientes y publicar sus estados financieros. La mayoría de las empresas estatales de la región todavía no cumple con dichos requisitos (el gráfico 2 ilustra el concepto de requisitos diferenciados.)

Gráfico 2 Fijación de requisitos adecuados de información financiera empresarial

Empresas reguladas

Empresas estatales

Otras empresas grandes

PyME(s)

Microempresas

EntidadesdeInterésPúblico

Requisitosaltos

Requisitos bajoso ninguno

Fuente: autores.


Panorama general xxv

Desarrollo de la capacidad para implementar las reglas: un rol compartido entre los docentes y los organismos profesionales

Tradicionalmente, las universidades han desempeñado un papel primordial en la formación de los contadores y auditores de América Latina y el Caribe, y seguirán haciéndolo. La mayoría de los países confían en un título universitario como condición esencial –si no única– para otorgar la licencia profesional de contador público o auditor externo. Sin embargo, los programas de estudio de la carrera contable de la región presentan disparidades en términos de calidad y, a menudo, están desactualizados. No reflejan ciertos temas esenciales para la información financiera de la empresa moderna. Por diversas razones, los profesores de contabilidad de la región tienen dificultad para mantenerse al día con los desarrollos en su campo, especialmente teniendo en cuenta el ritmo del cambio. El fortalecimiento de la formación y de la capacitación ayudará a mantener el impulso hacia la adopción de las NIIF y de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La adopción de normas internacionales ha llevado a que las universidades y la profesión ofrezcan seminarios, talleres y otros cursos de capacitación en NIIF y NIA. Un número creciente de asociaciones profesionales de contadores exige a sus miem-bros el desarrollo profesional continuo (DPC) y aún más gremios tienen requisitos voluntarios. Estos pasos iniciales son importantes.

Los gremios contables profesionales en la región lideran los esfuerzos hacia una profesión contable más fuerte que adhiera a normas de calidad y ética de alto nivel. Las organizaciones más fuertes tienen más posibilidades de establecer requisitos de DPC y elevar las normas para ser y seguir siendo un contador calificado. Sin embargo, la mayoría de los gremios profesionales padecen de recursos limitados y costos fijos elevados. Estos gremios no quieren que sus miembros renuncien al imponerles normas difíciles, lo que resultaría en una organización aún menos viable. Los requisitos de ingreso, garantía de calidad, ética, etc. de estas asociaciones generalmente no alcanzan el nivel de las mejores prácticas internacionales.

Este libro sugiere un enfoque basado en la demanda para desarrollar la capacidad dentro de la profesión en América Latina y el Caribe, concentrándose en la certifica-ción profesional y medidas relacionadas para mejorar la formación contable a nivel universitario. Un sistema de certificación que culmine en un examen profesional es una forma de asegurar que los miembros de la profesión recién admitidos tengan un nivel adecuado de calificación. Conjuntamente, la creación de requisitos de certifica-ción suficientemente exigentes puede traer otros beneficios indirectos, incluyendo una mayor demanda de formación contable de alta calidad a nivel universitario, mayor prestigio para la profesión y mejor monitoreo de las entidades supervisadas. La crea-ción de este sistema requerirá tiempo y la movilización de la profesión contable y de auditoría (para administrar el examen de certificación y asegurar que los requisitos


xxvi Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

de ingreso a la profesión sean adecuados). Paralelamente, las universidades deberían aprovechar la oportunidad para modernizar su plan de estudios en contabilidad, de manera que responda a los requisitos de certificación profesional.

Asegurar el cumplimiento con las normas

El cumplimiento con las normas de información financiera sigue siendo un área difícil para todos los países en América Latina y el Caribe. Fuera del mercado bursátil, hay pocos incentivos y varios desincentivos para que las empresas de la región puedan aplicar las normas de contabilidad y auditoría. Primero, muchas empresas perciben la información transparente como una amenaza potencial para su competitividad. Además, muchas compañías tradicionalmente han estado bajo el control de un grupo familiar, y no están acostumbradas a proveer la información financiera a terceros. Por último, muchos líderes empresariales se muestran renuentes a cumplir con las NIIF porque perciben que el costo administrativo de cumplir con éstas supera los beneficios para sus compañías.

Los entes reguladores del sector financiero en la región han mejorado su marco general de supervisión en la década anterior aprovechando la experiencia de las crisis bancarias anteriores en la región. Por lo general, los supervisores bancarios, regula-dores de instituciones financieras no bancarias, y reguladores del mercado de valores y otros tienen la autoridad necesaria para hacer cumplir las normas, pero frecuen-temente carecen de la competencia para hacer cumplir los requisitos en materia de información financiera.

En cuanto a la auditoría, después de los recientes fracasos y escándalos empresa-riales, un nuevo modelo –el organismo independiente de supervisión de auditoría–ha sido creado a nivel internacional a raíz de la inquietud sobre “¿quién audita a los auditores?”. Tales organismos, cuyas responsabilidades abarcan el registro de auditores y la revisión independiente de su trabajo, vienen reemplazado el esquema habitual de autorregulación, y ya existen en muchos países, incluyendo a Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y Japón (el gráfico 3 ilustra este modelo). Los países de América Latina y el Caribe en general no han seguido esta tendencia, pero la región se encamina gradualmente en esa dirección. Por ejemplo, Argentina, Brasil, República Dominicana y El Salvador ya introdujeron elementos de un sistema independiente de vigilancia de los auditores para reemplazar o complementar los esquemas tradi-cionales de autorregulación a nivel de la profesión, los cuales han demostrado ser insatisfactorios.

Un sistema eficaz de supervisión independiente de auditoría plantea varios desafíos, como su financiación, el rol de la profesión y su alcance. Dado el interés público en contar con información financiera empresarial sólida, es preciso que los gobiernos aseguren que los auditores desempeñen sus funciones de acuerdo con las respectivas


Panorama general xxvii

normas profesionales y éticas. En un futuro no muy distante, es probable que el esta-blecimiento de estos sistemas de supervisión independiente de auditorías en la región requiera apoyo financiero del gobierno nacional, como ocurrió en Japón y en varios países miembros de la Unión Europea. Existe una amplia variedad de maneras para implantar un modelo que funcione y es probable que la región de América Latina y el Caribe tenga que desarrollar sus propias soluciones innovadoras.

Compañías reguladas

Empresas estatales

Otras empresas grandes

PyME(s)

Microempresas

Regulador(es) del sectorfinanciero / mercadode valores

Auditorexterno

Entidaddesupervisiónpública

Auditorexterno

Auditorexterno

Ministerio de economía / ente fiscalizador superior

Registro de empresaso equivalente

Gráfico 3 Regímenes de cumplimiento. Varios grados de responsabilidad pública

Mirando hacia el futuro: el camino hacia una información financiera de alta calidad en América Latina y el Caribe

A efectos de ayudar a los países a identificar en cuáles áreas las reformas son más ur-gentes, este libro destaca cuatro reformas prioritarias dentro de los tres pilares de la información financiera empresarial (gráfico 4). Ninguna de estas reformas prioritarias será fácil, pero los autores consideran que los gobiernos deberían concentrar su atención en ellas, con el fin de conseguir mayor impacto con recursos limitados.

El Banco Mundial y otros actores del desarrollo a nivel global tienen un interés directo en las reformas contables y de auditoría del sector empresarial, ya que dichas reformas afectan el programa de desarrollo de los países. Varias agencias de desarrollo

Fuente: autores.


xxviii Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

han provisto asistencia técnica y apoyo al desarrollo de capacidad a través de préstamos y otras actividades. Los informes ROSC sobre Contabilidad y Auditoría –sobre los cuales este libro se basa en gran parte– son una herramienta importante para evaluar los avances de la región en la implementación de normas internacionales. Desde el año 2005, para aplicar las recomendaciones de los informes ROSC, la Iniciativa para el Fortalecimiento y la Reforma del Sector Financiero (FIRST Initiative, según su sigla en inglés), un fondo multidonante administrado por el Banco Mundial, ya financió la preparación de planes de acción en Chile, El Salvador, Honduras y Perú con el fin de mejorar los marcos de información financiera en esos países. El Banco Mundial tam-bién ha aprovechado la tecnología de la información y comunicación para promover el diálogo y compartir conocimientos. Desde 2006, el Banco viene organizando una serie de seminarios a través de videoconferencia, utilizando la plataforma de la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN, según su sigla en inglés), en los cuales expertos reconocidos de todo el mundo exponen sobre temas de contabilidad y de auditoría específicos con representantes de distintos países de América Latina y el Caribe.

Por último, la crisis financiera seguramente dará lugar a nuevos esfuerzos para armonizar las normas del sector financiero y establecer una supervisión consolidada

Gráfico 4 Cuatro reformas prioritarias para un marco sólido de información financiera

Pilar 1

Establecer requisitosadecuados

Reforma prioritaria

• Aliviar a las pequeñas y medianas empresas mediante requisitos simplificados

Pilar 2

Desarrollar la capacidadcontable y de auditoría

Reforma prioritaria

• Establecer un sistema de certificación, focalizado en los auditores externos

Pilar 3

Asegurar cumplimientocon los requisitos

Reformas prioritarias

• Reforzar el cumplimiento de la información financiera por parte de las entidades reguladas• Establecer supersivión pública para la profesión de auditoría

Fuente: autores.


Panorama general xxix

efectiva. Considerando el daño causado a la confianza del inversor por la crisis, se espera que los inversores y acreedores pongan todavía más énfasis en la alta calidad de la información financiera. Una de las propuestas clave de la Cumbre del G20 en Londres en abril de 2009 es promover la estabilidad financiera a través del intercambio de información y cooperación internacional en la supervisión financiera. A medida que aparezcan más claramente cuáles son las lecciones de la crisis financiera, probablemente se harán mejoras a las normas internacionales. El Banco Mundial es el portavoz de sus países miembros en tales foros internacionales y trabaja para que América Latina y el Caribe y otros países en desarrollo puedan aumentar sus contribuciones en el establecimiento de las normas.

Desde que se inició el programa ROSC sobre Contabilidad y Auditoría en 2001, el mundo ha progresado mucho hacia normas internacionales de transparencia fi-nanciera, rendición de cuentas y gobierno corporativo. Si bien la región de América Latina y el Caribe no ha estado al frente de este movimiento, ha tenido experiencias exitosas mostrando señales de un creciente impulso para la reforma. Estas tendencias son alentadoras para todos los interesados en la estabilidad financiera y un crecimiento basado en el sector privado tal como promueven las normas de contabilidad y audi-toría. Los autores de este libro esperan que continúe el avance por este camino y se acelere en los próximos años.


1Introducción y antecedentes

En la región de América Latina y el Caribe, al igual que en el resto del mundo, una información financiera confiable constituye la piedra angular de una economía de mer-cado sólida y un sector público eficiente. Los gerentes necesitan información confiable sobre las finanzas de sus empresas para tomar decisiones sobre sus negocios; los acree-dores, para decidir si otorgan un préstamo o no; los inversores para decidir si compran bonos o acciones de una empresa o no; y los entes reguladores para asegurarse que las entidades bajo su supervisión están cumpliendo con sus obligaciones. Así mismo, en el sector público, los gobiernos necesitan contar con información de alta calidad para decidir hacia dónde dirigir los recursos escasos, qué inversiones hacer y si los servicios públicos operan con eficiencia. Los contribuyentes y la sociedad civil deben tener información transparente para evaluar si sus impuestos o los fondos públicos se emplean en forma responsable y para actuar como vigilantes de los gobiernos y las empresas cuando sea necesario. Así, a nivel global, una mejor información promueve el desarrollo de los sectores financiero y empresarial, así como la rendición de cuentas (accountability) y la eficiencia en el sector público.

Como base de un sistema de información financiera confiable, se requiere de un marco que incluye prácticas responsables de contabilidad, auditoría y rendición de cuentas. Este marco incluye normas rigurosas de contabilidad y auditoría, contado-res y auditores calificados, un sistema de formación satisfactorio y mecanismos para asegurar el riguroso cumplimiento de las normas.

El Banco Mundial reconoce la importancia de un marco de contabilidad y auditoría adecuado en los sectores público y privado, para apoyar una estrategia de desarrollo amplia en toda la región. La información financiera transparente y de alta calidad sustenta muchos de los objetivos de desarrollo de los países de la región, entre ellos el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de los mercados de capital, la mejora al clima de negocios para empresas e inversionistas tanto loca-les como extranjeros, y la administración responsable de las empresas estatales. El Banco asiste a los países miembros evaluando la calidad de sus marcos contables y de auditoría y haciendo recomendaciones de reformas, a través de los Informes sobre el

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2 Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe

Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC, por su sigla en inglés) sobre Contabilidad y Auditoría (C&A). En varios países, el apoyo del Banco ha implicado la movilización de fondos para poner en práctica estas recomendaciones; ha adelantado también otras actividades, particularmente con respecto a las actividades de gestión del conocimiento a nivel regional y al apoyo de las reformas propuestas en los informes ROSC C&A (un panorama general del programa ROSC se presenta en los anexos A y B).

El presente libro incluye un análisis de las tendencias generales derivadas de los estudios realizados a nivel de cada país como parte del programa ROSC C&A y una síntesis de la experiencia del Banco trabajando con los gobiernos y otros interesados para aplicar las recomendaciones de los ROSC C&A. Este primer capítulo introduce el libro mostrando cómo buenas prácticas de C&A en los sectores público y privado contribuyen al desarrollo de América Latina y el Caribe, considerando el contexto económico regional. Luego se presentan tres casos de reformas exitosas de los sistemas de información financiera y auditoría en la región, y sus beneficios para esos países. Se describen las condiciones favorables para la reforma que han llevado a algunos países a adoptar normas internacionales de C&A y a otros a seguir un enfoque más conservador de esperar a ver qué sucede. Por último, el capítulo plantea los objetivos y la metodología de este libro y su estructura.

Importancia de la contabilidad y auditoría para el desarrollo económico de la región

Las buenas prácticas de contabilidad, auditoría y presentación de información son de la mayor importancia para la promoción del crecimiento sostenible y equitativo basado en el sector privado y en el refuerzo de la gobernabilidad y la responsabilidad.

Facilitar el acceso al crédito

Las prácticas de información financiera y auditoría confiables facilitan el acceso al cré-dito para las empresas locales, en particular las pequeñas y medianas, y promueven el desarrollo de los mercados de capital. Un impedimento significativo para el crecimiento del sector privado en la región es la falta de financiación disponible para empresas a tasas razonables (Márquez, Barreix y Villela, 2007, 5)1. Dado que los mercados finan-cieros de la región suelen ser poco profundos, el nivel global de fondos disponible para el sector privado es bajo (gráfico 1.1). Salvo en Chile, que tiene el sector financiero

1 Debido a las diferencias en las definiciones del término y a un alto grado de informalidad, es difícil encontrar estadísticas concretas para las PyME(s) latinoamericanas, pero según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo el 80% del empleo de la región lo generan las microempresas y las PyME(s) (Márquez, Barreix y Villela, 2007).


Introducción y antecedentes 3

Gráfico 1.1 Vista comparativa de la intensificación financiera en la región.Activos financieros como porcentaje del PIB, 2007 (porcentajes)

Fuente: base de datos de activos financieros mundiales del McKinsey Global Institute.Nota: últimos datos disponibles. Algunos totales no concuerdan con la suma debido a que se aproximan.a. Europa oriental incluye Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania,

la Federación Rusa, la República Eslovaca, Eslovenia, Turquía y Ucrania.b. América Latina incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gua-

temala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.c. Economías emergentes de Asia incluyen Indonesia, Malasia, Filipinas, República de Corea y Tailandia.

126106 168

47

72

72 87

160

85 139190

144

102

JapónEstadosUnidos

32

459

170

442409

China

149

161

83

47

399

ReinoUnido

282

80

61

Zonadel euro

Economíasemergentes

de Asiac

33

29

377

51 58

187

19

105

IndiaAméricaLatinab

35

193

121

Depósitos bancarios

Valores de deuda del gobierno

22

Acciones

52

45

20

Europaorientala

151

Valores de deuda privada

Tasa de crecimiento anual compuesta, 1997-2007 (porcentaje)

7,9 5,66,3 10,5 11,5 5,6 2,4 10,1 2,3

más amplio en términos relativos, el crédito para el sector privado representa sólo un 24% del PIB (Andrade, Farrell y Lund, 2007). La falta de financiación afecta de manera especial a las PyME(s) –que son los principales generadores de empleo en la región– las cuales no son suficientemente grandes para obtener capital en el exterior. Un mejor sistema de información financiera en las PyME(s) aumentaría sus posibilidades de obtener crédito a tasas más bajas, ya que los bancos e inversionistas privados tendrían acceso a una información financiera estandarizada y confiable (Rojas-Suárez, 2007, 14). Además, la financiación a largo plazo es escasa, pues, con pocas excepciones, los mercados de capital de la región siguen siendo subdesarrollados y se caracterizan por su baja liquidez (De la Torre, Gozzi y Schmukler, 2007a). Para que aumenten el nú-mero de empresas que cotizan y los niveles de operaciones en las bolsas de la región, es preciso mejorar la confianza de los inversores, lo que requerirá, entre otros factores, información financiera completa y precisa.



La promoción de un mejor clima de los negocios

Un clima de los negocios que fomente la confianza de los inversores y atraiga la in-versión extranjera y local exige buenas prácticas de transparencia, responsabilidad y gobernabilidad, incorporadas en un sistema de información financiera que ofrezca a los inversores, prestamistas y otros terceros información oportuna y precisa en la cual puedan basar sus decisiones de inversión y comerciales. (No sólo las empresas, sino también los gobiernos, se benefician con dicho sistema: los gobiernos que siguen buenas prácticas de gobernabilidad y son eficientes en el gasto público reciben mejor puntaje de las principales agencias de calificación de riesgo). Estas consideraciones son especialmente significativas para los inversores institucionales, los cuales inclu-yen las compañías de seguros y los fondos de pensiones, que tienen responsabilidad fiduciaria y a menudo tienen prohibido adquirir valores clasificados por debajo del “grado de inversión”.

Profundizar la integración económica

Los informes financieros comparables entre países representan una ventaja para los inversores internacionales y promueven lazos económicos regionales más fuertes (por ejemplo, a través de la Comunidad del Caribe o entre los países integrantes del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-América Central) y la integración económi-ca con el resto del mundo. Los empresarios de un país con aspiraciones de expandir sus negocios a países vecinos necesitan con frecuencia seguir normas contables separadas para las empresas en diferentes países y luego deben conciliar la información para preparar estados financieros consolidados. Con la adopción de normas comunes de información financiera no sólo se reduce el costo de las actividades comerciales para estas empresas, sino que se facilitan además las inversiones en el exterior, ya que los potenciales inversores pueden comparar con facilidad los estados financieros de otros países utilizando las normas que les son familiares (Hope, Jin y Kang, 2006; Covrig, Defond y Hung, 2007; Bradshaw, Bushee y Miller, 2004). De esa manera, la adopción y aplicación de normas y prácticas de negocios reconocidas internacionalmente, de modo especial las relativas a la información contable y financiera, pueden profundizar la integración y los beneficios asociados de los acuerdos regionales de libre comercio. Además, la aplicación de normas internacionales promueve una mayor integración de las economías de la región a una escala mundial, en particular con la Unión Europea y Estados Unidos, los principales socios comerciales de la región.

Supervisión financiera efectiva de las empresas estatales

La información financiera responsable en las empresas estatales permite una mayor responsabilidad y una mejor asignación del capital, que a su vez son importantes



para una mayor eficiencia en las operaciones, una mejor asignación de los recursos del sector público y una inversión más eficiente para ampliar y mejorar la prestación de los servicios. Aunque se han privatizado muchas empresas de servicios públicos y proveedores de servicios esenciales en la región, las empresas públicas son todavía actores importantes en la misma. Pero en estas empresas públicas generalmente no existe la transparencia y se las considera muy ineficientes, lo que afecta de modo sig-nificativo a la economía y a los contribuyentes: las pérdidas financieras en las empresas estatales representan cargas para las finanzas estatales y los contribuyentes, y desvían recursos que podrían utilizarse para otros fines. En algunos países, estas pérdidas son tan grandes que perjudican la estabilidad macroeconómica. Además, las ineficiencias crónicas significan que los contribuyentes y las empresas locales no reciban servicios básicos adecuados, lo que afecta negativamente a largo plazo el desarrollo humano y el crecimiento del sector privado. Por último, en los países que desean privatizar las empresas estatales (total o parcialmente), las prácticas responsables de C&A facilitan la valoración precisa de las empresas, eliminando mucha incertidumbre y probablemente dando como resultado privatizaciones más efectivas.

Estabilidad del sector financiero: la contabilidad como herramienta esencial para el control y mitigación del riesgo

La información financiera precisa y oportuna de los bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones permite una supervisión más efectiva del sector financiero, que se requiere para la estabilidad del sector y sus beneficios asociados, como son la salvaguardia de los ahorros y la provisión de liquidez y capital de inversión para las empresas. Las entidades financieras tienen diversos clientes cuyos intereses están protegidos por un regulador bancario: los depositantes quieren estar seguros de que sus ahorros están protegidos, los prestatarios quieren la seguridad de que su acreedor es responsable y no les cobrará antes de tiempo, los accionistas de los bancos necesitan garantía de que sus capitales estén bien manejados, y los contribuyentes de los fondos de pensiones quieren estar seguros de que sus ahorros se han invertido con pruden-cia. Además, dado que las quiebras bancarias ocurren con rapidez, sólo con base en rumores e insinuaciones, y que el fracaso de un banco puede propagarse rápidamente a los demás, el público necesita seguridad sobre la salud del sistema completo.

La región de América Latina y el Caribe ha tenido su parte de crisis bancarias que han causado impactos negativos sustanciales: estancamiento económico, finanzas públicas tensas y familias arrastradas a la pobreza. Se estima que la crisis más reciente –la de República Dominicana en 2003– le costó al país cerca del 25% de su producto interno bruto (Laeven y Valencia, 2008, 40). Más aún, las entidades financieras distin-tas a los bancos pueden generar un riesgo sistémico significativo. Como elemento de responsabilidad fiduciaria, los bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones



deben mantenerse apegados a las buenas normas de gobernabilidad y debe exigírseles la presentación de informes financieros regulares, completos, confiables y transparentes, al igual que prácticas de auditoría responsables y confiables.

La contabilidad y auditoría en el contexto económico regional

Tras décadas de inestabilidad, la región es ahora más estable económica y política-mente, encontrándose ya en una mejor posición para concentrarse en el desarrollo financiero y del sector privado, por lo que los esfuerzos de reforma de los sistemas de información financiera empresarial y auditoría han empezado a producir beneficios.

Nueva estabilidad económica y política

El período entre 1970 y 1980 se destacó en la mayor parte de la región por la pro-tección de la industria interna según el modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones. La debilidad de este modelo estuvo oculta en gran medida por la disponibilidad de crédito relativamente barato proveniente de los ban-cos internacionales y otros acreedores, que se encontraban bien abastecidos con los depósitos de los países productores de petróleo. La abundancia del crédito, empare-jada a la necesidad de mantener funcionando la economía durante las crisis externas del petróleo de 1973-1974 y 1979, llevó a que los gobiernos de la región acumulasen deudas significativas. Aunque las tasas de crecimiento fueron saludables en la región durante los años setenta, la mayoría de los países no había experimentado aún las reformas favorables al mercado que se requerían para el desarrollo basado en el sector privado y, en consecuencia, la reforma de C&A no estaba en sus programas (Loayza, Fajnzylber y Calderón, 2004; Bernanke, 2005).

Tampoco pudieron los gobiernos ni los inversores volver su atención hacia los asuntos microeconómicos, por ejemplo la información financiera confiable, durante los años ochenta. A partir de 1982, varios países de la región incumplieron o estuvieron cerca de incumplir sus obligaciones de deuda y se tuvo la percepción de que era muy arriesgado invertir en la región, lo que congeló los créditos. Además, gran parte de la región se vio acosada por una alta inflación a todo lo largo de la década y casi todas las economías latinoamericanas experimentaron una contracción. Fue también un período turbulento políticamente, con un retorno a la democracia en América del Sur y guerra civil en América Central. En el Caribe, muchos países obtuvieron su independencia a finales de los años setenta y principios de los ochenta, un cambio político que trajo sus propios problemas económicos (Bernanke, 2005; Devlin y Ffrench-Davis, 1995). Durante este tiempo, entonces, la mayor parte de los países de la región se vieron obligados a centrar su atención en los problemas macroeconómicos, como el control de la inflación, la promoción del cumplimiento de la ley, la protección contra las crisis



bancarias y la rápida devaluación de la moneda. Los gobiernos, entidades donantes, grupos de la sociedad civil y el sector privado no podían permitirse dedicar la atención a la información financiera confiable.

Algunos de los problemas de los años ochenta perduraron hasta los noventa, pero hacia la mitad de esta década la mayor parte de los países había iniciado un proceso de reformas para el crecimiento basado en el sector privado (Loayza y Palacios, 1997). La región ha disminuido su deuda externa en forma sustancial desde los años noventa. Por ejemplo, Brasil y México han reducido su deuda externa total a alrededor de un 15% del ingreso nacional bruto. No obstante, varios países todavía tienen altos nive-les de endeudamiento: la deuda externa de Jamaica representa el 100% de su ingreso nacional bruto, la de Uruguay un 54%, la de Argentina un 50% y la de Chile un 40% (Banco Mundial, 2007).2 (El cuadro 1.1 presenta un panorama general del contexto económico de la región.)

Desarrollos recientes

La región de América Latina y el Caribe ha experimentado recientemente un creci-miento económico robusto: su tasa anual de crecimiento promedio fue de aproximada-mente el 5% en los últimos cinco años, alimentada en parte con significativas mejoras institucionales y políticas macroeconómicas y financieras, y el auge en los precios internacionales de las materias primas. Durante este período, casi 60 millones de per-sonas salieron de la pobreza en la región (según la medida de US$4 al día, ajustada por la paridad del poder adquisitivo) y 41 millones salieron de la extrema pobreza (según la medida de US$2 al día) (Banco Mundial, 2006). No obstante, históricamente, en la región ha predominado la desigualdad social y económica, y aunque sus indicadores sociales han mejorado apreciablemente en la última década, todavía están por deba-jo en forma considerable con respecto a otras regiones emergentes. Por ejemplo, la mortalidad infantil es más alta, el logro educativo más bajo, la infraestructura básica mucho menos desarrollada y la distribución de ingreso mucho más desigual que en Asia oriental y Europa oriental.

Las ganancias sociales y el crecimiento de la región se ven amenazados, por lo menos a corto plazo, por la crisis económica y financiera mundial. La fuerte caída en los precios de las materias primas y el petróleo durante el último trimestre de 2008 y la dramática recesión en el comercio mundial han afectado ya las economías

2 De acuerdo con datos de la Economist Intelligence Unit, las cifras comparables para la deu-da externa total en 2007, expresadas como porcentaje del PIB, son: Brasil, 17,2%; México, 17,5%; Jamaica, 74,9%; Uruguay, 45,6%; Argentina, 51,8% y Chile, 34,6%.



Cuadro 1.1 Indicadores económicos básicos en América Latina y el Caribe

País

Población(millones,

2007)

PIB(US$

miles de millones,

2007)

Creci-miento del PIB

(%, 2003-07)

Inversión extranjera directa (%

del PIB, 2003-07)

Acciones

negociadas (% del PIB,

2007)

Capitali-zación del mercado

(% del PIB, 2007)

Brasil 191,6 1.313,4 3,4 2,0 45,0 104

México 105,3 1.022,8 3,3 2,6 11,0 39

América Central

Belice 0,3 1,3 5,7 6,7 n.a. n.a.

Costa Rica 4,5 26,3 6,2 4,6 0,0 8

El Salvador 6,9 20,4 2,9 2,0 0,0 33

Guatemala 13,4 33,9 3,1 0,7 — —

Honduras 7,1 12,2 4,7 4,1 — —

Nicaragua 5,6 5,7 4,0 5,2 — —

Panamá 3,3 19,5 6,7 8,7 1,0 32

El Caribe

Bahamas 0,3 6,6 1,2 3,5 — —

Barbados 0,3 3,0 3,8 1,3 3,0 181

República Dominicana 9,7 36,7 5,0 4,0 — —

Caribe oriental 0,1 0,7 5,7 15,9 0,0 83

Guyana 0,7 1,1 1,2 7,1 0,0 24

Haití 9,6 6,7 0,2 1,1 n.a. n.a.

Jamaica 2,7 11,4 2,0 7,8 3,0 108

Surinam 0,5 2,2 6,3 — — —

Trinidad y Tobago 1,3 20,9 10,7 7,3 2,0 75

Región Andina

Bolivia 9,5 13,1 4,9 1,0 — 17

Colombia 44,0 207,8 5,1 4,2 5,0 49

Ecuador 13,3 44,5 5,4 3,5 1,0 10

Perú 27,9 107,3 5,8 2,9 7,0 99

Venezuela, R.B. de 27,0 228,1 7,8 1,3 — —

Cono Sur

Argentina 39,5 262,5 8,9 2,3 3,0 33

Chile 16,6 163,9 4,9 6,1 27,0 130

Paraguay 6,1 12,2 3,8 1,0 — —

Uruguay 3,3 23,1 6,9 4,6 0,0 1

Total ALC 550,5 3.607,3 4,8 4,3 6,4 57

Fuente: World Development Indicators, 2009, excepto Trinidad y Tobago, Surinam, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay (datos de población para 2006). Datos de Barbados sólo disponibles hasta 2005.Nota: n.a. = no aplicable. — = no disponible.



de la región.3 Un factor adicional es el de la dependencia de la región de las remesas (particularmente de Estados Unidos): en ocho países, las remesas representan más del 10% del PIB (Banco Mundial, 2008).4 Aunque las proyecciones de crecimiento varían ampliamente en este entorno de incertidumbre económica, el Banco Mundial proyecta que, después de una ganancia de un 4,3% en 2008, las economías de la región se contraerán colectivamente en un 2,2% en 2009 (Banco Mundial, 2009a).

Intereses arraigados han desacelerado la reforma

Aun con muchas de las piezas del rompecabezas económico en su lugar, muchos países de América Latina y el Caribe han tardado para modernizar sus sistemas de informa-ción financiera y auditoría. Parte de la explicación está en que las reformas implican necesariamente la contribución de una amplia variedad de participantes, desde el sector privado (incluyendo las PyME(s) y las grandes corporaciones regionales) hasta el sector público (incluyendo los legisladores y reguladores) y la academia.

Naturalmente, la resistencia al cambio no es exclusiva de la región, si bien algunos han argumentado que el “corporatismo”–el dominio de unos pocos intereses bien organizados y ricos– tiene un fuerte predominio allí (Ottaway, 2001). En algunos países de la región, la resistencia al cambio en las normas de C&A ha sido fuerte en las empresas familiares grandes y las de pocos accionistas, que prefieren la ambigüedad y la relativa falta de claridad que les permiten los marcos actuales de información financiera. En otros lugares, una universidad pública poderosa puede resistirse a los esfuerzos de modernizar su plan de estudios de contaduría o implementar una certificación contable reconocida internacionalmente, que le restaría algo de valor al grado en contaduría que otorga. La misma profesión de contaduría se ha resistido con frecuencia a los esfuerzos de imponer obligaciones adicionales a sus miembros. Finalmente, los funcionarios públicos pueden resistirse a aceptar normas internacio-nales originadas en Londres o Nueva York, que no pueden acomodarse con facilidad a las circunstancias locales o a las diferencias en sus países.

Impulso internacional para la reforma

La adopción de sistemas de información financiera de alta calidad reconocidos inter-nacionalmente es una tarea difícil, en buena parte porque estas normas representan más un objetivo móvil que fijo: ha habido cambios significativos durante la última

3 Datos trimestrales de la Economist Intelligence Unit para “proyecciones mundiales de materias primas” y petróleo crudo.

4 El 25% para Honduras, el 22% para Guyana y Haití y el 18% para El Salvador y Jamaica (datos para 2006).



década en las normas y códigos que soportan la arquitectura financiera internacional. De manera especial desde los escándalos contables empresariales de principios de la actual década (principalmente en Estados Unidos y Europa; por ejemplo, Enron, Royal Ahold, Worldcom y Parmalat), este objetivo móvil se ha venido moviendo más rápidamente. Además, aunque hay unos pocos representantes latinoamericanos en los organismos encargados de establecer las normas, el diseño de las reformas ha sido liderado habitualmente por los legisladores europeos o estadounidenses y, en vista de esto, se solicita a los líderes latinoamericanos emprender reformas en C&A algunas veces costosas, generadas por crisis ocurridas fuera de sus propios países. Dado que con frecuencia se presenta el debate aun entre quienes originalmente adoptaron las reformas,5 es comprensible que algunos gobiernos de la región hayan adoptado una posición de esperar a ver qué pasa con respecto a las reformas en los sistemas de in-formación financiera y auditoría. No obstante, la mayoría de los países en la región están avanzando con el programa de reforma.

Un campo importante de ésta a nivel internacional ha sido el establecimiento de organismos de supervisión de auditoría independientes. Como respuesta a los escán-dalos de contabilidad y auditoría, los gobiernos en todo el mundo –empezando en Estados Unidos (a través de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002) y la Unión Europea (a través de la Octava Directiva sobre el Derecho de Sociedades)– reconocieron que el sistema de la profesión de auditoría de autorregulación ya no era sostenible. Para res-taurar la credibilidad de la profesión de auditoría, instituyeron la supervisión pública independiente de la auditoría. Desde entonces estos cambios han sido adoptados en muchos países alrededor del mundo.

Otro desarrollo de importancia crucial es que las Normas Internacionales de In-formación Financiera (NIIF) han sido por fin designadas como el estándar mundial para las empresas que cotizan en bolsa. La Unión Europea exigió a estas empresas la utilización de las NIIF para sus estados financieros consolidados a partir del año 2005. En ese año, cerca de 7.000 empresas de 25 países que cotizaban en bolsa utilizaron las NIIF; para 2007 las habían adoptado más de 100 países. En 2006, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) y la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de EUA (FASB, por su sigla en inglés) expidieron una guía para la convergencia entre las NIIF y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EUA (U.S. GAAP, por su sigla en inglés) (IASB, 2006). Luego, en 2008, la Comisión de Valores de EUA (SEC, por su sigla en inglés) expidió su “Guía para el

5 Por ejemplo, el 18 de mayo de 2009, la Corte Suprema de EUA acordó atender un caso en el que se alegaba que la Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB) creada por la Ley Sarbanes-Oxley, es inconstitucional por ser demasiado independiente de la supervisión ejecutiva y legislativa. Esta independencia de la influencia política es un rasgo básico del diseño de la junta de supervisión contable.



Uso Potencial de los Estados Financieros Preparados de Conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera por los Emisores” para obtener comentarios y sugerencias. Esta guía señala varios hitos que puedan llevar a exigir el uso de las NIIF por parte de los emisores de valores estadounidenses en 2014 (U.S. SEC, 2008). Varios países de la región de América Latina y el Caribe han adoptado las NIIF para sectores particulares: a partir de 2010 Brasil exigirá su adopción a las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las compañías de seguros; México para las empresas no bancarias que cotizan en bolsa y Chile para las empresas que cotizan en bolsa.

Reforma de la contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe: tres experiencias exitosas

El reciente enfoque de la región en reforzar el sistema de información financiera em-presarial ya empezó a dar fruto, como se verá en las siguientes experiencias de Brasil, México y Chile.

El Novo Mercado de Brasil introduce las normas mejoradas de información financiera

Brasil atrae inversionistas extranjeros jugando de acuerdo con sus reglas. El Novo Mercado, un nuevo mercado de valores cuyas reglas de gobernabilidad corporativa reflejan las de Estados Unidos y Europa, casi duplicó el número de empresas cotizantes en 2006. Y un índice de acciones de empresas que siguen las normas ha aumentado en valor más que el índice Bovespa de referencia en los últimos 12 meses.

“Pasó del agua al vino”, comentó Wagner Pinheiro, presidente del fondo de pensiones Petros, quien mencionó que había duplicado sus compras de acciones en los últimos cuatro años.

–International Herald Tribune, 8 de marzo de 2007

En 2000, la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)6 realizó una encuesta entre los accionistas y encontró que: a) los inversionistas internacionales y locales estaban dispuestos a suministrar capital de inversión a empresas brasileñas, siempre que pu-diesen estar seguros de que se respetasen los derechos de los accionistas minoritarios; y b) las empresas brasileñas estuviesen dispuestas a observar normas superiores de gobernabilidad si consiguieran montos adecuados de capital de inversión a costos comparables a los disponibles en otros mercados financieros importantes (Santana y otros, 2008).

6 En mayo de 2008, Bovespa se fusionó con la Bolsa de Mercadorias e Futuros para formar una nueva empresa llamada BM&F Bovespa: Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.



Como respuesta, Bovespa lanzó tres segmentos especiales de cotizaciones con requisitos más altos de normas de gobernabilidad corporativa –el Novo Mercado y dos niveles tradicionales– equivalentes a los aplicables en otras bolsas importantes de Estados Unidos y Europa.7 Entre los requisitos relativos a la revelación estaban los de que las prácticas contables de las empresas que cotizaran en el Novo Mercado y los dos niveles tradicionales debían seguir las NIIF o los U.S. GAAP y todas las empresas cotizantes deberían ser auditadas.

Casi inmediatamente, los altos estándares de información financiera y gobernabi-lidad del Novo Mercado captaron un significativo interés de los inversores. Desde el año 2001, el índice de empresas cotizantes en el Novo Mercado y los niveles 1 y 2 ha presentado un desempeño superior en un 3% al índice Bovespa cada año.8 En abril de 2009, había 99 empresas cotizando en el Novo Mercado, 18 en el nivel 2 y 40 en el nivel 1; estas empresas representaban un 59,2% de la capitalización del mercado en todos los mercados brasileños. En octubre de 2007, la bolsa de valores misma empezó a ser cotizante y su capitalización de mercado llegó a ser la mayor de todos los países con mercados emergentes. Los inversores extranjeros han comprado el 74% de las acciones en las nuevas cotizaciones (Santana y otros, 2008).

El Novo Mercado constituyó un experimento exitoso en la adopción voluntaria basada en el mercado y en normas superiores de gobernabilidad corporativa y trans-parencia financiera. Las leyes brasileñas no exigen a las empresas seguir estas normas superiores, pero quienes hayan elegido seguirlas cotizando en el Novo Mercado se han beneficiado del mayor interés de los inversores y por ende de un costo de capital más bajo.

La designación de Contador Público Certificado en México

La renovación del Acuerdo de Reconocimiento Profesional Mutuo nos motiva a seguir trabajando para mantener a la profesión contable mexicana en un nivel de clase mundial;

7 Bovespa creó también niveles transicionales (1 y 2) como puntos de apoyo para las com-pañías que deseen cotizar sus acciones en el Novo Mercado, pero que no pueden cumplir a cabalidad los requisitos del gobierno, o tienen reservas sobre ellos. Los requisitos del nivel 1 son similares a las regulaciones brasileñas tradicionales, pero fijan obligaciones adicionales relativas a la divulgación de información. El nivel 2 requiere que las empresas cumplan casi todas las obligaciones del Novo Mercado, con la excepción de que pueden retener sus acciones preferenciales.

8 Desde 2001 (el primer año completo de operaciones del Novo Mercado) hasta abril de 2009, las acciones en el “Índice de Gobernabilidad Corporativa” –incluyendo compañías del Novo Mercado y de los niveles 1 y 2– han subido en un promedio de 2,97% más por año que el Índice Bovespa. (http://www.bovespa.com.br).



sin embargo, implica el compromiso de representar dignamente a México en este proceso eminente de globalización.

Jaime Sánchez-Mejorada Fernándezpresidente, Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2007-2008)

Durante la última década, México ha generado un grupo base de contadores pro-fesionales de calidad reconocida internacionalmente, personificado en la designación de Contador Público Certificado (CPC). Los requisitos más exigentes para obtener y mantener la designación de CPC contribuyen a una profesión contable mejor califi-cada y ayudan a infundir mayor confianza del usuario en los estados financieros que preparan y auditan estos contadores. La designación de CPC se considera equivalente a las licencias de EUA y Canadá, de acuerdo con el Acuerdo de Reconocimiento Pro-fesional Mutuo firmado en 2002, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Peek y otros, 2007); así, los contadores mexicanos que obtienen credencial de CPC pueden practicar la contaduría en Estados Unidos y Canadá, después de pasar un examen sobre las normas y la legislación tributaria nacionales.

La designación de CPC le otorga a México, a su profesión contable y su entorno de negocios diversos beneficios. El proceso de varios años de fortalecimiento de la credencial generó esfuerzos para crear un plan de estudios estandarizado (y mejorado) para las universidades mexicanas, reforzando así la calidad general de la profesión contable en México (Peek y otros, 2007). El reconocimiento internacional le agregó prestigio a la profesión contable mexicana y, en el largo plazo, esto debería atraer individuos más calificados a la profesión. Aún más, los supervisores de las entidades financieras y de las empresas que cotizan en la bolsa reconocieron el mayor rigor de la designación de CPC y exigieron que los auditores externos de las entidades super-visadas fuesen CPC. De manera que la introducción de la designación CPC generó un grupo de contadores calificados en quienes se puede confiar para auditar las empresas cuya salud financiera es de interés público. Además, el hecho de que la designación de CPC mexicano sea equivalente a las licencias de EUA y Canadá ofrece una mayor garantía de la calidad de la profesión contable mexicana a los inversores extranjeros, quienes confían en los estados financieros de las empresas mexicanas, lo que facilita la inversión extranjera.

El mercado de valores en Chile en camino hacia la implementación de las NIIF

El camino que hemos elegido es el de cambiar una mirada estática por una dinámica que contribuirá a mitigar el riesgo moral de asimetrías de información, pero que al mismo tiempo nos exigirá agilidad y mayor eficiencia.

Guillermo Larraín, presidenteSuperintendencia de Valores y Seguros de Chile



La adopción de las NIIF es un proceso serio y complejo y la experiencia de Chile sirve de modelo útil para otros países de la región. Su experiencia de transición es particularmente interesante por la importancia de su mercado de valores (US$220.000 millones de capitalización de mercado en febrero de 2008).

En octubre de 2006, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) decidió exigir a las empresas que cotizan en su mercado de valores y tienen un free float de más del 25%, publicar estados financieros según las NIIF para reportar los períodos desde enero 1 de 2009. Todas las demás empresas que cotizan en la bolsa deben hacer lo mismo a partir de 2010. Chile fue el primer país grande de la región de América Latina y el Caribe en adoptar plenamente las NIIF.

Desde que expidió formalmente el requisito de adoptar las NIIF, la SVS ha mantenido un compromiso total con los distintos interesados para que el proceso de conversión constituya un éxito. Esto ha conllevado actividades regulares de extensión en la comu-nidad de los negocios, capacitación sustancial de su propio personal e igualmente de los participantes en el mercado, comunicación continua y transparente para garantizar que se conozcan adecuadamente los requisitos y plazos y se cumplan; y un seguimiento estrecho del progreso de las empresas en su preparación para la puesta en práctica.

Las autoridades chilenas han sido muy ponderativas y cuidadosas en cuanto al cambio a las NIIF y sus esfuerzos para que la transición sea suave parecen estar dando fruto, pese a que el cambio está teniendo lugar en medio de la peor crisis financiera en una generación.

Condiciones favorables para la reforma en contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe

Eventos externos y la elección de políticas internas han llevado a algunos países lati-noamericanos del Caribe a llegar más adelante en el camino de la reforma que otros. Vale la pena examinar brevemente algunas de las “condiciones favorables” de la reforma que han conducido a algunos países a adoptar las normas internacionales de buenas prácticas en el campo de la información financiera y las políticas de auditoría.

Las condiciones externas para la reforma algunas veces tienen la forma de altera-ciones financieras calamitosas –por ejemplo, una quiebra de un banco o de una gran empresa con acciones en poder del público– que captan la atención de éste y generan un impulso político para nuevas regulaciones. Durante los años noventa, en particular, la región experimentó un número significativo de crisis bancarias (Laeven y Valencia, 2008) y fracasos empresariales de alto perfil en los que hubo fraude.9

9 El ROSC C&A para Chile cita la quiebra de la empresa Inverlink y el Panama ROSC C&A (de próxima publicación) cita el fracaso del Grupo Adelag. Ambos casos sólo se mencionan aquí como ejemplos ilustrativos.



Una segunda condición externa potencial para la reforma es una obligación de un tratado como parte de un pacto de integración regional. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contenía un artículo que obligaba a los signatarios a trabajar en pos del reconocimiento mutuo de licencias y certificaciones profesionales. El lenguaje es casi idéntico al del Tratado de Libre Comercio República Dominicana- América Central entre Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (Peek y otros, 2007).

Una tercera condición para la reforma es la influencia de una masa crítica de grandes empresas que ya cumplen las normas más rigurosas sobre información financiera y gobernabilidad corporativa al cotizar en las bolsas europeas y Estados Unidos. Podrían darse buenas razones de que dichas grandes empresas en Brasil y Chile contribuyeron a influir en los entes reguladores del mercado de valores en esos países para que modificaran las normas de forma que fuesen más semejantes a las de América del Norte y Europa.

A medida que se intensifican los mercados de capital latinoamericanos y del Caribe, los países deben seguir mejorando sus sistemas de información financiera empresarial para permitir a los inversores el mismo nivel de protección que disfrutan en los principales mercados del mundo. Comparados con los de los países industria-lizados y los países de la región de Asia oriental y Pacífico, los mercados de América Latina y el Caribe se encuentran en general relativamente subdesarrollados todavía. Algunos mercados (por ejemplo, Argentina y Panamá) se han encogido como re-sultado del retiro de empresas que cotizaban en bolsa, en tanto en la mayoría de los países el mercado permanece relativamente estrecho y poco profundo. Sin embargo, los mercados de capital de la región han tenido un crecimiento relativo significativo en las dos últimas décadas, aumentando la capitalización del mercado de valores de un 12,5% del PIB en 1990 a un 42% en 2004 (De la Torre y Schmukler, 2007, 46). En realidad, el crecimiento del mercado de capitales ha sido el principal impulsor del crecimiento general del sector financiero en la región para el período 2002-2007, que presentó un crecimiento promedio del 17,8% en los depósitos bancarios, comparado con un aumento del 32,8% en las acciones de capital (gráfico 1.2) (Andrade, Farrell y Lund, 2007).10 Además, BM&F Bovespa es ahora una de las principales bolsas del mundo: 3 de las 20 mayores ofertas públicas iniciales en 2007 incluyeron emisores de Brasil y se realizaron en Bovespa (Ernst & Young, 2008).11 El mercado de valores

10 Gran parte de esto se debe a inversores extranjeros, que inyectaron US$12.000 millones en dinero nuevo a los mercados de capitales latinoamericanos en 2005 (Andrade, Farrell y Lund, 2007).

11 La capitalización en el mercado interno del patrimonio de BM&F Bovespa fue de US$592 al final de 2008, y fue superior, por ejemplo, a las de las bolsas de Italia o Sudáfrica (World Federation of Exchanges, http://www.worldexchange.org).



de Chile tiene la razón más alta de capitalización de mercado a PIB de la región (un 125%, que es similar a la razón de EUA) gracias no sólo al nivel relativamente alto de desarrollo que ha logrado el país, sino también a una serie de reformas al mercado de capital ambiciosas e implementadas exitosamente. El crecimiento significativo de los mercados de capital de la región ha producido un incremento en la demanda de información financiera de alta calidad de las empresas que cotizan en la bolsa. Dado que es probable que estas tendencias continúen, también lo hará la demanda de in-formación financiera de alta calidad.

La introducción de los fondos de pensiones privados se considera ampliamente como un factor primordial subyacente al desarrollo de los mercados de valores de la región (García Herrero y otros, 2002; De la Torre, Gozzi y Schmukler, 2007b). En las dos últimas décadas, 12 países latinoamericanos han reformado sus planes nacionales de retiro desplazando la mayoría de las pensiones de la responsabilidad social hacia la individual. Estos gobiernos han reducido el componente de pago sobre la marcha e introducido planes privados como cuentas de ahorro individuales privadas obligato-rias y planes de pensiones privadas voluntarias. Chile estuvo a la vanguardia de estas reformas en la región cuando introdujo las cuentas individuales de retiro en 1981; otros países le siguieron a principios de los años noventa. El cambio ha llevado a al-gunas autoridades nacionales a exigir normas más fuertes de información financiera y auditoría para las empresas que cotizan en bolsa, ya que los ahorros de las pensiones pueden ser invertidos en estas empresas (De la Torre, Gozzi y Schmukler, 2007b).

En algunos países (por ejemplo, Haití, Panamá y Paraguay), en un esfuerzo por combatir la informalidad e imponer una norma de información financiera de alta calidad universalmente aceptada, la administración tributaria ha exigido a las em-presas cumplir con requisitos elevados de información financiera y de auditoría para los informes tributarios. Aunque las NIIF no se diseñaron con fines de información tributaria, la adopción de una norma más rigurosa de información financiera puede representar una mejora importante sobre lo que existía anteriormente.

Es probable que la crisis económica que se inició en 2008 en los Estados Unidos lleve a convocatorias de reforma en América Latina y el Caribe. Debido a la crisis, la economía de Estados Unidos se contrajo en un 3,2% y las economías de la zona del euro en un 4,1% durante el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009 (Eurostat, 2009). Según el estimado de una encuesta las personas de alto valor neto del mundo han perdido en conjunto US$10 billones a causa de la crisis (Economist, 2009). Como consecuencia de la crisis, es probable que ocurran cambios regulatorios significativos. Es probable que el papel de las principales agencias de calificación de riesgo que le dieron los puntajes más altos a valores respaldados por hipotecas, los credit-default swaps y otros complejos productos financieros –así como el de las empresas que comerciaban con ellos– sacara considerable escrutinio (Geithner y Summers, 2009). Algunos críticos se han concentrado en que varias agencias regulatorias de Estados



Gráfico 1.2 Intensificación de los mercados financieros en América Latina.Activos financieros totales para Latinoamérica (US$ miles de millones)

Fuente: base de datos de activos financieros mundiales del McKinsey Global Institute.Nota: en dólares constantes y tasas de cambio de 2007. Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y República Boliva-riana de Venezuela.

Porcentaje del PIB

322353

394

468

548

621

436

555

630661 553

692

908

2.286

1.610

1.1633.252

2004

1.128

1.143

3.902

2005

1.358

1.363

4.879

2006

1.418

1.615

5.940

2007

379

417

1.374

1997

316

180

437

473

1.406

1998

178

539

525

1.798

1999

219

654

687

2.190

2000

976

736

707

2.362

2001

815

713

258

2002

913

843

2.800

2003

975

2.403

Tasa de crecimiento anualcompuesta (porcentaje)

1997-2002 2002-2007

11,8

4,9

17,9

16,6

11,3

19,8

32,8

14,0

11,7

17,8

114 187107 127 137 141 146 142 143 154 171

141

Depósitos bancarios

Valores de deuda del gobierno

Acciones de capital

Valores de deuda privada

Unidos fueron responsables de supervisar varios segmentos del sector financiero, pero ninguna era responsable de monitorear el riesgo sistémico general. Algunos han sugerido la idea de un regulador de riesgo sistémico global (Rogoff, 2009). Además, los bien publicitados casos de fraude de Madoff y Stanford han suscitado cuestionamientos sobre los requisitos de supervisión del auditor para las empresas de administración de riqueza, pues tanto Madoff como Stanford utilizaron empresas de auditoría pequeñas



y desconocidas para dictaminar sobre sus estados financieros. Incluso al finalizar el presente libro, los temas de la C&A han regresado a la primera plana: todavía están en camino debates públicos sobre los méritos de la contabilidad del mark-to-market y del valor razonable y la percepción de una pérdida de transparencia que rodea muchos de los productos financieros exóticos que ayudaron a precipitar la crisis. Queda por ver qué reformas surgirán de esta crisis financiera global, pero cualquiera que sea la forma y grado de las reformas regulatorias últimas, es probable que estos cambios se reflejen en las normas internacionales y habrá llamadas a los entes reguladores y otras autoridades de la región de América Latina y el Caribe para implementar cambios análogos en sus países.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de condiciones externas e internas que llevan a los gobiernos a adelantarse con las reformas, pero existen muchas razones para ir en pos de un programa de normas responsables de información financiera y auditoría. Juntas, las condiciones del cambio ofrecen una oportunidad a los gobiernos latinoamericanos y del Caribe para cerrar la brecha existente entre las normas nacionales y las buenas prácticas internacionales. Este libro aspira a colocar a los gobiernos y miembros activos de la profesión contable en el asiento del conductor, a suministrarles las herramientas para buscar proactivamente políticas de buenas prácticas y no simplemente reaccionar a los eventos desfavorables cuando ocurren.

Acerca de este libro

Tras ocho años después del lanzamiento del programa ROSC C&A en la región, se han completado evaluaciones para la mayoría de los países. El libro está diseñado para sintetizar el conocimiento adquirido y publicado a través de esta iniciativa.

Objetivos

El propósito del presente libro es doble: primero, se trata de un documento analítico, un intento de resumir las experiencias adquiridas al realizar los informes ROSC C&A en la región. En él: a) se analizan los datos a nivel de cada país y se sacan conclusiones sobre los países, permitiendo así que los gobiernos y los interesados comparen el de-sempeño de su país con el de otros países de la región; b) se identifican las caracterís-ticas básicas de las iniciativas de reforma C&A exitosas, como también los obstáculos principales a las reformas; y c) se resaltan las soluciones replicables o áreas potenciales de colaboración. En segundo lugar, el libro propone difundir conocimiento, diseñado para informar el diálogo político aumentando la percepción de los temas de la C&A de los funcionarios oficiales, la profesión contable, el sector privado, la academia y la sociedad civil en los países de América Latina y el Caribe. Busca además transmitir las experiencias adquiridas a los principales actores a nivel internacional y nacional,



incluyendo la comunidad de donantes, para generar impulso para la reforma en la C&A a través de la región.

El estudio se basó en una revisión de los 17 informes ROSC C&A completados en la región de América Latina y el Caribe, una revisión de la literatura externa y la experiencia del Banco Mundial en vincular a gobiernos regionales e instituciones internacionales en diálogos sobre los temas que surgieron en los ROSC y en el diseño y ejecución de proyectos de asistencia técnica y otras iniciativas para promover la implementación de las recomendaciones de los ROSC (ver recuadro 1.1).

Es importante anotar que la región de América Latina y el Caribe no es un mono-lito y que, aunque los países dentro de ella comparten muchas características y están ligados por la geografía, existen importantes diferencias en idiomas, cultura e historia. Por ejemplo, los estados de habla inglesa del Caribe obtuvieron su independencia hace relativamente poco tiempo. Incluso dentro del Caribe, países como la República Do-minicana, Haití y Jamaica, comparten características geográficas similares, pero hablan distintos idiomas, tienen tradiciones legales diferentes y se encuentran en diversas etapas de desarrollo económico. Un país grande como Brasil es diferente en muchos aspectos a un país mucho más pequeño y pobre como Nicaragua. Hasta cierto punto, puede considerarse que la región comprende varias subregiones: México, América Central, el Caribe, los países de la región Andina, Brasil y el Cono Sur. Sin embargo,

Recuadro 1.1 Actividades de seguimiento de ROSC C&A

El Banco Mundial realiza actividades de seguimiento para ayudar a los países a desarrollar sus normas y prácticas de C&A. La experiencia del Banco en la implementación de estas actividades informa también las conclusiones del presente informe, especialmente en el capítulo 7. En América Latina y el Caribe, las actividades relativas a ROSC incluyeron las siguientes:

• Varios proyectos de asistencia técnica (por ejemplo, un proyecto financiado por el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional en cinco países de América Central que se centró en la educación contable a nivel terciario; el desarrollo de un plan de acción de país sobre C&A del sector privado en Perú; y un proyecto de asistencia a las autoridades hondureñas para reforzar el marco institucional del país para la C&A).

• Seminarios “virtuales”, en los cuales se reúnen participantes de varios países de la región a través de conexión satelital para discutir temas pertinentes (por ejemplo, NIIF para PyME(s), contabilidad de seguros, supervisión pública de la profesión de auditoría).

• La Conferencia Regional CReCERa sobre Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional, que reúne a centenares de participantes de los sectores público y privado, la profesión contable y la academia.

a. Mayor información sobre la Conferencia Regional CReCER se encuentra en www.creceramericas.org.



un análisis de los estudios ROSC C&A para la mayoría de los países de la región revela que los retos a que se enfrentan los gobiernos para establecer marcos de C&A tienen más elementos en común de lo que podría esperarse. A pesar de que un estudio que abarque la región necesariamente implica un cierto grado de simplificación, los autores han procurado evitar la simplificación excesiva reflejando las circunstancias pertinentes de un país o grupo subregional.

Estructura

El resto del libro está estructurado en forma similar a un informe ROSC C&A: los capítulos 2 a 6 resumen los hallazgos principales de los informes, por temas.

• El marco legal (capítulo 2). El marco legal es el conjunto de reglas (leyes, decretos, regulaciones, normas, etcétera) que deben seguir las empresas con respecto a la contabilidad, auditoría e información. Un marco legal exigente, de acuerdo con las necesidades empresariales de un país y su nivel de capacidad (esto es, la capacidad de las empresas de cumplir y la capacidad de los reguladores de hacer cumplir), prepara el camino para un sistema sólido de C&A. En este capítulo se evalúan los marcos legales de los países de la región con respecto a su integridad, coherencia, adaptabilidad y diferenciación.

• La profesión de contaduría y auditoría (capítulo 3). La efectividad de las reglas y normas de C&A depende en parte de las capacidades y competencia de quienes deben aplicarlas, principalmente los contadores y auditores. En este capítulo se evalúan las instituciones encargadas de la organización y la supervisión de los profesionales de C&A, se describen las calificaciones necesarias para la práctica de la contaduría y la auditoría y se valora cómo realiza sus funciones la profesión.

• Educación contable (capítulo 4). Un sistema educativo sólido constituye el fun-damento de una profesión contable y de auditoría bien capacitada. Este capítulo, en el que se examina la educación contable a nivel terciario en América Latina y el Caribe, se basa primordialmente en los hallazgos preliminares de un estudio sobre la educación contable en la región, el cual fue comisionado en relación con el programa ROSC C&A para América Latina y el Caribe.

• Las normas contables y de auditoría y el proceso de establecimiento de las normas (capítulo 5). Una de las más importantes tendencias mundiales en la información financiera empresarial es el movimiento gradual hacia la adopción de normas internacionales de C&A. En este capítulo se describen las normas existentes en América Latina y el Caribe, el progreso de estos países en la adopción de normas internacionales y los procesos de establecimiento de nuevas normas de C&A.



• Cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría (capítulo 6). Cada país de la región tiene sus autoridades regulatorias encargadas de hacer cumplir las normas aplicables de C&A. El papel de estos reguladores es de la mayor impor-tancia para garantizar el buen funcionamiento y la estabilidad de los sectores y mercados financieros. En este capítulo se estudian las instituciones y procesos utilizados para poner en vigor las normas de auditoría en la región de América Latina y el Caribe.

Por último, en el capítulo 7 se identifican las áreas prioritarias de enfoque para las reformas futuras dentro de los tres pilares de los sistemas sólidos de información financiera. Ninguna de las reformas prioritarias destacadas es fácil, pero los autores consideran que ellas son las reformas hacia las cuales deben dirigir sus energías los gobiernos para lograr el mayor impacto con sus recursos limitados.

Los autores piensan que la presente publicación aporta una síntesis útil del cono-cimiento adquirido y publicado a través de la iniciativa ROSC C&A. La contabilidad y la auditoría continúa siendo de gran interés para los gobiernos y la comunidad de donantes y los autores esperan que esta publicación no sólo capture el estado del en-torno de la C&A en la región hoy, sino que además dé pie a un diálogo continuado para ayudar a los dirigentes de la región y a los gobiernos de la misma a adelantarse con las reformas sobre información financiera en los próximos años.


2Marcos nacionales de información financiera empresarialUniendo las piezas en un paisaje fragmentado

Los marcos estatutarios de los países de América Latina y el Caribe varían en forma significativa en cuanto a requisitos para contabilidad, auditoría y sistemas de informa-ción para el sector empresarial. La mayoría de los países de la región tiene un sistema legal de derecho civil, aunque aquellos que tienen antecedentes como territorios o colonias británicas (Belice, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y los nueve integrantes de la Organization of Eastern Caribbean States) tienen un sistema de derecho consue-tudinario. Pero incluso en los países que comparten una tradición legal común, los requisitos de contabilidad y auditoría (C&A) han evolucionado en forma distinta como respuesta a las diferentes necesidades comerciales y al entorno financiero y económico. Por ejemplo, frente a las crisis y repuntes económicos, algunos países han desregula-do y otros han añadido más regulaciones. Además, en algunos países los autores de la legislación y la regulación son muy conocedores de los sistemas de información empresarial, en tanto en otros existe una falta de experiencia financiera y destrezas empresariales tanto a nivel de formulación de políticas como a nivel regulatorio. El resultado es una significativa diversidad en las leyes que rigen las empresas, los entes reguladores del gobierno y otros actores económicos en la región.

Esta sección se concentra en el marco legal para la información financiera empresarial, que comprende todas las leyes, regulaciones y otras reglas pertinentes a la contabilidad, auditoría e información financiera que las empresas están obligadas a cumplir. Las leyes empresariales y su regulación asociada proporcionan la forma general del entorno de la C&A. Las regulaciones, resoluciones y circulares políticas posteriores complementan los detalles de importancia, pero un marco sólido de información financiera empresarial constituye un importante primer paso para un mejor entorno empresarial.

En este estudio se evalúan los marcos estatutarios para contabilidad y auditoría según cuatro atributos principales: integridad, coherencia, adaptabilidad y grado de diferenciación.1 Integridad significa que la ley contiene todos los requisitos de

1 Estos atributos están ampliamente de acuerdo con los principios recomendados por expertos legales reconocidos. Reed Dickerson, en su Legislative Drafting (1954, 12), expresa que “la



un sistema de información financiera y establece las instituciones con facultades y capacidades para hacer cumplir esos requisitos. Coherencia significa que el cuerpo de leyes no contiene contradicciones internas con respecto a la autoridad de las distintas ramas del Estado (autoridades tributarias, reguladores del sector financiero y otras) y que las leyes no se superponen de manera que generen confusión sobre los requi-sitos legales exactos para entidades particulares. Adaptabilidad significa que la ley no contiene requisitos que están necesariamente sometidos al cambio a través del tiempo (por ejemplo, las normas contables internacionales de un año particular, o sanciones específicas por infracciones). Por último, un marco legal de C&A diferenciado hace una distinción clara entre entidades de interés público (EIP; ver recuadro 2.1) y em-presas que no sirven el interés público, incluyendo la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas (PyME(s)); las EIP ameritan una mayor supervisión regulatoria que las demás entidades.

idea más importante en una propuesta legislativa es decir lo que se quiere decir en forma precisa, coherente y económica”. Legislative Drafting de G.C. Thornton (1970) aboga por la “simplicidad y precisión”, si bien hace énfasis en que la legislación es más un arte que una ciencia y que no hay “una forma correcta o una forma errada bien definidas” de proponer legislación. En un artículo sobre la propuesta legislativa en el sector financiero, un consultor superior de la oficina del Procurador General de Singapur defiende un enfoque flexible, escalable, comprensible, sensible y aplicable (Cheu, 2007).

Recuadro 2.1 Entidades de interés público (EIP)

No hay una definición reconocida universalmente de las EIP; este concepto surgió hace relati-vamente poco tiempo y los países pueden definir distintamente el término dependiendo de las realidades locales. La International Accounting Standards Board describió las EIP como entidades que cumplen una o más de las siguientes condiciones:

• Recibenfondosdelpúblicoencondicióndefiducia(estoes,bancos,asociacionesdeahorroypréstamo, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros).

• Prestan servicios públicos esenciales y están sujetas a la adquisición pública. • Son activas en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo defensa, u operan como

monopolios. • Son de propiedad del Estado. • Han emitido o dado los pasos legales para emitir valores en una bolsa de valores, o tienen un

gran número de accionistas que representan una parte sustancial de la propiedad. • Tienen significación económica para el país. La significación puede medirse mediante indica-

dores como ingresos, número de empleados y monto de los activos.


Marcos nacionales de información financiera empresarial 25

Integridad

La ley debe exigir que cada año las EIP produzcan un juego completo de estados financieros que incluya la documentación que los usuarios necesitan para verificar la situación financiera de la empresa. Como mínimo, un marco legal completo debe incluir las siguientes provisiones2:

• Exigir a las EIP preparar cuatro estados financieros de propósito general, a saber: a) el balance general, b) el estado de resultados, c) el estado de flujos de efectivo y d) el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas; además, un juego completo de notas a los estados financieros en las que se presenten las políticas financieras básicas, explicaciones adecuadas para los elementos importantes de los cuatro estados y el resto de la información necesaria para una comprensión apropiada de los estados financieros.

• Exigir a las EIP preparar estados financieros consolidados para el grupo eco-nómico completo además de los estados financieros legales. Estos últimos son importantes para el reparto de dividendos, el cumplimiento de los convenios de crédito, los impuestos y otros fines. Los inversores y otros usuarios de propó-sito general normalmente confían más en los estados financieros consolidados para evaluar el desempeño económico general y la situación financiera de la empresa.3

• Exigir a las EIP (o, como mínimo a las entidades supervisadas) preparar un informe, a menudo conocido como la Comentarios y Análisis de la Gerencia (MD&A, según la abreviatura en inglés), que describe cualitativamente la condi-ción de la empresa, suministrando detalles contextuales necesarios que ayuden a los usuarios a encontrar explicación a los datos financieros presentados en los estados financieros.

• Exigir que los estados financieros de las EIP se auditen anualmente y se remi-tan a los accionistas y otros usuarios pronto después de terminar el período de

2 Los componentes de un marco legal completo se basan en la herramienta de diagnóstico ROSC C&A, la cual se encuentra en http:/www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html. La he-rramienta se basa, a su vez, en los marcos estatutarios de la Unión Europea y los Estados Unidos, los cuales se consideran como completos.

3 Ver, por ejemplo, el párrafo de apertura del Accounting Research Bulletin No. 51 (enmendado por el Financial Accounting Standard No. 160, expedido en 2007): “Existe la presunción de que los estados financieros consolidados tienen mucho más significado que los estados financieros separados y que habitualmente son necesarios para una presentación razonable cuando una de las entidades del grupo consolidado controla financieramente las demás en-tidades, de forma directa o indirecta”. U.S. Financial Accounting Standards Board, Norwalk, CT. http://www.fasb.org/pdf/fas160.pdf.



informe pertinente. La información financiera pierde gran parte de su valor al pasar el tiempo, de manera que la oportunidad de la presentación de la infor-mación es crucial.

• Exigir a las EIP tener un comité de auditoría como parte de un sistema sólido de control interno y gobierno corporativo. Los integrantes del comité de auditoría deben ser competentes en asuntos de información financiera y auditoría. Es deseable que la mayoría sea independiente de la administración y de accionistas mayoritarios.

• Exigir que se divulguen ampliamente los estados financieros de las EIP –Internet permite la publicación a bajo costo en el sitio web de la empresa y del organismo regulatorio– o sean accesibles al público en alguna forma.

Estados financieros completos

Los países de la región tienen generalmente un marco legal razonablemente completo, que exige los elementos básicos de un sistema de información financiera empresarial. Cada uno de los países encuestados como parte de los Reports on the Observance of Standards and Codes, Accounting and Auditing ( ROSC C&A) exige el balance ge-neral, el estado de resultados y las notas explicativas a las EIP, y casi todos los países exigen el estado de flujo de efectivo y el de cambios en el patrimonio. Sin embargo, unos pocos, en lugar del estado de flujo de efectivo, exigen un “estado de fuentes y aplicaciones de fondos”. Los inversores y otros usuarios consideran que la utilidad de este estado financiero es limitada porque no presenta el desglose de los flujos de efec-tivo por categoría principal de actividades (operaciones, inversiones y financiación), que constituyen indicadores clave del desempeño financiero y no pueden derivarse simplemente de los demás estados financieros.

Estados financieros consolidados

La mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe también exige a las EIP preparar estados financieros consolidados, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Las notables excepciones son Brasil (que sólo lo exige a las empresas que cotizan en bolsa) y Colombia (que no exige a los bancos consolidar los estados financieros de las subsidiarias no bancarias y viceversa). Constituye buena práctica que un grupo económico presente estados financieros consolidados para el grupo y juegos distintos de estados financieros legales para cada uno de sus segmentos. Los estados financieros consolidados se utilizan para el análisis financiero y las decisiones de inversión, y los estados financieros legales se utilizan para el cálculo de impuestos sobre la renta, divi-dendos, cumplimiento de participación de beneficios con los acuerdos de préstamos y la regulación cautelar. Sin estados financieros consolidados, los inversores potenciales



obtienen, cuando mucho, una imagen incompleta de la empresa. Sin embargo, se con-sidera una buena práctica exonerar a las pequeñas entidades económicas del requisito de consolidar sus estados financieros (IASB, 2004).

En general, las leyes locales de los países de América Latina y el Caribe no estable-cen requisitos específicos para estados financieros consolidados. A este respecto, los gobiernos pueden considerar el silencio de la ley como una oportunidad para moder-nizar gradualmente sus reglas sobre información financiera para los estados finan-cieros de propósito general. Por ejemplo, concentrándose sólo en estados financieros consolidados, Brasil pudo adecuar sus reglas de información financiera de propósito general con las normas internacionales sin la necesidad de reacondicionar su marco regulatorio. Los cambios en los requisitos para los estados financieros consolidados no afectaron los requisitos de información tributaria o cautelar en Brasil, que se basan en los estados financieros legales y desde entonces ha exigido las NIIF para los estados financieros consolidados de los bancos, empresas que cotizan en bolsa y compañías de seguros sin modificar los requisitos para los estados financieros legales.

Discusión y análisis de la gerencia

Una apropiada discusión y análisis de la gerencia aporta información y análisis cualita-tivo y contextual importante en conjunto con los datos cuantitativos de los estados fi-nancieros (Meiers, 2006). Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay exigen a las empresas que cotizan en la bolsa presentar la D&AG, lo que constituye un desarrollo positivo.

Auditorías legales

Todos los países de la región exigen a las EIP una auditoría externa anual de sus estados financieros (cuadro 2.1). Pocos países han ido discutiblemente demasiado lejos exigiéndola a todas las empresas al margen de su tamaño o su significación para la economía. Este requisito universal omite diferenciar las EIP, que necesitan una supervisión más estricta, de las empresas que no lo son, que se ven acosadas por requerimientos excesivos.

Comités de auditoría y otros agentes internos de supervisión financiera

Los países de la región a menudo encargan a un individuo o grupo las funciones de supervisión interna financiera, lo que puede duplicar el papel del auditor externo y el comité de auditoría. Un buen gobierno corporativo requiere que las empresas configuren un órgano o designen un individuo o comité para interactuar con el auditor externo y servir como salvaguardia independiente de la integridad y cumplimiento de la empresa en cuanto a la información financiera se refiere (OCDE, 2008). En América Latina, casi



Cuadro 2.1 Entidades comerciales sometidas a auditoría exigida por ley(excluye las empresas de propiedad del Estado)

País EIP Grandes empresas privadas PyME(s)

Argentina 3 3 *

Brasil 3 3

Chile 3

Colombia 3 3 3

Ecuador 3 3

El Salvador 3 3 3

Haití 3 3 3

Honduras 3

Jamaica 3 3 3

México 3 3

OECS 3 3

Panamá 3 3 3

Paraguay 3 3

República Dominicana 3 3 3

Perú 3

Uruguay 3 3

Fuente: revisión LAC ROSC C&A, http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html.Nota: OECS = Organización de los Estados del Caribe Oriental.* Se exige la auditoría a todas las sociedades anónimas.

todas las leyes empresariales de cada país designan un comisario, síndico, revisor fiscal, conselho fiscal o inspector de cuentas (cuadro 2.2), quien debe ser externo a la empresa, pero cuyas responsabilidades, capacitación y experiencia no están bien definidas. Al-gunos de estos individuos pueden no estar bien preparados para efectuar una función de auditoría interna y, además, en algunos casos se exige a la persona ser accionista, lo que pone en tela de juicio la independencia y confiabilidad de esa persona.

Existe un movimiento cada vez más fuerte para exigir a las empresas, en particular los bancos y otras entidades reguladas, establecer comités de auditoría. Estos comités se componen de miembros independientes de la junta directiva de la empresa y son responsables ante ella (y ante el público en general) de la supervisión de la calidad de la información financiera empresarial, incluyendo la contratación y supervisión del auditor externo, y de garantizar el cumplimiento de los requisitos de información financiera. Aproximadamente la mitad de los países revisados en el programa ROSC en América Latina exigen a sus bancos y otras entidades financieras nombrar un comité de auditoría.



Cuadro 2.2 Control interno y otros mecanismos de supervisión financiera en las EIP

País

Comité de auditoría (o equivalente)

Comisario (o equivalente) Comentario

Argentina 3 3 Comisión fiscalizadora para las empresas regu-ladas; síndico para empresas grandes que no cotizan en la bolsa.

Brasil 3 Comité de auditoría para entidades financieras y conselho fiscal para sociedades anónimas (con-selho fiscal se considera algo equivalente a un comité de auditoría para las empresas que también cotizan en la bolsa de valores de Nueva York).

Chile 3 Los bancos empezaron a introducir comités de auditoría voluntariamente. Las empresas que cotizan en bolsa con un valor de mercado de más de US$40 millones deben tener un “comité de directores”, algo equivalente a un comité de auditoría.

Colombia 3 Se exige a todas las empresas tener un revisor fiscal, cuya función es parte auditoría y parte control interno.

Ecuador 3 Las entidades financieras deben nombrar un au-ditor interno; la ley de sociedades anónimas exige el nombramiento de un comisario.

Honduras 3 3 Todas las sociedades anónimas deben nombrar un comisario y las entidades financieras deben tener un comité de auditoría.

México 3 Cualquier empresa con más de 50 accionistas o garantes y todas las empresas que cotizan en la bolsa deben nombrar un comité de auditoría.

OECS 3 Las entidades financieras deben nombrar un co-mité de auditoría y éstos son voluntarios para las empresas que cotizan en la bolsa.

Panamá 3 Se exige comité de auditoría a los bancos y es vo-luntario para empresas que cotizan en la bolsa.

Paraguay 3 3 Se exige comité de auditoría a las entidades financieras y síndico a las empresas que cotizan en la bolsa.

República Dominicana 3 El Código de Comercio exige el nombramiento de un comisario.

Uruguay 3 3 Los bancos deben nombrar un comité de auditoría y las empresas que cotizan en la bolsa un síndico o una comisión fiscal.

Fuente: revisión de LAC ROSC C&A.Nota: OECS = Organización de los Estados del Caribe Oriental.



Divulgación pública de los estados financieros

La publicación proporciona un desincentivo útil para las inexactitudes o la farsa directa en los estados financieros empresariales. Para citar a Louis Brandeis, académico legal y juez de la Corte Suprema de Justicia de los EUA, “la luz del sol es el mejor desinfectante; la luz eléctrica, el mejor policía”. La transparencia también es la base para que terceras partes ejerzan la disciplina del mercado al otorgar crédito o invertir en una empresa.

Aunque la mayoría de los países exige la divulgación pública de la información financiera a las empresas que cotizan en la bolsa y a otras EIP, existe mucha variación entre los países en cuanto los requisitos legales sobre la divulgación de los estados financieros de las empresas no reguladas. Por ejemplo, en el Reino Unido y en Norue-ga se exige a casi todas las empresas divulgar sus estados financieros, mientras en la Federación Rusa y en los Estados Unidos no existe ese requisito para las empresas no reguladas. El Banco Mundial no tiene una posición política oficial sobre divulgación obligatoria de estados financieros para empresas no reguladas. No obstante, los ROSC C&A recomiendan a menudo la divulgación de los estados financieros de todas las EIP mientras sea posible a través de Internet y contribuya a fomentar un clima de los negocios conducente a la inversión privada.

En los países de América Latina y el Caribe encuestados para el programa ROSC, se exige habitualmente a los bancos, las empresas que cotizan en la bolsa y otras EIP publicar la información financiera, de acuerdo con las mejores prácticas internacio-nales (cuadro 2.3). Internet representa un medio económico y ampliamente accesible para divulgar la información financiera, de manera que los gobiernos deberían pasar a exigir a las EIP publicar sus estados financieros en línea. En algunos pocos casos, no se exige a las empresas de la región publicar las notas a los estados financieros (por ejemplo, las entidades financieras en Colombia y las compañías de seguros en la República Dominicana o Uruguay), lo cual constituye una grave deficiencia, ya que las notas forman parte integral de cada estado financiero y son necesarias para conocer la posición financiera de la empresa.

Coherencia

El marco legal debe ser lo suficientemente claro para que las empresas puedan seguirlo. Un marco legal coherente tiene las siguientes características:

• No está demasiado fragmentado. La responsabilidad de regular y hacer cum-plir las leyes sobre C&A no se distribuye entre muchas entidades diferentes, a menudo con jurisdicciones no claras o superpuestas. Los legisladores deben proponerse un menor número de entidades regulatorias y demarcar con cla-ridad los límites de autoridad de cada una con respecto a las demás (Cihák y Podpiera, 2006; Podpiera y Cihák, 2007).



• Separa claramente: a) la información regulatoria tributaria, cautelar y otros tipos de información regulatoria, y b) la información financiera de propósito general. Mientras comparte algunas características comunes, cada tipo de sistema de información tiene fines fundamentalmente diferentes.4 En lugar de imponer reglas para los estados financieros de propósito general adheridos a un enfoque

4 Esto se aplica en particular a la valuación de instrumentos financieros (en especial inver-siones en valores y créditos o portafolios de préstamos), el reconocimiento del goodwill (valorado en cero desde un punto de vista cautelar), el reconocimiento de las reservas generales (prohibido por las NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados de EUA, pero probablemente necesarios desde una perspectiva cautelar), y otros. Al mismo tiempo, deben evitarse las diferencias en cuanto esto sea posible.

Cuadro 2.3 Requisitos para la divulgación pública de los estados financieros completos

País Bancos SegurosFondos de pensiones

Empresas que

cotizan en la bolsa

Empresas grandes que no cotizan en la bolsa PyME(s)

Empresas estatales

Argentina P P P P P Ü

Brasil P P P P Ü Ü P

Chile P P P P P P

Colombia P P P P P

Ecuador P P P

El Salvador P P P P

Haití n.a.

Honduras P P P P P

Jamaica P P P

México P P P P P

OECS P P P

Panamá P P P P

Paraguay P P P P

Perú P P P P

República Dominicana P P

Uruguay P P P P P P

Fuente: revisión de LAC ROSC C&A.Nota: n.a. = no aplicable. OECS = Organización de los Estados del Caribe Oriental.* Para sociedades anónimas.



tributario o cautelar, los reguladores deben exigir información cautelar adicional o separada a las empresas (Comisión Europea, 1999, 2).5

Aunque los países de América Latina y el Caribe poseen en general un marco legal completo, la coherencia del marco generalmente no está a la altura de las mejores prácticas internacionales. Las autoridades de la región (por ejemplo, los reguladores sectoriales) y la profesión contable han seguido con mucha frecuencia un enfoque fragmentario en la emisión de las regulaciones sobre C&A, creando duplicación en ciertos campos y dejando vacíos en otros. En la mayoría de los países no existen leyes específicas sobre contabilidad o auditoría y los requisitos de presentación de infor-mación financiera empresarial a menudo se encuentran dispersos en muchas leyes y regulaciones. Los distintos sistemas de información financiera suelen aplicarse a los bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, empresas estatales y empresas que cotizan en la bolsa. En algunos casos, puede inclusive haber normas separadas de C&A para empresas de empaque de carne, cooperativas, empresas agrícolas y empre-sas multinacionales, todas fijadas por distintos reguladores. Esta maraña de reglas y normas contables superpuestas reduce la transparencia y dificulta, si no imposibilita, comparar y evaluar los estados financieros de las empresas de diferentes sectores o internacionalmente; y si participan varios entes reguladores, se hace más difícil hacer cumplir las reglas. Para reducir la posibilidad de conflictos en las regulaciones es de-seable que el poder de emitir reglas sobre información financiera lo tenga un menor número de entidades.

Otro problema es que la mayor parte de los países de la región no hace distinción entre los estados financieros cautelares que las entidades supervisadas presentan a los reguladores y los estados financieros de propósito general que los inversores poten-ciales u otros utilizarían para evaluar y comparar empresas. Cuando existe conflicto entre las reglas cautelares y las de propósito general, usualmente tienen prelación las cautelares. Dado que las reglas sobre contabilidad cautelar en cada país conllevan requisitos ligeramente distintos de valoración y reconocimiento, la carencia de una distinción clara es un problema para los usuarios de la información financiera, para quienes es difícil comparar el desempeño de las empresas con el de sus equivalentes en diferentes países o en distintos sectores de la economía. En algunos países, el sector bancario ha intentado abordar este problema incluyendo una nota en que se describen las diferencias entre las normas contables emitidas por el superintendente bancario

5 Por ejemplo, el documento de iniciación del proyecto de supervisión de seguros Solvency II de la Unión Europea, expresa: “En lo posible [las reglas cautelares del sector asegurador deberían] basarse en las políticas contables comunes para producir ahorros en gastos y evitar la duplicación (y aún la multiplicación) de los sistemas de información financiera” (Comisión Europea, 1999).



y las NIIF. Esta guía puede ayudar a los inversores potenciales señalando los campos en los que los requisitos de contabilidad cautelar afectan los estados financieros. (Este tema se discute con mayor amplitud en el capítulo 5.)

La influencia de las reglas tributarias en los estados financieros de propósito gene-ral representa un problema en muchas jurisdicciones y en varios casos se han fijado requisitos contables con el fin de mejorar el recaudo de impuestos. Las empresas a menudo preparan sus estados financieros de propósito general teniendo presente al asesor tributario, especialmente cuando las reglas tributarias no están separadas cla-ramente de las reglas de la contabilidad de propósito general (Street, 2003, 14).6 Por ejemplo, en Brasil algunas empresas supuestamente se rehúsan a utilizar ciertas prác-ticas contables aceptadas para no ocasionar una evaluación tributaria. En países como Honduras, Panamá y Paraguay, no hay una diferenciación legal entre la presentación de información financiera de propósito general y la tributaria; donde se encuentren en conflicto las reglas de reconocimiento y valoración, las tributarias tienen prelación legal sobre la norma contable de propósito general. En estas circunstancias, las em-presas tienen un incentivo para subestimar sus ingresos y utilidades para minimizar su carga impositiva, y la percepción general es que lo hacen así. Sólo esta percepción, para no mencionar la práctica actual de preparar estados financieros engañosos, reduce la confianza en los estados financieros de estas empresas.

Adaptabilidad

La necesidad de modernizar los sistemas de información financiera continuamente para reflejar las normas y las mejores prácticas internacionales requiere una medida de flexibilidad de la forma en que se estructure el marco legal. Por consiguiente, es preferible que la ley conserve sólo los principios centrales que soportan el sistema de C&A, permitiendo que la implementación de las regulaciones (incluidas las normas contables) se efectúe mediante instrumentos separados. Las normas sobre C&A están en permanente evolución7 y las legislaturas y procesos de legislación a menudo se mueven con demasiada lentitud o se publicitan demasiado para mantenerse al día con los cambios necesarios en los requisitos para C&A. Los gobiernos que incorporan sus

6 Este asunto ha representado un problema en otras partes del mundo en el pasado. El informe de 2003 sobre convergencia, o adopción de NIIF, preparado por las seis redes internacionales más grandes de empresas de auditoría, expresa que los encuestados de más de 25 países citaron la naturaleza basada en impuestos del sistema de cuentas nacionales como un obstáculo para la convergencia con NIIF (Street, 2003). Aunque esta información ya se encuentra desactualizada, muestra la naturaleza penetrante del problema.

7 Para una cronología de las revisiones NIIF y otros proyectos IASB, ver el sitio web IAS+ de Deloitte, http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm.



normas contables en la ley (ordenando una versión específica de los NIIF, por ejemplo) ponen en riesgo que la comunidad contable y empresarial se quede atrás con el tiempo. Así, constituye una mejor práctica legislar sólo el marco básico, según se describió anteriormente. Las reglas con probabilidad de cambio en el corto a mediano plazo (por ejemplo, requisitos específicos, sanciones específicas por no cumplirlos, y otras regula-ciones de permisos) deben expedirlas por separado las instituciones que administran las leyes. (Este enfoque se discute con mayor detalle en el capítulo 5). Entre los países encuestados por medio de la valoración ROSC, tres –Brasil, Colombia y la República Dominicana– incorporaron una parte significativa de sus normas contables en la ley, pero han dado los pasos para corregir este problema. Los demás países encuestados tienen un mayor grado de flexibilidad legal.

Diferenciación

Empresas de distintos tipos y tamaños demandan diferente tratamiento legal. Las en-tidades financieras, las empresas que cotizan en la bolsa y las empresas estatales tienen todas mayores responsabilidades fiduciarias para con los depositantes, accionistas o el público en general que otras empresas de propiedad más cerrada y no financieras. Al tratar los temas de presentación de información financiera empresarial, los gobiernos deben mantener estas distinciones en mente y adecuar las leyes a las empresas que regulan.

EIP frente a entidades que no son de interés público

La ley debe distinguir claramente las EIP y las que no lo son (que comprenden las microempresas y las PyME(s)). Un régimen regulatorio más limitado debe aplicarse a las empresas que no son de interés público (incluyendo una diversidad más simple de reglas contables, eliminación del requisito de auditoría estatutario e información menos frecuente o no presentación de información). Cuando las empresas más pequeñas deben cumplir los mismos requisitos estrictos que las empresas grandes, innecesariamente se incrementa el costo de las actividades para esas empresas que cumplen con la ley y se degrada la fuerza de la ley en las empresas que no la cumplen.

La mayoría de los países en América Latina y el Caribe no provee suficiente alivio para las microempresas y las PyME(s). Estas últimas constituyen la columna vertebral de la mayoría de las economías de la región y el Banco Mundial estima que proveen aproximadamente el 95% del empleo y cerca del 70% del PIB en los países de media-nos ingresos (Fan, Criscuolo e Ilieva-Hamel, 2005). Es importante, entonces, que los gobiernos no obstaculicen a las PyME(s) con regulaciones innecesarias o demasiado complejas. La mayoría de los países de la región no tiene normas específicas para las empresas que no son EIP, pero unos pocos explícitamente les exigen cumplir las mismas normas vigentes para las EIP (por ejemplo, Uruguay exige a todas las empresas seguir



las NIIF). Además, aun si se exige a las PyME(s) aplicar las NIIF por ley, en la práctica pocas lo hacen, bien porque no tienen la capacidad de hacerlo o porque les sería muy costoso contratar contadores externos con las destrezas necesarias. Un bajo nivel de cumplimiento reduce la credibilidad de las empresas y de la ley que teóricamente las obliga, pues la mayoría de los países no dedican los recursos necesarios para hacer cumplir estos requisitos (capítulo 6). En este contexto, es comprensible que las enti-dades de crédito y otros usuarios de los estados financieros tengan poca confianza en los estados financieros de las empresas no reguladas. (En el recuadro 2.2 se describe un esfuerzo para desarrollar normas adecuadas para las PyME(s)).

Recuadro 2.2 NIIF para las PyME(s)

Se ha desarrollado un consenso entre los gobiernos y los profesionales en cuanto a que las PyME(s) deben someterse a una diversidad más simple de normas que las EIP, ya que el aprendizaje y el seguimiento completo de las NIIF representa una carga para la PyME(s) usual (el volumen completo de las NIIF 2008 es un tomo de 2.700 páginas). En realidad, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha venido trabajando desde el año 2005 para desarrollar unas “NIIF para PyME(s)” (llamadas también “NIIF para entidades privadas”). Estas normas fueron emitidas en julio de 2009, cuando este libro se iba a imprimir. Según lo explica el IASB en su sitio web,

Debido a que las NIIF completas se diseñaron para suplir las necesidades de los inversores de capital en las empresas en los mercados públicos de capital, cubren una amplia variedad de temas, contienen una cantidad apreciable de guías de implementación e incluyen divul-gaciones apropiadas para las empresas que cotizan en la bolsa. Los usuarios de los estados financieros de las entidades privadas no tienen esas necesidades, pues más bien están centrados en evaluar flujos de efectivo a corto plazo, liquidez y solvencia. Además, muchas entidades privadas expresan que las NIIF completas imponen una carga sobre ellas, carga que ha venido creciendo a medida que las NIIF son más detalladas y más países han empezado a utilizarlas. Así, al desarrollar las NIIF propuestas para las PyME(s), los objetivos gemelos del IASB fueron suplir las necesidades de los usuarios y equilibrar los costos y beneficios desde la perspectiva del preparador.

Estas normas de información financiera reducidas podrían representar un beneficio para América Latina y, de hecho, El Salvador ya las ha adoptado en forma prospectiva. Está por verse aún si estas normas serán adecuadas para las empresas que se encuentran en el extremo inferior del espectro. Muchos observadores europeos han expresado su sentir de que las normas en su actual forma propuesta son más aplicables a entidades medianas que pequeñas. En cualquier caso, la adopción de estas nuevas normas requerirá una inversión en desarrollo de capacidad que la mayoría de los países todavía no ha contemplado. Para muchas PyME(s) es improbable contar con los recursos humanos y financieros para implementarlas exitosamente sin alguna asistencia externa. Además, los organismos profesionales de contabilidad en las economías emergentes a menudo carecen de la capacidad de iniciar la capacitación integral necesaria para implementar efectivamente las NIIF para las PyME(s).



Empresas estatales

En contraste, el marco legal para las empresas estatales generalmente no es lo bastante estricto, considerando la importancia de estas entidades y los servicios que prestan. Las normas que gobiernan las empresas estatales frecuentemente no son tan riguro-sas como las que cubren otras clases de EIP. Los Guidelines on Corporate Governance in State-Owned Enterprises, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomiendan que las empresas estatales “se sometan a las mismas nor-mas contables y de auditoría de alta calidad que las empresas que cotizan en la bolsa” (OCDE, 2005, 16), una norma que permanece en gran medida sin cumplirse en la región de América Latina y el Caribe. A menudo los requisitos para una empresa estatal particular se disponen en la ley que la creó (por ejemplo, una ley orgánica), de manera que diferentes requisitos pueden aplicarse a distintas empresas estatales en el mismo país. También, puesto que no todas las empresas estatales están obligadas a establecerse propiamente como empresas, las leyes comerciales generales (por ejem-plo, el Código de Comercio u otras leyes sobre empresas) pueden no aplicarse a ellas. En general, el sector padece de una falta de transparencia y responsabilidad, pues los estados financieros de las empresas estatales a menudo no son accesibles al público (ver cuadro 2.3).8

En varios países de la región, las empresas estatales siguen un conjunto significati-vamente distinto de reglas contables, de auditoría, información y de control interno, del de sus equivalentes en el sector privado. Estas normas, diseñadas habitualmente con el interés central en la ejecución presupuestaria del gobierno, no son adecuadas para entidades comerciales. Además, las empresas estatales a menudo están exentas del requisito de una auditoría externa por parte de un auditor independiente y suelen, en cambio, ser auditadas por un ente fiscalizador superior (EFS), pero la calidad y frecuencia de las auditorías varía considerablemente. Los EFS a menudo no tienen la capacidad de auditar anualmente a las empresas estatales y, en la mayoría de los casos, siguen las normas de auditoría oficiales, que se centran en monitorear el cumplimiento con el presupuesto nacional y no en el mayor alcance de una auditoría externa indepen-diente (OCDE, 2005, 42-3). En algunos casos, las únicas empresas estatales sometidas a la auditoría externa son las que reciben fondos de donantes internacionales, pues los términos del préstamo o la donación exigen la auditoría.

Conclusión

En general, los fundamentos de los marcos estatutarios en la región son responsables en cuanto a los requisitos básicos para C&A y en la mayoría de los países el marco de

8 Para una cronología de las revisiones NIIF y otros proyectos IASB, ver el sitio web IAS+ de Deloitte, http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm.



información financiera empresarial contiene los elementos esenciales. No obstante, en varios países la regulación es fragmentada debido a los muchos emisores de reglas. La mayor parte de los países puede adaptar sus normas, pero el ritmo del proceso legislativo y regulatorio con mucha frecuencia no puede mantenerse con respecto al de las innovaciones en el sector privado. Por último, existen diferencias importantes en la calidad de los marcos estatutarios en los distintos sectores.

La calidad del marco legal suele ser más alta en el sector bancario. En casi todos los países, los bancos están sometidos a auditorías legales anuales, requisitos estrictos de un auditor y de un comité de auditoría de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Los reguladores encargados de diseñar y hacer cumplir los requisitos bancarios suelen tener una fuerte capacidad humana y financiera (incluso en países, como Haití, que carece de capacidad general) (Friedman y Grose, 2006). La calidad del marco regulatorio para las empresas que cotizan en la bolsa es en general bastante buena en los países con mercados de valores bien desarrollados. El marco legal para las empresas que cotizan en la bolsa en Brasil, Chile y Panamá está a la altura de las normas internacionales; sin embargo, la mayoría de los países en la región no tiene mercado de valores significativo y así su marco legal es mucho menos sofisticado.

Hay una tendencia hacia la reforma en la región. El Novo Mercado de Brasil ofrece un ejemplo interesante de una estrategia para mejorar los sistemas de información financiera empresarial a través del cumplimiento voluntario de normas más exigentes. Esta misma estrategia puede no funcionar en otros países, pero demuestra que las soluciones creativas pueden funcionar. En Honduras, a finales de 2006 el gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que requiere, entre otras cosas, que las empresas estatales pongan a disposición del público sus estados financieros (Gobierno de Honduras, 2006). Este desarrollo importante fue causado por el hecho de que uno de los principales retos que enfrenta el gobierno ha sido el de controlar los altos niveles de la deuda pública (gran parte de la cual respalda el gobierno) y los déficits presupuestarios de las empresas estatales, en particular las de servicios públicos. Honduras no es el único país de la región que enfrenta dichos retos y otros países harían bien en adoptar un enfoque similar.


3Preservando el buen nombre de la profesión contableGarantizar que la profesión pueda hacer frente a los desafíos actuales

La profesión de contabilidad y auditoría (C&A) se basa en la reputación colectiva de sus practicantes. Los contadores y auditores ofrecen una amplia variedad de servicios, entre ellos auditorías de estados financieros, sistemas de información de sostenibilidad ambiental y certificación de los resultados de la votación para el Premio de la Academia (“Óscar”). Lo que relaciona estos servicios tan diversos es la función del contador y el auditor como guardián del interés y la confianza pública. La consideración del interés público antes que el del cliente y el de la empresa constituye una marca definitiva de la profesión de C&A.1 Por ejemplo, los auditores de estados financieros garantizan a los accionistas y otros terceros interesados que los estados financieros de una empresa reflejan adecuadamente su posición financiera. Para que esta garantía tenga valor el auditor debe ser lo suficientemente capaz e independiente de los clientes para emitir un juicio imparcial sobre sus estados financieros. Si el público pierde la confianza en la capacidad del auditor, entonces la garantía de éste ya no tendrá ningún valor.2 La calidad de la membresía de la profesión es por tanto de la mayor importancia.

En este capítulo se ofrece un panorama general del estado de la profesión de C&A en América Latina y el Caribe, se describen los contornos y características definitorias de la profesión de contaduría y auditoría en general, y se discute sobre las organiza-ciones profesionales a nivel nacional e internacional y sus papeles en la regulación de la profesión y el mejoramiento de su calidad. Por último, aprovechando la experiencia del programa de los Reports on the Observance of Standards and Codes, Accounting

1 Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC , par. 100.1: “Una marca distintiva de la profesión contable es su aceptación de la responsabilidad de actuar en el interés públi-co. Por consiguiente, la responsabilidad de un contador profesional no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un cliente o empleador individual”. El Código de Conducta Profesional de AICPA se inicia con un lenguaje similar (Sección ET 53.01).

2 El ejemplo de más alto perfil de este principio es la anterior empresa de las “Big 5”, Arthur Andersen, que no pudo seguir prestando servicios de auditoría en los Estados Unidos y, por extensión, internacionalmente, debido al perjuicio en su reputación, resultado prin-cipalmente del escándalo de su mayor cliente, Enron.



and Auditing ( ROSC C&A) y las tendencias internacionales en el campo, se discuten los retos para la profesión en la preservación del valor de mercado duradero de su reputación profesional y las soluciones innovadoras que ha utilizado para abordar estos problemas.

Estructura de la profesión de contabilidad y auditoría

La profesión de C&A abarca una amplia variedad de profesionales. Esta diversidad puede describirse con ayuda de dos ejes que representan, uno el tamaño de las empresas y el otro la sofisticación de los servicios (gráfico 3.1). El tamaño de las empresas o pro-fesionales de C&A varía considerablemente: están las “Big 4” redes internacionales,3 las redes internacionales de segundo nivel y otras empresas de tamaño mediano con alguna forma de membresía internacional, otras empresas de tamaño mediano y pequeño que incluyen empresas boutique especializadas y los profesionales individuales. A lo largo del eje vertical se presenta una amplia variedad de servicios, que va desde la teneduría de libros hasta la auditoría. (Esta presentación de los distintos tipos de servicios y proveedores de servicios de C&A constituye una simplificación; no significa, por ejemplo, que empresas pequeñas no puedan realizar auditoría eficazmente.) Aunque ocasionalmente es útil hacer distinción entre contadores y auditores (como se hace en este capítulo), la distinción es algo artificial en la práctica, pues los auditores realizan tareas contables como parte de su trabajo y también (en menor grado) a la inversa.

3 Las redes de auditoría internacional “Big 4” son Deloitte, Ernst & Young, KPGM y Pri-ceWaterhouseCoopers.

Profesionalesindividuales

Empresas de auditoría

de nivel 2

Empresas de auditoría

de las “Big 4”

Empresas pequeñas y medianas

Sofi

stic

ació

n d

e lo

s se

rvic

ios

Auditoría de

entidades de interés público

Serviciosde

teneduría de libros

Gráfico 3.1 Tipos de servicios de contabilidad y auditoría y tamaño de las empresas

Fuente: los autores.


Preservando el buen nombre de la profesión contable 41

Papel de los organismos profesionales de la contabilidad y auditoría

En todos los países los contadores y auditores han formado organismos profesiona-les para garantizar normas adecuadas de competencia y calidad para sus miembros, promover las mejores prácticas entre ellos, promover el papel y la contribución de la profesión y garantizar el valor duradero de su reputación profesional. Entre las fun-ciones habituales de los organismos profesionales contables están las siguientes:

• Establecer requisitos de formación y capacitación para los contadores profe-sionales y certificar que los miembros del organismo cumplen estos requisitos mínimos.

• Fijar normas para la conducta y ética profesional tanto para la auditoría como otros tipos de servicios que incluyan alguna forma de asistencia profesional (por ejemplo, revisiones).

• Ejercer el control de calidad sobre la profesión.• Sancionar a los miembros que violan las normas, reglas éticas o estatutos.• Ofrecer capacitación continua de desarrollo profesional, seminarios, conferen-

cias y publicaciones.• Representar y promover los intereses de la profesión ante las instituciones gu-

bernamentales y otros organismos.4

En algunos países el organismo profesional de C&A se encarga también de otras actividades; por ejemplo, varios organismos profesionales también actúan como en-tidades de establecimiento de normas de C&A.

En esta sección se discuten los retos que enfrentan los organismos profesionales nacionales y se describe la forma en que han respondido a esos retos.

Falta de ingresos

Uno de los factores primarios que limitan la capacidad de los organismos profesionales para mejorar su eficacia es la falta de recursos financieros. Muchas organizaciones cobran cuotas de afiliación muy bajas a sus miembros, por lo que no tienen capacidad de prestar servicios que atraigan a sus miembros a pagar cuotas. Por ejemplo, la cuota anual de afiliación al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, ICPARD, es de US$34 y la afiliación al Instituto es un requisito legal para la práctica como contador o auditor en ese país; pero aun así, tiene dificultades para

4 Más información sobre los gremios contables profesionales se encuentra en “IFAC Criteria and Process for Membership” (IFAC, 2009b), disponible en http://www.ifac.org/About/Membership.php.



cobrar las cuotas vencidas de sus miembros.5 Como se puede apreciar en el cuadro 3.1, las cuotas de afiliación a las asociaciones profesionales en el mundo tienen un rango muy diverso.

Cuadro 3.1 Cuotas de afiliación a organismos profesionales de contabilidad seleccionados

PaísOrganismo profesional

Cuota de afiliación para individuos

2009 (US$)

Requisito de afiliación obligatoria

Número aproximado de

miembros

Brasil (Estado de São Paulo) CRCSP 125 Sí 112.000

República Dominicana ICPARD 34 Sí 14.000

México (Distrito Federal) CCPM 530 Sí 6.000

Paraguay CCP 42 No 1.500

Uruguay CCEAU 65 No 5.000

Reino Unido CAEW 408 No 130.000

Reino Unido ACCA 255 No 122.000

Reino Unido CIMA 309 No 65.000

España ICJCE 750a No 5.500

Estados Unidos AICPA 395 No 330.000

Canadá CGA Canadá 670 No 45.000

Fuente: Revisión LAC ROSC C&A y encuestas adicionales.Nota:a. Esta cantidad se cobra a profesionales individuales; para quienes practican como miembros de una empresa la cuota es el equivalente a US$355 por año.

CRCSP Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

ICPARD Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana

CCPM Colegio de Contadores Públicos de México

CCP Colegio de Contadores del Paraguay

CCEAU Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

ICAEW Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ACCA Association of Chartered Certified Accountants

CIMA Chartered Institute of Management Accountants

ICJCE Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

AICPA American Institute of Certified Public Accountants

CGA Certified General Accountants Association of Canada

5 ICPARD es la principal organización contable profesional del país. La afiliación a ICPARD es obligatoria, aunque en realidad muchos profesionales no están afiliados.



El cobro de cuotas de afiliación adecuadas ha representado un problema en muchos países. Debido a que los costos de algunas actividades usuales (por ejemplo, mantener una biblioteca y un sitio web para los miembros y el público) representan un gasto fijo significativo, los organismos profesionales con un gran número de afiliados tienen una ventaja significativa sobre los que tienen menos afiliados. Por ejemplo, con una afiliación estimada de 400.000 miembros, el Conselho Federal de Contabilidade de Brasil puede permitirse fijar una cuota anual relativamente baja y aun así contar con un nivel cómodo de ingresos. En contraste, los organismos profesionales de Paraguay, Uruguay y los pequeños países del Caribe y Centroamérica apenas pueden sostenerse con una afiliación limitada, inherente a ellos por su tamaño. En algunos países pe-queños (por ejemplo, las pequeñas islas Estado del Caribe oriental), la sostenibilidad de un organismo profesional representa un problema por la falta de una masa crítica de profesionales que absorba los costos fijos necesarios para operar un organismo profesional fuerte (alquiler de oficina, personal administrativo y técnico, etcétera).

Una organización fuerte que preste a sus miembros los servicios que desean pro-bablemente tenga menos problemas con el recaudo de sus cuotas (Seibert, 2008). Un ejemplo a la mano es el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Cceau, que puede financiar una amplia variedad de actividades y un intenso programa de seminarios y cursos de capacitación con su cuota de afiliación anual de US$65. El Cceau está en mejor capacidad de recaudar las cuotas de afiliación porque, como lo expresa el ROSC, “ha adquirido una buena reputación tanto en Uruguay como en América Latina por su dedicación al avance de la profesión contable”. Organismos profesionales fuertes de contabilidad atraen miembros y pueden fijar cuotas significa-tivas debido a que: a) prestan los servicios que sus miembros desean, y b) aumentan el valor de su afiliación restringiéndola sólo a los profesionales más calificados.

Existencia de varias asociaciones profesionales

Otra fuente de dificultades para la profesión algo relacionada con la anterior en muchos países es su falta de cohesión; es bastante común que las divisiones internas dentro de la profesión lleven a facciones y organismos profesionales competidores. Aproxi-madamente dos tercios de los informes ROSC C&A describen varios organismos profesionales que compiten por afiliados dentro del mismo país.6 Un caso extremo es el de Panamá que, con una población inferior a 4 millones de habitantes, tiene cuatro organismos profesionales aprobados oficialmente. Aunque estas asociaciones inten-tan cooperar por medio de una junta técnica conjunta, sus divisiones conducen a la inercia, el conflicto y la defensa ineficaz ante el gobierno y otros interesados externos.

6 Aunque estas organizaciones compiten por afiliados, los contadores eligen algunas veces afiliarse a más de un organismo profesional.



Además, compiten por afiliados y se los dividen entre ellas, lo que debilita su capacidad institucional. Muchos otros países que tienen dos o más organismos profesionales competidores tienen problemas similares.

La estructura multifacética de la profesión de C&A contribuye a estas divisiones. El mercado por servicios de auditoría, particularmente por servicios a las entidades de interés público (EIP), generalmente lo dominan los afiliados locales o las empresas miembros de las cuatro grandes redes mundiales de auditoría o, en algunos pocos países (por ejemplo Brasil y la República Dominicana), las empresas de segundo nivel o las de tamaño mediano. Sin embargo, los organismos profesionales suelen estar dominados por representantes de empresas más pequeñas o la academia. Aunque los asociados a las grandes empresas de auditoría, con su red internacional integrada, se encuentran discutiblemente en mejor posición de promover las mejores prácticas internaciona-les, no siempre es bien recibida su presencia, por lo que carecen de incentivos para cooperar con los organismos profesionales nacionales y con frecuencia se encuentran desvinculados a los mismos. Aun en países en los que las empresas internacionales de auditoría están vinculadas activamente a los organismos profesionales, su presencia puede ser causa de divisiones dentro de la profesión cuando otros miembros (espe-cialmente los pequeños profesionales) perciben su presencia como una amenaza. Por ejemplo, hasta 2007, el organismo contable de la ciudad de Buenos Aires no era miem-bro de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Facpce, lo cual significaba que la Facpce no podía tener acceso al conjunto de recursos técnicos representados por la profesión de la capital y llevó también al desarrollo de dos conjuntos competidores de normas contables. A mediados del año 2007, se llegó a un acuerdo por el cual el organismo contable de Buenos Aires se unió nuevamente a la Facpce. Poco después, Argentina anunció una serie de medidas para adecuar la práctica en el país a las normas internacionales, incluyendo la decisión de adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las empresas que cotizan en la bolsa.

Los polos distintos dentro de la profesión de C&A pueden complementarse. Un ejemplo es el de los dos organismos profesionales de Brasil, CFC e Ibracom (Ibracom representa las empresas grandes y medianas de auditoría). Estos dos organismos generalmente trabajan bien juntos: en conjunto desarrollan los Principios Contables Generalmente Aceptados y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (PCGA y NAGA) de Brasil y juntos han construido lazos fuertes con la comunidad empre-sarial, los entes reguladores, el gobierno, etc. Los gobiernos no pueden hacer mucho en cuanto a los daños y divisiones causados dentro de la profesión, pero en cuanto puedan estimular la unidad deberían hacerlo.



Funciones reservadas y reglas de afiliación obligatorias

En varios países de la región a los organismos profesionales de C&A se les ha otorgado ciertas funciones reservadas; así, los contadores son los únicos profesionales facultados para realizar ciertas actividades, por ejemplo, preparar declaraciones de renta. Además, varios países tienen provisiones de afiliación obligatoria: los contadores deben perte-necer a un organismo profesional para poder ejercer la profesión (cuadro 3.2).

Cuadro 3.2 Países en los que la afiliación a organismos profesionales de contabilidad es obligatoria

Argentina P

Brasil P

Chile

Colombia

Ecuador

El Salvador *

Haití P

Honduras P

Jamaica

México P

OECS P

Panamá

Paraguay

Perú P

República Dominicana P

Uruguay

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.Nota: OECS = Organización de los Estados del Caribe Oriental.* Se requiere el registro con el organismo de supervisión.

Reglas deficientes con respecto a las normas internacionales de mejores prácticas

Aunque contadores y auditores comparten la misma profesión, los requisitos profe-sionales para realizar sus tareas relacionadas, pero distintas, son bastante diferentes. La mayoría de los países encuestados presenta deficiencias con respecto a lo que se consideran mejores prácticas internacionales en términos de garantizar que sus audito-res y contadores sean suficientemente calificados. Los gobiernos, los entes normativos y las asociaciones profesionales harían bien en diferenciar entre auditoría (y otros servicios de alto valor agregado) y teneduría de libros (y otros servicios de bajo valor agregado) en términos de los requisitos para practicar la profesión y mantener una



licencia. Con pocas excepciones, la profesión de C&A en América Latina y el Caribe tiene solo un nivel (contador público), que es una copia del sistema de los EUA; pero su falta de diferenciación tiene un efecto negativo nivelador en la calidad general de la práctica. Los usuarios de la información financiera requieren auditores altamente calificados para certificar la confiabilidad de esa información. Cuando los requisitos para entrar en la profesión de auditoría son bajos, también lo es el nivel de confianza en la información financiera auditada.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), establece normas de mejores prácticas para sus organismos miembros en las Declaración de las Obligaciones de los Miembros (DMO), expedidos en 2004 (recuadro 3.1). Las DMO requieren a los integrantes hacer “sus mejores esfuerzos” para promover, incorporar y asistir en la implementación de las normas internacionales expedidas por IFAC y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.7 Las DMO establecen también requisitos para garantía de calidad y actividades de investigación y disciplina. Los organismos integrantes de IFAC están teóricamente ligados a implementar (o al menos procurar) la adopción de las normas de ética, formación y práctica de alta calidad recomendadas por IFAC.8 Desde luego, los organismos no integrantes de IFAC también harían bien en adoptar estas normas de mejores prácticas.

Las DMO proveen un camino claro para un organismo profesional contable que desee seguir las mejores prácticas internacionales. Esencialmente, recomiendan las reglas que sus organismos integrantes deberían poner en vigor para sus propios inte-grantes. Infortunadamente, la mayoría de los organismos profesionales no han adop-tado estas reglas internacionales de mejores prácticas: ningún organismo integrante de IFAC en América Latina cumple con las siete DMO y pocos cumplen más de tres. En lugar de utilizar las reglas de mejores prácticas de IFAC, las asociaciones profesionales usualmente utilizan códigos desactualizados de práctica y ética, más limitados. Para el progreso de la profesión regional, los organismos integrantes de IFAC en la región deberán hacer un compromiso serio de cumplir las DMO de IFAC y la misma IFAC deberá hacer un compromiso fuerte con su papel de cumplimiento.

7 IFAC expresa que se considera que un organismo integrante realizó su “mejor esfuerzo” cuando no pudo razonablemente hacer más que lo que hizo y está haciendo para cumplir la obligación particular de afiliación.

8 En 2005, poco después de expedir las DMO, IFAC inició un programa de control de cum-plimiento de sus afiliados con las DMO. El Programa de Cumplimiento conlleva, en primer lugar, una autoevaluación de progreso en el cumplimiento de las Membership Obligations y, en segundo lugar, el desarrollo de un plan de acción para tratar áreas débiles determinadas en la autoevaluación. IFAC expresa que no se considera incumplimiento de sus miembros con las DMO “mientras exista un plan de acción y un cronograma acordados para lograr el cumplimiento y pueda demostrarse progreso con respecto al plan”.



Falta de cumplimiento

La tradición mundial de autorregulación en la profesión contable ha sido puesta en duda desde principios de la década actual. En la mayoría de los países de altos ingresos, el gobierno tiene ya un papel activo en la regulación de la profesión, principalmente en relación con la función de auditor estatutario (Devlin, 2006). Sin embargo, esta tendencia no ha tenido todavía un impacto significativo en América Latina y el Caribe, donde la profesión contable está todavía en gran parte autorregulada (Thomadakis, 2005).

La autorregulación significa que la profesión establece sus propias reglas y crea sus propias instituciones y mecanismos para el cumplimiento de estas reglas. Por ejemplo, muchos organismos profesionales de C&A han establecido un “consejo de honor” para recibir, investigar y castigar los reclamos contra contadores miembros. Estos consejos de honor no son usualmente proactivos en revisar la adherencia a las normas éticas y de calidad, sino que sólo responden a reclamos específicos de mala conducta. Otro acuerdo menos común es el de establecer un sistema de revisiones de pares para establecer qué contadores y (particularmente) auditores están cumpliendo con las normas profesionales. En los Estados Unidos, el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) ha empleado tal sistema de revisión de pares para la garantía

Recuadro 3.1 Declaración de Obligaciones de Miembros de la IFAC (DMO)

DMO 1Garantía de calidad

DMO 2Normas internacionales de formación para contadores profesionales y otras guías de Consejo

de Normas Internacionales de Formación en Contaduría Pública (IAESB)

DMO 3Normas internacionales, enunciados de prácticas relacionadas y otros documentos expedidos

por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)

DMO 4Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC

DMO 5Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y otras guías del Consejo de Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB)

DMO 6Investigación y disciplina

DMO 7Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)



de calidad durante mucho tiempo (aun cuando su importancia relativa ha declinado desde la fundación de la Public Company Accounting Oversight Board).

En sólo tres países revisados (Brasil, Jamaica y Perú) tienen los organismos profe-sionales funciones disciplinarias activas; en otros países, los organismos profesionales rara vez sancionan a sus miembros por violaciones de reglas de ética o incumplimiento de las normas de C&A. Los acuerdos de autorregulación son problemáticos por varias razones. Primero, la dirección de la mayoría de los organismos profesionales es elegida, y una dirección elegida es renuente a instalar un sistema que en la práctica castigue a algunos de sus miembros por incumplimiento de las normas y reglas requeridas. Segundo, la naturaleza humana es tal que aun para los profesionales encargados de revisar el trabajo y la conducta de sus pares es más fácil dejar pasar fallas profesionales o éticas, quizá con la esperanza de recibir la misma indulgencia si su desempeño se revisa alguna vez (la expresión “está de acuerdo para que te vaya bien” [go along to get along] capta este sentir). En resumen, un sistema de autorregulación profesional es inherentemente más débil que la supervisión independiente, pues existen pocos incentivos para que los encargados del cumplimiento insistan en éste. Esto, a su vez, disminuye los incentivos para que contadores y auditores cumplan las reglas (Grumet, 2005).

Requisitos de ingreso: el sistema basado en la acreditación universitaria y sus límites

Un papel fundamental de cualquier asociación profesional de C&A es determinar los requisitos de ingreso a la profesión; esto es, definir quiénes pueden propiamente llamarse contadores y auditores (IFAC, 2009a). Estar afiliado a una organización de buena reputación con requisitos de entrada más exigentes (por ejemplo, la Association of Chartered Certified Accountants de Gran Bretaña, la AICPA en los Estados Uni-dos, o la designación de CPC del Instituto de Contadores Públicos de México) agrega valor a un contador o auditor porque las empresas reconocen la dificultad de obtener y mantener la certificación profesional.

IFAC, en sus Normas Internacionales de Formación (IES) para Contadores Pro-fesionales prescribe las normas de formación y capacitación para garantizar que los contadores y auditores estén altamente calificados, e incluye la adopción de las IES en sus DMO. En términos amplios, los requisitos de las IES para el ingreso a la profesión de C&A son como sigue:

• Formación universitaria con normas para planes de estudio en contabilidad adecuadas (incluyendo formación ética).

• Al menos tres años de experiencia práctica con un mentor experimentado.• Un examen de calificación (IFAC, 2008).



En esta sección se discute cada uno de estos requisitos de ingreso y su aplicación en América Latina y el Caribe.

Requisito de formación

La mayoría de los países de la región sólo exige un grado universitario en contaduría para ejercer como contador o como auditor.9 Sin embargo, un grado universitario en contaduría no garantiza por sí solo que su poseedor sea un contador calificado y mucho menos un auditor. Uno de los principales problemas de este requisito es que las normas adecuadas de los planes de estudio para el grado de contador son dispares a través de la región y no suelen estar al nivel de las tendencias mundiales de C&A (ver capítulo 4). Los departamentos de contaduría de las universidades deberían es-forzarse por llenar los requisitos de planes de estudio establecidos en las IES, que son razonablemente detallados al describir las áreas de contabilidad, auditoría, finanzas, economía y otros temas que deben cubrirse.

Requisito de experiencia profesional

La auditoría constituye una destreza que debe agudizarse con el tiempo; un auditor obtiene juicio invaluable con cada ejercicio. Por esta razón, las IES y las mejores prác-ticas internacionales dictan que debe exigirse a los auditores obtener al menos tres años de experiencia práctica pertinente bajo la guía de un auditor calificado antes de poder certificarse como auditores ellos mismos (IFAC, 2008). En general, los países de América Latina y el Caribe reconocen el valor de la experiencia profesional pertinente y aunque la mayoría no requiere dicha experiencia a todos los auditores, usualmente la exigen para auditores de empresas supervisadas (cuadro 3.3). Unos pocos países, en lugar de ordenar la experiencia pertinente, sólo exigen cierto número de años de afiliación al organismo profesional, lo cual no está de acuerdo con las IES.

9 Jamaica y la Organization of Eastern Caribbean Status exigen a sus auditores poseer una credencial contable de una organización reconocida internacionalmente, por ejemplo, ACCA (RU), AICPA (EUA) o CGA (Canadá). Sin embargo, ACCA no exige el grado univer-sitario. Los estudiantes que culminan el programa de Certificate of Accounting Technician basado en el RU pueden ingresar al programa de ACCA. Con todo, la credencial de ACCA está considerada como quizás la más difícil de obtener y de mantener. Haití exige que sus auditores pasen un examen de certificación, pero pueden quedar exentos de este requisito si poseen grado universitario o tienen al menos cinco años de experiencia profesional.



Requisito de examen de ingreso

El examen profesional (o la serie de exámenes) es una herramienta crítica para eva-luar candidatos para la certificación de auditor. Es una de las formas más objetivas de evaluar el conocimiento y la preparación de un candidato a contador y auditor. Todas las credenciales contables reconocidas internacionalmente utilizan un examen para evaluar candidatos y los lineamientos para el contenido de un examen de contabilidad profesional se presentan en las IES de IFAC. Infortunadamente, esta herramienta está subutilizada en la región; sólo los organismos profesionales de contaduría de Haití y México administran un examen profesional de contaduría y sólo el examen mexicano

Cuadro 3.3 Requisitos de experiencia profesional para auditores estatutarios

País Años Comentario

Argentina 0 Tres años de experiencia en auditoría para registrarse como auditor externo para empresas que cotizan en la bolsa, bancos o compañías de seguros. De otra forma, no se requiere experiencia profesional para auditoría.

Brasil 0

Chile 0 Tres a cinco años de experiencia para auditar una empresa grande, “registrada” (dependiendo del tipo de grado de educación terciaria obtenido).

Colombia 1

Ecuador 0

El Salvador 0

Haití 0 Cinco años de experiencia o diploma universitario sustituyen el examen de ingreso.

Honduras 0

Jamaica 2,5

México 0 El candidato debe esperar tres años, pero no se le exige experiencia laboral práctica.

OECS 3

Panamá 0

Paraguay 3

Perú 0 Debe ser miembro de un Colegio por cinco años (no hay requisito de obtener experiencia práctica).

República Dominicana 0

Uruguay 0 El registro de auditor del Banco Central exige experiencia profesional y sectorial específica para auditar entidades supervisadas, pero no hay requisito de experiencia general para ser auditor de otras entidades.

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.



está considerado como suficientemente riguroso para cumplir los requisitos de las IES.10

Requisitos para mantener una licencia profesional

Después de que los contadores o auditores se han licenciado para ejercer, es importante que mantengan sus destrezas actualizadas mediante el desarrollo profesional continuo (DPC). Las innovaciones empresariales ocasionan cambios en el régimen de C&A y un profesional eficaz debe renovar su base de conocimiento constantemente.

Desarrollo profesional continuo

Para que los contadores se mantengan al día con las normas contables en evolución basadas en las innovaciones en el comercio y las finanzas, las IES de IFAC exigen al menos 120 horas de DPC por cada período de tres años (un promedio de 40 horas por año). Todas las certificaciones contables reconocidas internacionalmente exigen un número semejante de horas de DPC. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones profesionales de América Latina y el Caribe no cumplen esta norma (cuadro 3.4), aun-

10 Brasil instituyó un examen (“Examen de suficiencia” del CFC) en 2000, pero está suspendido desde el año 2005 por decisión de la Corte.

Cuadro 3.4 Horas de DPC requeridas por año

Argentina 0

Brasil 32

Chile 0

Colombia 0

Ecuador 0

El Salvador 0

Honduras 0

Haití 35a

Jamaica 65

México 40

OECS 30

Panamá 0

Paraguay 50

Perú 20

República Dominicana 0

Uruguay 0

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.Nota: a. no hay seguridad de que este requisito sea válido.



que el creciente número de organizaciones que han adoptado algún requisito de DPC es alentador. Varios ROSC suscitaron dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de DPC, que parece ser laxo en la mayoría de los casos.

Ética profesional: mantener la independencia y servir el interés público

Los usuarios de estados financieros confían en que los auditores y contadores no sólo son competentes, sino también razonables y objetivos. Los gobiernos y la profesión necesitan por eso establecer reglas para guiar a los contadores y auditores para enfren-tar los problemas de su independencia. Por ejemplo, los auditores de sus empresas no deben tener interés financiero o de otra clase en las empresas que auditan; las mejo-res prácticas generalmente prohíben a la empresa y sus empleados poseer cualquier interés en una empresa cliente (IFAC, 2005). Además, como observó el público a raíz del escándalo de Enron y otros parecidos, es importante que el trabajo de auditoría esté separado estrictamente de la asistencia de los asesores u otros compromisos que presenten conflicto de intereses.

Sin embargo, las amenazas potenciales a la independencia del auditor o el contador son muchas. El Código de Ética de 2005 de IFAC clasifica las distintas amenazas a la objetividad del contador y el auditor en cinco categorías principales, ofrece un marco para juzgar si una situación o factor en particular puede amenazar la imparcialidad del contador o auditor y recomienda salvaguardias específicas para mantener la in-dependencia de estas amenazas.

Un código completo de ética con guías para situaciones específicas es indispensable para trazar lineamientos claros y disciplinar a los profesionales que cometen violacio-nes éticas. Se considera una buena práctica la adopción del Código de Ética de IFAC y también se exige en las DMO. Sin embargo, las revisiones ROSC han encontrado que muchos organismos profesionales de América Latina y el Caribe no han adoptado ese código. En cambio, desarrollan códigos de ética propios más limitados, en los cuales con frecuencia no se menciona el concepto de servir el interés público. Los requisitos de independencia usualmente detallados en un código nacional de ética en la región tienden a ser de alcance limitado y en la mayoría de los países no se hacen cumplir.

La rotación de auditores es otra herramienta sistémica importante para mantener la independencia del auditor. En la mayoría de los casos se exige a las empresas rotar periódicamente al asociado firmante de la auditoría (cinco años es un período común). Esta práctica (adoptada en los Estados Unidos por la Ley Sarbanes-Oxley y en la Unión Europea por la Octava Directiva sobre el Derecho de Sociedades) ha sido adoptada en sectores supervisados de la mayoría de los países de la región y varios países informan que están dando pasos para la rotación de los auditores. Brasil y Paraguay exigen que



las empresas roten su empresa de auditoría;11 esto es, las empresas deben contratar una nueva empresa para auditar sus estados financieros y no simplemente cambiar el socio firmante. Aunque la rotación del socio firmante o de la empresa es útil, no basta por sí misma para garantizar la independencia del auditor.

Regulación y supervisión de la función de auditoría externa

En ausencia de una autorregulación fuerte de la profesión de contaduría, los regulado-res de las EIP (supervisores bancarios, supervisores del sector financiero no bancario, reguladores del mercado de valores y ente fiscalizador superior) han impuesto requisitos para promover la auditoría de alta calidad en sus sectores. Cuando muchos reguladores dependen de auditores externos para descubrir zonas de riesgo o irregularidades en los estados financieros de las entidades reguladas (Comité de Basilea sobre Supervi-sión Bancaria, 2008), la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han dado pasos para garantizar que los auditores estatutarios de las EIP tengan un mínimo de competencia. Como mínimo, los reguladores pueden reservarse el derecho de aprobar o desaprobar la elección del auditor externo y pueden exigir experiencia sectorial previa a los auditores potenciales de bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones u otras entidades financieras). Otros supervisores mantienen registros de empresas de auditoría o individuos aprobados (el recuadro 3.2 muestra cómo trabajan en la práctica dos de dichos registros). En algunos países, distintos supervisores mantienen registros separados de auditores externos aprobados, lo que puede ser fuente de confusión y duplicación innecesaria de esfuerzos. La República Dominicana tiene cuatro registros separados de auditores aprobados, para bancos, compañías de seguros, fondos de pen-siones y empresas que cotizan en la bolsa. Dado que los requisitos para calificar como auditor externo deberían ser similares, los supervisores deberían buscar modernizar estos requisitos compartiendo información y centralizando sus registros.

Otra alternativa para identificar auditores externos calificados para entidades regu-ladas es trabajar con la profesión con el fin de crear una certificación más rigurosa para los auditores. México ha hecho esto con la adopción de la acreditación del Contador Público Certificado (CPC): los supervisores de bancos, otras entidades financieras y empresas que cotizan en la bolsa requieren que los auditores externos de las entidades supervisadas tengan acreditación de CPC.

11 El Banco Central de Brasil suspendió el requisito de rotación de empresas de auditoría, pero las compañías que cotizan en la bolsa están todavía sometidas a esa rotación.



Recuadro 3.2 Registros de auditores estatutarios en Argentina y Honduras

Argentina:Departamento de Control de Auditores del Banco Central

Los auditores externos tienen un papel esencial con respecto a la precisión y confiabilidad de la información financiera de las entidades financieras. Desde 1998, conforme a un enfoque aprobado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, el Banco Central de Argentina ha dado varios pasos para garantizar que los auditores externos de las entidades financieras no sólo estén adecuada-mente calificados sino también observen efectivamente las altas normas de la práctica de auditoría. En particular, el Banco Central estableció el Departamento de Control de Auditores (DCA), que es responsable de supervisar los auditores externos y los comités de auditoría. En promedio, el DCA efectúa unas 60 inspecciones por año de auditores externos de entidades financieras, otorgándoles a los auditores externos una calificación de 1 a 5. Las empresas con menor calificación (inaceptable) son excluidas del registro de auditores externos aprobados. La experiencia de Argentina ilustra una tendencia creciente entre los supervisores bancarios para apalancar el trabajo de los auditores externos como parte de una estrategia de supervisión centrada en los riesgos. Es también un ejemplo interesante de cómo los reguladores del sector financiero pueden tener un papel significativo en el control de calidad de la práctica de auditoría en su jurisdicción.

Honduras:El registro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, CNBS, utiliza un sistema de clasificación de cuatro niveles para su registro de auditores y clasifica las empresas en una de cuatro categorías. Una empresa está autorizada para auditar entidades de su categoría o inferiores (esto es, una em-presa de categoría de auditoría C puede auditar las empresas de su categoría y también las de la categoría D). El sistema de clasificación es como sigue:

A. Bancos y compañías de seguros.B. Fondos privados de pensiones, agencias de calificación, compañías de arrendamiento, entidades

financieras no bancarias.C. Corredores de seguros, almacenes aduaneros, casas de cambio, empresas corredoras de bolsa,

entidades de microcrédito.D. Grandes prestatarios empresariales.

Para registrarse, las empresas de auditoría deben remitir a la CNBS información sobre la empresa, sus socios y personal, y sus clientes. La CNBS revisa sus calificaciones y les asigna una categoría. A los auditores de las categorías A, B y C se les exige una póliza de seguros de responsabilidad profesional. El registro debe renovarse cada año.



Supervisión independiente de auditores estatutarios: elemento clave de un marco moderno

Es claro que la profesión contable y el gobierno comparten el interés de identificar y certificar auditores independientes altamente calificados. Reconociendo las responsa-bilidades distintivas de los auditores independientes ante el público y la consecuente necesidad de monitorear la práctica de la auditoría y garantizar que las auditorías de los estados financieros tengan niveles de calidad aceptables, países de todo el mundo han empezado a reemplazar la autorregulación con juntas públicas de supervisión cuyas responsabilidades incluyen el registro de auditores estatutarios, el establecimiento de normas profesionales y éticas, el forzoso cumplimiento de las normas profesionales por medio de inspecciones y la presentación de información para el público.

Los ejemplos de juntas de supervisión de auditores independientes abundan: el Public Accountability Board de Canadá, el Haut Conseil du Commissariat aux Comptes de Francia, el Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas de España, el Financial Reporting Council (FRC) del Reino Unido y el Public Company Ac-counting Oversight Board (PCAOB) de los EUA. En el mundo en desarrollo, países como Mauricio y Sri Lanka han establecido entidades con funciones similares.12 En realidad, el International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), fundado en 2006, tiene ya más de 30 organizaciones miembros.13 El ente regulador del mer-cado de valores de Brasil (Comissão de Valores Mobiliários) es el único miembro latinoamericano hasta la fecha del presente libro, aunque no es técnicamente una junta de supervisión de auditores.

Las mejores prácticas dictan que la mayoría de los integrantes de las juntas de su-pervisión de auditores independientes deben ser no practicantes y más bien deberían ser representantes de entes reguladores y otras entidades públicas interesadas (por ejemplo, la academia, la comunidad financiera y los grupos de la sociedad civil).14 Las nominaciones deben seguir un proceso previsto en las leyes o en los estatutos de la junta.

Aunque el concepto de juntas de supervisión de auditores independientes está empezando a surtir efecto en América Latina, el modelo tiene problemas para su

12 Ver Mauritius Financial Reporting Council (http://www.frc.mu) y Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board (http://www.slaasmb.org).

13 Para mayor información sobre IFIAR y sus organizaciones miembros, ver http://www.ifiar.org.

14 La Ley Sarbanes-Oxley de 2002, título 1, sección 101(e) prohíbe a cualquiera de los miem-bros del Pcaob recibir pagos o compartir los beneficios de cualquier empresa de contabi-lidad pública y dedicarse a cualquier otra actividad profesional o comercial. Además, el presidente del Pcaob no puede haber practicado profesionalmente la contabilidad por lo menos en los cinco años anteriores a su nombramiento en la Junta.



implementación, entre los más significativos de los cuales está el de garantizar que la junta cuente con financiación adecuada, por lo que ¿quién debe asumir los costos de estas instituciones? Los ingresos de la PCAOB provienen mayoritariamente de las empresas que emiten valores, con base en su capitalización de mercado y de las cuotas de inscripción y anuales que cobra a las empresas contables públicas.15 En el Reino Unido, está en curso actualmente un debate sobre la propuesta de la FRC para cobrar honorarios mayores a las empresas que cotizan en bolsa, los fondos de pensiones y las compañías de seguros por su supervisión. El gobierno nacional cubría la tercera parte de sus costos hasta 2008, cuando se retiró, quedando los participantes en el mercado para cubrir la mayor parte de los costos.16 (En el recuadro 3.3 se describe la experiencia de El Salvador con la junta de supervisión independiente.)

15 Ley Sarbanes-Oxley de 2002, título 1, sección 102 (f) y sección 109.16 Para mayor información sobre el debate sobre acuerdos específicos de financiación para

el FRC, ver http://www.frc.org.uk/funding.cfm.

Recuadro 3.3 La junta de supervisión de auditores independientes de El Salvador

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y de Auditoría (CVPCPA) de El Salvador es el primer ejemplo de la región de una junta independiente de supervisión de auditores.a Se trata de un consejo de cinco miembros, así: al presidente lo nombra el Ministerio de Economía; los demás miembros son nombrados por el Ministerio de Finanzas, la Asociación Nacional de Empresas Privadas, el ente supervisor del sistema financiero y el ente regulador del mercado de valores en conjunto, y las dos asociaciones profesionales de contaduría nombran uno cada una.

La experiencia del CVPCPA destaca un problema importante para la implementación de una junta de supervisión de auditores independientes: instalar suficientes recursos humanos y financieros para una operación eficaz. El CVPCPA tiene un personal técnico de cuatro personas y cinco personas conforman el personal administrativo, con miembros selectos de la profesión que contribuyen con su tiempo en forma desinteresada (pro bono). No tiene un ejecutivo permanente y su presupuesto anual de US$110.000 (para 2004) proviene íntegramente del Estado. Además, la mayor parte de los miembros son contadores practicantes, lo que suscita preocupaciones sobre la independencia. Los elementos de esta institución son admirables por su naturaleza multidisciplinaria y su autoridad para establecer y hacer cumplir las normas de C&A, pero necesita un refuerzo considerable para poder ser eficaz. El Salvador, y otros países de la región que siguen el ejemplo del CVPCPA, deben identificar soluciones innovadoras a la falta de recursos y otros problemas.

a. El papel del CVPCPA incluye: a) matricular a los contadores públicos (incluidos los auditores), b) super-visar la práctica profesional, c) fijar requisitos mínimos para la auditoría y controlar su cumplimiento por parte de los auditores, d) establecer normas contables y financieras y autorizar los principios contables y las normas de auditoría aceptadas internacionalmente, e) expedir un código de ética profesional, f) investigar reclamos sobre incumplimiento de requisitos legales y prácticas profesionales, y g) promover la formación continua en los contadores públicos.



Colocar la carga en las empresas que cotizan en la bolsa no parece ser políticamente factible en la mayor parte de los países latinoamericanos y del Caribe, que no tienen grandes bolsas de valores con suficientes empresas para sostener tales instituciones. Dado el interés del público en la información financiera responsable y transparente, y la naturaleza de bien público de la información financiera empresarial confiable, los gobiernos nacionales continuarán probablemente teniendo un rol en el establecimiento y fomento de juntas de supervisión de auditores independientes, en especial en los países con mercados emergentes.

Por lo mismo pueden darse buenas razones para que el gobierno y la profesión compartan la mayoría de los costos, ya que las juntas de supervisión de auditores independientes contribuyen a mejorar la calidad general y la reputación de la profe-sión. Sin embargo, las grandes empresas sostienen que cuentan con sus propios pro-cedimientos internos de control de calidad y no parecen estar dispuestas a financiar una institución cuasi-gubernamental para supervisar la profesión como un todo. En cualquier caso, ninguna junta de supervisión es financiada actualmente sólo mediante las contribuciones de la profesión.

Juntas de supervisión independientes se están formando en todas partes del mundo. Los países de América Latina y el Caribe en busca de modelos aplicables podrían tener en cuenta el Financial Reporting Council de Mauricio, el Accounting and Auditing Stan-dards Monitoring Board de Sri Lanka, o la Independent Regulatory Board for Auditors de Sudáfrica. Se espera que el IFIAR empiece pronto a ver más solicitudes de afiliación por parte de juntas de supervisión independientes de auditoría en la región.

Papel de las organizaciones internacionales y la cooperación regional

Las instituciones nacionales no son los únicos actores que tienen un papel en el forta-lecimiento de la profesión de C&A en América Latina y el Caribe. Las organizaciones regionales e internacionales de C&A tienen ya una presencia significativa en la región y hay campo para que ejerzan un liderazgo adicional en el desarrollo de la profesión.

IFAC continuará con su papel prominente en la dirección del desarrollo de la profesión a nivel nacional y regional. A través de sus actividades de establecimiento de normas en los campos de auditoría, formación, ética e información financiera del sector público, IFAC ofrece guías de mejores prácticas a los organismos profesionales de contabilidad en todo el mundo. El Programa de Cumplimiento de IFAC basado en autoevaluaciones sirve de base para suspender o expulsar miembros. El programa ha suspendido miembros de IFAC en la región por falta de participación en el programa y un miembro renunció para no participar en el programa de cumplimiento.17 Otra

17 Ver http://www.ifac.org/ComplianceProgram: “El objetivo primordial del programa es de aliciente y mejoramiento”.



forma en que IFAC podría efectuar cambios positivos en la región es mediante un cumplimiento más fuerte de las DMO.

El IFIAR provee a los países interesados de la región la oportunidad de aprender mejores prácticas internacionales de las juntas independientes de supervisión de au-ditoría de otras partes del mundo. A medida que más países conforman estas juntas, el liderazgo de IFIAR será crítico para recomendar soluciones a algunos de los problemas asociados con su implementación.

La asociación contable de la región, la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, fue fundada en 1949 como conferencia regional de reuniones regulares y en 1971 como entidad permanente. Produce una carta de noticias mensual con artículos de naturaleza muy general, organiza una conferencia cada dos años y ha copatrocinado (con el organismo profesional de contabilidad gerencial de España) una publicación, ya agotada, sobre la contabilidad gerencial en América Latina.

Aunque la AIC constituye un foro importante de diálogo dentro de la profesión en la región, padece de varias debilidades. Primero, su estructura de gobierno no pro-mueve una rendición de cuentas más amplia ante el interés público y, en cambio, sólo es responsable ante su junta de directores y, a su vez, sus organizaciones profesionales miembros. Una organización que depende para su financiación y liderazgo primaria-mente de otras organizaciones institucionalmente débiles no puede prosperar. Entre tanto, la AICPA y el Canadian Institute of Chartered Accountants han abandonado su membresía en la organización, aumentando el problema. La estructura organizativa de la AIC contrasta con la de IFAC, en la cual un Consejo de Vigilancia del Interés Público (PIOB, por sus iniciales en inglés) multilateral supervisa las actividades de fijación de normas y cumplimiento para garantizar que estas actividades sean “propiamente sensibles al interés público”.18 Un problema relacionado para la AIC es su crónica escasez de ingresos: sus recaudos son demasiado bajos para soportar su variedad de actividades. Organizaciones similares en otras regiones, por ejemplo la Confederation of Asian and Pacific Accountants y la Eastern Central and Southern African Federation of Accountants, tienen problemas análogos. En contraste, la asociación regional de

18 El PIOB supervisa las llamadas Public Interest Activity Boards (Juntas de Actividad de Interés Público) del IFAC: la International Auditing and Assurance Standards Board, la International Accounting Eductation Standards Board, la International Ethics Standards Board of Accountants, sus respectivos Consultative Advisory Groups (Grupos Asesores de Consulta) y el Compliance Advisory Panel (CAP). El PIOB: a) revisa y aprueba los tér-minos de referencia para estas entidades; b) evalúa los procedimientos de debido proceso de las juntas; c) supervisa el trabajo del Nominating Committee del IFAC y aprueba las nominaciones del comité a las juntas de establecimiento de normas y el CAP; y d) sugiere la adición de proyectos a los programas de trabajo de las juntas. El presidente del PIOB tiene también derecho a asistir y hablar en las reuniones de la Junta de IFAC (http://www.ipiob.org).



Europa, la Federación Europea de Contadores (Fédération des Experts Comptables Européens, FEE) tiene un rol significativo en la coordinación de las acciones de las distintas asociaciones y se la considera ampliamente como un actor verosímil en los esfuerzos europeos para mejorar sus sistema de información financiera empresarial. La AIC necesitará una dirigencia fuerte para apoyar el desarrollo de la profesión en América Latina y el Caribe.

Un organismo regional fuerte en la región sería de particular utilidad para los organismos profesionales más pequeños de la misma, que podrían beneficiarse de la cooperación internacional y las resultantes economías de escala. Hay considerable espacio para la cooperación regional o subregional entre los organismos profesiona-les, que podrían trabajar juntos en áreas como la preparación de traducciones de las normas internacionales básicas, propuestas de leyes y regulaciones, y ofrecimiento de capacitación en la región. La fuerte FEE de Europa es un portavoz que suele ser escu-chado; la AIC podría tener un papel similarmente productivo si fuese más fuerte. Esto dependerá en gran medida del compromiso de los organismos contables regionales con la cooperación y reforma, en conjunto con sus respectivos gobiernos nacionales.

Conclusión

La profesión de C&A en América Latina y el Caribe se enfrenta a muchos problemas serios. En muchos países la profesión se encuentra fracturada y desorganizada; la mayoría de los organismos profesionales se encuentran con financiación insuficiente y muchos están mal equipados para llevar a sus miembros a la adopción de nuevas y exigentes normas internacionales. Sin embargo, algunos han superado estos proble-mas y han intensificado exitosamente sus requisitos profesionales y pueden servir de modelos para otros. Los organismos profesionales y los gobiernos pueden aprender de las experiencias de sus equivalentes en Argentina, Brasil, México y Uruguay y de la ex-periencia de El Salvador con su consejo independiente de supervisión de auditoría.

Además, los participantes internacionales y regionales trabajan juntos cada vez más para mejorar la calidad de la profesión de C&A en la región. Por ejemplo, la confe-rencia regional anual CReCER (Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional) reúne a los interesados en un mejor sistema de información financiera empresarial y del sector público de la región y del mundo. Varios proyec-tos sobre sistemas de información financiera del sector público y el sector privado se están implementando a través del Caribbean Regional Technical Assistance Center, organismo multilateral, y existen planes en camino para un Centro de Excelencia regional basado en Panamá, para coordinar y dirigir muchos esfuerzos en la región, en particular en América Central.


4El papel de los sistemas de formación profesionalPreparando a la nueva generación para la prestación de servicios de contabilidad y auditoría de alta calidad

En cualquier país, un sistema educativo sólido es la base de una profesión de con-tabilidad y auditoría (C&A) bien capacitada. La formación contable de alta calidad es un elemento esencial para los demás temas cubiertos en este libro; por ejemplo, para los contadores bien capacitados es sencillo utilizar las normas internacionales de C&A, o servir como reguladores eficaces del sector financiero y otros sectores, e inspirar confianza a los prestamistas, inversores y otros interesados que confían en la información financiera que ellos contribuyen a generar. Por otra parte, no sería responsable discutir cambios de políticas o reformas en el sector de C&A sin incluir al sector académico en el diálogo. Cabe a los educadores garantizar que las nuevas generaciones de contadores y auditores estén preparadas para los retos del ambiente de negocios moderno, así como a los gobernantes y legisladores asegurarse de que dichos educadores se encuentren bien equipados para enseñar eficazmente.

Los futuros contadores necesitan una base sólida en los fundamentos de la in-formación financiera y estar familiarizados con una amplia variedad de otros temas para poder mantenerse al día con las innovaciones y asuntos emergentes que inevi-tablemente afectarán la información financiera empresarial durante su carrera. Ya no basta con aprender los principios básicos de la teneduría de libros y de la tributación. Un plan de estudios moderno de contaduría requiere capacitación, entre otras cosas, en sistemas de información para la gerencia, principios de gobernanza empresarial y su aplicación, tendencias de negocios internacionales y ética de los negocios (IFAC, 2008). Además, al igual que en otras profesiones como el derecho y la medicina, el ritmo de cambio en el ambiente de negocios y la innovación financiera exige que los contadores se mantengan actualizados a lo largo de toda su carrera profesional. Por consiguiente, un componente crítico de cualquier sistema de formación de C&A es la disponibilidad y calidad de cursos de capacitación para el desarrollo profesional continuo (DPC).

Esta sección se centra en la formación superior en C&A, esto es, los programas de grado terciarios, tanto los específicos de esas disciplinas como los más generales (por ejemplo, negocios con especialización en contabilidad) que pueden ofrecer las



universidades o instituciones no universitarias.1 (Los programas de DPC y otras modalidades de formación no académica se cubren en el capítulo 3). Se han utilizado varias fuentes de información, en particular los 17 Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos, Contabilidad y Auditoría (ROSC C&A) realizados en América Latina y el Caribe, y una revisión de temas de formación de C&A en América Lati-na. Como parte de esta revisión, se enviaron cuestionarios sobre planes de estudios contables, profesorado y estudiantes a unas 70 universidades con programas de C&A en 15 países, a los cuales respondieron 30 universidades de 14 países. De éstas, 57% manifestaron tener un programa de contaduría de tiempo completo en el contexto de estudios para graduación y una tercera parte informó la existencia de un programa de tiempo parcial. Las respuestas pusieron de relieve varios problemas que presentan las universidades de la región y coinciden con las conclusiones de los ROSC C&A reali-zados hasta ahora y de gran parte de la literatura disponible. Sin embargo, puesto que la muestra fue relativamente pequeña y ciertos países tuvieron mayor representación, es menester tener una alguna precaución antes de extender las conclusiones a todos los programas contables de la región.

Tendencias recientes en la formación superior

La floreciente demanda de formación superior en América Latina y el Caribe ha producido un rápido crecimiento y expansión de las universidades privadas y otras instituciones: la inscripción terciaria en 2002 superó el doble de la de 1985. Dicha expansión de la formación superior ha tenido lugar de diversas formas en los distintos países de la región. En algunos (por ejemplo, Argentina, México, Uruguay y la Repúbli-ca Bolivariana de Venezuela) las universidades públicas han ampliado y diversificado su número de inscriptos y sus cursos. Sin embargo, dado que los gobiernos no están en capacidad de suplir la creciente demanda por su propia cuenta, las instituciones privadas también se han transformado en importantes proveedoras de formación terciaria; en realidad, la inversión privada en formación profesional está aumentando con mayor rapidez que la pública y esto ha producido la diversificación, privatización y comercialización de la formación superior y sus fuentes de financiación. En pro-medio, más del 40% de la inscripción en formación terciaria en América Latina y el Caribe tiene lugar en instituciones privadas y, en Brasil, el 88% de las instituciones de formación superior eran privadas en 2002 (Holm-Nielsen y otros, 2005).

En su mayor parte, las tendencias recientes en la formación contable en América Latina siguen las de la formación superior en general. En los países evaluados según los ROSC C&A, la mayoría de los programas de C&A son ofrecidos por entidades

1 Aunque la calidad de la educación primaria y secundaria afecta sin duda los resultados en la formación contable, este capítulo se concentra específicamente en la formación terciaria.


El papel de los sistemas de formación profesional 63

privadas y aproximadamente dos terceras partes de las universidades que respondieron a la encuesta también lo son. (El gráfico 4.1 muestra cómo evolucionó la oferta privada de formación superior entre 1985 y 2002.)

En algunos países creció rápidamente el número de universidades grandes y ello cambió de manera significativa el panorama de la formación superior. Por ejemplo, en Panamá donde sólo había dos universidades –la Universidad de Panamá y la Universi-dad Católica de Santa María la Antigua– hasta 1980, se han acreditado 35 universidades a partir de 1981. Asimismo, hasta los años ochenta sólo existían en Panamá dos pro-gramas de grado en C&A y ahora hay aproximadamente una docena. Naturalmente, la calidad de estos programas varía considerablemente (Borgonovo, 2009).

La tendencia hacia la oferta privada de formación superior ha sido en general positiva y han aumentado en forma significativa, tanto el acceso a los programas de formación terciaria como su diversificación. Sin embargo, ha habido también conse-cuencias negativas como, por ejemplo, una mayor heterogeneidad en las instituciones educativas (que incluyen entidades universitarias y no universitarias) y bastante mayor

Gráfico 4.1 Inscripción en instituciones privadas en América Latina y el Caribe como porcentaje de la inscripción total (1985-2002)

<10% 10–20% 20–30% 30–40% >40%

BoliviaCuba

PanamáUruguay

BoliviaCuba

PanamáUruguay

Costa RicaEcuador

HondurasMéxico

NicaraguaVenezuela, R.B. de

Honduras

ArgentinaGuatemalaParaguay

ArgentinaCosta RicaEcuador

GuatemalaMéxico

Chile El Salvador

Perú

Venezuela, R.B. de

BrasilColombia

Rep. DominicanaBrasilChile

ColombiaEl SalvadorNicaraguaParaguay

PerúRep. Dominicana

1985 2002

Fuente: Holm-Nielsen y otros, 2005 (adaptado).



fragmentación en los sistemas de enseñanza. En consecuencia, la calidad de la forma-ción es ahora muy dispareja (Holm-Nielsen y otros, 2005).

Control de calidad en los sistemas de formación superior

El reto para los gobiernos es garantizar la calidad y uniformidad de la formación. Entre las medidas que se han tomado en este sentido están los procesos de certificación y acreditación para los programas de grado terciario (medidas ex ante) y las evalua-ciones (medidas ex post, por ejemplo, exámenes). Idealmente, los gobiernos utilizan una combinación de controles ex ante y ex post. El uso de procesos de acreditación ha venido creciendo en la región y varios países (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay) los han estado usando con el fin de limitar la proliferación de nuevas instituciones de formación terciaria (Fernández Lamarra, 2006). En Argentina, la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria es responsable por la aprobación de los programas universitarios considerados de interés público por el Ministerio de Formación. Las carreras contables, recientemente agregadas a la lista de programas de interés público, serán evaluadas por vez primera en 2010 o poco después, a través de comparación con normas emitidas por el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas. Las universidades que no alcancen a cumplir con los requisitos mínimos fijados en dichas normas deberán presentar un programa de acción para encuadrarse en el contenido de tales reglas o, eventualmente, perderán su licencia de funcionamiento. Las universidades deben renovar su acreditación cada seis años.

La evaluación ex post de las instituciones de formación terciaria también se ha incrementado en la región (Fernández Lamarra, 2006). Un ejemplo es el del Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE, de Brasil, instituido en 2004 para los estudiantes que terminan el primer y el último año de estudios de pregrado, para medir cuánto han aprendido en las materias que han cursado.2 Cada año se selec-cionan varios programas de pregrado para su evaluación y todos los programas se evalúan cada tres años. Los estudiantes de C&A fueron evaluados por primera vez por el ENADE en 2006, y se ha programado una segunda evaluación para el mes de noviembre de 2009. Los resultados del examen son publicados por institución, pero los puntajes individuales no lo son. El ENADE constituye un complemento de los procesos de acreditación ex ante.3

2 Para la participación obligatoria en el examen se selecciona una muestra representativa de estudiantes. Para mayor información sobre Enade, ver http://www.inep.gov.br/superior/enade.

3 Mayor información sobre los programas Capes de apoyo a la formación terciaria y los mecanismos de acreditación se encuentra en http://www.capes.gov.br.



Es especialmente importante garantizar la buena calidad en los programas de formación en C&A a nivel terciario en América Latina y el Caribe, pues pocos países imponen algún requisito adicional al diploma universitario para obtener la licencia profesional de contador público o auditor estatutario. Las Normas Internacionales de Formación para Contadores Profesionales (International Education Standards for Professional Accountants, IES) expedidas por la Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants, IFAC), que son generalmente reconocidas como el punto de referencia de las buenas prácticas en este campo, indican que, además del grado universitario, los candidatos a ingresar en la profesión deben acreditar también por lo menos tres años de experiencia práctica y pasar un examen de calificación para poder ejercer como auditores. Sólo unas pocas jurisdicciones de la región de América Latina y el Caribe evaluadas según el programa ROSC C&A exigen un examen de ingreso profesional para los auditores4 (Haití, México y la Organisation of Eastern Caribbean States) y menos de la mitad tienen el requisito de la experiencia práctica. Así, para muchos países, un grado universitario en C&A es el único requisito efectivo para ingresar a la profesión y realizar auditorías legales. Un impedimento para aplicar las IES en la región es que, hasta muy recientemente, no se habían traducido ni al español ni al portugués, por lo que no han sido mayormente difundidas en los círculos académicos y su aplicación ha sido muy limitada. El Banco Mundial preparó ya una traducción al español, que se está distribuyendo en el momento en que se inicia la impresión de este libro.

Contenidos de los cursos y calidad de los planes de estudio C&A

Los planes de estudio C&A en América Latina y el Caribe suelen tener una calidad dispareja y no se encuentran actualizados con algunas de las novedades importantes en el campo de la información financiera empresarial. En dos tercios de los países analizados como parte del programa ROSC C&A, los planes de estudios universitarios no reflejaban temas importantes como la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a transacciones complejas (por ejemplo, asuntos referentes a los derivativos y otros instrumentos financieros y la contabilización del valor razonable correspondiente), las normas profesionales de ética y los tipos de di-lemas éticos que los contadores y auditores pueden encontrar en su vida profesional y el papel de los contadores y auditores en el marco de la gobernanza empresarial. Además, dado que la mayor parte de las universidades define en forma autónoma el contenido de sus programas de graduación, tanto el contenido de los cursos como la calidad de las ofertas varían mucho según la institución. Esto puede reflejar un pro-

4 Brasil instituyó un examen (“Examen de suficiencia de CFC”) en 2000, pero está suspendido desde el año 2005 por decisión judicial.



blema más amplio con respecto a la formación en la región: los planes de estudio se han considerado tradicionalmente como simples listas de cursos más que como una parte integral del proceso de reforma académica y así, históricamente, el contenido de los cursos en todos los campos de estudio, no sólo de C&A, ha recibido poca atención en la región (Didriksson, 2008).

En esta sección se utilizan los puntos detectados cuando se aplicó el cuestionario destinado a identificar las brechas existentes entre el contenido de los planes de estudio de contabilidad en las universidades de América Latina y el Caribe y las buenas prácticas internacionales que se reflejan en el plan de estudios modelo del Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (UNCTAD-ISAR) y las IES de IFAC. Sin embargo, es importante anotar que estos aspectos detectados se basan en autoevaluaciones y la mayoría de las universidades no remitió los planes de estudio para su verificación. De modo que, como en cualquier autoevaluación, existe el riesgo del sesgo favorable: la cobertura de los planes de es-tudio puede parecer más integral de lo que realmente es. En un proyecto reciente del Banco Mundial en América Central se efectuó una revisión completa de planes de estudios contables en 11 universidades en 4 países5 y se encontró, por ejemplo, que aunque varias universidades informaron que cubrían todos los temas pertinentes a las NIIF, faltaban varias materias (por ejemplo, el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, impuestos diferidos y provisiones). Además, gran parte de la bibliografía estaba desactualizada y, por ejemplo, se hacían referencias a textos sobre las NIIF editados antes de 2004, cuando se efectuaron modificaciones significativas a las normas.

Cobertura general de los planes de estudio

Un plan de estudios contable de alta calidad debe tener una base amplia y no sólo dotar a los estudiantes de habilidades básicas en C&AC&A sino también ofrecerles un sólido entendimiento acerca de la importancia que la confiabilidad que la conta-bilidad, auditoría e información despierten tiene para el buen funcionamiento de las empresas y de las entidades del sector público. Así, los planes de estudio deben incluir cursos en administración de empresas, economía, finanzas públicas, administración pública y ética. Puesto que las empresas frecuentemente confían en los sistemas de información para conducir sus negocios y monitorear sus operaciones, los contadores exitosos deben familiarizarse también con los sistemas de información gerenciales

5 En 2008 se realizó un proyecto administrado por el Banco Mundial y financiado por el Department for International Development del Reino Unido. con el fin de mejorar los pla-nes de estudio de contaduría y desarrollar capacidad para la formación contable en cinco países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá).



y otros usos pertinentes de las tecnologías de información. Constituye una buena práctica que las universidades exijan el dominio del idioma inglés que es casi esencial para el trabajo en las empresas que operan internacionalmente. El plan de estudios modelo de la UNCTAD para la formación en contabilidad6 (UNCTAD-ISAR, 2003) y las IES de IFAC (IFAC, 2008) constituyen guías útiles para diseñar un plan de estudios contables sólido; de hecho, a los organismos profesionales nacionales de contabilidad que son miembros de IFAC se les exige –según la Declaración sobre las Obligaciones de los Miembros Nº 2– que se esfuercen para que se implanten las IES en sus países (capítulo 3) si aún no lo han sido.

En general, las universidades informaron que la mayoría de las materias centrales del programa (esto es, contabilidad básica, contabilidad gerencial y auditoría) están bien cubiertas, mientras otras materias como gobernanza empresarial y economía no se ofrecen a menudo como parte del plan de estudios. Esto sugiere que aunque los estudiantes pueden estar recibiendo capacitación en los aspectos técnicos de C&A, no adquieren una sensibilidad adecuada del papel de C&A en el contexto más amplio del crecimiento y desarrollo del sector privado y financiero, la transparencia financiera y la administración de las finanzas públicas. Además, en la mayor parte de los países de la región C&A es un programa de grado en sí mismo y no una especialización dentro de un programa más general como administración de empresas (como sucede en los Estados Unidos); esto limita más la exposición a cursos en áreas relacionadas. Un programa centrado sólo en los aspectos técnicos de la contabilidad es adecuado para preparar a un estudiante para una carrera en teneduría de libros. Sin embargo, en casi todos los países de América Latina y el Caribe existe sólo un programa, C&A, que incluye a tenedores de libros, contadores de empresas y auditores, sin diferenciación en el plan de estudios. El gráfico 4.2 ilustra la cobertura promedio dedicada a varias materias y muestra que los negocios internacionales y la gobernanza empresarial, en particular, reciben una cobertura limitada.

La heterogeneidad de los programas universitarios es evidente en el número de horas de clase dedicadas a una materia particular (lo que se ilustra en el cuadro 4.1). Hay mucha variación en las universidades en cuanto a la cantidad de tiempo de clase dedicado a materias diferentes y algunas materias no están incluidas en el plan de estudios: gobernanza empresarial está ausente en una tercera parte de ellos, negocios internacionales en una quinta parte y ética en un 12% de los planes de estudio.

6 El plan de estudios modelo, que se encuentra disponible en inglés, francés y español, fue desarrollado siguiendo la investigación sobre planes de estudio en formación técnica de varios países y está de acuerdo con el IES de IFAC.



Gráfico 4.2 Cobertura de los planes de estudio de contaduría en América Latina y el Caribe


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%Contabilidad básica

Contabilidad einformación financiera

Contabilidad financieraavanzada

Contabilidad ycontrol gerencial

Tributación

Derecho empresarialy comercial

Auditoría yaseguramiento

Finanzas

Valores y éticaprofesional

Sistemas deinformación

contable

Economía

Gobernanzaempresarial

Negociosinternacionales

Materia

Número de horas de clase por semestre

Promedio Mínimo Máximo

Contabilidad básica 88,3 40 187

Contabilidad financiera 106,5 43 224

Contabilidad financiera avanzada 94,7 40 192

Contabilidad y control gerencial 93,4 40 200

Tributación 74,7 20 160

Derecho empresarial y comercial 69,0 32 144

Auditoría y aseguramiento 98,3 32 270

Finanzas 102,3 48 208

Valores y ética profesional 47,5 0 136

Sistemas de información contable 61,2 0 144

Economía 92,7 0 352

Gobernanza empresarial 37,8 0 120

Negocios internacionales 38,0 0 80

Cuadro 4.1 Composición de los planes de estudios contables en universidades seleccionadas




Normas Internacionales de Contabilidad y AuditoríaLa mayoría de las universidades informó que ofrece cursos de normas internacionales de contabilidad y auditoría C&A; sin embargo, los equipos de los ROSC C&A encon-traron que estos cursos no son lo suficientemente completos para dar a los estudiantes un conocimiento adecuado de la materia. La mayoría de las universidades parece reconocer la necesidad de educar a los estudiantes en normas internacionales: dos terceras partes ofrecen un curso de NIIF y de Normas Internacionales de Auditoría (NIA), ya sea como clases separadas o como parte de una clase más amplia. En la gran mayoría de los casos (85% para NIIF y 95% para NIA) estos cursos son obligatorios. Aproximadamente dos terceras partes de las universidades informaron también tener traducciones disponibles de las NIIF y las NIA en su biblioteca, pero menos de la mitad tienen traducciones del Código de Ética de IFAC.

Las clases sobre normas internacionales son recientes: en promedio sólo se han ofrecido en los últimos cuatro años. La mayoría de las universidades indicó su intención de aumentar la oferta de esos cursos. Esto es positivo en la medida que demuestra que las universidades son conscientes de la necesidad de cursos en estas áreas. Aunque no se llevó a cabo un análisis cualitativo de los cursos como parte de este estudio, los resultados del proyecto del Banco Mundial en América Central y las entrevistas realizadas durante el proceso ROSC indican que muchos de tales cursos sólo ofrecen una introducción general a las normas y no son lo suficientemente completos para que los estudiantes tengan un conocimiento práctico de ellas.7 De acuerdo con la encuesta realizada para este libro, la restricción más seria para ofrecer más y mejores clases de normas internacionales fue la falta de profesores calificados y de literatura –por ejemplo, libros de texto– en el idioma local (gráfico 4.3).

Profesores y estudiantes

Los estudiantes de la región no consideran muy atractivos los programas de contadu-ría. Las entrevistas ROSC C&A con académicos y profesionales de C&A encontraron que el campo de la contabilidad tiende a considerarse como de menor prestigio que otros campos de las ciencias sociales como economía o negocios, y es por eso menos atractivo para los estudiantes mejor preparados. Así, en algunos países (por ejemplo Chile), las principales universidades ni siquiera ofrecen un programa de C&A. Los

7 De 11 universidades que presentaron sus planes de estudio en contaduría, ocho tenían cursos de NIIF. En una evaluación cualitativa de los planes de estudio de estas ocho universidades se encontró que la cobertura de la materia era insuficiente. Además, como parte de las misiones ROSC C&A, los equipos que realizaron las entrevistas se encontraron con casos de universidades en las cuales la tendencia era de sólo ofrecer una introducción general a las normas internacionales.



resultados de la encuesta sugieren también que el ingreso a dichos programas no suele ser muy competitivo, con una mediana en la tasa de aceptación (razón de estudiantes admitidos a aspirantes) del 76%.

Calificación de los profesores

De las universidades encuestadas, el 40% declaró que los salarios son demasiado bajos para atraer nuevos profesores o retener a algunos. Los salarios para profesores con dedicación completa oscilan entre US$780 y US$3.300 al mes, siendo la mediana US$1.200. En promedio, tres cuartas partes de los profesores sólo trabajan con dedica-ción parcial (la encuesta produjo datos insuficientes sobre los salarios en estos casos). Estos bajos salarios tienen muchas consecuencias para la eficacia académica de los profesores. Los informes ROSC C&A señalan que los profesores a menudo practican la profesión para complementar sus ingresos, ofreciendo servicios como teneduría de libros o preparación de declaraciones de impuestos a las ganancias. La cantidad de tiempo que dedican a su práctica no les deja mayor espacio para actividades de inves-tigación y así la contribución intelectual de las universidades de América Latina y el Caribe (por ejemplo publicación de artículos y libros, comentarios sobre propuestas de normas de C&A contabilidad y auditoría) es bastante limitada en términos generales. A pesar de la aparente insatisfacción con los salarios, la mayoría de las universidades

Gráfico 4.3 Restricciones para ofrecer cursos en normas internacionales


0

10

20

30

40

50

60

Falta deinterés delestudiante

Falta deprofesorescalificados

Falta deinterés de la universidad

Falta derecursos

financieros

Falta deliteraturaen idioma

local

Falta deliteraturaen inglés

Otras

Porc

enta

je



cree contar con una cantidad adecuada de profesores, por lo que puede inferirse que la calidad del profesorado puede representar un problema.

Calificación del profesorado

A pesar de que un 80% de las universidades encuestadas considera que su profesorado está bien o muy bien calificado, los ROSC C&A identificaron ciertas áreas que requieren mejoras. De acuerdo con la encuesta sólo unas dos terceras partes de los profesores son contadores licenciados en su país y, según se trató en el capítulo 3, en la mayoría de los países de la región los requisitos para otorgar una licencia profesional son en general bastante poco exigentes (por ejemplo, no se requiere examen profesional). Muy pocos profesores han recibido certificación de los organismos profesionales que ofrecen certificaciones internacionales (por ejemplo, Canadian Chartered Accountant o Certified General Accountants Association, Contador Público Certificado de México, Association of Chartered Certified Accountants del Reino Unido y Certified Public Accountant de los Estados Unidos). La mitad de las universidades informó que sus profesores participan en conferencias sobre contabilidad y seminarios para refrescar y actualizar conocimientos, lo que representa un punto positivo, si bien la asistencia a esos eventos no es suficiente para mantener al día los conocimientos de la amplia variedad de temas que que abarca la información empresarial moderna. Además, la calidad de las conferencias y seminarios en varios países es dispareja.

Investigación y formación de posgrado

Una forma a través de la cual los profesores se mantienen al tanto de las últimas nove-dades es mediante la investigación, publicación y la formación continua de posgrado; sin embargo, pocos académicos contables de América Latina y el Caribe se involucran activamente en dichas actividades. Sólo alrededor de un 10% de las universidades informaron que sus profesores habían publicado artículos en libros o revistas. La encuesta muestra también una oferta limitada de programas de posgrado: sólo la tercera parte de las universidades encuestadas ofrece programas de maestría en C&A y sólo el 20% ofrece programas de doctorado. Esto refleja un problema más general existente en la región con los programas de posgrado y las actividades de investiga-ción en todos los campos. Según un estudio del Banco Mundial, los estudiantes de posgrado representaban sólo un 2,4% de la inscripción general en formación terciaria en América Latina y el Caribe en 1997, en comparación con un 12,6% en los Estados Unidos (Banco Mundial, 2002). De acuerdo con otro estudio del Banco Mundial, “este vacío puede explicarse en parte por la baja prioridad que se le da a los programas de posgrado, que se traduce en el escaso número anual de nuevos doctores que se da en América Latina” (Holm-Nielsen y otros, 2005, 61). Un entorno que da poca impor-



tancia a la investigación y la formación de posgrado presenta un desafío significativo para quienes desean mejorar y actualizar el conocimiento de los profesores en las modernas tendencias de C&A.

Exposición internacional

Los profesores de contabilidad y auditoría, como los de cualquier otro campo de es-tudio, deben mirar más allá de su horizonte inmediato para mantenerse informados sobre las materias de su especialidad. La mayoría de los eventos públicos en los que se discuten temas del campo contable se realizan en inglés y habitualmente tienen lugar en uno de los principales centros financieros mundiales: Nueva York, Londres y otras capitales europeas. Pero el 85% de las universidades encuestadas en América Latina y el Caribe respondió que su cuerpo de profesores participa poco o nada en viajes o programas de intercambio internacionales, lo que limita su exposición a la discusión de los temas emergentes y sus oportunidades para el DPC. Además, esta falta de exposición a la realidad de otros países es un impedimento significativo para una mayor cooperación entre las instituciones académicas de la región.

La falta de competencia en el idioma inglés de los académicos y estudiantes latinoamericanos es problemática en vista de la tendencia hacia una mayor interna-cionalización en el campo contable y de auditoría. Las publicaciones de las firmas y organismos profesionales contables y las notas de políticas (por ejemplo las emitidas por la Public Company Accounting Oversight Board, el Consejo de Normas Inter-nacionales de Contabilidad o la Federación Europea de Contadores se editan prin-cipal o únicamente en inglés. Además, muchos de los textos más importantes para los académicos contables no se han traducido al español (incluso, hasta hace poco tiempo, las IES de IFAC). Como resultado, es muy difícil para los profesores que no dominan la lengua inglesa mantenerse al día sobre temas de información financiera empresarial o participar en programas de intercambio con otras universidades de la región y de Europa y los Estados Unidos, asistir a conferencias y eventos académicos internacionales y aspirar a becas internacionales y períodos sabáticos de aprendizaje. Entre los estudiantes y profesores de las disciplinas contables, los conocimientos de inglés son muy pobres. La mayoría de los profesores (un 55%) tiene poco o muy poco dominio del inglés; se consideró que sólo un 10% tiene un nivel bueno de competencia y ninguno fue considerado excelente. Asímismo, sólo el 17% de los estudiantes de pregrado demostró buen o excelente nivel de inglés y se llegó a la conclusión de que el 55% tenían conocimientos bajos o muy bajos.8

8 El problema, desde luego, no se limita al campo de la contabilidad. En un informe del Banco Mundial en el que se examinan tendencias en la formación en América Latina se anota que “la mayoría de las investigaciones nacionales identifican la falta de competencia en idiomas



Este problema sugiere al menos dos respuestas potenciales. Por el lado de la deman-da, las universidades de América Latina pueden hacer énfasis en el requerimiento de inglés u otro idioma extranjero para sus profesores de contabilidad como herramienta para mantenerse al día con los desarrollos y novedades en su campo. Al mismo tiempo, por el lado de la oferta, las organizaciones internacionales y regionales que producen literatura y normas, esto es IFAC, la International Accounting Standards Committee Foundation, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, deben dar los pasos para asegurar que el público al que se dirigen tenga acceso a la literatura que producen. Por ejemplo, facilitar traducciones de las normas internacionales de con-tabilidad, auditoría y de formación en C&A a los idiomas locales pertinentes (francés, portugués y español) apoyaría los esfuerzos de las universidades para mejorar sus planes de estudio y la preparación de su profesorado. La mayoría de estas organizaciones ha empezado a dar los pasos para ampliar el alcance de sus publicaciones. Por ejemplo, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB) expidió una propuesta de NIIF para las SME (ver capítulo 2) en varios idiomas,9 y algunas partes del sitio web de IFAC se han traducido al español, francés, ruso, chino y árabe. Sin embargo, sería importante intensificar aún más ese tipo de esfuerzos, especialmente a través de asociaciones con la comunidad académica de C&A en todo el mundo.

Por último, el sector académico tiene un rol importante en el proceso de fijación de las normas internacionales suministrando retroalimentación sobre las normas propuestas emitidas por el IASB y el International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB (que establecen las NIIF y las NIA, respectivamente). Las organizaciones internacionales deben facilitar esta participación, mientras que los académicos deben dar pasos positivos para incorporarse al diálogo. (Sin embargo, dado que la mayor parte de las propuestas sólo se emiten en inglés, la falta de competencia en este idioma continúa siendo un obstáculo significativo.)

Conclusión

Los informes ROSC C&A y otras investigaciones recientes sugieren que los sistemas de información financiera empresarial en América Latina y el Caribe se beneficiarían significativamente con una mejor formación de C&A a nivel terciario. Los planes de

extranjeros de los estudiantes, el profesorado y el personal, lo cual tiene un efecto negativo para los contactos internacionales de los estudiantes y académicos latinoamericanos y para sus posibilidades de aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional” (Gacel-Ávila y otros, 2005, 348).

9 Específicamente español, francés, alemán, rumano y polaco; véase http://www.iasb.org.



estudio no han sido, en general, modernizados para reflejar las normas internacionales actuales o los planes de estudio modelos desarrollados a nivel internacional. Los pro-fesores ganan bajos salarios, trabajan sólo con dedicación parcial y a menudo carecen de tiempo o incentivos para mantenerse al día con los cambios. Además, el dominio limitado del idioma inglés (que, en gran medida se ha convertido en el idioma inter-nacional contable) frecuentemente impide a los estudiantes y profesores de la región vincularse a las discusiones internacionales que acaban dando forma a la profesión en el mundo. Las organizaciones internacionales deben hacer mayores esfuerzos para aumentar sus audiencias y difundir las investigaciones y nuevas normas en otros idio-mas para hacerlas más accesibles, inclusive en la región de América Latina y el Caribe.

En consecuencia, los esfuerzos para reforzar los sistemas educativos contables de-ben venir tanto del lado de la oferta (esfuerzos dirigidos por las universidades) como del de la demanda (esfuerzos conducidos por la profesión contable). Las siguientes sugerencias se hacen con fines de ilustración y no son definitivas o completas. Es posible que sobrevengan muchos avances en la formación contable en el contexto de esfuerzos más amplios para modernizar la formación de nivel terciario. Por tanto, estas sugerencias se dirigen específicamente al segmento educacional de C&A.

• Los esfuerzos por el lado de la oferta educacional podrían incluir la moderni-zación de los planes de estudio para reflejar las normas educativas reconocidas internacionalmente (esto es, las IES y las UNCTAD-ISAR) o la fijación de normas más exigentes para quienes aspiren a ejercer las funciones de profesorado y, a cambio de ello, se dispondría el pago de mejores salarios. Podría exigirse a los profesores la realización de tareas de investigación independiente en su campo, o la asistencia a un número mínimo de horas de DPC. Durante el proceso de contratación, debería establecerse como requisito indispensable el dominio de idiomas extranjeros, especialmente inglés. Un ejemplo innovador en este sen-tido se encuentra en la actividad realizada por la Universidad Especializada en Contaduría Pública Autorizada de Panamá (recuadro 4.1).

• Por el lado de la demanda, los esfuerzos que vengan a realizar las autoridades de cada país en conjunto con la profesión contable y la comunidad académica para ajustarse a las normas de IES (según se sugirió en el capítulo 3) para la concesión de licencia de contador sólo después de la aprobación de un examen de admisión a la profesión, induciría a los estudiantes a demandar una formación contable que los prepare adecuadamente para pasar dicho examen. Si el obtener la licencia los abre las puertas a empleos no disponibles para la mayoría de los contadores que sólo ostentan el grado universitario (como auditor externo de bancos y compañías de seguros, o contralor de empresas que cotizan en la bol-sa), la mayoría de los mejores estudiantes buscará el status más alto. Además, la adopción e implementación de las NIIF y otras normas internacionales mejoraría



el prestigio de la profesión de C&A contabilidad y auditoría y atraería así más estudiantes a este campo.

• En cualquier caso, los pasos para mejorar la formación contable deberán in-cluir la cooperación y asistencia de muchos interesados: instituciones públicas, organismos profesionales contables y la comunidad empresarial (incluyendo firmas de auditoría, entidades financieras y grandes empresas). Los diversos países deben considerar la posibilidad de trabajar juntos a nivel subregional, por ejemplo, para desarrollar un plan de estudios “base” común en conjunto o trabajar en las traducciones de las normas al idioma común. Esta cooperación sería particularmente útil para los países que ya tienen lazos económicos o comerciales significativos (por ejemplo, los países signatarios del Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central).

Recuadro 4.1 La Universidad Especializada en Contaduría Pública Autorizada de Panamá (UNESCPA)

Un ejemplo innovador en el panorama educativo contable de América Latina y el Caribe lo cons-tituye la Universidad Especializada en Contaduría Pública Autorizada de Panamá (UNESCPA). Esta fue creada en 2004 por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (el Colegio, uno de los cuatro organismos profesionales contables del país y el único miembro de IFAC) y los afiliados locales de las seis mayores redes de auditoría internacional. Esa institución privada se estableció para abordar el problema de falta de instrucción contable de alta calidad y es un ejem-plo interesante de cómo las afiliadas a las redes internacionales de auditoría pueden mejorar la calidad de la profesión en general. La universidad ofrece sólo un curso de grado de cuatro años: un programa universitario en contaduría. Ofrece también cursos de posgrado de maestría en tributación, auditoría forense, finanzas empresariales, banca y programas de certificación en las NIIF, contabilidad y finanzas. La Unescpa cuenta ya con unos 250 estudiantes, de los cuales 60 son candidatos para el grado universitario y planea una inscripción del doble de estudiantes para ese programa en los próximos años. La mayor parte de los profesores de UNESCPA son profesionales de las firmas internacionales de auditoría y la universidad ofrece instrucción en NIIF, NIA, respon-sabilidad social empresarial, administración basada en el riesgo, auditoría forense y tecnologías de información (incluyendo auditoría de sistemas de información). Los miembros del Colegio reciben descuentos en la matrícula en UNESCPA.

Una evaluación comparativa del plan de estudios de contaduría y auditoría de UNESCPA lo describió como “uno de los mejores programas [de contaduría] de la región” y el más sólido de Panamá (Borgonovo, 2009). Como universidad privada de alta especialización, UNESCPA está exenta de muchas de las obligaciones y problemas que enfrentan las universidades más grandes y las públicas. Sin embargo, todavía no se puede sostener por sí sola y depende de las donaciones de las empresas internacionales de auditoría. La demanda de los programas de maestría y certificaciones es supuestamente alta, pero el programa de cuatro años tiene fuerte competencia de otras universidades y del mayor atractivo de otras carreras. Se trata de un ejemplo único de iniciativa basada en el sector privado y en el mercado para abordar el problema de la falta de contadores calificados.


5Adopción de las normas internacionales de contabilidad y auditoríaBuscando la armonía en un coro de voces

Una de las tendencias mundiales más importantes en los sistemas de información financiera empresarial es el movimiento gradual hacia la adopción de normas inter-nacionales de contabilidad y auditoría (C&A). Los inversores globales buscan el mejor rendimiento sobre el capital ajustado al riesgo, independientemente de las fronteras nacionales. Un conjunto uniforme de normas mundiales no sólo acomoda los flujos financieros sino que también posiciona a los países y a sus empresas para aprovechar-los. La adopción de normas de C&A reconocidas internacionalmente promueve la inversión extranjera directa, facilita el comercio y los flujos de capital internacionales y contribuye a adelantar la integración regional (Hope, Jin y Kang, 2006; Covrig, De-fond y Hung, 2007; Bradshaw, Bushee y Miller, 2004). De esa manera, la arquitectura financiera de los países se hace cada vez más globalizada, incluso en América Latina y el Caribe (Diao, Díaz-Bonilla y Robinson, 2003).

La mayor parte de los países del mundo han adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las empresas que cotizan en la bolsa. Desde 2005, a todas las empresas de esa clase en la Unión Europea (UE) se les exige aplicar las NIIF en sus estados financieros consolidados. Además, desde 2003 se ha venido produciendo una convergencia acelerada entre las NIIF y los Principios de Contabili-dad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos (PCGA de EUA). En noviembre de 2007, la Comisión de Valores de los EUA (SEC) anunció que aceptaría los estados financieros de emisores extranjeros de valores, preparados con las NIIF completas sin necesidad de conciliarlos con los PCGA (U.S. SEC, 2007). Por consiguiente, si las empresas de América Latina y el Caribe que cotizan en las bolsas de EUA aplican las NIIF, no necesitan hacer esfuerzos adicionales para presentar estados financieros en Europa o los Estados Unidos. En noviembre de 2008, la SEC expidió una propuesta para comentarios que requeriría el uso de las NIIF por parte de los emisores de EUA en 2014 (U.S. SEC 2008).



NIIF en América Latina y el Caribe: la resolución del dilema entre adoptar y adaptar

Casi todos los países de América Latina y el Caribe han adoptado1 las NIIF para las empresas que cotizan en la bolsa, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales (cuadro 5.1 y apéndice C). Hasta hace poco tiempo, virtualmente todos los países de la región mantenían su propio conjunto de normas contables (Casey y Masci, 2003), usualmente ensamblándolas mediante adaptación de las normas internacionales o estadounidenses a los sistemas y requisitos nacionales. Para mediados de la década actual, aunque algunos países pequeños (República Dominicana, El Salvador, Hon-duras, Jamaica y Uruguay) han adoptado totalmente las NIIF, los países más grandes de la región continuaron desarrollando sus propias normas, que consideraron más tratables para sus entornos respectivos y no tan exigentes como las internacionales. Pero aun cuando las normas de información financiera locales eran bastante sofisticadas y coherentes con las mejores prácticas, las diferencias con las normas internacionales creaban problemas para los usuarios de los estados financieros internacionales no familiarizados con las reglas locales (Casey y Masci, 2003). Sin embargo, actualmente, la mayor parte de las economías grandes de la región (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y México) han cambiado su posición y adoptado oficialmente las NIIF para las empresas que cotizan en la bolsa (apéndice C).2

Retos principales en la adopción de las NIIF

Los países de la región se han enfrentado a varios retos al adoptar e implementar las NIIF. La adopción es sólo un primer paso, relativamente fácil; la dificultad más grande está en asegurar la implementación eficaz y sostenida de las normas. Para que esto su-ceda, el alcance de la aplicación de las NIIF debe limitarse a las empresas en las cuales existe un interés público y debería permitirse un tiempo de transición amplio para la implementación eficaz de las normas y se requiere un mecanismo adecuado para garantizar que las “NIIF locales” mantengan el paso de las nuevas normas y enmiendas (emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB). Final-mente, a medida que aumenta el número de países de la región que adoptan las NIIF es más importante para estos países vincularse al proceso de expedición de normas

1 Se dice con mucha frecuencia que los países más pequeños “adoptan” los IFRS, mientras los grandes los “adaptan”, dando a entender que modifican las normas para adecuarlas a las necesidades locales.

2 En Chile el requisito sólo se aplica a empresas con un capital flotante mayor que o igual al 25%. Para mayor información sobre México, véase http://www.cnbv.gob.mx/recur-sos/056_Adopcion_IFRS_english.pdf.


Adopción de las normas internacionales de contabilidad y auditoría 79

internacionales, lo que significa revisar las propuestas para normas básicas y remitir comentarios detallados al IASB.

Cuadro 5.1 Estado de la adopción por ley de las NIIF en los países de América Latina y el Caribe(en marzo de 2009)

País Banca SegurosFondos de pensiones

Empresas que cotizan en la bolsaa EPE

Otras entidades

(incluso PyME(s))

Argentina b

Brasil P P P P

Chile c

Colombia

Ecuador d d

El Salvador P e

Haití n.a.

Honduras f P P

Jamaica P

México P

OECS P

Panamá P

Perú P

República Dominicana P P P

Uruguay P P P

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.Notas: n.a. = no aplicable; OECS = Organización de los Estados del Caribe Oriental; EPE = empresas estatales; PyME(s) = pequeñas y medianas empresas.a. Entidades financieras que cotizan en bolsa normalmente siguen las normas cautelares de información financiera expedidos por el respectivo ente supervisor; estas reglas pueden diferir de las NIIF.b. Salvo las listadas en el segmento de PyME(s).c. Empresas que cotizan en bolsa con un capital flotante del 25% o más.d. Todas las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.e. NIIF para PyME(s).f. Se exigen las NIIF a las empresas no financieras que cotizan en bolsa. Sin embargo, en este momento sólo las entidades financieras cotizan en la bolsa y éstas siguen las normas cautelares, expedidas por la Comisión de Banca y Seguros, que difieren de las NIIF.

Alcance de la aplicación

En algunos países, se exige a demasiadas empresas (incluyendo las PyME(s)) confor-midad con las normas internacionales. Las rutas separadas seguidas por los países pequeños y los grandes al adoptar las NIIF crearon una situación paradójica: los



países con mercados de valores relativamente pequeños adoptaron las normas más ambiciosas y las impusieron a una variedad más amplia de empresas, incluyendo las PyME(s). Como resultado, estos países han luchado para equipar a la comunidad de los negocios y la profesión contable para preparar estados financieros de conformidad con las normas internacionales. Estos países deberían considerar relevar de la carga a las empresas pequeñas, en particular las PyME(s). Las evaluaciones de los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos, Contabilidad y Auditoría (ROSC C&A) en América Latina y el Caribe recomiendan la adopción de las NIIF completas para los estados financieros consolidados de las entidades de interés público (EIP) tales como las empresas que cotizan en la bolsa, los bancos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones. La mayoría de los países no ha adoptado las NIIF para otros tipos de EIP, por ejemplo las entidades financieras, las empresas estatales (EPE) y las empresas grandes que no cotizan en la bolsa.

Período de transición

La experiencia internacional muestra que son necesarios por lo menos cuatro años para que las empresas, usuarios, contadores y entes reguladores se preparen adecuadamente después de entrar en vigencia la obligación de aplicar las NIIF. El manejo exitoso de la transición a las NIIF requiere un compromiso sostenido y completo por parte de las autoridades de implementación (como el ente regulador del mercado de valores), incluyendo actividades como las siguientes:

• Actividades de extensión regulares a la comunidad de negocios• Capacitación sustancial de personal regulador y participantes en el mercado• Comunicación continua y transparente para garantizar que se conozcan los

requisitos y el tiempo y puedan cumplirse• Seguimiento estrecho del progreso de las empresas en la preparación para la

implementación

Mantener las normas actualizadas

Las autoridades de los países a menudo han tenido dificultades para mantener su versión local de las NIIF al corriente con las normas internacionales emitidas por el IASB. En algunos países, la adopción se ha considerado como un evento de una sola vez y no como un proceso. Las NIIF constituyen un “blanco móvil”: se expiden nuevas normas y se actualizan las antiguas continuamente para mantenerse al día con las con-diciones y demandas del mercado. Los estados financieros preparados según normas desactualizadas no son comparables con los preparados según las normas actuales. Por ejemplo, en El Salvador, el ente fijador de las normas contables decidió en 2004



exigir a las empresas aplicar la versión de 2003 de las NIIF en lugar de la versión de 2004. Desde este último año las NIIF han experimentado dos revisiones importantes3 como parte de un proyecto de mejoramiento lanzado a solicitud de los interesados internacionales.4 Sin embargo, la ley salvadoreña sigue exigiendo las “NIIF 2003” que no son comparables con las NIIF actuales y así obliga a algunos usuarios a conciliar la información financiera con las normas actuales. Un problema adicional es que las recién emitidas NIIF para PyME(s) (que El Salvador va a adoptar) se basan en una versión más reciente de las normas completas.

Participando en el proceso internacional de expedición de normas

Los países de América Latina y el Caribe que han adoptado o planean adoptar las NIIF deben participar en el proceso internacional de expedición de normas, de manera que éstas reflejen sus necesidades y realidades locales. La mayoría de los países de la región no contribuyen en forma significativa a este proceso (cuadro 5.2): hay muy pocos re-presentantes de la región en los consejos independientes del IASB o en la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que fijan las normas internacionales en contabi-lidad, auditoría, formación profesional y capacitación, ética y otros campos, del sector privado y el público. Como resultado no se escucha la opinión de los países de América

3 Para un cronograma de las revisiones de las IFRS y otros proyectos del IASB, ver el sitio web IAS+ de Deloitte, http://www.iasplus.com/agenda/agenda.htm.

4 ROSC C&A para El Salvador, p. 12.

Organismo internacional de expedición de normas

Número de miembros en

ALCNúmero total de miembros

International Accounting Standards Board (IASB) 1 15

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 0 14

International Accounting Standards Committee (IASC) Foundation 1 22

IASB Standards Advisory Council (SAC) 2 38

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 0 18

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 0 18

International Auditing Education Standards Board (IAESB) 2 18

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) 0 18

Total 5 161

Cuadro 5.2 Participación de representantes de América Latina en los organismos internacio-nales de expedición de normas y otros relacionados

Fuente: sitios web institucionales (en junio de 2009).



Latina y el Caribe cuando se definen las NIIF, las Normas Internacionales de Auditoría, las Normas Internacionales de Formación, el Código de Ética de IFAC y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. El reciente nombramiento de un supervisor de la banca de Brasil para el IASB constituye una señal alentadora.

Un marco fuerte para la emisión de normas

Al margen de si un país haya decidido adoptar las NIIF o no, necesita un marco sólido de normas para garantizar que éstas se apliquen eficazmente. La creación de dicho marco incluye cuatro componentes: a) proveer suficiente respaldo legal para el marco, b) establecer un organismo multidisciplinario a cargo de la expedición de normas, c) establecer un proceso transparente y robusto para la expedición de las normas, y d) garantizar que los participantes en el mercado y los entes reguladores están preparados adecuadamente.

Proveer suficiente respaldo legal para el marco

El marco para la fijación de las normas (que incluye las normas en sí y el organismo que las fija) debe tener reconocimiento y autoridad legal adecuada. Según se explica en el segundo capítulo, la ley debe definir un conjunto de normas contables (conocidas habitualmente como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, PCGA) expedidos por un organismo particular, sin detallar las normas actuales que deben se-guir las entidades que suministran la información financiera. El organismo que fija las normas (por ejemplo, el organismo profesional contable o un organismo independiente, dependiendo del país) recibiría la autoridad legal necesaria para expedir las normas a través de instrumentos apropiados (resoluciones, circulares y semejantes). La mayoría de los países de la región ha otorgado respaldo legal a sus PCGA –y al organismo que los expide– en esta forma. Sin embargo, en algunos países (por ejemplo, Paraguay), la ley no confiere autoridad a ningún organismo de expedición de normas para expedir normas contables y los PCGA de estos países no tienen una definición legal. En otros países, las normas contables se han definido con precisión en un estatuto en un momento dado sin un mecanismo administrativo para actualizarlos y, como resultado, estos PCGA locales han quedado incompletos y desactualizados. Por ejemplo, los “15 Primeros PCGA” de Honduras, expedidos en 1996, no cubren contratos de construcción, arrendamientos, beneficios para empleados, impuestos sobre la renta diferidos y consolidación.

Establecer un organismo fuerte y multidisciplinario de expedición de normas

Establecer un organismo fuerte de expedición de normas requiere capacidad técnica y recursos significativos. Primero, el organismo debe contar con personal competente



y la combinación adecuada de destrezas y preparación. Segundo, debe estar facultado adecuadamente por el gobierno nacional para realizar sus deberes. Varios países de la región no han podido llenar estos requisitos y como resultado sufre su capacidad de expedir regularmente normas de información financiera actualizadas.

En muchos países de la región (Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Paraguay) los organismos de expedición de normas suelen estar dominados por la profesión de contaduría. Aunque la profesión tiene discutiblemente el mayor conocimiento de los asuntos técnicos sobre las normas contables, no debería actuar sola en esta tarea. Las normas contables deben suplir las necesidades de otros, incluyendo las empresas (que preparan estados financieros), inversores y acreedores (que utilizan los estados finan-cieros para tomar decisiones comerciales) y entes reguladores (que monitorean y hacen cumplir las normas). De manera que, para ser efectivo, un organismo de expedición de normas debe ser multidisciplinario, con representación de entes reguladores del gobierno, el sector privado y la comunidad académica. Debe ser independiente de la influencia del gobierno y de la profesión (UK Department of Trade and Industry, 2003). El ente independiente de expedición de normas de Brasil, el CPC, constituye un ejemplo de mejores prácticas en este sentido (recuadro 5.1).

Por último, muchos organismos de expedición de normas carecen de una fuente sostenible de financiación. Por ejemplo, en 2005, el consejo independiente de super-visión de auditoría y el organismo de expedición de normas de El Salvador (que se describe en el recuadro 3.3) tenía un personal técnico de cuatro personas y cinco en personal administrativo. No tenía un ejecutivo permanente y su presupuesto anual de US$110.000 era provisto por el Estado. Los miembros de la profesión aportaban su tiempo en forma desinteresada. Este nivel de personal y financiación es insuficiente para realizar efectivamente las tareas de un fijador de normas y un consejo indepen-diente de supervisión de auditoría.

Recuadro 5.1 El CPC de Brasil: mejores prácticas en expedición de normas

El Comité de Pronunciamentos Contábeis de Brasil (CPC) fue fundado como un organismo independiente de expedición de normas en octubre de 2005. La membresía del CPC incluye representantes de: a) la Asociación de Empresas que Cotizan en la Bolsa, que representa a los preparadores de estados financieros; b) la Asociación de Analistas de Mercado, que representa a los inversores; c) BM&F Bovespa, la bolsa de valores (un ente regulador); d) CFC e Ibracon, ambos organismos profesionales que representan a contadores y auditores; y e) el Instituto de Investigación Contable de la Universidad de São Paulo, que representa la academia. Otros reguladores (como los supervisores del mercado de valores y el sector de los seguros, el banco central y la autoridad tributaria) participan como observadores. Los interesados no representados en forma directa en el CPC pueden participar en el proceso de expedición de normas con comentarios sobre las normas propuestas. Estas últimas, expedidas por el CPC, deben hacerse públicas al menos durante 30 días antes de la expedición de una norma definitiva.



Importancia de un proceso de expedición de normas robusto y transparente

Es de la mayor importancia contar con un proceso transparente y bien definido para expedir o adoptar nuevas normas o enmiendas. El proceso debería incluir la emisión de una versión casi definitiva de las normas y permitir tiempo amplio para el comentario público de tal manera que la norma final refleje las necesidades de un amplio grupo de interesados. Además, para la adopción por primera vez de las NIIF, el proceso de-bería incluir: a) el análisis completo de cada norma e interpretación para identificar dificultades que plantee en relación con las leyes, regulaciones y circunstancias locales; b) encuestas de la profesión contable para evaluar el estado de su conocimiento de las NIIF; y c) solicitar a las empresas ensayar la aplicación de las NIIF en cuentas de años anteriores y monitorear los ensayos. Debe haber un plan público detallado con una secuencia de actividades clave (revisión de normas, capacitación de contadores en la empresa, ensayos de “vida real” de las NIIF). Tal proceso contribuye a garantizar que las empresas, auditores y entes reguladores estén preparados en forma adecuada para aplicar y hacer cumplir las NIIF.

Unos pocos países de la región de América Latina y el Caribe –Brasil, Chile, México y Uruguay– han establecido un proceso robusto para adoptar o expedir normas de C&A, pero otros están bregando con este asunto. Por ejemplo, en Honduras, la ley que exige la adopción de las NIIF declara simplemente que los estados financieros deben prepararse conforme a aquellas, según fueron adoptadas por la Junta Técnica (el ente fijador de normas en Honduras) y permite que ésta haga enmiendas a las normas según sea necesario. Sin embargo, no se expidió legislación de implementación para detallar el proceso de adopción y la Junta Técnica no ha definido aún su estrategia para adoptar e implementar las NIIF.5 Un ejemplo de proceso robusto, si bien intensivo en el uso de recursos, de expedición de normas, es el de la Unión Europea (recuadro 5.2).

Garantizar que los participantes en el mercado y los entes reguladores estén adecuadamente preparados

Antes de expedir normas locales nuevas o enmiendas y particularmente antes de la transición hacia las NIIF, es importante que el ente fijador de las normas tenga en con-sideración la capacidad de los preparadores, auditores y reguladores. En algunos casos pueden requerirse esfuerzos significativos de desarrollo de capacidad. La capacitación para la adopción de las NIIF podría incluir los siguientes tipos de actividades:

5 ROSC C&A para Honduras, p. 37.



• Desarrollar herramientas para ayudar a los contralores de las empresas, audi-tores externos, reguladores y usuarios del sistema de información financiera a familiarizarse con las NIIF.

• Modernizar los planes de estudio universitarios y otros planes de estudio pro-fesional pertinentes de modo que incluyan la adopción de las NIIF y efectuar talleres correspondientes de capacitación de profesores.

• Realizar seminarios, talleres y otras actividades para ayudar al sector privado y organismos oficiales a conocer e implementar los cambios.

• Proveer sesiones de capacitación para el personal de los organismos regulatorios del sector financiero.

Recuadro 5.2 El proceso de aprobación de las NIIF de la Unión Europea

La Unión Europea exigió en 2005 que las empresas que cotizan en la bolsa apliquen las NIIF en sus estados financieros consolidados, desarrollando un proceso robusto de “aprobación” para convertir cada NIIF en una norma obligatoria en la UE.a Sin embargo, el proceso demanda mucho tiempo, capacidad técnica y recursos. Después de haberse expedido la norma por parte del IASB, pasa por las siguientes etapas (los estimados de tiempo fueron provistos por la Dirección General de Mercado y Servicios Internos de la Comisión Europea. Madziar, 2007; Gielen y otros, 2007):

• La Comisión Europea (CE, el órgano ejecutivo de la Unión Europea) recibe aviso de aprobación técnica del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) [2 meses].

• La CE recibe la opinión del Standards Advisory Review Group, de evaluación sobre si el aviso técnico de la EFRAG es objetivo y bien equilibrado [3 semanas].

• Se traduce la norma a los 23 idiomas oficiales de la UE [3 semanas]. • El Accounting Regulatory Committee de la CE (ARC, compuesto por representantes de los

estados integrantes de la UE) vota para aprobar la norma [2 meses]. • El Parlamento Europeo vota para confirmar la aprobación del ARC [3 meses o más]. • Si todas estas etapas van bien, la CE aprueba la norma o interpretación y la publica en el diario

oficial.

Teniendo todas las etapas en cuenta, el tiempo promedio entre la publicación del IASB y la adopción de una norma aprobada por la UE ha sido de unos 8 a 10 meses (Commission of the European Communities, 2008). Desde el inicio de este proceso, casi todas las normas del IASB han sido aprobadas con su redacción original, salvo las dos normas referentes a instrumentos financieros (IAS 32 y 39) (Brackney y Witmer, 2005).b

a. Australia, Nueva Zelanda y otros países adoptaron también procesos de aprobación de robustez similar.b. Las principales excepciones han sido IAS 32 e IAS 39, referentes a instrumentos financieros. El IASB y la UE no pudieron resolver el desacuerdo sobre ciertas secciones menores de IAS 39 (secciones sobre la contabilización del valor razonable y la protección del portafolio, por lo que la UE removió tempo-ralmente (“separó”) estas secciones de la revisión de la adopción de la UE hasta que pueda diseñarse y emitirse una norma de compromiso.



El caso de Chile ofrece una visión interesante del tiempo y recursos que implica la adopción de las NIIF. Chile fue el primer país grande de la región de América Latina y el Caribe en adoptar completamente las NIIF y la experiencia de su transición es particularmente interesante por la significación de su mercado de valores (US$220 millones de capitalización de mercado en febrero de 2008). A finales del año 2006 la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) decidió exigir a los emisores de valores de su mercado de valores la publicación de los estados financieros de confor-midad con las NIIF para los períodos desde enero 1o. de 2009. Desde la expedición de este requisito, la SVS ha: a) establecido una sección clara y completa sobre las NIIF en su sitio web; b) expedido 10 circulares sobre la adopción de las NIIF; y c) realizado dos encuestas de emisores de valores para evaluar su grado de preparación para la implementación e identificar posibles dificultades y cuellos de botella en el proceso de adopción.6 El personal de las divisiones de contabilidad e investigación de la SVS ha venido trabajando casi exclusivamente en la preparación de estas regulaciones y acudiendo a los participantes en el mercado. Aun así, a pesar de este esfuerzo intenso para garantizar que los emisores de valores estuviesen listos para la fecha límite de diciembre de 2009, la SVS tuvo que dar a los emisores más tiempo y les permitió pre-sentar estados NIIF pro forma para el año fiscal 2009 (esto es, sin comparaciones con el 2008) y extendió en 30 días la fecha límite para remitir los estados trimestrales y de final de año.7 Es claro que un organismo regulatorio fuerte y activo para impulsar el proceso debe tenerse como requisito para la implementación exitosa de las NIIF y el ente regulador debe ser proactivo durante el proceso de la adopción para anticipar y manejar el riesgo de retrasos que cualquier proyecto está propenso a experimentar.

Las instituciones para el desarrollo han venido ofreciendo alguna asistencia para tales esfuerzos de desarrollo de capacidad. Por ejemplo, la Financial Sector Reform and Strengthening Initiative (FIRST, Iniciativa para la Reforma y Fortalecimiento del Sector Financiero), una iniciativa de múltiples donantes de provisión de asistencia técnica para promover el fortalecimiento del sector financiero, ha auspiciado proyec-tos en cuatro países latinoamericanos (Chile, El Salvador, Honduras y Perú) que han contribuido directa o indirectamente a desarrollar capacidad para la transición a las NIIF. Además, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interameri-cano de Desarrollo auspició proyectos en nueve países de la región, de capacitación para la adopción de las NIIF o la convergencia hacia ellas.8

6 Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, actualización de las IFRS, http://www.svs.cl/sitio/mercados/ifrs_aldia.php?mercado=S.

7 Circular SVS 427, dic. 2007 y Circular SVS 473, sept. 2008.8 Véase el sitio web de MIF Accounting & Auditing Standards Cluster, http://www.iadb.org/

mif/subtopic.cfm?Lang=en&subtopic=aust&topic=fcd.



Las normas de contabilidad nacionales y su futuro incierto

Muchos países –tanto en América Latina y el Caribe como en otras regiones del mundo– continúan utilizando PCGA locales.9 Sin embargo, ¿qué sucederá con los “PCGA locales” cuando los países más grandes hagan la transición a las NIIF para las empresas que cotizan en la bolsa? Por el momento, probablemente seguirán vigentes, en particular para los sistemas de información financiera de las PyME(s) y para los estados financieros legales de las empresas en general. Sin embargo, más allá del corto plazo, se suscita la cuestión de la disposición y capacidad de los países de continuar invirtiendo recursos para actualizar esas normas nacionales y estar al día con las prácticas modernas de los negocios.

Las versiones de PCGA locales que existen hoy difieren significativamente de las NIIF (cuadro 5.3). Tener dos conjuntos de normas –las NIIF para las EIP y PCGA locales para las PyME(s)– puede representar un problema para estos países. Si las diferencias en las normas de información financiera entre las EIP y las demás empre-sas son grandes, puede haber un desincentivo para que las empresas “incrementen gradualmente” sus operaciones. Una posible forma de evitar este problema sería la adopción de las NIIF para PyME(s), de reciente expedición. Aunque existe alguna duda en cuanto a si estas normas serán adecuadas para empresas pequeñas, una versión simplificada de las NIIF completas –que mantenga los principios fundamentales de las normas completas– tiene potencial de servir también en América Latina y el Caribe.

Cuadro 5.3 Algunas diferencias importantes entre los PCGA nacionales y las NIIF

Países que han mantenido PCGA nacionales

IAS 32-39. NIIF 7: instrumentos

financieros

IAS 12: impuesto sobre la

renta

NIIF 3: combina-ciones de negocios

IAS 19: be-neficios para empleados

IAS 14: información segmentada

Argentina * P P

Brasil * P P P P

Chile * P P P P P

Colombia * P P P P P

Ecuador * P P P P

México * P P P P P

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.Nota: este cuadro presenta las desviaciones más comunes con respecto a las NIIF de los PCGA locales; las marcas pueden representar desde pequeñas diferencias hasta la completa omisión de una norma.* Adaptada para adoptar pronto las NIIF para empresas que cotizan en la bolsa.

9 Por ejemplo, el ente regulador mexicano de las normas de información financiera, Cinif, relaciona entre los “Artículos de interés” de su sitio web un discurso de 1959 en el que se aboga por la creación de un “Colegio Mexicano” de Contaduría (Galeazzi Mora, 1959).



NIIF para PyME(s)

El proyecto de NIIF para PyME(s) debería atraer el interés de las autoridades de la región.10 Las NIIF para PyME(s) fueron expedidas como versión casi definitiva para comentario público en febrero de 2007 y luego fueron expedidas formalmente en julio de 2009, al entrar este libro a impresión. La mayor proporción de empresas en la región son PyME(s),11 y existe la necesidad reconocida de un conjunto de normas adecuadas para sus necesidades particulares de información financiera (IASB, 2004). El Salvador ha reconocido ya formalmente las NIIF para las PyME(s) y las autoridades de ese país planean ordenar este nuevo conjunto de normas para las entidades no reguladas ahora que ha sido expedido por el IASB. Se espera que la mayoría de los países que han re-nunciado a los PCGA nacionales (Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y los países de habla inglesa del Caribe) busquen adoptar las NIIF para las PyME(s). Un reto que se vislumbra en el horizonte es, por consiguiente, el de determinar qué entidades deben aplicar qué conjunto de normas (esto es, cuáles empresas se consideran como EIP, cuáles como PyME(s) y cuáles deben estar exentas del todo). Cada país deberá definir los criterios y los límites que se adapten a su entorno particular.

NIIF en el sector financiero

Aunque la adopción de las NIIF ha venido procediendo a buen paso para las empresas que cotizan en la bolsa, los resultados son definidamente mixtos en el sector financiero. Brasil es el único país que ha adoptado oficialmente las NIIF para los estados finan-cieros consolidados de los bancos y otras entidades financieras, con implementación efectiva para 2010. Otros países de la región han pasado gradualmente a la adopción o la convergencia con las NIIF, pero todos retienen aún normas de información fi-nanciera separadas para las entidades financieras. En la mayor parte de los países de

10 De acuerdo con el IASB, el objetivo de este proyecto es “desarrollar una NIIF diseñada expresamente para suplir las necesidades de información financiera de entidades que: a) no tienen responsabilidad pública, y b) publican estados financieros de propósito general para usuarios externos. Ejemplos de dichos usuarios externos son los propietarios que no participan en la gestión de la empresa, acreedores existentes y potenciales y agencias de calificación crediticia. Las IFRS para las PyME(s) se derivarán de las NIIF completas con modificaciones adecuadas basadas en las necesidades de los usuarios de los estados finan-cieros de entidades privadas y consideraciones de costo-beneficio” (http://www.iasb.org).

11 Debido a las diferencias en las definiciones del término y a un alto grado de informalidad, estadísticas concretas para las PyME(s) de América Latina son difíciles de hallar, pero según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo el 80% del empleo en la región lo generan las microempresas y las PyME(s) (Márquez, Barreix y Villela, 2007).



América Latina y el Caribe sigue habiendo diferencias significativas entre las NIIF y las normas locales con respecto a la presentación de los estados financieros (NIIF 1), la valoración de préstamos y provisión para pérdidas en préstamos (IAS 39), inver-siones en acciones (IAS 39), activos en bienes raíces (IAS 40) y contratos de seguros (NIIF 4). Los supervisores bancarios alrededor del mundo, incluidos los de la región, han expresado fuertes reservas sobre aspectos específicos de las NIIF, en particular las mediciones de valor razonable de los instrumentos financieros requeridos por la IAS 39 (Tweedie, 2004). En vista de los significativos avances logrados por los supervisores bancarios en la supervisión prudencial en América Latina y el Caribe, es comprensible su cautela para la transición hacia las NIIF, un sistema de información financiera que difiere significativamente de la información prudencial con respecto a la percepción del riesgo, su medición y su presentación. En el contexto de la actual crisis financiera mundial, el enfoque cauteloso (cuando no renuente) de los supervisores bancarios en cuanto a la convergencia con las NIIF es comprensible y parece justificarse.

Sin embargo, existen beneficios claros en la adopción de las NIIF para el sector financiero. Por una parte, la información cautelar y financiera completamente separa-das es costosa, en particular porque muchas empresas financieras cotizan en la bolsa y por tanto deben seguir las NIIF en varios países. Además, separar la información financiera de la cautelar puede dar como resultado riesgos de control interno y de com-portamiento (Schilder, 2006). También los bancos de la región están experimentando una transformación debido a la ola de adquisiciones por parte de bancos europeos y estadounidenses (abundan los ejemplos en casi todos los países, con excepción de la República Bolivariana de Venezuela); este fenómeno ha tenido el efecto de integrar a los bancos de la región (incluso muchos de los que no han sido adquiridos) al sistema bancario mundial. Uno de los aspectos interesantes de la integración es el movimiento a un enfoque más proactivo hacia la gestión del riesgo12 que es coherente con la im-plementación de las NIIF y se requiere para ésta.

Las diferencias entre las NIIF y la información cautelar no son insuperables y la región de América Latina y el Caribe puede aprovechar las experiencias adquiridas de la adopción de la UE de las NIIF en 2005. Los reguladores bancarios europeos han estado utilizando varias herramientas para llenar el vacío entre la información cautelar y la financiera según las NIIF. Por ejemplo, utilizan filtros cautelares, que ajustan la información financiera a temas separados relativos a aspectos “reales” o económicos, en oposición a aspectos “artificiales”, relativos al tratamiento contable (por ejemplo, los supervisores bancarios a menudo no reconocen el goodwill, pues no se considera un componente confiable del patrimonio de un banco). En adición, los supervisores bancarios a menudo ofrecen una guía cautelar, esto es, aceptan la información fi-

12 Es decir, un sistema de gestión en el que se hace énfasis en el riesgo, con la infraestructura asociada de controles internos y mecanismos de gobernabilidad.



nanciera con la condición de que las entidades supervisadas estén sujetas a robustos sistemas de gestión del riesgo, consistentes con las normas cautelares. Por último, dado que las NIIF ofrecen mucha flexibilidad con respecto a la presentación de los estados financieros, los supervisores bancarios pueden exigir el uso de plantillas de información cautelar para lograr un sistema de información más consistente por parte de los bancos (Schilder, 2006).

Adopción de normas internacionales de auditoría en América Latina y el Caribe

Aunque en este capítulo no se han discutido por separado las Normas Internacionales sobre Auditoría (NIA), gran parte de lo dicho sobre las normas internacionales con-tables se aplica a la auditoría. República Dominicana, El Salvador, Perú y Honduras, exigen legalmente a todos los auditores estatutarios aplicar las NIA cuando realicen auditorías de estados financieros (cuadro 5.4).

Cuadro 5.4 Adopción legal de las Normas Internacionales sobre Auditoría

PaísTodas las empresas Sector bancario

Empresas que coti-zan en la bolsa

Entidades financieras no

bancarias

Argentina

Brasil P

Chile

Colombia

Ecuador P P

El Salvador P P P P

Haití P n.a.

Honduras P P P P

Jamaica P P P

México

OECS P

Panamá P P P P

Paraguay

Perú P P P P

República Dominicana P P P P

Uruguay P

Fuente: revisión LAC ROSC C&A.Nota: n.a. = no aplicable.



En auditoría, como en contabilidad, surge un patrón similar: los países grandes retienen sus propias normas locales de auditoría mientras los pequeños adoptan las NIA para todas las auditorías legales o de EIP. Los países grandes tienen sus propias normas de auditoría (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, NAGA) que usualmente son menos estrictas que las normas internacionales en varios aspectos. En cada ROSC se analiza la calidad de las normas locales de auditoría frente a las NIA; las desviaciones más usuales con respecto a las NIA halladas en los ROSC surgen del hecho de que muchas normas locales de auditoría no especifican de forma tan explícita como la NIA 260 los tipos de problemas que debe comunicar el auditor al principio de un compromiso con los encargados de la gobernabilidad empresarial (por ejemplo, el alcance, la oportunidad y lo que constituye materialidad en la auditoría). Además, las normas locales de auditoría algunas veces no cubren la responsabilidad del auditor en la consideración de fraude durante la auditoría de estados financieros.

Las grandes redes internacionales de auditoría generalmente exigen normas más estrictas que las leyes locales. En 2002, estas redes de auditoría conformaron el Forum of Firms (FoF), una organización de empresas internacionales que realizan auditoría de estados financieros que se utilizan o pueden utilizarse en otros países (“auditorías transnacionales”). Los integrantes del FoF acordaron cumplir ciertos requisitos de-tallados en la Constitución del FoF: un compromiso con la “Norma de Calidad” del FoF, que exige a las empresas miembro adherencia a las NIA además de las normas nacionales de auditoría pertinentes; y mantener sistemas internos de control de cali-dad para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de auditoría, ética y capacitación.13

La mayoría de las auditorías legales de EIP en la región de América Latina y el Ca-ribe la realizan las empresas miembro de una de las redes internacionales de auditoría, a las que las reglas de control interno de calidad les exigen la aplicación de las NIA. En teoría, los organismos profesionales contables locales miembros de la IFAC están obligados por los Statements of Membership Obligations (IFAC, 2006) de esa entidad a adoptar las NIA y hacerlas cumplir a su membresía (aunque, según se trata en los capítulos 3 y 6, los organismos profesionales rara vez hacen cumplir dichos requisi-tos). La profesión, con el fin de mejorar su reputación de interés por la calidad, debe asumir el liderazgo en la adopción de las NIA. Si falta dicha adopción, como mínimo, los reguladores del mercado de valores y del sector financiero deberían promulgar las NIA en sus regulaciones y exigir que todos los auditores estatutarios de entidades bajo su alcance se adhieran a las normas internacionales.

Afortunadamente, la adopción y aplicación de las NIA es mucho menos problemá-tica que las NIIF pues la implementación del cambio sólo incluye a los miembros de la

13 Mayor información sobre la historia y actividades del Forum of Firms se encuentra en http://www.ifac.org/ForumofFirms.



profesión de C&A y no a toda la comunidad de los negocios, y las empresas miembro de las redes internacionales de auditoría ya exigen las NIA. Existe ya el impulso para adoptar las NIA y el reto más importante que queda es el de hacerlas cumplir.

Conclusión

La crisis financiera mundial ha resaltado la necesidad de continuar con el movimiento hacia las normas internacionales sólidas en C&A. En realidad, el G-20 en su reunión de abril de 2009 durante la crisis financiera y económica mundial más severa en por lo menos una generación, exhortó a los organismos de expedición de normas contables a “hacer progreso significativo hacia un conjunto único de normas contables mundiales de alta calidad” (Group of 20, 2009, 6). Su “Declaración sobre el Fortalecimiento del Sistema Financiero” también exhortó al Banco Mundial a continuar evaluando el progreso en la implementación de las NIIF y las NIA, entre otras normas y códigos internacionales, para contribuir a mantener la estabilidad financiera y mejorar la apertura y transparencia del sector financiero.

La estabilidad y crecimiento que la mayoría de las economías latinoamericanas y del Caribe experimentaron durante esta década permitió espacio y flexibilidad para la implementación de las normas internacionales. Hoy, la mayoría de los países de la región ha adoptado o se ha comprometido a adoptar las NIIF para las empresas que cotizan en la bolsa y la mayoría ha adoptado las NIA para la auditoría de los estados financieros de las entidades de interés público. Esto representa un cambio para la ma-yor parte de los países grandes de la región, que anteriormente habían elegido adaptar las normas internacionales a sus requisitos nacionales. Salvo Brasil, los países no han adoptado las NIIF para los bancos y otras entidades financieras. La experiencia de Brasil en los próximos años tendrá posiblemente una influencia significativa en otros gobiernos regionales cuando determinen lo apropiado de las normas internacionales para el sector financiero. La implementación eficaz es difícil –discutiblemente más que la adopción– y será crítica para que los organismos nacionales de expedición de normas, los entes reguladores y la profesión continúen el trabajo juntos para estable-cer fechas y procedimientos realistas para facilitar una transición suave a las normas internacionales.

Un reto significativo es el de determinar los requisitos apropiados para las PyME(s), las cuales son muy importantes para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Las NIIF y las auditorías en gran escala no son apropiadas para la mayoría de las empresas del extremo pequeño del espectro. Será importante que los gobiernos den una cuidadosa consideración a los requisitos que impongan a estas empresas y a los límites que determinen los requisitos aplicables. Las NIF de la ISAB para las pequeñas y medianas empresas son promisorias como enfoque para resolver el problema y muchos países de la región que actualmente exigen las NIIF completas a todas las empresas,



adoptarán las NIIF para las PyME(s) ahora que han sido expedidas. Este problema que se asoma puede verse también como una oportunidad para que los organismos que fijan las normas de C&A en la región colaboren en campos de interés común, por ejemplo la definición de medidas y umbrales comunes de escala para las PyME(s), la adopción de una traducción común al español de las NIIF para las PyME(s), el desarrollo de un modelo de auditoría menos intenso para las PyME(s) y la producción de comentarios conjuntos sobre las versiones casi definitivas de las normas internacionales.


6El cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoríaLos retos de un cumplimiento eficaz

En las discusiones de este libro, a saber, el marco legal esencial de contabilidad y auditoría (C&A), la adopción de las normas internacionales y el mantenimiento de la reputación de la profesión contable, hemos mencionado la necesidad de un cumpli-miento firme. No es necesario decir que la calidad de las leyes y normas es virtualmente irrelevante cuando las empresas y las personas generalmente no las cumplen y las leyes se hacen cumplir de una manera débil o dispareja.1

Las revisiones de los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos, Con-tabilidad y Auditoría (ROSC C&A) han mostrado que el incumplimiento de las reglas de C&A es un problema de casi todos los países de la región de América Latina y el Caribe, en particular en los sectores no financieros. La debilidad en el cumplimiento afecta otras áreas del entorno de C&A, por ejemplo la reputación de la profesión, el marco legal que rige la información financiera empresarial y la regulación específica sectorial de las entidades de interés público (EIP) y otras empresas. En este capítulo se describen algunas de las causas primeras de la falta de cumplimiento de las normas de C&A en la región y las barreras para su cumplimiento eficaz.

La escasez de incentivos para generar información financiera confiable

Existen pocos incentivos –y varios desincentivos– para que las empresas cumplan las reglas de C&A aplicables. Los ROSC citan con mucha frecuencia las siguientes razones para el incumplimiento: a) los bancos y otros prestamistas no hacen préstamos basa-dos en estados financieros; b) la ausencia del requisito de que las empresas grandes que no cotizan en la bolsa publiquen sus estados financieros; c) la falta de sanciones efectivas por el incumplimiento; d) el legado cultural de las empresas familiares; y e)

1 Para propósitos de esta sección utilizamos el término “cumplimiento” en su sentido más amplio de “imponer la observancia forzosa de (una ley, demanda, obligación)”, en lugar del sentido más estrecho de sanciones y otras acciones directas para garantizar el cumplimiento (“Enforcement”, Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2008).

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la falta de capacidad o de recursos para preparar informes financieros conformes con las normas.

Uso de la información financiera por parte de acreedores e inversores en entidades privadas

En los países de la región, a diferencia de muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los inversores, bancos y otros pres-tamistas rara vez utilizan los estados financieros para determinar la capacidad crediticia (OCDE, 2006). En cambio, los lazos familiares o personales, o altos requerimientos de garantías, reemplazan la información financiera y la disciplina del mercado para establecer a quién se otorga un crédito (una excepción notable es la de los mercados de valores). Por ejemplo, según un estudio de bancos latinoamericanos la evaluación del riesgo de las pequeñas y medianas empresas (PyME(s)) utilizando técnicas de puntaje crediticio basadas en datos financieros es rara en la región (Felaban, Fomin y D’Alessio Irol, 2004), mientras los bancos en los países de la OCDE han adoptado ampliamente la práctica (OCDE, 2006). En cambio, un 70% de los bancos de América Latina y el Caribe informaron tomar sus decisiones de crédito a las PyME(s) estudiando cada caso individualmente (Felaban, Fomin y D’Alessio Irol, 2004). Además, las evaluaciones ROSC C&A frecuentemente informan que los prestamistas y otros usuarios tienen sustancialmente menos confianza en los estados financieros de empresas de sectores no supervisados. Existe entonces poca demanda por estados financieros de alta calidad del sector privado, aparte de las empresas que cotizan en la bolsa.

Requisito de publicación de estados financieros para empresas grandes que no cotizan en la bolsa

El hecho de que, salvo en Brasil y México, no se exija con frecuencia a las empresas grandes que no cotizan en la bolsa la publicación de los estados financieros elimina otro incentivo para prepararlos conforme con las normas prevalecientes.2 Otros países, entre ellos Argentina y Uruguay, exigen a las empresas depositar sus estados financieros con un registrador de empresas, donde los terceros puedan tener acceso a ellos; sin embargo, estos registradores no están equipados para revisar la conformidad de los estados financieros con las normas de información financiera, por lo que no existe se-guridad con respecto a la confiabilidad de los estados financieros. Además, en ocasiones el acceso a los estados financieros es difícil (en Argentina, el registrador exige de tres a seis meses para suministrar una copia de estados financieros impresos, o de 15 a 30

2 México exige a todas las empresas publicar sus estados financieros. En Brasil, este requisito sólo se aplica a las sociedades anónimas.


El cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría 97

días si hay urgencia). Por esto, la utilidad del registrador para los terceros es limitada. En el futuro, la tecnología podrá resolver algunas de estas dificultades y ayudar a los registradores a lograr su potencial de almacenes de datos financieros. Por ejemplo, la transmisión y almacenamiento basados en internet de los estados financieros podría aliviar algunas de las dificultades y gastos de almacenar y recuperar la información. El acceso oportuno a datos financieros responsables reduciría significativamente las asimetrías de información que mencionan los bancos como un obstáculo para el crédito a las entidades privadas.

Sanciones por incumplimiento

La amenaza de sanciones por incumplimiento es un incentivo común para cumplir las reglas. Sin embargo, es improbable que la mayoría de las empresas de la región que no sigue las reglas y normas de C&A aplicables se enfrente a sanciones, aunque existan tales sanciones. Los entes reguladores tienen distintas capacidades según los países y los sectores, pero en general carecen de los recursos y el personal calificado que necesitan para llevar a cabo sus deberes eficazmente. En particular el cumplimiento para las entidades no reguladas virtualmente no existe. Además, rara vez se imponen sanciones a las empresas en cualquier sector. (Los contornos de las capacidades de cumplimiento forzoso y regímenes sancionatorios se describen con mayor detalle más adelante en esta sección.)

Falta de transparencia

Otra razón por la que las empresas de la región no cumplen las reglas de la información financiera se relaciona con las tradiciones empresariales de la región. Muchas empresas han sido tradicionalmente empresas familiares y no están acostumbradas a divulgar información financiera (OCDE, 2003); revelar la riqueza de una empresa familiar es equivalente a revelar la riqueza personal de la familia. El predominio tradicional de empresas familiares contribuye a una cultura arraigada de no transparencia: por fuerza de la costumbre, estas empresas evitan divulgar aun después de que la propiedad se ha generalizado y frecuentemente marcan la pauta para la comunidad general de los negocios (Chiraz, Trabelsi y Gettler Summa, 2007). Este pasaje del ROSC de Honduras describe varios temas relacionados con la propiedad familiar que ayudan a explicar la falta de interés para cumplir las reglas de la información financiera:

Las empresas hondureñas son todavía en gran parte empresas familiares y la comunidad de los negocios en general tiene poco interés en la información financiera externa. En realidad, muchas empresas ven la información financiera como una posible amenaza para los secretos del negocio y para su seguridad personal, pues piensan que divulgar



información financiera sobre sus empresas les expone al riesgo significativo de secuestro y otros crímenes.

Falta de capacidad o recursos

Por último, muchas empresas son reacias a cumplir los requisitos contables, en par-ticular las normas internacionales, porque carecen de capacidad o de recursos para hacerlo. Es bastante difícil cumplir las NIIF y aun las normas contables nacionales. Asegurar el cumplimiento requiere personal suficiente y adecuadamente calificado (por ejemplo, contadores profesionales y personas con experiencia en auditoría). Las empresas no le dan prioridad a contratar más personal con experiencia y calificación sólo para que el negocio cumpla las normas financieras internacionales.

Cumplimiento de los requisitos de información financiera

En esta sección se examina el cumplimiento de los requisitos de información financiera para las entidades reguladas y no reguladas (empresas no financieras y que no cotizan en la bolsa) e igualmente de las normas profesionales para la profesión contable.

Observancia forzosa para las entidades reguladas

Los entes reguladores tienen en general poderes estatutarios adecuados de observan-cia forzosa. Habitualmente están facultados para realizar inspecciones de empresas bajo su alcance y de sus auditores independientes (por ejemplo, solicitar papeles de trabajo y otros documentos de soporte). Idealmente, deberían revisar completa y sistemáticamente los estados financieros (utilizando técnicas de muestreo aplicables) para identificar desviaciones de las reglas de información financiera y solicitar acla-raciones cuando sea necesario. Además, algunos eventos específicos –por ejemplo un reporte de auditoría calificado, un registro atrasado, una oferta pública (en el caso de una empresa que cotiza en la bolsa) o un reclamo de un inversor– debería activar una investigación. Los entes reguladores generalmente están facultados para imponer sanciones administrativas por incumplimiento, pero, con mucha frecuencia, carecen del personal calificado y con experiencia –en particular experiencia contable– para garantizar que se cumplan los requisitos de la información financiera. Aunque algu-nos países (por ejemplo, Brasil) hacen cumplir las reglas de información financiera, la escasez de contadores calificados con experiencia o conocimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) significa que el cumplimiento de las reglas contables aplicables es disparejo. Las revisiones de los ROSC de los estados financieros muestran desviaciones significativas de las normas aplicables de información financiera (recuadro 6.1).



Recuadro 6.1 Cumplimiento de las normas contables aplicables: evidencia de los ROSC C&A

Según un análisis de los ROSC, las siguientes son las desviaciones más comunes de las normas contables predominantes (PCGA locales o NIIF, dependiendo de los requisitos locales):

Tributación. Las normas contables para los estados financieros de propósito general difieren en formas importantes de las normas utilizadas con fines tributarios. Cuando las empresas no diferencian claramente estos conjuntos distintos de reglas, se produce la confusión. En muchos casos la revelación fue insuficiente para que los revisores de los ROSC C&A obtuviesen un cono-cimiento adecuado de la posición fiscal de la empresa.a Otro problema común es la no aplicación de impuestos diferidos, un problema que es particularmente importante para empresas que hacen revaluaciones de sus propiedades, ya que el no reconocimiento del efecto fiscal implícito de una revaluación lleva a inflar el valor patrimonial de la empresa.

Información segmentada. La información segmentada es parte importante de la revelación adecuada de las actividades de una empresa, ya que ayuda a los usuarios a conocer el desempeño y los flujos de efectivo de la empresa y por tanto a tomar decisiones basadas en buena información, en general. Aun en los países en los que la revelación de información segmentada es requerida por las NIIF (IAS 14, reemplazada por la NIIF 8) o las normas nacionales, es usual que las notas omitan revelaciones sobre los segmentos de negocios de las empresas.

Instrumentos financieros. Información inexacta sobre la significación y categoría de los instru-mentos financieros fue común. En general faltó revelación sobre la naturaleza de los riesgos y la exposición a los mismos (riesgos de crédito, liquidez y mercado). Algunos países que adoptaron los requisitos de las NIIF sobre instrumentos financieros pospusieron o separaron excepciones a los requisitos relativos al valor razonable y al cálculo de la tasa de interés efectiva y cuando las empresas utilizan el valor razonable para contabilizar sus instrumentos financieros a menudo no divulgan en forma adecuada los cálculos que condujeron a su valoración.

Provisiones, obligaciones contingentes y activos contingentes. Si esta información no se revela ade-cuadamente, es muy difícil para un inversor evaluar la cuantía de los pasivos y activos potenciales totales de una empresa y efectuar un análisis sólido de la condición financiera de la empresa. Sin embargo, los ROSC C&A en varios países observaron que las empresas comúnmente omitieron suministrar información referente a activos fijos restringidos que habían sido pignorados como garantía, o la existencia de pasivos contingentes y provisiones.

Revelación relacionada con terceros. Revelación de las relaciones y transacciones con terceros son particularmente sensibles para la protección de los inversores y, en un menor grado, los acree-dores. Representan una característica esencial de un buen marco de gobernabilidad empresarial. Las transacciones de terceros relacionados presentan un mayor riesgo de conflicto de intereses o de valoración impropia (o la percepción o apariencia de ella).b En las revisiones se encontró que en varios países la revelación de relaciones y transacciones con terceros relacionados era muy in-completa, especialmente con respecto a las políticas de precios y otra información necesaria para comprender dichas transacciones.

El hecho de que los problemas o debilidades en los estados financieros revisados por los ROSC no fuesen detectados o sancionados por los organismos regulatorios encargados de hacer cum-plir las normas es una prueba adicional de la necesidad de reforzar la observancia forzosa de las normas contables.

(Continúa en la siguiente página)



Bancos. De los sectores regulados, el sector bancario suele ser objeto de la observancia forzosa más estricta y los supervisores bancarios tienen consistentemente más recur-sos humanos y financieros que los reguladores de otros sectores. Esto parece apenas natural en los países en los que la inestabilidad del sector financiero es relativamente común y en los que los mecanismos para la disciplina del mercado son limitados (dada la debilidad del régimen de información financiera). Casi todos los entes supervisores bancarios en América Latina y el Caribe se han estructurado como un sistema de dos capas. Una capa, el departamento de supervisión en el sitio, generalmente efectúa una inspección anual en el sitio de los bancos. En casi todos los países, la segunda capa –el departamento de supervisión fuera del sitio– se vincula a los bancos por medio de un sistema en línea, a través del cual tiene capacidad de verificar el cumplimiento de los requisitos (mayoritariamente requisitos prudenciales) en tiempo real.

Entidades financieras no bancarias. En general, los ROSC han observado capacidades de supervisión más limitadas para las entidades no bancarias que para los bancos. Las entidades financieras no bancarias incluyen las compañías de seguros, los fondos de pensiones, las sociedades de inversión, las cooperativas de crédito y otras, y cada uno de estos sectores suele recibir supervisión de un organismo regulatorio separado. Algunos países han combinado las funciones de cumplimiento para todas las entidades financieras (bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros y otras entidades no bancarias) en un solo organismo regulador. Esta práctica promueve la coordinación entre los reguladores y generalmente fortifica la supervisión. (El recuadro 6.2 describe un ejemplo de coordinación subregional en este campo).

Empresas que cotizan en la bolsa. Los recursos humanos y financieros para poner en funcionamiento los mercados de valores siguen de cerca la pista a la significación del mercado de valores: los reguladores de los mercados de valores de Brasil, Chile y Panamá son los que están mejor equipados para supervisar esas bolsas de valores

a. Por ejemplo, en la revisión de los ROSC de Uruguay se encontró que una empresa había registrado como utilidad un beneficio tributario diferido relativo a la utilización de pérdidas tributarias traspasadas de años anteriores. Este tratamiento tuvo el efecto de trasladar el resultado neto del período de una pérdida a una utilidad. Considerando su impacto material en el resultado neto, este renglón debería haberse destacado en las notas y debió haberse explicado el razonamiento para la forma en que fue contabilizado.

b. Un ejemplo notorio es el de Enron, que utilizó transacciones de interesados relacionados con “entidades de propósito especial” para distorsionar los estados financieros de la empresa e inflar artificialmente el valor percibido de la empresa.

(Continuación recuadro 6.1)



relativamente grandes. Para países cuyos mercados de valores sólo tienen unas pocas empresas que cotizan en la bolsa (por ejemplo, Paraguay o la OECS), los entes regu-ladores de estas bolsas tienen recursos más limitados y carecen de la masa crítica de recursos necesaria para contratar personal competente e instalar mecanismos para un mercado de valores de buen funcionamiento y bien regulado. Conseguir esta masa crítica constituye un reto crucial pero difícil para estos mercados de valores pequeños, pues las empresas buscan los mercados mayores para cotizar en ellos en cuanto sea posible, y muchos inversores prefieren invertir en bolsas de valores más establecidas. Desde luego, uno de los factores que influye en la falta relativa de interés de los inversores en estos pequeños mercados de capital es probablemente la limita-da capacidad de los reguladores (De la Torre y Schmukler, 2007; Friedman y Grose, 2006). Fuertes mecanismos de observancia forzosa son, por tanto, importantes piezas del rompecabezas.

Empresas de propiedad del Estado. En la mayoría de los casos las empresas estatales se encuentran bajo la supervisión de los entes fiscalizadores superiores (EFS). No obs-tante, los EFS usualmente están encargados de supervisar las ramas del gobierno no empresariales –por ejemplo, monitorear la ejecución presupuestaria de los programas oficiales (OCDE, 2005)– y habitualmente carecen de los recursos y capacidad de per-sonal para realizar auditorías anuales a las EPE de acuerdo con las NIA u otras normas de auditoría internacionalmente aceptadas para el sector privado (Dye y Stapenhurst,

Recuadro 6.2 La Organisation of Eastern Caribbean States (OECS): una lección de cooperación

Aunque cada uno de los países independientes de la OECS tiene su propia historia y tradición, la erosión de preferencias comerciales y otras fuerzas globalizadoras los han impulsado a trabajar juntos para integrar sus economías. Los líderes empresariales y del gobierno están de acuerdo en que deben agrupar los escasos recursos humanos y de otras clases para mantenerse competitivos y la OECS ha hecho adelantos significativos hacia una mayor integración subregional.

Las normas sólidas y universales de información financiera como las NIIF constituyen una pieza clave del rompecabezas. Varias leyes uniformes que regulan la industria de los servicios financieros han sido aprobadas (Ley Bancaria) o propuestas (Leyes de Sociedades de Seguros y Cooperativas) para armonizar la legislación de los países miembros. Como parte del movimiento hacia la reforma regulatoria del sector financiero no bancario, el Eastern Caribbean Central Bank ha encabezado una iniciativa para establecer Unidades Reguladoras Únicas independientes, que regularían y supervisarían las entidades financieras no bancarias en cada uno de los países miembros. El desarrollo continuado de los mercados monetarios y de capitales de la región es otro aspecto importante de la estrategia de desarrollo de la subregión. En el año 2001 se fundó un mercado subregional de valores, el Eastern Caribbean Stock Exchange, regulado por la Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission.



1998). Aunque se considera ampliamente que las empresas estatales deberían estar sometidas al mismo régimen de información financiera que las empresas del sector privado,3 los EFS y las leyes de gestión financiera pública normalmente no diferencian entre las normas de C&A para el sector público y para las EPE.

Cumplimiento de entidades no reguladas

La mayor parte de los países no tienen un organismo responsable de garantizar que las empresas no reguladas cumplan los requisitos de información financiera. En los países que sí tienen dicho organismo (por ejemplo, Colombia, Ecuador, El Salvador), el cumplimiento de los requisitos de información financiera para las empresas no re-guladas se hace en general de manera reactiva, esto es, como respuesta a un reclamo de un usuario. Además, varios países (por ejemplo, Argentina, la OECS y Uruguay) exigen que las empresas que no cotizan en la bolsa depositen sus estados financieros con un registrador de empresas al que puedan tener acceso los terceros; pero como los registradores no revisan estos estados financieros, no hay seguridad de su confia-bilidad. Para los países que no tienen sistema de observancia forzosa, requerir una auditoría externa de las empresas grandes que no cotizan en la bolsa sería una forma de “hacer cumplir” los requisitos de información financiera sin crear un marco de cumplimiento extenso.

Cumplimiento de las normas profesionales y de auditoría

Dados los desincentivos para las empresas de América Latina y el Caribe para cumplir las normas y regulaciones predominantes y las restricciones de capacidad y la debilidad de los encargados de hacer cumplir las reglas contables y de información financiera, la auditoría independiente adquiere aún mayor importancia. En la mayoría de los casos, el auditor es el único revisor externo de los estados financieros empresariales con la pericia para detectar problemas y la autoridad de imponer modificaciones. Es por tanto esencial que los auditores se adhieran a normas estrictas de auditoría y profesionales.

3 Los Guidelines on Corporate Governance in State-Owned Enterprises (Lineamientos sobre Gobernabilidad Empresarial en las Empresas Estatales) publicados en 2005 por la OCDE recomiendan que las empresas estatales “se sometan a las mismas normas de contabilidad y auditoría de alta calidad que las empresas que cotizan en bolsa” y que sean auditadas por un auditor externo independiente, aparte de los requisitos relativos a la preparación de cuentas consolidadas del sector público, que incluyen la presentación específica y el uso de un plan de cuentas específico compatible con el plan contable del gobierno. Estos requisitos adicionales no deben impedir a las empresas estatales preparar los estados financieros en igual forma que si funcionaran como empresas del sector privado.



Para que los usuarios externos confíen en los estados financieros empresariales, su confianza probablemente vendrá en gran parte del sello de calidad que representa una opinión limpia de auditoría de un auditor de buena reputación.

Unos pocos organismos contables han instituido sistemas de revisión de pares para verificar el cumplimiento de las normas profesionales. Entre los países revisados en el programa ROSC C&A, sólo tres organismos contables profesionales habían instalado un mecanismo de garantía de calidad para auditores o contadores. Con el sistema de revisión de pares CFC de Brasil, el trabajo de los auditores debe revisarlo un auditor desinteresado. En El Salvador, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y de Auditoría, CVPCPA, inició un programa piloto de revisión de pares a pequeña escala en 2005. En Jamaica, el Accounting Standards Committee del Institute of Chartered Accountants of Jamaica (ICAJ) revisa los estados financie-ros de todas las empresas que cotizan en la bolsa e informa sus hallazgos al auditor y al Consejo del ICAJ en forma resumida. También informa los asuntos significativos sobre cumplimiento al Auditing Practice Committee del ICAJ y, si es apropiado, al Comité Disciplinario. Sin embargo, con excepción de estos esfuerzos, la mayoría de los organismos profesionales contables no intenta hacer cumplir las normas de calidad para los auditores, lo cual va contra las Statement of Membership Obligations 1 de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que estipula que los organismos miembros de la IFAC deben garantizar que “un programa obligatorio de revisión de garantía de calidad se encuentre en funcionamiento para aquellos miembros que realizan auditorías de estados financieros de, como mínimo, entidades que cotizan en la bolsa” (Garantía de calidad se define como una revisión para determinar si los auditores se han adherido a las normas profesionales y requisitos regulatorios y legales al realizar sus compromisos; ver IFAC, 2006.)

Las redes mundiales de auditoría tienen sus propios mecanismos de garantía de calidad, pero éstos no son transparentes y los entes reguladores y los usuarios de los estados financieros no pueden confiar en ellos. Como se anota en una publicación de 2004 del Banco Mundial sobre las experiencias adquiridas en el programa mundial ROSC C&A:

A pesar de las expectativas que fluyen del uso de sus ramas globales, los resultados del programa ROSC y los fracasos de auditoría en los últimos años en varias jurisdicciones sugerirían que las redes internacionales de auditoría no prestan servicios consistentes y de alta calidad en el mundo. (Hegarty, Gielen e Hirata Barros, 2004, 19).

La propiedad, operación y regulación de las empresas miembros de las redes in-ternacionales de auditoría es nacional, no internacional. A pesar de la implicación de promesa de calidad en las marcas internacionales de las redes, no existe un mecanismo claro para hacer cumplir las normas de calidad internacionalmente.



Como expresa el viejo dicho y en muchos titulares apareció la pregunta, a raíz del escándalo de Enron y otros escándalos empresariales, ¿quién audita a los auditores? Los Estados Unidos y muchos otros países de la OCDE ofrecieron una respuesta robusta estableciendo organismos independientes de supervisión de auditores (que se describen en el capítulo 3), reemplazando al viejo sistema de la autorregulación profesional. Estos organismos inscriben auditores calificados, fijan normas de conducta profesional y ética y las hacen cumplir por medio de inspecciones y otros mecanismos. Este desarrollo ha sido muy bien recibido por la comunidad mundial de inversores y los usuarios de estados financieros en general. Sin embargo, estas instituciones de supervisión son todavía escasas en América Latina y el Caribe. Otros mecanismos para fomentar la calidad de la auditoría (como requisitos de formación obligatorios, exámenes profesio-nales y desarrollo profesional continuo) se aplican en forma dispareja y, en cualquier caso, son insuficientes para garantizar un nivel aceptable de calidad. En ausencia de supervisión independiente, el cumplimiento de las normas de auditoría y éticas se deja a los organismos profesionales, según los acuerdos tradicionales de autorregulación, los que, según encontró el programa ROSC, son insatisfactorios (recuadro 6.3).

Regímenes sancionatorios

Un disuasivo que falta en la mayoría de los regímenes sancionatorios en la región es el de las sanciones verosímiles y públicas. De 17 países encuestados, sólo 5 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Panamá) tienen supervisores bancarios que publican sus sanciones en los sitios web. Menos de la mitad de los entes reguladores en cualquier sector publica sus sanciones. Las sanciones que no se publican pierden gran parte de su efecto disuasivo. Además, las sanciones públicas actúan como una “tarjeta de reporte” sobre el trabajo del ente regulador: es muy difícil evaluar si un regulador está haciendo cumplir efectivamente los requisitos si no hay información pública sobre las sanciones (incluyendo advertencias, solicitudes de información adicional, etc.).

Cuando se publican las sanciones, la información divulgada es con mucha frecuencia incompleta y carece de detalles importantes (por ejemplo, un breve resumen del requi-sito que se violó) que darían una mejor comprensión a los usuarios no familiarizados con artículos específicos de la regulación aplicable. Es importante que los terceros sepan por qué se aplicó una sanción para que puedan juzgar la confiabilidad de los informes financieros y es importante también conocer la magnitud de la sanción, la cual no siempre se publica. Por ejemplo, la mayoría de las sanciones parece basarse en asuntos de forma (como una remisión a tiempo) y no en el contenido y precisión de los informes financieros o la conducta de la auditoría exigida por ley. Sin embargo, en un país, el sitio web del ente regulador menciona que emitió una amonestación a un banco internacional importante, pero no indica la razón de la amonestación. El mismo día, el regulador multó a una empresa de transferencia de fondos con cerca de



Recuadro 6.3 Cumplimiento de las normas de auditoría aplicables: evidencia del programa ROSC C&A

Algunos de los problemas más comunes observados con los informes de auditoría incluyen los siguientes:

Ausencia de calificaciones requeridas en las opiniones de los estados financieros. Los problemas de cumplimiento detectados en las revisiones ROSC debieron a menudo haber llevado a opiniones de auditoría calificadas o adversas, pero rara vez fue así. En realidad, muchos de los problemas se detectaron en informes financieros con opiniones de auditoría “limpias” o no calificadas, por lo que los usuarios pueden cuestionar la calidad de la auditoría en general y, por extensión, de todas las auditorías independientes.

Inconsistencias en la forma del reporte de auditoría o la redacción de las calificaciones. Los informes estatutarios de auditoría son certificados oficiales y, cuando se preparan según las NIA, deben seguir estrictamente la redacción prescrita en la NIA 700, el dictamen de auditoría sobre estados financieros. Uno de los principios fundamentales de las NIA u otras normas de auditoría es la necesidad de estandarización y consistencia en la redacción de los informes de auditoría para garantizar su comprensión fácil, clara e inequívoca. Así mismo, es importante que, cuando una auditoría suscita preocupación sobre un estado financiero, utilice la terminología correcta y completa prescrita por las NIA o la norma de auditoría vigente. Para ilustrar este punto, el ROSC de Chile describe un caso en el cual el reporte de auditoría describió una “limitación de alcance”, que no era técnicamente una limitación de alcance y que realmente debió haber llevado a una opinión calificada de auditoría.a Utilizar un lenguaje no normativo y algunas veces ambiguo deja campo para la duda y la confusión en los usuarios de los estados financieros auditados, socavando la utilidad general del reporte de auditoría.

Lenguaje confuso o ambiguo con respecto a la norma contable o de auditoría utilizada (por ejemplo, “PCGA” o “NAGA”, sin especificación adicional). Es importante definir con claridad los marcos de auditoría y contabilidad bajo los cuales se realiza la auditoría, de manera que los usuarios conocedores tengan una base para evaluar y comparar la información financiera que contiene. En algunos países, los auditores utilizaron el término “Normas de Auditoría General-mente Aceptadas” cuando tales normas no se han publicado o explicado en la ley, o emitieron una opinión de auditoría limpia sobre estados financieros que se dijo fueron preparados según los PCGA, cuando estas normas son similarmente confusas. Los usuarios que deseen comparar estos estados financieros con otros preparados según las NIIF y auditados según las NIA pueden quedar perplejos (perdidos, indecisos).

Los estados financieros los preparan con mucha frecuencia auditores externos y no las empresas. Cuando hay escasez de contadores calificados, o en el curso de una transición a una nueva norma no familiar, como las NIIF, los auditores externos pueden ayudar a los contadores empleados por las empresas a aprender a tratar los nuevos requisitos. Sin embargo, hacer que los auditores preparen, en lugar de revisar, los estados financieros, limita los intereses de la empresa en la calidad de sus estados financieros, lleva a un nivel inferior de garantía de calidad de esos estados financieros y limita la independencia de los auditores externos al auditar los estados financieros de la empresa. Además, esta práctica es contraria al Código de Ética de IFAC y a la mayoría de los códigos de ética locales también.

a. Ver Chile C&A ROSC, sección IV, disponible en http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_chl.pdf.



US$500.000 por “incumplir con el capítulo XI, título 1 de la Circular Básica Judicial de 1996”. El sitio web no indica que esa sección de las regulaciones se refiere a impe-dir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y no especifica las partes de la regulación que se violaron. Esta multa se redujo posteriormente a US$100.000 sin una explicación publicada. Tal falta de detalle contextual puede producir confusión a los usuarios externos.

El sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) constituye un ejemplo de mejores prácticas en este sentido. La lista de sanciones impuestas a empresas es fácilmente accesible, completa y amigable al usuario. Los usuarios pueden consultar por categorías de entidades supervisadas (incluso por auditores externos) y por cualquier período deseado entre 2001 y 2008. También están disponibles el memorando completo de la decisión, el cual contiene detalles sobre las leyes o regu-laciones violadas, la cantidad de la multa y su justificación. La SVS también publica en línea sus informes de gestión, lo que permite a los usarios tener acceso a estadísticas agregadas sobre las sanciones impuestas a los mercados de seguros y de valores. Infor-tunadamente, pocos organismos regulatorios de los países cuentan con los recursos para suministrar este nivel de información sobre sus sanciones.

Todas estas debilidades se incrementan a menudo debido a un marco regulatorio fragmentado; es decir, hay demasiados entes diferentes para revisar los estados finan-cieros, cuando uno solo sería suficiente (este problema se discute con bastante detalle en el capítulo 2).

Conclusión

Los países deben hacer cumplir efectivamente las normas de C&A para que puedan obtener los beneficios de una información financiera de alta calidad. Aun si los países construyen un marco legal fuerte y adoptan normas de mejores prácticas, conseguirán pocas mejoras a menos que comprometan recursos para tomar medidas de cumpli-miento verosímiles. Los ROSC C&A frecuentemente recomiendan que las autoridades de los países adopten un régimen de C&A menos ambicioso y lo hagan cumplir eficaz-mente, en lugar de buscar una adherencia irrealista a normas internacionales complejas cuando no están en situación de garantizar su cumplimiento. Un cumplimiento débil socava la fuerza de la ley, pues las empresas y las personas se acostumbran a que no se hace cumplir la ley. En esencia las prácticas efectivas de cumplimiento son el cemento que asegura los demás bloques de construcción de una estructura fuerte de C&A.


7El camino para la reforma

Un marco fuerte de información financiera empresarial se basa en tres pilares: a) establecer requisitos adecuados; b) desarrollar la capacidad para implementar estos requisitos, especialmente con respecto a la profesión contable; y c) garantizar un nivel adecuado de cumplimiento mediante la observación forzosa (gráfico 7.1). Los requi-sitos de información financiera (incluyendo leyes, regulaciones, normas obligatorias y otras reglas) deben ir de acuerdo con las necesidades de los negocios, la capacidad de las empresas de cumplir los requisitos y la de los entes reguladores de hacerlos cumplir. Los requisitos demasiado débiles reducen la confianza pública en la infor-mación financiera y no mejoran el entorno de los negocios; los requisitos demasiado estrictos pueden ser inexigibles porque los profesionales y los reguladores carecen de capacidad suficiente para exigirlos. Todas las partes interesadas –preparadores y usuarios de estados financieros, auditores, reguladores y académicos– deben conocer las reglas y cómo aplicarlas. Por último, los reguladores financieros (por ejemplo, los de la banca, seguros y el mercado de valores) deben hacer cumplir las reglas en forma equitativa y consistente.

El fortalecimiento de cada pilar conlleva un conjunto de reformas de diversa com-plejidad y urgencia. Puesto que cada país está en un punto particular en el proceso de reforma, cada uno tiene necesariamente distintas prioridades en cuanto a la reforma. En los capítulos anteriores este libro ha ofrecido varias sugerencias para la reforma. El propósito de este capítulo no es el de preparar un conjunto completo y convencional de prioridades para todos los países de América Latina y el Caribe sino ilustrar qué reformas dentro de cada pilar son más apremiantes en la región como un todo. Se urge a los países individuales a desarrollar un plan de acción completo para implementar las recomendaciones de políticas de los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC) en forma consistente con sus necesidades específicas de reformas para el desarrollo del sector privado y el sector financiero. El anexo D ofrece una guía específica en este sentido.



Pilar 1. Establecer requisitos adecuados

Como regla general, cuanto mayor el nivel de responsabilidad pública, más estrictos deben ser los requisitos. Los requisitos estatutarios deben ser más livianos para las empresas de menores niveles de responsabilidad pública. Distintos tipos y tamaños de empresas deben recibir diferente tratamiento de la ley –inclusive distintas obligacio-nes contables, de información financiera y de auditoría– dependiendo de su nivel de responsabilidad ante el público (gráfico 7.2). Varios factores contribuyen a determinar el nivel de responsabilidad de una empresa,1 entre ellos:

• Si recibe fondos del público en capacidad fiduciaria (por ejemplo, los bancos y las compañías de seguros).

• Si emite valores de negociación pública (es decir, se trata de una empresa que cotiza en la bolsa).

• Si presta servicios públicos esenciales, como las empresas públicas, o es de propiedad del Estado.

• Si opera en sectores estratégicos (por ejemplo, defensa) o es un monopolio.• Si tiene niveles de endeudamiento significativos.• Si es significativa económicamente para el país.

1 Para estos factores se aprovecha la definición del IASB de entidades de interés público; para mayor información ver recuadro 2.1.


Requisitos Capacidad

Cumplimiento

Gráfico 7.1 Fundamentos de un marco sólido de información financiera empresarial


El camino para la reforma 109

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han establecido reglas adecuadas para las empresas reguladas (esto es, entidades financieras y empresas que cotizan en la bolsa) de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, la mayoría de los países de la región ha adoptado las Normas Internacionales de In-formación Financiera (NIIF) para la información financiera empresarial y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) para las auditorías legales; Argentina, Brasil, Chile y México empezarán a implementar las NIIF en 2010-11 para las empresas que cotizan en la bolsa. Además, la mayoría de los países requieren que los estados financieros de dichas empresas reguladas sean auditados y puestos a disposición del público.

Sin embargo, los requisitos para otras entidades de interés público (EIP), en parti-cular las empresas estatales, en general no son suficientemente estrictos. En la mayoría de los países de la región no se exige a las empresas estatales cumplir las mismas reglas de contabilidad, auditoría, información y control interno que las empresas privadas. En cambio, se les exige generalmente cumplir reglas de contabilidad y auditoría para el sector público, que no son adecuadas para las entidades comerciales.

En toda la región las PyME(s) tienden a enfrentar requisitos estatutarios demasiado exigentes. Algunos países les exigen incluso la conformidad con las NIIF, las cuales no se diseñaron para PyME(s) y es probable que exigirles un cumplimiento de un

Gráfico 7.2 “Tamaño correcto” de las reglas


Empresas reguladas

EEs

Empresas grandes

PyME(s)

Microempresas

Entidadesde interéspúblico

Requisitosestrictos

Pocos o ningúnrequisito



conjunto tan complejo de normas cree dificultades a estas entidades, sin beneficios correspondientes claros. Además, algunos países exigen a las PyME(s) una auditoría externa anual. Los requisitos de auditorías legales o de divulgar los estados financieros no deben ser una carga irrealista para entidades relativamente pequeñas con pocos interesados. Ninguna empresa pequeña –y posiblemente ninguna PyME(s)– debería estar sometida a auditorías obligatorias de sus estados financieros. En general son las PyME(s) las que impulsan el crecimiento económico en América Latina y el Caribe y requisitos pesados para ellas pueden constituir desincentivos para operar los negocios en el sector formal.

Por consiguiente, existe la necesidad de un marco simplificado de información contable y financiera para las PyME(s), con requisitos proporcionales a su tamaño, los tipos de transacciones que realizan y su número limitado de interesados. Un enfoque integral sería tener en cuenta la necesidad de las PyME(s) de un alivio en los requisitos excesivos de contabilidad y auditoría y su necesidad de más tiempo para implementar efectivamente las normas. La creación de un marco simplificado para las PyME(s) im-plicaría definir los atributos de tamaño de la empresa, simplificar las normas contables y reducir o eliminar varios requisitos de auditorías legales, información financiera y revelación de informes financieros.

No hay una definición internacionalmente aceptada de PyME(s); los países de América Latina y el Caribe deben desarrollar sus propias definiciones, adecuadas para sus necesidades y entornos de negocios particulares. Los países utilizan diferentes pa-rámetros y umbrales para definir las PyME(s); por ejemplo, el monto total de activos controlados, los ingresos totales, el endeudamiento total y el número de empleados. La Unión Europea caracteriza como PyME(s) a las empresas que tienen dos de las siguientes tres características: a) menos de 250 empleados, b) ingresos anuales de menos de €50 millones (aproximadamente US$70 millones2), o c) un balance general anual que no supere los €43 millones (US$60 millones). En Canadá se define a las PyME(s) como las empresas que tienen menos de 500 empleados y menos de C$50 millones (US$45 millones) en ingresos anuales. Se considera buena práctica utilizar varios parámetros y no sólo uno para caracterizar las PyME(s). Los países de la región de América Latina y el Caribe deben considerar estos tipos de parámetros al preparar sus propias definiciones de empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

Reforma prioritaria: alivio para las PyME(s)

Un conjunto simplificado de normas de información financiera facilitaría a las PyME(s) mejorar la calidad de la información financiera y, a la larga, utilizar esa información para tener acceso al crédito. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

2 Convertidos a la tasa de cambio del 9 de junio de 2009.



(IASB) expidió recientemente un conjunto simplificado de normas para información financiera (conocidas como “NIIF para PyME(s)” o “NIIF para entidades privadas”) que exigen un menor nivel de revelación y eliminan las opciones más complejas pro-vistas por las NIIF, de manera especial las que requieren el uso de valores razonables. Las autoridades de la mayoría de los países de la región deben considerar la adopción de estas normas para las PyME(s), si bien existe la legítima preocupación en algunos países de que aun estas normas pueden representar todavía problema para las empresas del extremo inferior del espectro empresarial.

Otras reformas importantes

Los países deben considerar también el refuerzo de los requisitos de información fi-nanciera aplicables a las empresas estatales, que generalmente han quedado por fuera de las reformas del sector privado en la región. Las mejores prácticas internacionales requieren que las grandes empresas estatales cumplan las mismas normas contables, de auditoría e información que las empresas que cotizan en la bolsa (OCDE, 2005). Esto conllevaría, entre otras cosas, la exigencia de la aplicación de las NIIF, auditorías independientes anuales y la publicación de los estados financieros.

Pilar 1

Fijar requisitosadecuados

Reforma prioritaria

• Ofrecer alivio a las pequeñas y medianas empresas con requisitos simplificados

Pilar 2. Desarrollar la capacidad adecuada en contabilidad y auditoría

Para que las normas de información financiera empresarial se implementen de manera apropiada, los profesionales de la contaduría deben estar adecuadamente capacitados. Muchos países de América Latina y el Caribe, en particular los que han adoptado las NIIF, han hecho esfuerzos para capacitar sus profesionales contables y académicos ofreciendo cursos de capacitación. Algunos de estos esfuerzos han recibido el apoyo de la comunidad de donantes, notoriamente el Fondo de Inversiones Multilaterales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió capacitación en las NIIF en nueve países latinoamericanos y del Caribe. Además, el desarrollo profesional continuo (DPC) es obligatorio en siete países de la región (cuadro 3.4) y casi todos los organismos profesionales de los demás países ofrecen cursos para DPC obligatorios o voluntarios.



La creación de un sistema de certificación para la profesión contable es una for-ma de contribuir a que los contadores tengan una capacidad adecuada. Aunque la capacitación es parte importante de un proceso general de desarrollo de capacidad, no es suficiente. Es difícil evaluar no sólo la calidad de la capacitación que se ofrece sino también el grado al cual el capacitado retiene la información. La creación de un sistema de certificación, que culmine en un examen profesional, es una manera de garantizar que los recién llegados a la profesión tengan un nivel adecuado de califi-cación. La creación de requisitos robustos de certificación puede también traer otros beneficios indirectos, incluyendo una mayor demanda de formación contable de alta calidad a nivel universitario, un mejor prestigio de la profesión contable y una mejor supervisión de las entidades supervisadas. En este sentido, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) ha expedido las Normas Internacionales de Formación (IES) para Contadores Profesionales, que recomiendan lo que sigue como parte del proceso de certificación para la profesión:

• Una formación universitaria que cumpla requisitos adecuados en el plan de estudios de contaduría.

• Por lo menos tres años de práctica con un mentor experimentado.• Un examen de calificación.

También los auditores externos deben someterse a elevados requisitos de ingreso a través de un sistema robusto de certificación. La mayoría de los usuarios de los estados financieros dependen del sello de calidad que ponga un auditor externo, de modo que es de interés público que este grupo base de profesionales obtenga la credibilidad que resulta de observar consistentemente altas normas de auditoría y ética. Pocos países de la región han establecido un sistema de certificación eficaz para los auditores: a la mayoría de los auditores no se les exige pasar un examen profesional para obtener la licencia profesional y la mayoría de los países no tiene requisitos para la experiencia práctica, o DPC para los profesionales. Además, aun si se refuerzan significativamente los requisitos mínimos de formación, la mejor capacitación de los contadores profesio-nales descansará en un sistema de formación contable que requiere una modernización significativa en el contenido de los planes de estudio y en la capacidad del profesorado. De manera que la capacidad de los preparadores y auditores para cumplir las normas internacionales (NIIF y NIA) es limitada y la calidad de la información financiera en la región refleja la disparidad de destrezas y capacitación en la profesión. Otras regiones están más avanzadas que América Latina y el Caribe con respecto a la certificación; en el recuadro 7.1 se explica brevemente cómo funcionan los sistemas de certificación en cuatro países asiáticos.

Al interior de América Latina y el Caribe, la credencial de Contador Público Certifi-cado sobresale como una buena práctica que debería emularse. La credencial mexicana



tiene reconocimiento en Canadá y los Estados Unidos y requisitos en consonancia con otras certificaciones reconocidas internacionalmente. Para establecer esta credencial el organismo mexicano profesional de contaduría (el IMCP) emprendió con éxito una

Recuadro 7.1 Comparación interregional: sistemas de certificación en Asia

Para practicar la contaduría en la mayor parte de los países de la región de Asia oriental y Pacífico (East Asia Pacific, EAP) y en Asia meridional, una persona usualmente debe pasar un examen y completar capacitación práctica. En varios países, inclusive India, el número de candidatos que presenta examen profesional ha aumentado en forma continua a través del tiempo. En la República de Corea, el Ministerio de Finanzas y Economía tiene la responsabilidad legal de hacer el examen profesional de contaduría (CPA), pero delegó la responsabilidad de administrar el examen al Servicio de Supervisión Financiera. En Sri Lanka, constituye práctica común depender de los programas educativos del Instituto de Contadores Certificados y no de las universidades para cumplir los requisitos educativos de ingreso a la profesión contable. En Filipinas, la elegibilidad para tomar el examen profesional exige que el aspirante sea ciudadano, tenga el grado universitario en conta-duría y no haya sido acusado de delito. El cuadro que se presenta adelante muestra los requisitos específicos de ingreso, la formación profesional y la capacitación para estos países.

En los ROSC C&A de las regiones EAP y de Asia meridional se anota la urgente necesidad de mejorar los recursos disponibles para enseñar C&A, actualizando las destrezas y el conocimiento del personal universitario y proveyendo los textos y otros materiales de capacitación necesarios. Los cursos universitarios en contaduría no siempre cubren las NIIF y las NIA. En India, los planes de estudio sólo cubren las normas de ese país y además, tanto los libros de contabilidad como los exámenes carecen de un enfoque adecuado en la aplicación práctica de las normas. En Filipinas, la escasez de materiales de instrucción desarrollados localmente, los textos y otros materiales de aprendizaje constituyen el principal tropiezo en la enseñanza de desarrollos actualizados en con-tabilidad. En Sri Lanka, la formación universitaria en contaduría no tiene un enfoque suficiente en la aplicación práctica de las normas internacionales.

Los contadores profesionales calificados requieren actualización adicional en los desarrollos recientes en información financiera empresarial y otros temas relacionados. A este respecto, muchos países de EAP y Asia meridional han introducido un requisito de DPC. Los ROSC C&A señalan que todavía hace falta instalar mecanismos de monitoreo y cumplimiento para el requisito del DPC en muchos países.

Requisitos de ingreso y DPC en cuatro países asiáticos

Aprobar el examen profesional

Capacitación práctica mínima (años)

DPC obligatorio

India P 3 P

Filipinas P 3 P

Corea P 1 P

Sri Lanka P 3

Fuente: ROSC C&A.



serie de reformas para conformar sus requisitos de formación y capacitación a los de los Estados Unidos y Canadá. El prestigio de la profesión mexicana se ha aumentado en forma correspondiente.

Reforma prioritaria: certificación de contador profesional

Pilar 2

Desarrollo de capacidadesen contabilidad y auditoría

Reforma prioritaria

• Establecer un sistema de certificación con enfoque en los auditores externos

Instituir un proceso de certificación implica cambios arrolladores que afectan a una amplia variedad de partes interesadas, en particular las universidades y es por eso que el compromiso de los interesados es crítico. En la mayor parte de los países de la región las universidades tienen poder de facto para otorgar licencia a los auditores o negarse a entregarla o compartirla. Además, algunos auditores que ingresaron a la profesión con las reglas anteriores pueden no ser receptivos a un cambio que afecte sus derechos adquiridos. Por tanto, al desarrollar un sistema de certificación es importante vincular a los interesados, en particular las universidades y la profesión de auditoría, desde el principio del proceso, lo cual contribuye a crear esquemas de benevolencia de modo que los auditores que ya están practicando puedan continuar haciéndolo. Además, el marco legal debe permitir la certificación. El caso de Brasil ilustra lo que puede suceder cuando los interesados no están lo suficientemente involucrados y no se han hecho los cambios estatutarios necesarios: el organismo profesional contable legalmente aprobado (CFC) instituyó un examen de calificación, pero un grupo de profesionales presentó una demanda alegando que los estatutos brasileños pertinen-tes sólo exigen el grado universitario para ingresar a la profesión y que los requisitos adicionales introducidos por el CFC no tenían base legal. La Corte dio su dictamen a favor de los demandantes y el examen fue suspendido.

Expandir los requisitos para el registro de auditor en sectores regulados puede ser una forma de introducir un sistema de certificación. Los reguladores del sector finan-ciero y el mercado de valores de muchos países han creado registros a los que deben unirse los auditores para auditar empresas reguladas. Una forma de introducir un sistema de certificación incrementalmente sería aumentar los requisitos de inclusión en el registro de auditores de acuerdo con los IES de la IFAC. Por ejemplo, los países podrían empezar a exigir un examen y experiencia profesional como prerrequisitos para auditar empresas reguladas. Con el tiempo, podrían expandirse estos requisitos para los auditores de empresas no reguladas. Sin embargo, para que este enfoque fun-



cione debe ser un esfuerzo conjunto de los reguladores y los organismos profesionales contables.


Como un beneficio adicional, la introducción de un sistema de certificación probable-mente catalizaría mejoras en el sistema de educación terciaria. La formación de alta calidad a este nivel es esencial para una profesión contable robusta. Aunque se han hecho algunos intentos para mejorar los planes de estudio (ver, por ejemplo, recuadro 4.1) estos esfuerzos no se han propagado. Es necesario atender temas relativos a la calidad del contenido de los cursos, el perfil de los profesores, la calidad y disponi-bilidad de materiales de enseñanza, investigación en contabilidad, etc., como parte de cualquier esfuerzo amplio para reformar la educación en C&A. La introducción de un examen profesional generaría también demanda de mejor formación contable a nivel terciario, ya que induciría a los estudiantes a buscar escuelas capaces de pre-pararlos para aprobar el examen. Además, para mantenerse al ritmo de la evolución constante de las nuevas prácticas de los negocios, los contadores deben actualizar sus conocimientos y aumentar sus destrezas en forma continua. Los países de América Latina y el Caribe deben esforzarse por conformarse a los IES de la IFAC, que exigen al menos 120 horas de DPC durante cada período de tres años (un promedio de 40 horas por año).

Pilar 3. Hacer cumplir las normas

Asegurar la adherencia de las entidades de interés público a las obligaciones de in-formación financiera requiere un vigoroso cumplimiento de los requisitos contables (gráfico 7.3). Aunque todas las EIP tienen un cierto grado de responsabilidad ante el público, las entidades financieras (bancos, compañías de seguros, asociaciones de ahorro y préstamos, etcétera) deberían someterse a una fuerte supervisión, pues tienen responsabilidades fiduciarias con sus depositantes y tenedores de pólizas y porque la inestabilidad en el sector financiero tendría un efecto perjudicial propagador en la economía (como se evidenció en la reciente crisis económica mundial). También las empresas que cotizan en la bolsa tienen un grado muy alto de responsabilidad frente a sus accionistas e inversores y requieren un cumplimiento estricto. Aparte de esto, algunos países (por ejemplo, Argentina y Uruguay) han seguido el modelo de la Unión Europea, estableciendo un sistema de registros de empresas a los cuales deben remitir los estados financieros las empresas que no cotizan en la bolsa para que tengan acceso a ellos terceras partes.

Ha habido una tendencia a una supervisión más fuerte de los requisitos cautelares en el sector financiero de la región de América Latina y el Caribe resaltada por el



gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Jaime Caruana, quien afirmó en una reunión reciente de bancos centrales y supervisores bancarios, que “los bancos locales de América Latina han sorteado bien [la actual crisis financiera] gracias a la regulación más eficaz y la supervisión introducida en los últimos años” (Caruana, 2009). Aunque la supervisión cautelar para entidades financieras ha sido reforzada de manera significativa en la región, debe prestarse más atención a la información financiera de propósito general (incluyendo la calidad de la revelación y el tratamiento de las entidades fuera del balance general) de las empresas que cotizan en la bolsa y las entidades financieras. En las evaluaciones ROSC C&A se encontró que mientras los reguladores de los mercados de valores tienen en general poderes estatutarios ade-cuados para exigir cumplimiento, a menudo carecen del complemento necesario de personal adecuadamente calificado para realizar acciones eficaces de cumplimiento. Además, la mayoría de los regímenes regulatorios de la región carecen de sanciones públicas verosímiles.

En cuanto a la auditoría, es necesario el cumplimiento adecuado de las normas profesionales para proteger la confianza pública en la función de auditoría. Los orga-nismos independientes de supervisión de auditorías responsables del monitoreo y el cumplimiento de los requisitos profesionales reemplazan ahora los acuerdos de auto-rregulación en muchos países, entre ellos los Estados Unidos, los países de la Unión

Gráfico 7.3 Cumplimiento


Empresas reguladas

Empresasestatales

Empresas grandes

PyME(s)

Microempresas

Reguladores del sector financiero y el mercado de valores

Auditorexterno

Organismode supervisiónpública

Auditorexterno

Auditorexterno

Ministerio de finanzas o ente fiscalizador superior

Registro de empresas o equivalente



Europea y Japón. La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe han instalado un sistema efectivo de supervisión independiente y dejan el cumplimiento de las normas de auditoría y éticas a los organismos profesionales. Sin embargo, los tradicionales acuerdos de autorregulación han demostrado ser insatisfactorios pues no ofrecen incentivos suficientes para realizar inspecciones profundas e imponer sanciones a sus miembros.

Pilar 3

Cumplimiento

Reformas prioritarias

• Cumplimiento de entidades reguladas• Supervisión pública para la profesión de auditoría

Reformas prioritarias: cumplimiento y supervisión

Cumplimiento de requisitos de información financiera para entidades reguladas.Un cum-plimiento estricto requiere mecanismos adecuados para monitorear el cumplimiento de los requisitos de información financiera y una inversión significativa en contratación y capacitación de un número adecuado de personas calificadas. En algunos países, los esfuerzos para el cumplimiento se centran con mucha frecuencia en asuntos de forma (por ejemplo, asegurar que se remitan todos los informes financieros a tiempo, hacer los cálculos básicos para asegurar que los totales coincidan con las sumas, hacer cumplir las fechas límite). Aunque dichos esfuerzos constituyen un paso en la direc-ción correcta, la observancia forzosa tiende a ser deficiente cuando se trata de asuntos relativos a la sustancia porque no se han instalado mecanismos fuertes de control y el personal encargado del cumplimiento carece de un conocimiento completo de los temas de información financiera. Los entes reguladores deben instalar procedimientos completos de control, que deben detallarse con claridad en los manuales de super-visión. Además, el personal encargado del cumplimiento debe estar bien capacitado de manera que pueda analizar los estados financieros de las empresas y los informes del auditor en forma sistemática (utilizando técnicas de muestreo adecuadas), iden-tificar casos de incumplimiento, hacer preguntas a la empresa o sus auditores, exigir las correcciones necesarias o una nueva declaración y recomendar la resolución o las sanciones apropiadas.

En algunos países, las sanciones son demasiado insignificantes para disuadir el incumplimiento (por ejemplo, multas pequeñas). Sanciones apropiadas divulgadas con transparencia se requieren para servir como disuasivos del incumplimiento y, además, la publicación de las sanciones es útil, no sólo para promover el cumplimiento de las reglas sino para informar, y por tanto, proteger al público. Por consiguiente, los entes



reguladores deben hacer públicas las sanciones en su sitio web, de manera que sean fácilmente accesibles. Es importante garantizar que pueda encontrarse con facilidad toda la información pertinente a las sanciones (por ejemplo, descripción de la violación y naturaleza de la sanción aplicada).

En países en los que el sector financiero es relativamente pequeño tiene sentido consolidar los esfuerzos para el cumplimiento en una entidad. Crear un régimen ro-busto para el cumplimiento requiere recursos significativos, por ejemplo para personal, tecnologías de información y espacio de oficinas para un organismo regulador. Los países pequeños, en particular, se beneficiarían con la consolidación de las actividades para el cumplimiento de las empresas reguladas. Esto se ha hecho en Colombia, donde, desde 2005, la Superintendencia Financiera es responsable de supervisar los bancos, compañías de seguros y las empresas que cotizan en la bolsa.

Supervisión pública de la profesión de auditoría. Los organismos independientes de supervisión de auditoría han remplazado a la autorregulación profesional en muchos países, actuando como reguladores y supervisores de esa profesión. En gran parte como otros reguladores, un organismo de supervisión pública es responsable de hacer cumplir las normas profesionales mediante inspecciones de auditores y aplicación de sanciones por incumplimiento. Mantiene también el proceso de licenciamiento y registro de los auditores, fija las normas de auditoría y ética, e informa al público; esto es, asumiendo muchas de las funciones que actualmente pertenecen al dominio de la profesión contable (vía los organismos profesionales). Las juntas de supervisión de auditoría son más eficaces si son independientes de la profesión, es decir, la mayoría de sus miembros deben ser representantes no practicantes de los entes reguladores y otras entidades públicas interesadas (por ejemplo, los supervisores del mercado de valores, el banco central y el ministerio de finanzas), la academia, la comunidad de los negocios y los grupos de la sociedad civil. Están disponibles varias opciones para la introducción de un sistema de supervisión independiente; en el recuadro 7.2 se des-criben la estructura y los roles específicos de los sistemas de supervisión de auditoría en Corea y Sri Lanka.

Establecer un organismo independiente de supervisión de auditoría es una labor in-dudablemente difícil que implica recursos significativos. Para el futuro no muy distante, el establecimiento de sistemas independientes de supervisión de auditoría en América Latina y el Caribe –como en Japón y muchos países de la Unión Europea– probable-mente será necesario el apoyo financiero del presupuesto del gobierno nacional. Dado que el crecimiento basado en el sector privado y el financiero es de importancia capital para el desarrollo de la mayor parte de los países de la región, y dada la naturaleza de bien público de la información financiera empresarial responsable (con beneficios que van de la creación de un clima de negocios conducente al desarrollo económico hasta promover la estabilidad financiera), los gobiernos tienen un interés adquirido



Recuadro 7.2 Comparación regional: sistemas de supervisión de auditoría en Corea y Sri Lanka

Varios países de las regiones de Asia oriental y Pacífico (EAP) y Asia meridional se han puesto de acuerdo en cuanto a la necesidad de sistemas eficaces de supervisión independiente de la profesión de auditoría con el fin de proteger el interés público. En Corea, una institución con fines específicos, el Servicio de Supervisión Financiera, es la responsable de la supervisión de la auditoría. En Sri Lanka se instituyó la Junta de Control de Normas Contables y de Auditoría. Los ROSC C&A para EAP y Asia meridional anotaron que los organismos de supervisión pública están en la mayoría de los casos restringidos por la falta de pericia técnica adecuada y de recursos.

Característica Corea Sri Lanka

Nombre Servicio de Supervisión Financiera (SSF)

Consejo Supervisor de Normas Con-tables y de Auditoría de Sri Lanka (SLAASMB)

Año de establecimiento 1999 (por la Ley de Organización de la Supervisión Financiera)

1995 (por la Ley de Normas Conta-bles y de Auditoría de Sri Lanka)

Estructura Encabezada por el gobernador y organizada en 25 departamentos y 16 oficinas.

Regida por 13 miembros de la academia, organismos contables, reguladores y comerciales.

Función primaria y roles específicos

Examen y supervisión de entidades financieras y otras funciones de supervisión y cumplimiento. Revisa los controles de calidad de la audi-toría de las principales empresas de contaduría, hace recomendaciones e informa los resultados a la Comi-sión de Valores y Futuros.

Monitoreo y cumplimiento de las normas contables y de auditoría de Sri Lanka. La Junta revisa estados financieros seleccionados y lleva los casos que requieren medidas correctivas a la atención de la empresa particular. La Comisión de Valores y Cambios de Sri Lanka acordó también remitir los casos de incumplimiento.

Sanciones Multas monetarias y restricciones a la emisión de valores.

Multas monetarias y sanciones de hasta cinco años de prisión.

Sitio web http://english.fss.or.kr/fsseng/in-dex.jsp.

www.slaasmb.org.

Fuentes: ROSC C&A y sitios web de la SSF y la SLAASMB.

en garantizar que los auditores efectivamente descarguen su función de acuerdo con las normas profesionales aplicables. (El Salvador ofrece un ejemplo de sistema de su-pervisión financiado por el gobierno y los problemas asociados con él; ver recuadro 3.3.) Una vez ha empezado a operar el sistema, tiene sentido exigir a las empresas de



auditoría registradas o a los profesionales individuales contribuir al sistema con cuotas de inscripción. Sin embargo, en los países pequeños, no es probable que las cuotas aporten mucho y probablemente sea necesario el apoyo continuo del gobierno.

Un sistema de supervisión es más efectivo en países donde la capacidad general de la profesión de auditoría es relativamente fuerte. Para que dicho sistema funcione con eficacia el organismo de supervisión debe contar con personal de alta pericia técnica y la calidad general de las auditorías en el país debe ser relativamente satisfactoria. En países con baja capacidad de auditoría, la supervisión independiente debe enfocarse como un objetivo a largo plazo; puede ayudar centrarse primero en actividades de desarrollo de capacidad dentro de la profesión, por ejemplo, crear sistemas de certifi-cación y exigir DPC. Para países con restricciones más fuertes de capacidad o recursos, la mejor opción sería probablemente aprovechar los mecanismos de supervisión de auditoría vigentes para las entidades reguladas. En muchos países de América Latina y el Caribe, los entes reguladores ya han asumido el liderazgo para realizar inspec-ciones de auditores para las empresas bajo su alcance; vale la pena aprovechar tales mecanismos, con la mira en la expansión del rango de auditores que se inspeccionen con el tiempo. Para los países que aún no han introducido esa clase de sistema puede ser un primer paso útil hacia la supervisión integral.


Debe dedicarse una mayor atención al cumplimiento de los requisitos de información financiera para otras entidades de interés público, en particular las empresas estatales. En la mayoría de los países de la región, el ente fiscalizador superior (EFS), que es principalmente responsable de controlar la ejecución presupuestaria de los programas del gobierno, es también responsable de supervisar las empresas estatales, incluso como su auditor externo. Sin embargo, dado que los EFS carecen a menudo de los recursos humanos y financieros para realizar auditorías oportunas de las empresas estatales, los países deberían considerar establecer un organismo oficial específico responsable de la supervisión financiera de las empresas estatales. Este organismo también debe ejercer la función de propiedad del Estado sobre dichas empresas a nombre de los ciudadanos, protegiendo el valor patrimonial de las empresas y limitando sus obliga-ciones contingentes. El organismo propuesto podría ser una entidad dentro de una institución existente, por ejemplo el ministerio de finanzas, o una agencia independiente creada con este único propósito. Por ejemplo, Chile ha establecido una alta comisión independiente responsable de supervisar el desempeño de las empresas estatales, lo que incluye el nombramiento de miembros para sus juntas directivas. Al margen de si el organismo de supervisión es una entidad separada, debe ser responsable ante el congreso nacional o el parlamento.



El papel del Banco Mundial y otras agencias para el desarrollo

La comunidad de donantes tiene un interés directo en las reformas en C&A en el sector empresarial, que afecta los programas de desarrollo de los países. Primero, las prácticas contables, de auditoría e información financiera son necesarias para lograr un desarrollo sostenible basado en el sector privado, lo que en muchos países de la región tiene alta prioridad en sus estrategias. Una mejor gestión financiera y transparencia en las empresas estatales son críticas para avanzar el programa de gobernabilidad, pro-moviendo la estabilidad macroeconómica y mejorando la efectividad de la prestación de los servicios de estas empresas. Por último, fortalecer la capacidad de la profesión contable contribuye a proteger el uso eficiente de la ayuda externa.

Varias instituciones han venido suministrando asistencia técnica y desarrollo de capacidad. La Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) Initiative, de varias entidades donantes, ha financiado proyectos de asistencia técnica en Chile, El Salvador, Honduras y Perú. Con respecto al desarrollo de capacidad, la FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo ha efectuado donaciones en varios países para programas de capacitación de capacitadores en las NIIF, entre otras iniciativas.

Además, el Banco Mundial se ha vinculado a actividades de préstamos y otras para mejorar los sistemas de información empresarial, así:

• Préstamos para políticas de desarrollo. Desde 2005, el Banco Mundial ha efec-tuado varios préstamos para políticas de desarrollo (DPL, por sus iniciales en inglés) a los países miembros, para el apoyo de reformas y desarrollo de capaci-dad en áreas clave para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En América Latina y el Caribe, recientes DPL apoyan reformas en el campo de la información financiera empresarial: en Uruguay, el 2007 Institutional Building DPL incluye una serie reformas de políticas encaminadas a apoyar la adopción de las NIIF y fortalecer la supervisión independiente de la función de auditoría; en Paraguay el 2009 DPL se centró en mejorar la supervisión financiera de las empresas estatales.

• Préstamos y créditos de inversión. En los últimos años, el Banco Mundial también ha efectuado préstamos para asistencia técnica dirigidos a mejorar el marco de información financiera empresarial, bien como operaciones independientes o como parte de un proyecto mayor. En la región de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial efectuó un préstamo de asistencia técnica para el desarrollo institucional por US$12,1 millones en Uruguay, el cual incluye un componente de US$2,05 millones para apoyar reformas a los mercados de capitales y la trans-parencia empresarial, con el fin de “fortalecer el marco de información financiera empresarial para impulsar la inversión privada, garantizar la estabilidad del sector financiero y mejorar la gobernabilidad de las empresas estatales”.



• Iniciativas de conocimiento compartido y comunidades de práctica. El Banco Mun-dial ha aprovechado también las tecnologías de información y comunicaciones para promover el diálogo y el conocimiento compartido. Por ejemplo, utilizó la plataforma de la Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo para organizar una serie de seminarios basados en videoconferencias en los que reconocidos especialistas de todo el mundo discuten sobre temas de C&A con participantes de varios países latinoamericanos y del Caribe. Los seminarios se han enfocado a temas como las NIIF para PyME(s), la contabilidad de seguros, la supervisión pública de la profesión de auditoría y las NIIF en el sector bancario.3

• Las conferencias regionales CReCER.4 El Banco Mundial, en conjunto con la IFAC y el BID organizaron la conferencia CReCER sobre Contabilidad y Res-ponsabilidad para el Crecimiento Económico Regional, que reunió a varios centenares de participantes de la región y el mundo en México (2007) y San Salvador (2008). Esta conferencia está emparejada con el sitio web público www.creceramericas.org, que sirve como depósito de conocimientos para quienes no pueden asistir a la conferencia. La tercera conferencia CReCER se programó en septiembre de 2009 en São Paulo.

Ahora más que nunca, el programa ROSC C&A constituye una pieza importante del portafolio de productos analíticos que el Banco Mundial ofrece a los países que buscan emparejar sus prácticas con las normas internacionales. El programa ROSC C&A es una de las formas en que el Banco Mundial utiliza como palanca el conocimiento mundial para apoyar el desarrollo a nivel de países. Es especialmente útil para países de medianos ingresos, que generalmente están en camino de adoptar las reformas necesarias para competir en el campo mundial. Contribuye también a la estabilidad financiera internacional, que es importante para todos los países.

La crisis financiera mundial, que se continúa desarrollando en la mayor parte de las economías más importantes del mundo, ha vuelto a destacar la importancia de la C&A. La reunión de jefes de Estado y gobierno del G-20 que tuvo lugar en Washington en noviembre de 2008 se centró en los temas de contabilidad, algo sin precedentes en reuniones de tan alto nivel. Hasta un grado significativo, la crisis ha señalado varias deficiencias en el proceso de información financiera y la necesidad de mejoras en el diseño de las normas internacionales (especialmente la medición del valor razonable y la revelación) y en su aplicación efectiva a nivel de países.

Considerando el grave perjuicio para la confianza de los inversores causado por la crisis, una expectativa comúnmente compartida es que los inversores y acreedores

3 Véase www.gdln.org para mayor información sobre el programa GDLN.4 CReCER es el acrónimo de Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico

Regional.



se concentren más en la información financiera de alta calidad. Por ejemplo, el IASB revisó dos de sus normas sobre instrumentos financieros (IAS 39 y NIIF 7) y en abril de 2009 la U.S. Financial Accounting Standards Board expidió tres “Final Staff Positions” para “mejorar la orientación y revelación sobre las mediciones del valor razonable y el deterioro”.

En cuanto a la auditoría, aun si el rol de los auditores externos no se ha cuestionado en la misma forma que lo fue durante la ola de fracasos empresariales a principios de esta década, es probable que se efectúe un reexamen significativo. El escándalo que rodeó al Satyam Group en India a principios de 2009 activó un renovado debate sobre los beneficios de un sistema de supervisión pública independiente de auditores. Los temas de la gobernabilidad de los organismos profesionales contables y el grado al cual avanza el interés público serán también examinados a fondo. Ahora que IFAC ha finalizado su “Proyecto Claridad” para mejorar la calidad del texto en las NIA, dos temas específicos recibirán atención especial: a) la auditoría de las mediciones del valor razonable y la revelación, y b) el tema del negocio en marcha (esto es, si una empresa cuyos estados financieros están siendo auditados mantiene la capacidad de funcionar como entidad de negocios en el futuro no muy distante).

La crisis probablemente también ocasionará esfuerzos renovados para armonizar las normas en el sector financiero y establecer la supervisión consolidada eficaz. Una de las propuestas clave que surgieron en la reunión cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009 fue la de restablecer el Foro de Estabilidad Financiera, que promueve la estabilidad financiera internacional por medio del intercambio de información y la cooperación internacional en supervisión y vigilancia financiera, como un Consejo de Estabilidad Financiera con un mandato más amplio y mayores recursos.

El énfasis en la adopción de normas internacionales fuertes no se limita a los países en desarrollo; en realidad, es probable que la mayoría de las reformas generadas por la crisis actual se inicien en los Estados Unidos y la Unión Europea. En la reunión cumbre del G-20 en Londres, la declaración final destacó la necesidad de esfuerzos continuos para buscar y mantener la estabilidad financiera, resaltando la importancia de las 12 normas y códigos internacionales clave sobre los cuales se basan los ROSC. Los países reunidos solicitaron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional continuar las evaluaciones ROSC y tomar otras medidas para promover la implemen-tación común de las normas financieras internacionales.

En los ocho años desde la iniciación del programa ROSC C&A el mundo ha he-cho mucho progreso en cuanto a normas internacionales comunes de transparencia financiera, rendición de cuentas y gobernabilidad. La región de América Latina y el Caribe no ha estado a la vanguardia de este movimiento pero ha habido puntos y sig-nos brillantes de impulso creciente hacia la reforma. Estas tendencias son alentadoras para cualquiera que se preocupe por la estabilidad financiera y el desarrollo basado en el sector privado que deben promover las normas de C&A. La crisis financiera actual



ofrece a los países de la región la oportunidad de estrechar la brecha en la información financiera relativa a otras regiones emergentes. Los autores del presente libro esperan un progreso continuo y acelerado en esta vía en los próximos años.


Anexo AAcerca del programa ROSC sobre contabilidad y auditoría

Una serie de crisis financieras llevó al Banco Mundial a una mayor participación en la infor-mación sobre el cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría (C&A) en los países miembros. La iniciativa de los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC) se inició en 1999 como respuesta a las crisis financieras internacionales de los años noventa, originadas en México, Asia, la Federación Rusa y Brasil. Antes de ese tiempo, la comunidad financiera internacional –principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial– habían tenido un rol activo en las crisis financieras prestando apoyo ex post para estabilizar las economías de los países afectados. Sin embargo, la gravedad de estas crisis y su rápido y difundido contagio a través del mundo en desarrollo obligó a las instituciones financieras internacionales a repensar su estrategia y acordaron que era necesario hacer más, anticipadamente, para reforzar la arquitectura financiera internacional –en particular en las economías emergentes– y hacerla más flexible con respecto a las crisis. Los dirigentes de las entidades financieras internacionales hicieron énfasis en la necesidad de crear o cumplir las normas y códigos de mejores prácticas reconocidas internacionalmente para reforzar la arqui-tectura financiera internacional (Rubin, 1998).

Fue en este contexto que el Banco Mundial y el FMI lanzaron el programa ROSC, concen-trándose en 12 conjuntos de normas y códigos centrales reconocidos internacionalmente,5 incluyendo la C&A. El Banco Mundial y el FMI se dividieron la responsabilidad de evaluar la adherencia a estos conjuntos de normas y códigos y la responsabilidad del módulo ROSC C&A recayó en el Banco Mundial.

Objetivos del programa ROSC C&A

En el programa ROSC C&A se evalúa el marco general de C&A de un país, concentrándose no sólo en las normas sino también en su aplicación y cumplimiento, y en el entorno general de facilitación –desde los regímenes de cumplimiento hasta las calificaciones profesionales de

5 Las 12 normas son revelación de datos, transparencia fiscal, transparencia en políticas monetarias y financieras, supervisión bancaria, regulación del mercado de valores, super-visión de seguros, pagos y liquidaciones, antilavado de dinero, gobernabilidad empresarial, contabilidad, auditoría e insolvencia y derechos de los acreedores.



contadores y auditores– que soporta las prácticas de C&A en los países miembros. Específi-camente, se evalúa lo siguiente:

• Las fortalezas y debilidades de los marcos institucionales existentes (por ejemplo, reglas y requisitos de C&A, eficacia del control y los mecanismos de observancia forzosa)

• El entorno facilitador para C&A (por ejemplo, la organización de la profesión contable y la capacidad de sus miembros, la calidad de la formación en contaduría)

• La comparabilidad de las normas nacionales de C&A con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales sobre Auditoría (NIA), respectivamente

• El grado al cual las entidades empresariales cumplen las normas de C&A establecidas en el país.

El foco principal del programa ROSC C&A es la calidad de la información financiera de las entidades de interés público en el sector privado; por ejemplo, las empresas que cotizan en la bolsa y las entidades financieras. Cubre también las empresas estatales, dependiendo de su importancia en el contexto económico del país, y las pequeñas y medianas empresas.

Cobertura del programa ROSC C&A

En los 10 años desde la creación del programa ROSC C&A, se han completado más de 75 informes nacionales, 17 de ellos para la región de América Latina y el Caribe. Los informes completos, aprobados por los respectivos gobiernos, se encuentran publicados en el sitio web del Banco Mundial. El cuadro que se presenta a continuación resume el estado del programa ROSC C&A en América Latina y el Caribe (ver también el anexo B). Una discusión amplia del programa ROSC C&A, su soporte intelectual y sus primeros resultados se suministra en el sitio web de los ROSC (http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html).


Anexo A. Acerca del programa ROSC sobre contabilidad y auditoría 127

Los informes ROSC C&A en la región de América Latina y el Caribe. Estado en junio de 2009

Publicado en Fecha de revisiónEn borrador o pendiente de

publicaciónEn línea de

espera

Argentina Julio 2007 Guatemala Costa Rica

Brasil Junio 2005 Panamá Guyana

Chile Junio 2004 República Dominicana, actualizado Nicaragua

Colombia Julio 2003

Estados del Caribe Oriental Junio 2008

Ecuador Marzo 2004

El Salvador Junio 2005

Haití Noviembre 2007

Honduras Mayo 2007

Jamaica Junio 2003

México Marzo 2004

Paraguay Junio 2006

Perú Junio 2004

República Dominicana Diciembre 2004

Uruguay Enero 2006


Anexo BCobertura del Programa ROSC sobre contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe

BRASIL

CHILE

COSTA RICA

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADORGUATEMALA

JAMAICA

HONDURAS

BAHAMAS

BOLIVIA

PERÚ

NICARAGUA

MÉXICO

URUGUAYARGENTINA

PARAGUAY

HAITÍ

COLOMBIA

R. B. DEVENEZUELA GUYANA SURINAM

BELICE

Falkland Islands(Islas Malvinas)

A DISPUTE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER THEISLANDS EXISTS BETWEEN ARGENTINA WHICH CLAIMSTHIS SOVEREIGNTY AND THE U.K. WHICH ADMINISTERSTHE ISLANDS.

O C É A N OA T L Á N T I C O

Golfo de México

Mar Caribe


O C É A N OP A C Í F I C O

VER AMPLIACIÓN ABAJO

Mar Caribe

RepúblicaDominicana

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)

Barbados

Santa Lucía

Antigua y Barbuda

Colombia

Dominica

Granada

R.B. de Venezuela

Saint Kitts y Nevis

San Vicente yGranadinas

Trinidad y Tobago

IBRD 36999

JULIO 2009

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0 1000 Kilómetros

0 1000 Millas

PUBLICADO

EN BORRADOR/PENDIENTE DE PUBLICACIÓN

EN LÍNEA DE ESPERA

AÚN NO CUBIERTO

NO ES PAÍS CLIENTE DEL BANCO MUNDIAL

INFORMES ROSC C&A


Anexo CAdopción de las NIIF en América Latina y el Caribe

BRASIL

CHILE

COSTA RICA

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

HONDURAS

BAHAMAS

BOLIVIA

PERÚ

NICARAGUA

MÉXICO

URUGUAYARGENTINA

PARAGUAY

HAITÍ

COLOMBIA

R. B. DEVENEZUELA GUYANA SURINAM

BELICE

Falkland Islands(Islas Malvinas)

A DISPUTE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER THEISLANDS EXISTS BETWEEN ARGENTINA WHICH CLAIMSTHIS SOVEREIGNTY AND THE U.K. WHICH ADMINISTERSTHE ISLANDS.

O C É A N OP A C Í F I C O

Mar Caribe


Golfo de México


VER AMPLIACIÓN ABAJO

Mar Caribe

REPÚBLICADOMINICANA

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)

BARBADOS

SANTA LUCÍA

ANTIGUA Y BARBUDA

COLOMBIA

DOMINICA

GRANADA

R.B. DE VENEZUELA

SAINT KITTS Y NEVIS

SAN VICENTE Y GRANADINAS

TRINIDAD Y TOBAGO

EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA

ENTIDADES FINANCIERAS

EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN LA BOLSA

PAÍSES CLIENTES DEL BANCO MUNDIAL QUE HAN ADOPTADO O ESTÁN ADOPTANDO LAS NIIF PARA UNO O MÁS SECTORES

PAÍSES CLIENTES QUE NO HAN ADOPTADO LAS NIIF

NO CLIENTES

ESTADO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF

FUENTE: http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html

EN PROGRESO ADOPTADAS

IBRD 36986

JULIO 2009

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Anexo DPlanes de acción nacionales: desarrollando una visión estratégica y una agenda de reforma

Los países participantes en el programa Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos, Contabilidad y Auditoría (ROSC C&A) empezaron a preparar Planes de Acción País (PAP) completos para implementar las recomendaciones ROSC sobre políticas. Aunque los equipos de los ROSC se esfuerzan por hacer las recomendaciones tan específicas como les esa posible y plantearlas en secuencia como reformas a corto, mediano y largo plazo, ofrecen sólo políti-cas generales que más tarde deben concretarse en un conjunto de actividades con fijación de prioridades. Por ejemplo, mientras el ROSC puede recomendar el desarrollo de un conjunto de normas para pequeñas y medianas empresas (PyME(s)), en un PAP se plantean las acciones específicas para lograr ese objetivo; por ejemplo discusiones de mesa redonda con grupos de PyME(s) y otros interesados, análisis de normas para PyME(s) en otros países, revisión del marco legal existente para mapear las necesidades que deben modificarse, establecer fechas límite para cada acción e identificar las partes responsables de cada acción.

A semejanza del informe ROSC C&A, el PAP debe adoptar un punto de vista integral de los requerimientos de reformas del país en el contexto de la estrategia general para el desarrollo del sector privado y financiero. Con referencia a esto, uno de los primeros pasos es el de formar un grupo multidisciplinario con la responsabilidad de desarrollar el PAP e implementarlo. Este grupo, conocido a menudo como Comité Nacional de Dirección (CND) lo encabeza ha-bitualmente una autoridad superior del gobierno, como el ministro de finanzas, e incluye las partes que serían responsables de realizar las actividades en el PAP. El CND es responsable de determinar las reformas que deben incluirse en el PAP, su orden de prioridad y el tiempo para cada actividad. Aunque no hay reglas precisas para preparar un PAP, este anexo suministra varios lineamientos para preparar un PAP de alta calidad.

1. Las reformas se centran en medidas simples y exigibles

Las actividades que implican regulaciones muy exigentes y sofisticadas no necesariamente constituyen mejores prácticas. Antes de instituir un nuevo requisito, el CD debe considerar la capacidad del sector privado y la profesión de cumplir los requisitos propuestos y de los reguladores para hacerlos cumplir. Una regla que se ve bien en el papel pero no puede hacerse cumplir es a menudo peor que no exista regla. El incumplimiento continuo alimenta una cultura de incumplimiento, que una vez arraigada, es difícil de reversar. En este sentido, el CND debe



analizar los costos y beneficios asociados con cada nueva regulación, incluyendo los costos en que deben incurrir las empresas para cumplir la regulación y los costos para el gobierno de hacerla cumplir (por ejemplo, los costos de crear y dotar de personal un organismo para el cumplimiento y de sostener ese organismo a mediano y largo plazo).

Algo que puede ayudar es dar pasos incrementales. Las actividades pueden empezar en pequeña escala y luego ampliarse a medida que lo permitan la capacidad y los recursos. Por ejemplo, en Uruguay, un proyecto para mejorar la “transparencia informativa” en el sector privado, lanzado en 2007 con apoyo del Banco Mundial, se centró inicialmente en un paso aparentemente fácil: llegar a un acuerdo entre las autoridades uruguayas y la International Accounting Standards Committee Foundation (que posee los derechos de autor de las Nor-mas Internacionales de Información Financiera, NIIF) para el uso y difusión de las NIIF. Desde entonces, las autoridades han venido trabajando en fortalecer el organismo nacional de fijación de normas, la Comisión Permanente sobre Normas Contables. Eventualmente el gobierno introdujo, y el Congreso aprobó, un proyecto de ley para adoptar la versión completa y actualizada de las NIIF en el país.

2. Secuencia: las reformas tienen prioridades

Varias consideraciones entran en juego cuando se trata de decidir qué reformas deben realizarse primero y cuáles pueden esperar. No hay una forma estandarizada de determinar qué reformas deben tener prioridad; depende de las circunstancias del país. El CND debe tener en cuenta factores como los siguientes:

• Importancia de la reforma para la agenda de desarrollo del país. Algunas reformas son de particular importancia para el progreso de la agenda de desarrollo del país (por ejemplo simplificar las normas para las PyME(s) con el fin de promover el desarrollo del sector privado, reforzar las reglas para garantizar la estabilidad del sector financiero) y deben recibir mayor interés y prioridad.

• Disponibilidad de recursos. El CND debe tener en cuenta los recursos humanos y fi-nancieros disponibles para llevar a cabo la reforma y su sostenibilidad, por lo que es deseable considerar actividades de recuperación de costos.

• Capacidad humana. El CND debe establecer si la reforma puede iniciarse con la capa-cidad existente en los sectores público y privado o si el desarrollo de capacidad es un requisito previo para aquélla.

• Entorno político. Si el entorno político es favorable o hay un líder fuerte en el gobierno, puede valer la pena buscar la reforma aun si no es particularmente apremiante, ya que podría ser difícil hacerlo cuando cambie el entorno político.

• Factores externos. Algunas reformas deben llevarse a cabo como condición previa para algún objetivo nacional importante (por ejemplo, ingresar a un acuerdo comercial u obtener financiación internacional).

Algunas veces puede valer la pena asumir reformas relativamente no importantes pronto, especialmente si proveen los fundamentos para otras reformas o si son reformas que pueden


Anexo D. Planes de acción nacionales 135

lograrse con relativa facilidad y rapidez, con poca o ninguna oposición. La aprobación en Uruguay de una ley para actualizar la versión de las NIIF que son ordenadas por la ley es un ejemplo reciente de dichas medidas relativamente fáciles. Es a menudo ventajoso empezar un programa de reformas con tales beneficios expeditos, con los que se obtienen rápidas ganancias y que generan impulso para el proceso general de reformas.

3. Todos los interesados tienen un rol activo

Una amplia variedad de grupos tienen interés en las iniciativas de reforma de la C&A para el sector empresarial y su participación en el proceso del PAP es esencial. Empresas a las que se exige cumplir las normas contables al preparar sus estados financieros, auditores que aplican las normas de auditoría, inversores y acreedores que desean que la información financiera que se les presenta sea confiable, reguladores (por ejemplo, supervisores de bancos, compañías de seguros y del mercado de valores) responsables de garantizar que se cumplan los requisitos contables, de auditoría e información, gobiernos, inclusive legisladores, de los que se espera aprueben requisitos estatutarios pertinentes, y académicos, tienen un rol crítico al preparar a la próxima generación de profesionales contables y de negocios. Un PAP exitoso incluye a todos los interesados pertinentes desde un principio y busca su opinión y aceptación. Aunque al principio se tenga la impresión de que incluir un grupo tan grande y diverso prolonga el proceso, en realidad tiene el efecto opuesto. Aunque las primeras discusiones pueden ser más largas, habrá menos resistencia al PAP una vez completo y sus actividades se implementarán con mayor suavidad y rápidamente.

4. El gobierno tiene el rol principal como coordinador y facilitador

El gobierno tiene un rol importante dirigiendo el proceso general de la reforma. En la mayoría de los países sólo un funcionario del alto gobierno tiene el poder de convocatoria para reunir los distintos grupos interesados y obligarlos a trabajar juntos como parte del CND. Además, puesto que sólo el gobierno tiene autoridad de expedir reglas legales, que se requieren como parte de muchas de las reformas en un PAP, es importante que sea el gobierno el que dirija el proceso del PAP. Sin embargo, el gobierno no debe excluir a otros interesados y antes de asignar una actividad de reforma al sector público, el CND debe considerar si las acciones del gobierno estimularán o desestimularán las acciones de los demás interesados.

5. También es parte de la solución cooperar con otros países

Muchas de las reformas en la C&A empresarial se beneficiarían con la cooperación entre países a nivel regional o subregional. Las reformas que incluyen cambios significativos de políticas pueden complicarse para que un país –particularmente si es pequeño– las adopte por sí mismo. Algunos han defendido, por ejemplo, la creación de un sistema común de supervisión para los auditores a nivel subregional (por ejemplo, los países centroamericanos), considerando las significativas economías de escala que esto produciría. Aun cuando las soluciones conjuntas no



sean factibles, los países se beneficiarían con el intercambio de experiencias y de las enseñanzas adquiridas por sus vecinos o países con características comunes y problemas similares.

Un ejemplo instructivo de cooperación internacional es el de las consultas que tuvieron lugar entre Canadá, México y los Estados Unidos para lograr el reconocimiento mutuo de las licencias profesionales en esos tres países. Este entendimiento capacita a un contador licenciado en México practicar en los Estados Unidos y en Canadá sin tener que presentar los exámenes profesionales completos de ingreso de estos dos países. En cambio, los contadores certificados mexicanos (CPC) simplemente deben aprobar una prueba sobre tributación y otras diferencias legales existentes entre México y los Estados Unidos.


Referencias y otros recursos

Informes sobre el cumplimiento de las normas y códigos, contabilidad y auditoría

Se presentan a continuación los informes ROSC C&A utilizados en este libro. Se encuentran disponibles en http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html.

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Glosario

AUDITORÍA EXTERNA. Examen periódico de los libros y registros contables de una entidad que efectúa un tercero independiente (el auditor) para garantizar que aquellos: a) se han mantenido en la forma apropiada, b) son exactos y completos, c) cumplen los principios y normas contables establecidas, y d) aportan una visión cierta y razonable de la condición financiera de la entidad.

AUDITORÍA INTERNA. Un proceso sistemático realizado por empleados independientes de una empresa para garantizar a la gerencia y la junta directiva que los controles internos sean adecuados para mitigar los riesgos, que los procesos de gobernabilidad sean eficaces y eficientes, y que se cumplan las metas y objetivos de la organización.

BALANCE GENERAL. Retrato de la condición financiera de una empresa en un momento específico de tiempo. El balance general comprende activos, pasivos y patrimonio de los propietarios o accionistas. Forma parte integral del conjunto completo de los estados financieros.

COMITÉ DE AUDITORÍA. Un comité que incluye por lo menos un experto financiero, que reporta a la junta directiva, conformado con el fin de supervisar la información y la auditoría financiera de una empresa. Los integrantes del comité de auditoría deben estar libres de conflicto de interés y no deben recibir compensación alguna por su servicio en el comité. El comité de auditoría selecciona y supervisa la empresa auditora y verifica los resultados de las auditorías.

CONTABILIDAD. Sistema de registrar y resumir las transacciones comerciales y financieras, con el fin de analizar, verificar e informar los resultados.

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO O AUTORIZADO. Miembro profesional de una asociación de contadores que califica y licencia a sus miembros para la prestación de servicios de contaduría o auditoría. En muchos países se requiere la designación de “certificado” o “autorizado” para que los profesionales puedan realizar auditoría externa.

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC). Medio por el cual los miembros de los organis-mos profesionales mantienen, mejoran y amplían sus conocimientos y pericia, y también desarrollan las cualidades requeridas en su profesión. Los organismos profesionales de contabilidad pueden exigir a sus miembros registrar un cierto número de horas de DPC por año para mantener la licencia profesional. El DPC puede lograrse por medio de cursos



de capacitación, educación en posgrado, participación en conferencias u otros medios aprobados por el organismo profesional.

EDUCACIÓN TERCIARIA. Llamada también educación superior y pos-secundaria, se refiere a los estudios siguientes a la culminación de un grado de secundaria (por ejemplo, bachillerato o equivalente). Incluye la formación recibida en un colegio universitario, universidad o colegio vocacional.

EMISOR. Entidad legal autorizada para emitir (ofrecer en venta) sus valores. Ejemplos de emi-sores son las sociedades anónimas, los fondos de inversión (o sociedades inversionistas) y las entidades del gobierno.

EMPRESA ESTATAL (EE). Empresa en la cual el Estado posee un control significativo mediante la propiedad completa, mayoritaria, o minoría significativa.

EMPRESA QUE COTIZA EN LA BOLSA. Empresa cuya deuda o acciones de capital se cotizan en una bolsa de valores regulada. Para cotizar, la empresa debe normalmente cumplir ciertos requisitos de información financiera y gobernabilidad empresarial.

ENTE EMISOR DE NORMAS. Ente, usualmente gubernamental o cuasi-gubernamental, con auto-ridad para fijar normas nacionales o internacionales (por ejemplo, para contabilidad). El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) es un ejemplo de ente fijador reconocido de normas internacionales.

ENTES SUPERVISORES O REGULADORES. Autoridades encargadas de controlar el desempeño financiero y las operaciones de las entidades de un sector específico para garantizar que operen de conformidad con las reglas y regulaciones aplicables a ellas. Con mucha fre-cuencia, los siguientes sectores se encuentran sujetos a la supervisión: banca, mercados de valores, seguros y fondos de pensiones.

ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO (EIP). Entidades de importancia pública significativa por la naturaleza de sus negocios (en particular, empresas cuyos valores se aceptan para el comer-cio en un mercado regulado, bancos, compañías de seguros y otras entidades financieras), su tamaño o el número de sus empleados.

ENTIDAD REGULADA O ENTIDAD SUPERVISADA. Entidad cuyas actividades exigen que sus infor-mes financieros estén regulados por un ente supervisor. Los bancos, empresas cotizadas y las entidades financieras no bancarias (incluyendo empresas de seguros, fondos de pensiones e inversiones, cooperativas de crédito, etc.) son habitualmente supervisados por un ente regulador (separado o combinado).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. Estado en que se concilian los saldos de una entidad al principio y final de un período contable. Forma parte integral del conjunto completo de los estados financieros.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O DE FLUJO DE CAJA. Estado financiero mediante el cual se anali-zan los cambios en el dinero en efectivo y los equivalentes en dinero durante un período. Forma parte integral del conjunto completo de los estados financieros.


Glosario 147

ESTADO DE RESULTADOS. Estado que presenta los ingresos de las operaciones de la empresa, sus gastos de operación y la utilidad o pérdida resultante para la empresa en un período de tiempo especificado. Se denomina también estado de pérdidas y ganancias y forma parte integral del conjunto completo de los estados financieros.

INFORMACIÓN FINANCIERA. Presentación de datos financieros referentes a la posición, de-sempeño operativo y flujo de fondos de una empresa en un período contable.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CÓDIGOS (ROSC). Informe en que se resume el grado al cual los países cumplen ciertos estándares y códigos reconocidos internacio-nalmente para la divulgación de datos; transparencia fiscal; transparencia en las políticas monetarias y financieras; supervisión bancaria; regulación de valores; supervisión de seguros; pagos y liquidaciones; gobernabilidad empresarial; contabilidad y auditoría; in-solvencia y derechos de acreedores; antilavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo. Los informes que resumen el cumplimiento de los países de estos estándares son preparados y publicados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a solicitud del país miembro.

JUNTA DE VIGILANCIA INDEPENDIENTE. Entidad que regula y supervisa el trabajo de los auditores externos. Estos organismos, que han reemplazado a los acuerdos de autorregulación, son obligatorios en muchos países, entre ellos los Estados Unidos, los estados integrantes de la Unión Europea y Japón.

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA). Conjunto de delineamientos sistemáticos utilizados por los auditores cuando realizan auditoría independiente a las finanzas de la empresa para garantizar la exactitud, consistencia y verificabilidad de las acciones e informes del auditor.

NORMAS INTERNACIONALES DE FORMACIÓN PARA CONTADORES PROFESIONALES (IES). Conjunto de normas para preceptuar los elementos esenciales de educación para ser un contador profesional y los requisitos educativos corrientes para mantenerse competente. Fueron desarrollados por el Consejo de Normas Internacionales para la Formación Contable de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Anteriormente conocidas como Internacional Accounting Standards (Estándares Contables Internacionales), las NIIF son las normas e interpretaciones de información financiera empresarial de propósito general adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

NORMAS INTERNACIONALES SOBRE AUDITORÍA (NIA). Normas profesionales de auditoría expedidas por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, Junta Internacional de Normas de Auditoría y Seguridad de la IFAC).

NOTAS EXPLICATIVAS. Notas que ilustran y complementan los datos de los estados financieros y contienen la información considerada necesaria para ofrecer una visión cierta y razonable de la posición operativa y financiera de una empresa. Forman parte integral del conjunto completo de los estados financieros.



ORGANISMO PROFESIONAL. Asociación de una profesión organizada (por ejemplo, contabili-dad) que, con frecuencia, certifica el cumplimiento a cabalidad de sus requisitos y por consiguiente otorga una licencia para la práctica de la profesión.

PREPARADOR. Individuo que se ocupa de preparar los estados financieros.

PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA). Las normas o reglas que deben seguir los contadores para establecer qué información financiera debe incluirse en los estados financieros de propósito general y cómo debe presentarse.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyME(s)). Empresas clasificadas por debajo de un umbral definido y como tales tratadas usualmente por la ley o las políticas en forma distinta a las entidades mayores de interés público. Los países utilizan varios parámetros y umbrales diferentes para definir las PyME(s), entre los que se encuentran los activos totales contro-lados, los ingresos totales, el endeudamiento total y el número de empleados.

REGISTRO DE SOCIEDADES O REGISTRO EMPRESARIAL. Autoridad oficial o semioficial responsable de registrar y mantener ciertos detalles de las empresas nuevas y existentes dentro de una jurisdicción (por ejemplo, estatutos de la empresa, nombres de los accionistas, estados financieros).

TENEDURÍA DE LIBROS. Registro sistemático de las transacciones financieras diarias de una empresa.

VALOR RAZONABLE. La U.S. Financial Accounting Standards Board’s Statement of Financial Accounting Standards No. 157: Fair Value Measurements (SFAS 157) (Declaración de las Normas de Contabilidad Financiera de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de EUA, No. 157: Mediciones del Valor Razonable) define el valor razonable como el precio recibido por vender un activo, o pagado por transferir un pasivo, en una transacción organizada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. En comparación, el valor razonable se define generalmente en las NIIF como el monto por el cual puede intercambiarse un activo, o liquidarse un pasivo, entre partes enteradas en una transacción en pie de igualdad.


9 789588 307886

ISBN 978-958-8307-88-6

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el CaribeMejorando la información financiera

de las empresas para fomentar el desarrollo económico de la región

Henri FortinAna Cristina Hirata Barros

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D I R E C C I O N E S P A R A E L D E S A R R O L L O

Finanzas

Nunca antes ha sido más clara la importancia de ir hacia normas internacionales de contabilidad y auditoría de alta calidad. En medio de la actual crisis financiera y económica mundial, los líderes del Grupo de los 20 recalcaron que sólidas normas de contabilidad y auditoría son un componente de crucial importancia en la arquitectura financiera internacional. Una información financiera empresarial transparente y confiable sirve de base a gran parte de la agenda para el desarrollo en la región de América Latina y el Caribe, desde el crecimiento basado en el sector privado hasta una mejor estabilidad financiera, a la vez que facilita el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas y favorece la integración económica.

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe es el primer libro en el que se examinan en forma sistemáticala información financiera y la auditoría en la región, aprovechando la experiencia y estudios del Banco Mundial. El libro fue diseñado para que su información sirva de base al diálogo de políticas sobre los temas de contabilidad y auditoría y para fomentar una dinámica de reforma en dichos temas en toda la región.

Para los países de América Latina y el Caribe, sobre todo para las economías de mercados emergentes de rápido crecimiento, como la de Brasil, la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y otros estándares globales de calidad es una parte fundamental del camino hacia la competitividad global, la integración de los mercados y el desarrollo del sector privado. Hasta este momento, en ningún libro se había evaluado el cumplimiento de la región con los estándares globales de contabilidad y auditoría. Los autores han logrado este objetivo y por esto Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe constituye una importante referencia paralos que toman decisiones en el ámbito de los negocios, de las finanzas y de la regulación de los mercados.

—Pedro Malan Curador de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, Londres, y ex Ministro de Finanzas de Brasil.

Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe ofrece un panorama claro de la profesión contable en América Latina y el Caribe, sus experiencias exitosas y los principales desafíos que enfrentará en los próximos años. Los autores ofrecen, en una forma accesible tanto para los profesionales como para los formadores de políticas, sugerencias útiles y prácticas para que los líderes de la región promuevan prácticas contables y de auditoría de alta calidad.

—Robert L. Bunting Presidente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), New York.

La crisis actual ha demostrado la importancia de una información adecuada para los inversionistas. Los países latinoamericanos tienen necesitan financiar inversiones significativas, gran parte de lo cual conseguirán en los mercados de capitales. Una mejor información financiera facilita este proceso. Con respecto a la regulación, son asuntos de la mayor importancia el cumplimiento de los estándares de auditoría y contabilidad y la planeación apropiada de la adopción de las normas internacionales de información financiera, todo lo cual promoverá una integración saludable de los países de América Latina, basada en beneficios mutuos. En Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe se analizan estos temas, y otros más, en forma clara y ambiciosa, con un enfoque regional.

—Guillermo Larraín Superintendente de Valores y Seguros de Chile Presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, Madrid.

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