LOS SUSCRITOS, SENADORES INTEGRANTES DE LA LXII...

LOS SUSCRITOS, SENADORES INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CON BASE EN LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés del Estado Mexicano por inhibir las operaciones con recursos de

procedencia ilícita data, por lo menos, de 24 años atrás. Encontramos como

antecedentes destacados los que tuvieron verificativo en 1990, con la adición del

artículo 115 bis al Código Fiscal de la Federación, con la cual se reguló el delito de

operaciones con recursos de procedencia ilícita; en el año 1995, con las reformas

a las leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, General de Instituciones y

Sociedades Mutualistas de Seguros y la Federal de Instituciones de Fianzas, con

las que se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictar

disposiciones de carácter general para prevenir y detectar actos u operaciones con

recursos, derechos o bienes de procedencia ilícita, y en 1996, con la reforma a los

códigos Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la

República en Materia de Fuero Federal, Fiscal de la Federación, de Procedimientos

Penales para el Distrito Federal y Federal de Procedimientos Penales, en diversas

materias, entre ellas, prever en el artículo 400 Bis del ordenamiento penal federal,

el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En efecto, en 1996, el Congreso de la Unión analizó la Iniciativa que el Titular del

Ejecutivo Federal pusiera a su consideración, para, entre otros temas, regular el

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

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delito de “lavado de dinero” en el código penal sustantivo federal, habiendo

determinado realizar diversas modificaciones al proyecto presidencial, que se

resumen en lo siguiente:

Se cambia la denominación de “lavado de dinero” por “operaciones con recursos

de procedencia ilícita”.

Se modifica la definición típica contenida en la iniciativa, enfatizando la

intencionalidad del delito más que las acciones mismas, considerando que lo

que comúnmente se denomina lavado de dinero se constituye por actos en que

siendo ilegal la actividad origen del dinero, es disfrazado su origen o encubierta

su propiedad, con objeto de que éste aparezca como legítimo.

Se establece la pena de prisión de cinco a quince años de prisión en lugar de

tres a doce años propuestos en la iniciativa, igualmente respecto de la sanción

pecuniaria que se establece de 1000 a 5000 mil días multa en lugar de la

propuesta de 50 a 5 mil días multa.

Se contempla a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la

denuncia previa para proceder penalmente en el caso de conductas en que se

utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, así como el

ejercicio obligatorio de sus facultades de comprobación y denuncia cuando, al

ejercer las de fiscalización, encuentre elementos que hagan presumir la comisión

de delitos relacionados con servicios de instituciones del sistema financiero ya

mencionados, todo ello, atendiendo a la vigilancia y control que realiza la citada

Secretaría en materia financiera.

Se establece expresamente el carácter de delito grave para las operaciones con

recursos de procedencia ilícita.

En virtud de la reforma antes mencionada, se establecieron diversas conductas

como medios de comisión del delito conocido comúnmente como “lavado de dinero”,

así, las de adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en

garantía, invertir, transportar y transferir, al mismo tiempo que se contemplaron


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desde la perspectiva del dolo específico, las de ocultar, pretender ocultar, encubrir

e impedir.

En el ámbito internacional, destacan principalmente tres convenios suscritos por

México que abordan compromisos específicos para prevenir y combatir el lavado de

dinero: la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena), adoptada el 20

de diciembre de 1988 y aprobada por el Senado de la República el 30 de noviembre

de 1989; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional (Convención de Palermo), adoptada el 15 de noviembre de 2000 y

aprobada por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002, y la Convención

de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), adoptada el

31 de octubre de 2003 y aprobada por el Senado de la República el 29 de abril de

2004.

En el tema de que se trata, mediante las Convenciones de Viena y Mérida citadas,

los Estados Parte asumen el compromiso de tipificar en su orden jurídico interno el

delito del blanqueo del producto del delito. Por lo que respecta a la Convención de

Palermo, cada Estado Parte se compromete a establecer un catálogo de medidas

destinadas a combatir el denominado lavado de dinero, entre las cuales destacan

las de integrar un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los

bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros

órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles

de utilizarse para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas

de lavado de dinero, enfatizando la necesidad de adoptar medidas de identificación

del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones

sospechosas; aplicar, conjuntamente con otros Estados Parte, medidas viables

para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos

negociables, a fin de garantizar la circulación de capitales lícitos; así como

garantizar que las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero sean


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capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional,

señalándose la posibilidad de crear una instancia de inteligencia financiera nacional

que recopile, analice y difunda información sobre el lavado de dinero. Estos

antecedentes originaron, el 7 de mayo de 2004, la creación de la Unidad de

Inteligencia Financiera en nuestro país.

Igualmente en el plano internacional, el instrumento más extendido para prevenir y

combatir el lavado de dinero está constituido por las 40 recomendaciones de la

agrupación inter-gubernamental denominada Grupo de Acción Financiera (GAFI),

creadas en 1990 con la finalidad original de prevenir y combatir el uso indebido de

los sistemas financieros para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

En 1996 fueron revisadas por primera vez las 40 recomendaciones y su campo de

acción se extendió más allá de los recursos relacionados con el propio tráfico de

drogas; y en 2001, el GAFI incluyó nueve recomendaciones especiales sobre el

financiamiento del terrorismo. En el año de 2003, se llevó a cabo la segunda revisión

total de las recomendaciones, las cuales obtuvieron el aval de 180 países,

constituyéndose en el estándar internacional contra el lavado de dinero y el

financiamiento del terrorismo.

Se considera que los países como el nuestro, que se han incorporado al GAFI a

efecto de aplicar sus estándares, deben identificar, evaluar y entender los riesgos

del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a efecto de adoptar las

medidas para mitigar, combatir, inhibir y evitar dichos riesgos. Tales medidas, como

se mencionó, derivan de los estándares del GAFI, los cuales se integran por las

recomendaciones y las notas interpretativas cuya adopción está sujeta a los

procesos de evaluación mutua. En efecto, el cumplimiento de las recomendaciones

es objeto de una revisión constante, mediante un sistema de evaluación mutua a

cada uno de los miembros del GAFI, así como de los demás países que participan

a través de agrupaciones regionales, con la participación de organismos


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observadores, en los que se contempla al Fondo Monetario Internacional, al Banco

Mundial y a la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto fue que en agosto de 2010, el Ejecutivo Federal envió a la

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al

Terrorismo, que reforma el artículo 27 y adiciona el artículo 27 Bis, ambos del

Código Fiscal de la Federación, en la que se plantearon tres medidas básicas: “1)

restringir operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen

uno de los principales mecanismos de inversión de la delincuencia organizada, 2)

la generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas

y 3) la creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan

compartir cierta información con el objetivo de generar mejores estrategias para

combatir a la delincuencia.” En esta Iniciativa fueron propuestos un régimen de

restricciones a operaciones en efectivo y un régimen universal de reporte de

operaciones por parte de los sujetos obligados y la identificación de usuarios.

Entre abril y octubre de 2012, el H. Congreso de la Unión discutió en sus dos

Cámaras, la Iniciativa presidencial, juzgando pertinente realizar modificaciones a la

propuesta del Ejecutivo, mismas que pueden resumirse como sigue:

a) Ampliar el objeto de la ley, al considerar que no sólo se trata de establecer

medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que

involucren recursos de procedencia ilícita, sino que también se requiere establecer

los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos

de procedencia ilícita, los relacionados con éstos últimos y con las estructuras

financieras de las organizaciones delictivas para evitar el uso de los recursos para

su financiamiento, así como también para proteger la integridad de la economía

nacional y del sistema financiero.


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b) Establecerse con claridad el objeto y fin de la Ley, el cual consiste en debilitar las

estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los

recursos para su financiamiento. En este contexto se consideró innecesario referir

expresamente el delito de financiamiento al terrorismo tanto nacional como

internacional, dado que estaría comprendido dentro del género ampliado por el H.

Congreso de la Unión.

c) Se modificó sustancialmente el enfoque de la Iniciativa, encaminado a los “sujetos

obligados” originalmente, para hacerlo residir entonces en las actividades

vulnerables, considerando dicha vulnerabilidad en función de que, en principio, las

actividades lícitas realizadas por determinados actores económicos, con ciertas

frecuencia son operaciones de lavado de dinero realizadas por las organizaciones

criminales, en su afán de introducir en la economía formal los recursos que genera

su actividad ilícita.

d) Se modificó sustancialmente el catálogo de actos y operaciones que la iniciativa

pretendía sujetar al régimen de reporte, para sustituirlo por uno nuevo, centrado

sólo en aquellas actividades que por su naturaleza puedan ser las más vulnerables

de involucrarse en esquemas de lavado de dinero.

e) A diferencia de lo propuesto en la Iniciativa, en cuanto a que los montos de las

operaciones fueran determinados en reglamento, el Congreso Federal optó porque

fuera la propia Ley el instrumento normativo que determine tanto los actos u

operaciones como los montos de éstos que den lugar a la presentación de avisos a

la autoridad.

f) Finalmente, en consonancia con la iniciativa, el H. Congreso de la Unión

estableció un régimen especial para restringir pagos con dinero en efectivo en

determinadas operaciones relativas a activos considerados de alto valor, estimando

necesario modificar los montos previstos en la iniciativa original, a fin de que la

medida afectase operaciones de cuantía mayor, y se disminuya su impacto en

operaciones que por su cuantía no resultan atractivas para los esquemas de lavado

de dinero.


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El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita.

El año siguiente, el 16 de agosto de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la

Federación el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ordenamiento que desarrolla

diversas disposiciones de la ley, destacando las siguientes:

a) Detalla las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, tendientes a la aplicación de la ley, entre ellas, la de

interpretación de la misma y del propio reglamento, el requerimiento de información,

datos y documentos a quienes realicen actividades vulnerables y la determinación

de medios de cumplimiento alternativos.

b) Determina con detalle el contenido de las Reglas de Carácter General que

corresponde expedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c) Explicita conceptos involucrados en la definición legal de las actividades

vulnerables.

Una semana después, el 23 de agosto de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de

la Federación el Acuerdo 02/2013 por el que el Secretario de Hacienda y Crédito

Público emite las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Mediante éstas se establecen las formas y los procedimientos así como los términos

y modalidades, conforme a los cuales, quienes realicen actividades vulnerables,

deben identificar a los usuarios y proporcionar los avisos a que la ley obliga. Estas

reglas fueron modificadas por el Acuerdo 09/2014 del Secretario de Hacienda y

Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de

2014.


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En suma, es dable afirmar que a la fecha, el Estado Mexicano ha cumplido con los

compromisos internacionales asumidos para prevenir y combatir los delitos que han

servido para financiar la operación de las organizaciones criminales: se ha tipificado

el delito de lavado de dinero; se han definido las actividades vulnerables

susceptibles de ser utilizadas en la realización de operaciones de lavado de dinero;

se han prescrito medidas preventivas como la identificación de usuarios y la entrega

de avisos a las autoridades financieras nacionales respecto de actividades

vulnerables y se han establecido instancias específicas para el acopio de

información e investigación de los delitos que pudieren cometerse y señalado los

requisitos específicos que deben cumplir sus integrantes para ingresar y

permanecer en ellas.

Para esta Soberanía constituye un principio básico el reconocimiento de la

necesidad de revisar constantemente el marco jurídico nacional y proceder a su

adecuación y actualización, si ello se hace exigible por la detección de nuevas

circunstancias, su conocimiento y el objetivo del mayor y mejor cumplimiento por los

gobernados.

Al tiempo de reconocer el avance que significa la Ley Federal para la Prevención e

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debe también

reconocerse que su instrumentación ha generado impacto en diversos sectores

productivos y de servicios, cuyas operaciones al ser conceptuadas como

actividades vulnerables, les ha llevado a la implementación de nuevos esquemas

tanto de organización y administración como de operación, a los que además se

suma el consecuente gasto adicional, necesario todo ello para satisfacer las

exigencias impuestas por este ordenamiento, pero también perfectible, en orden a

reconocer la diversidad de circunstancias y los distintos niveles de operación, dentro

de un mismo sector.


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Debe destacarse que la opción adoptada por el congreso, en concordancia con las

mejores prácticas internacionales y con base en las recomendaciones de GAFI,

hacen de las actividades identificadas como vulnerables, constituyan una

plataforma especial para la identificación de las operaciones con recursos de

procedencia ilícita. A quienes desarrollan estas actividades, la ley los hace

copartícipes en la recuperación de información, mediante el registro de los usuarios

de sus servicios o bienes y a través de la elaboración del aviso respectivo a la

autoridad cuando se alcance los umbrales de gasto establecidos por las

disposiciones.

Quienes suscribimos la presente Iniciativa, hemos intercambiado opiniones y puntos

de vista con representantes tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

como con los de sectores identificados como vulnerables, entre ellos, el automotriz,

el joyero, el inmobiliario, el de asistencia privada y con quienes desarrollan la función

notarial, entre otros. Todos ellos han aportado sus experiencias e inquietudes con

motivo de las responsabilidades operativas que representa el cumplimiento de la ley

de que se trata, y han puesto sobre la mesa, las particularidades señaladas por sus

integrantes acerca del tema que nos ocupa. Por una parte, han señalado los

compromisos operativos que han debido asumir, a su cargo, respecto del registro

de operaciones, identificación de clientes y la eventual elaboración de avisos a la

autoridad. Por la otra, han enfatizado lo que consideran una inequitativa afectación

entre sus miembros en razón de la diferencia fáctica en cantidades y montos de

operaciones que celebran los mismos, entre otros factores. El impacto es generado

básicamente por los umbrales determinados legalmente para la identificación de

usuarios y la generación de avisos a las autoridades financieras, cantidades que,

en su opinión, debieran estar sujetas a un procedimiento de actualización y

valoración cuando no representen información significativa para el propósito que se

persigue.


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Además, esta labor ha resultado en la articulación positiva de los intereses diversos

en el tema, lográndose los acuerdos indispensables para resolver las inquietudes

que se han mencionado en el marco transparente de la participación y el diálogo

libre, activo, decidido y responsable de la ciudadanía con la autoridad, que hemos

de seguir buscando se exprese de manera cotidiana en nuestro desempeño.

Por otra parte, sabemos que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, ha venido trabajando e intercambiando puntos de vista

también con diversos sectores respecto a varios temas de la ley, fundamentalmente

en aquellos que tienen que ver con las medidas y procedimientos para facilitar el

cumplimiento de la misma y que están contenidos en las modificaciones a las

Reglas de Carácter General que emitió la propia dependencia.

En los trabajos tanto de los integrantes de esta H. Cámara de Senadores que

suscribimos la Iniciativa que hoy se somete a su Consideración, como en los de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los representantes y miembros de

diversos sectores, destaca la asunción de la responsabilidad compartida en el

desarrollo nacional. De esta forma, se han sostenido reuniones con las autoridades

responsables de aplicar la ley de que se trata y, también, un diálogo con diversos

sectores de la sociedad; éstos en tanto ciudadanos conscientes de su

responsabilidad en los delicados temas que implica la eficacia de la ley que se

plantea adecuar.

Es de señalarse los dos foros de consulta que se llevaron a cabo en la Cámara de

Diputados con motivo de analizar la implementación de la ley contra el lavado de

dinero, celebrados en noviembre de 2014, en donde participaron el Colegio Nacional

de Notariado Mexicano, La Unidad de Inteligencia Financiera de la SH y CP, del

Instituto Mexicano de Contados Públicos, de la Unidad de Análisis Financiero de la

PGR, de la Dirección General de Agentes Aduanales, así como académicos de la

Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de


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México y de la Universidad Panamericana. Los foros fueron organizados por el

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Sin duda, el propósito que prevalece en la presente iniciativa es el de fortalecer las

medidas de seguridad para la sociedad y la seguridad jurídica de los operadores de

las actividades vulnerables, pues, indudablemente, se trata de un proceso que

requiere de la colaboración de muchos actores e instituciones y de una

comunicación fluida y eficaz, a efecto de lograr el propósito de diseñar las reformas

que, consideramos, nuestro país requiere.

Tenemos la certeza de que con los planteamientos de la Iniciativa, desde la

perspectiva de mejora de la regulación, de simplificación de la normatividad, se

eliminarán obstáculos de operación en algunos sectores, lo que contribuirá a

fortalecer su potencial económico.

Aunado a lo anterior, se debe poner especial atención en el propósito original de la

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita, como un instrumento para incrementar la eficacia del Estado

Mexicano en la prevención y lucha contra el lavado de dinero. Para ello, resulta

necesario hacer énfasis en la efectividad de los mecanismos que dicha Ley prevé

para lograr ese propósito. Al respecto, de acuerdo con lo señalado por GAFI, en un

contexto de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,

la efectividad es la medida en la que los sistemas financieros y las economías

mitigan los riesgos y amenazas de dichos fenómenos y, en particular, esto puede

darse en relación con el resultado esperado de una ley determinada o la

implementación de una serie específica de medidas para mitigar los riesgos

relacionados con dichos fenómenos.

Sin embargo, tal como lo establecen las notas interpretativas, la presente iniciativa

toma como punto de partida el enfoque de riesgo señalado por GAFI, es decir, hacer


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una valoración de la aplicación de la ley a poco más de un año y medio de su entrada

en vigor, con un enfoque que posibilite que las actividades profesionales designadas

como vulnerables sean consideradas de manera proporcional a los riesgos

identificados por la sociedad. Se trata de que los dispositivos diseñados por la ley,

centren su atención ahí en donde se considera que los riesgos son mayores para

que las disposiciones puedan aplicarse con mayor eficacia, posibilitando que los

sectores económicos operen con una carga proporcional en cuanto a las

obligaciones que les impone la ley.

Al fijar umbrales equilibrados de identificación y de aviso en las actividades no

financieras consideradas como vulnerables se logran dos propósitos: posibilitar a la

autoridad centrarse en las operaciones más sensibles en cuanto al blanqueo de

capitales y, por la otra, facilitar la operación de las personas físicas y morales cuyas

actividades profesionales están relacionadas con las actividades vulnerables. El

Grupo de Acción Financiera, GAFI, señala claramente en sus recomendaciones que

“No existen metodologías aceptadas universalmente que establezcan la naturaleza

y el alcance de un enfoque basado en el riesgo. Sin embargo, un enfoque basado

en el riesgo eficaz debe identificar y categorizar los riesgos de lavado de activos y

el establecimiento de controles razonables basados en los riesgos identificados”.

Existen casos muy evidentes sobre la necesidad de ajustar los montos. Las casas

de subastas de obras de arte ahora son sustituidas por las subastadoras de Estados

Unidos, porque en ese país las empresas corredoras de arte, no están sujetas a

dispositivos de identificación de sus compradores ni de aviso a la autoridad; esto ha

implicado la salida de obra mexicana significativa que, incluso, después regresa al

país una vez hecha la operación comercial de traslado de dominio. En el caso de

los automóviles, el asunto es muy evidente, pues el monto de identificación apenas

alcanza para autos que no pagan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en

el Distrito Federal y el monto de umbral de aviso a la autoridad no se sitúa entre lo

que comúnmente se considera un automóvil de lujo.


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Con base en estas consideraciones, es comúnmente aceptado el hecho que la

efectividad del sistema de prevención y combate al lavado de dinero no se da en

función del volumen de información aportada por las instituciones financieras y

demás agentes económicos y profesionistas considerados vulnerables. Por el

contrario, se corre el riesgo de imponer un costo innecesario para la sociedad si se

le obliga a llevar a cabo actividades e implementar sistemas tecnológicos para

proveer información que, al final de cuentas, no produce los efectos que la política

pública busca lograr con dichas actividades.

En este sentido, es imprescindible hacer una evaluación de la efectividad que la

información proporcionada por los sujetos de la Ley objeto de esta iniciativa ha

alcanzado para dichos propósitos. Para esta evaluación, debe verse el número de

casos judiciales y de investigación llevados por las autoridades a partir de dicha

información.

De acuerdo con lo anterior, los que suscribimos esta Iniciativa, con base en la

información proporcionada por las autoridades responsables de la prevención y el

combate al lavado de dinero, concluimos que resulta conveniente revisar los

umbrales establecidos en la Ley que nos ocupa sobre los montos de las operaciones

reguladas por dicha Ley que detonan las obligaciones que esta misma impone a los

involucrados, con el consecuente costo social antes señalado. Para esta

evaluación, se debe atender a dos aspectos: por una parte, los umbrales

reconocidos por los estándares internaciones respecto de determinadas actividades

de sujetos específicos y, por la otra parte, las características de las actividades

realizadas en el país, en relación con la forma en que opera nuestra economía y los

montos de las transacciones realizadas en ella.

A la luz del planteamiento descrito, quienes suscribimos esta Iniciativa, estamos

convencidos que con ella no sólo se fortalecen la prevención y contención, sino que


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al reforzar la generación de inteligencia, que permite se promuevan mejores

esquemas de coordinación entre autoridades, además se perfeccionarán otros

instrumentos del Estado que contribuirán a dar una respuesta adecuada a los

riesgos que se enfrentan en las actuales circunstancias del país.

Es así que hemos asumido la necesidad de proponer modificaciones a la ley de que

se trata, con la finalidad principal de modificar precisamente los montos previstos

en la actual norma, de manera que las nuevas determinaciones legales contribuyan

a hacerla más eficaz. Se trata, en suma, de adecuarla en mayor medida a las

recomendaciones del GAFI y también de ajustarla para que responda

adecuadamente a las condiciones operativas de los sujetos obligados, todo ello, con

el propósito final de que todos los involucrados, Estado y gobernados, sigan uniendo

sus esfuerzos en torno al debilitamiento de las estructuras financieras de las

organizaciones delictivas, y con ello, impidiendo el uso de recursos para su

financiamiento.

En este orden, la intención de la iniciativa que hoy sometemos a su alta

consideración, es atender las circunstancias particulares que realmente inciden en

la vulnerabilidad de ciertas actividades frente al objetivo de las organizaciones

criminales, consistente en introducir en la economía formal recursos generados por

su actividad ilícita; igualmente, se formulan precisiones respecto de algunos

términos y expresiones que han generado confusión entre quienes están obligados

a la identificación y generación de avisos, y por otra parte, también se atiende la

obligación de preservar el sistema federal, respetando la competencia de

autoridades locales y municipales, frente a las autoridades federales encargadas de

la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones

con Recursos de Procedencia Ilícita.

Adicionalmente, en el análisis de los contenidos de la ley, se proponen una serie de

adecuaciones necesarias para fortalecer el esquema de prevención e identificación


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de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tales como la inclusión de la

figura de fideicomisos cuando su objeto esté relacionado con actividades

vulnerables, señalar a la autoridad responsable de la interpretación de la ley para

efectos administrativos, precisiones sobre la relación de las autoridades federales

con las autoridades de los estados y municipios con pleno respeto a sus

atribuciones, los requisitos que deberán tener los servidores públicos a cargo de la

administración de la información relacionada con los propósitos de la ley, así como

la revisión de algunas de las definiciones contenidas en la ley, entre otras.

En ese contexto, se proponen:

I. La reforma de la fracción VI del artículo 3.

El artículo contiene la definición de una serie de conceptos, entre ellos, el de

“Entidades Financieras”, respecto al cual se propone agregar como tales a

las reguladas por los artículos 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores que

trata de los Asesores de Inversiones y 60 de la Ley Orgánica de la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. También

se adecua la denominación de la Ley de Fondos de Inversión.

II. La reforma de la fracción XII del artículo 3.

En relación al concepto de “Relación de negocios”, por una parte se propone

sustituir el calificativo “cotidiano” por el de “habitual” para identificar así a las

que se establecen de manera formal entre quienes realizan una actividad

vulnerable y sus clientes.

Así, quedará claro que una relación de negocios es la que se establece de

manera formal y habitual, más que cotidiana, toda vez que cotidianeidad hace

referencia a la realización diaria de actividades, en tanto que la habitualidad,

no siendo diaria, alude a una continuidad.


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III. La adición de la referencia, dentro de la misma fracción XII del artículo 3,

relativa al concepto de “Relación de negocios”, como exclusión al mismo, de

los casos de prestación de servicios de fe pública que realizan los Notarios,

Corredores Públicos y algunos servidores públicos en el ejercicio de sus

funciones, dado que se trata de la prestación de un servicio en ejercicio de

una función delegada por la autoridad competente.

IV. La adición de una fracción II Bis al artículo 4.

Se propone incluir como un ordenamiento supletorio en tercer lugar de la ley

de cuya reforma se trata, a la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito, en virtud de que sus disposiciones regulan diversos aspectos de las

actividades que esta ley determina como vulnerables.

V. La reforma al artículo 5.

El planteamiento de modificación del texto está dirigido a precisar que la

facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la ley de

que se trata y su Reglamento, es la de interpretar las disposiciones de tales

ordenamientos para efectos administrativos, e incluir en ellos a las Reglas de

Carácter General.

VI. La adición de una fracción I Bis al artículo 6.

La propuesta es incluir la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público para establecer requisitos de alta y registro en el sistema electrónico

que concentra los avisos de quienes realizan actividades vulnerables y las

entidades colegiadas a que se refiere la propia ley, y la consecuente para

recibir y administrar la información de los trámites, de manera que se da así

sustento legal a la actividad práctica de la dependencia, que en cuanto

gestora de diversa información proveniente también de diversas fuentes, es

la instancia natural para simplificar y dar eficacia a los sistemas de

información respectivos.


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VII. Adición al tercer párrafo del artículo 7

Se añade a las medidas y técnicas de investigación las incluidas en el Código

Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de su reciente entrada en

vigor, en marzo de 2014, y la entrada en vigor del mismo instrumento en

diferentes entidades federativas

VIII. La reforma a la fracción VIII del artículo 8.

Este planeamiento obedece a la necesidad de ajustar la actuación de los

diferentes niveles de gobierno a las vías ya existentes para garantizar el

respeto al ámbito competencia, de manera que se estima necesario precisar

que la consulta a las bases de datos en poder de autoridades federales,

estatales y municipales, por parte de la Unidad Especializada en Análisis

Financiero de la Procuraduría General de la República, sólo podrá hacerse

una vez que sea suscrito el convenio para ese efecto.

IX. Se agrega a la previsión de la fracción XI del mencionado artículo 8, la

relativa a la celebración de convenios para que, la Unidad Especializada en

Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, acceda no

sólo a la información contenida en los registros públicos de la propiedad de

las entidades federativas, sino también al de las Oficinas de Catastro de los

municipios.

Se estima necesaria esta ampliación del objeto de los convenios ya que como

es del dominio público, la información de los registros catastrales no siempre

se encuentra reflejada en los registros públicos de la propiedad, generado en

ocasiones por la tardanza en los trámites de inscripción o bien porque la

actualización de la titularidad catastral no es un requisito para las

inscripciones o anotaciones registrales.


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X. Se modifican mediante algunas precisiones terminológicas y de ubicación en

la propia ley, las disposiciones contenidas en la fracción III del artículo 9 y en

el artículo 10.

En el artículo 9 que se refiere a los requisitos de ingreso y selección de los

servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Análisis

Financiero de la Procuraduría General de la República, adicionales a los

previstos en la ley orgánica de la mencionada Procuraduría, en la fracción III,

que trata de no haber sido sancionado con suspensión, destitución o

inhabilitación por resolución firme. Se incorpora el supuesto de los

sentenciados por delito doloso y se precisa que la hipótesis primero

mencionada de impedimento por suspensión e inhabilitación se refiera a

empleo, cargo o comisión en el servicio público y la de destitución o remoción

se aplique a tales empleo, cargo o comisión públicos así como a los privados.

En el artículo 10 relativo a los requisitos que debe cumplir el personal de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tenga acceso a la base de

datos que concentre los Avisos relacionados con las Actividades

Vulnerables, se sustituye la expresión “precisados en las fracciones del

artículo anterior” por la mención expresa en tres fracciones, de tales

requisitos, relativos a la acreditación de experiencia de al menos 3 años en

los temas de la ley o de cursos de especialización en los temas de la ley o

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la aprobación de

procesos de evaluación inicial y periódica así como a la no sanción por delito

doloso mediante resolución firme y el no haber sido sujeto de suspensión,

inhabilitación ni destitución de empleos o cargos públicos o privados.

XI. Se reforma el artículo 14.

La propuesta se dirige a la precisión del régimen de los fideicomisos cuyo

objeto esté relacionado con la realización de cualquiera de las actividades

que la ley considera vulnerables, para excluirlos expresamente del régimen

de las entidades financieras y remitirlos al régimen general de la ley de que


19

se trata. A nivel internacional se ha establecido un sistema integral que tiene

como principal objetivo combatir el lavado de dinero y el financiamiento al

terrorismo, para ello el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha

emitido diversos estándares internacionales en la materia; entre los que se

encuentran la Recomendación 25 que establece que los países miembros de

dicho organismo deben prevenir el uso indebido de estructuras jurídicas

lícitas pero vulnerables de ser utilizadas para fines ilícitos, tal como podría

suceder en el caso de los Fideicomisos.

Por lo anterior, y atendiendo a la trascendencia de la utilización de los

fideicomisos en el desarrollo económico mexicano, y tratándose figuras a

través de las cuales se realizan actividades que a nivel internacional se han

considerado como vulnerables, es que se debe establecer un régimen

suficientemente robusto para asegurar que en el uso de esta figura jurídica

no estén involucrados recursos de procedencia ilícita.

XII. La reforma a la fracción l del artículo 15.

En congruencia con la modificación al concepto de Entidades Financieras

que se plantea para el artículo 3, fracción VII, en esta disposición relativa a

las obligaciones de las entidades financieras, se agregan las previstas en los

artículos 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores y 60 de la Ley Orgánica

de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero y también, como en el concepto mencionado, se adecua la

denominación de la Ley de Fondos de Inversión.

XIII. La reforma del artículo 16.

Para preservar la congruencia en la regulación de las entidades financieras

que prevén órganos especializados para la vigilancia de tales entidades, se

propone excluir la mención al Servicio de Administración Tributaria de la

previsión relativa a la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento

de obligaciones en la materia de la ley de que se trata.


20

XIV. Se proponen adecuaciones a diversas fracciones del artículo 17, a efecto de

que la identificación de clientes o usuarios y la generación de avisos por parte

de quienes realicen actividades vulnerables, constituya una medida

adecuada de prevención e inhibición de conductas delictivas vinculadas con

el lavado de dinero, considerando para ello montos de las operaciones que

se realicen, más cercanos a la realidad y que pudieran considerase

relevantes en orden al objeto de la ley, como sigue:

A. Se propone reformar la fracción I, relativa a juegos con apuesta,

concursos y sorteos, con la finalidad de incrementar de 325 ($22,782) a

645 ($45,214) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal el

monto de las operaciones en que sea obligatorio identificar al usuario, y

para los casos de generación de aviso, el incremento seria de 645

($45,214) a 1290 ($90,429), manteniendo la relación porcentual de la

previsión hasta ahora vigente para el rango entre los montos de

identificación y de aviso, respectivamente.

El monto que se plantea con la reforma es más cercano a los parámetros

determinados en la Nota Interpretativa de las Recomendación 22 del

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece el umbral

de identificación y verificación de identidad este tipo de operaciones en

3,000 USD. El aumento del umbral de identificación propuesto obedece

al hecho de que a nivel nacional se ha incrementado la práctica de juegos,

concursos o sorteos, por lo que se hace necesario enfocar el análisis y

seguimiento de aquéllas operaciones que se realicen por montos

superiores a los promedios o habituales en el sector. Asimismo, se

mantiene la relación porcentual de la previsión hasta ahora vigente para

el rango entre los montos de identificación y aviso, de tal forma que el

monto para que sea objeto de aviso sea el doble del monto que se

estableció para que sea objeto de identificación.


21

B. Se precisa en la fracción II, el supuesto normativo de las tarjetas de

servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que

constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario no

emitidas ni comercializadas por entidades financieras, para aludir a la

emisión o comercialización, de carácter habitual y profesional de las

mismas, agregando al caso de la comercialización de las tarjetas

prepagadas, el del abono de recursos a las mismas.

Asimismo, para conservar la congruencia de la ley entre los montos que

se prevén para identificación o para aviso, se ajusta el relativo al aviso,

de manera que éste se dé cuando la operación sea por el doble del monto

previsto para la identificación en el caso de tarjetas prepagadas. El

propósito de la modificación es tomar en cuenta el uso cotidiano que ha

adquirido este instrumento en diferentes sectores de la población, que

incluye a aquellos cuyos montos que no representan riesgo. No obstante,

si se regulan aquellas que se considera necesario regular en virtud de su

monto y que, efectivamente, puedan representar una probable amenaza

para la economía del país en caso de estar relacionados con recursos de

procedencia ilícita. El incremento propuesto al monto para las

operaciones de tarjetas prepagas sean objeto de Aviso se duplicó,

considerando la relación porcentual prevista en las demás Actividades

Vulnerables.

C. En la fracción III que trata de los cheques de viajero, se precisa el

supuesto de actividad vulnerable y se refiere así a la emisión y

comercialización, habitual y profesional de los mismos, incorporando

como supuesto de identificación cuando la operación sea por una

cantidad igual o superior al equivalente a 645 ($45,214) veces el salario

mínimo vigente en el Distrito Federal y consecuente con la incorporación

mencionada, se plantea modificar el monto de los casos de aviso para

pasar de 645 ($45,214) veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal, a 1290 ($90,429) veces el salario citado. En la ley vigente, en el


22

caso de los cheques de viajero, no se había establecido un monto de

identificación, por lo que todas las operaciones eran objeto de

acumulación independientemente de su monto, lo que originó que la

autoridad recibiera información de operaciones cuyo monto fuera

irrelevante para el objeto de la Ley. Al igual que en los casos anteriores,

se duplica el monto para los efectos del aviso.

D. Respecto de la fracción IV del citado artículo 17, relativa a operaciones

de mutuo o de garantía u otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin

garantía, por sujetos distintos a las Entidades Financieras, se plantean

dos modificaciones. La primera para precisar el supuesto de la actividad

vulnerable de modo que se sustituye el ofrecimiento habitual o profesional

de este tipo de operaciones por la celebración habitual y profesional,

incorporándose el equivalente a 805 ($56,430) veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal como monto a partir del cual será obligación

identificar al usuario o cliente, conservando la cantidad equivalente a

1605 ($112,510) veces el salario citado, a partir de la cual debe darse

aviso de la operación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El

otorgamiento de actos de mutuo o crédito es una práctica común en la

economía del país, por lo cual se considera necesario establecer

parámetros que permitan recibir sólo información relevante para el

estudio de posibles conductas riesgosas. Actualmente se identifican

todas las operaciones, por lo que se propone establecer un umbral de

identificación.

E. La fracción V del artículo 17 regula operaciones relacionadas con la

construcción y desarrollo de inmuebles, así como las de intermediación

en la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre los

mismos cuando se involucran operaciones de compra o venta de tales

bienes. En este caso se propone modificar el concepto de la actividad

vulnerable, para referir en lugar de la prestación de servicios, a la

realización habitual y profesional de las actividades arriba citadas.


23

De la misma forma y para incidir en operaciones de valor significativo a

los fines de la ley de que se trata y eliminar el aviso de operaciones

respecto de las denominadas viviendas de interés social, cuyo valor oscila

entre 15 y 30 veces el salario mínimo anual del Distrito Federal ($378,540

y $757,080) , y las cuales ya cuentan con procedimientos administrativos

suficientes para identificar el origen de los recursos. En este sentido, se

propone incrementar el monto de las operaciones respecto de las cuales

se tiene obligación de proporcionar aviso que representen, por su monto,

un mayor riesgo de que sus recursos provengan de operaciones ilícitas.

De este modo se propone fijar el aviso cuando la operación sea por una

cantidad igual o superior a 16 000 ($1’121,600) veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal.

F. Con la finalidad de lograr congruencia normativa, en el mismo sentido

arriba anotado, se propone reformar la fracción I del artículo 32, relativa

a la prohibición de realizar pagos en efectivo en transmisiones de

derechos reales, con el incremento propuesto, se pasaría de 8025

($562,552.50) a 16000 ($1’121,600) veces el salario mínimo diario


G. Para la fracción VI del artículo 17 se plantea precisar el supuesto de la

actividad vulnerable, para quedar como tal el de la comercialización

habitual y profesional de metales preciosos y piedras preciosas, joyas o

relojes. Asimismo, se estima conveniente adecuarlo a la realidad, con la

finalidad de no entorpecer la actividad económica de que se trata,

considerando que los miembros del mismo sector productivo realizan

operaciones por montos diferenciados, cuyo importe según el volumen,

se acostumbra pagar en efectivo o a través de los mecanismos del

sistema financiero.

Es menester reconocer que, para la determinación de los rangos de

identificación y de aviso, se tomó en cuenta que, en numerosos casos,

intervienen las instituciones del sistema financiero y no solamente el


24

Banco de México. Asimismo se estima adecuado tomar en cuenta para

este tema, la determinación de $15,000 dólares U.S.A. como umbral para

las transacciones en efectivo que se hace en la Nota Interpretativa de la

Recomendación 22 y 23 del GAFI. Cabe destacar que la propuesta de

incremento está alineado al establecido por la Recomendación 22 y 23

del GAFI y, para conservar la proporción del 50%, se propone incrementar

también el umbral de Aviso.

Por ello es que se estima necesario plantear el incremento de 805

($56,430.50) a 2410 ($168,941) veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal al monto las operaciones en que deba identificarse al

usuario; y por otra parte, incrementar de 1605 ($112,510.50) a 4815

($337,531.50) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el

monto de las operaciones en que deba darse aviso, a efecto de mantener

la relación del 50% con el rango que contempla la disposición hasta ahora

vigente. El incremento propuesto se compensa con el hecho de que no

sólo las operaciones realizadas en efectivo serán objeto de Aviso, sino

también las que utilicen cualquier otro medio de pago.

H. En cuanto a la fracción VII se precisa que la actividad vulnerable en

cuanto a la subasta o comercialización de obras de arte, es la que se

realiza de manera habitual y de forma profesional.

I. Respecto a la fracción VIII del artículo 17 en comento, que trata de la

comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, sean

aéreos, marítimos o terrestres, la Iniciativa plantea modificar en primer

término el concepto de la actividad vulnerable y al efecto se precisa que

será tal cuando se realice de manera habitual y profesional al público en

general, asimismo, en congruencia con las propuestas formuladas al

artículo 32 del pago en efectivo, se incrementa el monto del límite de

identificación del cliente o usuario, que pasaría de un valor igual o superior

al equivalente a 3210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito


25

Federal ($225,021) a 3800 veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal ($266,380).

En consecuencia y para conservar la proporción actual entre los montos

de las operaciones en que se debe identificar al cliente o usuario o, bien,

dar aviso a la Secretaría, para este segundo supuesto, el límite a partir

del cual deberá darse el citado aviso pasaría de una cantidad igual o

superior al equivalente a 6420 veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal ($450,042) al equivalente a 7600 veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal ($532,760).

J. En la fracción IX también se propone la modificación que se ha

mencionado para otras fracciones del propio artículo 17 en comento, en

el sentido de precisar que la actividad vulnerable, en cuanto a los servicios

de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados así como de bienes

inmuebles, es la prestación habitual y profesional de tales servicios.

K. La propuesta respecto a la fracción X del artículo 17, relativa a la

prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, es

también precisar que la actividad vulnerable, como aquella que se realiza

de manera habitual y profesional, y agregar como excepción además de

aquellos en que interviene el Banco de México y las instituciones

dedicadas al depósito de valores, los realizados con Entidades

Financieras para su operación interna, en los términos que determina la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante Reglas de Carácter

General.

L. Respeto de la fracción XII del citado artículo 17, que trata de las

actividades de fedatarios públicos, se plantean adecuaciones en sus tres

Apartados.

En el apartado A que trata de las actividades de Notarios Públicos, se

plantea precisar el inciso d), referido a la constitución o modificación de

fideicomisos, suprimiendo por innecesarias las calificaciones del


26

supuesto de identificación relativas a tratarse fideicomisos traslativos de

dominio o de garantía sobre inmuebles.

Respecto al inciso e), se propone incluir límites a las operaciones en que

se deba identificar a clientes o usuarios y dar aviso de las mismas a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de modo que la autoridad

acceda a información relevante en orden al propósito de la ley que se

plantea modificar, para los casos de mutuo u otorgamiento de crédito si

el acreedor no forma parte del sistema financiero o no es un organismo

público de vivienda, así, se identificará, cuando por estas operaciones se

pone a disposición del acreditado una cantidad igual o superior al

equivalente a 645 ($45,214.50) veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal, y se dará aviso a la Secretaría citada si el monto es igual

o superior a 1290 ($90,429) veces el salario referido.

En el apartado B, de los Corredores Públicos, se plantea precisar en el

inciso c) relativo a la constitución o modificación de fideicomisos, la

salvedad de aquellos que se constituyan para garantizar algún crédito a

favor de instituciones del sistema financiero.

Respecto del inciso d) relativo a los contratos de muto mercantil o créditos

mercantiles si el acreedor no forma parte del sistema financiero, se

propone precisar como actividad vulnerable los casos en que se pone a

disposición del acreditado una cantidad igual o superior al equivalente a

645 ($ 45,214.50) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Respecto del apartado C de la fracción XII del artículo 17, se consideran

los actos de fe pública a cargo de servidores públicos que, en el ejercicio

de sus atribuciones, inciden sobre la transmisión o constitución de

derechos reales sobre inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos

de administración irrevocables o la realización de avalúos sobre bienes.

Resulta imprescindible determinar el catálogo de actos que se encuentran

sujetos a las disposiciones de la ley, ya que los mismos generan

información relevante para el cumplimiento del objetivo de la misma, y


27

dicha información sirve de insumo para que las autoridades competentes

cumplan con sus atribuciones.

En tal virtud, es que se propone un catálogo de operaciones ─las cuales

actualmente, en términos de la ley, generan obligaciones a cargo de

notarios y corredores públicos ─, respecto de las cuales los servidores

públicos que otorguen fe pública en su realización deberán cumplir, entre

otras, con las obligaciones de identificación y presentación de avisos.

Las diferentes hipótesis especifican los supuestos de identificación, así

como los de presentación de los avisos relativos.

De esta forma, atendiendo un principio de igualdad y seguridad jurídica,

se cubre un importante número de actividades vulnerables cuya

realización será del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se homologan las

obligaciones a cargo de quienes tienen facultades de investir actos con la

fe pública que las autoridades y disposiciones aplicables les otorgan.

M. En relación a la fracción XV del artículo 17, relativa a la constitución de

derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, se propone

incrementar los montos de los supuestos de identificación y de aviso a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así para el primer caso, pasa

de 1605 ($ 112,510.50) veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal a 2410 ($ 168,941) veces el salario, y para el segundo, de 3210

($ 225,021) a 4820 ($ 338,882) veces el salario citado. Debe insistirse

que este tipo de operaciones representan una práctica cotidiana para

PyMEs y diversos sectores económicos en crecimiento. Por ello, se

considera necesario focalizar el objeto de esta fracción en aquellas

operaciones que superen el umbral propuesto y de las que se permita

obtener patrones que pudieran representar un riesgo de una posible

operación con recursos de procedencia ilícita.


28

N. Además, se precisan los supuestos de consideración de actividades

vulnerables por acumulación de montos para actos y operaciones

realizadas en un período de seis meses.

O. Fracción XVI del artículo 17

Se propone incorporar un nueva fracción con la finalidad de incluir la

previsión sobre servicios de comercio exterior por la figura de los

“monederos virtuales”, en tanto que el avance de la tecnología permite

que a través de estos instrumentos se realicen operaciones de

intercambio económico relevantes a la luz del objeto de esta ley. Así, se

propone como concepto la emisión, comercialización, distribución,

transmisión, administración, registro, cambio o recepción por cualquier

medio de activos virtuales u otros similares, susceptibles de ser usados

para la adquisición de bienes, productos o servicios, y se establece como

monto para la identificación del usuario el equivalente a 645 ($ 43,402)

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y para el aviso a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el de 1290 ($ 86,804) veces el

salario mencionado.

P. El texto vigente del último párrafo del artículo 17 establece la facultad de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer, mediante

resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, los casos en

que no surtirá la obligación de dar aviso, bajo la condición de que las

operaciones sean realizadas, liquidadas o pagadas a través del sistema

financiero, estimándose conveniente prever también los casos de las

operaciones que sean realizadas por dependencias o entidades de la

administración pública cuyo objeto contemple la realización de

Actividades Vulnerables, cuyo empleo de recursos sujetos a control

público, garantiza la licitud de su origen.

XV. La reforma del artículo 18. Se proponen adecuaciones al texto de este

artículo a fin de hacerlo congruente con el manejo de conceptos de la propia


29

ley como Actividades Vulnerables y Relación de Negocios. También se

estima conveniente establecer como obligación de quienes realicen las

Actividades Vulnerables la de proporcionar a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Púbico la información, documentación, datos e imágenes que se

requieran para el alta y registro en los medios electrónicos que establezca la

propia Secretaría para efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas

en la propia ley y en general, para el ejercicio de las facultades de la misma.

XVI. Respecto del artículo 20, se plantea agregar en su primer párrafo a quienes

actúen a través de fideicomisos, de modo que también se designe por éstos,

un representante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, para todos los representantes, se incluiría como párrafo tercero,

la previsión de contar con poder para actos de Administración y recibir

capacitación anual acerca del cumplimiento de las obligaciones de la ley de

que se trata. En este orden, también cabe se modifique el segundo párrafo

para considerar la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones

legales para los fiduciarios en los fideicomisos.

En el tercer párrafo de este precepto se propone la determinación expresa

del tipo de poder con que debe contar el representante mencionado. Así,

éste deberá contar por lo menos con poder general para actos de

administración de la persona moral o fideicomiso de que se trate. Asimismo,

se plantea que estos representantes sean capacitados anualmente para el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Para el último párrafo del artículo 20, se plantea aclarar la remisión que se

hace, sustituyendo al efecto la que se hace a la Sección Tercera por la

referencia aplicable que es a la Sección Cuarta que trata de los Avisos por

conducto de Entidades Colegiadas.


30

XVII. Se estima necesario contemplar a los datos e imágenes en el artículo 22 que

establece que el proporcionar Avisos, información y documentación, en

términos de la Ley, no implica transgresión a obligaciones de

confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario fiduciario u otro

previsto en las leyes.

XVIII. En el artículo 23 relativo a los plazos de presentación de avisos, se estima

necesario prever la posibilidad de ampliar los plazos de presentación de

dichos avisos siempre mediante resolución notificada a quienes realicen las

Actividades Vulnerables en los casos de contingencias derivadas de caso

fortuito o fuerza mayor, plazo que no excederá de 5 días.

XIX. Con relación al artículo 24, se precisa la redacción relativa a las obligaciones

de presentar Avisos de Notarios y Corredores Públicos, en el sentido de que

se tendrán por cumplidas éstas cuando dichos fedatarios informen o

presenten mediante el sistema electrónico, las declaraciones y avisos que

prevén las disposiciones fiscales federales.

XX. Respecto al artículo 25 se plantea modificar para prever que en las visitas de

verificación se pueda solicitar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

no sólo la información y documentos sino también los datos e imágenes y

que tales requerimientos puedan referirse en adición de los avisos, también

a la Actividad Vulnerable.

XXI. En el artículo 26 que establece la posibilidad de dar los Avisos de la ley por

conducto de una Entidad Colegiada, se propone incluir los supuestos de

fideicomisos que tengan por objeto la realización de Actividades Vulnerables.

XXII. El ajuste de los montos de las operaciones que serán objeto de identificación

de clientes o usuarios o bien del respectivo aviso a la Secretaría que se ha


31

propuesto en la Iniciativa para las operaciones sobre vehículos y relojes,

joyería, metales y piedras preciosos, se estima, por congruencia, debe

reflejarse también en el precepto que prevé restricciones al pago en efectivo.

Por ello, se considera necesario reformar el artículo 32 que dispone la

prohibición de realizar pagos en efectivo. Así, para el caso de la constitución

o transmisión de derechos reales sobre inmuebles el límite pasaría de 8025

($562,552.50) veces el salario mínimo del Distrito Federal a 16000

($1’121,600), para el caso de la transmisión o constitución de derechos

reales sobre vehículos, nuevos o usados salario y para los casos de

transmisión de relojes y joyería, metales y piedras preciosos, el monto que

prevé la ley vigente de 3210 ($ 225,021) veces el salario mínimo vigente en

el Distrito Federal se incrementaría para quedar en 4815 ($337,531.50)

veces el salario mencionado.

XXIII. Con relación al artículo 33 que trata de la obligación de identificar la forma de

pago por la realización de los actos previstos en el artículo 32, se modifican

los montos previstos para dichos efectos. En este tenor, los fedatarios

públicos deben identificar la forma en la que se paguen las obligaciones

derivadas cuando las operaciones tengan un monto igual o superior al

equivalente a 16000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal en

lugar del equivalente a 8,025 veces el salario referido.

Respecto al supuesto actual relativo a que en las operaciones por montos

inferiores a los arriba citados o en los casos en que el pago total o parcial de

la obligación haya tenido lugar con anterioridad a la firma del instrumento

ante Fedatario, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad

hagan sus clientes o usuarios, se propone enfatizar que en los supuestos de

que se trata, los Fedatarios se abstendrán de requerir datos o documentos

de acreditación del pago.


32

XXIV. Respecto al artículo 34 relativo a las facultades de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público para realizar visitas de verificación, se propone incluir las

relativas a requerimientos de información, documentación, datos e imágenes.

XXV. Se detectó como necesario modificar la referencia que el artículo 53, en su

fracción III, hacer erróneamente respecto del artículo 55, en lugar del 54 de

la propia ley. Lo anterior en relación con la aplicación de la sanción

correspondiente a la omisión en la presentación de avisos, ya que la remisión

actual se hace al precepto que contempla la facultad de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público para abstenerse de sancionar.

Asimismo, en congruencia con la inclusión en el artículo 7 de la ley de cuya

reforma se trata, sobre la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público relativa al establecimiento de requisitos para el alta y registro en el

sistema electrónico de quienes realicen las Actividades Vulnerables, así

como para recibir y administrar la información de dichos trámites, en este

artículo 53 se incluye como objeto de sanción la conducta consistente en

abstenerse de proporcionar información, documentación y a datos e

imágenes necesarios para el alta y registro en el sistema electrónico que

determine el Reglamento de la ley.

XXVI. En el artículo 56 actual que dispone causas de revocación de los permisos

de juegos y sorteos por violaciones a lo dispuesto en la ley, se plantea

precisar que se trata de los permisos otorgados conforme a la Ley Federal

de Juegos y Sorteos y, asimismo, agregar como sujetos de revocación de

permisos a las personas a quienes la autoridad federal hubiere autorizado la

prestación de servicios de blindaje de vehículos e inmuebles y el traslado o

custodia de dinero o valores. Asimismo se dispone que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público solicite a las autoridades competentes, la

información relativa al resultado del procedimiento que se hubiere instaurado.


33

XXVII. En razón de que la regulación y la supervisión de la función notarial compete

a los Estados, es menester adecuar el texto del artículo 58 que actualmente

dispone en el caso de notarios públicos infractores de la ley, el que la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la autoridad encargada

de la supervisión de la función notarial, a efecto de que se proceda a la

cesación del ejercicio de la función notarial y revocación de la patente del

fedatario infractor, imperativo que corresponde en todo caso a la ley local que

regule la función notarial y no a una ley federal; dicha adecuación tiene como

fin el que, reconociendo las competencias de la autoridad federal y las

locales, se establezca ahora en esta ley federal, que determinadas

infracciones a la ley de cuya reforma se trata, son o constituyen notorias

deficiencias en el ejercicio de la función notarial, eliminando la taxativa de

una revocación en un proceso cuya sanción ha sido anunciada por una ley

federal.

Este replanteamiento sobre la responsabilidad de las autoridades locales

respecto de la revocación de la patente de los Notarios Públicos, dará mayor

transparencia del actuar público y mayor claridad frente a los ciudadanos

acerca de las atribuciones que a cada orden de gobierno corresponden en la

arquitectura institucional, contemplando en este contexto, la facultad de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar la información sobre

el resultado del procedimiento que se hubiere instaurado.

Es de señalarse que el conjunto de propuestas relacionadas son resultado de una

valoración a poco más de un año y medio de entrada en vigor de la ley, en la cual

se recogen las propuestas generadas, tanto en los foros desarrollados en la Cámara

de Diputados en noviembre de 2014, como en una serie de reuniones de trabajo

con los representantes de los sectores involucrados a quienes la legislación les ha

impuesto obligaciones que, lejos de renunciar a ellas, proponen su estabilización a


34

fin de que no les signifique un costo adicional al desarrollo de sus actividades

profesionales. Asimismo, se incluyen una serie de adecuaciones cuya finalidad es

hacer más eficaz la aplicación de la ley por parte de la autoridad.

La seguridad jurídica es un valor consustancial a la justicia y la equidad y base

misma de la existencia del Estado. Sin ella, es imposible concebir un orden jurídico

que garantice la convivencia ordenada y colaboración de la sociedad y permita, al

mismo tiempo, el desarrollo de la economía.

En razón de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de

Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de que reforma y adiciona diversas

disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones

con Recursos de Procedencia Ilícita.


35

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E

IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILÍCITA

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN el artículo 3, fracciones VI y XII; artículo

5; artículo 8, Fracciones VIII y XI; artículo 9, fracción III; artículos 10 y 14;

artículo 15, fracción I; artículo 16; Artículo 17, segundo y tercer párrafos de la

fracción I, primero y segundo párrafos de la fracción II, primero y segundo

párrafos de la fracción III, primero y segundo párrafos de la fracción IV,

primero y segundo párrafos de la fracción V, primero y segundo párrafos de

la fracción VI, primer párrafo de la fracción VII, primer y segundo párrafos de

la fracción VIII, primer párrafo de la fracción IX, primer párrafo de la fracción

X, primer párrafo del Inciso a) del apartado A de la fracción XII, segundo

párrafo del incido d) del apartado A de la fracción XII, primero y segundo

párrafos del inciso e) del apartado A de la fracción XII, inciso c) del apartado

B de la fracción XII, inciso d) del apartado B de la fracción XII, primer párrafo

del apartado C de la fracción XII; y fracción XV; artículo 18, fracción I, fracción

II, fracción III y fracción V; artículo 20; artículo 22; artículo 24, último párrafo;

artículos 25 y 26; artículo 32, fracciones I, II y III; artículo 33, primero y segundo

párrafos; artículo 34, primero y segundo párrafos; artículo 51, tercer párrafo;

artículo 53, fracción I y segundo párrafo de la fracción III; Artículo 56, primero

y segundo párrafos; artículo 58, primer párrafo y la fracción I y II del mismo

párrafo; SE ADICIONA la fracción II bis al artículo 4; la fracción II bis al artículo

6 y las fracciones I, II y III al artículo 10; las fracciones a), b) y c) al apartado C

de la fracción XII, un segundo párrafo a la fracción XIV y la fracción XVI del

artículo 17; un tercer párrafo al artículo 20 recorriéndose el tercero original a

un cuarto párrafo; un segundo párrafo al artículo 23; un segundo párrafo al

artículo 58; todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:

Artículo 3.- …

I. a V. …


36

VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de

Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y

Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la

Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley del

Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los

Sistemas de Ahorro para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 140 de la Ley

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas;

VII. a XI. …

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y habitual entre

quien realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u

operaciones que se celebren ocasionalmente y la prestación de servicios de fe

pública prevista en el artículo 17, fracción XII, de la Ley, sin perjuicio de lo que

establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias;

XIII. y XIV. …

Artículo 4.- …

I. y II. …

II Bis. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

III. a V. …

Artículo 5. La Secretaría está facultada para interpretar para efectos

administrativos, la presente Ley y su Reglamento, así como las Reglas de

Carácter General que emita la propia Secretaría en el ejercicio de sus

atribuciones.

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes:

I. …


37

I Bis. Establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico

que determine el Reglamento, de quienes realicen las Actividades Vulnerables

establecidas en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegidas, así

como recibir y administrar la información de dichos trámites;

II. a VIII. …

Artículo 7.- ….

….

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el

Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de

Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 8.- …

I. a VII. …

VIII. Establecer, conjuntamente con las autoridades de los tres órdenes de

gobierno, mediante convenios que celebren al efecto, mecanismos de consulta

directa de información en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenes

de gobierno, que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de

procedencia ilícita, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con

recursos de procedencia ilícita;

IX. y X. …

XI. Celebrar convenios con las entidades federativas y municipios, para acceder

directamente a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad

de las entidades federativas y en las Oficinas de Catastro de los municipios,

para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de

procedencia ilícita;

XII. y XIII. …

Artículo 9.- …

I. y II. …


38

III. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso

por más de un año de prisión, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sistema financiero mexicano,

o con suspensión o inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, por alguna causa que implique

responsabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras

disposiciones aplicables.

Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que

concentre los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir

con los siguientes requisitos:

I. Acreditar experiencia en los temas de la presente Ley o haber realizado y

acreditado cursos de especialización, en los citados temas o en Delitos de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso

y permanencia se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, y

III. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso

por más de un año de prisión, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sistema financiero mexicano,

o con suspensión o inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, por alguna causa que implique

responsabilidad de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras

disposiciones aplicables.

Artículo 14.- Los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades

Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se

consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán por las disposiciones de

esta Sección, salvo los fideicomisos cuando su objeto esté relacionado con

alguna o algunas de las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de

esta Ley, supuesto en el que, para estos actos u operaciones regirán las

disposiciones de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta de este Capítulo.


39

Artículo 15.- …

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u

operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del

Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus

clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la

Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de

Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular

las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 y 226

Bis de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108

Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 60 de la Ley Orgánica de

la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de

Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;

II. a IV. …

Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las

obligaciones a que se refiere esta Sección y las disposiciones de las leyes que

especialmente regulen a las Entidades Financieras se llevarán a cabo, según

corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional

de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

…

Artículo 17.- …

I. …

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la

práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que

representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de

premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a

cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en

apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos,

siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual

o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo



40

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto

del acto u operación sea igual o superior al equivalente a mil doscientas noventa

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

II. La emisión o comercialización, habitual y profesional, de tarjetas de servicios, de

crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos

de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por

Entidades Financieras. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el

gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al

equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización o abono

de recursos se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas

cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por

operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán

regulados en el Reglamento de esta Ley.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de

crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o

superior al equivalente a un mil doscientas noventa veces el salario mínimo vigente

en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen

o se abonen recursos por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil

doscientas noventa veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

III. La emisión y comercialización habitual y profesional de cheques de viajero,

distinta a la realizada por las Entidades Financieras, por una cantidad igual o

superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo


Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de

los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas

noventa veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

IV. La celebración habitual y profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de

préstamos, o de crédito, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras,

por virtud de las cuales se pone a disposición del cliente o usuario una suma

de dinero igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario

mínimo vigente en el Distrito Federal.


41

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una

cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario


V. La realización habitual y profesional de actividades de construcción o desarrollo

de bienes inmuebles, así como de intermediación en la transmisión de la propiedad

o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren

operaciones de compra o venta de los propios bienes.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una

cantidad igual o superior al equivalente a dieciséis mil veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal;

VI. La comercialización habitual y profesional de Metales Preciosos, Piedras

Preciosas, joyas o relojes, en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al

equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de

México.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto del acto u operación

sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el

salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VII. La subasta o comercialización habitual y profesional de obras de arte, por actos

u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas

diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

…

VIII. La comercialización o distribución habitual y profesional al público en general

de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor

igual o superior al equivalente a tres mil ochocientas veces el salario mínimo



del acto u operación sea igual o superior al equivalente a siete mil seiscientas

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;


42

IX. La prestación habitual y profesional de servicios de blindaje de vehículos

terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual

o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo


…

X. La prestación habitual y profesional de servicios de traslado o custodia de dinero

o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México, las

instituciones dedicadas al depósito de valores, así como los que realicen con

Entidades Financieras para la operación interna de éstas que determine la

Secretaría mediante Reglas de Carácter General.

…

XI. …

XII. …

A. …

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las

garantías que se constituyan a favor de instituciones del sistema financiero u

organismos públicos de vivienda.

…

b) y c) …

d) La constitución o modificación de fideicomisos, salvo los que se constituyan para

garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos

públicos de vivienda.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando las operaciones se realicen por

un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario

mínimo vigente en el Distrito Federal, y

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, en los que el acreedor no forme

parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda, y por virtud


43

del cual se pone a disposición del acreditado una suma de dinero igual o

superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo


Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando por virtud del acto u operación

de otorgamiento del mutuo o crédito, se ponga a disposición del acreditado

una cantidad de dinero igual o superior al equivalente a un mil doscientas

noventa veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

B. …

a) y b) …

c) La constitución o modificación de fideicomisos, en los que de acuerdo con la

legislación aplicable puedan actuar, salvo los que se constituyan para garantizar

algún crédito a favor de instituciones que integran el sistema financiero; y

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los

que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar, en los que el acreedor

no forme parte del sistema financiero, y por virtud del cual se pone a disposición

del acreditado una suma de dinero igual o superior al equivalente a

seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal.

…

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos, se entenderán servicios de

fe pública para los efectos de esta ley, cuando intervengan en la realización

de los siguientes actos u operaciones en el ejercicio de sus atribuciones

establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes:

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo

las garantías que se constituyan a favor de instituciones del sistema

financiero u organismos públicos de vivienda.

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los

actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor

comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto

garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en


44

moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente

para el Distrito Federal;

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio

otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso

siempre serán objeto de Aviso;

c) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no

forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda,

y por virtud del cual se pone a disposición del acreditado una suma de dinero

igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario


Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando por virtud del acto u

operación de otorgamiento del mutuo o crédito, se ponga a disposición del

acreditado una cantidad de dinero igual o superior al equivalente a un mil

doscientas noventa veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

d) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al

equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán

objeto de Aviso.

XIII. y XIV…

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por

un valor mensual superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el

salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se

cumpla la obligación.


del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil

ochocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

XVI. La emisión, comercialización, distribución, transmisión, administración,

registro, cambio o recepción por cualquier medio, de activos virtuales u otros

similares, susceptibles de ser usados para la adquisición de bienes,

productos o servicios, siempre que el valor de cualquiera de dichas


45

actividades u operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente

a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito

Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades u operaciones

anteriores cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al

equivalente a un mil doscientas noventa veces el salario mínimo vigente en el

Distrito Federal.

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en

las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si se

realizan actos u operaciones con el mismo cliente por una suma acumulada en

un periodo de hasta seis meses que alcancen o superen los montos

establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, deberá darse

Aviso por tales actos u operaciones.

La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada en su

reglamento interior, podrá determinar mediante resolución publicada en el

Diario Oficial de la Federación, los casos y condiciones en que los actos u

operaciones a que se refiere el presente artículo no deban ser objeto de Aviso,

siempre que hayan sido realizadas, liquidadas o pagadas a través de

instituciones que integran el sistema financiero o de dependencias o entidades

de la administración pública cuyo objeto contemple la realización de

Actividades Vulnerables.

Artículo 18.- Las personas que realicen las Actividades Vulnerables previstas

en el artículo 17 de esta Ley, incluidas quienes actúen por medio de

fideicomisos, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades

Vulnerables y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación

oficial, así como recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una Relación de negocios, se solicitará al

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre

otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para

efectos del Registro Federal de Contribuyentes;


46

III. Recabar del cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables

declaración acerca de si tiene o no conocimiento de la existencia del Beneficiario

Controlador y, en su caso, solicitar documentación oficial que permita identificarlo,

si ésta obrare en su poder;

IV. …

….

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de

verificación en los términos de esta Ley, así como proporcionar a la Secretaría la

información, documentación, datos e imágenes que requiera para su alta y

registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento así como para

el ejercicio de sus facultades relacionadas con la presente Ley, y

VI. ….

Artículo 20.- Las personas morales y quienes actúen a través de fideicomisos

que realicen Actividades Vulnerables, deberán designar ante la Secretaría a un

representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta

Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en

términos del artículo 38 de esta Ley.

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el

cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los

integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona

moral, o a la Entidad Financiera que tenga el carácter de fiduciaria en el

contrato de fideicomiso.

El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos

de administración de la persona moral o fideicomiso de que se trate y recibir

anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que

establece esta Ley.

Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y

directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto

previsto en la Sección Cuarta del Capítulo III de esta Ley.


47

Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información,

documentación, datos e imágenes a que se refiere esta Ley, por parte de quienes

realicen las Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión alguna a

las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario,

fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de

confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno.

Artículo 23.- …

La Secretaria, mediante resolución que será notificada a quienes realicen las

Actividades Vulnerables previstas en artículo 17 de esta Ley, podrá establecer

medidas administrativas para ampliar el plazo para la presentación de los

Avisos a que se refiere el presente artículo en los casos de contingencias

derivadas de caso fortuito o fuerza mayor.

La prórroga señalada en el párrafo anterior no podrá exceder de 5 días hábiles

posteriores a aquel en que la autoridad competente determine el cese de la

contingencia

Artículo 24.- …

…

I. a III. …

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones

de presentar los Avisos que correspondan conforme a esta Ley, cuando en

términos de las disposiciones fiscales federales informen o presenten mediante

el sistema electrónico, las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones

señaladas.

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de

verificación, la documentación, información datos e imágenes soporte de la

Actividad Vulnerable realizada, así como de los Avisos que esté relacionada con

los mismos.

Artículo 26.- Las personas que realicen Actividades, incluidas quienes actúen

por medio de fideicomisos, y deban presentar Avisos conforme a lo previsto por


48

la Sección Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una

Entidad Colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley.

Artículo 32. …

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un

valor igual o superior al equivalente a dieciséis mil veces el salario mínimo vigente

en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos,

nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o

superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la

obligación;

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras

Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o

superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo

vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la

obligación;

IV. a VII. …

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar

cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán

identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando

las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a dieciséis mil el

salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o

cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad

a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad

hagan los clientes o usuarios y los fedatarios públicos se abstendrán de requerir

cualquier dato o documento relativo a la acreditación de la forma de pago.

…

Artículo 34. La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa u órgano

desconcentrado que este facultado en términos de las disposiciones


49

aplicables, podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de

las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación

o requerimientos de información, documentación, datos e imágenes a quienes

realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo

III de esta Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su

caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la

misma.

Los requeridos o visitados deberán proporcionar exclusivamente la información,

datos, imágenes y documentación soporte con que cuenten que esté directamente

relacionada con Actividades Vulnerables que realicen.

Artículo 51.- …

…

El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el

párrafo primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará

conforme a los acuerdos que, al efecto, celebren ambas, en los cuales podrán

establecer criterios para determinar la información y documentación que el

Banco de México deba proporcionar a la Secretaría conforme al presente

artículo. La información y documentación que el Banco de México

proporcione conforme al presente artículo quedará sujeta al mismo

tratamiento que el aplicable tanto a los Avisos como a la respectiva

información y documentación soporte, en términos de los artículos 38, 39, 41

y 42, segundo párrafo, de la presente Ley.

Artículo 53.- …

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en

términos de esta Ley y a proporcionar la información, documentación, datos e

imágenes necesarios para su alta y registro en el sistema electrónico que

determine el Reglamento;

II. …

III. ….


50

La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso

se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió

haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este

plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 54,

fracción III, de esta Ley, o

IV. a VII. …

Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos otorgados conforme a la

Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, así como los permisos

otorgados por autoridades federales a aquellas personas que realicen las

Actividades Vulnerables a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 17

de esta Ley, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables:

I. y II. …

La Secretaría informará de los hechos constitutivos de la causal de revocación a las

autoridades competentes, a efecto de que éstas ejerzan sus atribuciones en la

materia y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes, y solicitará

información a dichas autoridades sobre el resultado o conclusión del

procedimiento que, en su caso, se haya instaurado.

Artículo 58.- Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaria informará de

la infracción cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial,

a efecto de que ésta instaure el procedimiento de sanción respectivo. La

Secretaría podrá solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa

que corresponda, que se le informe sobre el resultado o conclusión del

procedimiento que, en su caso, se haya instaurado.

Para los efectos legales procedentes, serán consideradas notorias

deficiencias en el ejercicio de la función notarial o irregularidades graves en

el ejercicio o desempeño de dicha función, las siguientes:

I. La reincidencia en la violación a lo dispuesto en las fracciones I a V del artículo 53

de esta ley, y

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta ley.


51

…

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá ante los

Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las

reformas conducentes para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo

58 de esta Ley.

Tercero.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.


52

México, D.F., a 17 de febrero de 2015

A T E N T A M E N T E

________________________________ Senadora Blanca Alcalá Ruiz

________________________________ Senador Ernesto Cordero Arroyo

________________________________

________________________________ Senadora Marcela Guerra Castillo

________________________________ Senador Omar Fayad Meneses

________________________________ Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo

________________________________ Senadora Graciela Ortiz González

________________________________ Senador David Penchina Grub

________________________________ Senador Armando Ríos Piter

________________________________ Senador José Yunes Zorrilla


53

________________________________

Senador Luis Armando Melgar Bravo

________________________________

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro

LOS SUSCRITOS, SENADORES INTEGRANTES DE LA LXII...

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