Mapa de riesgos para periodistas

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS �

MAPA DE RIESGOS

PARA PERIODISTAS

BRASIL - COLOMBIA - MEXICO

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© Inter American Press Association. All Rights Reserved

Créditos Director del proyecto

RicardoTrotti

Autores/Investigadores: ClarinhaGlock,Brasil

DianaCalderón,Colombia

IdaliaGómez,México

Editor Periodístico: MauricioMontaldo

Producción: HoracioRuiz

Asistente Editorial: MelbaJiménez

Ilustraciones: RamónFontanais(Portada)

HaikKhatchirian(MapadeBrasil)

AndrésCarrasco(MapadeColombia)

HumbertoDijard(MapadeMéxico)

Impreso en: ColonialPressInternational,Inc

3690NW50Street

Miami,Florida33142

En agradecimiento a

por su siempre generoso apoyo a la realización y continuación del proyecto

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS �

Presidente HonorarioScott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, Indiana, Estados UnidosPresidentaDiana Daniels, The Washington Post Company, Washington D.C., Estados Unidos 1er VicepresidenteRafael Molina, El Nacional, Santo Domingo, República Dominicana 2do VicepresidenteEarl Maucker, Sun-Sentinel, Fort Lauderdale, Florida, Estados UnidosTesorero William E. Casey, Dow Jones & Co., New York, New York, Estados UnidosSecretarioJuan Luis Correa, La Prensa, Ciudad de Panamá, PanamáDirector Ejecutivo Julio E. Muñoz, SIP, Miami, Florida, Estados Unidos

Comisión Libertad de Prensa e Información

Presidente Honorario Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, UruguayPresidenteGonzalo Marroquín, Prensa Libre, Ciudad de Guatemala, GuatemalaVicepresidentes:André Jungblut, Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, BrasilAndrés Mata Osorio, El Universal, Caracas, VenezuelaAldo Zuccolillo, Diario ABC Color, Asunción, ParaguayLuis Alberto Ferré, El Nuevo Día, San Juan, Puerto Rico

Autoridades de la SIP

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Comisión Contra la Impunidad:

Presidente Honorario Raúl Kraiselburd, El Día, La Plata, ArgentinaPresidente Enrique Santos Calderón, El Tiempo, Bogotá, ColombiaVicepresidentes:Juan Fernando Healy, El Imparcial, Hermosillo, Sonora, México Roberto Rock, El Universal, México DF, México M i e m b r o s: Fabricio Altamirano, El Diario de Hoy, San Salvador, El SalvadorAlejandro Domínguez, Diario La Nación, Asunción, Paraguay Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, VenezuelaLouis M. “Skip” Perez, The Ledger, Lakeland, Florida, USACarlos Schaerer, El Mercurio, Santiago, Chile Clemente Vivanco Salvador, Diario La Hora, Quito, EcuadorJohn Yearwood, The Miami Herald, Miami, Florida, USAEnrique Zileri, Revista Caretas, Lima, Perú

Autoridades de la SIP (Continuación)

Presentaciones.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11

i) Diana Daniels 13

ii) Gonzalo Marroquín 15

iii) Enrique Santos 17

iv) Julio Muñoz 19

Prólogo... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21

México.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29

Introducción y Mapa 33

i) Guerra Conocida, Baja California y Alrededores 35

ii) Poder Político y Narcotráfico, Suma de Fuerzas 65

iii) El Sureste, Pasajes de Miedo 79

Colombia... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 101


i) Región Norte 111

ii) Región Andina o Central 119

iii) Región Pacífica 129

iv) Región de la Orinoquia 135

v) Región de la Amazonía 139

Brasil.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 145


i) Región Norte 159

ii) Región Nordeste 167

iii) Región Centro Oeste 173

iv) Región Sur 177

v) Región Sureste 181

Índice

10 MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS 11

Presentaciones

A.Salvo.en.Misiones.de.Riesgo.Guía.Práctica.para.Periodistas...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 195

Documentos.Esenciales.contra.la.Impunidad.Promovidos.por.la.SIP... .. .. .. .. .. .. .. 199

i) Conferencia Hemisférica Crímenes sin Castigo 201

ii) Resolución Adoptada por la UNESCO 209

iii) Resolución de la OEA 213

iv) Declaración de Hermosillo 217

v) Declaración de Pucallpa 221

vi) Conclusiones de Nuevo Laredo 225

Índice (Continuación)

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Nuestro propósito

La publicación de este Mapa de Riesgos para Periodistas tiene dos propósitos fundamentales: Primero, el de documentar

la violencia contra los periodistas y sus agentes generadores y cómo ésta influye en su labor cotidiana. Segundo, el de alertar y educar a los periodistas locales y corresponsales extranjeros sobre los peligros que conlleva la cobertura noticiosa con el ánimo de que se adopten medidas preventivas para eliminar o, al menos, para disminuir esos riesgos. La prevención es fundamental. Ningún periodista debe arriesgar su vida para avanzar en la difusión de una noticia.

Este es el cuarto libro que publicamos en la SIP en el marco del Proyecto Contra la Impunidad con la cooperación de la Fundación James L. y John S. Knight. Los anteriores se referían a procedimientos investigativos ineficaces o a la ausencia de investigaciones de cientos de asesinatos contra periodistas no esclarecidos, lo que nos condujo a abogar cambios legales y jurídicos a través de organismos intergubernamentales y gobiernos para combatir esa impunidad.

La violencia contra los periodistas en América Latina no mermó en los últimos años, aunque cambiaron sus agentes generadores y las zonas donde se produce. Ya en 1984 la SIP había publicado un folleto “Surviving Dangerous Assignments”,--Sobreviviendo Coberturas Peligrosas-- para dar respuesta a la violencia que se desprendía de los conflictos políticos en varios países centroamericanos y de los incipientes procesos democráticos en Sudamérica. Calmado ese período de inestabilidad, actualmente la mayor fuente generadora de violencia es el crimen organizado y la corrupción en varios niveles de los gobiernos.

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Las estadísticas de asesinatos contra periodistas en años recientes demuestran que hay ciertas “áreas de nadie”, con escasa aplicación de la ley y administración de justicia, donde se coarta severamente la labor diaria de los periodistas, como en la frontera norte de México con Estados Unidos, la de entre Brasil y Paraguay y los territorios dominados por la guerrilla y por los paramilitares en Colombia.

Nos motiva no solo diagnosticar y prevenir, sino también hacer un llamado a la comunidad internacional para la creación e implementación de instrumentos que permitan combatir la impunidad y la violencia contra los periodistas. Más allá de la protección de un periodista o de una persona para que pueda ejercer su libertad de expresión, defendemos y promovemos el derecho del público a recibir información sin cortapisas. q

Diana DanielsPresidenta (2005 – 2006)Vicepresidenta, consejera general y secretaria The Washington Post CompanyWashington, DC

Cero tolerancia

Eltrabajo de la Sociedad Interamericana de Prensa y de otras organizaciones afines demuestra que la defensa de la libertad de

prensa y la libertad de expresión es un proceso continuo, necesario y que demanda un gran esfuerzo.

Las amenazas son innumerables y tienen un origen tan variado como creativo. En ningún país se respeta plenamente la libertad de prensa o existe una tolerancia ilimitada con los medios de comunicación y los periodistas. Presiones políticas, sanciones económicas, artilugios legales, represalias jurídicas y, entre otras, amenazas carcelarias son sólo algunas de las formas en que se busca callar o, al menos, manipular los mensajes.

Pero todo esto es tolerable.

Lo que sí no es tolerable y para lo que la SIP tiene “cero tolerancia” es que se busque la eliminación del mensajero como para la consecuente tergiversación del mensaje.

La violencia contra los periodistas es la mayor agresión contra la libertad de prensa, pero no tan solo por la agresión misma sino porque el violento sabe que su acción puede tener un efecto multiplicador entre otros periodistas y medios de comunicación. Lo que hace este Mapa de Riesgos para Periodistas, a través de cientos de entrevistas a reporteros, editores y directores de medios, es desnudar la mayor consecuencia que produce la violencia: la autocensura.

Este problema exige un mayor esfuerzo de las autoridades de gobierno y de la Justicia para alcanzar a los responsables.

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Derrotar la impunidad, castigar a los culpables, es justamente romper ese círculo vicioso de donde se nutre la violencia.

Pero es cierto también que la muerte del periodista no sólo es provocada en represalia por lo que ha opinado, criticado o denunciado. En ocasiones, los reporteros -- y sus editores -- suelen conducirse en forma negligente, sin cuidados y sin tomar las medidas de seguridad necesarias para hacer un trabajo con menores riesgos, pero todavía de buena calidad.

Este Mapa de Riesgos para Periodistas muestra las falencias externas e internas de la profesión. Y justifica plenamente los esfuerzos y el liderazgo que la SIP está haciendo en materia de defensa de la profesión a través de abogar por los derechos y garantías de los periodistas, su entrenamiento y la educación pública. q

Gonzalo MarroquínPresidenteComisión de Libertad de Prensa e Información Director Prensa Libre Ciudad de Guatemala, Guatemala

¿Hacia dónde vamos?

La publicación de este Mapa de Riesgos para Periodistas es otro paso significativo de nuestro Proyecto Contra la Impunidad

y el comienzo de una nueva etapa que nos exige redoblar esfuerzos y eficiencia.

En 1995 iniciamos el proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas con la investigación de seis asesinatos. Era la a primera vez que se hacía un estudio a profundidad sobre las causas y consecuencias de la impunidad y parecía una aventura titánica y tal vez utópica. Pero desde entonces -- y tras unos 60 casos investigados -- hemos aprendido, evolucionado y perfeccionado nuestra lucha contra el aberrante fenómeno de los asesinatos impunes de periodistas en el Hemisferio. Y hemos potenciado nuestro trabajo a través de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha exigido a los estados americanos atender los reclamos.

Nuestra labor sirvió para que en algunos países se reabrieran casos que estaban a punto de prescribir, así como para la creación de fiscalías especiales para atender los crímenes contra periodistas. También, para reformas legales para el aumento de penas a los agresores, cambios de jurisdicción de algunos casos y para que los familiares de las víctimas sean recompensadas moral y económicamente. Ayudamos a organismos intergubernamentales como la UNESCO y la OEA a crear instrumentos contra la impunidad y fortalecimos lazos de periodistas y editores mexicanos y peruanos, quienes se comprometieron a combatir unidos la impunidad.

En estos últimos años, hombro a hombro con la Fundación John


S. y James L. Knight, asumimos otra tarea grande e importante: a las investigaciones y al entrenamiento de periodistas, le hemos sumado una campaña pública de educación que involucre a todos los ciudadanos a sumarse a los reclamos ante los gobiernos. Porque, como bien lo dijo la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en una de nuestras reuniones, “la lucha contra la impunidad es responsabilidad de todos”.

¿Hacia dónde vamos?

No podemos abandonar ningún frente de lucha. Investigaciones, ante los poderes judiciales, proactividad ante organismos inter y gubernamentales, entrenamiento para periodistas, campañas masivas de educación y, además, presión constante ante los poderes judiciales. Hemos aprendido que en esta tarea es necesario involucrar a legisladores, jueces, magistrados, abogados, fiscales y procuradores. Porque hoy no tenemos duda de que para combatir la impunidad el mejor antídoto disponible es contar con una administración de Justicia eficaz y pronta. q

Enrique Santos CalderónPresidente de la Comisión Contra la Impunidad Director El TiempoBogotá, Colombia

Constanteapoyo

Un factor determinante para el éxito del Programa de Libertad de Prensa y, en particular, su Proyecto Contra la Impunidad,

lo representa el apoyo generoso e irrestricto que desde 1992 ofrece sin pausa a la SIP, la Fundación John S. y James L. Knight.

Esta Fundación siempre ha estado nutrida de grandes visionarios y periodistas que han abrazado la lucha por la libertad de prensa y contra la impunidad. Empezando por Lee Hills y continuando por los presidentes de la Fundación, Creed C. Black, Hodding Carter III y, particularmente en esta nueva etapa, Alberto Ibargüen, quienes han compartido su visión y liderazgo acompañando a la SIP en su batalla por la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el Hemisferio Occidental. También es relevante mencionar el compromiso de los directores del Programa de Periodismo, como Del Brinkman y Eric Newton.

Parte central de este proyecto es la complementación con los principios de la SIP, en los cuales se enfocan sus servicios. Ese apoyo se materializó, desde finales de 1992 hasta febrero de 2006, con un aporte de U$S 4.941.155. Sumado al extraordinario soporte de la Fundación Knight, debe destacarse que ningún programa de nuestra organización y mucho menos los de Libertad de Prensa y el Proyecto Contra la Impunidad, habrían tenido la relevancia de la que hoy gozan si no fuera por el apoyo y compromiso de cada uno de los socios de la SIP. Debe destacarse además que la iniciativa empezó en la SIP para luego expandirse por prácticamente todas las organizaciones de prensa del mundo.

El aporte de los miembros de la organización, mediante la representación de la SIP en foros, conferencias y misiones de delegaciones internacionales

20 MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

Prólogo

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varias veces al año, alcanza a un total aproximado de U$S 3.000.000. A ello, debemos sumarle, U$S 3.425.314 anuales que en los últimos tres años más de 330 publicaciones de la SIP aportan en espacio gratuito todos los meses para la campaña publicitaria “Acabemos con la Impunidad”.

Todos estos esfuerzos generosos y mancomunados permiten nutrir y trazar las estrategias de trabajo necesarios para mantener viva la misión de la SIP. q

Julio E. Muñoz, Ph.DDirector Ejecutivo


La violencia silenciosa

La profesión de periodista en las Américas es de alto riesgo.

Suele ocurrir que en cualquiera actividad de la SIP, los reporteros me exigen

las cifras de asesinatos contra sus colegas para dar validez y rigurosidad a la frase anterior.

Al brindar la cifra de 290 periodistas asesinados en las Américas en los últimos 17 años y de hacer disquisiciones sobre qué país lleva la delantera o qué decenio fue más peligroso, me pregunto si es apropiada como para demostrar la peligrosidad de la profesión.

La cifra es tan mentirosa como el témpano que esconde su gran masa debajo de la superficie, porque solo muestra esa violencia palpable, tangible. Pero hay otro tipo de violencia, igual de perversa, más solapada, rastrera.

Es esa violencia sutil – incluso creativa – de amenazas, enmascarada detrás de una llamada anónima, del envío mórbido de una corona de flores a una sala de redacción, de la inclusión del apellido del reportero a una “lista negra” de nombres para ser ajusticiados o de declararlo como “objetivo militar”.

En ocasiones también se trata de formas no tan sutiles, sino arrogantes y estentóreas, corporizadas a través de un empujón en plena calle o en la simple advertencia con el índice levantado y provocador: “Si denuncias o publicas… sabemos a qué escuela van tus hijos”.

Es un tipo de violencia silenciosa, tan o más efectiva que las muertes de los periodistas. Difícil de cuantificar porque incluso se denuncia poco o sobrepasa la capacidad de las organizaciones para abrigarlas a todas. Algunos periodistas no las toman ya en cuenta porque se han acostumbrado a vivir con ellas, otros no las denuncian porque terminan siendo víctimas y algunos no encuentran el eco necesario. Callan sobre sus amenazas y, peor aún, callan sus voces.

El drenaje es incontenible. Muchos amenazados de muerte y temerosos emigran a otros países en busca de refugio y otros, frustrados y con sus sueños truncados, emigran a profesiones más seguras.

De una u otra forma, esa violencia es una especie de germen que carcome los cimientos de un medio y su redacción, debilita la autoestima profesional y motiva reacciones intestinas en las que prima el mecanismo de la autoprotección, provocando otro tipo de violencia, más profunda, social, que afecta en forma directa el flujo informativo: la autocensura.

Esta autocensura fue la confesión que muchos medios y periodistas hicieron en la ciudad de Nuevo Laredo, México, en un seminario que la SIP organizó a finales de enero del 2006 para analizar estrategias sobre cómo hacer frente a la violencia que origina el narcotráfico. En la frontera norte de México con Estados Unidos, donde el crimen organizado ha penetrado y se ha apoderado de innumerables actividades, incluso de las instituciones del Estado y del propio periodismo, todos se sienten indefensos y desamparados. El temor es mayúsculo y sobrevivir implica no investigar, no denunciar, ni siquiera publicar.

¿Qué hacer? ¿Enfrentar al narcotráfico? ¿Pero cómo? ¿Para qué? “Miren lo que le pasó a El Espectador de Colombia”, se justificó un panelista y todos recordaron como el narcotráfico había acabado por desmoronar a uno de los medios más gallardos del mundo en su lucha contra Pablo Escobar y sus secuaces. Fue una lucha despareja, la fuerza de la pluma versus las pistolas y las bombas. El resultado fue catastrófico para el medio. Su director, varios periodistas, gerentes y distribuidores fueron asesinados, el edificio del periódico fue completamente destruido y su vida empresaria se fue apagando.

El camino de El Espectador fue seguido por otros medios. Después de muchísimos atentados dinamiteros, cientos de antenas de radio y televisión derrumbadas y más de cien asesinatos contra periodistas, cientos de exiliados y miles de amenazados, muchos medios y periodistas colombianos optaron por el silencio.

Jesús Blancornelas, el director del semanario Zeta de Tijuana, quien sufrió un atentado en 1999 además de que sus principales editores fueron asesinados – Héctor Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco – dijo que en las primeras semanas del 2006 seis periódicos mexicanos habían decidido no publicar nada más sobre el narcotráfico. “No puedo mencionar a los diarios y menos nombres de editores. Les comprometería más y tal vez hasta fatalmente”.

Los periodistas no sólo se autocensuran cuando tienen que difundir


información, sino también cuando tienen que denunciar sobre las amenazas de las que son víctimas. Este fue quizás el aspecto más sorpresivo durante la realización de este libro. En un amplio porcentaje de las casi 400 entrevistas realizadas entre periodistas, los entrevistados prefirieron permanecer en el anonimato por el miedo confeso a sufrir represalias.

Buscando respuestas

La SIP decidió confeccionar un Mapa de Riesgos para Periodistas que recogiera los inconvenientes más comunes que enfrentan los periodistas en las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo en América Latina, buscando respuestas al problema de cómo afecta la violencia el ejercicio periodístico.

Entre otros objetivos, la intención es que el presente trabajo permita a la SIP y a los periodistas trazar estrategias de trabajo sobre cómo lidiar con la violencia, con la impunidad y para ejercer presión sobre los Estados nacionales para que desarrollen políticas que garanticen la libertad de prensa y el ejercicio profesional.

Fue por eso, que desde finales del 2004 y durante el 2005, la SIP encargó este trabajo a los integrantes de su Unidad de Repuesta Rápida (URR) para que viajaran a lugares -- algunos muy recónditos -- en los que ejercer el periodismo es muy peligroso y donde los violentos se nutren de tanta impunidad: áreas de Brasil, Colombia y México.

En ese período, los periodistas integrantes de la URR, María Idalia Gómez, radicada en México; Diana Calderón, en Colombia; Clarinha Glock, en Brasil; y Jorge Elías, en Argentina, realizaron unas 400 entrevistas a periodistas, fotógrafos, editores, directores de medios, además de autoridades de los tres poderes del Estado. Para ello, visitaron 73 ciudades en 48 estados, provincias o departamentos en los tres países mencionados. Otra importante parte de esta obra fue la labor de Jorge Elías que se enfocó en áreas con dificultades para el ejercicio del periodismo, el cual se incluirá solo en la versión electrónica del Mapa de Riesgos para Periodistas.

Además del trabajo para el presente libro, desde que fue creada en el 2000, la URR tiene como responsabilidad primordial realizar investigaciones de crímenes contra periodistas para identificar si fueron cometidos por razones profesionales así como averiguar sobre los casos de asesinatos que permanecen en la impunidad. Hasta el momento, la URR investigó 57 casos.

Clarinha Glock visitó 32 ciudades: Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Londrina,

São Paulo, São Bernardo do Campo, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonzalo, Vitória, Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Campo Grande; Ponta Porã, Salvador, Itabuna, Eunápolis, Santana do Ipanema, Maceió, Fortaleza, Limoeiro do Norte, Recife, Timbaúba, Teresina, São Luis, Timon, Belém, Marabá, Rio Branco, Porto Velho, Manaus. Estas ciudades están ubicadas en 19 estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Halagaos, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, Acre, Rondônia y Amazonas.

María Idalia Gómez viajó a 15 ciudades en seis estados: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Acapulco, Chilpancingo, Atoyac de Álvarez; Tijuana, Mexicali, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Chihuahua y Ciudad Juárez, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Diana Calderón visitó 13 ciudades en 12 departamentos o provincias. Estas fueron: Valledupar, San Vicente del Caguán y Florencia, Cali Armenia Barranquilla, Neiva Santa Marta Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Tunja y Cúcuta, ubicadas en los departamentos de Cesar, Caquetá, Valle del Cauca, Quindío, Atlántico, Huila, Magdalena, Bolívar, Tolima, Santander, Boyacá y Norte de Santander.

Jorge Elías visitó 13 ciudades en cinco países sudamericanos. La Paz, El Alto, Catavi y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; Trelew y Mar del Plata, en Argentina; Asunción, Capiibary, Ybu Yaú y Pedro Juan Caballero en Paraguay; Santiago en Chile y Montevideo y Baltasar Brum en Uruguay.

Durante sus viajes, los periodistas de la URR experimentaron algunos de los riesgos a los que están sometidos sus colegas.

María Idalia Gómez comentó que en su viaje a Acapulco, en el estado de Guerrero -- punto de reunión para grupos políticos, económicos, sociales y hasta del crimen organizado -- detectó que estaba siendo vigilada. “Dos reporteros me dijeron que traía “cola”, como se conoce a la vigilancia; uno de ellos, a petición mía, indagó más y resultó que eran militares adscritos a la sección inteligencia. La vigilancia obedecía, argumentaron, a que creían que era extranjera y estaba investigando temas de derechos humanos. Llamé a algunas fuentes de las Fuerzas Armadas para dar cuenta de semejante equivocación y del temor que en mi despertaba. Aceptaron el error y se disculparon, me dijeron entonces que continuarían la vigilancia pero para protegerme. Yo ya no noté ese cerco de “protección”. Me dio miedo porque en Guerrero hay caciques, guerrilla y narcotráfico; pero también terribles violaciones a los derechos


humanos, cometidas principalmente por el Ejército, por eso era indispensable aclarar la situación antes de que un mal entendido provocara algo grave”.

Por su parte, Diana Calderón observó que además de las amenazas, sus entrevistados le comentaron los riegos que tienen cuando se desplazan por zonas rurales, algo que ella misma experimentó: “También viví en los departamentos de Caquetá y Magdalena una sensación de temor que lo acompaña a uno, debido a la presencia de paramilitares y guerrilleros en esas zonas y, especialmente, porque se sabe que gente del común, taxistas, tenderos, e incluso algunos entrevistados, son informantes directos de los grupos al margen de la ley”.

Jorge Elías también tuvo evidencias sobre riesgos. En el norte de Paraguay mientras investigaba sobre los crímenes de los periodistas Benito Ramón Jara y Salvador Medina Velásquez, le dijeron que no era conveniente que pasara allí la noche. “De regreso a Asunción, por un camino plagado de pozos, tuve como grata escolta una camioneta desde la cual un par de tipos de ceños fruncidos y bigotes tupidos no se apartó del coche en el que iba hasta que llegué a la ruta”.

“En más de una ocasión debí hacerme pasar por el pariente lejano o incluso el médico de alguna de las víctimas de la violencia contra periodistas, para ingresar en sitios de detención o de poder franquear custodias policiales. En otros, la tarea se tornó riesgosa por el mero hecho de ser un extraño en pueblos apartados en los cuales mi presencia despertaba sospechas”, agregó Jorge Elías.

Dentro de este clima de incertidumbre, este trabajo reveló un alto índice de indiferencia entre muchos periodistas sobre la violencia que los afecta y demostró que muchos ni siquiera pueden identificar los factores de riesgo a los que están sometidos. Algunos, incluso, no consideran al narcotráfico entre esos factores, ya que desde hace años han optado por no reportar sobre esos hechos, comprando para sí momentos de tranquilidad. Otros, reconocieron algunos riesgos, como por ejemplo constantes citatorios judiciales o presiones gubernamentales, luego de que fueron cuestionados por los entrevistadores y reflexionaron un poco más sobre el tema.

La confección de este Mapa de Riesgos para Periodistas sirvió también de caja de resonancia para periodistas que por primera vez pudieron hablar sobre sus problemas, las amenazas y los riesgos a los que se exponen.

“Muchos reporteros, después de largas conversaciones, terminaban diciéndome que tenían gran cantidad de cosas que contar y que nadie antes les había escuchado. Sus experiencias de riesgo, sus miedos cotidianos y

hasta sus condiciones laborales, tanto para enfrentar el riesgo como para su desarrollo personal, eran los temas que más querían abordar”, apuntó María Idalia Gómez.

Obligación de todos

Este Mapa de Riesgos para Periodistas sirve de diagnóstico. Demuestra ese círculo vicioso y dinámico en el que se regocijan la violencia, la impunidad y la autocensura.

Todos los sectores involucrados están obligados a buscar y aportar soluciones en torno a la seguridad de los periodistas y a la defensa de la libertad de prensa y de expresión. Nadie es ajeno.

El Estado, y sus gobiernos, son quienes deben velar por las garantías constitucionales y cerciorarse de que el imperio de la ley y la administración de la justicia impongan el orden necesario. El crimen organizado y la corrupción son fuente y caldo de cultivo de la violencia y de la intolerancia contra la prensa y los periodistas. Sin ley ni justicia, no hay estrategia válida para combatir la impunidad.

Los medios no pueden contentarse con la reacción intestina de la autocensura como medida prioritaria para lidiar con la violencia. Tienen por delante el desafío y la responsabilidad de analizar y trazar estrategias periodísticas que les permita informar con creatividad y valentía, así como disponer de la seguridad y capacitación necesaria para su personal.

Los periodistas tampoco pueden ser agentes pasivos en el proceso. Además del deber compartido en sus medios, tienen la obligación ética de diseñar sus propios planes de capacitación y de protección personal, para distinguir y sortear los peligros con mayor facilidad durante su ejercicio profesional.

En fin, es obligación de las instituciones dedicadas a la libertad de prensa mantener su vigilancia y liderazgo para garantizar el libre y seguro ejercicio del periodismo, así como motivar una conciencia social sobre la profesión como valor esencial de la libertad de expresión, la vida democrática y el bien común.

Apéndices de este libro En la lucha contra la impunidad, las ciudades de Guatemala, Hermosillo,

Margarita, Nuevo Laredo, Paris, Pucallpa y Tegucigalpa tienen algo en común. En ellas, la SIP promovió y ayudó a gestar documentos que permiten un


mejor enfoque para luchar contra la violencia que rodea a la prensa y a los periodistas.

Estos documentos que si incluyen al final de este libro, promueven

acciones que deberían adoptarse desde diferentes posiciones y perspectivas: desde gobiernos, organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, hasta asociaciones de prensa, sindicatos de periodistas, medios de comunicación y facultades de comunicación.

El primero de ellos se originó en 1997 en el seno de la SIP tras su

Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas celebrada en Guatemala.

A finales de ese mismo año, la UNESCO adoptó en su sede en París la

resolución 120 y en 1998 la preocupación por la impunidad quedó reflejada en una resolución de la Organización de Estados Americanos durante su asamblea general en la isla venezolana de Margarita. Estos documentos fueron esenciales para que la OEA decidiera la apertura de una relatoría especial sobre libertad de expresión en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que la SIP enarboló desde que fue explícita en el documento de Guatemala.

Más recientemente, en el 2005, la solidaridad y unión de los editores y

directores de medios de México y Perú, quedó reflejada en las declaraciones de Hermosillo y Pucallpa, las que enumeran planes de acción inmediata para combatir la impunidad. Así también, en enero y febrero del 2006, las conclusiones de los seminarios y conferencias en Nuevo Laredo y Tegucigalpa plantearon, además, objetivos para la protección de los periodistas y la reducción de los riesgos en las coberturas noticiosas. q

Ricardo TrottiDirector de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa

* María Idalia Gómez Silva, periodista independiente de México especializada en temas de seguridad nacional, justicia y derechos humanos. Colabora con el periódico El Universal, diversas revistas y XEW-RADIO, tanto en su país como en el extranjero. Trabajó en la Agencia Detrás de la Noticia, en Milenio Diario y Milenio Semanal y en los diarios El Independiente, El Economista, Reforma, Norte y El Universal. Estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de México. Sus relatos e historias han sido publicados en libros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En 1998 el periódico El Universal le otorgó un reconocimiento por “Desempeño destacado”. Es coautora del libro «Con la Muerte en el Bolsillo, seis desaforadas historias del narcotráfico en México», editado en 2005 en México y Argentina por Editorial Planeta. El libro mereció el primer premio Planeta de Periodismo 2005. Desde enero de 2004 es la investigadora de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

MéxicoPor María Idalia Gómez*

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS ��

Introducción

�� MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS ��

Hoy pesa sobre México una grave amenaza al ejercicio libre del periodismo. El crimen organizado, en diferentes zonas del país, se ha erigido como el censor y guardián de este oficio, siempre cuidando sus intereses.

En algunos lugares la evidencia es palpable, en otros es más difícil identificarlo porque su presencia es disfrazada. La gran mayoría de los reporteros ha optado por censurarse, no investigan y ni siquiera reportean sobre las mafias y sus tentáculos. En aquellas ciudades o regiones en donde los periodistas están enfrentando el desafío, los resultados que han obtenido son amenazas, presiones y hostigamiento, en el peor de los casos han muerto.

En el norte del país, principalmente en las ciudades que bordean las fronteras y en el sur del territorio, son comunes las amenazas, los “levantones” y asesinatos cometidos contra periodistas mexicanos. La situación no se manifiesta más grave por la autocensura que se vive en esas zonas.

“No queremos ser héroes y tampoco víctimas”, cuenta Gregorio Medina, director del diario El Debate de Mazatlán. Esa es la explicación, pues las autoridades no están haciendo su trabajo.

Convivir con el miedo y ver la muerte a diario no es fácil, como ocurre en Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa o Baja California, por ejemplo. Peor aún, denunciar la corrupción y a los traficantes no arroja saldo positivo, al contrario la suma dice “que no valió la pena”, según Jesús Blancornelas, un periodista a cuya cabeza le han puesto precio.

Este peligro que acecha permanentemente a los periodistas de las fronteras del país no tiene eco en el centro del territorio. Son pocas voces las que se solidarizan y difunden lo que ocurre, por desconfianza o desconocimiento.

La SIP efectuó un recorrido por la República Mexicana, por algunos de los estados en los que las estadísticas muestran mayores riesgos para periodistas, poniendo un énfasis en aquellos que están en las fronteras norte y sur del país, en donde los conflictos se acentúan más. Chiapas, Guerrero, Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, son algunas de esas entidades.

El Mapa de Riesgos de México, es un mosaico de historias contadas por los protagonistas que van deshilvanando la intolerancia, la impunidad, el poder político, el miedo y la resignación ante los peligros que enfrentan los periodistas en México. Aunque también muestra que en este país no se conocen a plenitud las amenazas que existen en esta profesión y que influyen en el trabajo cotidiano. No se reflexiona o discute sobre ello, por eso quizá la vulnerabilidad es mayor

La situación actual de México, en materia del ejercicio libre del periodismo y los riesgos que enfrenta y que podrían poner en peligro la vida de los reporteros, podría clasificarse así:

Zonas de Muy Alto Riesgo: Tamaulipas, Baja California y Sinaloa. Zonas de Alto Riesgo: Sonora, Chihuahua y Guerrero. Zonas de Riesgo: Veracruz, México, Nuevo León, Coahuila, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Zonas Inseguras o Difíciles: Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Campeche y Yucatán.

En el resto del país parece que los riesgos son los normales. q

IGuerra conocida,

Baja Californiay alrededores

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E ra una tarde relajada de marzo del 2000. La fiesta de cumpleaños de una reportera de La Crónica de Baja California garantizaba una velada divertida en la pequeña y calurosa ciudad de Mexicali.

Para Marco Vinicio Blanco y su compañero fotógrafo, además era una fortuna no tener que cubrir algún bombazo informativo, porque desde hacía dos años les tocaba reportear temas de seguridad pública y eso se traducía en jornadas de trabajo que podían extenderse hasta la madrugada. Algo que a un extraño le resultaría paradójico, en una ciudad tan joven (fundada en 1903), con una población que rondaba en los 764.000 habitantes y que alcanzaba los 13.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Pero así era, en Mexicali podía ocurrir una ejecución en plena calle al atardecer, un enfrentamiento a balazos entre bandas o contra policías, robos callejeros o la compraventa de droga en alguno de los 500 locales disfrazados en los que se podía encontrar cocaína, marihuana y, cada vez más, drogas sintéticas.

Por eso, como reporteros siempre había que estar cerca del teléfono y del radio que transmite incesante la frecuencia policíaca. Pero ese día de marzo, en cambio, todo parecía en calma. Transcurrieron unas horas y ya casi se habían terminado bebidas y refrescos, lo que amenazaba con concluir la fiesta. Marco Vinicio y su compañero de batallas, se ofrecieron para salir a comprar lo necesario. A unas cuadras encontraron una tienda y allí bajaron para surtir el pedido.

Fueron apenas unos minutos los que pasaron, cuando vieron dos camionetas pick- up que se estacionaron fuera del comercio. Con algo de prisa bajó un hombre serio y bien vestido, al que escoltaban otros con un aire malicioso. El hombre caminó directamente a los reporteros y se presentó como un tal Barraza.

--Supe que hubo una información equivocada hacia usted--, espetó el hombre desconocido.

Semejante personaje y afirmación tomó por sorpresa a Blanco, quien sólo respondió con un gesto interrogante.

--Sí-- añadió Barraza, --parece que el agente mal interpretó la intención del mensaje y se fue al extremo de amenazarlo... Con usted quiere platicar “El Licenciado”, para aclarar las cosas, porque no era así el asunto, era como amigos.

El asombro de los reporteros creció y poco a poco el miedo callado les fue subiendo por el cuerpo. Pronto recordaron que aquel hombre se refería al encuentro que semanas atrás habían sostenido en el hotel Lucerna, con un agente de la policía al que Blanco conocía pero que en esa ocasión cumplía el papel de mensajero:

--Me jaló “El Licenciado” y me dijo que como yo te conocía creía que era el mejor conducto para que te mandara un mensaje, que consta de dos partes: la buena y la mala. La mala es que retiras la información o te mueres o qué, ¿esto es personal? Y la buena es ¿cuánto quieres?

Ese episodio apenas había ocurrido a finales de febrero, a raíz de que el periodista investigó y publicó varias notas exclusivas sobre un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes en un poblado llamado “La Ahumadita”, a 10 kilómetros de Mexicali, en donde agentes de la policía estatal cerraron el paso y escoltaron a una clínica a Israel Coronado, uno de los heridos, a quien dejaron con dinero y se fueron.

Horas más tarde su familia lo sacó y se lo llevó a San Diego. Ese joven era sobrino de un ex comandante policial y trabajaba para Gilberto Higuera Guerrero, presunto integrante del cártel de Tijuana, aunque en ese entonces era casi un desconocido, pues no se sabía del papel tan importante que tenía dentro de la organización de los hermanos Arellano Félix. Y Blanco, sin saberlo, lo estaba descubriendo.

Al conocer el mensaje que le llevó el agente, Marco Vinicio le pidió que le diera un día para hablarlo en el periódico, pues de él no dependía la publicación o no de la información y la amenaza se extendía a los directivos y al también reportero Carlos Lima.

En la redacción de La Crónica, los directivos, el jefe de informaciones, Marco Vinicio y Carlos discutieron bastante qué hacer, para concluir que “ninguna información amerita poner en riesgo la vida”. No se publicó más sobre ese caso.

Blanco creía que con eso el asunto había quedado atrás, que ya no tendría más problemas. Pero no, esa tarde allí estaba, frente a un desconocido, al que escoltaban unos cuantos sujetos mal encarados, y que le decía que “El Licenciado” quería platicar con él.

Tratando de no evidenciar el desasosiego que le hacía palpitar el corazón a gran velocidad y pretendiendo zafarse de la mejor manera, trató de ser amable y mostrar tranquilidad:

--Sí, con mucho gusto platico con él, pero mañana.--No, ahorita. Te espero en una hora frente a la tienda Oxxo que está en avenida

Quintana Roo, concluyó el tal Barraza, sin esperar respuesta.Los hombres se marcharon. Los reporteros de La Crónica, como un acto reflejo,

miraron sus relojes. Sintieron entonces que sólo les quedaba una hora de vida. Se les ocurrió llamar por teléfono a dos de sus amigos y decirles que si en una hora no se comunicaban con ellos llamaran al periódico, a todas las corporaciones posibles e hicieran mucho escándalo. “Es lo único que te puedo decir”, les insistieron.

Se fueron a la dirección indicada por Barraza. Esperaron unos 10 minutos hasta que aparecieron las dos camionetas, a las que se habían sumado dos motocicletas. Les hicieron señas para que se integraran al grupo, el automóvil del reportero quedó justo en medio de las camionetas, flanqueado por las dos motocicletas. Cortejo digno de un funcionario. Cruzaron el centro cívico de la ciudad y llegaron hasta el estacionamiento de unos salones de billares.

El sitio tenía poca luz. Permanecían estacionados varios automóviles y a sus respectivos conductores se les veía recargados sobre el volante. Detuvieron la marcha y Barraza se bajó de su vehículo.

--Tú te vas a quedar aquí, dijo, señalando al fotógrafo, --y tú--. refiriéndose a Blanco--, te vas a subir a ese automóvil (uno que parecía Grand Marquis o Crown Victoria) del lado del conductor.

“Ya se perdió todo”, pensó Marco Vinicio, al suponer que se lo llevarían para matarlo. Aún así, siguió las indicaciones y se subió al automóvil que poca luz tenía en el interior. Sin embargo, se dio cuenta que estaba allí un hombre que, sin duda, tendría que ser el jefe.


--Soy Gilberto Higuera, se presentó éste con voz grave.--Marco Vinicio Blanco, señor Higuera, respondió.--Este bato fue a amenazarte, se adelantó Higuera, pero no, no se trata de

eso. Era nada más qué onda contigo, si tenías algo personal conmigo, si te estaban dando una lana para que me pegues o qué.

--No, es pura chamba, respondió Blanco de inmediato. La información que nos llega es la que publicamos.

--Lo que pasa es que en muchas ocasiones, relató Higuera, los enemigos nos meten en broncas que nada tenemos que ver. En el asunto (de “La Ahumadita”) yo sí le hice el paro al chavo. Me encargué de que lo trasladaran sin ningún problema, pero no tuve nada que ver en el tiroteo, ni nada de eso--.

Marco Vinicio escuchaba muy atentamente. La forma en que le hablaba Higuera, le hizo pensar que, al menos ese día, no lo matarían. Comenzó a bajar el miedo.

--Yo soy de los buenos, nosotros trabajamos con la autoridad, aseguró Higuera. Y continuó:

--Hace poco secuestraron a un cambista, ¿pues quién crees que lo rescató? Nosotros, los plebes y se lo dimos a la policía y ellos se lucieron. Somos ayudantes, yo no me meto aquí, no hago desmadre, no mato ni nada de eso, pero nada más para que me permitan hacer mi trabajo...”.

Pasaron muy rápido más o menos 45 minutos. Se despidieron con amabilidad y antes de salir del auto, Higuera le dio un número de celular:

--Cuando tengas algo que me involucre háblame, yo te digo si estuve o no; si fui te digo y si no, pues te voy a decir más o menos quién fue.

--De una vez llévate este auto, finalizó Higuera.--No, como crees. No puedo llegar con este automóvil, respondió

sobresaltado Marco Vinicio.--Entonces, toma, insistió, sacando dinero de su cartera.--Mire, si quiere ayudarme, pues hágalo con información.--Ok. No hay problema.Los periodistas se fueron del lugar y a varias cuadras de distancia se

detuvieron, respiraron profundo y comenzaron a llamar a sus dos amigos para avisarles que no hicieran nada, que “estaban bien”.

Higuera cumplió su palabra. Semanas después hizo llegar a la redacción de La Crónica, un expediente sobre el asesinato de Alfredo de la Torre, entonces director de la policía municipal, información que incluía hasta fotografías y que sólo las autoridades tenían. Una llamada telefónica siguiente le permitió entender semejante envío:

--Estamos a mano ¿no?--, escuchó el reportero del otro lado. Era “El Licenciado”.

Marco Vinicio no volvió a tener comunicación con este personaje. Cuatro años después, en agosto de 2004, confirmó que era el encargado de la plaza de Mexicali, el hombre que había terminado con los enemigos y competidores

de la zona. La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre su captura y mostró su fotografía. El reportero comprobó entonces que sí ese era el hombre con el que había conversado.

Señales de cambio

En Mexicali, como en toda la frontera norte de México, el miedo cambia la forma de reportear, impone una línea que marca el límite y define cuál es el camino que se quiere seguir. El sendero elegido ha sido, en su mayoría, la autocensura.

Existe un hilo que entreteje a los estados mexicanos en los que el periodismo es sinónimo de riesgo. Esa hebra es el crimen organizado. En cada lugar ese monstruo acecha, controla o ataca de diferente forma, con sus matices y límites; con sus propios códigos y riesgos; ante distintos contextos y realidades que les hace únicos, pues hay lugares en los que se conjuga el cacicazgo, se enfatiza más la corrupción, las bandas organizadas son más virulentas o la estructura social es apática y hasta intolerante.

En todos los casos, el riesgo que enfrenta un periodista es más grave si la capacidad de aplicar la ley es poca o nula, por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo: los gobiernos municipales, estatales y el federal.

Hasta ahora, ninguno de los homicidios, atentados o amenazas sufridas por periodistas en el territorio mexicano han sido investigados a fondo o todos los involucrados sentenciados. El resultado contra los medios de comunicación y su equipo de trabajo ha sido callado, progresivo y contundente: amenazas, atentados y asesinatos.

Oasis y tempestad

Vivir en Baja California es vivir en los extremos, compartiendo frontera con el país más poderoso. Transitan esa línea alrededor de 180.000 personas al día. Es vivir compartiendo con un millón de personas que van de paso tras pretender llegar a Estados Unidos. Cientos de cruces están pegadas a la barda fronteriza, revelando la alta cifra de muertos entre las personas que intentaron trabajar como “mojados”. Ahí están al alcance de la mano la majestuosidad del desierto, las dunas y los bosques.

Este es uno de los estados más jóvenes de México, creado en los años 50 por decreto presidencial y con una población que no alcanza a los tres millones de habitantes. Son cinco sus municipios: Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. Los tres primeros se estrellan con la frontera de Estados Unidos a lo largo de 250 kilómetros.

Esta vecindad es una suma de pérdidas y ganancias. A favor está el ser un paso

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comercial obligado; tener 900 maquiladoras que permiten sobrevivir a más de 200.000 personas; exportación de gran parte de la producción interna; registrar uno de los índices más bajo de desempleo del país. Entre los costos, la lista es grave, por citar algunos: el 12 por ciento de la población es adicta a alguna droga; el territorio es utilizado para el trasiego de enervantes; los niveles de violencia e inseguridad siguen creciendo a tal punto que se registra el más alto número de delitos denunciados en México: casi 115.000.

Es Baja California tierra de paso, de búsqueda de oportunidades y de violencia social. Es un oasis y es la tempestad.

Por una década fue territorio liberado para los hermanos Arellano Félix, considerados los jefes de cártel de Tijuana y que eran capaces de vender una tonelada de cocaína en California, Estados Unidos. Corrompieron autoridades y mantuvieron a la región bajo la tiranía del terror, de la pistola y la metralleta. Pese a la muerte de Ramón y a la captura de su hermano Benjamín, la situación está empeorando.

Trabajar en Mexicali

Mexicali se siente una ciudad pequeña, de calles anchas y de poco tránsito, de un color chocolate por su tierra oscura. Llegar allá es estar en el valle más profundo, por debajo del nivel del mar, y en un oasis después del desierto que se debe cruzar para llegar.

Hace 10 años era tranquila, si se le compara sobre todo con una ciudad como Tijuana, que desde entonces se convulsiona entre la violencia y la corrupción. Los informes de la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que los narcotraficantes decidieron que allí vivirían sus familias; pero a mediados de los años 90 comenzaron a mudarse a Ensenada. Entonces Mexicali perdió el beneficio de esa protección y creció su papel como lugar de paso para la droga.

La ciudad, que se recorre en 20 minutos de extremo a extremo, se ha ido transformando y descomponiendo. En el año 2003 ocurrieron alrededor de 50 ejecuciones atribuidas al narcotráfico; al año siguiente superaron las 70 y hasta junio de 2005 ya se contaban 30.

Es sin duda el narcotráfico el principal riesgo que enfrentan los periodistas en Mexicali. La corrupción y la impunidad agudizan el peligro.

Marco Vinicio Blanco, ahora reportero del diario El Mexicano, lo sabe y por eso desde que fue amenazado cambió su visión del periodismo.

--Siempre te queda algo, reflexiona.-- Nunca se me olvidará ese sentimiento de estar tan cerca de la muerte. Todavía salgo de la oficina y me voy por caminos diferentes todos los días, siempre mirando para atrás y pensando que pudiera haber alguien esperándome.

Blanco es de estatura mediana, de ojos chicos y un poco rasgados, sencillo y risueño al hablar. Con 10 años de experiencia profesional a cuestas, reconoce que esto lo ha hecho reflexionar, madurar y aprender mucho. Ahora prefiere cubrir

asuntos de la ciudad y sólo brinda apoyo a colegas con los temas de seguridad pública.

--Aprendí a pensar dos veces antes de resolver cómo abordar la nota a publicar y detectar signos que pudieran poner en peligro la vida. Aprendí a tratar los temas con mayor contundencia, a buscar sustento en la información. También aprendí a que debía tener mucha comunicación con los colegas para captar lo que está sucediendo en el estado o en la ciudad y para cuando se necesite tomar el riesgo juntos, detalla Blanco.

Desde que él y Carlos Lima fueron amenazados, han transcurrido cinco años y muchos riesgos también se han acumulado. Lo más grave que ha ocurrido, coinciden, es que se han roto los códigos que antes los narcotraficantes respetaban. Ahora todo puede pasar, aunque un periodista siga las reglas que antes todos acataban: no publicar asuntos personales o familiares de los narcotraficantes, escribir la verdad y no golpear a un solo grupo.

Antes no se vivía con miedo en Mexicali, y las amenazas que se recibían eran más fácil enfrentarlas. Por ejemplo, cuenta Lima, en marzo del 2000, cinco policías federales perseguían a un hombre que por accidente los había obstaculizado con su automóvil. Al saberse perseguida, esta persona por seguridad se dirigió a las instalaciones de la policía ministerial, pero hasta allí llegaron los federales, lo bajaron del vehículo y lo encañonaron. Unos 30 agentes ministeriales corrieron para saber qué ocurría y rodearon a los federales. Se encañonaron unos y otros, y estaban por enfrentarse cuando llegaron sus superiores y desactivaron todo.

Esa escena fue registrada por el reportero de La Crónica, hasta cuando los policías federales se dieron cuenta que los fotografiaban.

--Por tomar la foto y reportear, por cumplir con nuestro trabajo, comenzaron a decirnos: ‘las van a pagar, los vamos a matar’. Esa amenaza fue para Alberto de la Olla y para mí. Se publicó en el periódico lo ocurrido, la PGR abrió una averiguación previa y prestamos declaraciones. Nunca pasó nada.

--Ahora las amenazas por simples que parezcan se toman con más cuidado, considerando que ese tipo de delincuencia se ha hecho más salvaje, considera Lima. --Y la autoridad no investiga. Una amenaza inhibe el trabajo cotidiano.

Lima es editor de la sección Mexicali de La Crónica. Es un hombre de pocas palabras y de sonrisa fácil. Lleva 16 años ejerciendo el periodismo, lo han amenazado varias veces y ha sido testigo del deterioro de la ciudad, de su estado y de la transformación del oficio.

--En Mexicali, asegura Lima, ya se perdió la capacidad de asombro. Hace 10 años una ejecución aparecía como información a ocho columnas. En 2004 hubo más de 70 asesinatos de esos. Por lo menos la mitad estaban vinculados al narcotráfico. Antes las ejecuciones eran fuera de la ciudad, en el valle de Mexicali aparecía un cuerpo en un camino o un canal. Ahora, en una semana ha habido ocho ejecuciones y, en algunos casos, han dejado los cadáveres a unas cuadras del cuartel policial o de otras oficinas públicas. Y ya hay levantones a medio día.

--Lo grave, añade, es que las autoridades justifican las ejecuciones con la versión


de que se están matando entre los narcos. No los investigan por complicidad, miedo o incapacidad.

Según Lima, a los ciudadanos les parece algo común el que en las afueras de la ciudad bajen avionetas cargadas de droga, el que existan pequeñas tiendas para la venta de cocaína y marihuana, y encontrar “picaderos” en donde los compradores se inyectan heroína o fuman cristal. La policía sabe todo eso y no puede erradicarlo. Las personas prefieren callarse.

Es verdad que en Mexicali como en Tijuana se hace difícil confiar en la policía y en general en las autoridades. Han sido muchos los casos en los que servidores públicos son acusados penalmente por sus vínculos con el crimen organizado y otros más que han sido asesinados por no cumplir con sus pactos.

--El narcotráfico es un riesgo recurrente para el periodismo porque está creciendo de manera incontrolable y en los cuerpos policiales está metido hasta la cocina, enfatiza Lima.

Mensaje en llamas

Un pequeño estallido precedió a la llamarada que abrazó gran parte del interior del automóvil que, a la una y cuarenta de la madrugada, estaba estacionado afuera de la casa del reportero Héctor Galván.

Unos policías que patrullaban la zona y un taxista que buscaba pasajeros pasaban frente al automóvil cuando vieron el fuego. Se bajaron para sofocar las llamas y despertar al dueño de casa, quien nada había escuchado.

Era marzo de 2004 y meses antes Galván había recibido amenazas por su trabajo sacando fotos y escribiendo en un diario de Mexicali, pero desconocía los motivos. Cubría desde hace más de 20 años la fuente policíaca y nunca antes le había pasado algo igual.

Pese a que presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, nunca supo quién fue o porqué el asunto quedó en el misterio. La única certeza que tuvo es que querían hacerle llegar el mensaje de lo vulnerable que era él y su familia.

Tuvo más cuidado, pero dice que no ha cambiado su forma de trabajar. “Uno tiene miedo pero no dejo que me gobierne, sólo lo utilizo como una protección”, sostiene Héctor Galván.

Los polleros

Estas historias conforman apenas unas viñetas del periodismo en Mexicali, en donde los salarios para los reporteros de medios impresos transitan desde los 3.500 hasta los 12.000 pesos mensuales (aproximadamente 350 a 1.200 dólares); en una ciudad en donde para vivir bien se requieren por lo menos unos 10.000 pesos cada mes.

En la escena de riesgos se asoma otro personaje que representa un peligro: los traficantes de personas llamados “polleros”. Son capaces, cuenta Luis Arellano

Sarmiento --corresponsal del semanario Zeta en Mexicali--, de perseguir a fotógrafos y camarógrafos para quitarles su equipo y amenazarlos de muerte.

--Los que se dedican al tráfico de personas han adquirido mucho poder económico y por lo general no tienen mucha educación y no saben qué hacer con ese dinero, agrega Marco Vinicio Blanco.

Y un último riesgo, al menos así lo catalogan los reporteros en Mexicali, son los citatorios de las autoridades. Bajo otro escenario podría no ser una amenaza, pero si la corrupción es tan alta y los agentes tratan de suplir sus deficiencias con el trabajo periodístico, entonces sí se transforma en un peligro.

En el caso de José Manuel Yepiz, reportero de La Crónica, ha recibido unos 10 citatorios en cuatro años, por investigaciones estatales y federales. El asistir, comenta, te desanima en el trabajo y se pierde mucho tiempo, es una forma de presión “no te avisan porqué vas y no sabes con quién vas a declarar, la desconfianza ante todo, no sabes con quién vas o cómo está la corrupción”.

Extraña que en una ciudad donde la violencia se apodera de las calles y las amenazas son graves, hasta ahora ningún periodista hubiese sido asesinado. En cualquier momento puede ocurrir, sin duda, como ha sucedido en dos ciudades vecinas, apenas a dos horas de distancia de Mexicali: Tijuana y San Luis Río Colorado (Sonora), donde el narcotráfico ha sido capaz de apretar el gatillo.

Una de las explicaciones es que los reporteros y los medios de comunicación se han fijado límites al momento de informar sobre el narcotráfico. Se investiga poco sobre los poderes locales de estos grupos y, cuando se hace, se omite el nombre del o los reporteros. Aquellos medios informativos que se arriesgan a publicar investigaciones, manejan los reportajes con cuidado.

--No están dadas las condiciones en Baja California para meterse en la investigación de estos casos--, asegura Yepiz. --La carga del trabajo cotidiano, el que a las empresas tampoco les interese arriesgar a su personal y que el propio reportero prefiere no hacer nada ante el riesgo que corre, provoca que no se investigue, salvo en muy pocos casos.

Esquivando la muerte

Eran varias semanas ya en las que había tenido que soportar el que a las afueras de su casa le dejasen animales muertos a balazos. Benjamín Flores se lo había contado a su amigo Sergio Haro, quien estaba preocupado por él, porque en San Luis Río Colorado hablar de plomo, muerte, sangre y drogas, de corrupción y de polleros, es hablar de algo demasiado frecuente. Pero publicarlo y denunciarlo, eso raya en el suicidio. Lo hacía el diario La Prensa por más de cinco años, desde cuando Flores lo fundó.

--¿Y no te da miedo que te maten?, le preguntó Haro a Flores, en una ocasión que hablaban por teléfono.

--Pues sí, pero qué le voy a hacer, respondió hasta con cierto desenfado el periodista, quizá porque no era la primera amenaza que padecía, sumaba varias ya; lo mismo que demandas por difamación y hasta sedición.


Días más tarde, el 15 de julio de 1997, Flores, de apenas 29 años de edad, era asesinado cuando llegaba a su periódico. En pleno día, en presencia de sus compañeros, le dispararon una ráfaga de metralleta Ak-47 y lo remataron con tres balazos de una pistola calibre 22.

Era imposible que Flores dejase de hablar de narcotraficantes y de corrupción en un lugar como San Luis Río Colorado, un corredor estratégico para los narcotraficantes que recogen la droga en el Golfo de California, o en algún punto cercano en tierra y la pretenden llevar al estado de Arizona o California, en Estados Unidos. Hay poca vigilancia de ambos lados de la frontera y muchos de los policías mexicanos complementan su magro salario con sobornos.

Es una ciudad pequeña (8.412 km2) atrapada por el desierto de Altar, la zona más árida de México. Apenas supera los 145.000 habitantes que sobreviven entre el comercio, la industria, la pesca, la agricultura y la ganadería. En el mapa aparece en un rincón de Sonora, el lugar más alejado de Hermosillo, la capital del estado, a ocho horas por carretera. Por eso los pobladores se sienten más cerca de Mexicali, aunque nunca bajacalifornianos. Cada día se reportan cinco robos a casas particulares, que es el delito más común, lo mismo que la detención de indocumentados que se esfuerzan por cruzar a Estados Unidos.

Hay mucha tierra en sus calles, la mayoría no están pavimentadas. Es un lugar sencillo, pero también de extraños contrastes. De la nada, entre casas modestas y calles polvorientas, se han construido enormes mansiones, varias de ellas con alberca, salones de juego y adornos caros, en donde estacionan camionetas último modelo. Sobresale la gran cantidad de casas de cambio siempre abiertas, como si la economía de la ciudad fuera boyante, aunque en realidad apenas es suficiente.

Uno de los negocios que más ha prosperado ha sido el de los llamados “picaderos”, en donde se vende y consume droga. Sólo en San Luis Río Colorado se calcula en 5.000 los adictos, además de aquellos extranjeros que cruzan la frontera para comprar sus dosis más baratas en las llamadas tienditas.

Los pobladores saben lo que ocurre, quién es narcotraficante y quién no lo es, o si algún funcionario se robó parte del presupuesto. Al fin y al cabo, el lugar sigue teniendo ese aire de pueblo, en donde todos se conocen, saben de sus historias y en donde huelen a los extraños. Pero los sanluisinos prefieren no denunciar, porque no confían en sus autoridades, razón por la que desde hace 13 años La Prensa juega el papel de confidente.

Benjamín Flores tenía 24 años de edad cuando fundó el periódico. Vivió de prisa, la pasividad lo irritaba. Fue reportero un tiempo y después secretario particular del gobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Regresó a su ciudad natal para fundar el diario que debería ser crítico. Bajo el cabezal, apostó: “Sin ataduras, como el pensamiento”.

Una casa de dos plantas que siempre ha dado la impresión de una oficina improvisada o en plena mudanza, constituye desde entonces la sede de La Prensa. En sus páginas se escribe sobre fraudes, lugares de venta de droga, excesos del ejército, abusos o actos de corrupción de las corporaciones policíacas.

La columna de Flores, agresiva y de denuncia, se llamaba “No confirmado”. Tenía fuentes de primer nivel. Logró evidenciar la corrupción política y el tejido del narcotráfico en esa frontera norte y su alianza con el poder. En mayo de 1997 publicó, por ejemplo, la “desaparición” de casi media tonelada de cocaína de las oficinas de la entonces Policía Judicial Federal y en esos meses dio a conocer un expediente militar que involucraba a Bustamante Salcido en la construcción de pistas para el aterrizaje de avionetas con drogas. Ese era Benjamín Flores.

El crimen nunca se resolvió. El que le disparó y el autor intelectual siguen libres, sólo dos cómplices fueron detenidos y sentenciados.

Al principio varios medios de comunicación dieron seguimiento al asesinato, pero cada vez eran menos las notas publicadas, casi al punto de desaparecer. El semanario Siete Días, de Mexicali, investigó el caso, cuestionó a las autoridades y publicó por meses. Obtuvo una respuesta:

--No sabes en la que te metiste, pinche cabrón. Te vas a morir, escuchó Sergio Haro del otro lado del teléfono.

Recibió un par de amenazas más por esos días de 1997. No sabía de qué se trataba, revisaron las publicaciones y la única conclusión a la que llegaron era que se trataba del caso de Benjamín Flores y que podría tratarse de personas ligadas a Jaime González Gutiérrez --identificado por la Procuraduría General de Justicia de Sonora como presunto autor intelectual del crimen--. El temor que cayó como un rayo alteró su cotidianidad, pues el crimen de su amigo daba muestras de lo que eran capaces de hacer.

Haro presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California y de inmediato le impusieron un grupo de agentes para su protección, los que sólo toleró tres meses y siguió con su trabajo, sin paranoias pero cuidándose.

--En Hermosillo ven muy lejos a San Luis Río Colorado y en Mexicali lo ven como parte de estado de Sonora. Al paso del tiempo, la sociedad se olvidó y la prensa también se olvidó de la muerte de Flores, asegura Haro, un hombre alto, de cabello negro salpicado de canas y que como norteño su hablar es concreto. Es director de Siete Días, un semanario que respetado por su veracidad y combatividad. Después de más de dos décadas de experiencia, sabe que es muy riesgoso publicar los temas del narcotráfico y de violencia, pero está convencido de que deben investigarse y darse a conocer. De lo contrario. “me volvería cómplice y para eso mejor me dedico a otras cosas”, afirma.

--Hay gente que dice que no hay que abordar temas de narco. En San Luis Río Colorado, reflexiona Haro, --No es que sean valientes, ni siquiera tienen conciencia de lo delicado de esto, para ellos es normal por la realidad que viven. Por esta región es lo cotidiano. Debemos asumir esos riesgos.

Y es cierto, el jefe de Informaciones de La Prensa, Humberto Melgoza, sostiene que las cosas no han cambiado desde la muerte de Flores, incluso es peor porque ahora “cualquier delincuente te amenaza, si le tomas fotografías o si le publicas una denuncia con todos los datos”.

Melgoza ha recibido varias amenazas, la mayoría sutiles: --Ten cuidado, con


esos no te metas--, le dijo una vez un sanluisino que caminaba por la calle, o también “cuando salga El Meño dice que primero va a venir por ti y luego va a rematar conmigo”, le comentó hace años un policía, después que aparecieron en la prensa los privilegios que tenía ese hombre acusado de varios asesinatos y tráfico de drogas. Pero Humberto Melgoza cree que cuando lo quieran matar no lo van a amenazar.

Una explicación es la descomposición que el narcotráfico y el tráfico de personas, han provocado en la región, sobornando a las autoridades e imponiendo la ley miedo a punta de pistolas.

--Los polleros, describe Melgoza, están locos, tienen mucho dinero y armas; los judiciales estatales son más riesgosos. Los narcos son personas muy peligrosas, han matado hasta policías. Cualquier buen trabajo de denuncia que se publique en un medio de San Luis causa problemas y la represalia puede llegar cuando menos te lo esperas. Los reporteros tienen miedo. Hay un riesgo latente.

Reconoce que no son muchos los reporteros que se arriesgan, y por ende publican entrevistas o la versión oficial. También son pocos los reporteros que después de terminar sus estudios en Mexicali o Hermosillo piden trabajo en cualquiera de los cuatro diarios de San Luis Río Colorado, en donde el salario ronda los 1.000 pesos semanales (100 dólares) y en donde el reportear con miedo puede ser permanente.

En Mexicali, como en San Luis Río Colorado y muchas otras ciudades fronterizas, asegura Haro, “nuestra seguridad como periodistas pende de un hilo”.

Sobrevivir a Tijuana

Son cerca de las 10 de la mañana. La Avenida de las Américas queda cerrada por varios segundos mientras hombres vestidos de civil, armados con metralletas, pistolas y chalecos antibalas, no permiten el paso de otros vehículos hasta que un automóvil blindado se estaciona en el garage de la casa número 4633. Durante la escena, permanecen alerta más de 20 hombres, observan azoteas, a personas caminando y a vehículos estacionados. Su misión es delicada bajo el calor que despunta en Tijuana, estado de Baja California.

Un hombre delgado, de vestir casual con saco café, baja del automóvil, atraviesa un pequeñísimo jardín que lo lleva a un acceso de cristal, da unos pasos más y abre otra puerta de madera que siempre está cerrada y que sólo se puede abrir con autorización. De inmediato ese hombre sereno, de tez muy clara, de lentes, de cabello y barba casi blanca, y un chaleco antibalas que la camisa no permite ver, saluda con voz amable a todas las personas que aparecen a su paso.

Sube por las escaleras que lo llevan a su oficina, un despacho sencillo y cómodo, en donde siempre hay varios papeles, la computadora está prendida y el teléfono suena con frecuencia. Afuera de la casa de una sola planta quedan los hombres armados, vigilando, cuidando.

Así inicia cada día el periodista Jesús Blancornelas en el semanario Zeta del

que es codirector. Es un comenzar a veces cansado después de ocho años de vivir con escolta, en alerta. Desde 1997 está vigente un contrato para matarlo, que muchos de los sicarios de los hermanos Arellano Felix están dispuestos a cobrar.

El caso de Blancornelas se ha constituido como un símbolo de carácter y valentía en el periodismo, de compromiso con la información y lealtad con el lector, y de clara muestra del deterioro y fracaso del Estado en materia de seguridad. Es también, simplemente, un milagro.

Su historia partió a mediados de los años 80, cuando los hermanos Arellano Félix, en especial Benjamín y Ramón, comenzaron a posesionarse de Tijuana y zonas aledañas. Durante casi dos décadas controlaron la ciudad, cada gramo de droga que por allí circulaba, cada delincuente que quería trabajar y cada autoridad que se dejaba sobornar. El método: corrupción y muerte.

Al norte de Baja California empezó a notarse la actividad del que se denominaría después Cártel de Tijuana. Aparecieron los muertos, las camionetas último modelo y el consumo de drogas creció callada y pausadamente. En los años 90, Tijuana era territorio de libre tránsito y bajo el absoluto control de los Arellano Félix.

El semanario Zeta reflejó con persistencia lo que ocurría, la metamorfosis que la ciudad y el estado enfrentaban. El narcotráfico, recuerda Blancornelas, “se nos puso enfrente” como un tema social del que se debía dar cuenta.

En abril de 1988, fue asesinado, en condiciones nunca aclaradas, Héctor Félix Miranda –a quien apodaban “El Gato Félix”--, codirector del diario.

A pesar de la pérdida, el trabajo continuó. Lo que era el ejercicio del oficio periodístico fue interpretado como un ataque y una ofensa para los jefes del cártel. La molestia se desbordó cuando Zeta dio a conocer, durante tres semanas seguidas, detalles sobre la organización a través de declaraciones de uno de sus integrantes, Everardo Páez Martínez; después por la denuncia de una madre que relataba como los Arellano habían asesinado a su hijo a pesar de ser amigos, y la tercera publicación daba cuenta sobre quiénes habían dado muerte a dos militares frente a unos juzgados.

--Eso fue suficiente y de ahí vino el coraje de estas gentes, discurre el codirector.

Las amenazas sutiles y los mensajes velados se hicieron presentes, una tarea con la que los narcotraficantes pretendían sembrar miedo e inhibir el trabajo. El semanario y Blancornelas continuaron. Sólo que con más cuidados personales.

La violencia en Tijuana era cotidiana. El reporte de enfrentamientos, ejecuciones y desaparecidos seguía su conteo ya habitual. Para mediados de noviembre de 1997 las cosas no eran diferentes para Jesús Blancornelas, que estaba en lo suyo, como siempre, reporteando y coordinando la edición. Sin embargo hubo algo fuera de lo normal:

--Usted no debe andar solo, le advirtió Luis Valero a Blancornelas. Semejante consejo no podía ser desatendido por el periodista, pues Valero era un

respetado ex agente de la Policía Judicial de Baja California, que había preferido dedicarse a su negocio de grúas antes que seguir soportando la corrupción.


Al tratar de indagar más sobre tal advertencia, Valero le contó que algunos antiguos compañeros le llamaron para avisarle que se alejara del periodista, porque “va a haber baile” --la forma popular de decir que habrá algo fuerte--.

Valero, siendo amigo de Blancornelas, decidió ofrecerle su apoyo y trabajo “para hacerles frente”. Junto a otra persona de su confianza, se convirtieron en los cuidadores de Jesús Blancornelas.

Pero la mañana del 27 de noviembre de 1997 fue difícil protegerlo frente a 10 hombres muy bien armados. Le dispararon en plena calle. Asesinaron a Valero, pero él logró matar a uno, al sicario de los Arellano Félix.

El periodista recibió cuatro balazos. De milagro no fueron más, porque los agresores vaciaron sus armas y, también, de milagro sobrevivió, porque las heridas provocadas fueron muy graves.

Desde entonces militares vestidos de civil, armados con el mejor equipo y muy bien capacitados lo cuidan día y noche. Blancornelas confía en ellos, los que se han constituido en su garantía de vida. Mientras, otro equipo se encarga de la seguridad de su familia. También desde entonces le cambió la vida cotidiana, supo que era un asunto personal y entonces el miedo aterrizó.

Poco sale a la calle, el riesgo es mucho. Apenas a finales del año pasado se enteró que Ismael Higuera Guerrero, “El Mayel”, lugarteniente de los Arellano Felix, le pidió a Jairo Sánchez Cristancho --narcotraficante colombiano detenido en México en 1999 y trasladado a Colombia desde donde fue extraditado a Estados Unidos en 2001-- que arreglara todo para que la guerrilla de ese país lo secuestrara y matara en uno de sus viajes entre 1999 y 2000. Por suerte para el periodista los guerrilleros no aceptaron, pues no tenían nada en su contra.

Blancornelas debió asumir en silencio la dura realidad para poder continuar y sobrevivir en Tijuana.

El poder desorganizado

Tijuana ofrece el rostro de una gran ciudad que cabe en 879 kilómetros cuadrados. La violencia que transita por sus arterias no se detiene, nadie la detiene. Es la ciudad más insegura del estado.

La inseguridad se percibe pronto, por lo que, al caer la tarde, hay poco interés de la población de caminar por sus calles y avenidas. Y para los extraños, resulta temerario transitar por la zona centro o por las afueras, en donde los picaderos y las tienditas están casi a la vista.

En el mapa, es el punto norte más lejano de la ciudad de México, recurrida por los que nada tienen y pretenden cruzar a Estados Unidos. Concentra el 50 por ciento de la población de todo el estado, con poco más de un 1.600.000 habitantes. Su vecindad con California permite esa dualidad ya referida entre ganancia y pérdida: el comercio, la industria maquiladora y los servicios forman la base de la economía, el turismo y la ganadería ocupan el segundo lugar; en contraste, las cifras de la violencia son muy altas. Sólo en 2004 se registraron 492 asesinatos y,

de ellos, las autoridades estiman que alrededor del 20 por ciento está vinculado con el crimen organizado. En el primer semestre del 2005 ya se rebasaron los 100 crímenes, se robaron 10.000 autos y más de 4.000 inmuebles. Y los asaltos afectaron a 3 mil personas.

--Incapacidad institucional, la falta de voluntad política real para atacar el crimen organizado y la violencia exacerbada complica más el escenario en Tijuana--, advierte Raúl Ruiz, subdirector editorial del periódico Frontera.

--A nosotros nos asombraba, cuando recién llegados aquí, que ejecutaran a personas en la vía pública delante de tanta gente; pero eso nos dejó de asombrar y luego nos asombraba el grado de sadismo con que se mata: se estrangula, se asesina a golpes, los metían en tambores y deshacían los cuerpos con ácido y muchos otros crímenes que hablan de desequilibrios mentales. Ahora eso ya no nos asombra, porque se va sofisticando el grado de violencia y uno se pregunta ¿qué sigue?, relata Ruiz.

Blancornelas tiene una teoría: piensa que en Estados Unidos no se conoce quienes son los narcotraficantes, pero los reporteros si conocen al Mayo, al Azul o a los Arellano. Piensa que en Estados Unidos está el crimen organizado y en México está el crimen desorganizado. “Allá trabajan calmaditos, sin problemas, no hay ejecuciones ni nada; aquí cualquier persona se siente con poder porque trae una pistola, una ametralladora y hace lo que quiere”.

“Si allá un periodista dice que fulano de tal es narcotraficante --detalla--, ese fulano lo va a demandar para que se lo demuestre. Aquí se puede decir fulano de tal es narcotraficante y esa persona se queda callado porque tiene miedo. Gran diferencia. Nosotros tenemos mucha libertad para mencionar nombres, pero al mencionarlos el poder desorganizado se revierte contra nosotros”.

Tres son multitud

Francisco Ortiz Franco investigaba para Zeta asuntos interesantes de esa iracunda Tijuana, sobre juzgados, leyes y, de vez en cuando, temas de narcotráfico. Desde hacía tiempo era uno de los editores del semanario. El 22 de junio de 2004 no lo acompañaba su escolta, tampoco los necesitaba, simplemente estaba con sus hijos. Eran las 11:30 de la mañana en una zona céntrica de la ciudad, a unas cuadras de las oficinas de policía.

Ortiz subió a su auto, estaba colocándose su cinturón cuando un hombre encapuchado bajó de un jeep Cherokee y, en segundos, disparó cuatro tiros de su pistola. Un profesional. Las balas dieron con gran precisión, las cuatro heridas eran mortales. Nunca hubo amenazas previas, apenas una lejana advertencia en la que le contaron que Arturo Villarreal, “El Nalgón”, identificado por la PGR como el jefe de los sicarios o pistoleros del cártel de los hermanos Arellano Félix, estaba muy molesto por su más reciente publicación.

En reportaje publicado el 14 de mayo de 2004, Ortiz relataba cómo integrantes del cártel de los Arellano Félix pagaron 70.000 dólares a personal de la Procuraduría


General de Justicia de Baja California para que les dieran sus credenciales. Reveló nombres y publicó fotografías. La información le costó la vida.

El crimen todavía no se ha esclarecido. Sólo por casualidad dos personas han sido detenidas. La Procuraduría General de la República sigue investigando. En todos los casos el semanario se le ha adelantado, ha investigado y expuesto en sus páginas a los responsables. Pero todavía no hay resultados.

Ortiz es el tercer muerto que el semanario Zeta suma en esta lucha por investigar, por denunciar, o por hacer periodismo. “Es una ecuación difícil y que en retrospectiva, dice Blancornelas, pareciera que la apuesta no valió la pena, cuando tres compañeros han muerto. Pero estamos en esto y tenemos la fe y convicción de ir sobre el asunto hasta que los crímenes se resuelvan”, reflexiona.

Desde entonces, el codirector de Zeta impartió una orden en la sala de redacción: nadie debe investigar asuntos relacionados al narcotráfico, sólo lo hace él y se publica bajo su firma. La razón es que sólo él tiene una escolta capaz de protegerlo. Ha sido hasta ahora la única forma de cuidar a su equipo periodístico.

Blancornelas y su gente siguen adelante, “cumpliendo un deber moral, afirma, ante la falta de voluntad política que han mostrado las autoridades”. Aunque en esta lucha pareciera en ocasiones que Zeta se ha quedado solo.

--No hay solidaridad, relata. -- Cuando mataron a Ortiz Franco, un periódico de Tijuana publicó que me gustaba que mataran a mis compañeros, porque eso subía la circulación del periódico. La ausencia de solidaridad hace que los casos (de ataques a periodistas) se vayan desvaneciendo y después ni nos acordamos de ellos.

Pero él ya se acostumbró a las descalificaciones y desventuras que su trabajo le ha acarreado.

--Lo importante, asegura, es que tengo la libertad, a pesar de que físicamente estoy impedido (por seguridad), pero tengo la libertad de trabajar. Busco la información y no me siento atado. Cuando yo no tenga la protección significará que ya no tengo peligro.

La credibilidad

Pasaron los meses y después del atentado contra Blancornelas y la muerte de Ortiz, llegaron nuevas amenazas. El correo electrónico y llamadas telefónicas fueron la vía. La más reciente ocurrió apenas entre julio y agosto de 2004:

--Contrataron a un recién salido de la penitenciaría. No tiene nada que perder y se va lanzar como suicida contra la escolta que lo protege. Se trata de mi primo “El Niño”. Publíquelo para impedirlo”, dijo una voz masculina en el teléfono.

--Sí, lo publico, pero identifíquese, le pidió Blancornelas.--Nos vemos..., cortó el mensajero.El codirector de Zeta no lo publicó, pensando que eso sería un escándalo y ni siquiera

estaba seguro de que fuese verdad y, si no lo era, perdería credibilidad, algo que no estaba dispuesto a sacrificar. “Más vale perder la nota que perder la credibilidad”, reza su dicho permanente y que está inscrito en las paredes del semanario para que todos lo recuerden.

El 14 de octubre de 2004 una nueva llamada:--Mataron al que habían contratado, soltó la misma voz que había escuchado semanas

atrás. --¿Cuándo?, preguntó sorprendido.--El que apareció el sábado (9 de octubre) en una camioneta quemada en la Colonia

Lomas del Sol, era mi primo, “El Niño”, fue lo último que escuchó.El cadáver de esa vez fue registrado como desconocido. El periodista verificó la

información y logró confirmar que se trataba de Jorge Eduardo Ronquillo, alias “El Niño”. Quizás el más reciente sicario contratado para matarlo a él y que también, según parece, participó en el crimen de Francisco Ortiz.

Así vive Jesús Blancornelas, el hombre que al hablar lo hace con entusiasmo. De trato sencillo, de humor seco y de mucho trabajo. Junto con su equipo que no rebasa las 50 personas, han logrado que cada viernes, cuando Zeta sale a la calle, pueda vender alrededor de 60.000 ejemplares, cifra que envidiarían muchos diarios.

Con el paso de los años y tanta historia acumulada, está convencido de que los narcotraficantes no tendrán la oportunidad de matarlo. “Después del atentado --repasa--, sí tenía mucho miedo, ahorita ya no”.

Amenazas y gatillos

Entre 1999 y 2000, un comando de la muerte apareció en Tijuana con el contrato de acabar con un grupo de narcotraficantes. La ciudad fue escenario de una cadena de ejecuciones, producto del enfrentamiento entre bandas.

El entusiasmo de los reporteros que integraban las filas de recién fundado periódico Frontera, les llevó a publicar detalles de esas ejecuciones. Nombres, fechas y lugares, mucha información que ninguno otro medio tenía. “Dejen de publicar eso o se los llevará la jodida...”, les advirtieron varias veces diferentes voces a través del teléfono.

Al resolver que harían ante esas amenazas, pensaron que ser amenazado en Tijuana es un asunto que debe preocupar y es muy difícil creer que las autoridades investigarán. Decidieron dejar de publicar esas historias por un tiempo, para que “se enfriaran las cosas”, recuerda el subdirector, Raúl Ruiz.

Esas llamadas fueron la primera experiencia que viviría el diario Frontera. En poco tiempo aprenderían que en esa ciudad, para disfrazar la verdad o pretender desmentir una nota, los narcotraficantes recurren a las amenazas o al gatillo de sus Ak-47.

Recibieron otras llamadas amenazantes, e incluso en el año 2002 tuvieron la visita a las oficinas de tres hombres bebidos y que a punta de pistola querían entrar y hablar con el director, porque sus nombres habían aparecido en unos reportajes. Los vigilantes del periódico no les permitieron ingresar y los desconocidos se retiraron.

Los ejecutivos del diario presentaron una denuncia penal y después de tres años las autoridades nada han podido establecer.

Ruiz lleva 18 años en la profesión. Por un tiempo le han impuesto escolta, ha debido lidiar con esas llamadas anónimas que advierten de la muerte, ha tenido


que aprender a cuidarse él y a su familia, y a exigirle a su equipo de trabajo que también lo haga. Ha tenido que aprender a coordinar un periódico en un campo donde hay una guerra, que es sorda y sangrienta, que nunca ha querido ser reconocida.

Cómo saber qué publicar y qué no, o cómo manejar la información para que los narcotraficantes no enfurezcan; cómo poner freno frente a una exclusiva, a un dato, a una revelación; qué hacer cuando se trabaja con intensidad para conseguir la noticia pero ésta nunca llega a ser tinta, sino un fólder más en el archivo del reportero. Difícil saber todo ello, más aún cuando una línea publicada puede ser un asunto de vida o muerte.

Sicosis del miedo

Al llegar a las oficinas de Frontera, el 7 de junio de 2004, Ernesto Álvarez, reportero de la sección policial, tenía un mensaje de un colega de televisión, avisándole que habían dejado en el estacionamiento una camioneta con droga.

--Al principio estaba seguro de que se trataba de una broma, relata Alvarez, pero al escuchar la seriedad de Joel Galeana de Televisa, el que le avisó, le cambió el semblante, por lo que él, otro reportero y un editor, bajaron al estacionamiento para averiguar de qué se trataba. Allí estaba, una camioneta con vidrios polarizados, pero a través del parabrisas se podían ver varios paquetes abiertos que sugerían ser marihuana.

Llegó el ejército y la policía. Cerraron varias calles adyacentes al diario. Descubrieron que eran poco más de 780 kilógramos de droga de segunda, porque a sus dueños se les había mojado y su precio en el mercado sería muy bajo.

Pasado ese día, que con dificultad pudo salir el diario por tanto alboroto, fue inevitable preguntarse quién lo hizo, cómo y por qué. Revisaron los diarios para saber qué notas pudieron haber provocado semejante reacción de los narcotraficantes, pero no pudieron establecerlo con claridad. Sí entendieron que era una advertencia muy peligrosa y que les habían mostrado lo frágiles que podían ser.

--Se generó mucha incertidumbre y mucho miedo entre todo el personal, no sólo con los reporteros. Hicimos una encuesta laboral, expone Ruiz, para saber cómo estaba la gente de motivación y ánimo, y resultó evidente el tema de inseguridad, el personal tenía miedo que ataquen el edificio a balazos y puedan matar a alguien. Trabajar así es muy complicado, genera una psicosis innecesaria.

La vulnerabilidad experimentada, llevó a los directivos de Frontera a replantearse la seguridad de su equipo y de la empresa. Fortalecieron la integridad del edificio, al colocar cámaras de video de muy buena calidad; se incrementó el número de guardias de seguridad; se dispuso tener identificadores de llamadas en cada aparato telefónico; y grabación de las conversaciones de todos los telefonemas que se reciben. Los empleados fueron entrenados para atender alguna amenaza telefónica. Frontera se convirtió en el único periódico de México con tales medidas de resguardo.

Ni siquiera todo eso frenó las llamadas amenazantes. El 22 de junio de 2004, el día

que mataron a Ortiz Franco, el teléfono de nuevo sonó y el mensaje quedó grabado: “ya nos echamos a uno de los de Zeta y van a seguir más periodistas”.

También la policía

La agresión puede llegar de cualquier lugar, incluso tomando una fotografía. --No puede tomar fotos, lo increpó un agente vestido de negro. --Claro que sí, están en la calle, es una acción pública, respondió José Luis

Camarillo, fotógrafo de El Sol, de Tijuana.--No puedes y lárgate de aquí si no quieres pasarla mal, reiteró más enérgico el

agente federal, muy molesto y utilizando palabras altisonantes.El reportero gráfico insistió, no le importó, sabía que se trataba de un operativo

policial importante porque sumaban 30 agentes llegados del Distrito Federal y que con seguridad habían detenido a un narcotraficante. Quería tener la nota exclusiva y no cedería. Sólo llamó al reportero de su diario, Juan Manuel Cordero.

Un grupo de policías federales de la PGR lo rodeó, de nuevo el agente le dijo que se retirara y, otra vez, el fotógrafo se negó. Mediante la fuerza lo llevaron a una camioneta en donde lo pusieron boca abajo, le quitaron el equipo de trabajo, lo amenazaron y encañonaron.

Camarillo, con 20 años de experiencia como fotógrafo, nunca había vivido algo así. Tuvo miedo, no había compañeros que pudieran auxiliarlo o por lo menos saber en manos de quién estaba por si lo desaparecían.

Por suerte, ese lunes 12 de julio de 2004, poco a poco la noticia del operativo circuló entre los reporteros, que fueron llegando al aeropuerto de Tijuana, donde estaban los policías. Se dieron cuenta de que a Camarillo lo tenían sometido y pidieron que lo liberaran. Salió con la cámara rota, sin tarjeta y sin un celular, descubriendo que hasta su automóvil lo habían revisado, de donde faltaban rollos fotográficos, una grabadora y otro teléfono celular.

Al día siguiente se publicó la noticia en la mayoría de los medios locales. Camarillo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que no daría seguimiento.

Camarillo relata que recién a los dos meses pudo hablar con José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, quien se comprometió a investigar y a resarcir los daños causados. Ninguna de las dos cosas ocurrió.

Lo que sí ocurrió es que tratándose de operativos policiales, los que suelen ser frecuentes, Camarillo ya no va solo. Ahora siempre le avisa a sus compañeros para que entre todos se protejan.

La batalla perdida

Entonces en Tijuana, ¿qué protege o salva a un periodista o a todo un medio informativo de la presión y el miedo que ejerce el crimen organizado?


--Hemos ido aprendiendo poco a poco y eso es muy riesgoso, reflexiona Raúl Ruiz, porque es a prueba y error, no sabes si lo que hiciste fue lo adecuado, no sabes cómo va a reaccionar. Antes había un código entendible de en qué cosas no meterte y como reportero sabías qué no publicar, porque representaba un riesgo real. Ahora no sabes hasta dónde están esos linderos, se han perdido.

Y agrega que “el miedo hace considerar innecesario correr tantos riesgos. Hay reporteros y editores que han abandonado el norte de país porque no pueden vivir y trabajar con miedo… Comparto lo que decía Carlos Monsivais: es más útil un periodista vivo que un periodista muerto. Cuando no son causas que nos lleven a solucionar un problema, yo creo que vale más cuidar la integridad de los reporteros, porque yo creo que estamos hechos para causas mayores”.

No se puede dejar de informar bajo este escenario de riesgo que tiende acentuarse.

--Una propuesta podría ser lograr la unión entre periodistas para investigar ciertos temas hasta que se aclaren, apunta Ruiz, y añade que “es muy importante tener claro cómo los medios van a entrarle al tema del crimen organizado, pues hasta ahora es una batalla perdida y un asunto de muy alto riesgo en la frontera”.

Blancornelas plantea que “lo más importante es escribir siempre la verdad sobre las personas vinculadas al crimen organizado. Se debe empezar a discutir sobre lo que ocurre en el periodismo en México, su situación y los riesgos que enfrenta, y también se debe tipificar como delito federal las agresiones a periodistas”.

Algunos reporteros son tajantes. “Autocensurarse como medida de protección y sólo publicar lo oficial”, recomienda el corresponsal de un diario nacional como práctica común en Baja California. Otro sostiene que “basta con tener cuidado de dónde proviene la información y cómo se publica, siempre con fuentes”.

Cualquier medida que se adopte no garantiza que los periodistas estarán más seguros y tampoco que las cosas cambiarán.

Tijuana sigue transformándose, el crimen adopta nuevas formas y mecanismos, tiene una especial capacidad camaleónica que le permite desaparecer y luego asomar con un nuevo rostro. El contexto político que vive el municipio dificulta más las cosas. El escenario a mediano plazo no se antoja diferente, mucho menos mejor.

Precaución. Suma de riesgos que reducen la libertad. Las ciudades de la frontera norte de México son trozos del país en los que la prudencia es una virtud que permite sobrellevar el trabajo. Reportear en esos lugares es muchas veces estar solo, oír pero no escuchar, es mirar pero no observar. Es callar para no morir.

En Nogales y Agua Prieta, en el estado de Sonora; en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Ciudad Acuña y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, el mayor riesgo que sobrellevan los periodistas es investigar sobre temas de corrupción y sobre las organizaciones criminales, sean narcotraficantes, polleros o traficantes de armas.

En varias de esas ciudades fronterizas, en los que el calor aprieta y la tierra es quebradiza, no hay autoridades, ya que se han vuelto cómplices o el temor las ha hecho voltear hacia otro lugar. Ellos, los delincuentes, se han erigido en el mando,

han asumido las funciones dejadas vacantes. No hay ley, menos justicia; su pistola es la garantía del control y del poder que, a pesar del ejército y la policía federal, no dejan de ejercer.

Y qué decir de Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán, Matamoros o Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, lugares de sangre y miedo. En esos rincones del noroeste de México los reporteros han quedado, literalmente, entre dos fuegos. Allí es donde más periodistas han sido asesinados por su trabajo en los últimos años, en donde más veces han sido amenazados y en donde no saben qué hacer.

Los que buscan las noticias, los que informan, los que investigan, los que creen que el periodismo es un servicio, son rehenes de quienes ejercen el poder y controlan todo, ya no sólo con metralletas y pistolas, sino también con lanza granadas y bazucas. Día con día se libra una guerra desmesurada entre dos bandas que han elegido como campo de batalla Tamaulipas, en especial Nuevo Laredo, aunque extienden la hebra de sangre y plomo a cualquier otra ciudad del estado, según sea necesario.

La ecuación es sencilla en la frontera norte: autocensura y autoprotección, coinciden los reporteros, es la única forma de subsistir. El crimen organizado ha logrado, al menos por ahora, imponerse. Hay silencio y miedo.

El enigma de la ausencia

Pasaban las 19:00 horas del sábado 2 de abril de 2005. Si bien era temprano, ya estaba en su departamento, después de concluir la jornada formal en el periódico. Como Alfredo Jiménez Mota era un adicto al trabajo, seguía pendiente de la frecuencia de radio de la policía, por si salía información que interesara al periódico El Imparcial, de Hermosillo, del que era reportero desde hacía seis meses.

Una de sus mejores amigas del diario le llamó para que se encontraran a tomarunas cervezas, considerando que al día siguiente descansaban. Bromearon y acordaron el encuentro, que sería horas más tarde porque tenía que ver “un contacto que estaba nervioso”, según le contó a ella.

Se bañó y cambió de ropa. Minutos antes de las 20:00 horas estaba listo para verse con uno de esos “contactos”. Se trataba de Andrés Montoya García, directivo del reclusorio estatal, con quien platicó durante más de media hora sobre un preso muy peligroso al que apodaban “El Estudiante” y que recién había sido liberado. Estuvieron dentro de la camioneta del funcionario, dando vueltas por diferentes avenidas, hasta que se despidieron a las 21:00 horas, porque Alfredo, le dijo, vería a “otro contacto”.

Lo que ocurrió después se desconoce. Las autoridades sólo tienen el registro de una llamada telefónica que Alfredo recibió a las 23:04 horas, del subdelegado de la PGR, Raúl Fernando Rojas Galván, una de sus principales fuentes de información.

Alfredo desapareció. La noche cubrió sus huellas y a quienes se lo llevaron.


Primero, la Procuraduría General de Justicia de Sonora investigó sin resultados. Al paso de los días, la PGR atrajo el expediente y colocó al frente de las pesquisas a los “más experimentados y osados” investigadores, según dijeron, quienes apenas duraron unas semanas. Fueron sustituidos por otros “excelentes” investigadores.

Nada ocurrió. Las investigaciones quedaron en un terreno fangoso y de ahí no han salido. Hay muchos sospechosos, la mayoría narcotraficantes y servidores públicos aliados con las mafias, pero ningún detenido. Los meses han pasado y el rompecabezas sigue desarmado, sin detenidos y el paradero de Jiménez Mota tiene la condición de enigma.

¿Dónde está? ¿Qué le ocurrió? ¿Está vivo? ¿Por qué lo desaparecieron? Es probable que la respuesta esté en las notas y reportajes que publicó. Investigaba temas policíacos, escribió nombres de narcotraficantes, sus formas de operar y estructura.

Su ausencia impactó a la redacción de El Imparcial y alteró su rutina. Los periodistas se unieron, denunciaron, se manifestaron en público, lo buscaron en las calles y desierto, estuvieron alertas a llamados, a pistas y datos. Nada, sólo la ausencia que pesa más que la muerte, porque permite imaginarlo todo y no tener certeza de nada.

Hermosillo, la capital del estado de Sonora, es una ciudad amable, tranquila y pequeña, que ocupa 14.880 kilómetros cuadrados. El calor puede resultar abrumador en algunas épocas del año y el frío puede traspasar los huesos, porque está en medio del desierto. Sus cerca de 700.000 habitantes son personas sencillas, de esfuerzo y trabajo, viven de la agricultura, industria, ganadería y del comercio.

Pero Sonora es una región con extremos. Forma parte de una de las zonas de agricultura comercial más importante del país, siendo uno de los ocho estados que aportan casi el 50 por ciento del valor del Producto Interno Bruto nacional en ese rubro y en el de ganadería. Pero cuando se habla de las condiciones de los sonorenses, que suman 2.200.000 habitantes, las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran que entre el 50 y 70 por ciento de ellos percibe ingresos “que no les permiten satisfacer una alimentación adecuada”.

Hermosillo ha seguido un ritmo de crecimiento, transformándose poco a poco. A partir de 2002, se empezó a ver con claridad la construcción de mansiones de extraños, automotores de las marcas más lujosas y, lo peor, ejecuciones de personas a las afueras de la ciudad, cuyos cadáveres después aparecieron en las calles de la capital.

En Sonora se sabía que en el norte, en los pueblos fronterizos y en aquellos pegados al estado de Sinaloa, como Navojoa, Ciudad Obregón y hasta Guaymas, operaban narcotraficantes. No era un secreto que la sierra era campo fértil para la siembra de marihuana, siendo incluso Sonora parte del llamado triángulo dorado, formado también por Chihuahua y Sinaloa, en donde muy rara vez llegan las autoridades porque es tierra de cultivo y balas. Sólo el ejército puede penetrar y

para lograrlo es necesario que batallones completos se armen del mejor equipo.Todo eso parecía estar lejos de Hermosillo. Los diarios de la ciudad comenzaron

a informar sobre los muertos y los enfrentamientos que ocurrían en sus alrededores. Poco a poco las noticias fueron ganando los espacios de primera plana.

En este escenario, hubo prudencia. Varios diarios no firmaban los reportajes de investigación para proteger a sus reporteros. Muchos medios electrónicos e impresos decidieron sólo manejar la información oficial y los hechos, no ir mas allá para no tener problemas. Era el ejemplo a seguir de otros estados, pero también de los municipios sonorenses, como Ciudad Obregón, Navojoa o Nogales en donde el tema es peligroso de abordar y, mejor, “sólo se toca por encimita o ni siquiera se escribe”, cuenta José Manuel Yépiz, que trabajó cinco años como reportero en Sonora y ahora lo hace en Mexicali. No se escribe para no padecer las consecuencias o porque algunos informadores se han vinculado con ellos. En esos lugares los pobladores saben quién es quien, qué hacen y lo que son capaces de hacer.

Descubrieron pronto en Hermosillo que las seis personas ejecutadas durante 2004 era producto de una lucha entre grupos que la captura de Benjamín Arellano Félix había dejado sin dirección. Esos mafiosos adquirieron poder y comenzaron a querer dominar la plaza.

Jiménez había llegado a Hermosillo procedente de Culiacán, Sinaloa, un lugar en donde el narcotráfico arroja más de 500 muertos al año.

Cansado y sintiéndose allá en peligro, logró colocarse en El Imparcial gracias a su impecable trayectoria profesional. Es un joven entusiasta e impulsivo, al que le importaba mucho sobresalir y por eso exigió que le firmaran sus notas “porque significaban mucho esfuerzo”, según argumentó a sus jefes. En un par de meses comenzó a tratar los temas del crimen organizado en la zona. Algunos dicen que golpeó más a un grupo que otro y quizá lo utilizaron para eso. Pero Jimenez es periodista, uno muy joven, con apenas 25 años, y hasta que desapareció se esforzaba investigando, no era un mafioso.

“Creen que desapareciendo a un periodista desaparece la realidad que éste relata, pero se equivocan. Siempre habrá alguien escribiendo, describiendo lo que sucede cada día, en todo lugar”, escribieron los periodistas de radio, televisión y diarios en una carta que entregaron a las autoridades de Sonora para exigir que investigaran a fondo el caso.

Por ahora, los autores de la desaparición han logrado llenar de incertidumbre a esos periodistas. El silencio ha invadido las plumas, las voces y las imágenes sobre temas de narcotráfico, sólo lo oficial y los hechos, sólo eso aparece ya.

Dos alternativas

Los narcotraficantes se volvieron hoteleros, restauranteros, dueños de bares y discotecas. También empresarios de la información. Eso ocurre en Agua Prieta, una joven ciudad constituida como tal en 1942, que alcanza 3.631 kilómetros


cuadrados y que está al noreste de Sonora, al borde del estado, vecina de Arizona.

Desde la década de los 60 era un lugar de tránsito de drogas y de inmigrantes, cuyo objetivo era Estados Unidos. Hace 20 años, los narcotraficantes ya no fueron los mismos, comenzaron a cambiar de rostro, de costumbres y de estrategia; muy lenta y sutilmente, hasta convertirse hace unos cinco años en los nuevos empresarios de la localidad. También comenzaron a matar.

En esa ciudad muchas de sus calles están sin pavimentar y hay trabajo, aunque la mayoría con salarios que poco alcanzan, en la industria (sobretodo maquiladoras), en los servicios, en el comercio, la ganadería y agricultura. Las personas viven de forma sencilla, aunque hay cada vez más residencias que abarcan cuadras completas, cuyos fondos provienen, saben los pobladores, de dos negocios muy rentables en esa región: drogas y polleros.

Son alrededor de 80.000 los habitantes de Agua Prieta y tiene 17 diarios, la mayoría de distribución gratuita y financiados por “esas personas”, asegura Antonio Palomares Nieblas, director general del semanario La Verdad de Agua Prieta.

Los narcotraficantes son quienes patrocinan periódicos, ofreciéndoles dinero o anuncios. Por lo general se prefiere lo segundo, para no tener problemas y no tocar más el asunto. Si no se acepta la oferta hay riesgo, aunque más peligro hay si se acepta y se critica a la autoridad o a sus negocios.

Lo peor es que los diarios que no aceptan el trato no pueden competir en esas condiciones. “Son periódicos a todo color, que regalan anuncios y sus ejemplares; los reporteros andan en modernas camionetas y con muchas alhajas.

--Existe otra razón del porqué los narcotraficantes patrocinan periódicos, reflexiona Palomares. Así pueden contar con ‘reporteros’ en las oficinas públicas, sobre todo en la policía y estar enterados de sus operativos.

El dueño de La Verdad de Agua Prieta llegó hace 40 años a la ciudad, siendo linotipista y se quedó “porque era muy bonito y había mucho trabajo”. Cinco años después, cuenta, comenzó a publicar su semanario y desde entonces no ha parado a pesar de la crisis, aunque lo ha obligado a que sean ocho las páginas que lo integran y 1.500 los ejemplares que distribuye en la zona.

Con el transcurso del tiempo, ha sido testigo de los cambios experimentados y de los extremos a los que se está llegando en la ciudad. Varios negocios deben cerrar porque no pueden competir con los restaurantes que contratan a bandas muy caras de música norteña, o los hoteles de cinco estrellas que ofrecen descuentos atractivos.

El deterioro es claro. Es muy raro que las autoridades aclaren un crimen y menos una ejecución; incluso como para lavarse las manos, muchos de los que aparecen muertos en el desierto los declaran inmigrantes y ni siquiera los identifican.

En mayo de 2005 fue asesinado Mario Sotelo Martínez, candidato a la presidencia municipal de Agua Prieta y también abogado de la familia Paredes

Machado, a quienes la PGR identifica como uno de los más importantes narcotraficantes en la región y el empresario más próspero de la ciudad.

Para quien vive en Agua Prieta es difícil trabajar sintiéndose en peligro y por eso, en la mayoría de los casos se autocensuran al hablar de narcotráfico y polleros. “No hacen falta amenazas. Sólo te disparan”, sostiene Palomares.

El extremo del silencio

Propuso a sus jefes investigar sobre algunas operaciones de unos empresarios, que en forma extraña habían logrado obtener ganancias de la nada. Era un tip que le habían pasado, porque la PGR ya los investigaba, sólo había que corroborar. Apenas era la mitad del año 2004.

Ese día, el reportero de un diario de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, consultó internet, hizo varias llamadas telefónicas y concertó citas para la siguiente semana. Un compañero se le acercó y le preguntó qué hacía; le contó sobre el tema que investigaría.

Un par de días después, dos hombres lo detuvieron muy cerca de su casa y lo forzaron a subir a una camioneta. Ahí dentro le apretaron los brazos y en su estómago recargaron el cañón de una pistola.

--¡Bájale de huevos!, espetó uno de los hombres de rostro joven y hosco.--De qué hablan, logró articular el reportero que estaba paralizado.--No te hagas, sabemos que vas a investigar sobre nuestros amigos. Mejor ni

te metas, advirtió sin la menor concesión.Se acabó el diálogo. Unos minutos más, algunas vueltas en el vehículo y

después lo bajaron. La camioneta desapareció. El reportero con varios años de ejercicio había escuchado algunas historias parecida, pero pese a la experiencia propia, esta vez quedó aturdido, atemorizado, casi llorando.

Conversó con sus jefes lo ocurrido y concluyeron algo que los estremeció: tenían el enemigo adentro de la sala editorial, un compañero lo había traicionado. Con seguridad, ese colega recibía dinero del grupo denominado Zetas, sicarios del cártel del Golfo, a cambio de informar lo que investigaban los periodistas y saber antes del cierre qué se publicaría cada día.

--Autoprotección y autocensura es lo único que nos queda, sostiene un periodista con más de 10 años de práctica y con varias amenazas acumuladas. Estar en Tamaulipas es estar en medio de una feroz guerra, que no conoce reglas ni límites, en la que las autoridades estatales y municipales son cómplices por acción u omisión. Al menos así piensa el gobierno federal al mantener a 300 policías municipales de Nuevo Laredo bajo sospecha de servir al narcotráfico.

Pero en esa lucha, hasta ahora el gobierno ha perdido la mayoría de las batallas, pues a pesar de la presencia del ejército y las policías federales en la zona, dentro del programa México Seguro, continúan las ejecuciones y enfrentamientos entre las organizaciones criminales y contra las autoridades, a plena luz de día y en medio de la calle.


--No hay autoridad, sólo los mafiosos ejercen ese papel, afirma el periodista.Pero cómo entender que eso ocurra y se tolere en un estado mexicano que se

ubica al noroeste del país, siendo frontera con Texas y donde se ha encontrado un importante yacimiento de gas. Cómo es posible que se permita en un estado que produce el 30 por ciento de químicos y petroquímicos del país y en el que los tamaulipecos, que en todo el estado suman 2.7 millones y se distribuyen en 43 municipios, son gente de esfuerzo y trabajo cotidiano y se desempeñan en servicios, en la industria y en la agricultura para poder sobrevivir.

Simplemente está ocurriendo. En Tamaulipas los reporteros tienen miedo, no quieren hablar porque desconfían y cuando lo hacen, piden que sus nombres no aparezcan, ni siquiera las referencias exactas de lo que les ha ocurrido, de lo contrario por “soplones” los pueden amenazar, torturar o hasta matar, depende del ánimo y la decisión de los mafiosos. Así se están jugando la vida.

Basta la advertencia

En diciembre de 2004, ocurrió un accidente carretero en las cercanías de Nuevo Laredo, con muertos y heridos. Una clásica nota policial. Pero muy pocos medios difundieron la noticia, y los que lo hicieron apenas mencionaron lo ocurrido, sin describir los hechos. Los reporteros fueron prudentes, tuvieron cuidado, porque los accidentados eran integrantes de la organización de los Zetas (sicarios entrenados por militares de elite y que trabajan para el Cártel del Golfo) y podrían molestarse.

En los primeros meses de 2005, un comandante de policía presumía que tenía el récord de detenciones. Era el que más criminales había capturado, según se fanfarroneaba. Revisar los datos con cuidado y cruzar la información permitió a los reporteros llegar a una simple conclusión: el oficial mentía, la mayoría de sus capturas eran falsas, había inflado los números. La información apareció publicada y ese mismo día unos hombres ásperos “levantaron” a uno de los reporteros:

--Ese es mi amigo, mejor no te metas con él, le sugirieron al periodista en un tono amable y sin mostrar sus armas siquiera.

--Sí, como no..., respondió asustado. La advertencia fue suficiente.--Hay compañeros a los que han ‘levantado’ hasta cinco veces y otros tres o

una vez. Hay un total control de los medios impresos y electrónicos por parte de uno u otro grupo, explica un periodista que pide reservar su nombre.

En Nuevo Laredo existen ahora las peores condiciones de violencia evidente en la ciudad y para los periodistas. Pero el resto de los municipios, el tipo de inseguridad y agresión que enfrenta es más callada pero no menor.

La ciudad, que alcanza los 1.600 kilómetros cuadrados, se ubica en unas enormes llanuras. Es de extremos climáticos, que pueden superar los 45 grados centígrados o temperaturas bajo cero, y en la que habitan poco más de 360.000

personas, muchas que sobreviven con salarios mínimos en el comercio, los servicios de transporte de carga y en la maquila. Nuevo Laredo es fundamental en el comercio internacional de México con Estados Unidos, pues por sus puentes cruza el 36 por ciento de todos los productos.

Sorprende que allí los narcotraficantes si no les gusta una información primero amenacen a los periodistas por teléfono, por la frecuencia de radio o con “levantones”. Si los reporteros “no entienden”, los golpean en particular con tablas de madera, y si aún no atienden a semejantes recomendaciones, los matan.

Algo parecido creen los periodistas que ocurrió con Roberto Mora García, quien fuera director editorial del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo. En la madrugada del 19 de marzo de 2004, fue asesinado al llegar a su departamento, después de cumplir su jornada de trabajo. Recibió 26 puñaladas.

Una semana más tarde, la policía detuvo a los vecinos del periodista, el estadounidense Mario Medina Vásquez, y el mexicano Hiram Oliveros, acusados de ser el asesino material y su cómplice, respectivamente.

Medina fue ultimado en prisión un mes y medio después. Había confesado el crimen, pero sus declaraciones fueron contradictorias y las pruebas que presentó la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas resultaron inconsistentes. Olivero permanece preso y enfrenta el juicio por su presunta complicidad en el homicidio. Nunca se investigó otra línea que no fuera la pasional, dejando de lado las denuncias que con frecuencia hacía Mora García en su columna y las notas que coordinaba con sus reporteros sobre corrupción en las instituciones policiales y procuraduría de justicia; así como la complicidad de autoridades con el crimen organizado.

El tiempo ha pasado y las autoridades no han avanzado más en las investigaciones. Ni siquiera el periódico El Mañana ha continuado investigando, después que los que publicaron información sobre el caso fueron amenazados. La opción fue el silencio.

Guerra hasta morir

En Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo o Ciudad Victoria, cuando el periodista es “levantado” sabe que sólo le queda decir “está bien”. Los hombres que hacen este trabajo en nombre de Los Zetas o del grupo contrario que se llaman Los Chapos, pueden ser amables: “te encargo a este amigo” “ya no le hagas” . O pueden ser muy rudos: golpes, pistola, tortura y un “ya bájale si no quieres...”.

Directivos de medios o reporteros, da igual, ellos se los llevan y se arreglan. Los narcotraficantes controlan en Tamaulipas todo, hasta el resto de los delincuentes, sean secuestradores o ladrones de casas y autos, tienen que pagar una cuota para poder trabajar. Los Chapos le quieren quitar la zona a Los Zetas y por eso es la guerra, hasta morir.


Historias del control que ejercen sobre los medios se cuentan por decenas. Un fotógrafo estuvo con uno de los grupos toda la noche, porque “no les gustó que tomara algunas casas de ellos”, algo que el reportero gráfico desconocía, sólo hacía un trabajo para ilustrar un reportaje sobre otro tema.

Un caso extremo fue el del columnista Francisco Arratia Saldierna, asesinado el 31 de agosto de 2004 en Matamoros, Tamaulipas. A sus 55 años de edad era profesor en una escuela y escribía una columna llamada Portavoz, que se publicaba en los periódicos El Imparcial y El Regional, ambos de Matamoros; El Cinco de Diciembre y La Verdad, de Ciudad Victoria. Además tenía un negocio dedicado a la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Los testigos cuentan que el periodista estaba a las afueras de su negocio, cuando dos personas lo visitaron, discutió un poco con ellas y minutos después se subió a su automóvil. Pasó una hora y media, hasta que una camioneta frenó de repente, abrió sus puertas y tiró un cuerpo en plena avenida, a unos metros de la Cruz Roja. Se trataba de Arratia que agonizaba.

Lo atendieron en el hospital, pero fue imposible salvarlo. Fue sometido a una tortura muy dolorosa, en la que le deshicieron las manos y dedos (todos fracturados), su cuerpo tenía varias quemaduras y el dedo medio de la mano izquierda fue mutilado. Lo golpearon en todo el cuerpo, quizá con unas tablas, y algunas heridas parecían hechas con un cuchillo. La tortura, calculan los peritos, se extendió por una hora y media. Murió por la tarde a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.

Casi un mes después, las autoridades estatales detuvieron a Raúl Castelán Cruz, exmilitar señalado como supuesto integrante del grupo de sicarios Los Zetas, acusado por su presunta participación en el crimen. Los resultados muestran que lo mataron por denunciar al crimen organizado y a sus cómplices en las policías. No hay más resultados.

Sin comentarios

Lo que esos grupos controlan es que no se investigue y menos que se publique todo aquello que vaya contra sus intereses personales y de grupo. Entonces cualquier cosa puede molestarlos. Por eso no hay trabajo de investigación sobre esos temas y sólo se publica lo cotidiano, aunque en ocasiones ni eso.

En los primeros meses del 2005 un hombre fue asesinado a las afueras de su casa. Era un integrante del grupo denominado Los Zetas. Sus rivales lo habían ametrallado. La noticia que se publicó solo decía, “matan a empresario”. Ni un detalle adicional.

--Si alguien quiere saber cómo están las cosas en Tamaulipas en temas de seguridad, no lo sabrá leyendo los diarios locales porque todos se sienten amenazados, todos tenemos miedo, relata un periodista en Reynosa.

Confianza mal consejera

Lo que ocurre en esa franja del país, en la parte norte y noroeste, ha llamado la atención de periódicos nacionales y extranjeros, pero en muchos casos se ha reducido a un conteo de muertos, heridos y detenidos: casi 200 en el estado hasta mediados del 2005.

Los reporteros actúan sin saber si hacen bien o no al tomar algunas medidas que la lógica les impone. No reportean una nota después de las 22:00 horas; no llegan primero a ningún atentado, operativo o emergencia de cualquier tipo; procuran hacerlo en grupo y después de que la autoridad está; si se siente en riesgo se retira de donde está la nota y nunca pregunta más de la cuenta en casos vinculados al crimen organizado.

--Lo más importante es la prudencia. No hacemos investigación, sólo tratamos de reflejar lo que está ocurriendo, narrar los hechos. No sabemos qué más hacer, explica otro reportero.

Es difícil saber qué hacer si ante la menor provocación los mafiosos están listos para descargar sus armas contra un periodista o directivo de medios.

El 5 de abril de 2005, Guadalupe García Escamilla llegó corriendo a la estación de radio. Iba retrasada para participar en el programa matutino que tenía en la emisora Nuevo Laredo. Un joven menudito, con una mochila en la espalda y que llevaba rato sentado en la banqueta, al verla se incorporó, de entre sus cosas sacó una pistola, aceleró el paso y le disparó por la espalda a la periodista. El hombre se fue rápido, esfumándose.

Con prontitud atendieron a Guadalupe, quien permaneció en el hospital agonizante 11 días, hasta que falleció. Sus compañeros aseguran que “la confianza la mató”.

Parece que no creyó posible que le pasara algo, confiada en que ella cumplía con su labor, no se extralimitaba, exponía los casos de corrupción de la policía, el sospechoso actuar de personas en la ciudad que daban la apariencia de narcotraficantes y relataba lo que ocurría. Así de sencillo.

A principios del año le quemaron su automóvil y la amenazaron de muerte a través de la frecuencia de radio de la policía. Uno de sus últimos trabajos fue una entrevista que hizo en la cárcel a dos personas al parecer vinculadas al grupo de Los Chapos, que denunciaron que sus jefes le pasaban comisión a varios agentes, en especial a un comandante. Aquellos entrevistados fueron asesinados en prisión horas después. Y Guadalupe publicó la entrevista.

El Miedo se Respira

A primera vista, las distintas ciudades tamaulipecas parecen normales. Al caminar por las calles alguien ajeno no podría imaginarse de los riesgos. Pero es posible que a pocos metros de la plaza principal o en un centro comercial, se suscite una balacera en el día, la tarde o la noche. Así ha ocurrido. Lo que se


percibe en esos lugares es una sensación de inseguridad, se desconfía de todos y se tienen cuidados, como el no salir de noche, no estar en lugares apartados y no atender a desconocidos, mucho menos si parecen sinaloenses.

Pero los periodistas que todos los días salen buscando la noticia, viven en un nivel de estrés enorme, temiendo siempre que pase algo. Algunos medios informativos, tratando de mejorar las condiciones de sus reporteros, les compraron un seguro de vida. Otros aumentaron los salarios, ante el riesgo.

--Se trabaja con el miedo. No es un temor que paralice, pero sí angustia, explica uno de los periodistas de Ciudad Victoria.

Los reporteros no saben qué hacer, pero tampoco se ponen muy de acuerdo. Entre los medios locales, que superan los 15 en todo el estado, hay poca solidaridad y con los medios nacionales el apoyo no es consistente.

¿Cómo acabar con una violencia que se fue acumulando durante décadas, y que empeoró una vez detenido Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo?

Esto ante la apatía o complicidad de las autoridades, como cuando hace algunos años el entonces procurador general de Justicia del estado, Francisco Tomás Cayuela, dijo que en Nuevo Laredo no había levantones “porque mis amigos no me lo han dicho”.

Hace tiempo que la autoridad no existe y que la mordaza tiene la forma de una pistola. q

IIPoder político y narcotráfico,

suma de fuerzas


“E n provincia las calles son muy angostas...”, sentencia el periodista Ismael Bojórquez, director del semanario Río Doce, de Sinaloa. “Todo el mundo se conoce y es muy fácil que un narco sea tu vecino

o se te cruce enfrente”.El tono de sus palabras contienen más irritación que renuncia, más realidad que

conformismo. Así se explica el miedo y el silencio en Sinaloa, la desconfianza y la batalla constante

del quehacer periodístico en un estado como ese, en donde en el 2005 se incrementaron las amenazas, las intimidaciones veladas, los mensajes indirectos y las insistente presiones solapadas, para que los periodistas no investiguen, no publiquen siquiera fotografías o se atrevan a incluir alguna línea que muestre la corrupción de los funcionarios aliados al narcotráfico o de sus amigos.

En el 2004, sin titubear dos sujetos asesinaron a un reportero gráfico frente a sus hijos, porque, sin saberlo, días antes había tomado una fotografía en la que un narcotraficante aparecía con un funcionario municipal. Así quedó establecido en el expediente.

El peligro del crimen organizado y del poder político se percibe muy cerca, muchas veces disfrazado, pero siempre asechando. Es mucho el temor, los reporteros lo padecen a diario. Hasta ahora, ante la ausencia real de autoridad, coinciden, los antídotos encontrados, los únicos a su alcance para atenuar ese desasosiego cotidiano son simples y trágicos: guardar silencio, publicar menos, no arriesgarse tanto.

“Ningún periodista está dispuesto a dar la vida por una nota de narco. Se tiene miedo de preguntar, de saber sobre policías, sobre las personas”, advierte con desánimo el reportero José Alfredo Beltrán.

Cuando se abordan los temas del narcotráfico, ejemplifica Bojórquez, “nos autocensuramos, cuidamos el leguaje, verificamos datos y cuidamos de no herir susceptibilidades”.

Así de sencillo es. Sinaloa desde hace décadas huele a pólvora, sus calles están manchadas de rojo escarlata y se vive inseguro. Es el estado en el que han nacido y dominan los más poderosos capos mexicanos, y también donde se registra el mayor número de asesinatos –más de 6 mil en los últimos 10 años--, la mayoría de ellos son ejecuciones vinculadas al narcotráfico.

Pero ante el virulento escenario que ofrece el estado, cómo explicar que en esos 58 mil kilómetros cuadrados de territorio, a diferencia de otras entidades, la violencia contra los periodistas no es tan visible y corrosiva. Cómo puede ser tan poco estridente. La única respuesta es el antídoto que desde hace años aplican los reporteros y que puede conjugarse en una sola palabra: autocensura.

“Buscamos cómo hablar del tema sin arriesgarnos –explica Bojórquez--. No haríamos un periodismo como el del semanario Zeta que dirige el periodista Jesús Blancornelas. No hemos llegado al punto de señalar directamente, yo no lo haría. No podemos ser mártires. Yo a mis socios no los quiero como mártires”.

De todas formas en Río Doce se publican algunas investigaciones sobre el tráfico de drogas, pero con cuidado, sustentadas, veraces y cuando el tema piensan que ya no representa tanto riesgo. Aunque ocurre a menudo, cuenta Ismael, que “cuando sacamos

cosas muy fuertes hay intimidación o advertencias, que generalmente llegan de policías o narcos”.

Por Sinaloa, coinciden periodistas, han transitado gobiernos complacientes, cómplices o enemigos del crimen organizado, con su respectiva dosis de violencia. Sin embargo, en los últimos seis años se ha conformado un nuevo contexto y perfil.

Ahora el narcotráfico es más peligroso, sostiene Bojórquez, por los niveles de impunidad que existen en el estado. Pero hay un ingrediente más, algo inédito en el país, que exhibe Manuel Clouthier, director de los periódicos Noroeste: el nacimiento de los políticos narcos.

Ese nuevo escenario también ha arrojado otro saldo negativo: la trasparencia. No hay un acceso real a la información de las oficinas públicas, explica José Alfredo Beltrán, quien se ha especializado en esos temas desde que se aprobó la ley de acceso a información en el estado.

“Balconear la corrupción de un funcionario –precisa Ismael Bojórquez--, siempre será un riesgo, cuando hay los niveles de impunidad que existen”.

Bajo el disfraz

Es un hombre joven, aunque de pelo blanco. Es alto y de tez rosada clara. Su conversación es amable y directa. Su oficina en el diario El Noroeste es sencilla y fresca, porque disfruta el aire acondicionado. Desde el principio se nota que Manuel Clouthier tiene muchas cosas que decir, que tiene ganas de charlar, que está preocupado.

“Los gobernadores ejercen el poder como caciques, pero cuidando las formas para no poder ser señalados. Esto se ha traducido para el periodismo en que se está inhibiendo “de manera importante” la libertad de expresión, añade”, afirma.

Y, por si fuera poco, precisa Clouthier, en aquellos estados en donde el crimen organizado tiene una presencia importante, cuando estos caciques toman una acción represiva contra los periodistas y sus empresas “la disfrazan” de ataques del narcotráfico.

“Siempre es más riesgoso un estado con ese problema (de narcotráfico) porque siempre tendrá una cortina de humo”, agrega.

En este escenario, agrega, hay un elemento que sumar y que representa el mayor riesgo a las libertades, a la democracia y a las instituciones, y que está relacionado con el nuevo perfil de político que se está desarrollando: “el narco político”.

“Se dice que en Colombia –establece Clouthier--, los narcos han querido ser políticos y en México pareciera que son los políticos los que quieren ser narcos. Ahora el mecanismo más fácil es a través de ofrecer protección. Es muy fácil arreglarte con un narco cuando eres el dueño del estado”.

En los últimos seis años, durante la administración del gobernador de Juan S. Millán Lizárraga, precisa Clouthier, Sinaloa fue “el estado seguro (para el narcotráfico)”, porque se dio la colusión de las autoridades con esos grupos y “quienes nos hemos atrevido a señalar eso, nos ha ido como en feria, en un


permanente riesgo, en donde hemos tenido temor por nuestra propia vida o la de nuestra familia”.

En junio de 2002, en el editorial titulado Narcopolítica, El Noroeste mostraba su postura y denunciaba lo que ya no era fácil ocultar:

“Hemos sido testigos de cómo los narcotraficantes campean por Sinaloa sin pudor y, además, gozan de plena impunidad; al mismo tiempo vemos que sus negocios crecen a la sombra protectora de las autoridades, mientras hacen donativos a las instituciones de asistencia pública y aportan recursos a las compañías políticas. Compran terrenos en el desarrollo Urbano Tres Ríos con el apoyo de nuestros gobernantes y construyen edificios frente a la casa de gobierno; celebran boda con protección policiaca y algunos jefes de los órganos de seguridad pública son empleados a sueldo y gatilleros a servicio de narcotraficantes, con el pleno conocimiento de funcionarios del más alto nivel”.

Esas líneas fueron inobjetables en septiembre de 2004, cuando fue asesinado en un centro comercial de Culiacán (capital del estado) Rodolfo Carrillo Fuentes --hermano del desaparecido Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”—y su esposa, quienes eran acompañados del ex jefe de la Policía Ministerial, Pedro Pérez López, y un grupo de agentes.

El Noroeste es uno de los periódicos más importantes en el estado por su tiraje. Se distribuye en diferentes ciudades y goza de gran credibilidad entre sus lectores.

Si no lo han matado, dice, es por su apellido y porque no han cometido errores al momento de publicar asuntos de narcotráfico, lo que no les ha dado un pretexto.

“Si nosotros nos resbalamos en el manejo de la información del narcotráfico –asegura Clouthier de forma terminante--, vamos a abrir la pauta inmediatamente para que pueda darse una acción de los represores y la disfrazan de problema de narcotráfico”.

Sostiene que esas organizaciones “no ven en el periodismo un riesgo en el estado de Sinaloa, pero el político sí, si se denuncian y se evidencian sus vínculos con el narcotráfico se trunca su carrera política”.

Aunque no ha sufrido atentados, en seis años Clouthier tiene mucho que contar sobre presiones y hostigamiento. A este hombre lo han amenazado por teléfono, con investigaciones y demandas; lo han espiado y robado, y hasta le han querido comprar a sus reporteros.

Un día, llegó hasta la redacción una carta anónima dirigida al director con una sutil amenaza de muerte que se repetiría tres veces más casi en el mismo estilo.

En el 2001, a las presiones se sumó el espionaje, no sólo personal sino también comercial, lo que en El Noroeste lograron demostrar dos años después, cuando un equipo especializado contratado por Clouthier encontró en sus oficinas y en tres líneas telefónicas sistemas especializados para escuchar sus conversaciones. Fue documentado y denunciado. Nada pasó. El entonces gobernador del estado, tras rechazar que su gobierno fuera el que lo vigilara declaró con tono irónico: “es un asunto de la Procuraduría y de la siquiatría”.

Clouthier tomó la decisión de investigar y seguir publicando los casos de corrupción que se fueran cometiendo. El tema de narcotráfico, sin embargo, sería tocado con mucho cuidado.

En el caso de la corrupción, fue inevitable toparse con auditorías fiscales dirigidas, demandas penales por supuestamente difamar a algunas personas y también con el natural ocultamiento de información por parte del gobierno, a pesar de que se aprobó una ley de transparencia. “Pero lo más delicado fue recorrer ese camino solo, por la apatía de los otros medios de comunicación”, añade el director.

“El ejercicio periodístico crítico en Sinaloa ha sido extremadamente difícil, no sólo por la acción autoritaria de un gobierno, sino lo que es todavía peor, por la omisión y la complicidad de otros medios que deberían realmente de ejercer un periodismo crítico”, concluye.

¿Cómo se desarrolla el periodismo en un lugar como Sinaloa? Para Clouthier solamente “cuidándose”. Cuidando la información que se publica y sin traspasar una línea tenue que es la de no investigar asuntos de narcotráfico, simplemente publicar hechos e informes oficiales.

Violencia cotidiana

Regularmente hace calor en Sinaloa. En algunas ciudades el sol es seco y áspero, en otras húmedo y soporífero. Es zona fértil, punto estratégico para la economía mexicana.

El territorio sinaloense es chico, apenas ocupa el 2% del país. Tiene cuatro puertos y playas que se nutren del turismo. Es un estado en donde la pobreza no es tan extrema, donde las cifras oficiales certifican que el 90% de sus 2.6 millones de habitantes tienen todos los servicios básicos y que en sus 18 municipios los estudiantes cursan, en promedio, ocho años de escuela.

Tres son los periódicos más importantes en el estado, por su tiraje y presencia en las ciudades: El Debate, El Noroeste y El Sol del Pacífico.

Culiacán es la capital. Su transitar es el de una ciudad en crecimiento, con calles grandes y con movimientos rápidos; con colonias que se abren paso entre casas lujosas y sencillas; entre edificios que se construyen a pasos acelerados y tradiciones que ante la mutación parecen inamovibles.

La historia del santo Jesús Malverde, “El Bandido Generoso”, es una de esas costumbres que no sólo parecen inalterables, sino que muestran uno de los rostros más profundos de Sinaloa. La leyenda es sencilla: un hombre que quitaba a los ricos para ayudar a los pobres, y que desde que murió hace milagros. Hasta ahí la epopeya. Lo real es que ese santo, no reconocido por iglesia alguna, tiene una capilla frente al Palacio de Gobierno del estado y es allí donde capos de las drogas, traficantes menores, ladrones, policías, migrantes y personas de toda posición social, llevan sus ofrendas incluyendo la música de tambora, donativos y la respectiva placa que agradece la protección o ayuda de Malverde. Los pobres,


ancianos y enfermos recurren al santuario para recibir comida, medicamentos, ropa y hasta apoyo para enterrar a sus muertos. Todos los 25 de diciembre se festeja con derroche de música, flores, veladoras y alcohol, al santo de rostro claro, cejas pobladas y bigote oscuro y fino.

La ciudad de Culiacán parece tranquila con sus 800 mil habitantes. La misma tranquilidad se cree respirar en Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato, los principales municipios, por su aportación económica al estado y el número de habitantes que tienen.

Pero las estadísticas de la procuraduría de justicia del estado se empeñan en demostrar lo contrario: cada 17 horas es asesinada una persona, es violada una mujer cada dos días, cada mes roban un banco y cuatro casas cada día.

Hay distintas formas de violencia que se muestran tenues por ser tan cotidianas, como la costumbre de la población de portar una pistola o convivir permanentemente con los narcotraficantes, pues en el estado han nacido los más importantes capos mexicanos: Amado Carrillo Fuentes y sus 11 hermanos; Juan José Esparragosa Moreno, “El Azul”; Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; Héctor Luis Palma Salazar, “El Güero”; Ismael Zambada García, “El Mayo”; los hermanos Arellano Félix, y Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.

Los traficantes de drogas ganan voluntades o el silencio generando temor, ayudando a las personas, o convirtiéndolas en sus socios; las autoridades y sus corporaciones policiacas en el estado no generan confianza por su supuesto alto grado de corrupción y muchas veces cometen abusos, y las autoridades federales que no se han contaminado, en su afán por detener a los jefes de las organizaciones deben enfrentarlos. Todo ocurre con una gran dosis de violencia.

“Fue una decisión mía no meterme mucho a investigar cuestiones de narcotráfico –explica el reportero Luis Antonio Vallejo--, porque es el problema social número uno y es el modus vivendi de muchos sinaloenses. Del narcotráfico dependen muchos intereses en Sinaloa, como en ningún otro estado. A mi me tocó ver la protección a los narcotraficantes por parte de los propios ciudadanos, quienes son los que proveen de trabajo y ayudan a la comunidad”.

En el último año existe un reacomodo que incrementa la violencia en la entidad, provocado por los cambios en el gobierno del estado y dentro de las organizaciones criminales. Hasta septiembre de 2005 se contabilizaban 427 asesinatos. En el 2004 sumaron 516.

Las empresas cerveceras

El teléfono repiqueteaba insistentemente. Pasaban de las cuatro de la tarde y Vallejo no quería contestar la llamada. Estaba sentado trabajando en su casa, concentrado en un reportaje en el que debía ser muy riguroso, porque evidenciaba nuevos actos de supuesta corrupción de la alcaldesa de Rosarito, María Teresa Osuna Crespo, y de su esposo. Quería terminar pronto ese material y otras notas que tenía pendientes y que debía enviar al diario El Noroeste, en Mazatlán.

No pudo desentenderse. Con desgano se levantó y descolgó la bocina. Primero escuchó mucho ruido y después una voz fría, poco clara y áspera que sin vacilar casi le escupió al oído:

“¡Te vas a morir!”. Y cortaron.Vallejo se quedó helado, por segundos no fue capaz de articular algún

movimiento. Poco a poco la agitación que le recorría el cuerpo se derramó en su rostro y reflejó la angustia que lo inundaba.

No dudó de que fuera verdad. Es más, estaba seguro que podría ser más que una advertencia.

Tomó el teléfono y llamó a su jefe en Mazatlán. Le contó, muy perturbado, lo que le había ocurrido.

“Estoy asustado”, concluyó.El jefe lo escuchó atentamente y trató de calmarlo. Le repitió varias veces que

no debía asustarse. Acordaron ambos no publicar el reportaje que en ese momento escribía el

periodista, para dejar enfriar las cosas unos días y después verían qué hacer. El tema era delicado. Por varias semanas, el reportero había indagado sobre contrataciones de obras, de fiestas y hasta convenios con empresas cerveceras de los que el esposo de la alcaldesa obtenía supuestos beneficios. Debían esperar.

“Rompí toda la investigación.Ya no quise meterme en problemas. Me dediqué a calmar el agua –explica Vallejo--. Empecé a trabajar más en la cuestión agrícola y ganadera, en otros ámbitos”.

Nunca supo quién le llamaba y si cumplirían la amenaza, pero lograron su objetivo.

“Me censuré, por un instinto de supervivencia”, afirma. “No todos somos Blancornelas para traer cinco guaruras a nuestra espalda –

encara el reportero--. Mientras no se garantice la integridad física de los periodistas, nunca va a dejar de existir la autocensura por parte de nosotros mismos. Porque al final de cuentas todos estamos solos”.

Luis Antonio Vallejo hace tiempo que dejó Sinaloa, prefirió mudarse. Ahora trabaja en La Crónica de Mexicali, en Baja California, y dedica su tiempo a cubrir asuntos políticos. Muy cerca de Rosario, donde vivía, está Escuinapa, una ciudad en la que las presiones y amenazas contra periodistas se han incrementado. Allí fue asesinado, en el 2005, Gregorio Rodríguez, reportero gráfico.

Abuso de autoridad

Oscurecía en Culiacán. Eran cerca de las ocho de la noche y un grupo de reporteros descubrió un convoy de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que abandonaba la ciudad después de catear las casa del ex jefe policiaco, Pedro Pérez López.

Oscar Sánchez, reportero de El Noroeste, escuchó que los 12 policías irían a


catear otro domicilio, por lo que decidió seguirlos junto con una fotógrafa del periódico. Procuró guardar una distancia prudente, pero no tardaron mucho en detectarlo, dieron vuelta en una calle oscura y solitaria, se detuvieron y encararon a los reporteros.

“No pueden seguirnos, estamos haciendo una labor de investigación y nos están obstruyendo el trabajo”, les demandó uno de los policías.

“Ustedes hagan su trabajo, nosotros vamos a hacer la cobertura informativa. No los vamos a afectar”, replicó Sánchez, tratando de no perder la nota en exclusiva.

Los policías se negaron y les dijeron que no permitirían que continuaran. El reportero no cedió y los agentes lo amenazaron con “inutilizar” la camioneta.

A Martín Urista, fotógrafo del periódico El Debate de Culiacán, le pasó algo similar.

Ese tipo de agresiones eran las que más comúnmente padecían los reporteros en Sinaloa. Hasta que Gregorio Rodríguez fue asesinado. Hacía 17 años que no ocurría algo así en Sinaloa. Hoy todos tienen miedo.

Una foto...

Era domingo, Gregorio Rodríguez decidió que cenarían fuera de casa con sus dos pequeños hijos, en Escuinapa, Sinaloa. Faltaban 30 minutos para las siete. Quedó con su esposa María Teresa que regresaría rápido para prepararlos para dormir.

Llegaron a un lugar sencillo, donde había pocas personas y varios espacios vacíos.

Fueron minutos los que transcurrieron, pero parecieron segundos. Un auto llegó a las puertas del lugar, bajaron dos hombres y uno más se quedó al volante. Caminaron con paso rápido, mientras lo hacían sacaron de entre sus ropas unas pistolas. Uno de ellos se quedó afuera vigilando, el otro entró y le apuntó a Rodríguez. A menos de un metro de distancia apretó el gatillo de su pistola nueve milímetros y con gran precisión hizo que cinco balas atravesaran el tórax, la cabeza y el cuello, dañando órganos vitales. El cuerpo vencido, cayó al piso, al mismo tiempo que los hombres corrían a su auto y escapaban. La niña de seis años corrió hacia un lugar seguro dentro del restaurante y el niño de tres años se aferraba al cuerpo de su padre.

Llegaron la policía y los paramédicos. Gregorio Rodríguez, fotógrafo de profesión, estaba muerto. Lo asesinaron el 28 de noviembre de 2004, cuando tenía 33 años de edad.

Era un hombre tranquilo y muy trabajador. Con su esposa, dedicada al mismo oficio, abrió un foto estudio y bajo pedido acudían a fiestas y reuniones sociales para sacar las fotografías de recuerdo. Hacía dos años comenzó a trabajar en el periódico El Debate, como corresponsal en el municipio de Escuinapa, por lo que se dividía entre ambas actividades para mejorar el ingreso familiar.

En el diario siempre estaba disponible en horario y tiempo. Enviaba fotografías de actos políticos, sociales y deportivos.

¿Por qué murió? ¿Quién lo hizo? Las mismas preguntas se repetían los dos reporteros que trabajaban con él, familia y amigos. Nunca lo amenazaron y no tenía enemigos. ¿Qué pasó?

La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa movilizó un día después del crimen a 12 investigadores que llegaron a Escuinapa desde Mazatlán, con lo que se integró un equipo de 20 agentes, incluyendo a peritos y policías.

Interrogaron a testigos y a personas cercanas; efectuaron cateos a distintos inmuebles sospechosos, en los que encontraron drogas, armas, binoculares infrarrojos y chalecos antibalas, entre otras cosas.

Dieciocho días después, la policía detuvo a Ernesto Sedano Ornelas, de 20 años de edad, a quien las autoridades señalaron como coautor del crimen, porque presuntamente vigilaba el lugar mientras su compañero le disparaba al reportero gráfico. Se le sometió a juicio, pero su familia asegura que él es un jornalero que el día del crimen estaba viendo una película en casa de unos amigos, muy cerca de su hogar. Los periodistas también dudan de su participación en el crimen.

El juzgado ordenó la aprehensión de Sedano y negó otra contra Antonio Fraustro Ocampo, señalado por las autoridades del estado como presunto narcotraficante, aunque nunca ha sido acusado formalmente.

El 20 de enero de 2005 fue detenido Manuel Ulises y sometido a juicio. Tampoco los reporteros creen que sea culpable.

Los investigadores llegaron a una primera conclusión: el ex jefe de la policía municipal, Abel Enríquez Zavala, (destituido de la policía el 30 de noviembre de 2004) fue presuntamente fotografiado por Rodríguez junto a un narcotraficante, lo que presumiblemente preocupó al funcionario y por eso se dice que contrató a tres nayaritas para que lo asesinaran. Esta hipótesis sostiene que el reportero gráfico nunca se enteró de lo que había hecho. En julio fueron detenidos los nayaritas, el ex jefe policiaco y su amante.

Aunque la Procuraduría considera resuelto el caso, todavía persisten las dudas sobre las indagatorias. El móvil parece inconsistente: la fotografía que supuestamente tomó nunca se publicó en El Debate, explica su director Gregorio Medina, y tampoco ha sido localizada entre sus cosas.

Las pruebas están desahogándose. Los detenidos claman su inocencia y los periodistas de Sinaloa exigen justicia. El juez pronto deberá emitir su sentencia.

Tres riesgos

Los Mochis es un poblado en el que las calles se transitan sin prisa, no hay enormes centros comerciales ni bastas concentraciones de personas. Todo se aprecia en calma.

Es una pequeña ciudad que se ubica al norte de Sinaloa, dentro del municipio de Ahome, que contabiliza a cerca de 400 mil habitantes. A 20 minutos está el puerto de Topolobampo, a 60 kilómetros, se llega a los límites de Sonora, su vecino.


También, cerca de Los Mochis, a menos de 200 kilómetros, por una carretera con tramos difíciles, se puede llegar a lo que las autoridades federales hace décadas llaman el triángulo dorado. En ese punto convergen los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua y es ahí en donde se siembra la mayor cantidad de amapola y marihuana. Sólo el Ejército irrumpe en la zona para erradicar cultivos, pero lo hace muy bien armado y con demasiada cautela porque esa zona serrana es en extremo peligrosa, ahí dominan la astucia, las armas, el dinero y el poder.

En Los Mochis los reporteros aseguran que enfrentan tres riesgos fundamentales: el narcotráfico, la intolerancia y los citatorios de las autoridades.

Para abordar el narcotráfico hay una fórmula que como en otras ciudades de Sinaloa, por seguridad todos los reporteros siguen: sólo publicar hechos e informes oficiales. Algo más, aseguran, sería exponerse demasiado.

La intolerancia puede aparecer en cualquier asunto. En el detenido que es fotografiado por un reportero y lo amenaza por eso; en los casos de corrupción de funcionarios, y en cualquier nota que toque algún interés político o económico.

Por ejemplo, en esa región ocurre un caso peculiar. En época de sequía, cuando se restringe el agua, los funcionarios trafican con ella y la venden a agricultores que les pagan muy bien. Los intereses que pueden resultar afectados al publicar esa forma de corrupción, es un riesgo serio para los periodistas, al menos así lo consideran.

Algo que se ha vuelto demasiado habitual son los citatorios por parte de los investigadores, que interrogando a periodistas pretenden subsanar las deficiencias de sus casos. También los abogados de los acusados obligan a comparecer a los reporteros ante los jueces, para intentar probar desvíos de las autoridades o simplemente retrasar los juicios.

Historias de balas

El domingo 21 de febrero de 1988 enterraron a su padre. Un ataque al corazón originó un sepelio sorpresivo y rápido, por ello más doloroso. El lunes 22 lo asesinaron a él. Su nombre, Manuel Burgueño, profesor y periodista en Mazatlán.

Dos meses atrás lo habían operado de la columna vertebral y todavía no se reponía. Estaba cansado. Pasó ese día entre abrazos y charlas, no había más que hacer. Era un hombre culto, profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de donde obtenía sus principales ingresos. El periodismo lo ejercía con disciplina y vocación, escribiendo su columna, primero para El Noroeste y después para El Sol del Pacífico. También tenía un pequeño periódico quincenal al que puso Deslinde, que hacía más por gusto y servicio social que por dinero.

Años atrás había logrado comprar su departamento en Playas de Mazatlán, que compartía con una de sus hijas, su yerno y nieta.

Ese lunes, la rutina resultó igual. Burgueño permanecía más tiempo descansando por los dolores y malestares que todavía padecía. Sus tres hijas llegaron a acompañarlo, le llevaron a sus nietos para que los disfrutara. Llegó la tarde y a la

invitados se sumo uno más, su amigo Alfredo Sánchez, profesor de la universidad, con quien pasaba horas interminables de charla.

Allí estaban, compartiendo la tarde, cuando en un movimiento brusco se abrió la puerta y por ella cruzaron tres hombres con pañoletas cubriéndoles medio rostro y cada uno mostrando una pistola. En la entrada, en el marco de la puerta, se lograba ver a otro hombre que se quedó parado vigilando. La familia de Burgueño y su amigo, todos, detuvieron unos segundos la respiración y se quedaron muy quietos, los niños comenzaron a lloriquear asustados, sus madres sólo podían apretarlos en sus brazos.

“¿Quién es Manuel Burgueño de ustedes dos?”, increpó uno de los encapuchados.

“Soy yo”, dijo seguro Manuel, al tiempo que sacaba de entre sus ropas su identificación de la Universidad.

Uno, dos, tres... Seis disparos a quemarropa arrojó la pistola contra el periodista. Deshecho, sin fuerzas, Burgueño va cayendo recargado en la pared, hasta quedar sentado en el piso. Los hombres gritan y salen corriendo.

“Ayúdenme por favor... Ayúdenme...Quiero levantarme”, musitaba repetidamente, sin fuerzas, con dolor, con angustia.

No podían moverlo, las balas lo habían perforado de extremo a extremo. Estaba frente a su agonía.

Llamaron a la ambulancia y con cuidado lo pusieron en la camilla y entonces pudieron ver toda la sangre derramada. Se lo llevaron a un hospital del Seguro Social. No resistió. Cuando lo iban a colocar en la mesa de operaciones murió.

La ciudad estremeció ante la noticia. Los periodistas salieron a protestar a las calles asustados, pero decididos; los apoyaron en Culiacán y Los Mochis, exigiendo al gobernador Francisco Labastida que aclarara el crimen.

Las autoridades tardaron en comenzar las pesquisas. “Era notable la falta de interés de parte del gobierno para investigar el caso”, explica el periodista Fernando Zepeda Hurtado, amigo de Manuel.

Los periodistas, en cambio, pasaron varios meses investigando en forma independiente, deshilvanando. Descubrieron que el automóvil donde huyeron los asesinos había permanecido estacionado varias semanas a las afueras de las oficinas de la Policía Judicial del estado. Eso les arrojó las primeras pistas sobre los motivos de crimen, que después confirmarían: policías judiciales lo asesinaron porque en su columna evidenciaba la relación de comandantes y agentes con el narcotráfico.

“Burgueño escribía muy duro –relata Zepeda Hurtado--. Había escrito unas cosas en contra de Manuel Salcido Uzeta ‘El Cochiloco’ (identificado por las autoridades como líder del cártel de Guadalajara desde 1989, quien fue asesinado en 1991), diciendo que mantenía el control de medios de comunicación, de hoteles sobre un buen número de empresarios de Mazatlán. Tenía muchas propiedades: hoteles, cinemas y un club deportivo. Todo el mundo le tenía miedo”.

Fueron muchas las ofertas del gobernador que los periodistas escucharon, pero nunca se cumplieron. El entonces jefe de la judicial estatal, Arturo Durazo Moreno,


acusado años después de corrupción y vinculado a varios crímenes en el Distrito Federal, aseguró que no se iría de Mazatlán hasta resolver el crimen. Una efímera promesa de policía.

Al año siguiente, cuando las investigaciones sobre el crimen parecían parte del archivo muerto, el Ejército en un operativo militar detuvo a unos presuntos narcotraficantes, interrogaron a uno de ellos y declaró algo inesperado: el responsable del crimen es el ex comandante de la policía judicial del estado (ahora llamada policía ministerial), Humberto Rodríguez Bañuelos, a quien todos apodaban “La Rana”, el que en esa época tras abandonar las filas policiales supuestamente trabaja como operador en Sinaloa de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.

Y añadió otro dato:“Existe una lista de por lo menos cuatro periodistas a los que quieren darles

un escarmiento: Manuel Burgueño, Francisco Chiquete, Germán Grande y Fernando Zepeda.

Los militares comenzaron a investigar por su cuenta y confirmaron la información. Rastrearon el paradero de “La Rana” y encontraron primero a su hermano, Rigoberto Rodríguez Bañuelos, quien confesó --según dijeron los militares y después anunciaría la procuraduría de justicia el 14 de junio de 1989--, que presuntamente participó en el asesinato de Manuel Burgueño.

Las autoridades establecieron que “La Rana” ordenó el asesinato de Manuel y el día del crimen estuvo muy cerca supervisando que el plan saliera bien.

Lo acusaron y consignaron ante un juez. Sólo pasó un par de años en la prisión, porque escapó junto con otros 95 reos. Desde entonces se desconoce su paradero, aunque los rumores señalan que fue asesinado en Guadalajara. No hubo más detenidos. En marzo de 2001 fue capturado Humberto Rodríguez Bañuelos, señalado por la PGR como sicario del cártel de Tijuana. Cumple condena por narcotráfico, portación de armas, por su supuesta participación en el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y otros delitos. Sin embargo, en los cuatro años que ha permanecido preso, las autoridades no lo han acusado por el homicidio del periodista Manuel Burgueño.

Cantaba la rana

Como cada 7 de junio se organizó una cena para periodistas. Ese año de 1987 la cita fue en el Hotel Cima, en Mazatlán, al que concurrieron Sergio Galindo y su esposa Nery. En algún momento, sin darse cuenta, llegó hasta su mesa el comandante de la judicial del estado, Humberto Rodríguez Bañuelos y supuestamente sin más sacó una bala de su bolsillo, diciéndole con voz seca: “Qué bueno que la traigo en la mano y no te la he metido en el cuerpo”.

La pareja enmudeció. Sin duda era una amenaza por lo que pocos días atrás había escrito Galindo en su columna de El Sol del Pacífico. En su texto había incluido unas líneas dirigidas al entonces presidente municipal José Ángel Pescador,

diciéndole “que se cuidara el comandante Rodríguez Bañuelos porque andaba con narcotraficantes”.

A pesar de la gravedad de las palabras, al paso de los días Sergio Galindo, también corresponsal de Excélsior, de Ciudad de México, le restó importancia a ese pasaje.

El 16 de julio de 1987, el periodista murió. Un accidente automovilístico fue la causa, se informó. Los periodistas no lo creyeron, porque perdió el control del automóvil que misteriosamente volcó en un tramo recto. No se le reventó ninguna llanta y un día antes lo había recogido del taller.

Las autoridades no profundizaron más en el caso y la duda persiste.En 20 años, la lista de periodistas asesinados en Sinaloa alcanzan los 14. Se

desconoce cuáles fueron los motivos. Ya muy pocos en el estado recuerdan la lista completa.

Miedo... Comprender Sinaloa

Todos los días, Ricardo González prepara su cámara fotográfica, rollos, lentes y flash. También revisa su automóvil, llantas, gasolina y sirena; la radio, el escáner con las frecuencias de la policía y los servicios médicos.

Diariamente fotografía un herido, un detenido o un muerto en Mazatlán, donde trabaja para el periódico El Debate. Tiene que ganar la foto, el mejor ángulo, la imagen más completa. Para lograrlo se las ha tenido que ingeniar.

Lo cierto es que el resultado es exitoso, es uno de los mejores fotógrafos de la ciudad, capaz de meterse en los rincones y recovecos, de superar el miedo y ganar muchas fotografías.

Hace un par de años, González logró llegar primero a un enfrentamiento. Disparó su cámara sobre los muertos, los detenidos y toda la escena. Sin saberlo, estaba fotografiando a una leyenda. Era Ramón Arellano Félix uno de los que yacía tirado, uno de los capos más peligroso y violento, jefe del cártel de Tijuana. Estaba boca arriba, muerto de un balazo en el filo de la banqueta. Esas imágenes permitieron a la PGR confirmar que sí era el narcotraficante, pues el cadáver se lo llevaron sus familiares y ya nunca apareció.

Mazatlán es un lugar donde se vive la violencia a causa del narcotráfico y la pobreza. Asesinatos, secuestros y robos han sido comunes. Es el puerto al sur del estado, que vive del mar y del turismo. Sus habitantes suman 380 mil, por lo que es la segunda ciudad más poblada de Sinaloa, aunque sus dimensiones son menores, 3 mil kilómetros cuadrados que están ocupados, en parte, por una zona serrana.

Es una ciudad que gusta para el descanso, para disfrutar el sol, las playas, la pesca y la diversión nocturna, más aún en la época del carnaval. Eso es lo que también gusta a los narcotraficantes y la llegada de droga por el mar. Se tiene que vivir en Sinaloa y conocer su historia para poder comprender la espiral de violencia que existe allí, la histórica convivencia con el narcotráfico y sus códigos. “Existe una especie de consenso entre todos los reporteros de tener cuidado al escribir sobre los narcos –explica Fernando Zepeda, columnista de El Debate, de


Mazatlán--, porque implica riesgo y a ellos no les cuesta nada levantar a cualquiera de nosotros y que nos ejecuten en cualquier lado”.

Investigar hasta llegar a los pormenores, acusa Zepeda, implica no saber hasta dónde están los intereses, “porque no puedes saber si el que te está sirviendo de fuente en la policía está coludido con él o con otros; no sabes si el que te está pasando una información al rato va a ir con otro narcotraficante a decir Fernando Zepeda está investigando sobre esto o trae información sobre esto otro. A lo que muchos de los reporteros se han estado dedicando, en los últimos años, es a escribir el hecho y no a investigar”.

“A veces –detalla con irritación--, uno no sabe si tienes delante, tomando café, a un supuesto empresario que está lavándole dinero al narco y empiezas a hablar de un narcotraficante sin saber que es empleado de él. Eso es lo difícil, no podemos como periodistas identificar hasta dónde han llegado los tentáculos de los narcos”.

Meterse a investigar, explica Gregorio Medina, director de El Debate de Mazatlán, es meterse en problemas, donde se expone la vida.

“Hacemos un periodismo light en cuanto a ese tipo de cosas, porque no podemos exponernos. Nosotros no queremos exponer la vida, no vale la pena exponer la vida, no vale la pena, no vale la pena”.acentúa con vehemencia. Las palabras de Medina se escuchan fuerte en su oficina, suenan a denuncia, a explicación y a fastidio.

“Han asesinado periodistas”, continúa en el mismo tono, “hemos pasado por eso, lo hemos vivido. Nos da miedo, tenemos miedo”Los reporteros tienen libertad para escribir -- afirma Medina --, pero ellos mismos miden riesgo y si hay peligro se hacen a un lado, aunque algunos quieren investigar más. La indicación que “les doy a los reporteros es que cuando vean situación de peligro, se hagan a un lado, que no vale la pena exponer la vida, porque aquí lo más fácil es matarlos y desaparecerlos. Es real el riesgo de sufrir un atentado”.

“El estado debe ubicarse como un lugar de alto riesgo por los niveles de impunidad, porque no se aclaran el 95% de los homicidios, no hay libertad par ejercer el periodismo contra el poder político y mucho menos contra el poder del narcotráfico… Sinaloa es una zona de alto riesgo”, concluye. q

IIIEl sureste,

pasajes de miedo


Es el sureste mexicano, el más pobre, el más abandonado, el de la pelea continua. Es la zona que históricamente ha encabezado y acogido las luchas sociales, pacíficas y armadas. Pero también en donde la

represión se ha instalado.A diferencia del norte, en esta zona los riesgos para los periodistas son más

sordos, menos reconocidos y más abandonados. Desde el centro del país pocas veces se mira para el sur y por eso poco se comprende en su diversidad, sus contradicciones, sus silencios y necesidades.

El periodismo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero tiene que sortear la intolerancia, el poder de los caciques políticos, sindicales y religiosos, la corrupción y abusos de los cuerpos de seguridad y policiacos. Enfrenta la desconfianza y la falta de solidaridad.

Pero hay un riesgo al que el reportero de esa zona pareciera que se ha habituado y ya ni siquiera percibe el cambio que ha provocado en su trabajo cotidiano. Es, como en todo el país, el crimen organizado.

La mayoría de los reporteros de esos estados afirman que sí publican sobre el tema, registrando lo que ocurre. Pero varios han sido amenazados y eso es suficiente para no continuar investigando. No tiene caso correr semejante riesgo, ni siquiera el salario lo vale, mucho menos la falta de apoyo y el reconocimiento, aseguran.

Por eso, a pesar de que esa zona del país es un punto clave de operaciones y tránsito de drogas, autos robados y tráfico de personas; son contados los casos en los que se investiga y se denuncia.

Por todas las necesidades e intereses que enfrentan día a día en esa zona, a los reporteros sólo les queda resistir.

Mejor enfrentarlos

“Te tenemos muy bien ubicado, sabemos en qué hotel te hospedas y qué número de habitación te asignaron”, escuchó Manuel De la Cruz. Era una voz masculina, extraña y ruda, que se había comunicado a su celular.

La sangre recorrió más rápido su cuerpo y por segundos quedó paralizado ante el asombro, pues tenía apenas unas horas de haber llegado a Tapachula, Chiapas, y por las prisas ni siquiera recordaba el nombre del hotel en que se había registrado.

“Si no dejas de estar chingando vas a aparecer muerto y no estamos jugando”, continuó la misma voz, cada vez más desagradable. “¿Pero de qué se trata? Yo me hago responsable de lo que hago”, respondió De la Cruz, quien no entendía el porqué de esa llamada, pensando que la mejor forma era enfrentarlos y no mostrarles miedo.

“Te quiero ver porque te quiero partir la madre”, espetó el hombre desconocido.

El periódico Milenio había enviado de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula a su

corresponsal Manuel De la Cruz, para que cubriera la visita de trabajo que desarrollaba, en febrero de 2001, Gabriela Rodríguez, relatora especial de Naciones Unidas para derechos humanos de los migrantes. La visita a Tapachula era muy importante, pues se trata de la principal ciudad de ingreso desde Centroamérica a México.

La comitiva estaba recorriendo una estación migratoria, cuando el reportero recibió la llamada y en cuanto colgó le contó a su amigo Alejandro Ruiz, corresponsal de AP. Manuel pensaba que debía enfrentarlos para trata de impedir que le hicieran algo, porque era claro que lo estaban vigilando y quizá lo querían cazar.

El encuentro fue rápido y en una plaza pública. Manuel llegó acompañado de Alejandro y de otro periodista, Isaac Sánchez. Al llegar se toparon con dos hombres que estaban muy enojados, el motivo era que un mes atrás Milenio había publicado un informe elaborado por las autoridades estatales, en el que daba a conocer los nombres y operaciones de narcotraficantes de la zona, incluso de aquellos que traficaban con personas. “Te vamos a tronar”, decía insistentemente un hombre joven de facciones duras al que se le notaba el enojo.Cuando De la Cruz supo de qué se trataba, alegó: “Ese documento existe, lo hizo el gobierno del estado, yo sólo lo publiqué, no es conmigo con quien se tienen que arreglar”. “Haber dánoslo para ver si es cierto”, lo retó. “Pídanselo al gobierno del estado, yo no trabajo para ustedes”, replicó De la Cruz.

La reunión acabó con amenazas,. “Al principio –reconoce --, tuve miedo de que me mataran, por la forma en que

opera esta gente, pero después pensé que tenía que seguir reporteando porque era mi seguro de vida y si cedía en esa ocasión, era ceder para siempre”.

Pero no todos los reporteros hacen lo mismo, por seguridad muchos prefieren autocensurarse en el tema de narcotráfico, de tráfico de personas y hasta de corrupción, comenta Isaín Mandujano, corresponsal de la Agencia APRO.

Yolanda es una reportera con 13 años de experiencia. Cuenta su historia ocurrida hace más de cinco años. Todavía tiene miedo.

Un día cubrió una información sobre unos acusados de tráfico de indocumentados. Detalló lo que hacía esa organización y puso sus nombres. Cuando apareció publicada la nota, en la Agencia Estatal de Información se recibió la llamada de una mujer que advertía que Yolanda tuviera cuidado, porque “la iban a matar”.

La reportera, sin aviso, dejó Tapachula. La seguían buscando y no era capaz de sentir más miedo, creía que la matarían en cualquier momento.

La Jornada, el diario para el que trabajaba, se hizo cargo de su viaje al Distrito Federal, en donde se escondió. No tenía fuerzas para más.

La salud de su padre se agravó y ella, después de 20 días, tuvo que decidir entre permanecer oculta o regresar a cuidarlo. Le advirtieron que todavía no era seguro, pero regresó a Tapachula bajo su propio riesgo.


Al poco tiempo detuvieron a las dos personas. La mujer era hermana del jefe de la banda de la que Yolanda había escrito, y el hombre era su ayudante.

“Me quedó mucho miedo --reconoce--. A veces se ejerce el periodismo sin saber las consecuencias, y yo no lo había valorado en su magnitud y todo lo que podía provocar.

“La experiencia me hizo ser más responsable con lo que escribo, a publicar con fuentes y a escribir con mucho rigor”.

Puerta del sur

Tapachula es el extremo al sur de México, la última ciudad del país y su puerta de entrada desde Centroamérica. El municipio es pequeño, alberga a 272 mil habitantes, aunque la población fluctuante llega a duplicar esa cifra por las actividades comerciales que se desarrollan. Del otro lado de la frontera está la ciudad Talismán, en Guatemala, que es el principal punto de conexión con ese país.

En realidad la frontera no existe, sólo los ríos Suchiate y Usumacinta son los que separa a los dos países, pero el paso es cotidiano por cualquier camino, a la vista de todos. Es fácil cruzar de un lado al otro con animales, comida y productos ilegales. Las autoridades, por ejemplo, han ubicado en Guatemala más de 10 pistas de aterrizaje ilegales, en donde llegan avionetas cargadas con drogas que, en algún momento, pasan por algún punto de los 962 kilómetros de frontera.

La facilidad del cruce ha provocado que, en ambos países se establezcan organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, armas y drogas.

Tapachula padece la presencia de esos grupos, es el municipio donde más delitos se cometen en el estado. Muchos hoteles se utilizan como prostíbulos o para ocultar a ilegales, los bares utilizan a mujeres y niñas extranjeras para atender a sus clientes y pagarles menos.

En los últimos 10 años, establece un informe de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, en promedio cada año detienen las autoridades migratorias “a poco más de 100 mil extranjeros indocumentados en la zona”. Y no sólo eso, los delitos que más se cometen son: robo, lesiones, daños, homicidios (en promedio 300 al año) y falsificación de documentos.

Por si fuera poco, la ciudad enfrenta otro problema, la presencia de las pandillas, cuyo perfil de violencia está contaminando a los jóvenes chiapanecos que desde hace unos años comenzaron a imitarlos.

Intolerancia

26 de febrero de 2004, nueve de la mañana. La jornada de trabajo de los reporteros Carlos Herrera, Elio Henríquez y René Araujo los lleva a las comunidades de San Isidro y Chajtoj, ubicadas dentro del municipio de Zinacantán, en Chiapas.Una media hora de carretera desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Ese día atendieron la invitación de un grupo de las llamadas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Era importante estar allí, porque los primeros días del mes, en esos poblados, se habían enfrentado los del EZLN y los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la propiedad de un ojo de agua.

San Isidro y Chajtoj son comunidades pequeñas, se camina entre piedras y tierra. Los indígenas del municipio de Zinacantán, que incluye varias comunidades y alcanza apenas los 30 mil habitantes, son tzotziles y se dedican al campo y a sus animales. No es suficiente, hay mucha pobreza que el vivir cotidiano evidencia: poca comida que el cuerpo refleja y gran cantidad de casas con lámina y piso de arcilla. Como ocurre en muchos lugares en Chiapas, San Isidro y Chajtoj son comunidades que la religión o la política ha dividido, incluso enfrentado.

Los tres reporteros llegaron a la cita. Elio es corresponsal de La Jornada, Carlos lo es de Cuarto Poder y René siendo reportero gráfico acostumbra vender sus fotografías a la agencia Notimex. Todo estaba bien, apenas un mitin y discusiones sobre lo que estaba ocurriendo.

De pronto, sin saber cómo, los pobladores armados con motosierras comenzaron a romper la cerca alrededor del ojo de agua.

Había que salir pronto de ahí. Los reporteros decidieron, sin decir nada, subirse al Jeep y arrancaron. No fue mucho lo que pudieron avanzar, pues cuando cruzaban la comunidad de Chajtoj, poco antes de llegar a la carretera, un hombre les pidió que se detuvieran. Aparecieron en segundos cuatro mujeres que se colocaron frente del vehículo para impedir que retomara su camino. Esas personas querían saber quiénes eran y cómo habían participado en la destrucción de la cerca. El entendimiento fue nulo. Tras unos minutos de tratar de explicarles lo ocurrido, el resultado fue desastroso. Los involucraron en los incidentes.

Del susto pasaron al miedo. Los pobladores no escuchaban. Por más que se identificaron, que les trataron de demostrar que tenían permiso de estar allí y que no hicieron nada, los oídos eran sordos.

De pronto apareció un Volkswagen viejo desde la terracería de la avenida principal de Chajtoj. Era un funcionario de obras públicas del Ayuntamiento y dos asistentes. Pidieron hablar con la persona que estuviera en ese momento a cargo: “Mire, los conocemos, son periodistas, déjenlos ir”, pidió el funcionario. “No se pueden ir, primero hay que resolver el problema”, respondió con prisa el hombre. “Dígame ¿cuál es el problema?”, preguntó.

Después, sin más, ordenó a unos hombres de la comunidad que detuviera también a esos caxlanes (forma a la los indígenas se refieren despectivamente a los mestizos).

Los funcionarios quedaron presos en la escuela. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, su retención alivió los ánimos de los reporteros, pues ahora eran 6 los detenidos, el gobierno ya estaba avisado y sería más difícil que el castigo fuera el lincharlos. Había que esperar.

Seis horas duró la angustia. Las intervenciones del Fiscal, del Gobernador, de


legisladores, permitió que los liberaran. Dos meses después, en la misma zona hubo un enfrentamiento entre zapatistas y perredistas, con heridos y muertos. Herrera y Araujo reconocen que sintieron miedo, pero regresaron a hacer su trabajo, sólo que con más cuidado y ya no volvieron solos.

“Uno aprende poco a poco, casi involuntariamente, a medir los riesgos. Por ejemplo, cuando vamos a fiestas tradicionales, me preocupo de ver si hay seguridad. Podría ser que no puedas salir y perderás el material, y quizás hasta la vida. Vas sobre tu propio riesgo, pero lo debes medir”, explican.

Indice de marginación

Chiapas es un estado de profundas desigualdades, de absurdos e incongruencias. Tradicionalmente excluido del desarrollo económico y social del país, tratado con indolencia y discriminación. Igual manejo se ha dado a Oaxaca y Guerrero, en donde el abandono es profundo. En la clasificación del INEGI, los tres estados aparecen bajo el concepto de “muy alto índice de marginación”.

Y de qué otra manera podría ser, si de la población que tiene algún trabajo, el 80 por ciento gana menos de cinco dólares diarios. El promedio de escolaridad es de seis años y apenas el seis por ciento logran terminar la universidad.

La selva, la sierra, el mar, los pantanos o las montañas, hacen de Chiapas un lugar muy verde, fértil y visualmente hermoso, pero también difícil para sus cuatro millones de habitantes, distribuidos en los 118 municipios que hay en el estado. A pesar de esa enorme cantidad de recursos naturales, Chiapas, junto con Guerrero y Oaxaca (que también tienen una gran riqueza natural), arrojan el mayor número de municipios bajo una situación de inseguridad alimentaria “extrema”; es decir, que la población que en ellos habita (más de dos millones) no satisface los mínimos indispensables de nutrición y su salud está en riesgo, de acuerdo con el análisis de Felipe Torres, integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En Chiapas, Oaxaca y Guerrero hay sectarismo religioso, cerrazón y, sobre todo, intolerancia, que proviene de las mismas comunidades, de líderes sociales, políticos o caciquiles, que se aprovechan de la buena fe o la ignorancia de las personas.

Para quien no conoce Chiapas, pedir permiso para poder realizar el trabajo informativo le resultará extraño. Pero así es, reportear en esta región mexicana es toda una faena. Se deben conocer la decenas de etnias indígenas que hay en el estado, su forma de organización y costumbres, para no violentar sus tradiciones.

Es tarea indispensable ubicar las creencias religiosas de cada grupo, porque cada vez las comunidades están más divididas entre diferentes matices de catolicismo (diocesanos y tradicionalistas, por ejemplo), además de protestantes, evangélicos y hasta musulmanes.

Y las afinidades políticas de esos grupos, porque en Chiapas hay marcadas divergencias entre los simpatizantes del PRI, PRD y EZLN.

Si no se repara en todos estos ingredientes y tampoco se comprenden los conflictos e intereses que se viven en la zona, se está en severo riesgo, incluso, hasta de la vida.

Los brotes de intolerancia, parecen inofensivos, pero en Chiapas en ocasiones da la impresión de que hay una violencia contenida que en cualquier momento puede desatarse. Además, la amenaza es una de las herramientas que es común utilizar para tratar de inhibir el trabajo de los periodistas.

La falta de apoyo que experimentan los reporteros de sus medios informativos, provoca que el miedo se acentúe, que tengan la sensación de abandono y ser, por tanto, más vulnerables ante esas amenazas que pueden tomar forma o no.

En San Cristóbal de las Casas el salario no supera los 500 dólares mensuales, salvo algunos casos de periódicos del Distrito Federal que le pagan mil dólares y un poco más a sus corresponsales, pero el resto ninguna prestación tienen, ni a contrato llegan.

“Son severas las condiciones de trabajo, van en función del desarrollo del medio. No hay seguro de vida, ni siquiera viáticos ni aumento salarial. Tampoco hay estabilidad laboral. Si te amenazan, tú estás solo y te tienes que defender. Yo corro el riego porque me gusta lo que hago y por ahora quiero estar aquí en San Cristóbal”, concluye sonriente Carlos Herrera, con 29 años de edad, apasionado por su trabajo.

Reporteros incómodos

Abenamar Sánchez es un reportero joven. Nació en tierra indígena, tierra zoque. Su familia vive en el Nuevo Naranjo, un poblado que su familia y varias más fundaron hace más de 20 años, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Su trabajo periodístico es muy social. Creció viendo como las personas morían por carecer de comida o medicamentos básicos. También vivió el trabajo duro, de sol a sol y de poca paga.

A mediados de 2003 descubrió que en el Nuevo Naranjo los vecinos se estaban enfermando mucho, llegaban al centro de salud con altas temperaturas y malestares generales. No había medicamentos suficientes para atenderlos y por las mismas carencias tampoco se podía determinar si era algo más grave.

Abenamar escribió sobre eso, después de hablar con médicos y vecinos. Como el tema causó revuelo en el estado, las autoridades sanitarias quisieron esconderlo todo y, la mejor forma, fue presionar a los indígenas y convencerlos de que el reportero había exagerado.

Abenamar fue sometido a una reunión de dos horas en donde lo acusaron de agredir a su comunidad y lo lincharon moralmente. Sus vecinos ya ni siquiera le hablaban y hasta le gritaban en las calles del pueblo: mentiroso.

“Pensé esa vez –recuerda Abenamar--, que puede ser peor que te difamen, que te expongan así. Pierdes lo más valioso: credibilidad”.

Hay muchas formas de atacar a los periodistas, sutil, poco notoria o contundente, al menos así ocurre en Chiapas, en donde lo más fácil es negar y mentir; aunque también se da el caso, reconocen los periodistas, que columnistas y “supuestos reporteros” utilizan su posición para atacar y sacar provecho.

Al gobernador del estado, Pablo Salazar, se le acusa presuntamente de presionar a periódicos que no son de su agrado, como Cuarto Poder. También de pedir la


remoción de reporteros considerados “incómodos” como el caso de Manuel De la Cruz en W- Radio o de Isaac Robles, quien hasta principios de 2005 trabajaba en la radio oficial del gobierno.

En el gobierno aseguran que eso es falso y que se ha generado aversión en su contra porque desde su administración se han dejado de pagar “chayos” (dinero) a reporteros, incluso ya no se compran las notas de ocho columnas como ocurría hasta hace cinco años.

Lo cierto es que además de la intolerancia, la mala reputación de los periodistas es enorme, poco se les reconoce y se les respeta en su trabajo. Desde las empresas periodísticas que no les dan identificaciones, porque con ellas extorsionan, les dicen; tampoco les dan contratos y menos prestaciones. Pero las cosas están cambiando, desde 1994 el ejercicio periodístico inició una transformación que no se ha detenido. Comenzó a profesionalizarse. Hasta ahora, la universidad lleva la quinta generación de periodistas.

Con el zapatismo, los reporteros debieron convertirse en corresponsales nacionales y hasta internacionales, lo que exigió un mejor trabajo y desempeño; comenzaron a desaparecer supuestos diarios que en realidad eran vehículos para extorsionar y poco a poco han ido quedando menos, unos 20 en todo el estado. Y las autoridades se vieron obligadas a abrirse más cada vez. Pero falta mucho, coinciden los periodistas.

Cuestión de honor

La intolerancia se da en el gobierno, en los líderes políticos o religiosos. En realidad en todos los espacios, incluso entre los periodistas. Una de sus manifestaciones claras son las denuncias que se presentan por difamación y calumnias entre particulares.

De 2001 a 2003, se iniciaron mil 691 averiguaciones previas por difamación y 66 por calumnias. La mayoría fue entre particulares, de esas sólo 27 involucraban a algún reportero y de ellas 12 fueron presentadas por periodistas contra periodistas.

Por tradición en Chiapas, dice un reportero, el honor se considera como uno de los bienes más preciados, por eso cuando se siente atacado lo primero que una persona hace es pedir que se disculpen, pueden llegar a los golpes o hasta la muerte; en el mejor de los casos, presentan una denuncia en contra del que los agravió.

Cuando en febrero de 2004 aparecieron reformas al Código Penal y con ellas se aumentó la pena de prisión del delito de difamación de hasta en nueve años, uno de los sectores que más se preocupó y criticó esos cambios fue el periodístico, por una sola razón: ante la intolerancia existente podría ser un arma perfecta para tratar de inhibir el ejercicio informativo y hostigar a los reporteros.

La reforma sigue vigente, el Congreso de Chiapas se comprometió a revisar el Código Penal y, en su caso, modificar ese apartado. No lo ha hecho. Tampoco

se han presentado, todavía, casos en los que se utilice ese artículo para atacar y hostigar a un reportero.

Peaje

Desde el levantamiento zapatista en Chiapas se instalaron los retenes militares. En ocasiones son muchos y otras veces disminuyen en número. Su presencia ha alterado la vida cotidiana de las comunidades y también el trabajo de los periodistas.

Nunca han cometido en contra de periodistas alguna agresión física, reconoce Carlos Herrera, pero con sus actitudes y acciones intimidan.

Generalmente, añade, cerca de las comunidades zapatistas hay un retén militar, cuando los periodistas entran a una de ellas les toman fotografías o video, los obligan a darles sus datos personales y registran las mochilas y los automóviles en los que viajan.

“Todas las bases militares –comenta--, tienen problemas de tenencia de la tierra porque ninguna fue donada para que se pusieran en esos lugares. En San Isidro, por ejemplo, taparon un camino ejidal para instalarse y la gente no puede caminar por ahí para ir a su casa que está adelantito. Nosotros hemos escrito sobre todo esto y hemos recibido la correspondiente regañada y amenaza de que estamos en territorio federal, que nos van a quitar la cámara o cosas por el estilo”.

Los retenes también los colocan los grupos indígenas cuando tienen festejo en su pueblo y así pueden pagar más, o incluso cuando hay conflictos intercomunitarios, para que puedan pasar los periodistas a trabajar, tienen que pagar 20 pesos (dos dólares) y también existe el llamado peaje de guerra que instauraron los zapatistas, quienes en los primeros años eran intolerantes, muy cerrados y selectivos, pero que desde el año 2000, poco a poco han modificado esa actitud.

“A mi me daría más miedo entrar a otra comunidad no zapatista, que a una comunidad que sí lo es, quizá porque entienden más lo que es un periodista”, comenta Herrera.

Los Caciques

En Oaxaca las historias de presiones por parte de caciques y líderes sociales es muy parecida a lo que se vive en Guerrero y en Chiapas, bajo un contexto similar, de pobreza, de discriminación, de intolerancia, de impunidad y corrupción.

Sin duda, el caso del periódico Noticias muestra la mayor agresión a la libertad de expresión que se haya cometido en la entidad. Los periodistas y directivos del diario acusan al gobernador Ulises Ruiz de ser el artífice. El funcionario se defiende argumentando un problema laboral interno.

Sin embargo, en este conflicto iniciado hace cuatro años, que se ha acentuado desde noviembre de 2004, ninguna autoridad ha impedido que se vulnere los derechos de los reporteros y la libertad de publicar el diario Noticias.


El 28 de noviembre de 2004, un grupo encapuchado y con machetes invadió las bodegas del diario, en donde guardaban los insumos básicos para poder imprimirlo. Al día siguiente apareció dentro de las bodegas un cadáver, del que pretendían hacer responsable a los directivos del periódico.

La autoridad nunca desalojó a los invasores, por el contrario, permitió que se instalaran y construyeran sus casas. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación al gobernador por la actuación negligente de las autoridades estatales. El gobernador no la atendió.

El periódico fue cerrado el 18 de junio de 2005, por supuestos trabajadores que se fueron a huelga, pero que en realidad respondían a una organización sindical sin presencia en el rotativo. Los empleados no salieron de las oficinas y permanecieron 31 días encerrados, hasta que un grupo armado con palos y machetes entró a las instalaciones el 18 de julio y ellos tuvieron que huir. Los que no pudieron hacerlo fueron golpeados.

El gobernador insiste que es un problema laboral y que por eso no interviene. Aunque en agosto del 2005 comenzaron los acercamientos.

La razón de todo el problema, se asegura, es la línea crítica que el periódico ha seguido sobre el gobierno y sus acciones. El conflicto está latente.

Olvido e Impunidad

Es la región mixteca que le pertenece al estado de Guerrero. Es un día de noviembre de 2004. Un grupo de niños de entre siete y 12 años que viven en una pequeña comunidad, que haciendo cuentas alegres alcanza apenas los 200 habitantes, se levanta mucho antes de que el sol se asome, toman del café o del pedazo de tortilla que alcanzan en su casa y salen con prisa. En el camino esos niños se encuentran, se saludan y siguen andando, la mayoría descalzos, entre piedras y tierra. Recorren dos horas para llegar a la escuela.

José Antonio Rivera, periodista, visitaba esa escuela para un reportaje. Le llamó la atención encontrar en una repisa unos vasos de colores ordenados por números, preguntó a la maestra en qué tarea los ocupaban y ella le respondió que les servía a los niños en su único almuerzo, era uno de sus utensilios más preciados. Y como si fuera su única oportunidad para contar algo que le lastimaba, casi como un momento de catarsis, la maestra suavemente le contó:

“Cuando tenemos el receso, cada niño toma su vaso y se va al pozo, allí cada uno toma un pequeñito puño de tierra y lo pone en su vaso, después le sirve agua, lo mezcla con sus dedos y rápido lo toma”.

“¿Pero comen tierra?”, preguntó sobrecogido el reportero. “No tienen más. La tierra les sirve solamente para sentir que tienen algo en el

estómago y poder pasar la jornada. Podrán comer algo cuando regresen a su casa en la tarde”.

Así es Guerrero, un estado al que se le conoce como un pueblo bronco, de confrontación y combate. En donde se han lidiado distintas guerras desde la de

Independencia. Donde surgen caciques y terratenientes copreros y cafetaleros, que hasta la fecha gozan de la más importante influencia política y económica en toda la entidad.

Las luchas y protestas campesinas e indígenas no han cesado, porque desde siempre la pobreza carcome. En la sierra, en la costa chica o en la grande, las organizaciones sociales pacíficas y también las guerrillas se ha asentado, las han reprimido y han renacido. Entre los años 70 y 80 se estima que fueron asesinadas, por parte de distintas autoridades, más de 500 personas, muchas desarmadas y otras catalogadas como subversivas.

Desde mediados de los años 60 hasta los 80, cuenta el periodista Rodrigo Huerta, “toda la población peligraba, porque no había respeto por la vida. Los militares sacaban de su casa a los campesinos y los mataban, y no pasaba nada. Había masacres. La policía judicial era temida. Se vivía con miedo”.

Huerta tiene 55 años, y era muy joven cuando trabajaba en el periódico Revolución, donde tenía una página para denuncias estudiantiles, que comenzó como algo casi sin trascendencia, pero con el calor de esos años se fue convirtiendo en un espacio de denuncia por las desapariciones y persecuciones a las que fue sometida la academia.

Las publicaciones molestaron al gobierno en turno y Huerta salvó la vida de milagro, después de que un comandante le advirtiera que se había dado la orden de que le pusieran droga en su automóvil para acusarlo y desacreditarlo. Se escondió por un tiempo en el estado de Nayarit.

Fueron épocas en las que se presionó o se compró a la prensa en Guerrero. Era difícil no someterse, sabiendo que ese estado se olía a la muerte. Y todavía más grave, enfatiza Huerta, “nunca se ha aclarado un crimen, menos se aclararía el de un periodista”.

Son 79 los municipios guerrerenses en los que viven 3 millones de personas, de ellos el 13 por ciento hablan alguna lengua indígena. Junto con Chiapas y Oaxaca, Guerrero ocupa los últimos lugares en las estadísticas de desarrollo. El 20 por ciento de sus población no sabe leer ni escribir.

La exclusiva

En junio de 1996 un grupo armado autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) se presentó en un acto en el que se recordaba la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

Los medios de comunicación dieron seguimiento a la noticia que causó revuelo nacional e internacional. El gobierno trató de disminuir el impacto, pero la información aparecía día a día, con nuevos datos y detalles.

Para tratar de inhibir la cobertura se optó por una vieja estrategia en la región. Un día, en la segunda mitad de ese año, llegaron a los diarios de Guerrero y Chiapas una lista en la que aparecían los nombres de más de media centena de personas que supuestamente colaboraban o integraban el llamado EPR. Entre esa


columna había más de una decena de periodistas de esos estados. Algunos medios de comunicación validaron y publicaron la información, en la que reportaban que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba a esos reporteros por su aparente vinculación con el EPR.

Aunque la PGR desmintió lo publicado y ninguno de los periodistas percibía que su vida estuviera en peligro, todos sabían --aseguran algunos de los reporteros que aparecían en la lista-- que era una forma de intimidar y de presionar.

“Era una manera de hostigar, era un mensaje para inhibir el trabajo de los reporteros. Uno de los efectos de alguna manera era el estigma, el desprestigio”, asegura Maribel Gutiérrez, reportera y editora del diario El Sur de Guerrero, quien aparecía en ese listado y en ese entonces era corresponsal de La Jornada.

Todavía el 2 febrero de 1994, la población mexicana no se recuperaba de la sorpresa causada por el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas. Ese día, en El Sol de Acapulco, en Guerrero, una nueva noticia asombraba: “Detectan grupos subversivos en la sierra guerrerense”. La noticia de ocho columnas no sólo causó revuelo, sino la vida del reportero que la firmaba se convirtió, asegura, en un viacrucis.

José Antonio Rivera era reportero de ese periódico. Le gustaba investigar los temas más controvertidos y espinosos.

La detección del tráfico de unas 20 mil armas hacia Guerrero procedente de Estados Unidos, del que sólo sus contactos le avisaron, le dio a Rivera un buen motivo para buscar información sobre el uso y procedencia del equipo, la mayoría metralletas Ak-47.

Caminó hacia la montaña y, como ya lo conocían, no le fue difícil obtener poco a poco datos impactantes de los pobladores: había grupos armados en la sierra de Atoyac y de Coyuca de Benítez, y estaban listos para sublevarse.

Rivera pasó varias semanas obteniendo información. Los testimonios confirmaban que pronto surgiría la guerrilla en Guerrero.

El periódico publicó la información recabada por Rivera. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari llamó al dueño del diario a quien le dijo que le preocupaba lo que estaba publicando su diario de Acapulco. La directora, Eloína López y el reportero Rivera fueron sancionados, aunque en el caso de la primera a todos los empleados se les dijo que estaría de vacaciones unas semanas. Al reportero se le suspendió 40 días sin salario.

Al principio, el mayor problema no fue la sanción, explica Rivera, sino que unos 20 agentes de la Policía Judicial del estado, lo esperaron a las afueras de su casa para llevarlo, le dijeron, con el gobernador Rubén Figueroa que quería platicar con él. Le pidió que revelara su fuente, pero presuntamente al no tener respuesta lo acusó:

“Está usted creando un terrorismo informativo. Y debe saber que me preocupa la seguridad de Guerrero”.

Ante la cerrazón de Rivera, el gobernador lo dejó marcharse, pero ya no lo hizo solo, desde entonces y durante dos meses lo vigilaron hasta 16 personas

de diferentes corporaciones, incluyendo el Ejército. Querían supuestamente hostigarlo y anular sus contactos.

“Detrás de mi –detalla el periodista--, había una fila de cuatro autos, eran del Ejército, del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), judiciales del estado y no sé de donde más. Estaban a fuera de mi casa y a donde quiera que yo iba se movían, en ocasiones eran tres o cuatro personas en cada vehículo. Sólo me decían que tenían órdenes de seguirme y que eran del gobierno. Mientras la suspensión cambió a tiempo indefinido”.

Durante tres meses y de forma intermitente, sonaba en la madrugada el teléfono y al descolgar sólo se escuchaban amenazas de muerte:

Cuatro meses después, el periódico El Financiero publicó un documento del Ejército dirigido a la Secretaría de Gobernación en donde daba cuenta del tránsito de esas 20 mil armas que Rivera antes había reportado.

“Esa publicación me quitó presión. Pero sobre todo rescató mi credibilidad, porque estuve sometido a una campaña de descrédito, incluso pagaron comerciales en radio diciendo que la información publicada era falsa. Todos esos meses me convirtieron en paria del periodismo”, sostiene.

Cuando en 1996 el EPR apareció en la sierra de Atoyac, nadie pudo dudar más. Se confirmó lo que dos años antes Rivera había publicado y que el gobierno trató de callar.

Extorsiones

En Guerrero, en los últimos ocho años ha sido asesinado un periodista y otro permanece desaparecido: Abel Bueno León, director del semanario Siete Días, y Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político.

En ambos casos se han dicho dos versiones: que funcionarios los han perseguido hasta eliminarlos por sus constantes denuncias o que su muerte o desaparición fue porque, utilizando su papel de periodistas, extorsionaron a funcionarios y, quizá sin saberlo, hasta narcotraficantes.

¿Cuál es la verdad? Imposible saber, porque las autoridades no han ido al fondo de las investigaciones. Ha sido más simple apostar al paso del tiempo para borrar las huellas, la memoria y dejarlo como una ecuación de muertos y desaparecidos en el periodismo guerrerense.

A Bueno León lo mataron el 22 de mayo de 1997. Su cuerpo apareció a las afueras de Chilpancingo, con señales de tortura, un tiro en la nuca y a bordo de su automóvil al que habían intentado incendiar. Días antes dio a conocer en una carta pública que tenía miedo por lo que pudiera ocurrirle y responsabilizaba de cualquier cosa contra su persona al entonces secretario general de Gobierno de Guerrero, Rubén Robles Catalán, a quien investigaba por supuestos actos de corrupción y de otros funcionarios. Robles Catalán fue asesinado en julio de 2005.

El caso de Leodegario Aguilera Lucas es más complicado. Lo sacaron


de madrugada de su casa tres hombres, que horas antes le habían pedido hospedaje. Era el 22 de mayo de 2004.

Semanas más tarde, detuvieron a los posibles responsables y encontraron lo que al parecer serían los restos semicalcinados del periodista. Pero a los detenidos no se les sometió a proceso penal, determinó el juez, porque la Procuraduría General de Justicia de Guerrero ni siquiera pudo probar que el cráneo y los huesos localizados fueran los de Aguilera.

Las autoridades guerrerenses aseguran que la desaparición y muerte del director de Mundo Político se debió a problemas con el terreno en donde desde hace años estaba construyendo su casa y un hotel.

Los funcionarios de la PGR revisaron el caso e interrogaron a los detenidos, quienes dijeron que un narcotraficante les pagó por secuestrar a Aguilera Lucas, a quien después asesinaron. La hipótesis de las autoridades federales consiste en que el periodista extorsionó a estas personas, porque se enteró que apoyaban a unos políticos y comandantes de la policía.

Pero para Ernestina, la hermana de Aguilera Lucas, todas las versiones son falsas y sólo pretenden ocultar la verdad. La razón de la desaparición de su hermano, subraya, podría encontrarse en las supuestas investigaciones que realizaba sobre las propiedades y riqueza del entonces gobernador René Juárez Cisneros o en las denuncias que escribía sobre los cárteles de las drogas.

Los ecos de las balas

Con paso artero, pero insolente y rudo, se asoma en Guerrero una nueva amenaza para el periodismo, que apenas va mostrando de forma aislada su gravedad.

Es, otra vez, el narcotráfico. No es que de pronto apareciera en ese estado, sino que la violencia ya perturba el cotidiano social y alcanza a rasguñar la seguridad en el ejercicio del periodismo.

En Guerrero muy poco se puede confiar en la policía del estado y en la municipal, porque muchos de sus agentes reciben dinero a cambio de proteger a alguna de las organizaciones de narcotraficantes o complementan sus bajos salarios con la extorsión.

El mapa del narcotráfico divide en dos al estado. En el puerto de Acapulco opera el cártel del Golfo y de Tijuana; en la Costa Grande el grupo de Sinaloa que supuestamente comanda Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Este último está invadiendo el territorio de los primeros y eso ha provocado persecuciones y asesinatos sin piedad. La guerra entre los sicarios de uno y otro grupo “Los Zetas” y “Los Pelones”, respectivamente, se ha empezado a notar.

Las cifras, aunque es la suma de números, son reveladoras para un estado que tiene tres millones de habitantes. De enero a agosto de 2005 se registraron 440 muertes violentas en Acapulco y de esas 300 son ejecuciones que podrían estar vinculadas con el narcotráfico. En los enfrentamientos registrados entre las

bandas y contra las autoridades, se han reportado cinco explosiones en las que el crimen organizado ha utilizado granadas de fragmentación. Además han sido decomisadas 80 armas en el primer semestre de 2005, la mayoría de alto calibre, incluyendo lanzagranadas y bazucas.

Pero a diferencia de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, Guerrero no ha llamado la atención de los medios informativos nacionales; a pesar de que el conteo de muertos, heridos, armas y batallas es comparativamente parecido. Sólo ha quedado registrado de forma consistente en las páginas locales y eso ya ha tenido algunas consecuencias.

Ahora va en serio

Todavía era temprano y Javier Trujillo había planeado aprovechar antes de la comida para hacer algunas entrevistas que le permitieran armar su próximo reportaje.

El tono moreno de su piel y el bigote que enmarca su constante sonrisa lo delata como guerrerense. Conoce, como pocos periodistas, los rincones de Guerrero, los recovecos de la información y de las fuentes. Ha sido vigilado por las autoridades muchas veces por la información que publica y supuestamente lo han amenazado otras más, pero en muy pocas ocasiones lo ha tomado en serio. Pero ese día, en abril de 2005, supo que no se podía arriesgar.

Fue a la agencia del ministerio público, tenía que revisar con sus fuentes cómo iban las investigaciones de algunos casos. En especial le interesaba uno, el de dos jóvenes que habían sido ejecutados a finales de marzo en Fortín Álvarez, en Acapulco.

Una camioneta se le emparejó y los tripulantes le pidieron que detuviera su auto. Fue tanta la sorpresa y el buen trato de esas personas que hizo lo que le pedían; además estaba en una calle transitada y era pleno día, por lo que nada sospechó.

“Sólo te queremos decir que dejes el asunto que estás investigando”, le dijo seco y frío uno de los hombres al que no identificó. La mirada y la actitud de esos hombres no le dejó dudas “iba en serio”.

Supo después que supuestamente eran enviados de un narcotraficante aliado de los Carrillo Fuentes y Beltrán Leyva. Un hombre al que las autoridades catalogan como muy peligroso al que apodan “El Barbie” e identifican como Edgar Valdés Villarreal.

En sus más de 15 años como reportero, Trujillo ha escrito y revelado información sobre corrupción, narcotráfico, guerrillas y masacres, por eso el olfato periodístico y la piel la tiene muy entrenada y curtida.

Por toda la experiencia que carga al hombro, no se puede ser escéptico ante su comentario de cómo percibe a Guerrero ahora: “todavía no llegamos a tanto como en otros estados que dejaron de publicar, pero hay que andar con cuidado por acá”.

Para sobrevivir


Iguala es una ciudad muy sencilla de apenas 124 mil habitantes, pero es la tercera en importancia en el estado. Son seis los diarios más comprados en el lugar y, de esos, sólo dos pagan un salario a sus reporteros, el resto trabaja con lo que denominan popularmente “financiamiento del reportero” o como “colaboradores sin pago”.

Utilizando esa forma de trabajo, el diario evita impuestos. El mecanismo, explica Efraín López –periodista en Iguala desde hace más de 20 años--, es muy complicado y aunque parece un acto de corrupción, más bien es un asunto de sobrevivencia. Los reporteros buscan información que sea destacada y que interese en las redacciones, reportean y después deben convencer a la fuente de información que les dé algo de dinero para poder publicarla, por lo general son 20 dólares por nota.

“Se les dice que la información es muy buena y que se necesita publicar, pero la tenemos que financiar y por eso le pedimos dinero”, ejemplifica.

Cuando llegan a las oficinas de los periódicos, hay que convencer al jefe de información para que la publique. “Es una lucha todos los días –acota--, pero es la única forma en que muchos compañeros lo pueden hacer. Aunque no alcanza el dinero”.

Los periódicos que sí le pagan un salario, agrega, le dan a sus reporteros entre 100 y 600 dólares mensuales, depende la experiencia y capacidad, y tienen las prestaciones laborales mínimas.

La mayoría de los reporteros de Iguala no estudiaron periodismo, son ingenieros agrónomos, médicos o maestros, porque son las escuelas que hay en la zona. Los que estudian periodismo van a Chilpancingo y no les interesa regresar, por la falta de oportunidades.

Para no tener que auto financiar las notas, hay reporteros que son “multichambistas”, varios trabajos a la vez. Rodimiro Méndez Ríos, por ejemplo, cubre todo el sector policiaco para Diario 21, entrega 12 notas cada día, da clases de medicina y de Ciencias Sociales, atiende en su consultorio médico y es miembro del Consejo Directivo de la Cruz Roja. Por si fuera poco tiene un noticiero de la zona que se transmite por televisión por cable, en él es camarógrafo, reportero, productor y conductor, pero no recibe ningún salario por este último trabajo. Asegura que lo hace porque le gusta.

Mendez, de cabello lacio y encanecido, es muy formal y serio. Cubre el área policiaca y reconoce que ha dejado de publicar información por seguridad, porque ha recibido amenazas de muerte en la cobertura de hechos policiacos violentos o vinculados al tráfico de drogas. Prefiere no abundar.

“Pero es una realidad. Hay cosas que ocurren en Iguala que están vinculadas al narcotráfico y no se reflejan en la prensa. Es miedo, es seguridad, ¿Cómo podría arriesgarse un reportero si ni siquiera los periódicos no responden por ellos?, se pregunta López.

A Alejandro González, ingeniero agrónomo, reportero y fotógrafo, le han roto su cámara, lo han golpeado y lo han citado a declarar, por motivos de su trabajo.

En el año 2001 publicó una nota sobre un doble homicidio, por lo que fue citado dos veces por el juez para que declarase a favor del acusado, a lo que se rehusó, teniendo

que presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Licencia para asaltar

El esfuerzo cotidiano no es sólo en Atoyac o Iguala, se da también en Chilpancingo, quizá con otros rostros, pero las carencias y limitaciones están presentes.

La periodista Luz María Orona asegura que “tienen que trabajar en tres lugares a la vez, por eso no hay calidad. Es un círculo vicioso, no hay profesionales y no hay ética porque no se respetan los derechos laborales. A unos incluso no les pagan salario y les dan una credencial para asaltar”.

Pedro Arzeta García, secretario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con sede en Chilpancingo, la capital del estado con 197 mil habitantes, sostiene que se enfrentan riesgos con el Ejército, con los caciques y el gobierno, porque todos tratan de impedir que se informe lo que ocurre.

El periodista Juan Angulo, director general de El Sur, periódico de Acapulco, confirma que hay pésimas condiciones laborales para la profesión. “Y a eso hay que sumar la deficiente formación académica que reciben los estudiantes de periodismo. Apenas en 1999 egresó la primera generación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación”.

El Sur es uno de los diarios más respetados del estado (aunque no es el de mayor circulación, lo es Novedades con 15 mil ejemplares), por la información que maneja y porque exige a sus reporteros que no acepten dinero ni cualquier otro beneficio. Es de los pocos que pagan todas las prestaciones laborales y de los mejores salarios.

El riesgo en el ejercicio periodístico, detalla Angulo, está muy vinculado a la fuerza del medio de comunicación. “Los distintos poderes subestiman el trabajo de los periodistas más que temerles. Sabe –agrega-- que aunque alguna información afecte a aún poderoso, pueden llamar al editor o al dueño”.

Citatorios a reporteros

En Guerrero los riesgos para el periodismo provienen de fuentes muy claras: el poder político y caciquil, el crimen organizado y la corrupción.

La desunión y desconfianza entre periodistas agrava la situación, y hace parecer que las amenazas o los casos de presión que ya se han registrado son asuntos aislados y no tan peligrosos.

Como la suma de citatorios que tanto la Procuraduría estatal de Justicia y como la General de la República han enviado a los reporteros en los últimos cinco años. La cuenta es difícil establecer, pero en la mayoría de los casos las comparecencias han sido para sustituir el papel de la autoridad en al no investigar o para presionar al reportero.

Maribel Gutiérrez fue citada, por ejemplo, para que declarara sobre sus investigaciones periodísticas aparecidas en los primeros días de junio de 2002 en El Sur, respecto a la


muerte de la luchadora social Digna Ochoa. Un reportaje que apareció durante cuatro días y en el que puso en entredicho la versión oficial de que la abogada se suicidó; pero además presenta los nombres de los asesinos y del que pagó por el crimen, un poderoso ganadero y político de la sierra de Pentatlán, Guerrero, quien nunca ha sido detenido o acusado por el crimen.

Con prepotencia, agentes judiciales se presentaron, días después de la publicación, en el periódico, argumentando que ella no había atendido los citatorios anteriores, lo cual era falso. Otra vez fueron las autoridades del Distrito Federal que pretendieron que Maribel revelara sus fuentes y les diera todos sus datos.

A través de sus abogados, el político presentó una denuncia “de hechos” contra Maribel. En ese caso nunca la citaron y desde hace tres años el expediente sigue abierto.

“Es terrible que siga abierto –comenta Gutiérrez--, es como si estuvieran penalizando un trabajo periodístico. En cualquier momento pueden citarte o te detienen”.

Son pocos los registros de denuncias por amenazas, hostigamiento o incluso asesinatos de periodistas en el estado. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero maneja un programa especial de “Atención e agravios a periodistas” y sus cifras del año 2000 a 2004 arrojan en promedio 13 quejas por año por abusos, presiones, citatorios y afectación de equipo de trabajo. De esas denuncias, el 70% se archivan, porque no se les da seguimiento por parte de los quejosos y, en su mayoría, llegan a acuerdos con los agresores.

La violencia en Guerrero sigue creciendo y la corrupción también, ingredientes para que el periodismo sea más peligroso de ejercer. q

El supuesto narcotraficante de Baja California, Gilberto Higuera Guerrero, con la cabeza cubi-erta, es trasladado tras su captura.

Trabajadores de La Prensa de Tijuana rinden homenaje al féretro del periodista Benjamín Flores, a quien se aprecia en vida en la foto de la izquierda.

Mártires del semanario Zeta de Tijuana: A la izquierda, Héctor Félix Miranda “El Gato Félix”, asesinado en 1988 y, derecha, el editor Francisco Ortiz Franco, víctima en el 2004. El director, Jesús Blancornelas, escapó con vida de un atentado.


Los rastros de un enfrentamiento armado entre las organizaciones de narcotraficantes como Los Zetas y Los Chapos que operan en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria.

El reportero de Milenio, Manuel De la Cruz, en el extremo derecho, cuando denunciaba en el estado de Chiapas la agresión que sufrió de parte de policías estatales. (Foto René Araujo) * Diana Calderón, periodista diplomada en edición de revistas y

procesos electorales. Estudió comunicación social y periodismo. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación, cubrimientos especiales y en la dirección y edición de noticieros y revistas. Fue redactora de internacionales de la Casa Editora El Tiempo entre 1987 y 1991; y editora general de la revista Cromos entre 1992 y 1994. Directora del canal público de Televisión Señal Colombia. Reportera y analista de radio hasta 1997. Directora del noticiero de televisión 24 Horas en Bogotá, Colombia. Presentadora y responsable de investigaciones y reportajes especiales del mismo noticiero hasta 1999. Moderadora del proceso de paz FARC-Gobierno Nacional hasta el 2001. Desde enero de 2000 es la investigadora de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia.

ColombiaPor Diana Calderón*

La fuerte presencia militar se ha hecho permanente en el estado de Chiapas.


Introducción


Colombia es un conjunto de regiones diversas, muy distantes en términos de desarrollo, que a veces se desconocen entre sí a pesar de que el conflicto armado y la corrupción política-administrativa no respetan las

fronteras regionales. Por eso, el mayor problema que enfrentan los periodistas es el cubrimiento de los temas de la corrupción local, que se nutre de ese conflicto armado y sus relaciones con el narcotráfico.

El conflicto colombiano es viejo y uno de los más complejos del mundo, con sus componentes de paramilitares de derecha, guerrillas comunistas, castristas y maoístas, narcotráfico y la tremenda degradación y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sus orígenes se remontan 40 años, cuando, al término de la violencia entre liberales y conservadores, sectores liberales radicales tomaron las armas, afincándose en zonas campesinas marginales. El movimiento evolucionó hacia el comunismo, para constituir las FARC, mientras otra guerrilla, de origen castrista, se consolidaba también (ELN). Los paramilitares o autodefensas, que surgieron en la década del 80 amparados por latifundistas y con la complicidad de los militares, o al servicio de jefes del narcotráfico, crecieron hasta conformar una poderosa organización clandestina de extrema derecha que ha protagonizado las peores violaciones a los derechos humanos. Se trata de la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia.

El narcotráfico, que se concentró en Colombia a partir de los años 90, ha prestado ingentes recursos financieros a los grupos armados, que terminaron involucrándose en sus redes, en distintas medidas y modalidades. El impacto de esa mezcla de grupos irregulares, en vastos espacios del país sin presencia estatal y un negocio multimillonario ha conducido a una degradación creciente del conflicto y a que sus raíces políticas, económicas y sociales se confundan con el crimen y las violaciones a los derechos humanos, a las que recurren de manera sistemática guerrilleros y paramilitares.

El impacto del conflicto ha sido distinto en las diversas regiones del país, y los medios de comunicación lo padecen de maneras diferentes. Entre Bogotá, que lo vive esencialmente a través de los medios, y regiones como Arauca, desde donde todos los periodistas tuvieron que salir por amenazas, hay un verdadero abismo. Ciudades como Medellín han visto la violencia del narcotráfico; en Cúcuta se combinaron la violencia guerrillera y paramilitar con el surgimiento reciente del narcotráfico y negocios ilegales como el tráfico de gasolina. Varios medios han sufrido atentados con bombas, sus periodistas asesinados, amenazados u obligados a exilarse.

En departamentos como el selvático Putumayo, fronterizo con Ecuador y en Arauca, en límites con Venezuela, los periodistas trabajan entre los fuegos de las FARC y los paramilitares, enfrentados por el control del territorio.

En la Costa Caribe, el departamento del César y la región del Magdalena Medio, en cambio, los medios se ven obligados a laborar bajo el control de los grupos paramilitares que, incluso hoy, en negociaciones con el gobierno para su desmovilización, ejercen toda clase de presiones y amenazas sobre la radio, la prensa y la televisión locales.

En el sur del país, en Caquetá y Meta, donde las FARC son más fuertes, son ellas, a su turno, las que ejercen todo género de presiones sobre el periodismo local.

Los medios nacionales están en una situación de menor riesgo que los locales, muchos de los cuales adelantan su actividad cotidiana en situaciones de guerra abierta. Es allí, en las regiones, donde se presentan las más frecuentes violaciones a la libertad de expresión y donde los periodistas corren los mayores riesgos. En los dos últimos años, el mayor número de violaciones a la libertad de prensa, en términos de amenazas, presiones, intimidaciones, autocensura y obstrucciones a la labor, se ha presentado, de acuerdo a los informes semestrales de la SIP, en los departamentos de Arauca, Santander, Cesar, Norte de Santander y Huila.

Para el editor adjunto de El Tiempo, de Bogotá, Álvaro Sierra los sitios de mayor riesgo para el ejercicio periodístico siguen siendo aquellos en disputa entre la guerrilla y los paramilitares, como Arauca y Putumayo.

“En los lugares donde domina un solo actor armado, como la Costa Caribe, Cesar o el Magdalena Medio, donde imperan los paramilitares, apunta Sierra, los periodistas están más sometidos a presiones y su trabajo se ve más limitado y a menudo, están completamente amordazados o sujetos a los dictámenes del grupo irregular de turno. Para los periodistas de las redacciones centrales de los medios nacionales, los problemas son distintos. En muchos sitios desplazarse depende del permiso que otorguen los autores armados, como ocurre en numerosas regiones del sur del país, donde sin autorización de las FARC no se puede viajar por río. Retenes y controles en las vías son frecuentes. Pero, sin duda, los mayores peligros y las peores presiones las sufren los periodistas regionales que trabajan para medios locales. Ellos son los que están en el ojo del huracán, y muchos han pagado con la vida o el exilio el intento de un cubrimiento independiente. A la vez, problemas de falta de capacitación, de toma de partido, de excesiva proximidad a las fuentes armadas oficiales o ilegales, que se presentan en la práctica periodística, potencian los riesgos. El aspecto, pues, es infinitamente más complejo que un simple problema de seguridad”.

La corrupción, además del conflicto, ha sido señalada como uno de los principales violadores de la libertad de expresión. En lo local, según la Corporación Transparencia por Colombia, en su análisis anual sobre los índices de integridad de los gobiernos se advierte que el 51 por ciento de las entidades departamentales se encuentra en un muy alto nivel de riesgo frente a la corrupción.

La situación sin embargo no es igual para los periodistas extranjeros, para quienes las dificultades son especialmente de movilidad, por el peligro que corren de ser retenidos en los territorios bajo el control de las FARC. En Colombia los lugares que representan un mayor peligro para los corresponsales extranjeros son la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena; el Catatumbo en Norte de Santander; el corredor hacia el Urabá Antioqueño en Antioquia, todo el departamento del Chocó y el departamento de Nariño, controlado por los paramilitares en la Costa y por las FARC en los cauces de los ríos; La Serranía de San Lucas en el Magdalena Medio; el Cañón de las Hermosas en el Tolima; los


Montes de María en Bolívar; La Serranía del Perijá entre los departamentos de la Guajira y Cesar; Tame, Saravena, Fortul, Cravo y Puerto Rondón en Arauca; el Caquetá y el Putumayo, lugares a los que es imposible llegar sin el permiso previo de las FARC. En el Huila, la columna Teofilo Forero de las FARC ha dado a sus hombres la directriz de retener a cualquier periodista extranjero.

Las regiones de frontera también representan dificultades para el desplazamiento de todos los periodistas, sean locales o extranjeros. En la frontera con Venezuela son los sitios de Monte Lara y la Majayura en la Guajira, por la presencia de los paramilitares, la provincia de Cubará entre Norte de Santander y Arauca; Tibú, La Gabarra, la provincia de Ocaña en Norte de Santander y además los municipios que van de Arauca a Arauquita y a Saravena en Arauca.

En el sector fronterizo con Panamá, los riesgos se dan en Juradó en el pacífico chocoano por el dominio de las FARC y en Cabo Tiburón, Zipasurro y Capurganá en el atlántico chocoano por la presencia de los paramilitares.

En la frontera con Ecuador, los periodistas no advierten mayores dificultades a pesar de la presencia de los actores armados en los municipios de Ipiales, Cumbal y Guachucal, zonas de alta producción de amapola. Pero sí hay dificultades en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, pues el sector se ha convertido en refugio de paramilitares, guerrilleros y de delincuencia organizada. El puente internacional de San Miguel está desprotegido y libre para todo lo que pueda entrar y salir: armas y cocaína.

En Tabatinga y Benjamín Herrera, dos poblaciones del Brasil, en la frontera con Amazonas, existen pequeños carteles de narcotraficantes, con los consecuentes riesgos que implica su presencia en esa zona.

Todo permite concluir que la libertad de prensa en Colombia está amenazada de muerte y la resistencia, como estrategia de supervivencia, no es suficiente. Hacen falta políticas de prevención, garantías para el libre ejercicio periodístico, protección y capacitación. Hacen falta medios de comunicación fuertes en lo económico, para blindar la independencia. Pero también medios independientes de los actores armados, para evitar las violaciones de las que son víctimas los periodistas.

Casi todos los departamentos de Colombia registraron asesinatos de periodistas entre los años 1993-2004. De 105 periodistas asesinados, 54 lo fueron por razones del ejercicio profesional; 16 casos aún están por establecer sus motivos y los 35 restantes por razones diversas. De aquellos 53 profesionales muertos, ocho fueron asesinados en el Valle del Cauca; siete en Santander; cuatro en Arauca, cuatro en Bogotá; cuatro en el Huila y cuatro en el Magdalena; tres en el Tolima; dos en Quindío; dos en Sucre; tres en el Cesar; dos en Putumayo; dos en Nariño y dos en Norte de Santander; uno en Atlántico; uno en Cauca; uno en Bolívar; uno en Caquetá; uno en Caldas y uno en la Guajira y uno en Antioquia.

Es importante tener en cuenta que cuando se desarrolló esta investigación el gobierno del Presidente Álvaro Uribe adelantaba un complejo proceso de negociación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),

que continúa hoy. El país está en medio de la discusión de un proyecto de ley que debe definir las dosis de verdad, justicia y reparación que acompañarán la eventual desmovilización de las AUC (ya han desmovilizado cerca de 4.500 hombres), y está en la mira de la comunidad internacional, preocupada por que el proceso se lleve a cabo sin impunidad.

La extradición a Estados Unidos de un muy buscado guerrillero, alias Simón Trinidad, ha alejado por ahora toda posibilidad de un intercambio humanitario de guerrilleros de las FARC presos por cerca de 60 políticos y militares que esa guerrilla mantiene en su poder. Una mediación para lograr ese intercambio, venía siendo intentada, con altibajos, por la Iglesia Católica. Una fuerte ofensiva lanzada por el gobierno en el sur del país bajo el nombre de Plan Patriota, confirma que la principal y casi exclusiva estrategia del gobierno es buscar la derrota militar de las FARC. Con el ELN, la guerrilla castrista, han fracasado dos intentos de aproximación durante el pasado gobierno y el actual. Hoy, un mediador mexicano intenta concretar las condiciones en las cuales emisarios del gobierno y del Comando Central de esa guerrilla, podrían sentarse a dialogar.

En general, las perspectivas de diálogo y negociación con los grupos irregulares de izquierda no son alentadoras y lo más probable es que el conflicto, tal como se ha escalado desde mediados de los años noventa, continúe haciéndolo, con las consecuentes implicaciones para el ejercicio del periodismo en Colombia. q


IRegión Norte

Departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre con sus principales municipios y la frontera con Panamá y Venezuela


Más que amenazas directas contra los periodistas, lo que caracteriza el ejercicio del periodismo en la región Caribe colombiana, o costa, es una autocensura de ciertos temas que sobre los grupos paramilitares,

la corrupción política-administrativa y con mafias de las drogas. “También es difícil informar sobre las operaciones que realiza el ejército y lo

que ocurre en Magdalena, Cesar, La Guajira y Córdoba, por el dominio paramilitar que crece. Zonas difíciles son la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena, el sur de Bolívar y muy en especial la subregión de los Montes de María, que comparten Bolívar y Sucre. La zona de La Mojana de Sucre también es difícil por lo apartada”, afirma el corresponsal de El Tiempo en la costa atlántica, Rafael Salcedo.

“La región Caribe es una de las más pobres del país, pese a su enorme riqueza en hidrocarburos y a poseer un gran potencial turístico que no sólo consiste en playas extraordinarias, sino también bellas ciudades históricas y paisajes que van, desde el nivel del mar, hasta zonas con clima frío y templado de la Sierra Nevada de Santa Marta”, agrega el profesional.

En la región, los periodistas no sólo temen por sus vidas debido a la inseguridad que fomenta la impunidad, sino que se ha llegado a tal grado de corrupción, que ha vuelto tristemente célebre a la costa y sinónimo de toda suerte de traperías.

La pobreza unida a los bajos salarios que se pagan en casi todos los medios de comunicación de la zona ha empujado a muchos periodistas a negociar la información para conservar sus puesto. Hay ciudades donde es posible encontrar reporteros que están en la nómina de pago de gobernadores, alcaldes e instituciones públicas. El reparto de la “torta” publicitaria, tanto en el sector público como en el privado, se hace agradeciendo a quienes “son amigos”.

La costa, además, ha terminado por ser un fortín de los grupos paramilitares de extrema derecha que volvieron aún más insegura la situación de la prensa independiente y reforzaron la autocensura que existe en la region.Hay pistoleros en las barriadas pobres que matan por sumas irrisorias y todo el mundo lo sabe.

Víctimas de esa situación vigente en la región norte, han sido once periodistas asesinados como represalias a su ejercicio profesional. Han muerto así en los últimos 11 años: Francisco Castro Menco (8 de noviembre de 1997) y Rodolfo Julio Torres (21 de octubre de 1999) en Sucre; Amparo Leonor Jiménez (11 de agosto de 1998) y Guzmán Quintero Torres (16 de septiembre de 1999) en el César; Freddy Elles Ahumada (18 de marzo de 1997) en Bolívar; Carlos Lajud Catalán (19 de marzo de 1993) en Atlántico; Hernando Rangel (11 de abril de 1999), Gustavo Ruiz Cantillo (15 de noviembre de 2000), Alvaro Alonso Escobar (23 de diciembre de 2001) y Jaime Alberto Madero (20 de septiembre de 2004) en Magdalena; Jaime Rengifo Revero (29 de abril de 2003) en la Guajira.

La corresponsal del periódico El Heraldo en la Guajira Catherine Bolaños, explica que los problemas para los periodistas son de movilidad en la parte alta de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los municipios de San Juan, Distracción, Hato Nuevo y Villanueva; y en la Serranía del Perijá en el municipio

de Barrancas. “Ir es encontrarse con lo desconocido. Ni siquiera hay movilización vehicular. Circula la versión que hay 38 muertos en las estribaciones de la Sierra y es imposible confirmarlo. No se puede ir. Tampoco existe información oficial. Hay aquí permanente enfrentamiento entre las AUC y la guerrilla”.

Otro sitio que ha empezado a recuperarse pero estuvo vedado para los periodistas es Bahía Portete, en donde los paramilitares en abril de 2004 masacraron a indígenas Wayuu. También hay riesgos en la frontera con Venezuela, zona de la Guajira norte, por la presencia de los paramilitares.

En la parte urbana, afirma Bolaños, “en las ciudades de Maicao y Riohacha, la situación de riesgo está dada por las peleas entre bandas de delincuencia organizada, relacionadas con la guerrilla urbana y los paramilitares”. Estas bandas, que manejan el negocio del contrabando de licores, gasolinas y armas, fueron denunciadas por el director del programa Periodistas en Acción, Jaime Rengifo Revero, asesinado el 29 de abril de 2003.

Prohibida la entrada

En el Magdalena, la situación para la prensa es crítica en casi todo el departamento, en especial si se pretende cubrir el conflicto entre guerrilla y paramilitares. Está vedado el ingreso de periodistas a la zona del sur del departamento, bajo dominio de paramilitares, como las riberas del río Magdalena.

Un periodista local señala que con la llegada del batallón de Alta Montaña del ejército a la Sierra Nevada de Santa Marta, las FARC se han desplazado hacia la zona de El Mameí, Perico Aguao y Palomino, donde en fecha reciente, los periodistas reportaron por lo menos 40 muertos.

La autocensura es creciente en esta zona. Los periodistas se abstienen de informar, por lo que es difícil detectar nuevas amenazas. Ya no hay cubrimientos en la Sierra Nevada de Santa Marta por el dominio de los paramilitares en la zona norte en Aracataca y Fundación; y de la guerrilla en la zona alta de Fundación.

Un periodista de la región explica que si en el pasado hubo una campaña de exterminio contra los reporteros liderada por el narcotráfico, ahora “hay alianzas perversas y diabólicas conformadas por paramilitares y políticos corruptos”, estos últimos protegidos por los primeros. Hoy no hay libertad de prensa en Santa Marta y el Departamento del Magdalena. El temor a la represalia, a las amenazas, a las famosas declaratorias de “objetivos militares” y a la muerte misma, recorren las salas de redacción, las cabinas de locución y los espacios radiales, y todos aquellos sitios que impliquen expresión y comunicación.

“La clase política corrupta llevada a las más altas dignidades que les depara la democracia, se han servido del paramilitarismo no sólo para acceder a los cargos de elección popular, sino que además, la aprovechan para eliminar enemigos políticos, para acallar voces y plumas que los acusan de la depredación de los recursos públicos. Ya no hay lugar a controversias ni rectificaciones. Ahora sólo se aplica la ley sumaria por la vía de la ejecución. Pero lo más aberrante es que sean


las propias autoridades las que de alguna manera inciten a los grupos armados a atentar contra los periodistas y la prensa”, concluye el informante que pidió no revelar su identidad.

En enero del 2005, el gobernador del Magdalena, Trinmo Luna Corre, acompañado del comandante de la policía, Oscar Gamboa, del director de fiscalía, Alfonso Giraldo Saavedra, y del director del CTI Juan Carlos Pinzón, convocaron a un desayuno de trabajo con los reporteros para hacer notar lo que ellos consideran “buenos resultados” en materia de seguridad ciudadana.

La sorpresa fue mayúscula cuando el propio coronel Gamboa, apoyado en sus expresiones por el gobernador, arremetió contra los periodistas, culpándolos de ser responsables del estado de inseguridad y de la ola de crímenes que azota a Santa Marta. Supuestamente consideró que esas noticias debían ocultarse e informar acerca de cualquiera otra cosa a la ciudadanía.

Hoy-Diario del Magdalena editorializó al día siguiente “Los responsables son otros”, y dio sobradas razones. Suficiente para que el periódico fuese vetado por la policía, originando una reunión de la alta oficialidad policial que tuvo como resultado el exilio de su director, el abogado y periodista Ulilo Acevedo Silva.

El Magdalena ha registrado una alta cuota de periodistas asesinados en los últimos once años: Hernando Rangel Moreno, director de los periódicos locales Sur y Magdalena 30 días, (11 de abril de 1999, después de denunciar la rampante corrupción local y promover un paro contra el alcalde de entonces, Fidias Zeider Ospino; Gustavo Ruiz Cantillo, de Radio Galeón (15 de noviembre de 2000, por denunciar a los paramilitares); Alvaro Alonso Escobar, propietario y director del semanario Ragión de Fundación, (23 de diciembre de 2001, después de denunciar la corrupción y cobro irregular de impuestos y el excesivo salario de la alcaldesa); y Jaime Alberto Madero, suplementero en la plaza de Santa Marta, (20 de septiembre de 2004, asesinado por los paramilitares por vender la edición del periódico El Informador, donde se daba cuenta de la captura de uno de ellos).

En Atlántico, hay una paz disfrazada, afirma el periodista Juan Alejandro Tapias, de El Heraldo, y explica que “algunas zonas del sur del departamento, como Santa Lucía y Manatí, tienen presencia de grupos armados que llegan por el corredor del corregimiento de Palermo en Sitio Nuevo, una población del departamento del Magdalena”. Pero advierte que las amenazas contra la libertad de prensa, por lo menos de las que él ha sido víctima, tienen otros autores. “Recibí una llamada diciéndome que me cuidara, que dejara quieto el tema sobre el mercado de Barranquilla, donde una serie de grupos de organizaciones de vigilancia particular, al que llaman los Paraquitos, con el pretexto de limpiar el lugar de delincuentes, ha empezado a extorsionar y cobrar vacunas”, señala.

En Barranquilla, la capital del Atlántico, algunos barrios del sur, de la periferia, como La Chinita, la Luz, Las Nieves y El Ferry, representan también algún riesgo para la movilización de los periodistas por la presencia de bandas y pandillas delincuenciales. “Se dice que el que esté despierto allí después de las once de la noche, lo matan”, comenta Tapias.

Aquí las principales amenazas a la prensa provienen del sector político. Es conocido

el caso de Carlos Lajud Catalán, director de emisoras ABC, asesinado el 19 de marzo de 1993 en Barranquilla, después de denunciar irregularidades en un contrato de privatización de las empresas de teléfonos.

Rafael Sarmiento Coley, editor político de El Heraldo, advierte que hay problemas para el ejercicio del periodismo en algunos municipios del Atlántico. A Giovanni Alvarez, de la emisora Provincia Stereo, de Sabanalarga, le quemaron la estación radial por denunciar la corrupción; a Manuel Pérez Fruto le intentaron incendiar la casa y le robaron equipos en Santo Tomás, a propósito de una denuncia contra el alcalde publicada en el diario La Libertad. En Baranoa, los periodistas están atemorizados ante las amenazas, por cuanto los paramilitares les tienen prohibido informar sobre cualquier actividad del Polo Democrático.

En Cesar, los periodistas no olvidan los asesinatos de Amparo Leonor Jiménez, corresponsal de los noticieros de TV En Vivo y Q.A.P., y coordinadora de Redepaz, asesinada el 16 de septiembre de 1999, luego de denunciar el desalojo de 150 familias de campesinos de una hacienda de supuesta propiedad del ex congresista Carlos Arturo Marulanda; ni el de Guzmán Quintero Torres, jefe de redacción del diario El Pilón de Valledupar, quien denunció los excesos del ejército en las poblaciones de Patillal y Río Seco.

En Valledupar, los periodistas de Vanguardia Liberal se sienten afectados por las obstrucciones provenientes de miembros de las Fuerzas Armadas, y por las amenazas de los paramilitares en contra del colega Richard Leguízamo, a quien responsabilizaron de una información sobre la muerte del líder indígena, Fredy Arias, de la zona de Ataques.

Agustín Bustamante, periodista de Vanguardia Liberal en Valledupar, afirma que la zona de Atanques, Patillal y Badillo, hacia el norte del Cesar en límites con la Sierra Nevada de Santa Marta, son lugares de difícil acceso para la prensa, por la presencia de las FARC, “aunque también hay presiones de la Fuerza Pública”.

No publicar

La jefe de redacción del diario El Pilón, Ana María Ferrer, explica que desde hace 3 a 4 años, los medios de comunicación del Cesar “optamos por la autorregulación. Uno mismo al ver que no había garantías, tenía que adoptar las medidas. Así, muchos medios decidieron no cubrir algunos hechos, y no publicar comunicados de los grupos armados sin mencionar sus nombres. No hacerle el juego a la guerra. En el 2001, los ‘paras’ nos dijeron que no publicásemos más muertos, porque más muertos será lo que viene. Entonces El Pilón publicó un editorial anunciando aquella posición frente a los comunicados de los grupos armados y advirtiendo que no aceptaríamos más sus citaciones”.

En el Cesar, otras zonas de riesgo para los periodistas son los corregimientos que en jurisdicción del Cesar van a la Sierra Nevada de Santa Marta como Patillal, Atanques, Guatapurí, Chemesquemena, Villa Germania, La Mesa, por la presencia de ambos grupos, quienes evitan la entrada de los periodistas a través de retenes.


En el departamento de Bolívar, el subdirector del diario El Universal, Germán Mendoza, identifica como sectores de riesgo, la zona sur, hacia Magangue, San Pablo, Simití, Pinillo y Río Viejo, donde confluyen ambos actores armados en una disputa por las minas de oro, en poder de las AUC. El desplazamiento sólo puede hacerse con las Fuerzas Armadas, lo que constituye un riesgo adicional, además de las implicaciones que tiene para la independencia periodística. En la zona norte, los peligros se presentan en el corregimiento El Salado, en el Carmen de Bolívar.

Otros frentes informativos que representan riesgos al cubrirlos son el político y el de las apuestas. En la radio regional el problema es que no hay un salario que garantice la independencia. “Los periodistas trabajan con un cupo publicitario, lo que les permite romper esa línea entre la profesión y las ventas”, dice Mendoza

En Cartagena, hay sectores de difícil movilidad por la presencia de pandillas y delincuencia organizada a tal punto que en barrios como Nelson Mandela y El Pozón, a partir de las 10 de la noche no entra ni la policía.

Mendoza advierte que lo mejor que puede hacer un periodista que llega al departamento es contactar al medio de comunicación local, a la Iglesia y a la Defensoría del Pueblo. Las amenazas son generales: un comunicado anónimo, una llamada telefónica, una discrepancia sobre el uso del lenguaje. “Quieren convertirnos en vehículos de relaciones públicas. En cuanto a la información pública, lo que enfrentamos es una incapacidad para obtener y ofrecer toda la información por las dificultades de desplazamiento. La autocensura se da en términos de prudencia”, concluye Mendoza.

Una periodista del departamento de Bolívar, que solicitó reserva de su identidad, relató cómo en enero de 2003, días previos a la elección de alcalde de Soplaviento, el equipo de trabajo de El Universal, compuesto por la reportera, un fotógrafo y el conductor del vehículo, vivieron una delicada situación camino a ese municipio del norte de Bolívar, al que viajaron para conocer los detalles de la organización electoral.

“En la zona, según las autoridades, actúan la guerrilla (en la parte rural) y las autodefensas (en la parte urbana). En el casco urbano del municipio de San Estanislao de Kostka (conocido también como Arenal), a orillas del canal del Dique, el fotógrafo y yo le dijimos al chofer que permaneciera junto al vehículo, mientras en una canoa atravesábamos el canal para llegar al municipio de Soplaviento, en la otra orilla. Dos hombres se le acercaron para preguntarle qué hacía allí y le lanzaron muchas preguntas, queriendo saber si él trabajaba para unas personas que supuestamente irían a ese lugar a comprar ganado”, recuerda la periodista.

“En Solplaviento sentimos que varias personas nos vigilaban todo el tiempo. Al regresar al vehículo, decidimos salir rápidamente hacia Cartagena. Entonces dos motociclistas nos siguieron por un par de kilómetros, hasta donde vimos que había junto a la carretera, cuatro hombres vestidos de civil, dos a cada lado. Pensamos que nos iban a detener, pero uno de ellos nos saludó y nos hizo señas de que siguiéramos. Al parecer nos reconoció como periodistas.

“Sentimos que ellos eran la autoridad allí y aunque nunca se indenficaron como pertenecientes a ningún grupo o como guardaespaldas de alguien, por las versiones que se oyen pero que nadie sustenta, deducimos que eran paramilitares”.

“Córdoba convive con ellos y nosotros no somos la excepción”. La frase es de William Saleg, director de los periódicos Meridiano, de Córdoba y de Sucre. La dice cuando se le menciona a los paramilitares. Para Salleg, quien reconoce que su apuesta no es por la neutralidad ni por la objetividad periodística, sino por la seguridad de la región, el problema de su departamento no son las AUC. “Contrario a lo que la gente cree, el riesgo para los periodistas, viene del sector político”, afirma.

Advierte que en Córdoba se vive un fenómeno de creciente autocensura. “Aquí hay que estar en la derecha o en la izquierda, tomar partido. Puede venir y movilizarse cualquier periodista. El problema es la pregunta que haga, si tratas de averiguar más allá, te dirán que no publiques eso, y que si lo publicas, te tienes que ir”. La intromisión de las AUC en el periódico, dice Salleg, es sutil. “Sencillamente nos comentan su desacuerdo con la forma de titular. Si mataron a cuatro, es mejor no usar la palabra masacre”.

Esta posición, contraria a la independencia periodística, la comparte Gina Morelo, jefe de redacción del Meridiano de Córdoba: “Hay autocensura. Eso es una realidad. Las presiones no son directas. Hemos tenido la experiencia de estar investigando casos de corrupción, como el de un alcalde local y un centro de salud, que nada tenían que ver con las AUC, y los periodistas fueron amedrentados a nombre de los paramilitares”. Para Morelo las zonas más delicadas son las del Alto Sinú.

En Córdoba en los dos últimos años, periodistas de diversos medios, en especial de radio RCN, revelaron haber sido víctimas de presiones por parte de los paramilitares durante las negociaciones con el gobierno nacional, en Santa Fe de Ralito. Las presiones se referían a exigir a los periodistas revisar las informaciones que enviarían a Bogotá, antes de ser emitidas.

En Sucre, dice Salleg, la situación es distinta. “Nosotros somos más arriesgados, apoyamos al ejército y a las autoridades en la lucha contra la guerrilla. Un periodista del Meridiano no puede identificarse como tal, frente a la guerrilla, que sabe cuál es la tendencia del periódico”.

La jefe de redacción del Meridiano de Sucre, en Sincelejo, Elsa Peniche, opina que la zona Morroa-Sincé y la sabana hacia Corozal, San Juan de Betulia, Galeras, resulta complicada topográficamente, además por la presencia de las FARC. También la región de Los Montes de María, ubicados entre el departamento de Bolívar hacia Sincé, Chengue y Oveja en Sucre, dice Peniche. “Es una zona estigmatizada, porque durante años fue zona de conflicto por la presencia de las FARC, pero debido al regreso de la fuerza pública a ese sector, es mucho más fácil movilizarse y no conozco de colegas amenazados. Incluso ya no hay retenes”.

En Sucre, en los últimos 11 años, fueron asesinados dos periodistas: Francisco Castro Menco, de radio Majagual y representante de los campesinos, (8 de noviembre de 1997 en Majagual, luego de recibir amenazas de paramilitares para que dejara de defender a los campesinos y de denunciar las violaciones de las AUC a los derechos humanos). Y Rodolfo Julio Torres, de radio Caracolí y del periódico El Meridiano, (21 de octubre de 1999, por sus denuncias contra la corrupción administrativa y en contra de los paramilitares). Los asesinos dejaron en su cuerpo inerte la frase: “Por sapo, por auxiliador de la guerrilla del ELN”. q

IIRegión Andina

o Central Departamentos de Norte de Santander, Antioquia,

Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío y la frontera con Ecuador



A pesar de la desmovilización de 1.425 paramilitares en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, la situación de orden público representa serios riesgos para el ejercicio periodístico,

especialmente porque con la salida de los paramilitares, las guerrillas de las FARC y el ELN, que habían sido desplazadas hacia la frontera con Venezuela, pueden iniciar su retorno.

En este departamento hay una alianza entre paramilitares y narcotraficantes, que desde hace algunos años empezaron a financiar campañas electorales, al punto que el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, se encuentra detenido por sus vínculos con los paramilitares y la fiscal Ana María Flores está prófuga de la justicia (El Tiempo, Editorial del 10 de diciembre de 2004).

El departamento está sembrado en aproximadamente 15 mil hectáreas de coca. Proliferan los negocios clandestinos de gasolina y armas en la frontera con Venezu-ela. El robo de automóviles y las construcciones ilegales son noticias de primera plana en el diario La Opinión.

Angel Romero, jefe de redacción de La Opinión de Cúcuta explica que además de los riesgos que plantean los actores armados y la corrupción, la situación más com-plicada es la de la formación de los periodistas. “Hay problemas éticos, se adjetiva, se presentan informaciones sin confrontar, se publican rumores”.

Los funcionarios públicos y los mandos militares y policiales no aceptan las críticas, ni que les soliciten cierta información, o les pidan rendición de cuentas sobre determinados asuntos. Más bien, quieren una prensa al servicio de la información oficial. “Hace algunas semanas hubo una explosión. Todos sabíamos que era una bomba, pero el comandante de policía insistió que fue una explosión de pólvora. Nada más se dijo”, comentó otro periodista, y agregó que “el libre ejercicio del periodismo es difícil y arriesgado en esta zona de frontera, donde coinciden y se enfrentan diferentes actores armados e ilegales: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas, delincuencia común, traficantes de armas, etc. Es evidente en la región la alianza entre algunos sectores políticos y gubernamentales con los grupos paramilitares. Es muy alto también el grado de corrupción en los niveles públicos y oficiales”.

El contrabando de gasolina, por ejemplo, es controlado por los paramilitares, y pese a las denuncias de varias entidades no gubernamentales, estos paramilitares controlan la política y los gobiernos en por lo menos 20 municipios de Norte de Santander. Los casos de corrupción en los organismos de policía, de seguridad y judiciales son alarmantes.

Las amenazas y ataques – abiertas o disimuladas – al libre ejercicio del periodismo son una constante. Por eso, la profesión se ejerce con miedos y temores. Muchos reporteros prefieren no ocuparse de temas que consideran “calientes y peligrosos”.

A esta región primero llegaron las guerrillas del ELN y del EPL, luego las de la FARC y a partir de 1999 están los paramilitares. Los periodistas han estado siempre en el centro de esta guerra sin más armas que sus grabadoras, cámaras o libretas de apuntes. Muchos reporteros recuerdan que las situaciones más difíciles se vivieron

cuando las FARC tuvieron el control territorial de la región. Hasta sus domicilios les llevaban los comunicados o “partes de guerra”, con la advertencia de que “el jefe se los manda para que lo publique”.

Las amenazas

La guerra de El Catatumbo, región productora de coca, ha tenido sus repercusiones en Cúcuta y su área metropolitana. Se lucha por el control de los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico.

En La Opinión, los periodistas reciben constantes amenazas desde distintos frentes, por lo que se publica o por lo que se deja de publicar. Y no sólo provienen de grupos armados y al margen de la ley, sino de políticos y funcionarios.

“Todos allá conocen que en la radio se registra un sistema peligroso y muy complicado: los funcionarios y los políticos financian las programas de muchos locutores o seudo periodistas, y éstos sin ningún control ni responsabilidad, se dedican a insultar, a calumniar y a agredir a las personas o entidades que los patrocinadores les indican. En algunos de esos espacios radiales, quienes intervienen no son profesionales de la prensa, sino políticos, ex candidatos a la alcaldía o a corporaciones públicas, ex concejales, diputados en ejercicio. Muchos de los que hacen esos programas tienen antecedentes judiciales, denuncias penales y criminales por receptación de vehículos, estafas, abuso de confianza y hasta los hay con acusaciones de homicidio”, relata Romero.

En Cúcuta hay muchos barrios que resultan peligrosos para los periodistas. En el Norte de Santander son considerados municipios de alto riesgo o zonas rojas: Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí, Teorama, Tibú, Ocaña, El Carmen, Puerto Santander, Villa del Rosario - Juan Frío.

Otro periodista expresó que “a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de 1.425 combatientes de las AUC que operaban en esta zona de frontera, por lo menos 300 regresaron a Cúcuta. Pocos días después de la movilización ya habían matado a por lo menos seis desmovilizados, entre éstos cuatro jefes de esa organización en Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios.

Los desmovilizados responsabilizan de estas muertes violentas a la guerrilla, pero otras fuentes señalan que se trata de “ajustes de cuentas” entre los mismos “paras”. Varias entidades y dirigentes de la región habían llamado la atención y expresado sus temores que se desatara una vendetta o retaliación a raíz de la desmovilización y entrega de las armas. De todas maneras, este es un nuevo factor de perturbación y de zozobra para el libre ejercicio del periodismo en esta convulsionada zona de frontera.

En el departamento de Norte de Santander en los últimos 11 años fueron asesinados el director y propietario del periódico La Opinión, José Eustorgio Colmenares (12 de marzo de 1993, en Cúcuta, según parece por el ELN debido a las denuncias que realizó en su contra); Jesús Medina Parra, de radio Punto, quien recibió amenazas por sus denuncias contra la corrupción estatal. El 28 de enero de 1994, sicarios


le propinaron seis impactos de bala, cuando salía de la emisora; Julio Hernando Palacios, gerente de la radio Lemas y director de la radio revista El Viento fue muerto el 14 de enero de 2005.

El periodista Jorge Corredor, director del programa El Pregón del Norte, en radio La Voz del Norte, fue víctima de un atentado. Logró esquivar las balas, pero estas alcanzaron a su hijastra de 20 años.

El departamento del Tolima, es la tierra de Elizabeth Obando, la distribuidora del periódico El Nuevo Día de Ibagué, asesinada por el frente las FARC el 11 de julio de 2002 en la vía que Ibagué-Roncesvalles. Ella fue advertida por un guerrillero para que no distribuyera el periódico en la población, a fin de que no se conociera la denuncia de una reforma agraria de facto y el reclutamiento de menores. Las FARC la acribillaron en plena vía pública, después de hacerla descender del bus en que viajaba.

En el Tolima, la libertad de prensa ha sufrido un profundo deterioro en los últimos años. Antonio Melo, director del periódico El Nuevo Día le explica que si bien “por parte de las autoridades no hay una actitud manifiesta contra los periodistas, algunos funcionarios afectados por las denuncias han utilizado el mecanismo de la demanda como fórmula de presión”.

El riesgo para los periodistas en el caso del Tolima está muy identificado. En el norte del departamento, los paramilitares que llegan desde el Magdalena, han sembrado el terror. Muchos periodistas han tenido que marcharse, como Luis Alberto Castaño, quien dirigía un noticiero en la radio comunitaria Café 93.5 FM. La emisora está al aire bajo la nueva dirección de Freddy Rivera, quien afirma que “la situación no es fácil”.

Hacia el sur del departamento, los periodistas aseguran que es muy difícil hacer cubrimientos en el eje San Luis, Guamo, Natagaima, que está bajo el control de los paramilitares, y en menos aún en Cajamarca.

La gran mayoría de las amenazas en este departamento se dan por la vía de las llamadas telefónicas y la distribución de panfletos. Para amedrentar a los periodistas, las FARC utilizan a veces su publicación Resistencia, y las AUC su correo electrónico.

Las amenazas de las AUC han golpeado al ex director de la emisora Café Stereo, de Líbano, Luis Alberto Castaño; al director de la RCN radio, en Honda; y a Pedro Cárdenas, quien fuera secuestrado y estuviera exiliado en Uruguay.

Melo explica que no hay autocensura en el periódico pero que han decido no viajar a determinados lugares, como Roncesvalles. La autoncensura por el contrario es común en las emisoras y otros periódicos locales, todos también afectados por la suspensión de la pauta publicitaria gubernamental y empresarial del Tolima. Al igual que en otras regiones del país, con esa pauta oficial se premia o se castiga a los periodistas. Para enfrentar las dificultades, los medios de prensa de la región han dejado de lado las rencillas locales y bajo el lema “La Unión revive al Tolima”, cumplen tareas comunes.

“No existen garantías totales. Los periodistas que vengan y corran riesgos deben

acudir a sus propios colegas, a la más reciente cúpula de la policía y a la defensoría del Pueblo”, recomienda Melo

En el Tolima en estos once años, fueron asesinados: Pablo Emilio Parra Castañeda, gerente de radios comunitarias del municipio de Planadas (27 de junio de 2001, por las FARC, que lo acusó de “torcido”); Arquímedes Arias, pionero de la radio comunitaria del departamento con las emisoras Fresno (24 de julio de 2001, luego de sus denuncias contra la corrupción administrativa); y la ya citada Elizabeth Obando (11 de julio de 2002, por las FARC).

Para el corresponsal de El Tiempo, Luis Francisco Arias, el eje cafetero parece una zona tranquila para el ejercicio del periodismo. No se conoce de amenazas o vetos expresos a ningún comunicador de esta región comprendida por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, aunque en Manizales ocurrió el 30 de enero del 2002, uno de los casos más graves contra la prensa en la historia contemporánea de Colombia, con el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández. Allí se considera de que se trató de un hecho aislado, como consecuencia del abierto enfrentamiento de Sierra, a través de su columna ‘Punto de Encuentro’, con la coalición política de Caldas, a la cual se acusa de ser la presunta autora intelectual del homicidio.

No hay por esta zona riesgo inminente para los periodistas, pero es recomendable transitar con cuidado. En Risaralda, los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía tienen una importante presencia de grupos guerrilleros. De hecho, dos reporteros de El Tiempo, de Bogotá, fueron secuestrados por las FARC durante tres días en zona rural de Mistrató, en agosto del 2002, pero luego liberados sin ninguna exigencia.

En el caso de Caldas, las zonas de riesgo por guerrilla y paramilitares son más amplias, pero no se sabe de situaciones en los que periodistas hayan sido víctimas de ataques o amenazas por parte de dichos grupos. Aquí, el director de La Patria, Nicolás Restrepo, identifica como zonas de riesgo las poblaciones de Sabana y Penipuaga en límites con el departamento de Antioquia, por la presencia de cultivos de coca, de paramilitares y guerrilleros.

Y en Quindío la prensa tampoco ha registrado dificultades, pero si hay otros fenómenos como el auge de los nuevos “capos” del narcotráfico que se han establecido en la zona. Esto quizás podría llevar a que los periodistas fueran objeto de intimidaciones, pero lo ‘espinoso’ del asunto hace que los comunicadores evadan el tema y no se ocupen de profundizar sus investigaciones al respecto, por cuanto esa indagación los conduciría a arriesgar la vida.

Las inversiones Tal vez la mayor intimidación proviene de grupos de delincuencia organizada,

conforman el aparato militar del narcotráfico. A Pereira ha llegado a asentarse una buena parte del narcotráfico que huye de la persecución oficial en el norte del Valle, donde tienen grandes inversiones en compras de tierras, han permeado gran parte


de la actividad comercial (como fachada) y en alguna medida al sector político.En Risaralda, además de esta situación con el narcotráfico, que según la jefe

de redacción del diario El Otún, Marta Lucia Monsalve, pareciera que vive un nuevo boom, la verdadera amenaza a los periodistas se da por la utilización que de ellos quieren hacer los actores del conflicto y las autoridades. “Muchas veces, la imprecisión de la versión oficial, en su afán por mostrar resultados, nos obligue a recibir reclamos de los afectados con esas informaciones”, explica.

La situación antes descrita también se presenta en Armenia, con el agravante de que gran parte de las tierras cafeteras están siendo compradas por agentes del narcotráfico.

Dos periodistas han sido asesinados en el Quindío presumiblemente por sus denuncias en contra del excongresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro. Son ellos Jairo Elías Márquez, director de la revista crítica El Marqués (10 de febrero de 1997) y Ernesto Acero Cadena, periodista radial y del periódico El Informador del Quindío (12 de diciembre de 1995).

El departamento de Santander, como muchos otros departamentos, está afectado por la ocupación de territorios por parte de grupos armados y su influencia en la política y la vida económica local. Es evidente que las decisiones políticas se vean alteradas por el mando paramilitar en sitios como Landázuri y Tibú. Para Sebastián Hiller, director de Vanguardia Liberal, la situación es compleja en el norte hacia Pailitas por la presencia de un reducto (bandoleros) del EPL, en Bucaramanga por la corrupción política y en el Puerto de Barrancabermeja.

El periodista Helman Villamizar es más contundente: “En la zona de Soto Norte, especialmente en los municipios de Tona, California, Vetas, Saratá, Matanza, El Playón y Río Negro, la situación sigue siendo muy delicada por la tradicional presencia de las FARC, y la llegada de la AUC. A pesar de que a principios del 2000, el ejército colombiano realizó la conocida operación Cóndor en contra de la columna Arturo Ruiz, una de las más importantes operaciones militares, yo no me atrevo a subir…”

En el sur de Santander, los municipios más afectados son Vélez, Sucre y Barbosa en la zona limítrofe con Boyacá donde además los clanes familiares del narcotráfico han logrado el silencio de los periodistas.

“Uno aprende a calibrar el horizonte de las informaciones. Prefiero ahora contar historias de vida”, concluye Villamizar.

Nancy Rodríguez, jefe de redacción de Vanguardia Liberal dice que hay presiones soterradas. “No es la amenaza como tal. Son presiones, en especial las que provenien de las fuentes oficiales”, afirma.

En los últimos años, las intimidaciones se han hecho más frecuentes contra los periodistas en el puerto de Barrancabermeja. Contundente fue el incidente que vivió la periodista de Vanguardia Liberal, Beatriz Elena Mantilla, a quien el coronel Ricardo Bernal la declaró persona non grata en el batallón Nueva Granada, a su mando, advirtiéndole que “voy a encargarme de que los organismos de seguridad del Estado sepan qué clase de persona es usted”. Bernal estaba en desacuerdo con

la publicación de una nota sobre la muerte accidental de un soldado el mismo día de la visita en la región del Presidente de la República, Álvaro Uribe.

Pero las intimidaciones no solo provienen de la fuerza pública, en este puerto petrolero donde han hecho presencia todas las organizaciones guerrilleras en los últimos 30 años y las Autodefensas Unidas de Colombia en los últimos cinco. La situación para los periodistas es similar a otras regiones: dificultades de movilización, presiones para condicionar las informaciones y amenazas de muerte.

En sus últimos informes, la SIP denunció las amenazas de paramilitares de las que fueron víctimas Angela Muñoz, propietaria del semanario El Vocero, y Jeanneth Ojeda, propietaria del semanario La Noticia. En enero de 2004, la presentadora de television Inés Peña, fue secuestrada, amenazada y torturada debido a sus denuncias de que los paramilitares estarían reclutando a la juventud del puerto.

Santander tiene una de las más altas cifras de periodistas asesinados en los últimos 11 años: Gildardo Ariza Olarte, de la emisora Ondas del Carare (19 de abril de 1995, en el municipio de Vélez, por la guerrilla de las FARC, luego que denunciara la extorsión de la que eran víctimas los campesinos de la zona); Luis Alberto Rincón y Alberto Sánchez Tovar, de la televisión local (28 de noviembre de 1999, cuando los paramilitares quisieron recuperar las imágenes que habían grabado de una fiesta); Fabio Leonardo Restrepo y John Jairo Restrepo, presentador y camarógrafo de un canal local de Barrancabermeja (el 6 de febrero de 2000, en Girón, junto a un cabecilla del EPL, mientras cubrían un enfrentamiento con los milicianos); Mario Prada Díaz, director del semanario Horizonte Sabanero (12 de julio de 2002, en zona rural de Sabana de Torres, por denunciar los malos manejos que la administración de esa población estaba hacienda con los recursos públicos); y José Emeterio Rivas, director del programa anticorrupción las Fuerzas Vivas en radio Calor Stereo,(7 de abril de 2003). Además se registran las amenazas a Pedro Javier Galvis, del periódico La Noticia, y a Diego Waldron y Garibaldi López, de radio Calor Stereo.

Zonas minadas

La sola mención del departamento de Antioquia recuerda la violencia sembrada por los carteles de la droga en los últimos años de la década de los 80 y comienzos de los 90. Sin embargo, los periodistas antioqueños advierten que no tienen mayores problemas para ejercer su profesión. Clara Vélez, del periódico El Colombiano, es contundente en afirmar que el problema de movilizarse por Antioquia son las zonas minadas. “Especialmente en el oriente, en las Veredas de San Francisco, San Luis, San Carlos, Cocorná y Argelia, donde hace algunos meses explotó una casa bomba dejando varios militares muertos. En estos sitios se corre el riesgo de detenerse a tomar algo en una casa y que explote. Los actores armados se dedicaron a desplazar, confinar las poblaciones y minarlas. Nadie lo lleva a uno hasta allá. Los conductores responden que ni por toda la plata del mundo, porque entrar es solo cuestión de escoger quién quieres que te pegue un tiro”, afirma Clara.

Otro sitio “vedado” es la comunidad de Paz de San José de Apartadó en el Urabá


Antioqueño. “Hay que pedir cita con dos semanas de anticipación y se la dan para dentro de tres meses”, dice otra periodista. Allá está la Corporación Jurídica Libertad y las Brigadas Internacionales de Paz, pero el mando es de las FARC. San Pedro de Urabá sigue siendo un corredor de las FARC y en el Atrato Medio, son frecuentes los retenes por el río. “De cuando en cuando escucha uno una escaramuza, un tiro al aire, que le recuerda que no está solo en este mundo”.

En el occidente antioqueño se presentan riesgos en el municipio de Dabeiba, donde en enero 2005 fue secuestrado por las FARC el reportero gráfico del diario Urabá Hoy, Hernán Echeverri.

La otra situación es la de la capital antioqueña, Medellín, que pese a que los últimos informes oficiales advierten sobre una notable disminución en las cifras de criminalidad, la realidad es otra. “A una mujer le vaciaron un revólver en la cabeza y apareció en los partes de policía como muerta en un accidente de tránsito. Pareciera que no quieren reportarlos”, denuncia un periodista radial.

El 25 de noviembre de 2003, se desmovilizaron 850 miembros de las diversas bandas delincuenciales de la ciudad agrupados en el Bloque paramilitar Cacique Nutibara, pero aún quedan demasiados reductos de bandas.

Para Clara Vélez, cualquier periodista que llegue a Antioquia debe contactar con el medio de comunicación local para recibir información. Y dentro de la ciudad, evitar desplazarse a los corregimientos de Santo Domingo Sabio, Santa Cruz y San Cristóbal.

Para Adriana Vega, editora regional de El Tiempo en Antioquia, las zonas más graves para el desplazamiento de periodistas son las carreteras del oriente antioqueño, la vía al Chocó, la vía entre Medellín y Urabá, las vías del norte de Urabá, las vías al norte de Antioquia y las vías al suroeste. En Turbo, son los corregimientos de El Dos y Curralao los que representan algún riesgo

La gran mayoría de periodistas asesinados en este departamento lo fueron en la década de los años 80 bajo el narcoterrorismo sembrado por los carteles de la droga. En el periodo investigado por la URR de la SIP, sólo aparece el asesinato de María Elena Salinas, el 5 de marzo de 2000. La periodista y profesora de la facultad de comunicación de la Universidad de Medellín, desapareció y después el ejército la reportó como una guerrillera NN, caída en combates en San Carlos, entre el ejército y la guerrilla del ELN.

En Antioquia el periodista Luis Eduardo Gómez de la revista Urabá, fue amenazado por funcionarios del municipio de Arboletes.

Según Andrés Monpotes, corresponsal de El Tiempo, en Nariño, la costa del Pacífico está bajo control paramilitar y el sur es zona frecuentada por la guerrilla. En el Bajo Putumayo, donde las FARC dinamitan casi a diario el oleoducto Transandino, los periodistas temen desplazarse.

En Nariño los paramilitares han amenazado a Wilson Viracachá del canal Caracol; a Jorge Antonio Gallego, periodista deportivo, por sus denuncias de malos manejos con el dinero del deporte; a Francisco Terán, director de Noticias de Todelar Radio, y en límites entre Putumayo y Nariño, en el sitio La Pastora, fue secuestrado en diciembre del 2004 el corresponsal de Caracol y su camarógrafo.

Nariño se ha convertido en uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico debido a que casi todo el departamento está controlado por los paramilitares en la costa y por las FARC en los cauces de los ríos.

Para el reportero que cubre municipios en el Diario del Sur, Rodolfo Pantoja, “los riesgos se presentan en las zonas de la costa Pacífico, en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payan y la Tola, donde uno va con muchas medidas de seguridad. Hay que ir prevenido”. A nivel de la frontera con Ecuador, los periodistas dicen que la práctica profesional es normal a pesar de la presencia de los actores armados en los municipios de Ipiales, Cumbal y Guachucal, zonas de alta producción de Amapola.

Pantoja explica que en Nariño, “la libertad de prensa empezó a sentir serias amenazas hace cinco años, cuando se tuvieron que ir de la región e incluso del país, siete periodistas, varios de cuales no han podido regresar ante las amenazas de las AUC. Entre ellos, Germán Arcos, Oscar Torres, Cristina Castro. Hace cuatro años, el ELN secuestró al corresponsal del canal Caracol Wilson Viracachá. Aparte de eso hay normalidad. Lo que me preocupa es que tenemos miedo de tocar temas de orden público, hablar de los actores armados. Hay una especie de autocensura. Los casos de amenazas no se han vuelto a presentar por eso, o no se denuncian por temor a represalias. Todo el mundo habla pero nadie se atreve”.

En Nariño fueron asesinados: Alejandro Barbosa, director del periódico El Caleño (24 de octubre de 1997, por los narcotraficantes, según denuncia del gremio periodístico de Pasto); y Flavio Bedoya Tovar, corresponsal del semanario comunista Voz, por entrevistar a un jefe guerrillero y denunciar la incapacidad de la policía y la administración local (27 de abril de 2001 en Tumaco).

En Huila, han sido frecuentes los ataques a la prensa en los dos últimos años: la guerrilla voló las instalaciones de la emisora Timaná Stereo; Diógenes Cadena, periodista de temas judiciales de la emisora Huila Stereo tuvo que abandonar la región por las amenazas de las que fue víctima luego del asesinato del periodista Guillermo Bravo; Carlos Mora Collazos, editor del periódico La Nación, denunció ante la Fiscalía las amenazas que le hizo un testigo vinculado al asesinado del periodista Nelson Carvajal. También fueron amenazados Norberto Antonio Castaño, de una emisora local, a quien los paramilitares acusaron de tener nexos con la guerrilla; y Germán Hernández, del Diario del Huila, supuestamente intimidado por el comandante de la Novena Brigada.

Hernández afirma que el ejercicio del periodismo en el Huila se enfrenta a dos situaciones: la de las fuerzas del orden y la parte económica de los medios. “El ejército pretende manipular la información. Lo rotulan a uno de pertenecer a un lado o a otro… A los periodistas de la TV local y de la radio, les pagan con cupos de publicidad, lo que los hace vulnerables a quien paga la pauta, que son las entidades oficiales y las campañas de los políticos. Con los actores armados, lo que hay es manipulación, pero no hay intimidación directa. En general se portan bien. Pero con los periodistas extranjeros, sobre todo si son estadounidenses, hay una directriz clara de retenerlos”.

Melquicedes Torres, actual jefe de redacción de radio Súper, en Bogotá, que se ha desempeñado como corresponsal de algunos medios en el Huila, advierte que “allí se presentan varias amenazas a la libertad de prensa. Primero la dependencia económica


de los medios frente a las fuentes oficiales y al sector privado; segundo, la presión de los actores armados e incluso de la fuerza pública a través de amenazas veladas, que impiden la presencia de los periodistas en determinados sitios por parte de los primeros, y de las trabas o presiones directas del ejército; y por último, la deficiencia en la formación de los profesionales del periodismo.”

En el Huila han sido asesinados: el educador y periodista de radio Sur de Pitalito, Nelsón Carvajal (16 de abril de 1998, después de sus denuncias por irregularidades en la construcción de viviendas populares y su presunta relación con el tráfico de armas y estupefacientes de la zona); Pablo Medina Motta, camarógrafo del canal local Telegarzón (3 de diciembre de 1999, cuando se desplazaba en una moto de la Sijín (Seccional de Inteligencia Judicial Investigativa de la Policía Nacional) en momentos en que el pueblo era atacado por las FARC); Gimbler Perdomo, director de noticias de radio Panorámica (1 de diciembre de 2002 en Gigante, por sus denuncias contra la corrupción); y Guillermo Bravo Vega, del canal 2 local de Neiva (28 de abril de 2003, por sus denuncias de la corrupción en la Licorera del Huila).

Boyacá no escapa a los riesgos para el ejercicio periodístico. La profesional Esperanza Páez, encargada de la jefatura de redacción del semanario Boyacá 7 días, llegó a la región en septiembre de 2004 y se encontró con que hay zonas en el departamento a las que no se puede acceder fácilmente si no es con el visto bueno de la guerrilla. Esas zonas son: el Belén, Paz de Río, Socha, Chita, Güican, Panqueba, Chiscas, Espino, Labranza Grande, Soatá, La Uvita, Boavita en el Norte y nororiente del departamento. Un sector en límites con Santander que comprende Cobarachía, Sipacocque y San Mateo representa peligros para los periodistas. De mediano riesgo por la presencia de las FARC y algunos reductos del ELN son la provincia de Valderrama, en donde se ubican los municipios de Tasco y Beteitiva, y la provincia de Curabá en límites con norte de Santander, Arauca y la frontera con Venezuela, debido a que se encuentra el asentamiento de la comunidad indígena U´WA, lugar donde fueron asesinados indigenistas estadounidenses.

José Eliceo Vela, periodista de Boyacá 7 días, advierte que la provincia de Lengupá en el oriente, en límites con el departamento del Casanare, es otra de las regiones que presentan dificultad para el desplazamiento de los periodistas debido a que está bajo control de los paramilitares. Se trata de los municipios de Campo Hermoso, Páez, San Eduardo, Berbeo y Zetaquira. En el sur de Boyacá, en límites con los Llanos Orientales (Meta y Casanare) las dificultades para los periodistas se encuentran en la provincia de Neira, municipios de San Luis de Galeno y Santa Teresa, por la presencia mayoritaria de los paramilitares y los enfrentamientos con el ELN por el territorio. Es una región de cultivos de coca, además de laboratorios para el procesamiento. Es ruta de producción y distribución.

Otra zona crítica es occidente bajo o esmeraldífera, donde los “dueños o caciques” temen que los periodistas entren y denuncien los constantes abusos con las menores de edad, o el negocio de los esmeralderos con los “pájaros”, para el porte ilegal de armas y el control sobre los cultivos de coca. Este sector no se define como zona de actores armados a pesar de la presencia de reductos paramilitares. “Si me movilizo por allí, tengo que hacerlo camuflado”, comentó un periodista local. q

IIIRegión Pacífica

Valle del Cauca, Cauca y Choco, yla frontera con Panamá


El Valle del Cauca presenta una de las más delicadas situaciones para el ejercicio periodístico. En el sur, en el puerto de Buenaventura, la delincuencia común, el narcotráfico y la guerrilla tienen contundente

presencia. La relación del narcotráfico con la delincuencia común ya afectó al corresponsal local de El País, Adonai Cárdenas, quien desde los primeros días de abril de 2003 es víctima de llamadas amenazantes. Cárdenas incluso fue abordado nuevamente en diciembre de ese año en el omnibús en el que se movilizaba, y recibió una recomendación (o exigencia): deje de informar ciertas cosas que le hacen daño a Buenaventura, que ellos todavía no se han ido de aquí. Fue una clara referencia a los paramilitares en pleno proceso de desmovilización.

La situación de Buenaventura se explica por el enfrentamiento urbano entre milicias de las FARC y de los paramilitares con el ingrediente del narcotráfico. Además de las presiones de la clase política que manda mensajes a los periodistas sobre a qué personajes no tocar para evitar riesgos. Las zonas llamadas vedadas para la prensa son las conocidas como las de la antigua carretera al Mar: Sabaleta, Aguas Clara y Anchicallá; y en la zona marítima: Reposo y Río Maya.

En Buenaventura, el 70 por ciento de las muertes violentas corresponden a los actores violentos: narcotráfico, AUC y guerrilla. Hay una infiltración notable del narcotráfico en la vida política del puerto en sus instituciones.

Aquí los periodistas han suspendido todo desplazamiento a zonas rojas como río Raposo, antigua vía al mar, Bajo Calima, San Isidro e igualmente andan con mucho temor por algunos barrios de la comuna 12, o de Bajamar.

Se trata de toda la vía al mar hasta Buenaventura cuyos pueblos aledaños viven en la pobreza extrema y la guerrilla los ha convertido en informantes obligados. En esa vía son frecuentes los llamados retenes y quema de vehículos y mercancías pues se trata del más importante corredor vial del comercio exterior del Pacífico.

“Si ven que no pueden pasar, devuélvanse”, instruye una editora de El País a sus periodistas. Siempre están averiguando con los campesinos del sector si hay condiciones para desplazarse.

En el centro del departamento, especialmente la zona montañosa de Tulúa y Buga, la mayor presencia es de guerrilla y paramilitares. Aunque en estos mo-mentos se está dando el proceso de desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas en el sitio de Galicia en Bugalargrande con el respectivo proceso de concentración de los ex combatientes, ésta ha sido por años una zona de control paramilitar.

En Tulúa, el 13 de abril de 2004, el periodista Javier Jaramillo, fue informado por parte del gestor de paz, Fabio Cardoso, y algunas emisoras, que las FARC es-taban molestas por un informe suyo publicado en El País sobre la muerte selectiva de líderes comunales y transportadores de leche en la zona montañosa de Tulúa.

Jaramillo acudió a la organización Medios por la Paz, pero luego decidió no denunciar su caso, pues como muchos periodistas, consideran que la denuncia les complica la situación y que los procesos de evaluación de riesgo por parte del Ministerio del Interior son muy demorados.

Jaramillo explica que la situación del centro del Valle del Cauca se complicó en 1999 cuando llegaron las AUC al corregimiento de la Moralia, en la Cordil-lera Central. “Los pobladores estaban celebrando el día de la Virgen del Carmen cuando llegaron en dos camiones, se bajaron, rodearon la plaza, otros se metieron en el atrio de la Iglesia, sacaron de entre el público a dos personas y las mataron”, recuerda, añadiendo que la salida frente a la situación es, en la gran mayoría de los casos, la autocensura, evitar cubrir los homicidios de las vendetas. “Presentamos la noticia escueta, sin mayores detalles, diciendo que no se conocen las causas, aunque todos las sepamos”, añade.

Y en el norte, la situación está dada por el creciente narcotráfico en varias zonas del departamento. “Se trabaja en una línea delgada que amenaza con romperse todos los días, tener una fuente es obligatorio para poder informar, pero eso crea ataduras”, dijo un periodista que tuvo que autocensurarse apoyado por las directi-vas de su medio.

Lucha sin cuartel

En Roldanillo es imposible desconocer la guerra a muerte entre las bandas de los “Machos vs. Los Rastrojos” por el control de los laboratorios y cultivos de la zona. Allí hay una lucha sin cuartel entre los supuestos narcotraficantes Diego Montoya y Wilmer Varela, alías “Jabón”. En Cartago, el problema es la dupla mafia-política.

Por último, existen dos zonas literalmente vedadas: El Cañón de Garrapata, en El Dobio, donde es imposible entrar por considerarse el santuario de los “capos” y la zona limítrofe con el Chocó, en San José del Palmar, por el control de los paramilitares. Allí no hay amenazas directas. “Lo llaman a uno para que colabore, y uno entiende que es una orden”. El mejor consejo para cualquier periodista es que actúe siempre como tal y no haga cubrimientos encubiertos.

Andrés Monpotes, corresponsal de El Tiempo describe así la situación en el Valle del Cauca: “En la zona rural de Buenaventura, que colinda con los Farallones de Cali, hay presencia de paramilitares. Un frente de las FARC también ronda la zona rural y de hecho se han presentado enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. El corredor de los Farallones es preferida por estos grupos ilegales”.

Periodistas asesinados en la última década en diversas poblaciones del Valle del Cauca: Abelardo Marín Pinzón, editor y camarógrafo de Telepacífico( 27 de mayo de 1994, por grabar imágenes de un narcotraficante); Gerardo Bedoya (20 de marzo de 1997, por sus columnas en El País, contra el narcotráfico y su infiltración en la política nacional); Didier Arisatizabal, de la Cadena Todelar (20 de mayo de 1997, porque a la guerrilla le incomodó que estuviera orientando a la emisora de la policía nacional en Cali); Bernabé Cortés, del noticiero local CVN (19 de mayo de 1998, luego de recibir amenazas del Cartel de Cali y del ELN); Marco Antonio Ayala, reportero gráfico de El Caleño (23 de enero 2003, víctima del crimen organizado, para evitar la publicación de fotografías de una mujer en la

1�0 MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS 1�1

Plaza de Toros, quien lo visitó en el periódico exigiéndole entregar los negativos); Héctor Sandoval (12 de abril de 2003, muerto por los disparos de un helicóptero que perseguía a una columna de las FARC, que había secuestrado a unos diputados de esta región); William Soto Cheng, del noticiero local de Telemar (27 de diciembre de 2003, en Buenaventura, por sus denuncias contra un fraude electoral en el que estaría vinculada la fuerza pública).

El departamento del Chocó se ha convertido en otro de los lugares peligrosos para el ejercicio del periodismo, según Jairo Antonio Rivas Chalá, corresponsal de radio Caracol. “La situación de extrema pobreza, la financiación de los medios a través de la pauta oficial y el conflicto, tienen amarrada la libertad de prensa”, afirma, y explica que los puntos de mayor dificultad son los del Medio Atrato, que comprende Río Sucio y Bojayá, donde hay presencia de las guerrillas de las FARC, del ELN y de los paramilitares. “También la zona de San Juan, con los municipios de Condoto, Tadó, Sití e Ismina. La vía más peligrosa es la de Quibdo a Itsmina, 75 kilómetros donde se presentan retenes y quema de buses. Allí en diciembre de 2004 el periodista Raúl Balladares, de la emisora Brisas de San Juan, estuvo secuestrado por el ELN”.

Las dificultades para los periodistas radican además en la imposibilidad de desplazarse por tierra. Para llegar a las poblaciones del Chocó hay que movilizarse a través de los ríos, Atrato, Andágueda y San Juan, que son escenarios de guerra.

Adriana Vega, editora regional de El Tiempo en el departamento de Antioquia, desde donde se cubre el departamento del Chocó, explica que “aunque nuestros periodistas en los últimos años no han tenido problemas graves, si hay prevención. Por ejemplo si vamos a viajar por carretera, nunca se hace después de las cinco de la tarde, lo mismo que por los ríos”.

Leonardo Montoya Garcés, un reconocido periodista de la zona que trabaja como corresponsal del noticiero CM&, realiza las imágenes para los noticieros de RCN-TV y dirige el espacio noticioso El Martillo, fue víctima de amenazas por parte de funcionarios públicos que se vieron afectados por las imágenes que mostró RCN. El noticiero exhibió un barrio de casas lujosas donde viven funcionarios, mostrando el contraste entre la pobreza de la ciudad y estas residencias, en el marco de una campaña para instalar un acueducto. “El director del hospital y el contralor delegado, cuyas residencias se mostraron, me llamaron muy molestos, y me amenazaron” contó Montoya, agregando que “la actividad periodística en este departamento se encuentra sujeta a la voluntad de los gamonales políticos de la región, quienes son los propietarios de las emisoras locales y de los medios impresos”.

“La influencia del narcotráfico en el gobierno departamental y el poder que han obtenido los gobernantes a través de dineros del erario público, además de la presencia de los grupos insurgentes de las FARC, el ELN, y las autodefensas, dejan muy poco espacio para el libre ejercicio de la profesión”, concluye.

En Cauca, la jefe de redacción del diario El Liberal, Ariadne Villota Ospina, considera que en los municipios de la Sierra, la Vega, Bolívar, Almaguer y San

Sebastián hay riesgo por la presencia guerrillera. Es zona selvática donde no se suele molestar a los periodistas, pero sí se enfrentan a “retenes investigativos” para averiguar de quién se trata.

“En las áreas de influencia de los indígenas guambianos, no hay riesgo pero es importante comunicarles la movilización por sus zonas, a través del Consejo Regional Indígena o al gobernador del Cabildo”, explica Villota.

La bota caucana es otra región de cuidado por la presencia guerrillera de las FARC. En julio de 2004 se registró un combate entre unos 200 guerrilleros del FARC que enfrentaron a 36 militares de la brigada de selva de Putumayo. El saldo fue de 13 soldados muertos.

En Cauca, el riesgo no sólo lo representa la presencia de los actores armados. Desde el sector político también provienen gran parte de las amenazas y presiones. Dos periodistas de CNC fueron amenazados en octubre de 2004 por sus denuncias contra el fraude en las campañas políticas. “Los políticos presionan para que ciertas informaciones no sean publicadas y lo hacen directamente a los dueños de los medios”, dijo una periodista.

El corresponsal de El País en Popayán, Silvio Sierra, fue advertido de un plan para asesinarlo por un informe suyo sobre las pandillas y delincuencia común en el departamento. No se sabe si las FARC están detrás de la amenaza.

En el Cauca fue asesinado Manuel José Martínez, de radio Súper de Popayán (28 de septiembre de 1993, por sus continuas denuncias). q

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS 1��

IVRegión de la Orinoquia

Arauca, Casanare, Meta y Vichada y nuevamente la frontera con Venezuela

1�� MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS • SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS 1��

Según un informe de la Policía Nacional (El Tiempo, 20 de diciembre de 2004), Arauca es la región de Colombia donde se comete el mayor núme-ro de homicidios: 158 por cada 100 mil habitantes, por la incidencia de los

grupos armados, el desarrollo de las economías de frontera, la impunidad y el im-pacto del narcotráfico. En Arauca también ha aumentado el asesinato de dirigentes sociales y las amenazas de muerte por parte de las Autodefensas.

En Arauca, han sido asesinados los periodistas: Iván Darío Pelayo, director de la radioemisora Llanorámica en Arauca (en Puerto Rondón, el 17 de agosto de 1995, por un comando del ELN, que lo acusaba de tener vínculos con los para-militares); Alfredo Antonio Matiz, fundador de La Voz del Sinaruco (5 de enero de 1996, por la guerrilla); Efraín Varela, director de la radio Meridiano 70 (28 de junio de 2002, porque denunció los atropellos del ejército y los paramilitares en la región); y Luis Eduardo Alfonso, de la emisora Meridiano 70 y corresponsal de El Tiempo (18 de marzo de 2003, por amenazas de las AUC)

La prensa de Arauca ha sido muy golpeada en los últimos años: Jorge Meléndez, periodista de El Tiempo y el fotógrafo Danilo Sarmiento sufrieron una retención en una guarnición militar; el equipo periodístico de RCN-TV formado por Ramón Eduardo Martínez, Duarley Guerrero y Carlos Julio García, quienes habían sido secuestrados por la guerrilla de las FARC, tuvieron que exiliarse. Después del asesinato de Efraín Varela, se incrementaron las amenazas y se produjo el exilio de 16 periodistas de la región.

Carmen Rosa Pabón, periodista de La Voz del Sinaruco, quien formó parte del grupo de 16 periodistas que salieron de Arauca en marzo de 2003, contó: “Algunos regresamos, movilizándonos en vehículos especiales administrados por la policía y el DAS. Nos hemos estado reincorporando, con las limitaciones propias derivadas de las circunstancias de orden público que vive la región y la frontera con Venezuela. Convivimos con tres grupos armados, además de delincuencia y corrupción”.

La situación más grave es la de frontera con Venezuela en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

Fortul y Tame, al sur del departamento, tiene el mayor índice de muerte en los tres últimos años. En diciembre del 2004 en San Salvador, municipio de Tame, las FARC asesinaron a 16 personas en represalia con los pobladores por haber per-mitido la presencia de los paramilitares.

“Rumores van y rumores vienen. Un ambiente tan salpicado de conflicto es propicio para que cualquiera se atemorice. Utilizamos la red de comunicaciones que nos dio la FLIP y reportamos cada cosa, cada seguimiento, cada comentario. Tenemos que movernos en un ambiente enrarecido. Yo todavía tengo miedo, la familia tiene miedo. Cuando la masacre en San Salvador, yo solo le pedía a Dios sabiduría para poder narrar los hechos. Como por ejemplo contar que había niños de dos años con tiro de fusil en la cabeza. La autocensura reina como medida de supervivencia”, dice Pabón.

En el Meta, narra Jorge Cárdenas Fonseca, jefe de redacción de Llano 7 Días, “todo el departamento es crítico porque está controlado por la guerrilla de las FARC

y por tres grupos de paramilitares que de alguna forma condicionan el ejercicio periodístico, por cuanto ellos controlan el ingreso y la posibilidad de hablar con la gente. A veces muestran actitudes hostiles”.

En el año 2003, en una zona rural del municipio de Mapiripán, un equipo periodístico del diario El Tiempo, formado por el reportero gráfico John Wilson Vizcaíno y la periodista Yineth Bedoya, fueron retenidos durante tres días por un comandante guerrillero, al parecer en retaliación por algunas publicaciones.

El 10 de diciembre de 2004, en la Inspección de Jardín de Peñas, jurisdicción del municipio de Mesetas, un equipo periodístico de Llano 7 Días fue retenido temporalmente y despojado de sus útiles de trabajo, incluido el vehículo, cámaras del reportero gráfico, celulares y grabadoras.

En esta zona de la Orinoquia también hay dificultades para ingresar a algunos lugares de dominio de estos grupos. En el departamento del Meta la situación para los reporteros se ha deteriorado mucho. El periodista José Iván Aguilar, de la emisora Súper y corresponsal en Villavicencio de Noticias Uno, fue víctima de un atentado, luego de recibir amenazas de miembros de la Brigada VII. Había criticado al alcalde de Villavicencio por irregularidades en la construcción del edificio terminal de transportes. También fue amenazado el director de Eco Llanero, José Dimos Rico, por leer comunicados de la gobernación y de la Brigada. q

VRegión de la Amazonía

Caquetá, Guaviare, Vaupez, Amazonas y Guanía, Putumayo y fronteras con Ecuador y Brasil



Viajar a la selva amazónica es internarse en la mayor reserva ecológica del planeta, entre especies vegetales y animales. Esta región de alta lluviosidad es considerada el “pulmón del mundo”.

En el río Amazonas, con un caudal de 120.000 metros cúbicos de agua por segundo y con una longitud de 6.275 kilómetros, en los cuales se cuentan cerca de 6.000 islas, desembocan los ríos Putumayo y Caquetá. Por estos ríos y sus numerosos afluentes se desarrolla el comercio y se comunican entre sí las poblaciones de la región selvática.

En el Amazonas, los periodistas coinciden en decir que el único problema se presenta en la zona fronteriza con el Putumayo, del sector conocido como la Chorrera hacia el Oriente, porque en el corregimiento de Puerto Alegría y la Chorrera se ha asentado las FARC con el propósito de fomentar el cultivo de coca.

“Toman a los colonos desplazados por las fumigaciones en el Putumayo y les pagan para sembrar allí. Asimismo en las regiones selváticas del suroccidente del Amazonas, las FARC habrían movilizado a un grupo de presuntos secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancur”, afirmó un periodista de la región.

En Tabatinga y Benjamín Herrera, dos poblaciones del Brasil fronterizas con Amazonas, existen pequeños carteles de narcotraficantes.

El departamento del Putumayo, es otro ejemplo de la intensa confrontación en la zona. Es una región selvática, fronteriza con Ecuador y centro de producción de coca, con absoluto dominio guerrillero, por años.

Germán Arenas, corresponsal de radio Caracol en Mocoa, es uno de los pocos periodistas que ejercen la profesión en el Putumayo. El considera que “los actores armados, AUC y FARC, no se han metido con los periodistas y por eso no he recibido condicionamientos. Las relaciones con la policía y el ejército son buenas. Hay comunicación fluida y sin embargo están las presiones naturales”.

“Para hacer periodismo se debe disponer de dos millones de pesos (alrededor de 8.000 dólares) para pagar el espacio radial y poder lanzar el noticiero aire. Las únicas fuentes que pueden sostener esos programas son entidades municipales. Ante el sectarismo político, le quitan o le dan al periodista. Una crítica al gobierno seccional origina el corte de la publicidad”, comenta Arenas.

Aquí hay sitios como el medio y el bajo Putumayo, municipio de Puerto Guzmán, con influencia FARC; Villa Garzón de influencia AUC y FARC; Puerto Caicedo, influencia AUC; Puerto Asís, influencia de ambos actores; Orito, influencia de AUC; La Hormiga, controlada por guerrilla y paramilitares; y La Dorada, también con ambos, y en donde el periodista debe desplazarse vistiendo su chaleco especial y su credencial, por cuanto hay que enfrentar a los miembros de estas organizaciones que piden identificarse. En los municipios del bajo Putumayo, el dominio de las AUC se hace en las cabeceras municipales, mientras en las zonas rurales la influencia es de la guerrilla.

Pero las mayores amenazas provienen en algunos casos de la fuerza pública en una abierta complicidad con los paramilitares. En el 2004, el periodista de Caracol

denunció que un sargento del ejército de apellido Sierra, conocido con el alías de Boquinche, supuestamente reunió a miembros de la comunidad de la vereda Arizona, para presentarles a cuatro personas que si bien estaban vestidas de civil tenían “aire” militar y estaban armados. El suboficial supuestamente los presentó como miembros de las AUC, agregando que eran primos y que trabajarían “hombro con hombro” y al que no le gustara esa idea, podia mejor irse del pueblo, “teniendo cuidado de no denunciar la situación porque sería ajusticiado”. Recordó Arenas que el comandante de la Brigada 27 de Selva en ese entonces. Hernán Perico, le pidió no divulgar esa situación hasta tanto no se tomaran las medidas con ese sargento. “Pero recibí otras presiones”, sostiene.

En la provincia ecuatoriana fronteriza de Sucumbíos se desarrollan encuentros binacionales para analizar una situación caracterizada por la inseguridad, debido a que esta zona se ha convertido en refugio de paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada. El Puente Internacional de San Miguel está desprotegido y, por ende, libre para todo lo que pueda entrar y salir: armas y cocaína.

“Es frecuente que cualquier persona que llegue a Putumayo sea retenida hasta tanto no se investigue su procedencia y las razones por las que está allí. En muchos casos se las han llevado y luego aparecen muertas. Pero eso no ha ocurrido con periodistas”, concluye Arenas.

En Putumayo, durante 2003, fueron asesinados dos periodistas: Juan Carlos Benavides, director de Noticias de la radio Manantial Stereo (22 de agosto en Puerto Caicedo, cuando se desplazaba a cubrir un consejo comunitario del presidente Uribe) y José Nel Muñoz, de una emisora local afiliada a Caracol (en un corregimiento de Puerto Asís).

El corresponsal de Caracol TV en Puerto Asís, Carlos Mauro Rosero, explicó que allí “no hay problemas de movilidad, pero tan pronto ocurrió el asesinato de Muñoz, nadie volvió a hacer un noticiero independiente. Los medios trabajan al servicio del gobernador por temor a perder la pauta publicitaria y porque se han autocensurado ante los actores del conflicto”.

En Caquetá, se puede confirmar por oficio la muerte de José Duviel Vásquez (6 de julio de 2001). El periodista de la Voz de la Selva puso en evidencia la existencia de una grabación en la que una ex alcaldesa de Florencia presuntamente entregaba dinero a unos concejales. Vásquez recibió además amenazas de los paramilitares. Aún están por esclarecerse los móviles de los crímenes de los dos directores de la misma emisora, asesinados un año antes: Alfredo Abad y Guillermo León Agudelo.

Carlos Meyer, corresponsal de RCN-Radio en Florencia, dijo que durante el 2004 la situación fue muy tensa para los periodistas. “Uno está cumpliendo con su trabajo, en el medio de todo, sin saber de donde le pueden tirar: si son los narcos, la guerrilla, los paras, la delincuencia común, los mismos entes gubernamentales y los funcionarios públicos, “sobre todo si uno mantiene posiciones independientes”.

“La última amenaza que recibí fue en julio de 2004. Vivía en un barrio lejos del centro, y a eso de las cuatro de la mañana salía de casa para encender la motocicleta,


cuando encontré un papel recostado contra la pared del frente de la casa. Era una amenaza concreta de las FARC: tenía que abandonar la ciudad en 24 horas o de lo contrario atentarían contra mi familia y la emisora. Me escondí adentro de la casa, con mi mujer, y una hora después llamé a mi jefe inmediato, quien me ordenó no moverme de mi hogar. En Bogotá me dijeron que estampara la denuncia ante las autoridades locales, por cuanto consideraron que el panfleto no era de las FARC”, contó Meyer, quien nunca pudo confirmar el origen de la amenaza.

Meyer advierte que en Caquetá se repite aquello de que las amenazas también provienen del sector de la política, al cual en los últimos años se le atribuye responsabilidad en los asesinatos de tres periodistas. RCN-Radio le ha recomendado a su corresponsal no salir del casco urbano de la ciudad, por rezones de seguridad. El temor más próximo es el de un secuestro.

Debido a la presencia de AUC y FARC, se considera que hay riesgos para el desplazamiento de periodistas en municipios del Caquetá.

En el departamento del Guaviare, la situación es muy similar a la del departamento del Meta. Las zonas rurales de los municipios están bajo el dominio de la guerrilla. Entre tanto en el casco urbano de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno hay presencia de paramilitares. o

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Era director del semanario Horizonte Sabanero. En suúltimo editorial denunció malos manejos de los recursospúblicos en la administración de Sabana Torres,departamento de Santander, Colombia, donde fue asesinadoel 12 de julio de 2002. Un año después de su muerte, laFiscalía dispuso la suspensión de la investigación del crimencon el argumento de que no fue posible la identificacióne individualización de los responsables.

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Balas de sicarios mataron el 7 de febrero de 2004 al director de radio La PalmaStereo, de San Alberto, departamento del Cesar, Colombia, cuando se negó a seguirpagando una extorsión mensual a paramilitares que operan en esa zona. Su crimenpermanece impune. No hay detenidos y la investigación no avanza. Clarinha Glock, es periodista independiente en Porto Alegre, Brasil.

Sus investigaciones están dedicadas a temas de comunidades indígenas, infancia, derechos humanos y medio ambiente. Recibió premios por sus investigaciones sobre el movimiento neonazi en Brasil. Estudió periodismo gráfico y audiovisual. Es miembro de la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo y voluntaria de la Agencia Libre para Información, Ciudadanía y Educación (ALICE) en el proyecto del periódico de los sin techo llamado Boca de Rua.

BrasilPor Clarinha Glock


Introducción


Los periodistas en Brasil enfrentan un problema de difícil salida. ¿Cómo investigar y denunciar, por ejemplo, la vinculación de autoridades con el crimen organizado, cuando la propia justicia no sabe cómo combatirlo?

La dificultad para esta lucha, según el delegado de la Policía Federal, Getulio Bezerra, es que el crimen organizado no está tipificado penalmente para encuadrarlo. Se trata de una asociación ilícita, que busca el control del área, la ventaja financiera y tiene un potencial ofensivo. Actúa en forma de organización (lo que lo diferencia de bando o cuadrilla), tiene gran alcance y provoca un daño social enorme. Se caracteriza por una planificación industrial, con una cadena de mando compartimentado, posee estabilidad, códigos de honor y controles de territorios. Los ejemplos de las actividades que componen el crimen son los secuestros, robo de cargas, tráfico de drogas, rutas clandestinas, trata de blancas y otros. Trabaja en forma de alianzas, intimidaciones e influencia política.

Por eso la región de la frontera --especialmente la frontera seca--, ofrece una excelente oportunidad para estos criminales. Rudi Rigo Bürkle, coordinador de la Fiscalía de Investigación Criminal y el Grupo Especial de Represión al Crimen Organizado, en Foz Iguazú, Paraná, explica que la frontera tiene el mayor volumen de tráfico de estupefacientes, armas y contrabando de Brasil. El mantenimiento de esta estructura pasa por la corrupción de los agentes públicos, lo que genera violencia. Cualquier atentado al poder económico de estos grupos provoca represalias que llegan hasta la muerte. “Los periodistas están tan expuestos como cualquier agente público que combate el crimen”, señala Bürkle. El alto volumen económico que transita no deja medir las consecuencias.

El aspecto financiero es el punto vulnerable de las organizaciones criminales. El Fiscal de la República, Pedro Taques, explica que el combate a tales organizaciones ilegales no puede ser hecho solamente con la represión. Como toda institución oficial, tiene jerarquías, división de tareas, subcontratación, participación de elementos y agentes del Estado (policías y jueces) y no existe una categoría penal que defina ese tipo de conducta criminal. El Ministerio Público Federal estudia la posibilidad de enfrentar a las organizaciones criminales a través del combate al lavado de dinero.

Al Ministerio Público Federal no le interesa el traficante pequeño, pero si la criminalidad “de tercer nivel”, formada por personas comunes, bien situadas en la sociedad, que practican fraudes en licitaciones y eluden el pago de impuestos.

Esto lleva al reportero Amaury Ribeiro Junior, del O Estado de Minas y para el Correio Braziliense, a concluir que: “Hoy un periodista que quiere saber sobre el crimen organizado tiene que entender de bolsa de valores y lavado de dinero”. Es lo que piensa también el ombusdman de la Folha de S. Paulo, Marcelo Beraba, quien destaca la necesidad de que los reporteros dominen temas considerados aburridos, por ejemplo el sistema económico-financiero y el Derecho. Además de buscar capacitación para entender cómo funcionan estos laberintos, los periodistas necesitan estar atentos para elegir fuentes idóneas.

Otro desafío es político. Incluye enfrentar el “coronelismo” (que es el poder o

influencia que ejerce un jefe político en la vida administrativa y social de una ciudad), lo que aún perdura en muchos Estados. Los “caciques” se alternan en el poder y, hasta hace poco tiempo, en Bahía, Amazonas y Pará, –solamente para mencionar algunos ejemplos-, era imposible criticar a conocidas figuras políticas, sin sufrir represalias.

También hay que hacer notar las marcadas diferencias en la práctica del periodismo, según se ejercite en el centro de Brasil o en el interior.

Celso Benjarano, ex reportero de la Folha do Estado, Cuiabá, Mato Grosso, considera que “los medios nacionales deberían dar más atención a los sucesos del interior de Brasil. Así contriburían no solamente con la comunidad sino también con los profesionales locales. Muchas veces el periodista publica una información en un medio local y ahí muere la nota, dejando a los periodistas de la región fragilizados. Los periódicos del centro del país deberían preguntarse “¿qué es noticia?”

Otro caso es el que relata Hudson Luiz Corrêa, corresponsal de la Folha de S. Paulo, en Campo Grande, Mato Grosso del Sur. Para él “el gran riesgo es que la noticia no sea publicada, no sólo por censura, sino porque los editores no tienen la visión de lo que esa noticia representa, le dan prioridad a São Paulo, salvo que se logre un titular con un asunto de frontera, como el narcotráfico. El reportero en el diario local hace un excelente trabajo, investiga, coloca su reputación en riesgo, se expone hasta físicamente, pero como la nota no se publica, la persona que concedió la entrevista cree que uno la hizo con fines de extorsión”.

Candido Figueiredo, reportero del diario paraguayo ABC Color, en Pedro Juan Caballero, frontera con Paraguay: “Sería importante hacer una conexión con los reporteros de Río de Janeiro o São Paulo, porque lo que ocurre allí –traficantes buscados y presos-, acaba repercutiendo en la región de la frontera. Muchas veces tenemos informaciones que interesan a los reporteros de las grandes ciudades y que podrían ayudar en la investigación”.

Efrém Ribeiro Souza, Diario Meio Norte y corresponsal de O Globo, en Teresina, Piauí: “La situación es peligrosa, porque si hago una fotografía de un preso y es publicada, cuando aquel sea liberado, será fácil que me encuentre en la calle y me amenace. Ya me ocurrió, pero nunca dejé de publicar nada. Quizás en este aspecto soy un poco ingenuo”.

Demitri Túlio, reportero especial de O Povo (El Pueblo), de Fortaleza, Ceará: “Existe un prejuicio muy grande del centro del país en relación al periodismo del noreste. Hay regiones en que quien manda en los medios de comunicación son los políticos, como en Alagoas, Piauí. Además hay gente de radio que perturba el trabajo de la prensa seria. Reciben dinero para hablar bien del alcalde. Hay una relación promiscua con el poder. La gente sabe que las personas no comentan determinados asuntos, impera una ley del silencio”.

Letícia Belém, reportera de A Tarde, en Salvador, Bahía: “El reportero que trabaja en el interior está muy abandonado, no cuenta con el aparato de la empresa que lo proteja. Todo el mundo sabe donde vive, todos lo conocen, y así es más difícil hacer un trabajo independiente”.

Marcelo Beraba, en su columna “El Brasil que no conoce Brasil”, comentó en


una oportunidad: “Los grandes periódicos como Folha, O Estado de S. Paulo, O Globo, por economía o por razones editoriales que desconozco, no tienen estructura periodística en la Amazônia. La región está formada por nueve Estados y equivale al 60 por ciento del territorio nacional. En el 2000 tenía cerca de 21 millones de habitantes, mucho más que la región metropolitana de São Paulo. Para cubrir esa zona, Folha tiene hoy solamente una periodista destacada en Manaus. Aunque cuenta con corresponsal en Pekín, no tiene en Belem, capital del Estado de Pará. La situación allí de otros grandes diarios nacionales es igual o peor. La carencia de periodistas significa que los periódicos cubren mal lo que ocurre en la región, como el narcotráfico en las fronteras, el contrabando de madera, la deforestación, los conflictos en áreas indígenas, los fraudes en gobiernos estatales y municipales, etc.”

PRESIONES Y AMENAZAS“Dejé de publicar muchas noticias por cuestiones políticas”, afirma un reportero

de Foz de Iguazú, Paraná, quien pidió mantenerse anónimo. “Un colega fue despedido de una radioemisora por presión del secretario municipal que poseía acciones en dicha estación radial. Habría que cambiar la mentalidad de los políticos. El periodista está cumpliendo con su trabajo: divulgar los hechos tal como ocurren”.

Para Rubens Valente, reportero de la Folha de S. Paulo, existe censura en Brasil “y por ende, resulta paradojal decir que hay libertad de prensa, cuando lo que hay es una gran presión económica y política. Hay una complicidad de parte de los periódicos con los políticos, y esto cuando el político no es el propietario del medio. O cuando lo mantiene.

La sociedad no tiene control para saber cuánto paga el Estado a los medios a través de la llamada “caja dos”. Los anuncios tienen un valor aleatorio y si el periodista investiga o escribe alguna cosa contra esos políticos, es despedido y nunca conseguirá un buen empleo en otro medio. Es así en Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Rondonia, Paraná, Bahía, Amazonas. Por eso me vine a São Paulo, donde al menos tenemos una relativa libertad”.

Ricardo Rodriguez da Rocha, editor de Política de A Tribuna de Maceió, y corresponsal de O Estado de S. Paulo en Alagoas, indica que: “Los agroindustriales mandan en el Estado, donde predomina el monocultivo de caña de azúcar, en régimen de semiesclavitud. Pero esto no puede ser denunciado. ¿Dónde hacerlo? Acá hay un pacto: usted no habla de mí en su periódico y yo no hablo de usted.

Y añade que: “Si no hay muchos casos de amenazas es porque la propia estructura de poder de los medios de comunicación está enganchada al poder político. La censura inhibe las informaciones contra los poderosos”.

Los riesgos aumentan asociados a otras situaciones muy comunes encontradas en algunas regiones del Brasil. El siguiente resumen resulta de los testimonios de los periodistas entrevistados:

1.-Programas sensacionalistas: sus conductores reciben amenazas porque atacan a

bandidos de poca monta o políticos, muchas veces humillándolos e inmiscuyéndose en su vida privada.

2.-La radioemisora o el reportero toman posición política o están vinculados a algún partido político y comienzan a criticar a sus opositores.

Mario Quevedo Neto, del Correio de Villena y la Folha de Villena, en Rondonia relata: “Todos los periódicos y radios pertenecen a políticos, lo que hace difícil conseguir espacio para publicar informaciones. La única forma es trabajar como free lancer y además tener un empleo adicional”.

3.-El conductor de televisión y periodista está vinculado a la policía, o fue un agente antes de trabajar como comunicador. Usa un lenguaje más agresivo. Por lo general, es también amenazado.

El reportero Carlos Camargo presenta el programa policial “Tempo Quente”, en la emisora de TV Taborá y otro en la radio Paiquerê, en Lodrina, Paraná. Es un espacio informativo, con historias sobre lo que la policía está investigando. El recibe con frecuencia amenazas de muerte, pero como ex agente de la Policía Militar estima que “algunas amenazas no pueden ser tomadas en serio, como las que hacen los ladronzuelos de pequeños hurtos, gente sin coraje. Pero hay que redoblar la atención”.

4.-El reportero improvisa y se arriesga ser desenmascarado con facilidad.En TV Frontera (retransmisora de la Red Globo), en Presidente Prudente, al interior

de Sao Paulo, los reporteros querían demostrar que se podía hacer un trabajo de investigación. Ocultaron una mini cámara en una bolsa adaptada. “Quien trabaja en el interior del país tiene que ser creativo para lograr éxito en el periodismo de investigación, aunque muchas veces se expone demasiado”, admitió uno de ellos.

5.-La empresa o periodistas reciben dinero de gobiernos, políticos, empresarios o entidades, para no publicar determinadas noticias, o para dar a conocer ciertas informaciones.

6.-La empresa denominada grande, no tiene corresponsales en todas las capitales y utiliza a periodistas free lancer. Así la investigación se hace difícil por cuanto estas personas tienen otra actividad principal. En regiones muy extensas, los reporteros recurren al teléfono ante la dificultad de trasladarse. La cobertura es superficial, y quedan áreas sin cubrir. Además, como es colaborador sin contrato, está desprotegido.

Ulisses José de Souza, editor del periódico Oeste Noticias, en Presidente Prudente, Estado de São Paulo, refiere: “La gran prensa retiró todos sus corresponsales, sin percibir que cualquier cosa que ocurra en ésta ciudad repercute en el resto del país. Como la persona a la que se recurre es inexperta, recién egresada de una universidad, terminan comprando informaciones falsas, que pueden crear problemas. No hay investigación ni ánimo de entrar en conflicto”.

7.-El reportero hace la denuncia y corre algunos riesgos para completar la información, pero el gobierno federal, el Estado, la Policía Federal, no toman providencias para investigar y condenar a los culpables.

8.-El periodista brasileño no cuenta con una ley de acceso a la información pública, para así obtener datos con los cuales se pueda respaldar una información.

Algunas empresas periodísticas, como Folha de S. Paulo, demandan ante la justicia


a determinados organismos públicos que se resisten a proporcionar datos para un reportaje.

9.- En los crímenes por encargo cometidos por pistoleros, la familia se niega a prestar testimonio. Lo mismo sucede con quienes presenciaron los hechos, porque los programas de protección a los testigos tienen fallas y son frágiles,

10.-En muchas ciudades pequeñas, los periódicos nacen para sustentar un partido político o un candidato a un cargo público. “A veces esos diarios sólo circulan durante la campaña electoral”, afirma Waldir Pereira Silva, socio fundador, editor, redactor y administrador de A Noticia de Parauapebas, en Pará.

11.-El comunicador social extorsiona a la gente. En caso de que no le paguen, inventa y publica cosas y casos que las personas no quieren revelar.

El editor jefe del Diário da Amazônia, Nilton Salina, de Porto Velho, Rondonia, comenta al respecto que tuvo que despedir a su corresponsal en Ouro Preto do Oeste porque escuchó a un diputado preguntar sobre él: “¿Es bueno?, porque no voy alcanzar a pagarle. Sólo dispongo de cien reales (alrededor de 33 dólares)”.

12.-Algunos reporteros y editores son cómplices (o reciben dinero) de los desmanes de los denunciados. Cuando un reportero propone una pauta, ellos intentan desmoralizarlo, restándole valor al reportaje ofrecido, para proteger a sus aliados.

13.-El periodista perdió la sensibilidad en relación a las personas. Y esto se aplica hasta en la cobertura del hecho más simple, como un accidente de tránsito.

14.- Los periodistas se involucran en política y usan los medios de comunicación con estos fines. Muchos buscan la promoción personal para postular a cargos electivos. Esto es más común en presentadores de programas de radio y televisión, en ciudades del interior y del noroeste como Alves Correia, de Arapiraca, Alagoas, un animador radial con aspiraciones políticas. Considera que a través de la radio él ha combatido la insensatez y atendido a la comunidad, por lo que más aún servirá cuando sea diputado. El conductor radial y de televisión Cicero Almeida fue elegido alcalde de Maceló, Alagoas.

Un sargento jubilado de la policía, Raimundo Lobato de Vilhena, conduce un popular programa radial en Paragominas, Pará: Patrullero de la Ciudad. Ha sido detenido algunas veces por sus ex colegas, como represalia por sus denuncias. Incluso ha recibido amenazas de muerte. “Siempre digo al aire que seguiré hablando. No me silenciarán”, asegura. Postuló a concejal, pero no resultó electo.

15.-La población no confía más en los periodistas y no quiere dar más informaciones, sino por el contrario, dificulta el trabajo y profiere amenazas. Al respecto, el ex reportero policial del diario Estado de Minas, en Belo Horizonte, Newton Cunha, considera eso “es culpa de los llamados ‘periodistas amigos de la policía’, que nunca entran solos a una favela. Hace 10 años teníamos libre tránsito. Hoy hay inseguridad y miedo para hacerlo”.

DRAMAS PERSONALES

Los relatos se repiten, mostrando un problema común en todas las regiones de Brasil: corrupción policial como tema de riesgo. En Foz de Iguazú, Paraná; en Sao Paulo, SP; en Manaus, Amazonas; en Belo Horizonte, Minas Gerais; en Río de Janeiro, RJ; la frase más escuchada es “el mayor miedo no proviene de los marginales, sino de los policías bandidos”.

Felipe Zilli, reportero policial del Diário da Tarde, Belo Horizonte, Minas Gerais, explica que “la impunidad es terrible. Nadie logra comprender que haya agentes policiales que continúan trabajando pese a haber sido condenados por crímenes de tortura”.

Cuando un trabajo de investigación y denuncia periodística logra la prisión de los acusados, esto es festejado como una victoria por aquellos que se arriesgaron en hacer el reportaje. Al mismo tiempo, agentes de la policía pueden quedar tentados a encontrar chivos expiatorios para que la prensa divulgue que arrestaron a alguien, aunque no sea precisamente el más buscado. El sacerdote Paulo Tadeu Barausse, de la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Porto Velho, Rondonia, al evaluar que hasta el 2004 había un solo arresto en el proceso que investiga la muerte del conductor de televisión José Carlos Mesquita, asesinado en 1998 en la ciudad de Ouro Preto de Oeste. Y ese preso no es la persona que mandó a matar.

Muchos reporteros amenazados relatan cómo las tensiones y la presión psicológica provocada por las amenazas los afectó en su rutina diaria. Ellos sufren cuando sus colegas se alejan por miedo a ser vistos a su lado, o cuando la familia también es afectada.

Josmar Jozino, reportero del Jornal da Tarde de São Paulo (capital) dice: “Tuve que andar con escolta porque los choferes del periódico temían salir conmigo”.

Arnaldo Ferreira, corresponsal en Riacho Doce, Alagoas, de O Globo y de TV Bandeirantes, profesor de la Universidad Federal de Alagoas, cuenta que debió dejar de cubrir la Asamblea Legislativa, cuando se vio enfrentado a las amenazas de diputados que él había denunciado por desvíos de dinero. “Nadie se siente confortable sabiendo que no puede frecuentar un sitio público ni salir a la calle con sus hijos”.

Para Saulo Borges, reportero del Diário do Amazônia, en Manaus, la capacidad de indignación es mayor que el miedo que sintió durante cuatro meses de persecuciones, época en que “hasta tenía miedo de dormir. Sólo lo hacía cuando el cansancio me rendía. Mi familia estaba temerosa”. Fue entonces designado editor de opinión del diario y permanecía siempre adentro de la sala de redacción.

“La tensión es fuerte cuando se vive bajo amenaza”, comenta Celso Benjarano, que fue amenazado cuando se desempeñaba como reportero de Folha do Estado, en Cuiaba, en el estado de Mato Grosso.

“Recibí una llamada de madrugada, diciendo que tuviese cuidado, que un grupo al cual yo había denunciado se vengaría. Movilicé a la policía para intentar descubrir de donde procedía la llamada, pero nada se logró. Entonces comencé a


tomar precauciones. Pusieron un vehículo policial frente al periódico y yo siempre que salía era escoltado. Temía a los pistoleros que se desplazan en motocicletas. Sentía pavor cada vez que veía aproximarse una moto. Una noche al salir del diario después de haber despachado una nota sobre el crimen organizado, escuché a una moto que reducía la velocidad. Del susto casi fui a parar debajo de mi automóvil y la colega que estaba conmigo, quedó paralizada, atónita. Solo en la sala de redacción podemos estar inmunes, pero en la calle no somos nada”.

Un temor similar siente Carlos Moraes, reportero gráfico de O Día, de Río de Janeiro, amenazado después de haber fotografiado a policías dando muerte a dos hombres en el cerro de la Providencia de esa ciudad. Asegura que él y su esposa vivieron bajo presión psicológica y sufrieron mucho miedo. “No atendía el teléfono. No podia dormir. Toda nuestra rutina varió. Me quedaba en casa, paralizado. No quería ver televisión ni escuchar noticias. Mi madre se enfermó. Me puse agresivo. Me cambié de editorial. Volví a trabajar un domingo de elecciones. Viajé. Ahora estoy algo más tranquilo. Mi seguridad es Dios. Tengo un ojo puesto en el cura y otro en la misa”.

Un difundido reportaje de Marconi de Souza, reportero especial de A Tarde, Salvador, Bahía, denunció a tres policías corruptos, los que finalmente fueron exonerados de sus cargos. El periodista reconoce que aún teme ser asesinado.

Algunos reporteros optaron por cambiarse de ciudad o aceptaron la asistencia de policías y programas de protección de testigos, cuando fueron amenazados. Es el caso de Claudia Bastos, quien era reportera de la TV Globo, en Pará, al momento de sufrir un atentado.

“Por dos años investigué y produje un reportaje para la Red Globo, sobre un cargamento de armas que iba para Suriname, vía Pará” --recuerda la periodista--. “Las armas eran guardadas en el cuartel general de la Policía Militar, con la anuencia del comandante, y serían intercambiadas por cocaína con un cartel de narcotraficantes. La nota incluía, sólo en audio, el relato de un testigo, quien más tarde fue llamado a declarar en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI del Narcotráfico). Antes de que la información fuese transmitida al aire, yo fui hasta al lugar donde se encontraba el testigo que sería transferido a Brasilia, para protegerlo, aunque en ese momento los desconocidos ya habían entrado en su residencia, localizada en el medio de la selva, y habían destruido todo. Eran las 11 y media de la noche. Tres automóviles rodearon el mío, intentando detenerme. Realicé una arriesgada maniobra y escapé, mientras intentaba hablar con la televisora a través del teléfono celular. Los que nos perseguían comenzaron a disparar. Por fin logré comunicarme y pedí que llamaran a la Policía Federal”.

“Llegué al cuartel policial vomitando de miedo. Pernocté en un hotel, con identificación falsa y así también abordé un avión. Parecía delincuente. Los narcotraficantes no se detienen ante nada. Matan periodistas sin dificultad alguna”.

“En un año tuve que mudarme cuatro veces. Tenía mucho miedo. Al salir a la calle sabía que podría morir en cualquier momento. En el bus me sentaba siempre

en último lugar. Esperaba el tren metro alejada de la línea amarilla, ya que tenía pavor que alguien me empujase”.

“Me quedé en el Programa de Protección a Testigos cinco meses, pero era absurdo continuar. Ofrecen nueva identidad, nuevo empleo, un salario mínimo para vivir en un cuarto. Si tuviese hijos me habría vuelto loca. Ni mis padres sabían donde estaba. Uno no tiene vida en ese programa. ¿Sabes lo que significa tomar calmantes y no conseguir dormir? Tenía miedo que me matasen durmiendo. Uno sólo piensa en permanecer vivo. Tuve que cortarme y pintar mi cabello. Lloraba mucho, y el dinero se fue terminando. Yo confiaba en el poder de la prensa… pero el precio es demasiado alto”. o


IRegión Norte

Comprende los Estados de Roraima, Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins


TEMAS DE RIESGOS

> Escuadrón de la muerte. De los 52 denunciados por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Cámara Federal sobre Narcotráfico, más de 30 están en libertad. Los periódicos locales sólo empezaron a publicar los nombres de los involucrados a partir de la divulgación de las investigaciones de la CPI. El mayor temor de la región era el diputado federal Hildebrando Pascoal, ex comandante general de la Policía Militar en Acre. Lo acusaron de presuntamente dirigir un grupo de exterminio y de liderar el narcotráfico. Persiste el miedo de que el grupo se reorganice, a pesar de que Pascoal esté encarcelado y ha sido condenado por varios crímenes.

> El “jogo de bicho” (juego de apuestas, ilegal) y las máquinas caza-níqueles funcionan abiertamente, pero las autoridades y los empresarios están tan involucrados con el crimen organizado que es difícil a los periodistas que hagan una denuncia sobre ese tipo de contravención. A veces, los dueños de emisoras de televisión también participan o son dueños de madereras y no les interesa divulgar determinados reportajes sobre deforestación. Para que los reporteros sobrevivan en el área, necesitan fingir que no saben nada.

> Corrupción de políticos, compra de votos.> Trabajo esclavo.> Narcotráfico.> Crímenes en que algunos policías están involucrados.> Cuestiones ambientales, como la contaminación causada por frigoríficos

(sur de Pará), robo de madera, deforestación.> Cuestiones urbanas: conflictos entre taxistas, empresarios de transporte

(Rondônia).> Matanzas en el presidio Urso Branco (Rondônia).> Conflictos con los sin tierra.> Conflictos entre indígenas y las personas interesadas en explotar las minas

de oro y diamantes (Rondônia y Roraima).> Minas de oro o diamantes en áreas indígenas explotadas por políticos y

empresarios.> “GRILAGEM” de tierras (apoderarse de tierras ajenas mediante falsas

escrituras de propiedad).> Sicarios.> Prostitución y trata de blancas, seducción y explotación de adolescentes

y niños (Roraima, Manaus, Acre). Algunos clientes de la explotación sexual infantil son los políticos, los estancieros y los empresarios, por eso hay dificultad para hacer reportajes de denuncias.

> Censura, limitaciones para obtener información, presión económica sobre los periódicos, persecución a través de procesos en la Justicia (Acre).

> En la frontera con Bolivia: denuncias sobre robo de vehículos, drogas, prostitución infantil, asesinatos.

> Mina de oro en Serra Pelada, Pará. La fiebre del oro en Serra Pelada duró desde 1983 a 1988. Donde existía el “GARIMPO” (mina de oro o de diamante) hoy existe un lago y es necesario tener cámaras para extraer algo de valor. Muchos mineros han sido contaminados con mercurio. La mayoría de los antiguos mineros trabaja hoy en haciendas y algunos pocos aún en el lavado de piedra. Para llegar a Serra Pelada, la carretera es de tierra. Son cerca de 35 kilómetros, pero debido a las malas condiciones, la demora es de más de una hora. Hay una pelea para saber quién tiene derecho al oro que existe aún en el lugar.

DIFICULTADES PRINCIPALES

> Obtener informaciones sobre el narcotráfico. Para lograrlo, hay que tener fuentes entre los traficantes y con personas que viven en la frontera, como los religiosos, y en la Policía Federal.

> La relación con las fuentes es siempre muy tenue, frágil. > En las ciudades fronterizas, el narcotráfico también tiene influencia en las

elecciones, lo que dificulta el acceso a las fuentes. El narcotráfico financia campañas políticas. Por todo eso, es necesario extremar los cuidados para obtener veracidad en la información. Algunas veces puede no ser verídica y el reportero cree que es una “exclusiva”.

ENFERMEDADES

> Riesgo de contraer malaria y fiebre amarilla. Es necesario estar con las vacunas al día como de fiebre amarilla. Aún no existe vacuna para malaria.

DISTANCIAS

Amazônia está dividida por ríos. Manaus es el centro. Fronteriza con Colombia está la ciudad de Tabatinga, en la región del Alto Solimões. En la frontera con Colombia y Venezuela está São Gabriel da Cachoeira, en el Alto Rio Negro. En esas áreas hay un flujo grande de drogas. La Policía Federal tiene cuarteles en la región. En 2004, sólo en Manaus, realizó cinco grandes operativos para desarticular cuadrillas criminales. Hay 1.000 kilómetros (620 millas) de Manaus hasta la frontera, en Tabatinga. Eso significa seis días en barco, o dos horas y media en avión. El costo de desplazamiento es muy alto. Para llegar a la ciudad de Barcelos, que queda más cerca --450 kms de la capital--, sólo se puede ir en bote, lo que lleva un día de viaje, o en avión por el equivalente a 200 dólares. São Gabriel da Cachoeira está a 1.000 kms. de Manaus. El viaje en bote a motor demora casi una semana. Por eso es que un reportero busca información por teléfono antes de ir al lugar.


São Félix do Xingu, en Pará, donde hay robo de madera (caoba), queda a 1.400 kms. de Belém (la capital) por carretera. En avión alquilado en Belém se llega en tres horas, por un valor equivalente a 3.000 dólares ida y regreso. En automóvil demora dos días.

Principalmente en Pará y en Amazonas, hay malas carreteras, casi intransitables, dependiendo de la época del año. El período de lluvias es el peor. Es necesario prever retrasos. Cuanto más hoyos tiene la carretera, mayor el riesgo de asaltos, por eso la recomendación es no viajar de noche.

Los bandidos tienen acceso fácil a las fronteras secas, que son poco fiscalizadas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

> Vacunarse (fiebre amarilla).> Precaverse con relación al calor.> Informarse sobre cambios de hora, para efectos del deadline. Durante el

verano, son tres horas menos en comparación con Brasilia. > Para entrar a un área indígena es necesario tener la autorización de la Fundación

Nacional del Índio (Funai). Los indígenas le dan importancia al documento extendido por Funai.

> Debido a la corrupción policial, es importante tener cuidado con las fuentes noticiosas.

> Un reportero local está muy expuesto, por lo que es necesario apoyo externo.> Es conveniente que un reportero de otro estado o provincia que vaya a hacer

una cobertura en esa área consulte antes a los colegas locales, quienes conocen muy bien los riesgos que presenta la región.

SITUACIONES ESPECÍFICAS

1.-Autorización para trabajar La situación es tan difícil, que algunos periodistas prefieren finalmente no hacer

el reportaje. Pero, si lo hacen, deben pedir “permiso”:El director de una televisora en Paragominas, Pará, que produce reportajes

culturales asegura que “personas de la policía están involucradas en el comercio de drogas”. Y cuenta su experiencia al respecto, por cuanto la denuncia periodística llegó al superintendente de la Policía Civil, pero no pasó nada. “Al final, no publiqué el reportaje porque él jefe policial prometió una mega operación para arrestar a los traficantes. Nunca la hicieron. ¿Por qué voy a poner mi vida en riesgo? Lo que me motiva son los principios cristianos de hacer la parte que me corresponde”.

2.-Intentos de sobornoAntônio Paixão es coordinador de Periodismo de la TV Liberal (afiliada a TV

Globo) en Paragominas, Pará y dueño de una productora de comerciales. Hizo un reportaje televisivo junto a la Policía Federal, comprobándose el trabajo esclavo en una plantación de pimienta. Cuando regresó solo a captar otras imágenes que

necesitaba, el gerente de la hacienda acompañado de otros empresarios, le ofreció 5.000 dólares para que el reportaje no fuese mostrado. “Cuando rehusé, dijeron que tuviese cuidado con mi auto, identificado con el logotipo de la TV Liberal. Me limité a decirles que debían pedirle a TV Globo que les entregara la cinta grabada. Fue un argumento para que no me complicasen, por cuanto resido en la región.”

3.-IntimidacionesJonas Campos, exreportero de la TV Liberal en Belém do Pará afirma que “hay

mucha intimidación. Acostumbran a decir ‘conozco al dueño de la empresa` y se vanaglorian asegurando que le reportaje no va a ser publicado”.

4.-Campañas de difamaciónIntentan desacreditar al periodista, como ocurrió con el caso de Jonas Campos,

en Belém do Pará, a quien algunos columnistas de periódicos de la ciudad lo acusan de hacer sólo reportajes que muestran las cosas malas del Estado.

TESTIMONIOS

El periodista Jonas Campos recuerda que preparaba un reportaje sobre desvío de dinero en el Comando de la Policía Rodoviaria Federal de Belém do Pará, pero consideró que la fuente no era muy confiable, por lo que le envió el material al editor a fin de que él evaluara, ante la ausencia de suficientes pruebas. Al día siguiente, sonó su teléfono celular.

- ¿Jonas Campos?- Sí, él habla.- Vas a morir, sinvergüenza. Si llega a salir tu próximo reportaje, vas a morir.La llamada supuestamente provenía de un teléfono público ubicado frente al

edificio de la Policía Rodoviaria Federal. “Quedé erizado, afirma Campos. --El reportaje no salió porque había sólo indicios. Me limité a llamar a mi mujer, pidiéndole que tuviera cuidado”.

Lúcio Flávio de Faria Pinto, sociólogo, editor del Jornal Pessoal de Belém do Pará, denunció el monopolio de la prensa, la “GRILAGEM” de tierras, la explotación clandestina de madera y la connivencia de la organización judiciaria en esos delitos:

“Desde 1992, respondo a 15 procesos abiertos. ¿Por qué estoy siendo procesado y no mandan a matarme? Porque produciría un impacto muy fuerte. Soy un incómodo. Molesto a los reportajes pagados, a las consultorías. Los malos periodistas se sienten perjudicados. Una vez recibí una oferta de soborno, lo que me da garantías es estar limpio. Si recibiese dinero y cambiase el rumbo, entonces la persona molesta se sentiría con derecho de matarme.”

Antônio Paixão dice:“Una vez hice un reportaje mostrando la policía apoderándose de material falsificado. De los tres involucrados, uno fue preso. Su hermano fue a mi casa con otras dos personas a exigir explicaciones. Seis meses depués, supe por un policía que iban a disparar contra mi casa. Por precaución yo comenté que en mi domicilio y en la emisora hay una cámara que registra todo.


En caso de que hiciesen algo, se les identificaría. Me salvé”.Alberto César Araújo, reportero fotográfico del Diário do Amazonas y de la

Folhapress, en Manaus, Amazonas:“Las dificultades en el norte de Brasil son tantas, que van desde la locomoción

al lugar de los hechos hasta cuestiones de irrespeto profesional y ético por parte de las empresas de comunicación locales. Siempre están vinculadas a un determinado grupo político, o priman los intereses de un anunciante por sobre los intereses periodísticos.

Las policías de Amazonas parecen desconocer totalmente el principio de la libertad de prensa y dificultan nuestro trabajo. Me han agredido varias veces, incluso una vez el agresor fue un capitán dentro de una comisaría. Otras, han intentado impedir mi trabajo”.

Carlos Mendes, corresponsal de O Estado de S Paulo y reportero especial del periódico O Liberal en Belém do Pará:

“Para registrar las denuncias sobre la extracción ilegal de caoba, antes yo mostraba la identificación de periodista. Hoy ya no. Llego a la ciudad como si fuera una persona cualquiera. Los dueños de los bares avisan cuando alguien hace preguntas extrañas. Para inhibir posibles enemigos, cuando hago un reportaje de denuncia en la región, distribuyo con anticipación un dossier a los órganos de investigación y entidades de periodistas, diciendo quién sería el sospechoso, en el caso de que algo me ocurriera”.

Chagas Filho, reportero y editor del periódico Opinão y colaborador del Diário do Pará en Marabá, sur de Pará:

“Una vez sorprendieron a un ladrón robando cerca del periódico Opinião. Yo fotografié y escribí la nota. A alguien no le gustó y me golpeó con un casco en la cara. Denuncié lo ocurrido en la comisaría, y nada pasó. Después supe que el comisario tenía vínculos familiares con el preso.

Sandra Miranda de Oliveira Silva, editora general del semanario Primeira Página de Palmas, Tocantins:

El gobierno ya ha presentado 22 demandas (entre civiles y penales) contra el periódico, en los últimos meses del 2004, la mayoría por críticas que escribí sobre la actuación del gobernador. Otro periódico, que es aliado al gobierno, comentó que si los tiempos fuesen otros, el caso sería resuelto con una zurra. Pero si hasta han entablado acción por una carta que describía cómo el gobernador sufrió un ataque en una tribuna pública. También me han procesado por un comentario escrito sobre un empresario, considerado el mayor agiotista del Estado y que vivía en el palacio de Gobierno. No puse nombres. Este señor me mandó un mensaje con mi hermano, que también trabaja en el diario: ´Dile que si caigo, llevo gente conmigo´, e hizo con la mano una señal de revólver.

Kátia Brasil, corresponsal de Folha de S.Paulo en Manaus, Amazonas: “En 2002, fui a la ciudad de San Felipe, Colombia, junto a la fotógrafa Patrícia

Santos, de São Paulo. Había ahí una base de las guerrillas FARC. El reportaje nos exigió mucha cautela y nos llevó un mes estudiando cómo iríamos, para

asegurarnos el regreso. Queríamos investigar el desvío de alimentos para las FARC. Nos identificamos como profesoras universitarias. Teníamos miedo de que al ser periodistas, pudieran secuestrarnos. Yo quería mostrar cómo las fronteras estaban mal guarnecidas. Antes de partir, informamos de nuestro viaje a la Policía Federal. La dirección del periódico sólo autorizó el reportaje después que hicimos contacto con la policía.

Salimos en un barco junto a los mineros, militares y animales. En toda la frontera con Colombia hay guerrilleros. El ejército colombiano está ahí librando combates y mucha gente muere.

Los brasileños van a San Felipe para vender mercaderías. Otros a trabajar en minas. Las FARC y los comerciantes usan como moneda el oro, por cuenta de las minas. El comandante del barco, que llevaba mercadería, ya conocía a los guerrilleros, a quienes nos presentó como de su familia. Ellos quedaron al mando de la nave, mientras estuvimos atracados ahí.

En la mañana siguiente, una guerrillera de 15 años llegó al barco y le regalamos lápiz de labios y “discman”. Paseé por la ciudad con ellos, fui hasta la escuela, hablé con los profesores, que son todos miembros civiles de la guerrilla. Fuimos muy vigiladas. Yo hacía los apuntes de noche, cuando todos dormían. Escondía el cuaderno dentro del colchón. Patrícia (la fotógrafa) escondía los rollos dentro de un agujero en la mesa de luz.

Hicimos todo lo posible por no mostrar nuestra cédula de identidad, para evitar el chequeo. Por eso no nos movimos de allí, ni usamos Internet ni consultamos al hospital pese a que no me sentía bien.

Cuando iniciamos el regreso, fue un alivio. Es una ciudad llena de miedo, con la muerte al alcance de la mano. Si hubiesen establecido nuestro contacto con la policía, nos mataban. El barquero que nos llevó terminó preso por narcotráfico. Es decir, corrimos todos los riesgos.” o

IIRegión Nordeste

Comprende los Estados de Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas,

Pernambuco, Sergipe



TEMAS DE RIESGO > “Jogo do Bicho”. Un periódico de la región hizo una serie de reportajes vinculando

ese juego de apuestas (ilegal) a los políticos de Pernambuco. La serie, que fue hecha tras dos semanas de investigación, no fue publicada. El “jogo do bicho” es practicado abiertamente en las calles y el reportaje tenía declaraciones de personas que denunciaban a los políticos a quienes les entregaban el dinero. A pesar de que dieron sus declaraciones grabadas, después quisieron desmentirlas. Los diputados federales involucrados fueron entrevistados e hicieron presión para que el reportaje no fuese publicado.

> Denuncias contra políticos involucrados en el crimen organizado y crímenes de mando.

> Denuncias contra el mal uso del dinero público.> “Coronelismo”. Dueños de tierras y políticos con amplio poder en la vida política,

económica y social de pequeñas ciudades.> En los períodos de campañas para elección de políticos el clima de tensión y las

agresiones son más frecuentes.

BAHIA

Área de mayor riesgo: extremo-surTemas de riesgo: > Cuestiones ambientales – deforestaciones (Mata Atlântica), falta de fiscalización,

recibos adulterados para el transporte de carga, derrumbe de parques nacionales, desastres ambientales que envuelven a grandes empresas.

> Hasta hace un tiempo, denunciar a cualquier persona vinculada al Carlismo (grupo del político Antônio Carlos Magalhães). El grupo incluía a diputados, jueces, magistrados, fiscales. En 2004 la situación cambió un poco, porque el Carlismo empezó a tener menos fuerza en la región.

> Principalmente en el interior y en el área de “sertão” (con clima muy seco y mucho calor), denuncias contra policías y políticos corruptos, involucrados en crímenes.

SÃO LUÍS DO MARANHÃO

Temas de riesgo: > Crímenes cometidos por policías. > Política: Los periódicos no publican algunas noticias para evitar el riesgo de

amenazas; hay una polarización política muy grande en la región. > Cuestión agraria: En la región sur, principalmente, donde hay más haciendas.> Cuestión indígena: Algunos grupos de indígenas no consiguieron la homologación

de sus tierras y eso genera conflictos con los estancieros.

PIAUÍ

Temas de riesgo: > Crimen Organizado. La situación ha quedado más tranquila después de la

investigación de la CPI, pero muchos periodistas consideran que ahora está peor, porque no saben quién es quién en el crimen. Tienen miedo a que los delincuentes se reorganicen, asumiendo cargos claves en la administración.

> Cuando arrestan a alguien, amenazan al reportero gráfico para que no se publique la foto.

> Pandillas de jóvenes que dominan áreas donde cobran peaje. Salen con facilidad de las comisarías. Amenazan cuando el reportero va a hablar con los familiares o cuando son entrevistados dentro de la prisión

> En los barrios Monte Castelo, Satélite, Vila Pé do Arame, Planalto e Ininga hay tráfico de drogas y es muy difícil que los periodistas entren para hacer cualquier tipo de reportaje.

> Poder Judicial. Si algún periódico tiene una denuncia muy fuerte contra un juez, o contra otras personas con mucho poder económico/político, temen por represalias.

CEARÁ

Áreas de mayor riesgo: ciudades conocidas como centros de pistoleros: Limoeiro do Norte, Mombaça, Tabuleiro, São João de Jaguaribe, Morada Nova, Acaraú.

Temas de riesgo:> Cuando hay policías involucrados en crímenes, muchas veces los reporteros que

cubren el área tienen dificultades para obtener informaciones de la policía.> Narcotráfico. La CPI ha denunciado a algunas personas, pero sigue la

impunidad.> Los intendentes tienen mucho poder de mando, al estilo de los viejos “coroneles”.

Por eso no hay una prensa fuerte en los municipios de interior.

PERNAMBUCO

Temas de riesgo:> Grupos de Exterminio. En todo el interior de Recife, es difícil hacer reportajes

investigativos.> Crímenes de Mando/Pistoleros.> Noticias relacionadas al llamado Polígono de la Marihuana, es decir, áreas de

plantación de marihuana.


ALAGOAS

Áreas de mayor riesgo: áreas bajo el dominio de los “coroneles” políticos (principalmente en el “sertão y agreste”, dos áreas de clima seco, mucho calor, mucha pobreza); Minador do Negrão (pelea de familias); Coruripe; São José da Tapera; Arapiraca,

Temas de riesgo: > Denuncias vinculadas a diputados conocidos como “diputados de hierro” o

“coroneles políticos”. Muchos fueron citados en la CPI del Narcotráfico, pero siguen actuando y tienen poder sobre ciudades de interior, principalmente en el “sertão” y en el “agreste”.

TESTIMONIOS

Walter Rodrigues fue corresponsal de O Estado de S Paulo, O Globo, Agência Estado e Isto É. Hoy es columnista del Jornal Pequeno, una publicación independiente que circula los domingos en São Luís, Maranhão:

“Acá los crímenes cometidos por policías son encubiertos no sólo por autoridades, sino también por periódicos, porque eligieron al secretario de Seguridad como santo y porque los crímenes cometidos por la policía casi siempre son contra personas desvalidas. Hay una tradición de sumisión de la prensa a la policía. Hay casos de de jueces que protegen a pistoleros”.

Marconi de Souza, reportero especial del periódico A Tarde, de Salvador, Bahia:

“Hubo 10 asesinatos de hombres de radio y periodistas en Bahia, en la década de 80. Cuando la prensa baiana denunciaba las muertes, no decían los nombres de los acusados. Hice una serie de reportajes y publiqué el nombre de todos los 35 involucrados en los 10 crímenes. Sufrí solamente una acción judicial, que ya ha sido archivada. Les di el derecho de respuesta a todos, sólo tres quisieron el espacio. Tanta era la impunidad que los demás se callaron”.

Marcel Leal, editor y propietario del periódico A Región de Itabuna, Bahia, hijo de Manoel Leal de Oliveira, asesinado por denuncias hechas en el periódico:

“Cuando mi padre murió, muchos periodistas enviaron correos electrónicos desde Presidente Prudente (São Paulo), Nova Friburgo (Rio de Janeiro), Florianópolis (Santa Catarina), Ouro Preto do Oeste (Rondônia, donde también fue asesinado un presentador de TV) diciendo que la amenaza contra periodistas no era exclusividad de acá. La impunidad genera más crímenes. Después del crimen de mi padre hicimos un movimiento para aclararlo y no hubo más asesinatos en Bahia.”

José Raimundo, reportero especial de la TV Bahia, Salvador, Bahia: “En 1999 hice un programa Globo Reportero sobre la Mata Atlântica en Brasil y

denuncié la acción de madereros que no respetan las leyes, los fiscales del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (Ibama) corrompidos por dueños de aserraderos,

el transporte clandestino de madera y la derrumbada de la mata para el plantío de café, en el sur de Bahia.

“Después del reportaje, el Ibama multó al empresario que empezó a mandarme mensajes, diciendo: ´Evite pasar por acá, usted no es bienvenido`. Una vez, fui avisado y logré escapar desde un restaurante donde almorzaba, porque el empresario había enviado a dos personas a golpearme”.

Efrém Ribeiro Sousa, reportero del periódico Meio Norte y corresponsal del períodico O Globo en Teresina, Piauí:

“En 1997 fue asesinado un ingeniero. Descubrí que fueron los policías que lo habían matado por orden de un coronel Correia Lima, que después fue preso al investigarse el crimen organizado en el Estado. Estaba acostumbrado a todo tipo de atrocidades, mataba, disparaba contra personas en lugares públicos. Asi fue como investigando el crimen de dos comerciantes, supe que Correia Lima esposó a los dos, los llevó a la zona rural y los mató a tiros, quemando los cuerpos. La policía no podía divulgarlo pero yo sí en el periódico. Recibí un e-mail con una amenaza de muerte. No lo tomé en serio y publiqué la amenaza. El coronel contrató a dos soldados que me agredieron una noche mientras cenaba en un restaurante”.

Erick Guimarães, editor ejecutivo del Núcleo de Conjuntura de O Povo, en Fortaleza, Ceará:

“En 2000, había denuncias contra el intendente Luiz Antônio Farias, de Hidrolândia, un municipio pequeño en la región norte de Ceará. Se decía que el intendente le pegaba a la gente. Fui a intentar hablar con él, pero no estaba. De repente, con el fotógrafo oímos un grito y él corrió a ver lo que estaba ocurriendo en la calle. Los gritos subían de tono.

El intendente había llegado con dos guardaespaldas y le estaban pegando al chofer de O Povo, Valdir Gomes, a tal punto que llegó a perder la audición. Cuando el fotógrafo salió, los mismos guardaespaldas y el propio intendente también le pegaron. Corrí a llamar la policía. No había nadie. El intendente fue denunciado por el Ministerio Público y por el Tribunal de Justicia. Le ordenaron una reparación por daños, pero él responsabilizó a nuestro equipo, diciendo que habíamos invadido la Intendencia y que el coche no llevaba identificación del periódico. En 2003 ese intendente fue condenado por la agresión a otro fotógrafo”.

Ricardo Perrier, reportero del periódico Extra, de Caruaru, y free lance del periódico Jornal do Commércio en Caruaru, Pernambuco:

“Acá hay un grupo de exterminio, y los peores criminales quedan impunes. Entonces, para evitar problemas, retiré la columna de policía del periódico, aunque crímenes es lo que más hay. Pero soy de la teoría de que o se publica todo o no se publica nada”.

Gilvan Ferreira, reportero de Gazeta de Alagoas en Maceió, Alagoas: “Una serie de reportajes sobre el asesinato de un vendedor de joyas y su chofer,

provocó que amenazaran varias veces a los tres reporteros que investigaron el tema. Pasé yo entonces a encargarme del asunto. El acusado era el edil y policía Jesse James Viana, conocido por Nemo, a su vez guardaespaldas del diputado


João Beltrão, mencionado como uno de los supuestos “coroneles”en el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Ambos están presos. Cuando Nemo fue llevado al juzgado, hizo gestos obscenos hacia la cámara fotográfica, negándose a hablar con la prensa. Poco antes había declarado que “voy a agarrar a todos los periodistas”. o

IIIRegión Centro Oeste

Comprende los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal


MATO GROSSO

Áreas de mayor riesgo: Rondonópolis y Cáceres, que tienen una frontera seca de más de 700 kms, cerca de Bolivia. Hay un pasillo de tráfico de drogas y mucha corrupción policial.

Temas de riesgo:> Crimen Organizado. Por años, el ex policía civil João Arcanjo Ribeiro,

conocido como “El Comendador” (debido a la fortuna acumulada), actuó en la región como supuesto jefe de una de las mayores cuadrillas criminales en Brasil. Según un informe del Banco Central, sus empresas presuntamente recibieron alrededor de US$ 22 millones de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso y otros US$ 2 millones de la Intendencia de João Pessoa (en el Estado de Paraíba), entre 1998 y 2002. Tenía negocios en Mato Grosso, Distrito Federal, Uruguay y Estados Unidos. Lo arrestaron en Montevideo en abril de 2003, acusado de lavado de dinero, explotación de juego ilegal y tráfico de armas. Además sindicado como presunto autor intelectual de varios asesinatos, entre ellos, el de Domingos Sávio Brandão, dueño del periódico Folha do Estado, de Cuiabá, ocurrido el 30 de septiembre de 2002. En diciembre de 2003, “El Comendador” y su mujer, Silvia Chirata, fueron condenados a 37 y 25 años de cárcel, respectivamente, por operar una institución financiera sin autorización del Banco Central, por la formación de organización criminal, por mantener depósito de dinero en el exterior sin conocimiento de las autoridades brasileñas y lavado de dinero. Hasta diciembre de 2004, él seguía en Uruguay, aguardando su extradición a Brasil. (Fuentes: Folha de S.Paulo y Consultor Jurídico)

> El poder ejercido por “El Comendador” en la región dejó cicatrices y temores.

1.- Los reportajes sobre crímenes de pistoleros que matan por encargo difícilmente se profundizan, por el miedo a represalias.

2.- Asamblea Legislativa. Aún hay diputados involucrados en el esquema del “Comendador” Arcanjo que permanecen impunes;

3.- Cuando las denuncias son contra jueces, algunos intimidan haciendo llamadas para que no se publiquen los reportajes, amenazando al periódico con acciones judiciales.

A finales del año 2004, cuando fue entrevistado, Celso Benjarano, era reportero del periódico Folha do Estado en Cuiabá, Mato Grosso:

“Hoy aún hay riesgo de escribir sobre “El Comendador” Arcanjo, porque hay mucha gente involucrada. En la lista de sus deudores hay magistrados, diputados y es prácticamente imposible hacer un reportaje investigativo y de denuncias sobre los diputados porque la Asamblea Legislativa es el mejor cliente de casi todos los medios de comunicación. Uno queda frustrado, esperando que sean los diarios nacionales que hagan la nota y que repercuta. En mi ciudad, además de periodista, hay que ser guerrero.”

MATO GROSSO DO SUL

Áreas de mayor riesgo: Campo Grande, Corumbá, y en la frontera: Ponta Porã (frontera seca con Paraguay), Coronel Sapucaia.

Temas de riesgo:> Crimen organizado.> Tráfico de drogas.> Conflictos con los Sin Tierra> Robo de vehículos.> Tráfico de armas.> Cuestiones indígenas: disputa con los estancieros por la posesión de tierras. > Tráfico de mujeres, explotación sexual de niños y adolescentes.

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Riesgo: hay una verdadera industria de procesos judiciales sucesivos contra los periódicos y los periodistas para intimidarlos.

TESTIMONIOS

Carlos Augusto Monfort, jefe de redacción y reportero del Jornalda da Praça, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul (frontera con Paraguay):

“Cuando arrestaron a un traficante paraguayo, hicimos la cobertura normal y a su familia no le gustó. Llamaron a mi casa y a la redacción para advertir que yo debería tener cuidado y que sabían donde mi familia vivía. No pasó más allá, pero quedé asustado. Hoy me limito a los hechos, para no correr riesgos. Es una decisión mía que el periódico aceptó. Pero los periodistas de fuera del Estado tienen menos riesgo. Los paraguayos pueden investigar más y decir que alguien es contrabandista. En Brasil eso sería más complicado. Además, en Ponta Porã, si alguien sufre una amenaza, no hay entidad que pueda ayudarlo. Ya no publicamos esos reportajes por miedo a represalia”.

Andrei Meirelles, reportero de la revista Época en Brasília, Distrito Federal: “Hice un reportaje denunciando al caso Eduardo Jorge (ex secretario-general de la

Presidencia de la República, acusado de sobrefacturación de obra pública) y recibí el dato de que me estaban espiando. Otra vez investigué el crimen organizado en Espírito Santo y el ex presidente de la Asamblea Legislativa, José Gratz, al terminar sus declaraciones ante la comisión investigadora, pasó a mi lado y me dijo: ´Después te agarro´.

“Sabemos de muchas amenazas. Hay muchos periodistas cuyas conversaciones telefónicas han sido monitoreadas. Y también está la llamada Operación Gutemberg (investigación sobre la venta de reportajes), pero no existe nada seguro sobre eso”, agregó. o

IVRegión Sur

Comprende los Estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul



TEMAS DE RIESGO

> Narcotráfico y contrabando en las fronteras con Uruguay, Argentina y Paraguay

> Puente de la Amistad (une Foz do Iguaçu, en Brasil, a Ciudad del Este, en Paraguay), región de contrabando de armas, mercancías, drogas, robo de vehículos.

> Coberturas de sin tierra/cuestiones agrarias.> Robo de madera, deforestación, pesca ilegal.> Cobertura policial.> Prostitución de niños y adolescentes.> Jogo do Bicho (juego de apuestas).> Hay una larga lista de procesos judiciales contra periódicos y periodistas para

intimidarlos.

TESTIMONIOS

Giovani Grizotti, reportero de Rádio Gaúcha y de RBS TV en Porto Alegre, Rio Grande do Sul:

“Me han amenazado en muchas ocasiones. En el 2002, a raíz de un reportaje sobre empresas de vigilancia privada que sobrefacturaban, recibí llamadas de teléfono, pero nunca dejé de registrar lo ocurrido. Una nueva llamada me advirtió: ´te escapaste, en la próxima te agarraremos. Registré nuevamente lo ocurrido, diciendo que más bien me estimulaba. Durante muchos días hablé del asunto en la radio. Las amenazas cesaron”.

Humberto Trezzi, reportero especial del periódico Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul:

“Estuve 10 veces en Rio de Janeiro, cubriendo la guerra del tráfico y la situación en la ciudad. Cubri dos matanzas numerosas, la de Vigário Geral, que tuvo 21 muertos, y la de Nova Brasília, con 15 muertos; el asesinato de Tim Lopes e hice un reportaje sobre los “matadores de alquiler”. Dos veces dispararon contra nosotros, sabiendo que éramos periodistas”.

Mauri König, reportero del periódico Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná: “Me fui de Foz do Iguaçu por las amenazas después de publicar un reportaje sobre

la participación de la cúpula de la Policía Civil en el negocio de los reducidores de automóviles robados en Brasil y llevados al Paraguay. La policía brasileña intermediaba el pago del rescate de los coches. Lo descubrí porque robaron mi propio auto. Como ciudadano común (no como reportero, aunque supiesen que lo soy), pedí a la policía que encontrase mi carro.

Al día siguiente lo encontraron. Dijeron que estaba en Paraguay y que los ladrones querían 1.500 dólares para que fuera devuelto. El periódico me prestó el dinero, que entregué al superintendente de la policía. Era una red, y la denuncié.

Tan luego lo hice, empezaron a amenazarme. Me mudé definitivamente de Foz de Iguaçu”.

Carlos Wagner, reportero especial de Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul:

“Hice un reportaje denunciando la venta de drogas en las reservas indígenas. Me llamaron al teléfono celular amenazándome con matarme. Sé quien fue, pero quiero saber quien está detrás. La persona que te llama no es el peligro, sino la que manda a llamar”.

“En Rio Grande do Sul hay un peligro muy sutil con las trampas que hacen que el reportero quede desacreditado. Hay fuentes falsas, muchas informaciones divulgadas por gente que después no confirma lo que dice. Para precaverse, es necesario que uno sea más riguroso en la depuración de los hechos, porque las empresas periodísticas se han enfrentado a una avalancha de procesos”.

Zito Terres, camarógrafo de TV Cataratas, en Foz do Iguazú, Paraná: “En la región de la frontera, todos los días, en la calle, encuentro a contrabandistas,

traficantes de armas y drogas, cigarrillos y coches robados. Trabajo mucho con la microcámara. Ya acompañé al cruce de un camión robado con una cámara oculta y al otro día estaba en el mismo lugar, haciendo otro reportaje.

“En las manifestaciones callejeras hay todo tipo de gentes y nunca se sabe de dónde viene la piedra. He recibido golpes, hondazos con bolitas de vidrio y en una oportunidad ví a una persona morirse a cinco metros mío. También ví a otra persona recibir un balazo, en una manifestación de “sacoleiros” (contrabandistas) en Paraguay.

“La policía paraguaya usa balas de verdad, no tiene preparación y los camarógrafos quedan en la línea de tiro entre la policía y manifestantes. Si hago en una semana un reportaje en Paraguay, evito volver en seguida. Es un área de riesgo para todos los que trabajan en el Puente Internacional de la Amistad.

Acá, para entrar a una favela, sólo se hace con la policía. En 1998, fui asaltado en una favela y me robaron la cámara. Tuve que quedarme más de media hora en el piso con un arma en la nuca. Cuando se dieron cuenta que yo era de la televisión, la policía consiguió negociar la devolución del equipo. Después de una semana, me devolvieron las cintas destruidas. Era un reportaje que mostraba a niños en el tráfico de drogas”. o

VRegión Sureste

Comprende los Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo y Minas Gerais



RIO DE JANEIRO

Áreas de mayor riesgo: favelas y morros.> El tráfico de Rocinha está más acostumbrado con la presencia de la prensa,

hasta porque dentro de la favela hay otras actividades, como comercio, bancos, movimientos sociales, obras del Gobierno Federal (Casa de la Cultura).

> En los alrededores de la favela del Morro de la Mangueira ocurren muchos asaltos.

> La favela da Coréia es la más peligrosa, porque existen muchos policías trabajando con los bandidos. Es una favela llana, muy grande. El tráfico es muy bien armado y ahí se encontraron minas terrestres y granadas. Cerca de la Coréia existen otras favelas (Sao y Rebu), todas en Senador Camará. No es recomendable pasar por allí de noche si no se conoce el lugar.

> La favela de Vigário Geral es inestable, muy hostil, tiene mucho tráfico. Es posible entrar en auto, pero eso quita la movilidad, ya que no se está acostumbrado manejar por ahí. Cuando se ingresa a una favela a pie, se avanza pedazo por pedazo, se siente el clima, se conversa. El automóvil asusta al bandido.

> El Complexo da Penha, donde está la Vila Cruzeiro (en la cual el periodista Tim Lopes fue muerto), es muy hostil. La comunidad es retraída y la geografía del “morro” hace difícil la entrada: en las vías principales hay mucha gente, son estrechas y entrecortadas por otras.

> La carretera Itararé y la avenida Itaoca circundan el Complexo do Alemão, uno de los más peligrosos de la ciudad. Después de las seis de la tarde nadie pasa.

> La avenida Automóvel Clube (o Pastor Martin Luther King Jr.) es peligrosa porque ahí roban vehículos para hacer los “bondes” (varios coches con hombres armados). Es larga, hay un trecho más arriesgado, Inhaúma, que va desde el suburdio hasta la Baixada Fluminense, pasa por Irajá, es cerca de Favela da Galinha. Son áreas rivales, por eso el peligro.

> La Favela do Guarda no parece peligrosa, pero es fácil errar el camino. En la “Linha Amarela” hacia Madureira, una equivocación puede ser fatal.

Otras ciudades violentas del Gran Rio de Janeiro son:SÃO GONÇALOÁreas de mayor riesgo donde el periodista sólo puede entrar con la policía:

Jardim Catarina, Morro da Chumbada, Morro do Menino Deus, Morro da Coruja, Favela do Salgueiro (complejo), Morro do Estado, Morro do Marítimo

NITERÓIÁreas de mayor riesgo: Complexo da Alagoinha, Caramujo, Morro do Céu.

Los traficantes son de Grota, Rio de Janeiro (utilizan el horno de desechos para deshacerse de sus víctimas).

Otros tipos de riesgos: Armamentos: En 2004, los traficantes de Rio de Janeiro empezaron a usar

granadas y ametralladoras antiaéreas (dispararon contra un autobús de la Policía

Militar el que con el impacto fue lanzado hacia un hoyo). En abril de ese año, fueron halladas y recogidas ocho minas terrestres, 161 granadas, 30 mil balas de munición para fusil, pistola y escopeta, además de un fusil y 10 chalecos (dos a prueba de balas) en Senador Camará (suburbio en la zona oeste).

Asaltos: Los bandidos han asaltado a los periodistas para robarles equipos fotográficos y cámaras filmadoras. Como están debilitados por el tráfico, necesitan dinero.

Traficantes:> Cuanto más joven es el traficante, peor para la prensa, porque no tiene madurez,

se deslumbra con el poder y cree que todo lo puede. Por lo general, los adultos mayores piensan más antes de atacar a los reporteros.

> Se hace más peligroso cuando los traficantes toman un área y no son de la región. Generalmente son agresivos con la comunidad y con los reporteros. Cuando un traficante ha crecido en el lugar, conoce a todos, tiene referencias, se siente más seguro y no actúa en forma tan impulsiva.

> A menudo, cuando el traficante le permite al reportero que entre a una favela, siempre hay alguien acompañándolo todo el tiempo.

> Algunos reporteros defienden la idea de que no es bueno hacer reportajes con bandidos muy a menudo, para no mistificarlos.

> A veces el bandido está tan precavido dentro de su propio sistema de seguridad, que la entrevista se desarrolla muy tranquila. El reportero aspira que la policía no aparezca, para que no ocurra una confrontación.

MINAS GERAIS

Áreas de mayor riesgo: Pedreira Prado Lopes (región nordeste de Belo Horizonte), Cabana do Pai Tomás (zona oeste), Vila Pinho (región metropolitana), Ibirité.

Temas de riesgo:> Denuncias contra la policía.> Denuncias de políticos y policías involucrados con máquinas caza-níqueles y

bingos.> Coberturas en favelas.> Denuncias contra el gobierno. Censura.

ESPÍRITO SANTO

Temas de Riesgo:> Aún existe en la región el “fantasma” del expresidente de la Asamblea

Legislativa, José Carlos Gratz, acusado de ser el supuesto autor intelectual de homicidios e involucrado en el juego de apuestas. Ejerció un control casi absoluto


por 12 años. Preso en diciembre desde diciembre de 2004, fue condenado a 15 años de cárcel por corrupción, pero está pendiente un recurso de nulidad contra esa sentencia ante el Tribunal de Justicia de Espiritu Santo. Mientras, en febrero de 2006 obtuvo el beneficio de la libertad a través de un habeas corpus. Aunque no puede ser electo debido a los procesos, los periodistas de la región creen que de todos modos va a intentar reelegirse como diputado. El miedo a su grupo es tan grande, que varios reporteros amenazados por su red pidieron que sus nombres no fueran mencionados en esta investigación, por temor a represalias.

> La situación empezó a cambiar después que el Gobierno Federal mandó la fuerza pública al Estado, en 2002. El ambiente ahí era muy tenso debido a la investigación de casos de corrupción y el auge del crimen organizado. La sensación era de inestabilidad. Grandes empresas eran chantajeadas por diputados pidiendo dinero para sus campañas. Los que no aportaban, se enfrentaban a serias dificultades.

> El crimen organizado perdió espacio político, pero hay un temor general de que en próximas elecciones se rearticule y recupere el poder.

> Tráfico. Hay regiones en la periferia, como Guaranhuns, Vila Velha, en las cuales los reporteros no pueden entrar.

> “Jogo do Bicho”. Sigue, aunque los bingos han sido cerrados. Como es una contravención en la cual participan miembros de la policía y de la política, entonces la mayor parte de los periodistas apenas hace reportajes sobre los hechos. Es diferente de Río de Janeiro, donde la figura del “bicheiro” (la persona que recibe el dinero) es conocida.

SÃO PAULO

Áreas de mayor riesgo: Favela Jardim Farina, en São Bernardo (tiene una especie de toque de queda, aunque la policía lo niega. Los reporteros hacen entrevistas a la distancia); región del Pontal do Paranapanema; Presidente Prudente (con el presidio Presidente Bernardes, donde están los traficantes y otros bandidos considerados peligrosos).

En la capital del estado: es peligroso andar por el extremo sur, como Jardim São Luís y Jardim Ângela. En la zona este: São Mateus y Favela do Buraco Quente. Otros puntos: división con Osasco, Parelheiros, Jardim das Imbuias, Favela do Sapo, Jardim Damasceno, Jardim Periperi, Jardim Elisa Maria. En la zona sur: área de Capão Redondo. El reportero, dependiendo de la situación, no entra.

Hay favelas en las cuales los reporteros sólo entran previa autorización de los traficantes. Han ocurrido muchos robos de cámaras fotográficas y filmadoras. No hay ningún respeto por el periodista.

Temas de riesgo: > A veces, la policía, para mostrar eficiencia, arresta a inocentes, y el reportero

no puede escuchar al preso. Hasta a los comisarios supuestamente se les prohíbe

dar entrevistas. Para entrar a los predios públicos de la policía y tener acceso a los archivos y documentos de los casos, es necasario tener autorización de la asesoría de prensa

> Hay una gran cantidad de procesos contra periódicos y periodistas para intimidarlos.

> Crece el número de averiguaciones de homicidios sigilosos. Cuando el muerto es famoso, o la brutalidad es cometida por la policía, como en las matanzas, los jueces penales han determinado el sigilo, y los periodistas no tienen acceso a la información.

> Denuncias más frecuentes en el área policial: corrupción policial, abuso de autoridad, fallas del sistema carcelario.

TESTIMONIOS

Alex Silveira, herido mientras trabajaba en São Paulo. Actualmente se desempeña como fotógrafo free lance en la Región Amazónica:

“El 18 de mayo de 2000, cubría la huelga de los profesores de São Paulo, cuando una bala de goma disparada por la policía dio en mi ojo izquierdo. Tuve desprendimiento y quedé con sólo un 10 a un 15 por ciento de la visión en ese ojo. Para peor el otro ojo ya lo tenía mal desde cuando nací.

“Ellos dispararon contra la prensa. No portaba el chaleco que me identificaba, pero llevaba la cámara y un bolso con el equipo. Se abrió una averiguación policial militar, otra criminal (sin resultado )y está en marcha, a pasos de tortuga, un proceso civil.

“Creo que el gran problema es la falta de preparación de la policía. Ellos consideran a toda situación donde la prensa está presente, como algo personal contra ellos. Yo fui amenazado más de una vez en esa misma cobertura. Se trataba de una protesta de huelguistas, no era un conflicto armado. No tenemos como prevenir estas situaciones, al contrario de una guerra en donde sí hay previsiones.

Roberta Trindade, del periódico O Fluminense de Niterói, Rio de Janeiro: “Fui echada del Complexo do Salgueiro cuando murió Claudinho (músico del

dúo Claudinho y Buchecha, cantantes populares de la periferia). Fui a ver donde había vivido y un líder comunitario dijo que me fuera, caso contrario me iba al “microondas”, como Tim Lopes (periodista asesinado en una favela en Río. Después que su cuerpo fue descuartizado, las partes fueron quemadas en un lugar llamado “microondas”). Creo que no hablaba en serio, pero me fui, por cuanto después de mucho tiempo cubriendo policía y favelas, quedamos con un sexto sentido. Uno siente cuando el ambiente se pone pesado, cuando la gente está diferente y puede ocurrir algo.”

Jorge Martins, reportero nocturno de O Globo, Rio de Janeiro: “En la madrugada ocurren más casos policiales. Hay un riesgo inminente al ir a

determinados lugares en Rio de Janeiro. Lo hacemos en grupo. Es bueno porque el número de automóviles hace que los delincuentes piensen dos veces, sin creer que


somos policías. Los vehículos deben ir identificados para evitar ser blanco de la policía. De noche el mundo es diferente, la gente se asusta con su propia sombra y hay más riesgo de tiroteos.

Marcos Almeida, reportero del periódico Extra, Rio de Janeiro: “Hice una serie de reportajes sobre irregularidades en empresas de ómnibus de en

el año 2003. En el cuarto día de la publicación, el secretario de Seguridad llamó al editor y dijo que habían grabado una conversación entre dos personas que decían que iban a matarme. Las personas habían dicho:

- Tenemos que sacar a esos ómnibus de circulación porque el reportero ha descubierto todo.

- No, es preferible sacar de circulación a ese Marcos, reportero del Extra.- ¿Pero quién va a “hacer el servicio”? - Dile a Souza. El lo hace. “Descubrimos que Souza es un ex-policía militar acusado de varios homicidios en

Baixada Fluminense. Y la empresa sobre la cual hice varias denuncias en el reportaje estaba ubicada en Baixada.

“Por prudencia empecé a no firmar más, después que supe de la escucha clandestina. Pero no dejamos de publicar. Permanecí una semana y media en un hotel, con protección de la Policía Civil y con mucho miedo, incluso por la suerte de mi mujer, también periodista. Tenía la idea fija de que era seguido.

Andar con escolta no es siempre seguro porque uno no conoce a los policías y, con el nivel de corrupción existente en Rio de Janeiro, eso es muy peligroso. En un reportaje sobre los traficantes que trabajaban en el área de los productos falsificados, hecha tres meses después, descubrí que una de las personas que hacía mi protección era proveedor de productos piratas. Quedé perplejo. Hice el reportaje, pero no hablé sobre la participación de ese policía, por cuanto él conocía toda mi rutina”.

João Antônio Barros, jefe de reportajes de O Dia, Rio de Janeiro: “Un equipo del diario estaba en la favela de Vigário Geral y la policía fue a hacer

una búsqueda. El equipo tuvo que quedarse en la Asociación de Moradores. El editor entró en pánico. El que menos estaba nervioso era el reportero. Lo peor es que el reportero tenga miedo y no haga el reportaje. Si no es fácil lograrlo, la tendencia es que se abandone el tema. Esta censura es peor que cualquier otra. Cada vez más se cubre por teléfono y menos en la calle. En O Dia está prohibido hacer reportajes en favelas del estilo “vivir un día ahí para denunciar”, o sobre las leyes del tráfico. Ahora sólo se hace lo que llega al “asfalto” (fuera de la favela, abajo del “morro”). El asesinato de Tim Lopes fue un divisor. Las personas tienen mucho más miedo.”

Márcia Brasil, reportera del periódico O Dia, Río de Janeiro:“Yo iba a hacer un reportaje light en una página para el domingo, con el fotógrafo

Carlos Moraes, sobre el apoyo aéreo de la Policía Civil para las operaciones terrestres con una novedad que eran los perros olfateadores de drogas. Como siempre se hacían reportajes muy pesados, la idea era hacer algo más suave. Nosotros iríamos al Complexo da Maré, que es un morro llano y hay menos riesgos, donde sería más fácil para sacar las fotos. Pero al sobrevolar el Morro da Previdência (el más antiguo

de Rio), el helicóptero de la policía fue atacado por los disparos de armas largas de los traficantes. La policía respondió. Vimos a la policía entrar al “morro” por tierra y perseguir a dos hombres.

Después, llegó la noticia de que habían muerto en el intercambio de tiros. “Al publicarse ese reportaje, mi vida se dio vuelta. Sufrí presión sin amenazas,

hasta de mi inconsciente. No quería acusar a quien no debía, no quería cometer injusticia hasta estar segura de lo que mostraban las fotos. Hubo presión de los colegas y de comisarios que también querían conocer las fotos. No sé como habían descubierto la información de que teníamos las fotos. Recibí llamadas de un líder religioso, diciéndome que iba a sufrir un atentado, otro criticándome por proteger a bandidos. Hasta uno que sugería un posible depósito de drogas en mi auto. Dejé de atender el teléfono.

“Viajé por un tiempo. Un mes después, volví. Un fin de semana estuve de turno en un horario que tendría que ir a una comisaría. El comisario me reconoció y ordenó que me fuese, porque era peligrosa, dijo. Conseguí por afuera la información que buscaba. Cuando llegué a la redacción, estaba tan nerviosa que lloré. Me sentí pésima después que me llamaran peligrosa. Era una intimidación, una forma de minar la autoestima.”

Carlos Moraes, reportero fotográfico del periódico O Dia, Rio de Janeiro: “El 27 de septiembre de 2004 fui a hacer, con la reportera Márcia Brasil, un

reportaje con el grupo de Coordinación de Recursos Especiales (Core) de la Policía Civil de Rio de Janeiro sobre perros adiestrados que iban a “morros” o “favelas” para que olfatearan drogas. Íbamos a hacer un sobrevuelo hasta la Favela da Maré para fotografiar puntos estratégicos, en los cuales habría “boca de fumo” (lugares donde usan y venden drogas) y traficantes.

“Al pasar por el Morro da Previdéncia, el helicóptero fue metrallado por bandidos, el comisario mandó que nos bajáramos y pidió ayuda por tierra a otros agentes. En el momento, yo, agachado, empecé a poner mi mano hacia afuera y saqué fotos, sin saber lo que estaba fotografiando.

“Los traficantes dispararon varias veces. Cuando llegó el equipo de policías por tierra, hice la foto de los hombres que se habían rendido y después siendo cargados por la escalera hacia el hospital. Hasta entonces, no había visto lo que fotografié desde lo alto. Recién al llegar a la sala de redacción supe que había una foto que mostraba a la gente acorralada en un callejón, pero estaba muy oscura. Se veía los policías apuntándoles armas. La ampliamos y vimos. Todo indicaba que se trataba de una ejecución.

“La foto fue publicada en portada y reproducida por varios periódicos. Los policías fueron alejados. Llamaban por teléfono preguntando por mí. No les atendí. Tuve miedo y mucha preocupación por mi familia. La dirección del periódico me apoyó. Me fui a un lugar distante por unos cuantos días. Después, viajé un mes, cubriendo política. Ahora estoy trabajando normalmente, pero el ritmo de mi vida cambió. Cubro deporte y ciudades. Quedé más tranquilo cuando salió un reportaje en O Dia alertando que la Secretaría de Seguridad, la jefatura de la Policía Civil


y el gobierno del Estado serían los responsables en caso de que nos ocurriera algo (a Márcia y a mí).”

Alcyr José Ramos Martins, reportero fotográfico de O São Gonçalo, en São Gonçalo, Rio de Janeiro:

“El 1 de mayo de 2004, hice fotos de un policía que estuvo preso por extorsionar a un comerciante. Después de 60 días lo soltaron y él fue atrás mío. Creía que había sido yo quien lo había mandado a la cárcel. Yo no lo conocía.

“Una mañana él y otros dos me agredieron a golpes y puntapiés. No me mató porque había mucha gente en la calle y las personas se lo pidieron, pues me conocían. Dijo que iba a matarme – a mí y a mi hija – en la próxima oportunidad. Registré lo ocurrido en la comisaría. Me mudé de casa. Cambié el horario de trabajo. Quedé con traumas y varios hematomas. Aún hago reportajes en el área policial, pero tengo miedo que vuelva a ocurrir”.

Susana Loureiro Martins de Castro, editora de policía de A Tribuna en Vitória, Espírito Santo:

“Acá, el tráfico no está tan organizado como en Rio de Janeiro. Aún conseguimos obtener informaciones en los “morros”. La gente tiene miedo, pero habla. Los jefes no son tan poderosos. Aparecer en la prensa es como darle un trofeo al bandido, pues la prensa ayuda a crear los mitos. Hay bandidos que llaman de adentro de la cárcel (por celular) para pedir reportajes. En algunos casos lo hacemos. Pero si yo dijera que la información vino de la cárcel, y le quitaran su celular, él vendría a agarrarme. Esa proximidad con el bandido es peligrosa. Nosotros preservamos la fuente, pero hay que saber lidiársela. Mientras no me amenace, consigo mantener la relación: Me estás pasando la información, está bien, voy a averiguar, pero no soy amiga tuya.´

“Otro problema es que la policía apresa al bandido, publicamos la noticia, pero no sabemos cuando lo dejarán libre. Ocurrió con un comerciante que fue preso, acusado de matar a un comisario. Hicimos la nota y publicamos la foto. El mismo día lo soltaron con un habeas corpus. El me llamó a pedirme que publicara que había sido liberado, caso contrario iba a “tomar providencias”. Publiqué entonces una nota diciendo: Justicia libera a comerciante. Y eso que él había asesinado a un comisario. Matar a un periodista debe ser mucho más fácil”. o

El periodista Jorge Lourenço do Santos, asesinado en Santana do Ipanema, Alagoas. A la izqui-erda, su viuda frente al estudio de su radioemisora. (Foto Clarinha Glock)

El 22 de febrero del 2000, el conductor Valdir Gomes (a la derecha) y el fotógrafo Marcos Studart, del periódico O Povo de Fortaleza, fueron golpeados cuando hacían un reportaje en Hidrolandia. Su caso fue registrado ante Amnistía Internacional. (Foto Jarbas Oliveira/O Povo)

El 27 de septiembre del 2004, el fotógrafo Carlos Moraes y la reportera Márcia Brasil hacían un reportaje sobre una operación policial, cuando su helicóptero fue atacado a tiros por narcotraficantes del Morro da Previdência. Moraes tomó fotos de policías abordando a personas que poco después aparecieron muertas. Las imágenes, publicadas en varios periódicos, generaron amenazas para ambos periodistas. (Foto Carlos Moraes /O Dia)


Cándido Figueiredo, corresponsal del diario ABC Color de Paraguay en Pedro Juan Caballero, en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, muestra una colección de huesos humanos en su oficina, a la derecha. Arriba, el periodista se moviliza con guardaespaldas y utilizando un chaleco anti-balas. (Fotos de Clarinha Glock)

Puente de la Amistad entre Brasil y Paraguay, donde pasa el contrabando de armas, drogas y equipo electrónico. (Foto de Clarinha Glock)

Un recuerdo familiar del periodista José Carlos Araújo Silva, asesinado frente al estudio de ra-dio donde trabajaba, el 24 de abril del 2004 en Timbaúba, Pernambuco. (Foto Clarinha Glock)

Al periodista Donizete Adalto dos Santos, asesinado en Tersina, Piauí, se le recuerda mediante este monumento eregido en su me-moria en una vía pública. (Foto Clarinha Glock)

Portada de la revista Boca do Povo de Campo Grande, donde se consigna la noticia sobre el asesinato de su periodista, Edgar Ribeiro Pereira de Oliveira. (Foto Clarinha Glock)

En octubre del 2004, un operativo policial con el uso de helicópteros buscó a los asaltantes en el centro de Maceió. (Foto Gilberto Farias/Gaze-ta de Alagoas)


En el 2004, una desocupación de tierras invadidas en la zona oeste de Manaus, llamada Geladinho, generó un conflicto. Un indigente murió. Este tipo de situaciones, muy frecuentes en el interior de Brasil, presentan un reto para la cobertura periodística. (Foto Alberto Araújo)

En enero de 2004, durante la cobertura de una invasión de haciendas por indígenas en Japorã, Mato Grosso do Sul, cerca de Paraguay, el reportero Hudson Corrêa, de Folha de S. Paulo, y su conductor fueron capturados por los indígenas. A ambos les pintaron sus cuerpos, en señal de guerra (izquierda). En un momento, los rehenes quedaron entre la policía y los indígenas. Esas fotos fueron hechas por Hudson.

El 17 de diciembre de 2003, el coronel Walter Ferreira, que estaba preso en Acre, fue llevado a Vitória (Espírito Santo) para declarar ante la Justicia. Fue denunciado en el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre el Crimen Organizado. Una fuerza militar se instaló en el Estado para disminuir la tensión y acabar con las amenazas implícitas a los que escribiesen en la prensa sobre este tema. (Foto Nestor Müller/A Gazeta/Vitória)

El ex-polícia Manoel Soares de Freitas, conocido como Falcon, denunció a policías y políticos de Pernambuco involucrados con el crimen organizado. Basado en su testimonio, la Asamblea Legislativa expulsó al diputado Eudo Magalhães, quien posteriormente volvió a su cargo. Falcon fue asesinado y se sospecha que fue una medida para silenciarlo. Varios periodistas fueron amenazados en esta cobertura. (Foto Archivo Diário de Pernambuco)

El periodista Jorge Vieira da Costa, de Timón, Maranhão, fue asesinado cuando hacía denuncias en su programa radial. Arriba, la foto oficial de su campaña para edil junto a una camiseta de apoyo hecha por sus hermanos en la elección de 2004. (Fotos de Clarinha Glock)

A salvo en misiones de riesgo

Guía práctica para periodistas



Estas son recomendaciones y estrategias para evitar o disminuir riesgos y amenazas en el cubrimiento de noticias en ambientes hostiles y serán solo válidas en situaciones particulares. No hay regla general. El periodista

deberá aplicar su buen juicio y sentido común frente a las cambiantes condiciones en que cumple su trabajo.

Están divididas las opiniones sobre la forma de enfrentar una amenaza. Algunos estiman que deben ignorarse y así no despertar más iras en el enemigo. Otros, en cambio, creen que lo mejor es divulgarlas, como arma de enfrentamiento.

En el periodismo internacional circulan diversas guías y manuales al respecto. A continuación hay un resumen de las consideradas más trascendentes en beneficio del periodista y/o del medio para el cual trabaja. Se han extraído ideas y textos de publicaciones de la SIP, así como manuales para periodistas en conflicto, por ejemplo el de la Fundación para la Libertad de Prensa, Unesco y Proyecto Antonio Nariño, de Colombia; Comité para la Protección de los Periodistas; Federación Internacional de Periodistas; Reporteros Sin Fronteras; Freedom Forum y se han tomado, además, sugerencias de reporteros entrevistados para este libro.

Varias de estas recomendaciones fueron obtenidas también en los cursos sobre ejercicio del periodismo en ambientes hostiles, organizados por la SIP en colaboración con el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz), en Buenos Aires, Argentina; y con la empresa británica Centurion Risk Assessment Services, en Woodstock, Virginia, Estados Unidos.

EN LO PERSONAL

- El periodista es más importante que la historia que va a investigar y contar. Ninguna historia vale una vida.

- Evaluar su propia condición física. - Si ya lo han amenazado, cambiar de sección en el medio; no firmar las notas;

salir por un tiempo de la ciudad. O en casos extremos, mudarse definitivamente.- Si las autoridades no pueden garantizar la seguridad del corresponsal, hay que

abandonar el país.- Para el teléfono particular utilizar identificador de llamadas y grabador de

mensajes.- Al llegar por la noche a casa recorrer toda la cuadra y encender las luces altas

del vehículo.- Iluminar el frente de la casa con una luz potente.- Cambiar el trayecto habitual a casa y al trabajo.- No detenerse con el automóvil en la misma línea que los motociclistas.- Siempre portar documentos de identificación.

- Tener una lista con los teléfonos y direcciones de personas de confianza en cada lugar para pedir ayuda o socorro en caso de emergencia.

- Estudiar antes el mapa del lugar donde va a actuar: puntos de fuga, puntos ideales para hacer la grabación y/o filmación sin ser visto, o sin convertirse en un blanco.

- Tener a una persona que funcione como punto de apoyo, que sepa siempre a dónde va, fecha estimada de regreso, que sepa a quien debe avisar en caso de emergencia.

- Nunca portar armas.- No señalar con el dedo, puede confundirse con el cañón de un arma.- Tratar de conocer a los otros periodistas que le acompañan. Desconfiar de

extraños.- Tener presente que las historias en lugares remotos, lejos de autoridades y

servicios médicos implican mayor riesgo.- Sopesar los riesgos que se conocen y los posibles beneficios de la historia. A

veces puede cubrirse a distancia.- Rotular claramente el vehículo con la palabra PRENSA.- No movilizarse en vehículos militares ni vehículos que se le parezcan.- Nunca evadir puntos de control, ni desplegar mapas abiertamente.- En las emboscadas el conductor es el blanco principal. Quien va a su lado debe

estar atento a operar el freno de emergencia.- Preferible mantener el vehículo sucio a consecuencia del viaje: es menos

detectable. - Es conveniente llevar una bandera blanca.- Se debe ser cuidadoso al escoger ayuda local competente (guías, conductores,

prácticos). - Vestirse de acuerdo con las circunstancias para mezclarse en la multitud, o para

destacar que no es parte de un grupo. No usar ropa verde oliva.

EN LA EMPRESA PERIODISTICA

- Es importante que el medio mantenga una estrategia para la protección de su personal, así como medidas de seguridad para sus inmuebles y demás patrimonio.

- A la zona de riesgo deben ir periodistas con experiencia en cubrimiento de violencia. Caso contrario, hacerlo acompañar por un periodista fogueado.

- Los recepcionistas deben ser entrenados para impedir el acceso a desconocidos. - Monitorear, con un sistema interno de televisión, a quienes entran y salen.- Rotar de fuente cada cierto tiempo a los periodistas asignados a temas hostiles.- Divulgar las agresiones a periodistas, a la libertad de prensa, aunque no sean contra

su propio medio.


ANTE UNA COBERTURA DE RIESGO

El periodista debe contar con un kit básico para primeros auxilios y otro de supervivencia que incluya bolsa de dormir, baterías extras y bolsas plásticas, entre otros elementos. También debe tener todos los documentos al día (identificación de la empresa, cédula personal, tarjeta de vacunación, licencia de conducir, pasaporte).

En los diferentes seminarios que ofrece la SIP se reconoce que es obligación de las empresas, pero especialmente de los periodistas, velar por su protección y seguridad. Para ello sugerimos visitar en Internet los siguientes sitios que cuentan con manuales y guías al respecto:

www.impunidad.com; www.centurion-riskservices.co.uk; www.flip.org.co; www.mediosparalapaz.org; www.ifex.org; www.rsf.org;www.ift.org; www.cpj.org

Documentos esencialescontra la impunidad

promovidos por la SIP

Conclusiones de la Conferencia Hemisférica Crímenes sin Castigo contra Periodistas

Ciudad de Guatemala, Guatemala,30 de julio al 1 de agosto de 1997



CONDENAMOS Y DEMANDAMOSDECLARACION DE CONDENA

LA CONFERENCIA HEMISFERICA sobre Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar las graves consecuencias que esta situación acarrea contra la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, tales como la libertad de prensa y el derecho a la información, y para la sociedad y la democracia, declara que:

CONSIDERANDO que los derechos a la vida y a la libertad e integridad personales, el contar con la seguridad y el amparo de la justicia, así como la libertad de expresión constituyen derechos fundamentales de las personas reconocidos y garantizados por las convenciones e instrumentos internacionales;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las personas y es la condición y garantía de los restantes derechos y libertades que definen al sistema democrático;

CONSIDERANDO lo establecido en la Declaración de Chapultepec, Art.4, sobre que “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”;

CONSIDERANDO que en los últimos diez años 173 periodistas fueron asesinados en las Américas por el ejercicio de su profesión y que la mayoría de esos crímenes permanece impune;

CONSIDERANDO que esa realidad ha sido comprobada por la SIP en investigaciones realizadas en Colombia, Guatemala y México y por misiones especiales cumplidas en otros países de las Américas como en el caso de Argentina y que se han constatado responsabilidades por acción u omisión de las autoridades en la no dilucidación de esos crímenes;

CONSIDERANDO que esta situación de impunidad es la consecuencia de conducta negligentes, dolosas o complacientes por parte de autoridades públicas;

CONSIDERANDO que el asesinato de periodistas va más allá del hecho de privarles de la vida, ya que presupone un cercenamiento de la libertad de expresión con todo lo que ello significa como limitación a libertades y derechos de toda la sociedad;

La Conferencia Hemisférica, resuelve:

CONDENAR el asesinato y toda violencia física contra periodistas como uno de los mayores crímenes contra la sociedad porque con ello se cercena la libertad de expresión y como consecuencia los demás derechos y libertades;

CONDENAR la conducta omisa o cómplice de quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar estos crímenes y no lo hacen, dejándolos en la impunidad y así sumándole aún más gravedad;

DEMANDAR de las autoridades que cumplan con su deber de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y reparar sus consecuencias.

LO QUE DEBEMOS HACERPLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES dedicadas a la defensa de la libertad de prensa propiciamos este Plan de Acción Institucional, en el marco de la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa.

Nos comprometemos a:

1. Reconocer la importancia de las Recomendaciones de la Conferencia Hemisférica y de acuerdo a ellas iniciar acciones específicas conjuntas para esclarecer los crímenes sin castigo contra periodistas.

2. Fomentar el envío de misiones inter organizacionales de investigación a aquellos países afectados para que las autoridades garanticen la seguridad de los periodistas y cumplan con las investigaciones y los procesos judiciales con la mayor celeridad.

3. Coordinar campañas masivas de difusión sobre crímenes sin castigo contra periodistas y otros hechos de violencia de manera que brinden cobertura periodística a todas las violaciones a la libertad de prensa.

4. Procurar que en los centros de investigación de la carrera de periodismo o de las facultades correspondientes, se incluyan estudios sobre el terrible impacto que para las sociedades democráticas tienen los crímenes contra periodistas y su impunidad. Asimismo motivar la inclusión de temas o asignaturas específicos en sus currículas sobre la libertad de prensa y coordinar actividades entre las asociaciones periodísticas, medios de información y los centros académicos de formación profesional.


5. Recomendar a las organizaciones participantes que estudien la manera de financiar las acciones legales y de investigación para que los crímenes contra periodistas no queden impunes.

6. Intensificar y promover el intercambio de información y objetivos entre organizaciones dedicadas a la protección, defensa y promoción de la libertad de prensa, considerando como prioridad la impunidad en el asesinato de periodistas.

7. Difundir este documento entre otras instituciones dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades de expresión y de prensa en el mundo y, de esa forma, comenzar a promover compromisos de trabajo.

8. Crear un grupo multi organizacional con el objeto de concretar el Plan de Acción Institucional con la colaboración de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Instituto Internacional de Prensa (IPI); Reporteros Sin Fronteras (RSF); Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Asociación Mundial de Periódicos (FIEJ); The Freedom Forum; Comité Canadiense para la Protección de Periodistas (CCPJ); Federación Internacional de Periodistas (FIP); Comisión Mundial de Libertad de Prensa (WPFC); Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR); International P.E.N.; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); Centro Internacional para Periodistas de Knight International Press Fellowships; Asociación de Periodistas de Guatemala; Oficina de Derechos Humanos de Periodistas, Perú; Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA); Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

LOS CULPABLES DEBEN SER CASTIGADOSRECOMENDACIONES PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

LA CONFERENCIA HEMISFERICA Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas hace las siguientes recomendaciones para combatir la impunidad que envuelve a los crímenes contra periodistas:

1. Exhortar a los congresos nacionales a adoptar el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia. También se insta a prohibir amnistías, indultos o perdones a favor de los responsables por estos delitos.

2. Instar a los congresos nacionales a que perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.

3. Propulsar reformas o interpretaciones constitucionales que prevean que las leyes o normas que regulan estados de excepción (Estado de Sitio), no permitan u autoricen restricciones o limitaciones a la cobertura periodística y la libertad de prensa.

4. Establecer, mediante ley, en los países que amerite, la prohibición de que los responsables de delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios puedan ser juzgados en tribunales militares y/o especiales.

SOBRE CASOS ESPECÍFICOS

En cuanto a los casos específicos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha investigado dentro de su proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas y que fueron expuestos en esta conferencia hemisférica, se recomienda:

5.Solicitar a los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que presten debida colaboración a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la que a solicitud de la SIP, ya ha ameritado la investigación y proceso de los siguientes casos: Víctor Manuel Oropeza (Caso No.11.740); Guillermo Cano Isaza (Caso No.11.728); Carlos Lajud Catalán (Caso No.11.731); Héctor Félix Miranda (Legajo No.11.739); Irma Flaquer Azurdia (Legajo No.11.766), así como el caso de Jorge Carpio Nicolle (Legajo No.11.333) sobre el que la Comisión ya había intervenido con anterioridad a la investigación de la SIP.

COLOMBIA

6. Inducir a la Fiscalía General de la Nación a que practique una revisión a la investigación sobre el asesinato de Guillermo Cano Isaza y a las decisiones judiciales del caso para documentar los posibles nexos entre los reales autores de ese crimen y el de Giraldo Galvis, abogado de la familia Cano, y las irregularidades en la investigación y los fallos.

7. Urgir a la Fiscalía a que transfiera las nuevas investigaciones del caso de Lajud Catalán a un juzgado con sede en Bogotá y que investigue las razones por las que en la investigación de los últimos tres años no se incluyó a sospechosos de ser los autores intelectuales.

8. Requerir a la Fiscalía General que investigue las amenazas de muerte contra parientes de Lajud Catal án y su debida protección,y que profundice las investigaciones sobre corrupción en la firma de contratos municipales que tendrían relación con el crimen y en los que estarían involucrados ex funcionarios del gobierno.


GUATEMALA

9. Insistir al Presidente de Guatemala a que exija al Ministerio Público una investigación exhaustiva para determinar la autoría material e intelectual del asesinato de Jorge Carpio Nicolle y se cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de los investigadores, demandantes, testigos fiscales y jueces.

10. Pedir al Presidente de Guatemala impulsar una profunda investigación oficial para determinar el paradero de Irma Flaquer y exigir al Fiscal General su intervención para iniciar el proceso judicial respectivo en contra de quienes resulten responsables de la desaparición forzada de la periodista Flaquer, delito que es imprescriptible a la luz de la legislación internacional y la reciente ley de Reconciliación Nacional.

11. Instar a la Procuraduría de los Derechos Humanos el nombramiento de funcionarios que investiguen especialmente la muerte violenta o desaparición de los periodistas Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer Azurdia, se constituya como parte en el respectivo proceso, supervisando el estricto cumplimiento de la ley en el mismo.

12. Urgir a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico una investigación especial de la muerte violenta de periodistas en los últimos treinta y cinco años, determinando el estado de los respectivos procesos judiciales, instando a su posible prosecución y finalización.

MEXICO

13. Insistir al gobernador del estado de Chihuahua a que instruya al Procurador General del estado para que un agente del Ministerio Público retome el caso de Víctor Manuel Oropeza, actúe sobre los datos que ha aportado la SIP en su informe y solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le envíe copia de todos los documentos que obran en su archivo.

14. Instar a que, ante el hecho de que el asesinato de Oropeza está por prescribir de acuerdo a la ley mexicana y ante un generalizado y sospechoso silencio, se solicite al presidente de México que encabece un movimiento social para impedir que los culpables de este asesinato logren la impunidad perfecta mediante la prescripción del delito.

15. Pedir al gobernador del estado de Baja California para que instruya al Procurador General de ese estado de manera que, de acuerdo al compromiso adoptado con la SIP, active las investigaciones del caso Héctor Félix Miranda y se logre detener al autor intelectual del crimen.

16. Urgir a todos los gobiernos del Hemisferio Occidental que ordenen la inmediata apertura de las investigaciones sobre los asesinatos contra periodistas no resueltos o cerrados oficialmente sin mérito legal.

SOBRE LAS INSTITUCIONES

17. Alentar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría General, que incluya el tema de los crímenes sin castigo contra periodistas en su agenda de asuntos hemisféricos y que también lo incluya como tema en su próxima Asamblea General.18. Instar a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) que nombre un relator especial sobre las violaciones persistentes en contra de los periodistas y que le de seguimiento a las investigaciones sobre esos homicidios.

19. Solicitar a la UNESCO que elabore una relatoría especial y que se incluyan en informes anuales datos sobre crímenes contra periodistas e impunidad de esos actos, y se le brinde seguimiento a todos los casos hasta que los crímenes queden resueltos.

20. Exhortar que los crímenes sin castigo contra periodistas sean tema de la agenda anual en la que la UNESCO, junto a otras organizaciones internacionales, conmemoran el Día Mundial de la Libertad de prensa, el 3 de mayo de cada año, y se aproveche esa oportunidad para exigir a los estados nacionales que resuelvan esos casos.

21. Sugerir a la UNESCO que incluya el tema de los crímenes sin castigo contra periodistas en la agenda de 1999 año considerado a ser declarado “El año Internacional de la Cultura de la Paz”.

22. Exhortar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que resuelva las materias que le hayan sido sometidas relativas a la libertad de expresión y los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de sus funciones, enriqueciendo jurisprudencia sobre el tema de la libertad de expresión, del derecho del público a la información y la seguridad de los periodistas.

23. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya como tema de análisis de las visitas –in loco –y en sus informes generales de países el tema de la libertad de prensa y la situación de seguridad de los periodistas.

24. Exhortar a los Estados americanos para que prevean los recursos necesarios para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ejercer


sus funciones de protección de los derechos humanos, específicamente, en la tramitación de casos individuales que conciernen a asesinatos de periodistas. Requerir a los estados americanos a que provean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda la información relevante en su poder sobre casos de asesinatos de periodistas, dentro de los plazos legales previstos.

25. Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cree en el seno de esa institución una relatoría especial para la libertad de expresión y la situación de los periodistas y solicitar que prepare un informe especial sobre dichos temas y su actualización periódica.

26. Recomendar a las instancias multilaterales y bilaterales de cooperación internacional y asistencia financiera, que incorporen como condición específica de elegibilidad el pleno respeto a la libertad de expresión y la efectiva protección del ejercicio de la prensa libre en el país receptor. Asimismo, recomendar a estas instancias que la calificación de los asesinatos contra periodistas y la impunidad de sus responsables sea causal de revisión, suspensión o supresión de dicha cooperación. q

Resolución oficial adoptada por la UNESCO

12 de noviembre de 1997


29 C/DR.120. (Presentado por Uruguay, Colombia, Costa Rica, Alemania y México y apoyado por Belarús,Brasil,Canadá,Chile, Comoras, Ecuador, Federación de Rusia, Gabón, Haití, Panamá,

Paraguay, República Dominicana, Suiza, Ucrania y Venezuela), en su forma enmendada por Uruguay y Canadá.

La Conferencia General,

Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, En que se manifesta que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión »,

Ratificando que la libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las Personas y es esencial para la realización de todos los derechos enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos,

Recordando asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Africana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Teniendo presente la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de la Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1946,en que se afirma que la libertad de información Es un derecho fundamental y la Resolución 45/76 A de la Asamblea General del 11 de diciembre de 1990,sobre la información al servicio de la humanidad y la resolución 1997/27 de la Comisión de Derechos Humanos, relativa al derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Reafirmando que los derechos a la vida y a la libertad e integridad personales, el Derecho a la libertad y la seguridad de las personas, así como la libertad de expersión, constituyen derechos fundamentales de las personas reconocidos y garantizados por las convenciones e instrumentos internacionales,

Considerando:

1.El incremento de asesinatos contra periodistas en los últimos diez años como consecuencia del ejercicio de su profesión como ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales, y que la mayoría de esos crímenes permanece impune.

2.Como ejemplo que esa realidad en las Américas ha sido comprobada por la

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)a través de investigaciones realizadas en diversos países y por misiones especiales cumplidas;Atentos a que como consecuencia de la Conferencia Hemisférica «Crímenes

Sin Castigo Contra Periodistas », convocada por la SIP, varias organizaciones profesionales resolvieron iniciar acciones conjuntas para esclarecer los crímenes sin castigo contra periodistas,

Conscientes que el asesinato de periodistas va más all á del hecho de privarle de la vida a una persona, ya que presupone un cercenamiento de la libertad de expresión, con todo lo que ello significa como limitación a libertades y derechos de toda la sociedad.

Invita al Director General a:

(a)condenar el asesinato y toda violencia física contra periodistas como un crimen contra la sociedad porque con ello se cercena la libertad de expresión y como consecuencia los demás derechos y libertades enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos,

(b)demandar de las autoridades que cumplan con su deber de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y reparar sus consecuencias;

Pide a los Estados Miembros que adopten las medidas necesarias para poner en práctica las siguientes recomendaciones:

(a)que los gobiernos adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia,

(b)que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión,

(c)que se dicte legalmente que los responsables de los delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios deban ser juzgados en tribunales civiles y/o regulares. q

Resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Asamblea General2 de junio de 1998

Caracas, Venezuela

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA • MAPA DE RIESGOS PARA PERIODISTAS 211


ATENTADOS CONTRA EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y CRIMENES CONTRA PERIODISTAS

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA La solicitud del Secretario General en el sentido de incorporar a la agenda del vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General el tema “Crímenes contra periodistas “;

TENIENDO PRESENTE que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su Artículo 3, literal 1,establece como uno de sus principios que “Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”;

RECORDANDO:

Que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señala en su Artículo 1 que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”;

Que el Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”;

REAFIRMANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 4 establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”;

REITERANDO la plena vigencia que en toda sociedad democrática tiene la libertad de expresión, la que no debe estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores que surjan por los abusos de tal libertad, de acuerdo con las leyes internas que los Estados legítimamente hayan establecido para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, o la moral pública;

TENIENDO EN CUENTA que los Jefes de Estado y de Gobierno, durante la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago, Chile,en abril de 1998, manifestaron su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión;

CONSIDERANDO que durante la misma Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en Santiago, “la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión “; y

CONSIDERANDO que, entre otras, la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, celebrada en Guatemala en 1997, denunció que en los últimos años se ha venido atentando contra el derecho a la vida de profesionales de la comunicación en el ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

1. Condenar enérgicamente los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas.

2. Instar a los Estados miembros a que profundicen las medidas necesarias para que se investigue y se sanciones, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas.

3. Reiterar la contribución imprescindible que los medios de comunicación prestan en beneficio del fortalecimiento de los sistemas democráticos en el hemisferio.

4. Exhortar a los Estados miembros a conferir su apoyo a los trabajos de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión recientemente creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. Instruir al Consejo Permanente a estudiar la conveniencia de la elaboración de una Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión.

6. Solicitar al Consejo Permanente que informe oportunamente a la Asamblea General sobre el cumplimiento de esta resolución. q

Declaración de HermosilloHermosillo, Sonora, México

30 de agosto de 2005



Nosotros, directivos de periódicos mexicanos reunidos en el Encuentro de Editores de la Frontera Norte, atestiguamos con creciente alarma el número de asesinatos y agresiones cometidos contra periodistas,

especialmente en el norte del país. Muertes y desapariciones de hombres y mujeres de la prensa han colocado a México, durante los últimos meses, en el primer lugar entre los países del continente en este ominoso tema.

Nosotros, profesionales de la información, acompañados en este acto por colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa, agrupación hemisférica genuinamente preocupada por esta situación, determinamos alertar a la sociedad sobre el daño que esta violencia criminal causa en el clima de libertades en el país, especialmente en la más preciada de las libertades, de la que se nutren todas las demás: la libertad de expresión.

El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos periodistas; al sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, se expresa igualmente en un clima de intimidación que acalla múltiples voces, mutila a la sociedad sus mecanismos de convivencia e impone una muerte lenta a la libertad misma. No es solamente el derecho a la vida lo que resulta cancelado, sino el derecho a la expresión libres de las ideas y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Frente a este problema, el día de hoy hemos acordado una serie de acciones orientadas a defender nuestra misión profesional y a poner de manifiesto ante las comunidades a las que servimos, que cada voz silenciada de un periodista despoja a la sociedad de información clave para consolidar una nación más justa, más libre y verdaderamente democrática.

Este es el primer esfuerzo, igualmente, por hacer coincidir las voluntades de periódicos mexicanos bajo propósitos comunes, con apego a la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros. Deseamos mandar un mensaje en el sentido de que trabajaremos juntos en contra del crimen.

En tal inteligencia, acordamos: 1.- Exigimos a las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito federal como en

el estatal, esclarecer los crímenes cometidos contra periodistas en México. La impunidad es el mayor aliciente para que estos atentados se repitan. Este reclamo comprende, con toda firmeza, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que sumen sus capacidades en favor de crear mayores garantías en favor de la libertad de expresión. En este contexto, es preciso elevar a rango federal los crímenes contra los periodistas, y establecer la no prescripción de los mismos, por considerarlos altamente lesivos contra derechos humanos esenciales, no solamente del trabajador de la prensa afectado sino de la comunidad a la que éste sirve.

2.- Determinamos celebrar seminarios regionales para capacitación de periodistas y editores en la cobertura de asuntos de alto riesgo, así como promover entre los diversos sectores de nuestras comunidades la necesidad de defender la vigencia de las libertades y los derechos humanos.

3.- Decidimos integrar un equipo especial de reporteros de investigación para profundizar en las indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas

victimados. Nos comprometemos a que el producto del trabajo de este equipo especial será publicado en todos los diarios participantes en este esfuerzo.

4.- Impulsaremos en nuestras páginas campañas de educación pública en contra de la impunidad en los casos de periodistas victimados.

5.- Sumaremos a este Encuentro de Editores de la Frontera Norte reuniones similares en el Centro y en el Sur de la República, que alienten a la prensa mexicana en este mismo propósito. Haremos esfuerzos adicionales para sumar al mayor número de periódicos de todo el país. Convocaremos asimismo, a medios electrónicos (radio, televisión e internet) para apoyar esta iniciativa.q

Declaración de PucallpaPucallpa, Perú

20 de septiembre de 2005



El Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad, que suscribimos la presente declaración expresamos nuestra preocupación por los asesinatos cometidos contra periodistas en ejercicio de sus

funciones, en particular, el crimen del periodista Alberto Rivera Fernández, el cual aún no ha sido esclarecido plenamente.

Los directivos, editores, periodistas y profesionales de los medios de comunicación peruanos que nos adherimos a esta iniciativa, alertamos a la sociedad sobre el daño que esta violencia criminal causa en el clima de libertades en el país, especialmente en la libertad de expresión. Esta afecta no solo el derecho a la expresión libre de las ideas sino el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados.

Frente a esta situación, acordamos acciones orientadas a defender nuestra misión profesional y manifestar ante las comunidades a las que servimos, que cada voz silenciada de un periodista despoja a la sociedad de información clave para consolidar una nación más justa, más libre y democrática.

Asimismo, este es un primer esfuerzo para realizar tareas conjuntas con apego a la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros. Esto representa un claro mensaje de que unidos enfrentaremos los crímenes contra la prensa y la impunidad que los rodea.

Por lo expuesto y en concordancia con la Resolución 29 de la UNESCO, acordamos:

1.- Condenar el asesinato y declarar toda violencia física contra periodistas como un crimen contra la sociedad.

2.- Reclamar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público, las garantías necesarias para el ejercicio profesional y en especial el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas aún impunes.

3.- Solicitar al Congreso de la República que perfeccione la legislación para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de estos asesinatos y que adopte el principio de no prescripción de los crímenes contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión.

En el marco de lo expresado, los adherentes a esta declaración, nos comprometemos a:

1.- Integrar un equipo especializado de periodistas de investigación de los diferentes medios de comunicación para profundizar las denuncias periodísticas realizadas por los periodistas victimados, cuyo resultado publicaremos simultáneamente en los medios participantes.

2.- Organizar seminarios regionales para capacitación de periodistas y editores en la cobertura de asuntos de alto riesgo, ética y desarrollo profesional.

3.- Continuar impulsando en nuestros medios de comunicación campañas de educación pública en contra de los crímenes contra periodistas, la impunidad, y el valor de la libertad de expresión.

4.- Invitar a todos los periodistas, organizaciones de prensa y medios de comunicación a adherirse a la presente declaración. q

Conclusiones de Nuevo LaredoNuevo Laredo, Tamaulipas

27 de enero de 2006



Seminario “Narcotráfico: Investigación y Cobertura Noticiosa”Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de enero de 2006

El Seminario ratificó la preocupación por la incapacidad de las autoridades, en sus diversos niveles de gobierno, ante el avance del crimen organizado en el país en su conjunto, en la zona fronteriza en general y en el área de Nuevo

Laredo en particular.

El clima de violencia que genera esta situación encuentra entre sus principales víctimas a la libertad de los ciudadanos, especialmente a la libertad de expresión. Uno de los efectos más preocupantes de ello es una creciente autocensura de medios y periodistas.

Las diversas intervenciones de expositores y participantes en este seminario coinci-

dieron en subrayar el reclamo de que el Estado mexicano, con la participación de sus respectivos poderes, avance con mayor decisión en la procuración y administración de una justicia más expedita y eficaz, en la persecución de los crímenes contra pe-riodistas, y en la creación de nuevas leyes que protejan las libertades de prensa y expresión, como herramientas para el desarrollo de la sociedad.

El encuentro ratificó la exigencia expresada en la “Declaración de Hermosillo” a

favor de promover que los crímenes contra periodistas sean de carácter federal, la no prescripción de los mismos y el agravamiento de las penas en este tipo de delitos.

Asimismo, la reunión confirmó el inicio de tareas del “Proyecto Fénix”, que integrará

a periodistas de diversos diarios para el desarrollo de investigaciones respecto de colegas que fueron asesinados por el desempeño de sus tareas profesionales. El propósito de esta iniciativa es ejercer mayor presión sobre las autoridades asignadas a estos casos, profundizar en las indagaciones que las víctimas desarrollaban y arrojar luz sobre sus posibles victimarios.

El Seminario coincidió sobre los siguientes principios: * Es responsabilidad de los medios brindar mayores medidas de seguridad para

sus periodistas, así como mejores condiciones para el desarrollo de un periodismo independiente.

* Revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones físicas de las empresas

periodísticas, en beneficio de los periodistas y del resto de los trabajadores de estas compañías.

* Crear un mecanismo de coordinación con autoridades para mejorar la comuni-cación en materia de seguridad, tanto física como de atención en caso de coberturas especiales o de casos emergentes en situaciones de alto riesgo.

* Es obligación profesional y ética del periodista diseñar una estrategia personal para proteger su seguridad y su labor mediante los mecanismos pertinentes, depen-diendo de las circunstancias que enfrente. La literatura disponible, especialmente en internet, facilita esta tarea.

* Es deseable que medios y periodistas establezcan mecanismos de comunicación y solidaridad orientados a elevar la seguridad personal y profesional del gremio.

* El desarrollo profesional de los periodistas, y la prosperidad de las empresas del ramo, están ligados directamente a la permanente elevación de los estándares téc-nicos, laborales y éticos que observa el desempeño profesional. Es recomendable que medios y periodistas deliberen con mayor amplitud sobre los aspectos objetivos ligados a este proceso (capacitación, ética, salarios, condiciones laborales, manuales de redacción, códigos de ética, etc.).

* El colosal desafío que representa el crimen organizado en el país hace necesario

que medios y periodistas conozcan con mayor profundidad los temas ligados con este fenómeno, con el propósito de definir estrategias o códigos de comportamiento para su cobertura.

* Frente a esta necesidad, es recomendable estrechar la relación con organismos

internacionales defensores del trabajo periodístico. Ello puede derivar en la creación de asociaciones propias, locales o regionales, a favor de la libertad de prensa y ex-presión.

* Es responsabilidad de medios y periodistas alentar una mayor conciencia social

sobre la importancia de la libertad de expresión como un valor humano que no es patrimonio de los periodistas, sino un factor que promueve el bien común.

* La libertad de expresión no solo corresponde a los periodistas. La sociedad les ha

delegado una responsabilidad relevante en su desarrollo y protección. Los medios y periodistas deben ratificar cotidianamente su compromiso en este campo. q

Mapa de riesgos para periodistas

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