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1 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN Y CONCURRENCIA INTERGUBERNAMENTAL PARA LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Martes, 10 de Abril de 2012 LXI Legislatura Tercer año de Ejercicio. Segundo Periodo Ordinario No. Gaceta: 373 Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que establece las Bases de Coordinación y Concurrencia Intergubernamental para la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal. Sinopsis: Propone expedir la Ley General que establece las bases de coordinación y concurrencia intergubernamental para la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal, la que tiene por objeto establecer las bases generales y principios teleológicos para la regulación y normalización de los mecanismos e instrumentos institucionales mediante los cuales se sustentan y desarrollan las relaciones intergubernamentales que se suscitan a partir de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación secundaria que de la misma emana, las disposiciones Constitucionales de los Estados y sus leyes locales; así como para orientar la definición de las fórmulas de concurrencia que se suscita entre los distintos órdenes de gobierno para formalizar y generar medios y mecanismos de asociación, colaboración y descentralización administrativa. Se integra por seis títulos, el primero, referido al Objeto y materias de regulación de la ley, con dos capítulos el referente a las Disposiciones generales y el que comprende De los Principios del Federalismo aplicables a las relaciones intergubernamentales. El Título II, denominado De la concertación de autoridades para las relaciones intergubernamentales, integrado por tres capítulos: Del Consejo Consultivo para el Federalismo, Desarrollo Municipal y Relaciones Intergubernamentales; De la Secretaría Técnica del Consejo; y De los procedimientos de consejería para las relaciones intergubernamentales. El Título III, denominado De la participación de diversas instancias de gobierno en la formación de programas sectoriales regionales, con tres capítulos el De la previsión de materias de programación concurrente; y el De la participación de autoridades de los gobiernos locales; y, el SENADOR RAMÓN GALINDO NORIEGA Oficina de Prensa Av. Paseo de la Reforma No. 135 Hemiciclo. Nível 5, Oficina 15 Col. Tabacalera. Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06030 México, D.F. Teléfonos: (55) 5345-3000 ó 01800 5010-810 Ext. 3380 [email protected]

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Propone expedir la Ley General que establece las bases de coordinación y concurrencia intergubernamental para la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal, la que tiene por objeto establecer las bases generales y principios teleológicos para la regulación y normalización de los mecanismos e instrumentos institucionales mediante los cuales se sustentan y desarrollan las relaciones intergubernamentales que se suscitan a partir de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación secundaria que de la misma emana, las disposiciones Constitucionales de los Estados y sus leyes locales; así como para orientar la definición de las fórmulas de concurrencia que se suscita entre los distintos órdenes de gobierno para formalizar y generar medios y mecanismos de asociación, colaboración y descentralización administrativa.Se integra por seis títulos, el primero, referido al Objeto y materias de regulación de la ley, con dos capítulos el referente a las Disposiciones generales y el que comprende De los Principios del Federalismo aplicables a las relaciones intergubernamentales.El Título II, denominado De la concertación de autoridades para las relaciones intergubernamentales, integrado por tres capítulos: Del Consejo Consultivo para el Federalismo, Desarrollo Municipal y Relaciones Intergubernamentales; De la Secretaría Técnica del Consejo; y De los procedimientos de consejería para las relaciones intergubernamentales.El Título III, denominado De la participación de diversas instancias de gobierno en la formación de programas sectoriales regionales, con tres capítulos el De la previsión de materias de programación concurrente; y el De la participación de autoridades de los gobiernos locales; y, el denominado Del seguimiento de programas regionales concertados con la participación de autoridades locales.Un Título IV, denominado De las Relaciones Intergubernamentales, el cual se integra por cinco capítulos: De las relaciones basadas en la concurrencia de competencias; De las relaciones basadas en mecanismos de coordinación de autoridades y medios institucionales; De las relaciones de colaboración administrativa; De las relaciones de cooperación y auxilio; y, De las relaciones de descentralización.El título V, denominado De los Acuerdos y Convenios para la gestión de las relaciones intergubernamentales, con tres capítulos: Naturaleza y alcance jurídico de los Acuerdos y Convenios; De las bases para la integración de los Convenios y su formalización; y, De las prevenciones sobre las materias y contenido de los convenios.Y un Título VI, final, denominado De la resolución de controversias por la gestión de convenios, con un capítulo único denominado: Del procedimiento de conciliación de controversias ante el Consejo.

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 PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  GENERAL  QUE  ESTABLECE  LAS  BASES  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCURRENCIA  INTERGUBERNAMENTAL  PARA  LA  FEDERACIÓN,  ENTIDADES  

FEDERATIVAS,  MUNICIPIOS  Y  DEMARCACIONES  DEL  DISTRITO  FEDERAL      Martes,  10  de  Abril  de  2012  LXI  Legislatura  Tercer  año  de  Ejercicio.  Segundo  Periodo  Ordinario  No.  Gaceta:  373    Proyecto  de  decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  General  que  establece  las  Bases  de  Coordinación  y   Concurrencia   Intergubernamental   para   la   Federación,   Entidades   Federativas,   Municipios   y  Demarcaciones  del  Distrito  Federal.    Sinopsis:    Propone   expedir   la   Ley   General   que   establece   las   bases   de   coordinación   y   concurrencia  intergubernamental   para   la   federación,   entidades   federativas,  municipios   y   demarcaciones   del  Distrito  Federal,   la  que  tiene  por  objeto  establecer   las  bases  generales  y  principios   teleológicos  para  la  regulación  y  normalización  de  los  mecanismos  e  instrumentos  institucionales  mediante  los  cuales  se  sustentan  y  desarrollan  las  relaciones  intergubernamentales  que  se  suscitan  a  partir  de  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  legislación  secundaria  que  de  la  misma  emana,  las  disposiciones  Constitucionales  de  los  Estados  y  sus  leyes  locales;  así  como  para  orientar  la  definición  de  las  fórmulas  de  concurrencia  que  se  suscita  entre  los  distintos  órdenes  de  gobierno  para  formalizar  y  generar  medios  y  mecanismos  de  asociación,  colaboración  y  descentralización  administrativa.    Se  integra  por  seis  títulos,  el  primero,  referido  al  Objeto  y  materias  de  regulación  de  la   ley,  con  dos  capítulos  el  referente  a  las  Disposiciones  generales  y  el  que  comprende  De  los  Principios  del  Federalismo  aplicables  a  las  relaciones  intergubernamentales.    El   Título   II,   denominado   De   la   concertación   de   autoridades   para   las   relaciones  intergubernamentales,  integrado  por  tres  capítulos:  Del  Consejo  Consultivo  para  el  Federalismo,  Desarrollo  Municipal  y  Relaciones  Intergubernamentales;  De  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo;  y  De  los  procedimientos  de  consejería  para  las  relaciones  intergubernamentales.    El  Título  III,  denominado  De  la  participación  de  diversas  instancias  de  gobierno  en  la  formación  de  programas   sectoriales   regionales,   con   tres   capítulos   el   De   la   previsión   de   materias   de  programación  concurrente;  y  el  De  la  participación  de  autoridades  de  los  gobiernos  locales;  y,  el  

SENADOR RAMÓN GALINDO NORIEGA

Oficina de Prensa

Av. Paseo de la Reforma No. 135 Hemiciclo. Nível 5, Oficina 15 Col. Tabacalera. Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06030 México, D.F. Teléfonos: (55) 5345-3000 ó 01800 5010-810 Ext. 3380 [email protected]

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denominado   Del   seguimiento   de   programas   regionales   concertados   con   la   participación   de  autoridades  locales.    Un  Título   IV,  denominado  De   las  Relaciones   Intergubernamentales,   el   cual   se   integra  por   cinco  capítulos:   De   las   relaciones   basadas   en   la   concurrencia   de   competencias;   De   las   relaciones  basadas   en   mecanismos   de   coordinación   de   autoridades   y   medios   institucionales;   De   las  relaciones  de   colaboración   administrativa;  De   las   relaciones  de   cooperación   y   auxilio;   y,  De   las  relaciones  de  descentralización.    El   título   V,   denominado   De   los   Acuerdos   y   Convenios   para   la   gestión   de   las   relaciones  intergubernamentales,   con   tres   capítulos:   Naturaleza   y   alcance   jurídico   de   los   Acuerdos   y  Convenios;   De   las   bases   para   la   integración   de   los   Convenios   y   su   formalización;   y,   De   las  prevenciones  sobre  las  materias  y  contenido  de  los  convenios.    Y  un  Título  VI,  final,  denominado  De  la  resolución  de  controversias  por   la  gestión  de  convenios,  con  un   capítulo  único  denominado:  Del  procedimiento  de   conciliación  de   controversias   ante  el  Consejo.      CC.  SECRETARIOS  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  CÁMARA  DE  SENADORES,  H.  CONGRESO  DE  LA  UNIÓN,  LXI  LEGISLATURA  P  r  e  s  e  n  t  e  .-­‐    El  suscrito  RAMÓN  GALINDO  NORIEGA,    Senador  de  la  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  e  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  con    fundamento  en  lo   dispuesto   por   los   artículos   71,   fracción   II,   de   la   Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos  Mexicanos;  8  fracción  I,  76  fracción  I,  164  numerales  1  y  2,  169  y  172    del  Reglamento  del  Senado  de   la   República,   me   permito   someter   a   la   consideración   de   esta   H.   Asamblea   la   siguiente  INICIATIVA   CON   PROYECTO   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   EXPIDE   LA   LEY   GENERAL   QUE  ESTABLECE  LAS  BASES  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCURRENCIA  INTERGUBERNAMENTAL  PARA  LA  FEDERACIÓN,   ENTIDADES   FEDERATIVAS,   MUNICIPIOS   Y   DEMARCACIONES   DEL   DISTRITO  FEDERAL,  al  tenor  de  la  siguiente:    

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS    En  virtud  de  diversos  requerimientos  de  colaboración  administrativa  y  por  la  extensión  general  de  múltiples  materias  que,  por  motivo  de  la  voluntad  del  poder  constituyente  del  Estado  Mexicano,  se  encuentran  encomendadas  a   la   federación,   el   gobierno   federal  ha  participado  y   compartido  con   las   entidades   federativas,   municipios   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito   Federal,  diversas  competencias  para  la  provisión  de  bienes,  realización  de  obras,  prestación  de  servicios,  recaudación  de  contribuciones,  gestión  de  políticas  asistenciales  y  de  bienestar  social,  así  como  la  administración    de  áreas  territoriales  y  recursos  propios  del  dominio  de  la  nación.    

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A  partir  de  1980,  el  modelo  de  concertación  y  adhesión  a  Sistemas  Nacionales  de  Coordinación,  como   es   el   caso   del   Sistema   de   Coordinación   Fiscal,   o   el   de   Planeación   Democrática,   con   sus  antecedentes  de  convenios  únicos  de  coordinación  (CUC)  y  convenios  único  de  desarrollo  (CUD),  se   convirtió   en   un   esquema   de   concurrencia   voluntaria   entre   entidades   federativas   y   la  federación  para  compartir   reglas  comunes  y  beneficios  diversos  derivados  del  cumplimiento  de  prerrogativas,   obligaciones   y   de   la   prevalencia   de   garantías;   sus   medios   de   formalización   son  convencionales   y   de   naturaleza   jurídica   sui   géneris,   sustentados   en   las   figuras   de   Acuerdos   y  Convenios   Intergubernamentales,   sin  precedentes  en  el  derecho  constitucional,   en   la  época  en  que  fueron  concebidos  y  celebrados.    Este  modelo  aún  opera  en  las  relaciones  intergubernamentales  de  las  entidades  federativas  y  sus  municipios;   entre   la   federación   y   las   entidades   federativas   en  materia  del   desarrollo   rural;     así  como     en   el   ámbito   del  Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones   territoriales;   y   se   conserva   como  antecedente   formal  para   la  pertenencia  de   las  entidades   federativas  en  el  Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal.    En   otro   plano,   citado   aquí     -­‐como   antecedente-­‐     en   diferentes   épocas,   y   desde   hace   más   de  treinta   años,   la   Constitución   federal   incluyó   facultades   legislativas   propias   del   Congreso   de   la  Unión,  para  regular  y  distribuir    competencias  entre  la  federación,  las  entidades  federativas  y  sus  gobiernos   y   las   demarcaciones   locales   del   Distrito   Federal,     en   rubros   como   la   política   de  población,   los   asentamientos   humanos,   la   protección   ambiental   y   el   equilibrio   ecológico,   la  salubridad  general,  los  servicios  educativos,  la  protección  civil,  la  seguridad  pública,  el  turismo,  el  desarrollo   social,   y   el   deporte,   dejando   al   propio   Congreso   de   la   Unión   las   facultades   para  establecer  la  legislación  que  le  permita  normar  las  competencias  legislativas  que  señala  el  propio  artículo  73  constitucional.    Una  nueva  modalidad  de  esta  regulación  general,  regida  por  instancias  híbridas,  bajo  la  Figura  de  Consejos  Nacionales,     se   ha   iniciado  mediante   la   Ley  General   de   Contabilidad  Gubernamental,  publicada  en  el  Diario  Oficial   de   la   Federación  el   31  de  diciembre  de  2008,  misma  que  abre  el  camino  para  que  autoridades  federales,  sin  duda  con  la  mejor  intención    de  armonizar  procesos  y  generar  el  mejor  acceso  a  la  información  pública,  de  todas  las  instancias  de  gobierno,  se  erijan  en  entes  que  instituyen  reglas,  califican  el  cumplimiento  de  las  mismas  y,  en  algunos  casos  extremos  subordinan  a  funcionarios  estatales  y  municipales  sobre  asuntos  que,  en  su  origen,  forman  parte  del  régimen  de  autonomía  organizativa  interior  de  sus  respectivos  gobiernos.    Para   evitar   estos   extremos,   y   no   abrir   el   camino   a   la   promoción   de   recursos   de  inconstitucionalidad  de  ordenamientos   federales,   la   Ley  que  aquí   se  propone,   crea  un  marco  doctrinario  y  conceptual  de  visión  federalista,  al  mismo  tiempo  que  preserva  los  principios  de  soberanía  de  los  estados  y  de  autonomía  para  los  demás  gobiernos  locales.    Por  otra  parte,  el  esquema  de  coordinación  colaboración,  cooperación  auxilio  y  de  concurrencia  que  se   infiere  de  diversos  preceptos  y  ordenamientos  de   la  Constitución  Política  de   los  Estados  Unidos  Mexicanos,  debe  emplearse  con  precisión  y  atingencia  al  tipo  de  materias  que   la  propia  Constitución  sitúa  en  términos  genéricos.    

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En  el   texto  constitucional  vigente,  el  uso  de  estas  expresiones  a  nivel  de  medios  de  vinculación  intergubernamental,  no  tienen  una  acepción  explícita  o  un  concepto  base  que  las  defina.    En  otro  campo,  la  constitución  menciona  algunas  materias  que  son  objeto  de  concurrencia,  como  son:   los   servicios   de   salud   y   la   salubridad   general;   asentamientos   humanos,   protección   al  ambiente   y   equilibrio   ecológico;   cultura   física   y   deporte;   pesca   y   acuacultura;   sociedades  cooperativas;  derechos  de  niños,  niñas  y  adolescentes;  y  el    turismo.    Sin  un  carácter   concurrente,  o  al  menos   como  materias   sujetas  a  mecanismos  de  coordinación  entre  la  federación  y  las  entidades  federativas,  se  encuentran  mencionadas:  la  seguridad  pública;  las  formas  de  colaboración  para  la  persecución  de  los  delitos  del  orden  federal;  la  fiscalización  de  las  finanzas  de  partidos  políticos;  y  la  planeación  y  ejecución  de  acciones  en  la  zona  conurbada  de  la  Ciudad  de  México.    Algunas   materias   son   reguladas   en   el   ámbito   de   las   relaciones   intergubernamentales   bajo   la  figura  de  Convenios,  destacando:  los  convenios  entre  las  entidades  federativas  y  la  Procuraduría  General  de  La  República,  para  entregar  sin  demora  a   los   indiciados,  procesados  o  sentenciados,  así   como   para   practicar   el   aseguramiento   y   entrega   de   objetos,   instrumentos   o   productos   del  delito;    convenios  para  la  prestación  de  servicios  de  educación  preescolar;  convenios  para  que  los  sentenciados   con   pena   corporal,   cumplan   su   condena   en   establecimientos   penitenciarios  dependientes  de  una  jurisdicción  diversa;  convenios  que  instituyan  las  bases  para  que  el  Ejecutivo  Federal   coordine   acciones   derivadas   de   la   planeación   con   gobiernos   y   particulares;   convenios  para  la  organización  de  procesos  electorales  locales;  convenios  entre  entidades  federativas  para  el   arreglo   amistoso   de   sus   límites   territoriales;   convenios   para   la   administración   y   custodia   de  zonas   federales   (entre   la   federación   y   los   municipios);   y     los   convenios   para   la   creación   de  comisiones  metropolitanas  para  el  Distrito  Federal.    Las   relaciones   de   colaboración   basadas   en   el   auxilio   de   autoridades   de   distintas   instancias   de  gobierno,   tienen   una   expresión   reducida   en   la   Constitución;   sin   embargo,   en   la   práctica   su  operación   es   extensa,   como   ocurre   con   el   caso   de   las   funciones   de   auxilio   de   autoridades  militares   a   la   población   civil   en   situaciones   de   desastre,   las   funciones   de   auxilio   para   el  seguimiento   de   la   aplicación   de   la   legislación   en   materia   de   cultos   religiosos,   y   las   funciones  registrales  de  la  población,  entre  las  más  representativas.    La   figura   de   la   descentralización   no   existe   en   el   texto   constitucional,   seguramente   por   la  tendencia   inversa  que  el   legislador  ha  observado  históricamente  a   favor  de   la   federalización  de  materias  –que  realmente  implica  su  centralización–;  sin  embargo,  constituye  actualmente  una  de  las   tareas   fundamentales   para   el   fortalecimiento   de   las   relaciones   intergubernamentales  democráticas  en  beneficio  de  la  población,  ya  tono  con  un  federalismo  subsidiario  y  cooperativo.    Todo  lo  anterior  ofrece  un  conjunto  de  antecedentes  que  denotan  la  necesidad  de  generar  una  norma  como  la  que  aquí  se  propone.    En   el   desarrollo   de   esta   propuesta   se   busca   definir,   delimitar   y   aclarar   la   operación   de   los  mecanismos   y   medios   institucionales   que   la   propia   Constitución   refiere   para   las   relaciones  

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intergubernamentales  de  concurrencia,  coordinación,  colaboración  y  auxilio,  así  como  para   la  gestión  de  materias  que  a  futuro  sean  compartidas  bajo  los  principios  de  la  cooperación  y  aun  mediante  la  descentralización.    

Descripción  de  la  estructura  y  contenido  del  Anteproyecto  de  Ley    La  denominación  de  la  Ley  propuesta  es:    “Ley  General  que  establece  las  bases  de  coordinación  y  concurrencia  intergubernamental  para  la  federación,  entidades  federativas,  municipios  y  demarcaciones  del  Distrito  Federal”    Objeto  de  la  Ley    Establecer  las  bases  generales  y  principios  teleológicos  para  la  regulación  y  normalización  de  los  mecanismos   e   instrumentos   institucionales  mediante   los   cuales   se   sustentan   y   desarrollan   las  relaciones   intergubernamentales   que   se   suscitan   a   partir   de   lo   dispuesto   en   la   Constitución  Política  de   los  Estados  Unidos  Mexicanos,   la   legislación  secundaria  que  de   la  misma  emana,   las  disposiciones   Constitucionales   de   los   Estados   y   sus   leyes   locales;   así   como   para   orientar   la  definición  de  las  fórmulas  de  concurrencia    que  se  suscita  entre  los  distintos  órdenes  de  gobierno  para  formalizar  y  generar  medios  y  mecanismos  de  asociación,  colaboración  y  descentralización  administrativa.    Materias  propias  de  regulación  de  esta  propuesta  legislativa    I.   Aplicación   de   los   principios   constitucionales   del   federalismo,   la   descentralización,   la  cooperación,   la   subsidiariedad,   la   corresponsabilidad   y   la   mejor   atención   a   las   necesidades  sociales,  en  cualquier  tipo  de  relación  entre  los  gobiernos  existentes  en  la  república  mexicana.    II.  Determinación  del    marco  metodológico  y  conceptual  para  la  concurrencia  en  la  formación  de  programas   regionales   en   los   que,   por   determinación   constitucional   y   por   requerimientos   del  interés   propio   de   las   entidades   federativas,   deban   contribuir,   opinar   y   realizar   propuestas,   los  gobiernos  locales.    III.  Modalidades  de  las  relaciones  intergubernamentales,  derivadas,  interpretadas  y  esclarecidas  a  partir   del   propio   texto   constitucional,   en   su   concepto,   naturaleza   jurídica   y   administrativa;   así  como   las   garantías   que   deban   asegurar   la   salvaguarda   de   la   soberanía   de   los   estados   y   la  autonomía   de   los   entes   del   gobierno   municipal   y   del   Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones  político-­‐territoriales.    IV.   Medios   institucionales   para   la   formalización,   regulación   administrativa   y   gestión   de   las  relaciones  intergubernamentales.    V.   Excepciones   que   deban   observarse   en   la   celebración   de   convenios   y   otros   medios   por   los  cuales   se   formalicen   y   operen   las   materias   que   sean   objeto   de   las   relaciones  intergubernamentales.  

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 VI.  Previsiones  requeridas  para  la  solución  de  controversias  y/o  las  diferencias  que  ocurran  en  la  gestión  de  los  medios  institucionales  por  los  que  se  formalicen  y  operen  las  materias  propias  de  la  relación  intergubernamental.    Naturaleza  de  la  Ley    

Ley   general,   de  aplicación  extensa  para   todas   las   instancias  de   gobierno  de   la   república  mexicana  

 Autoridad    responsable  de  la  aplicación  de  la    Ley    

Secretaría  de  Gobernación  del  Gobierno  Federal    Autoridad  de  consejería  y  concertación    

Consejo   Consultivo   para   el   Federalismo,   desarrollo   municipal   y   relaciones  intergubernamentales  

 Medios  de  sanción  de  la  Ley    

Para   los   casos   no   previstos   en   la   Constitución   y   legislación   federal   o   estatal   vigente,   se  prevé  el    Recurso  de  revisión  ante  el  Consejo  Consultivo.  

 Para  los  casos  previstos  en  las  Leyes  Generales  vigentes,  el  cumplimiento  de  los  recursos  que  en  ellas  se  consignan.  

 Fundamentación  Jurídica    

Artículos  25,  26,  40,  73,  105,  115,  116,  117,  118,  122,  124  y  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  

 Ley  de  Planeación  

 Ley  de  Coordinación  Fiscal  

 Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  

 Ley  reglamentaria  de  las  Fracciones  I  y  II  del  Artículo  105  Constitucional  

 Ley  General  de  Asentamientos  Humanos  

 Ley  General  de  Salud  

 Ley  General  de  Educación  

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 Ley    General  del  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al  Ambiente  

 Ley  General  de  Desarrollo  Social  

 Ley  General  de  Cultura  Física  y  Deporte  

 Ley  General  de  Bienes  Nacionales  

 Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental  

 Ley  General  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres  

 Ley  general  de  Población  

 Ley  General  de  Protección  Civil  

 Ley  General  para  la  Prevención  Social  de  la  Violencia  y  la  Delincuencia  

 Ley  General  del  Sistema  Nacional  de    Seguridad  Pública  

 Ley  General  de  Turismo  

 Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  somete  a  la  consideración  de  esta  asamblea  el  siguiente:    

PROYECTO  DE  DECRETO    ÚNICO.-­‐   Se   expide   la   “Ley   General   que   establece   las   bases   de   coordinación   y   concurrencia  intergubernamental   para   la   federación,   entidades   federativas,   municipios,   y   demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal”.    

Título  I    

Objeto  y  materias  de  regulación  de  la  ley    

Capítulo  I    

Disposiciones  generales    ARTÍCULO   1.   Las   disposiciones   de   esta   Ley   son   de   orden   público   e   interés   social,   y   tiene   por  objeto  establecer   las  bases  de  coordinación  entre   la  Federación,   los  Estados,   los  Municipios,  el  Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones   territoriales,   para   las   materias   en   que   se   establece  concurrencia  derivada  de  los  artículos  73  fracciones  XVI;  XXIII;  XXV;  XXIX-­‐C,  XXIX-­‐D,  con  relación  al  artículo   26,   XXIX-­‐G;   XXIX-­‐I;   XXIX-­‐J;   XXIX-­‐K   y   XXIX-­‐L;   con   relación   al   artículo   124,   y   demás  disposiciones  que  dispongan  o  permitan  el  desarrollo  de  relaciones  intergubernamentales,  de  la  

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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  De  la  misma  manera,  la  presente  ley  tiene  por  objeto  establecer:    I.   Las   bases   generales   para   la   regulación   y   normalización   de   los   mecanismos   e   instrumentos  institucionales   mediante   los   cuales   se   sustentan   y   desarrollan   las   relaciones  intergubernamentales  conforme  a   los  principios  de  coordinación,  cooperación,   subsidiariedad  y  corresponsabilidad,   así   como   su   observancia,   aplicación   y   consideración   a   fin   de   orientar   la  vocación  federalista  del  Estado  mexicano;    II.   Las   bases   generales   para   la   programación   de   acciones   concurrentes   entre   los   órdenes   de  gobierno  en  proceso  de  desarrollo  regional,  asegurando   la   inclusión  de   las  propuestas  e   interés  institucional   de   las   entidades   federativas,  municipios   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito  Federal  que  formen  parte  de  la  circunscripción  regional  objeto  de  dicha  programación;    III.   Las   bases   normativas   para   delimitar   el   tipo   de   medios   de   coordinación,   cooperación,  colaboración,  auxilio  y  descentralización,  que  suscriban  entre  sí   los  gobiernos  Federal,  Estatales,  Municipales,   del   Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones   territoriales,     de   conformidad   con   las  modalidades   que   presenten   las   relaciones   intergubernamentales   en   los   Estados   Unidos  Mexicanos,  en  el  contexto  de  la  distribución  y  ejercicio    de  competencias  previstas  en  el  artículo  124  constitucional  y  contextualizadas  en  el  marco  de  concurrencia,  coordinación  y  colaboración  que  está  inscrito  en  la  legislación  general  aplicable  a  dichas  relaciones;  y    IV.   Los   términos   genérales   de   regulación   de   los   instrumentos   jurídicos   y   administrativos,  mediante  los  cuales  se  formalicen  las  relaciones  intergubernamentales,  así  como  las  excepciones  que  deban  observarse  en  su  celebración;  las  previsiones  generales  requeridas  para  la  solución  de  controversias     que   ocurran   en   su   operación   y   los   procedimientos   institucionales   a   seguir   para  tales  efectos,  en  el  marco  del  respeto  a  los  derechos  y  garantías  constitucionales  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno.    Artículo  2.    En  el  ámbito  de  su  competencia,  serán  autoridades  facultadas  para  aplicar  esta  ley:    I.  El  Gobierno  Federal,  representado  por  el  Secretario  de  Gobernación;    II.   Los   Estados,   representados   por   el   titular   de   la   dependencia   del   poder   ejecutivo   estatal  responsable  de  las  funciones  de  gobierno  interior  que  corresponda;    III.  Las  legislaturas  de  los  estados,  en  lo  tocante  a  las  resoluciones  que  sean  de  su  competencia,  conforme  a  la  legislación  federal  y  local  aplicable;    IV.  El    Distrito  Federal,  representado  por  el  titular  de  la  dependencia  de  la  Jefatura  de  Gobierno,  responsable  de  las  funciones  de  gobierno  interior  de  esta  entidad  federativa;    V.   La  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  en   lo   relativo  a   las   resoluciones  que  sean  de  su  competencia,  conforme  a  la  legislación  aplicable;    

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VI.  Los  Municipios,  representados  por  el  Presidente  Municipal  que  corresponda;    VII.   Los   ayuntamientos,   como   depositarios   de   la   función   de   gobierno   municipal,   para   las  resoluciones  y  determinaciones  que  le  correspondan  conforme  a  la  legislación  vigente;    VIII.  Las  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal,   representadas  por  el   titular  del  órgano  político-­‐administrativo  que  corresponda    IX.   El   Consejo   Consultivo   para   el   Federalismo,   Desarrollo   Municipal   y   Relaciones  Intergubernamentales,  establecido  en  esta  Ley,  por  medio  de  su  titular.    X.    La  Presidencia  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  el  ámbito  de  su  competencia  para  la  resolución  de  las  controversias  señaladas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  y  en  la  legislación  derivada  de  la  misma.    Artículo   3.   Las   relaciones   existentes   entre   los   gobiernos   de   la   federación,   los   estados,   los  municipios,   el   Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones   territoriales,   deberán   sustentarse   y  desarrollarse   conforme   a   los   principios   de   coordinación,   cooperación,   subsidiariedad   y  corresponsabilidad,  en  el  marco  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales  que  les  competen,  tanto   para   el   ejercicio   de   sus   facultades   exclusivas   como   las   que   resultan   compartidas   o  concurrentes,   sea   por   ministerio   de   ley   o   mediante   los   instrumentos   jurídicos   administrativos  propicios  para  dicho  fin.    Artículo   4.     El   ejercicio   de   las   facultades   reservadas   a   funcionarios   federales,   en   el   marco   del  interés   público   y   en   aquellos   casos   que   no   se   afecten   los   atributos   fundamentales   de   la  federación,   puede   ser   materia   de   descentralización   administrativa,   que   resulta   de   la   vocación  subsidiaria  del  Estado  mexicano,  así  como  de  coordinación,  colaboración,  cooperación  y  auxilio,  compartiendo  con  las  entidades  federativas,  municipios,  el  Distrito  Federal  y  sus  demarcaciones  político-­‐territoriales,   la   ejecución   de   sus   políticas,   programas,   recursos   y   procedimientos   en   su  nombre  y  representación,  cuando  así    sea  convenido  con  sus  autoridades.    Artículo  5.  Las  entidades  federativas  pueden  vincularse  y  formalizar  sus  relaciones  institucionales  entre  sí  y  con  el  gobierno  federal,  al  hacer  uso  de  sus  facultades  de  convocatoria  y  concurrencia,  refrendando  la  legalidad  de  sus  actos,  cuando  la  trascendencia  de  los  asuntos  así  lo  amerite  y  la  legislación   general   o   local   así   lo   establezca,   mediante   la   aprobación   previa   de   sus   respectivas  legislaturas.    Artículo   6.   Los  municipios   y   demarcaciones   territoriales   del  Distrito   federal,   por  medio     de   sus  autoridades,   podrán   promover   y   formalizar   relaciones   institucionales   con   dependencias   y  entidades  de   la   administración  pública   federal   y   de   los   gobiernos  de   sus   respectivas   entidades  federativas,   de   manera   directa,   en   cualquiera   de   los   programas   federales   y   estatales,   cuyo  destino  sea   la  operación  de  acciones  para   la  prestación  de  servicios,  el  ejercicio  de   funciones  y  actos   de   autoridad   de   la   federación,   de   los   estados   y   del   Distrito   Federal,   en   forma  descentralizada,  subsidiaria,  sea  convenida  o  de  otra  índole,  en  el  ámbito  local.  Asimismo  podrán  vincularse   directamente   con   dichas   autoridades   para   proponer   la   realización   de   programas   y  

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acciones  diversas  de  gobierno,  tanto  federal  como  estatal,  que  sean  requeridas  para  el  desarrollo  local.    Artículo   7.   Los   gobiernos   estatales,   municipales,   del   Distrito   Federal   y   sus   demarcaciones  territoriales,   podrán   por   sí,   de   manera   individual   o   asociados,   solicitar   al   gobierno   federal   la  realización  de  programas  o  acciones  diversas  de  manera  concurrente,  coordinada,  subsidiaria  o  descentralizada,  según  lo  sustenten  en  los  estudios  técnicos  correspondientes.    Artículo  8.  El  gobierno  federal  y  cualquiera  otro  que  sea    convocado  para  colaborar  o  coordinarse  con  otra  instancia  gubernamental,  deberá  dar  trámite  a  la  revisión  de  las  respectivas  propuestas,  estando   obligado   a   resolver   y   dar   respuesta   en   los   términos   que   proceda,     fundamentando   y  motivando  sus  respuestas  de  manera  oficial.    Artículo   9.   Los   gobiernos   que   sean   convocados   a   coordinarse   y   colaborar     por   cualquiera   otra  instancia   gubernamental   podrán,   en   todo  momento,   revisar   los   términos   de   su   participación   y  requerir  a  sus  contrapartes  la  adecuación  de  los  instrumentos  jurídicos  y  administrativos  que  los  formalicen,   a  efecto  de  asegurar  que   se   incluyan   los  parámetros   y   requerimientos  propios  que  respondan  a  sus  necesidades  institucionales.    Artículo   10.   La   formalización   de   las   relaciones   institucionales   que   celebren     los   gobiernos  estatales  con  sus  municipios  y   los  ayuntamientos  entre  sí,   tanto  al   interior  de  su  estado,  como  con   ayuntamientos   de   otras   entidades   federativas   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito  federal,    se  resolverán  de  conformidad  con   las  disposiciones   legales  que  emitan  sus  respectivas  legislaturas.    Artículo   11.   El   incumplimiento   de   las   regulaciones   establecidas   en   esta   Ley,   se   sancionará  mediante  la  aplicación  de  las  leyes  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos  vigentes  en  las  entidades  federativas  y  en  el  ámbito  federal,  según  corresponda.    

Capítulo  II    

De  los  Principios  del  Federalismo  aplicables  a  las  relaciones  intergubernamentales    Artículo  12.    Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  entenderá  por:    I.   Acuerdo.   Acto   declarativo   bilateral   o   multilateral,   que   se   hace   manifiesto   y   suscriben  autoridades  de  distintos  órdenes  de  gobierno,    en  un  documento  oficial,  con  la  expresión  de  su  objeto  para  establecer  vínculos  de  naturaleza  amplia,  en  materia  de  coordinación,  colaboración,  descentralización,   concurrencia   o   auxilio   entre   las   partes,   dando   lugar   a   convenios   o  compromisos   específicos,   que   formarán     parte   del   cuerpo   normativo   y   del   objeto   del   propio  acuerdo.    II.   Autoridades   locales.   Las   que   corresponden   a   los   municipios   y   los   órganos   político-­‐administrativos  de  las  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal.    

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III.   Auxilio.   Vínculos   institucionales   emergentes   que   se   generan   entre   los   distintos   órdenes   de  gobierno,   para   atender   asuntos   ordinarios,   regulares,   incidentales,   extraordinarios   o  contingencias,   que   una   sola   instancia   no   se   encuentre   en   aptitud   de   resolver,   y   por   lo   cual   se  amerita  la  suma  de  esfuerzos  y  recursos,  propiciando  que  contribuyan  de  manera  concurrente  a  su  atención  y  resolución.    IV.  Colaboración.  Conjunto  de  actos  y  procedimientos  para  que  una  autoridad  correspondiente  a  un  determinado  orden  de  gobierno  coadyuve  con  otra  instancia  gubernamental  distinta  a  la  suya,  para  atender  una  determinada  materia  de  forma  asociada  o  complementaria,  con  el  propósito  de    proveer  a  su  buen  desempeño,  aproximándola  lo  más  posible  a  su  ámbito  material  de  ejecución  y  a  los  usuarios  o  beneficiarios  de  la  misma.    V.   Concurrencia.   Forma   que   toma   la   asignación   de   responsabilidades   públicas   en   un   sistema  federal,  en  la  cual  se  prevé  la  asignación  y  ejercicio  de  atribuciones  por  parte  de  autoridades  de  varios  órdenes  de  gobierno,  a  efecto  de  que  asuman  determinados  tramos  de  responsabilidad  y  autoridad,     para   constituir,   entre   todos,   los   marcos   de   regulación   y   ejecución   de   una   misma  materia.    VI.   Consejo.   El   Consejo   Consultivo   para   el   Federalismo,   Desarrollo   Municipal   y   relaciones  intergubernamentales,  constituido  en  los  términos  de  esta  Ley.    VII.   Convenio.   El   instrumento   jurídico   que   consigna   y   formaliza   la   voluntad   de   dos   o   más  instancias  de  gobierno,  para  asumir  obligaciones  recíprocas  en  una  o  varias  materias  específicas,  con  un  objeto  determinado,  estableciendo  normas  y  procedimientos  para  asegurar  su  atención  y  la  ejecución  de  las  acciones  que  correspondan  a  las  partes  que  lo  suscriben.    VIII.   Cooperación.   Principio   rector   del   federalismo   que   establece   la   obligatoriedad   en   la  aportación  de  esfuerzos,   recursos  y   capacidades   institucionales  por  parte  de  varios  órdenes  de  gobierno   en   una   o   varias   acciones   comunes   previamente   determinadas   y   convenidas   para  beneficio  de  una  colectividad.    IX.   Coordinación.   Principio   rector   del   federalismo   que   se   refiere   a   la   formación   de   vínculos  intergubernamentales  para  atender  y  resolver,  desde  el  ámbito  de  competencia  de  cada  instancia  de   gobierno,   políticas,   programas   y   acciones   públicas   determinadas,   conforme   a   normas   de  trabajo   conjunto   y   articulado,   bajo   una   misma   directriz,   compartiendo   recursos   en   forma  recíproca  y  asumiendo  responsabilidades  de  manera  proporcional  y  equitativa,  dando  coherencia  a  la  actuación  de  las  partes.    X.   Corresponsabilidad.   Principio   rector   del   federalismo,   que   reconoce   el   involucramiento  institucional   y   la   responsabilidad  mancomunada   de   varias   instancias   de   gobierno,   cuando,   por  virtud  de  sus  relaciones  intergubernamentales,  asumen  compromisos  recíprocos  sobre  un  asunto  determinado,   independientemente  de  aquellos  que  sean  propios  del  marco   legal  que  regule  su  actuación.    

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XI.  Descentralización.  Conjunto  de  actos  y  procesos  jurídicos  y  administrativos  para  la  asignación  temporal  o  permanente  de  atribuciones,  responsabilidades  y  recursos  que,  siendo  competencia  de  una  instancia  de  gobierno,  sus  autoridades  decidan  encomendarla  o  transferirla  a  otro  orden  de  gobierno  más  cercano  a  los  gobernados,  para  que  resuelva  y  gestione  todo  lo  conducente  a  la  materia  de  que  se  trate,  asumiendo  por  tanto  también  la  responsabilidad  de  sus  resultados.    XII.    Legislación  General.  Las  Leyes  Generales  que  expida  el  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  en  el  marco  de   jerarquía  de   las   leyes  establecido  en  el  artículo  133  de   la  Constitución  Política  de   los  Estados  Unidos  Mexicanos.    XIII.  Órdenes   de   gobierno.   Conjunto  o   parte   de   las   instancias   y   autoridades   que   representan   a  cualquiera   de   los   gobiernos   federal,   estatales,   municipales,   del   Distrito   Federal,   y   sus  demarcaciones  territoriales.    XIV.   Paridad   Política.   Cualidad   propia   de   los   sistemas   federales,   que     reconoce   la   igualdad   de  rangos  de  autoridades  representantes  de  todos  y  cada  uno  de  los  órdenes  de  gobierno,  sin  que  existan   entre   ellos   jerarquías   ni   fórmulas   de   subordinación   en   las   relaciones   y   vínculos  institucionales   que   promuevan   y   celebren   en   representación   de   sus   respectivas   instancias   de  procedencia.    XV.  Principios  del   Federalismo.  Conjunto  de  directrices  que   rigen   las   relaciones  que  se   suscitan  entre   los   órdenes   de   gobierno,   federal,   estatal,   municipal,   del   Distrito   Federal   y   sus  demarcaciones  territoriales,  conforme  a  la  vocación  federalista  del  Estado  mexicano.  Se  expresan  para   tal   efecto   los   conceptos   de   coordinación,   cooperación,   solidaridad,   subsidiariedad   y  corresponsabilidad,   cuya   observancia   brinda   orientación   y   sustentabilidad   al   ejercicio   de   las  competencias   propias,   concurrentes   y   coordinadas   entre   las   diferentes   instancias  gubernamentales.    XVI.   Relaciones   intergubernamentales.   Conjunto   de   vínculos   institucionales   de   coordinación,  cooperación,   apoyo   recíproco,   concurrencia,   intercambio,   descentralización   y   auxilio   que   se  producen  y  desarrollan  de  manera  ordinaria,  emergente,  regular,  incidental  o  transitoria  entre  las  instancias  de  gobierno  reconocidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.    XVII.   Solidaridad.   Fundamento   conceptual   y   teleológico   del   principio   de   cooperación   como   eje  rector  del  federalismo,  y  que  alude  al  compromiso  voluntario  que  asume  un  orden  de  gobierno  frente  a  otros,  al    existir  funciones  de  Estado  que  se  reconocen  en  forma  recíproca  y  generan  la  coincidencia  de  aportar  esfuerzos  para  darle  sustento,  motivando  el  respaldo  o  apoyo  de  otras  sin  que  medie  un  apremio  o  solicitud  de  apoyo.    XVIII.   Subsidiariedad.   Principio   rector   del   federalismo   que   prescribe   la   necesidad   de   que   las  funciones  del   Estado,   se  ubiquen  preferentemente   en  el   orden  de   gobierno  más   cercano   a   los  ciudadanos,   sin   menoscabo   del   sistema   que   establece   facultades   exclusivas   o   prohibiciones  expresas   en   el   régimen   federal,   obligando   entretanto   a   las   diferentes   instancias   de   gobierno   a  proveer  recursos  y  capacidades  en  auxilio  de  aquellas  cuyo  grado  de  desarrollo   institucional   les  

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hagan   imposible   la   autosuficiencia  necesaria  para  atender   las   funciones  o   servicios  públicos  de  que  se  trate.    Artículo   13.   Los   órdenes   de   gobierno   que   establezcan   vínculos   institucionales   de   colaboración,  coordinación,  concurrencia  y  descentralización,  se  sujetarán  a  las  disposiciones  que  establece  la  presente   Ley,   independientemente   de   las   regulaciones   específicas   que,   por   mutuo  consentimiento,   suscriban   o   incluyan   en   los   respectivos   acuerdos   y   convenios,   por   los   cuales  adquieran  formalidad  y  vigencia.    Artículo   14.   La   asociación   intergubernamental   se   concibe   como   una   forma   de   vinculación  institucional,  en  estricto  sentido  administrativa,  entre  los  gobiernos  de  las  entidades  federativas,  los  municipios  y  demarcaciones  político-­‐territoriales  del  Distrito  Federal,  de  conformidad  con  su  paridad   política   y   en   cumplimiento   de   los   límites   y   condiciones   que   se   establecen   en   la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  propias  de  las  Entidades  Federativas,  para   lo   cual   se   suscribirán   los   instrumentos   jurídicos   constitutivos,   en   alusión   directa   a   las  materias  o  fines  específicos  que  motivan  la  asociación.    Artículo  15.  La  asociación,  como  una  de  las  forma  de  relaciones  intergubernamentales,  podrá  dar  lugar  a  sistemas  interestatales  e  intermunicipales  de  vinculación  asociada.  En  el  caso  del  Distrito  Federal  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  propia  de  dicha  entidad  federativa.    Artículo   16.   La   asociación   intergubernamental   no   dará   lugar   a   la   creación   de   entes   con  personalidad  jurídica  propia  que  sustituyan  la  representatividad  de  las  autoridades  que  suscriban  los  convenios  de  asociación,  por  lo  cual  tendrán  la  naturaleza  jurídica  de  un  Acuerdo,  previsto  en  esta  Ley.    

Título  II    

De  la  concertación  de  autoridades  para  las  relaciones  intergubernamentales    

Capítulo  I.    

Del  Consejo  Consultivo    para  el  Federalismo,  Desarrollo  Municipal  y    Relaciones  Intergubernamentales  

 Artículo   17.   El   Consejo   Consultivo   para   el   Federalismo,   Desarrollo   Municipal   y   Relaciones  Intergubernamentales,  es  el  órgano  de  consulta  y  concertación  para  analizar,  discutir  y  proponer  las  medidas  institucionales,  que  contribuyan  al  desarrollo  armónico  y  productivo  de  las  relaciones  intergubernamentales   vigentes  y  en   formación,  así   como  para  proveer   soluciones  y  propuestas  del   orden   técnico   y   administrativo   para   la   observancia   y   consolidación   de   los   principios   del  federalismo  mexicano.    Artículo  18.  Las  autoridades  de   los  órdenes  de  gobierno  que  mantengan  vigentes    y   formalicen  relaciones   intergubernamentales,   procurarán   adoptar,   en   el   ámbito   de   sus   respectivas  competencias,   las   resoluciones   del   Consejo   Consultivo,   previendo   que   sus   actos   concurrentes,  

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coordinados   y   descentralizados,   no   contravengan   los   elementos   y   bases   normativas   que  establecen  la  Constitución  y  esta  Ley.    Artículo  19.    El  consejo  se  integra  por:    I.        El  Secretario  de  Gobernación,  quien  presidirá  el  consejo;    II.       El   titular   de   la   unidad   administrativa   de   la   Secretaría   de   Gobernación   responsable   de   la  coordinación  con  las  entidades  federativas;    III.  Un  representante  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública;    IV.  Un  representante  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público;    V.     Con   carácter   transitorio,   los   Secretarios  de  Estado  de   la   federación  y   funcionarios  estatales  que  sean  convocados,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias;    VI.   Cuatro   gobernadores,   correspondientes   a   las   entidades   federativas   de   los   grupos   a   que   se  refiere  el  artículo  20,  fracción  III,  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal,  conforme  a  lo  siguiente:    a)      Un  gobernador  de  alguna  entidad  federativa  integrante  de  los  grupos  uno  y  tres;    b)      Un  gobernador  de  alguna  entidad  federativa  integrante  de  los  grupos  dos  y  cuatro;    c)      Un  gobernador  de  alguna  entidad  federativa  integrante  de  los  grupos  cinco  y  siete;    d)      Un  gobernador  de  alguna  entidad  federativa  integrante  de  los  grupos  seis  y  ocho;    VII.   Cuatro   representantes   de   los   ayuntamientos   de   los   municipios   o   de   los   órganos   político-­‐administrativos   de   las   demarcaciones   territoriales   del   Distrito   Federal   elegidos   mediante  procedimiento  de  insaculación  organizado  y  calificado  por  el  Consejo,  y    VIII.  Los  titulares  de  las  Asociaciones  Municipales  reconocidas  por  el  Consejo,    con  voz,  pero  sin  voto,  y    IX.  Un  secretario  técnico,  quien  tendrá  derecho  a  voz,  pero  no  a  voto.    Los   cuatro   gobernadores   de   las   entidades   federativas,   así   como   el   representante   de   los  municipios  y  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal  durarán  en  su  encargo  2  años.  Los  gobernadores  ocuparán  sus  puestos  en  el  consejo  y  serán  sustituidos,  en  el  orden  alfabético  de  las  entidades  federativas  que  integren  los  respectivos  grupos.    Los  miembros   del   consejo   podrán   ser   suplidos   de   conformidad   con   el   acuerdo   que   suscriba   el  Consejo  para  tal  efecto.    

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Artículo  20.  El  Consejo  tendrá  las  facultades  siguientes:    I.  Establecer  la  regulación  interna  para  el  buen  funcionamiento  del  Consejo;    II.  Emitir  los  comunicados  y  solicitudes  de  información  ante  las  instancias  correspondientes  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno,  a  efecto  de  disponer  de  referencias  oficiales  sobre  el  estado  que  guardan   los   instrumentos   que   formalizan   y   por   medio   de   los   cuales   se   operan   las   relaciones  intergubernamentales  vigentes;    III.   Dar   seguimiento,     analizar   y   evaluar     en   lo   general   el   estado   que   guarda   la   ejecución   de  acuerdos,   convenios   y   demás   instrumentos   jurídicos   y   administrativos   que   suscriban   los  diferentes   órdenes   de   gobierno   en   lo   tocante   a   sus   relaciones   intergubernamentales,  identificando   los   casos   que   requieran   adecuaciones   a   efecto   de   lograr   su   idoneidad,   apego   y  congruencia    con  las  bases  establecidas  en  la  presente  Ley;    IV.   Promover   ante   los   titulares   del   poder   ejecutivo   de   la   federación,   de   los   gobiernos   de   las  entidades   federativas,   de   los   municipios   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito   Federal,   el  cumplimiento  de  los  acuerdos  del  Consejo  y  la  atención  de  los  asuntos  que  por  su  trascendencia  deban  ser  objeto  de  su  resolución  ejecutiva;    V.  Conocer,  de  las  distintas  instancias  de  gobierno,  las  propuestas  que  contribuyan  a  mejorar  los  mecanismos   actuales,   para   la   suscripción   de   instrumentos   que   formalicen   las   relaciones  intergubernamentales,   y   promover   aquellas   sobre   las   cuales   exista   consenso,   ante   las  autoridades  que  correspondan;    VI.  Constituirse  en  instancia  de  seguimiento  y  promoción  para  coadyuvar  a  la  celebración  de  los  acuerdos   que   suscriban   los   gobiernos   de   las   entidades   federativas   y   sus   autoridades   en   sus  respectivos   foros   nacionales,   conferencias   y   mecanismos   de   concertación,   interlocución   y  formación  de  consensos,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza;    VII.   Emitir   lineamientos   generales   para   la   mejor   integración   de   acuerdos   y   convenios   que  formalicen  las  relaciones  intergubernamentales  entre  los  distintos  órdenes  de  gobierno;    VIII.   Concertar   la   participación   de   autoridades   locales   y   de   las   entidades   federativas   en   la  planeación,   programación   y   gestión   de   políticas,   planes,   programas   y   acciones   destinadas   al  desarrollo   regional,   así   como   aquella   que   sea   requerida   por   otras   autoridades   locales   en   el  contexto  de   sus  propios  espacios  geopolíticos   cuando  no  hubieren   sido   consideradas  por  otros  órdenes   de   gobierno,   en   las   tareas   de   planeación   y   toma   de   decisiones   relacionadas   con   el  desarrollo  de  dicho  entorno;    IX.  Ordenar  la  realización  de  estudios  relacionados  con  medios  para  el  desarrollo  institucional  de  las  relaciones  intergubernamentales  en  el  marco  del  federalismo  mexicano;    X.   Evaluar   la   gestión   de   las   relaciones   intergubernamentales   vigentes,   de   conformidad   con   los  parámetros  derivados  de  los  principios  establecidos  en  esta  Ley.  

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 XI.  Emitir  su  programa  anual  de  trabajo;    XII.  Resolver  los  recursos  de  revisión  y  concertación  que  prevé  la  presente  Ley;    XIII.   Nombrar   a   los   representantes   de   los  municipios   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito  Federal  que   integren  el  Consejo,  en   términos  de   la   regulación   interna  que  establezca  el  propio  Consejo;    XIV.   Analizar   y,   en   su   caso,   aprobar   los   proyectos   que   someta   a   su   consideración   el   secretario  técnico;  y    XIV.    Las  demás  establecidas  en  esta  Ley.    Artículo  21.  El  consejo  sesionará,  cuando  menos,  tres  veces  al  año.  Su  presidente,  con  apoyo  del  secretario  técnico,  realizará  las  convocatorias  que  estime  pertinentes  o  resulten  necesarias.    Las   decisiones   se   tomarán  por  mayoría   de   votos   de   los  miembros   del   Consejo   presentes   en   la  reunión.  En  caso  de  empate,  el  presidente  del  tendrá  voto  de  calidad.    Las  sesiones  del  consejo  se  harán  constar  en  actas  que  deberán  ser  suscritas  por   los  miembros  que  participaron  en  ellas  y  se  harán  públicas  a  través  de  los  medios  informativos  oficiales  de  las  instancias  de  gobierno  a  las  que  correspondan  sus  miembros.    

Capítulo  II    

De  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo    Artículo  22.  El  titular  de  la  unidad  administrativa  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  responsable  de  la   coordinación   con   las   entidades   federativas   fungirá   como   secretario   técnico   del   consejo   y  tendrá  las  facultades  siguientes:    I.   Elaborar   la   propuesta   de   programa   de   trabajo   del   Consejo,   de   conformidad     con   los  lineamientos   de   su   presidencia   y   el   orden   de   los   asuntos   que   hubieran   sido   aprobados   en   el  pleno;    II.   Elaborar   y   dar   trámite   a   los   comunicados   y   acuerdos   del   Consejo   ante   las   autoridades   que  corresponda;    III.  Recibir  comunicados,  resguardar  la  información  de  su  contenido  y  procesarla  de  conformidad  con  las  instrucciones  del  Presidente  del  Consejo;    IV.   Gestionar   todo   lo   conducente   a   los   acuerdos   del   Consejo   y   del   programa   de   actividades  aprobado;    

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V.    Programar  los  estudios  que  se  consideren  indispensables  en  apoyo  del  desarrollo  institucional  de  las  relaciones  intergubernamentales;    VI.  Promover    los  procesos  de  formación  de  propuestas  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno  para  darlos  a  conocer  ante  el  Consejo;    VII.   Recibir   y   presentar   ante   el   Consejo,   las   propuestas   técnicas   que   a   su   vez   presenten   las  autoridades  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno  en  los  asuntos  propios  de  la  materia  que  ocupa  al  Consejo;    VIII.   Asesorar   y   capacitar   a   los   entes   públicos   en   lo   relacionado   con   la   instrumentación   e  interpretación  de  las  normas  establecidas  en  la  presente  Ley;    IX.   Recibir   y   gestionar   las   solicitudes   de   ejecución   de   los   procedimientos   relacionados   con   los  cursos  de  revisión  y  concertación  a  cargo  del  Consejo,  instituidos  por  la  presente  Ley;    X.  Elaborar  el  marco  metodológico  para  llevar  a  cabo  el  análisis  y  valoración  de  la  gestión  de  las  relaciones  intergubernamentales;  y    XI.   Las   demás   que   formen   parte   de   los   acuerdos   del   Consejo     y   le   sean   atribuidos   por   su  Presidente.    Artículo  23.  El  Secretario  Técnico  mandará  publicar  el  programa    anual  de  trabajo  del  Consejo  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  y  promoverá  asimismo  su  publicación  en  los  medios  oficiales  de  las  entidades  federativas.    El  Consejo,  por  conducto  del  Secretario  Técnico,   llevará  un  registro  de  las  acciones  que  realicen  los  distintos  órdenes  de  gobierno  para  adoptar  y  ejecutar  los  acuerdos  del  propio  Consejo.    

Capítulo  III    

De  los  procedimientos  de  consejería  para  las  relaciones  intergubernamentales    Artículo  24.  En  el  marco  de  las  facultades  del  Consejo,  podrán  llevarse  a  cabo  con  el  concurso  de  las  autoridades  de  cualquiera  de  los  órdenes  de  gobierno,  la  realización    de  los  procedimientos  de  Consejería   que   contribuyan   al   desarrollo   de   las   relaciones   institucionales   y   a   la   conciliación   de  situaciones   que,   teniendo   las   características   de   una   controversia   del   orden   técnico   o  administrativo,  el  Consejo  pueda  dirimir  sin  afectar  el  sentido  de  los  propósitos  y  la  materia  que  dieron  lugar  a  la  formación  de  vínculos  intergubernamentales.    Artículo  25.  Se  reconocen  como  procedimientos  de  consejería  para  el  desarrollo  de  las  relaciones  intergubernamentales,  los  siguientes:    I.  Seguimiento  y  valoración  de  convenios  en  sus  diferentes  modalidades  y  alcances;    

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II.  Consulta  y  concatenación  de  propuestas  de  distintos  órdenes  de  gobierno  para  la  concertación  y  participación  de  autoridades  locales  en  programas  regionales;    III.   Concertación   entre   distintos   órdenes   de   gobierno,   para   la   celebración   de   convenios   con   la  asistencia  técnica  del  Consejo;    IV.  Concertación  de  autoridades  a  cargo  de  programas  y  acciones  dirigidas  al  ámbito  municipal  a  efecto  de  que  valoren  y  resuelvan  sobre  propuestas  generadas  por  los  gobiernos  locales  cuando  no  hubieran  sido  atendidas,  consultadas  o  involucradas  en  la  orientación  de  dichos  programas  y  acciones;    V.   Conocimiento   y   resolución   de   controversias,   en   lo   relativo   a   aspectos   técnicos   y  administrativos  de  convenios,  con   la  mediación  del  Consejo,  cuando  no  se  hubiera  señalado  en  otras  leyes  o  disposiciones  administrativas,  a  la  autoridad  competente  para  su  resolución;    VI.  Difusión  y  promoción  de  informes,  análisis  y  resoluciones  del  Consejo  en  los  medios  oficiales  de  información  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno;  y    VII.   Los   demás   procedimientos   de   estudio,   valoración   y   prospectiva   que   requiera   el   desarrollo  institucional  de  las  relaciones  intergubernamentales.    Artículo   26.   Para   la   realización   de   los   procedimientos   señalados   en   este   capítulo,   la   Secretaría  Técnica   del   Consejo,   realizará   las   gestiones   necesarias   orientadas   a   que   las   instancias  involucradas  generen  la  información  y  realicen  los  trabajos  requeridos,  procurando  la  aportación  cooperativa  de  los  recursos  que  cada  caso  requiera.    Artículo   27.   La   realización   de   los   procedimientos   del   Consejo   se   sujetará   al   protocolo   de  suscripción   de   Acuerdos   entre   las   partes   involucradas,   generando   los  mecanismos   para   que   el  Consejo  tenga  participación  en  el  seguimiento  y  valoración  de  su  cumplimiento.    Artículo  28.  En  la  ejecución  de  los  procedimientos  del  Consejo  prevalecerá  el  principio  de  paridad  política   de   los   gobiernos   que   concurran   a   los   mismos,   procurando   que   exista   equidad   en   el  enfoque,   contenido   y   responsabilidades   derivadas   de   los   instrumentos   que   formalicen   las  relaciones   intergubernamentales   o   que   se   restituyan   las   condiciones   para   propiciar   dicha  equidad.    Artículo  30.  Si  en  la  ejecución  de  sus  distintos  procedimientos,  o  como  resultado  de  propuestas  o  peticiones   de   cualquier   orden   de   gobierno,   el   Consejo   identifica   en   el   desarrollo   de   relaciones  intergubernamentales,   prácticas   de   las   que   se   adviertan   indicios   de   subordinación,   controles   o  mecanismos   que   sobrepasen   las   facultades   propias   de   un   orden   de   gobierno   sobre   otro,  afectaciones   al   equilibrio   en   la   toma  de   decisiones   entre   autoridades   participantes     o   aquellas  que   no   guarden   el   apego   necesario   a   los   principios   y   disposiciones   establecidas     en   la  Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   los   lineamientos   de   esta   Ley   y   la  legislación  general  aplicable,  a  petición  expresa  de  la  instancia  afectada,  procederá,  en  su  caso,  a  emitir  las  recomendaciones  necesarias  para  generar  los  equilibrios  requeridos  en  cada  caso.  

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 Título  III  

 De  la  participación  de  diversas  instancias  de  gobierno  en  la  formación  de  programas  sectoriales  

regionales    

Capítulo  I    

De  la  previsión  de  materias  de  programación  concurrente    Artículo   31.   El   Consejo   promoverá   la   articulación   de   los   distintos   órdenes   de   gobierno   en   la  formación  de   acuerdos  para   la   formulación  de  programas   regionales;   entendiendo   como   tales,  aquellos   que   involucren   acciones   encaminadas   al   desarrollo   de   varios   gobiernos   locales,  considerando   la   naturaleza   y   vínculos   de   su   situación   geopolítica,   y   condiciones   reales   del  desarrollo  económico,  social  y  su  entorno  cultural.    En   el   caso   de   regiones   que   involucren   la   totalidad   o   mayor   parte   de   dos   o   más   entidades  federativas,   se  promoverá   la  ejecución  de   los  mecanismos  previstos  en   la   legislación  general,  a  efecto   de   que   las   autoridades   correspondientes   articulen   los   medios   y   programación   que  correspondan   para   generar   la   visión   integral   de   sus   respectivas   acciones   y   las   que   de  manera  concurrente  y  coordinada  ejecuten  en  dicho  entorno.    Artículo   32.   Para   llevar   a   cabo   las   medidas   establecidas   en   el   artículo   anterior,   el   Consejo  promoverá  la  participación  de  sus  representantes  en  los  Comités  de  Planeación  para  el  Desarrollo  que  existan  en  los  estados  y  gobiernos  locales,  de  tal  manera  que  dichos  ámbitos  de  análisis  sean  instancias  propicias  para  el  intercambio  de  información,  exposición  de  propuestas,  realización  de  consultas  y  ampliación  de  los  medios  de  comunicación  institucional  entre  servidores  públicos  de  varios  órdenes  de  gobierno  en  labores  conjuntas  de  previsión  y  programación  compartida.    Artículo   33.   De   conformidad   con   los   procedimientos   de   concertación   a   cargo   del   Consejo,   se  promoverá  y  respaldará  la  participación  de  los  gobiernos  locales,  en  las  materias  propias  de  sus  competencias   y   ámbitos   jurisdiccionales,   para   que   se   involucren   en   la   programación   regional  sectorial   y   para   que   sean   consultados   y   considerados   sus   requerimientos   en   aquellas   acciones  destinadas  a  operar  en  sus  respectivos  ámbitos  de  actuación.    Artículo  34.  Las  materias  de  programación  concurrente  pueden  ser  aquellas  que  la  Constitución  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos   y   la   legislación   secundaria,   prevea   para   la   participación   de  autoridades   y   servidores   públicos   de   distintos   órdenes   de   gobierno,   en   forma   coordinada,  descentralizada,   concurrente,   cooperativa,   subsidiaria   o   en   cualquiera   otra   modalidad   de  aportación  de  capacidades;  siempre  que  tengan  que  ver  con  el  desarrollo  de  una  región.    Artículo  35.  En  el  caso  de  la  planeación  nacional  y  para  los  programas  regionales  promovidos  por  el   gobierno   federal,   el   Consejo   promoverá   la   concertación   de   autoridades   de   las   entidades  federativas,   gobiernos   locales   y   autoridades   federales   sectoriales,   en   los   tiempos   y   términos  previstos  en  la  Ley  de  Planeación.  

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 Artículo  36.  El  Consejo  conocerá  de  los  casos  en  que  los  gobiernos,  debiendo  estar  involucrados  en   un   proceso   de   programación   regional   concurrente,   no   hubieran   sido   convocados   o  involucrados  en  el  mismo,  a  efecto  de  garantizar  su  participación,  sin  menoscabo  de  su  paridad  política  con  relación  a  las  demás  instancias  participantes.    Artículo  37.  El  Consejo  promoverá   la   restitución  de  equilibrios  y  equidad  en   la  participación  de  autoridades   locales   que   hayan   sido   objeto   de   restricciones   o   cualquier   tipo   de   exclusión   de  autoridades  de  algún  orden  de  gobierno  en  la  formación  de  consensos,  realización  de  consultas,  generación   de   propuestas,   gestión   de   peticiones   formalmente   presentadas   para   su   estudio   y  demás   medios   de   articulación   de   puntos   de   vista   sobre   materias   que   deban   ser   tratadas  mediante  la  programación  regional  concurrente.    

Capítulo  II    

De  la  participación  de  autoridades  de  los  gobiernos  locales    Artículo   38.   En   observancia   al   principio   de   congruencia   que   debe   existir     entre   planes   de  desarrollo  de  las  entidades  federativas,  planes  de  los  gobiernos  locales  y  la  planeación  nacional,  prevista   en   la   propia   Ley   de   Planeación;     en   los   acuerdos   y   convenios   que   se   suscriban   con  gobiernos   locales,   la   oferta   programática   de   descentralización   y   transferencia   de  responsabilidades,   competencias,   acciones   y   recursos,   procedentes   de   otros   órdenes   de  gobierno,  se  deberá  guardar  la  concatenación  armónica,  congruencia  y  respeto  a  las  prioridades  previstas  en   la  planeación  del  orden   local.  El  Consejo  emitirá  su  opinión  en  este  respecto  en  el  caso  que  lo  requieran  las  autoridades  locales.    Artículo   39.   La   participación   de   los   gobiernos   locales   en   mecanismos   de   programación  concurrente   y   en   la   ejecución   de   programas   y   acciones   descentralizadas   o   destinadas   a  municipios   y   demarcaciones   territoriales   del   Distrito   Federal,   deberá   contemplar   la   posibilidad  formal  de  considerar  las  propuestas  y  medios  de  operación  que  sus  autoridades  provean  para  el  mejor  desempeño  y  apego  a  las  normas  de  operación  que  regulen  los  programas  y  acciones  a  su  cargo.      Artículo   40.   La   participación   de   las   autoridades   de   los   gobiernos   locales   en   comités   y   otros  órganos  de  consulta  y  participación  ciudadana,  previstos  en  las  reglas  de  operación  de  programas  destinadas  a  municipios  y  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal,  de  procedencia  federal  o  de  las  entidades  federativas,  no  comprometerá  ni  ejercerá  coerción  legal  alguna  para  que  sus  órganos   de   gobierno   asuman   de   manera   obligatoria   dichas   resoluciones.   En   este   sentido,   el  Consejo   emitirá   su   opinión   a   las   autoridades   correspondientes,   cuando   se   establezca   en  convenios  y  normas  secundarias  algún  tipo  de  sujeción  de  los  gobiernos  locales  a  obligaciones  o  requerimientos  no  previstos  en  la  Constitución  y  en  la  Ley.    Artículo   41.   Las   responsabilidades   de   las   autoridades   locales   en   cuanto   a   la   participación   y  representación   que   asuman   en   comités   y   consejos   ciudadanos   o   de   cualquier   otro   órgano   de  colaboración   previsto   en   reglas   de   operación   de   programas   federales   o   estatales,   no   pueden  

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asumirse  en  detrimento  de  las  que  reciba  del  orden  constitucional,  ni  comprometerán  decisiones    reservadas   a   sus   órganos   de   gobierno;   por   consiguiente,   se   restringirán   a   la   calidad   de   una  representación  honorífica  y,  en  su  caso,  en  responsabilidades  de  tipo  administrativos  resultantes  de  la  operación  de  los  convenios  que  correspondan.    En   el   cuerpo   normativo   de   los   acuerdos   o   convenios,     se   enunciarán   de   manera   explícita   las  responsabilidades   que   se   contraigan,   debiendo   cumplirse   las   formalidades   esenciales   para   su  celebración.    Artículo   42.   El   Consejo   fungirá   como   Foro   Nacional   Permanente   de   atención   a   propuestas   y  planteamientos   relacionados   con   necesidades   de   los   gobiernos   locales   y   de   otros   órdenes,   en  materia  de  relaciones  intergubernamentales,  buscando  articular  acuerdos  de  consejería  y,  en  su  caso,   recomendaciones  abiertas,  para  que   las  partes  a  quienes  corresponda,  procedan  a   tomar  razón,   procurar   e   implantar   las   soluciones   apropiadas   para   rectificar   situaciones   que  contravengan  lo  dispuesto  en  esta  Ley.    Artículo  43.  El  Consejo  conocerá  y  asistirá  en  términos  técnicos  y  de  orientación   institucional,  a  las  autoridades  locales  que  señalen  actos  de  exclusión  o  desconocimiento  de  su  paridad  política  por   parte   de   autoridades   de   otros   órdenes   de   gobierno,   en   cualquiera   de   las   etapas   de   un  proceso   de   gestión   de   relaciones   intergubernamentales   o   en   su   participación   en   programas   o  acciones   descentralizadas,   transferidas   o   destinadas   expresamente   a   los   municipios   y  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal.      Artículo  44.     Los  gobiernos   locales,  en   función  de  sus  capacidades  y   la  necesidad  de  mejorar   la  gestión,  tanto  de  los  asuntos  públicos  a  su  cargo,  como  los  que  provean  otros  entes  en  el  mismo  ámbito   local,   podrán   solicitar   a   las   autoridades   que   correspondan,   la   descentralización   o  transferencia   de   materias,   recursos   procesos   y   responsabilidades   técnicas   y   administrativas,   a  efecto  de  asumir  su  operación  o  prestación  en  beneficio  del  desarrollo  y  la  sociedad  local.    Artículo   45.   El   Consejo   formulará   los   estándares   y   requisitos   para   dictaminar   la   procedencia   y  viabilidad  técnica  y  administrativa  de  las  solicitudes  previstas  en  el  artículo  anterior,  anticipando  o   esclareciendo,   en   su   caso,   las   ventajas   y   desventajas   que   deban   valorar   tanto   el   orden   de  gobierno  peticionario,   como   la  autoridad  que  deba   resolver  al   respecto.   Las  peticiones  pueden  generarse   tanto  en  el  marco  de   las  materias   coordinadas   y   concurrentes  previstas   en   las   leyes  generales,  como  en  aquellas  que  no  tengan  restricciones  constitucionales  para  su  transferencia.    Artículo  46.  El  Consejo  podrá  proveer  asistencia  técnica,  en  términos  de  orientación  institucional  a   los   gobiernos   locales   que   lo   soliciten,   a   efecto   de   que   formulen   y     presenten   peticiones   de  transferencia   de   programas,   acciones,   recursos   y   responsabilidades   a   otras   instancias   de  gobierno,  tanto  de  manera  individual  como  asociada,  con  sus  respectivos  expedientes  técnicos.    Artículo  47.  Las  autoridades  de  los  órdenes  de  gobierno  que  reciban  peticiones  y  propuestas  de  otras   instancias   de   gobierno   en   cualquiera   de   los   asuntos   concernientes   a   las   relaciones  intergubernamentales   y   en   rubros   de   descentralización   y   transferencia   de  materias   de   gestión  administrativa,   deberán   recibir,   analizar,   evaluar   y   resolver   sobre   la   petición   presentada;  

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asimismo   deberán   exponer   las   consideraciones   que   el   caso   amerite,   dando   una   respuesta  razonada  y  justificada,  que  funde  y  motive  la  procedencia  o  improcedencia  del  mismo  asunto.    Artículo   48.   Los   dictámenes     sobre   la   procedencia   o   improcedencia   de   una   petición   de   la  naturaleza   que   se   refiere   en   el   artículo   anterior   deberán   sujetarse   a   las   siguientes  consideraciones  mínimas:    I.  Que  la  materia  objeto  de  la  petición  no  quede  encuadrada  en  el  rubro  de  facultades  exclusivas  de   la   federación   o   su   transferencia   invada   facultades   de   alguna   autoridad,   que   impidan   su  delegación,  transferencia  o  descentralización  a  otras  autoridades;    II.  Que  el  ejercicio  de  las  funciones,  la  ejecución  de  obras  o  la  prestación  de  servicios,  inherentes  a  la  materia  objeto  de  la  petición,  no  estén  prohibidas  a  la  instancia  peticionaria;    III.  Que   la   petición  defina   con   claridad  el   rubro  o   los   rubros   que   sean  materia   de   la   petición   y  determine  el  tipo  de  transferencia  o  descentralización  sugerida  por  las  autoridades  municipales,  con  la  respectiva  demostración  de  sus  ventajas  y  beneficios  para  ambas  partes;    IV.  Que  la  materia  objeto  de  transferencia  o  descentralización  no  presente  riesgos  de  merma  de  recursos  o  inconsistencias  en  su  funcionamiento  actual;  asegurándose  con  evidencias  y  estudios  técnicos   que   podrá,   no   solamente   conservar   sus   estándares   de   gestión   que   presente   en   la  actualidad,  sino  que  tenderá  a    mejorar  en  la  modalidad  solicitada;    V.   Que   los   recursos   solicitados   en   transferencia   para   operar   en   forma   descentralizada,   no  excedan   el   monto   de   las   asignaciones   vigentes   al   momento   de   la   petición   y   que,   la   parte  peticionaria  se  comprometa  a  incrementarlo  con  fuentes  propias  de  financiamiento;    VI.   Que   se   presente   un   plan   para   la   organización,   funcionamiento,   control   y   evaluación   de   la  función  o  servicio  público  de  que  se  trate,  que  refleje  claridad  en  la  gestión  de  la  materia  objeto  de   la   petición   y   que  demuestre     consistencia   y   rigor   técnico  para   sustentar     la   viabilidad  de   la  propuesta;    VII.  Que  no  se  afecten  los  derechos  laborales  de  los  trabajadores  que  operan  en  la  actualidad  la  materia  objeto  de  la  petición;  y    VIII.  Otras  previsiones  resultantes  de  la  naturaleza  de  la  materia  objeto  de  la  propuesta.    

Capítulo  III    

Del  seguimiento  de  programas  regionales  concertados  con  la  participación  de  autoridades  locales  

 Artículo   49.   El   Consejo   establecerá   una   serie   de   guías   para   el   seguimiento   y   evaluación   de   la  gestión   de   los   programas   regionales   concertados,   enfatizando   el   tipo   de   participación   y  resultados  obtenidos  en  beneficio  de  los  gobiernos  locales.  

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 Artículo  50.  El  seguimiento  de  los  programas  regionales  concertados  se  sustentará  en  referentes  de  valoración  conforme  a  las  bases  siguientes:    I.   Registro   y   verificación   de   evidencias   de   cumplimiento   de   acciones   programadas,   metas   y  resultados,   así   como   los   impactos   que   se   constaten   en   el   desarrollo   de   los   programas  concertados;    II.   Verificación   del   equilibrio   de   responsabilidades,   facultades   de   decisión,   controles   y  obligaciones  contraídas  por  las  partes;    III.  Constatación  de  la  proporcionalidad,  subsidiariedad,  complementariedad  y  otros  principios  o  criterios  que  denoten   la  equidad  y  accesibilidad  de   las   aportaciones  en   recursos   realizadas  por  cada  una  de  las  partes;    IV.  Verificación  de  la  oportunidad  en  la  aportación  y  disponibilidad  de  los  recursos  asignados  a  la  operación  del  programa;    V.  Valoración  de  la  eficiencia  y  capacidad  real  demostrada  por  las  autoridades  y  gestores  de  los  recursos  del  programa;    VI.   Valoración   de   los   resultados   y   expectativas   de   los   programas   conforme   a   las   necesidades  expuestas  por  parte  de  las  autoridades  locales  y  aquellas  en  cuyo  ámbito  de  competencia  inciden  los  programas  concurrentes;    VII.   Registro   y   análisis   de   incidencias   y   situaciones   que   generaron   algún   tipo   de   problema   de  gestión  de  los  programas;    VIII.  Grado  de  consenso  y  colaboración  generado  entre  las  autoridades  participantes  y  eficiencia  de  las  comunicaciones  institucionales;  y    IX.  Otros  referentes  útiles  para  mejorar  los  estándares  de  gestión  de  programas  concurrentes.    Artículo  51.  El  Consejo  podrá  asistir  a  los  gobiernos  locales  en    la  aplicación  de  los  instrumentos  de  seguimiento  señalados  en  el  artículo  anterior  y  a  requerir  información  complementaria,  a  las  autoridades   correspondientes,   a   efecto   de   conocer   los   alcances   reales   de   sus   peticiones   y   la  atención  de  las  necesidades  de  sus  respectivos  ámbitos  de  actuación.    

Título  IV    

De  las  Relaciones  Intergubernamentales    

Capítulo  I    

De  las  relaciones  basadas  en  la  concurrencia  de  competencias  

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 Artículo   52.   Las   relaciones   sustentadas   en   la   concurrencia   son   aquellas   que   derivan   de   la  legislación  general,  en  atención  a   la  distribución  de  competencias  que   se  asigna  en   la  misma  a  cada  orden  de  gobierno.    Artículo  53.  Las  relaciones  basadas  en  la  concurrencia  de  competencias  pueden  ser  agrupadas  en  al  menos  las  siguientes  modalidades:    I.  Libre  concurrencia.  Aquella  en  la  que  las  instancias  que  comparten  de  manera  complementaria  competencias   en   alguna  materia   señalada   en   las   leyes   generales,   acuden   con   sus   contrapartes  para  mejorar   los  esquemas  de  coordinación  establecidos  en  su  marco   legal,   contribuyendo  con  ello  al  perfeccionamiento  de  la  actuación  intergubernamental  en  dicho  rubro;    II.  Concurrencia  obligatoria.  La  que  se  señala  de  manera  expresa  en  las  leyes  generales  y  que  da  lugar   a   la   formación   de   instancias   intergubernamentales   de   coordinación   y   la   previsión   de  mecanismos  que  aseguren  la  colaboración  entre  las  partes  involucradas  en  la  misma;  y    III.   Concurrencia   por   casos   de   necesidad   e   intervenciones   subsidiarias.   La   que   ocurre   para  resolver  problemas  de  gestión  de  una  materia,  en   la  cual   las  capacidades    de  una     instancia  de  gobierno,  con  competencias  atribuidas  por   la   legislación  general  en  dicha  materia,  no  alcance  a  resolverla  sin  el  concurso,  intervención  y  colaboración  de  otras  instancias  de  gobierno.    Artículo   54.   Las   modalidades   previstas   en   las   fracciones   I   y   III   del   artículo   anterior   serán  formalizadas  mediante  acuerdos  y  convenios  que  aseguren  un  ejercicio  de  competencias  acorde  con  los  elementos  reguladores  de  la  legislación  general  aplicable.    Artículo  55.  En  todo  caso  de  relaciones  basadas  en  la  concurrencia  de  competencias,    se  deberá  aplicar   el   principio   de   corresponsabilidad,   por   lo   cual   la   gestión   de   sus  materias   y   objetos   de  regulación   y   gestión   requiere   una   administración   compartida   y   medios   de   aseguramiento   de  resultados  concatenados  e  interdependientes.    Artículo   56.   Las   relaciones   por   concurrencia   de   competencias,   requieren   del   cumplimiento  preciso  de  los  tramos  de  responsabilidad  que  corresponden  a  cada  orden  de  gobierno,  por  lo  cual  se  consideran  relaciones  de  complementariedad  e  integralidad.    Artículo  57.  Las  materias  que  sean  objeto  de  concurrencia  de  competencias  de  distintos  órdenes  de  gobierno,  son  consideradas  de  orden  público,  por  lo  cual  los  actos  de  autoridad  que  se  emitan  al   respecto,  no  pueden  mermar  o  acotar   la   responsabilidad  del   Estado  en   cuanto  a   su   rectoría  normativa  y  gestión.    Los  actos  de   concesión,   conversión  operativa  de   sus  bienes   y  medios  de  operación  a   reglas  de  mercado,   la   cesión   de   derechos   a   favor   de   terceros,     y   otros   que   comprometan   la   viabilidad  pública  de  estas  materias,  tendrán  que  consultarse,  dictaminarse  y  resolverse,  estableciendo  los  plazos   en   que   esto   deba   ocurrir,     en   forma   compartida   por   los   órdenes   de   gobierno   que   de  manera  concurrente  sean  partícipes  de  la  misma.  

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 Artículo  58.  Los  gobiernos  que  hubieran  promovido  propuestas  en  contra  de  algún  acto  de  cesión  o  concesión  relativa  a  derechos  o  bienes,  sujetos  a  regulaciones  concurrentes,  y  en  atención  a  su  naturaleza   de   utilidad   pública,   podrán   impugnarlos   mediante   los   recursos   señalados   en   la  legislación   general.   El   Consejo,   en   estos   casos   podrá   ser   consultado   para   lograr   una   correcta  orientación  institucional  de  las  posiciones  controvertidas.    Artículo  59.  Las  materias  que  sean  objeto  de  regulación  de  la  legislación  general  vigente,  pueden  ser   evaluadas   en   forma   recíproca   entre   los   órdenes   de   gobierno   responsables   de   las  mismas,  constatando  que   los   tramos  de   responsabilidad  de   cada  orden  de   gobierno   se  hayan   realizado  con   apego   a   las   competencias   correspondientes   a   cada   instancia,   para   que,   en   su   defecto,   se  proceda   a   conciliar   y/o   convenir   de   manera   conjunta   los   medios   que   contribuyan   al  mejoramiento  de   su  gestión.  El  Consejo  en  este   rubro,  podrá  contribuir  a  dicho  mejoramiento,  emitiendo  recomendaciones  técnicas  en  los  rubros  de  concurrencia  que  presenten  problemas  o  disfunciones.    Artículo  60.  La  celebración  de  acuerdos  y  convenios  de  coordinación  o  colaboración,  en  materia  de   relaciones   intergubernamentales  sustentadas  en  competencias  concurrentes  de   los  distintos  órdenes  de  gobierno,  deberán  considerar,  en  todo  los  casos  las  necesidades  del  entorno  local,  así  como  la  previsión  de  las  mejores  fórmulas  de  participación  de  las  comunidades  y  los  ciudadanos.    Articulo   61.   Las   autoridades   de   las   instancias   de   gobierno   que   participen   en   programas  intergubernamentales   de   naturaleza   concurrente,   deberán   establecer   en   sus   respectivos  acuerdos   y   convenios   las   garantías   y  mecanismos  necesarios   para   el   intercambio   y   acceso   a   la  información   sobre   sus   respectivas   acciones,   de   tal  manera  que   sus  bases  de  datos   constituyan  referentes  actualizados  para  la  programación  conjunta  y  sectorial  de  acciones.    

Capítulo  II    

De  las  relaciones  basadas  en  mecanismos  de  coordinación  de  autoridades  y  medios  institucionales  

 Artículo  62.   Las   relaciones   intergubernamentales  basadas  en  mecanismos  de   coordinación,   son  aquellas   que   derivan   de   la   operación   de   los   Sistemas   Nacionales,   y   en   los   mecanismos   de  vinculación  establecidos  en   las   leyes  generales.  Además  aquellas  que,  de  manera  convencional,  por  motivo  de  necesidades  comunes  y  en  aras  de  la  atención  conjunta  de  ciertas  materias,  sean  promovidas  y  suscritas  por  los  distintos  órdenes  de  gobierno.    Artículo   63.   Las   relaciones   basadas   en   mecanismos   de   coordinación   de   autoridades   y   medios  institucionales  pueden  ser  agrupadas  en  al  menos  las  siguientes  modalidades:    I.  Coordinación  para   la  atención  conjunta  de  procesos  de  planeación,  programación  y  ejecución  de  programas  de  desarrollo;    

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II.   Coordinación   para   la   gestión   de   políticas   nacionales   en   rubros   estratégicos   y   programas   del  Plan  nacional  de  Desarrollo;    III.   Coordinación   para   el   intercambio   de   información   y   referentes   técnicos   para   procesos   de  programación  sectorial;    IV.  Coordinación  para  la  participación  de  recursos  correspondientes  a  fondos  públicos  y  recursos  presupuestales  transferibles;    V.   Coordinación   para   la   planeación,   ejecución,   control   y   evaluación     de   obras   y   prestación   de  servicios  públicos;    VI.  Coordinación  para   la  operación  de  programas  dirigidos  al  desarrollo   rural,   social,  ambiental,  urbano,  y  a  la  sustentabilidad  del  medio  físico  de  los  entornos  regionales  y  locales;    VII.  Coordinación  para  la  vigilancia  y  protección  de  recursos  naturales  y  áreas  protegidas;    VIII.   Coordinación   para   la   armonización   del   ejercicio   de   competencias   de   cada   instancia   de  gobierno  en  los  casos  de  obligaciones  fiscales  entre  los  contribuyentes;    IX.  Coordinación  para  la  sistematización  y  normalización  unificada  de  procesos  administrativos;    X.  Coordinación  en  materia  de  seguridad  pública  y  procuración  de  justicia;    XI.  Coordinación  en  materia  de  funciones  registrales  y  del  orden  público  en  materia  de  población;    XII.  Otros  rubros  previstos  en  la  legislación  secundaria  de  los  órdenes  de  gobierno  federal  y  de  las  entidades  federativas.    Artículo   64.   Las   relaciones   que   aluden   a   la   coordinación   son   generadoras   y   articuladoras   de  diversas  medidas  de  atención  de  asuntos  públicos,  permitiendo  que  se  compartan  atribuciones,  responsabilidades  y  recursos  en  marcos  de  regulación  flexibles  y  adaptables  a  las  capacidades  de  los   gobiernos   que   las   suscriben,   motivo   por   el   cual   sus   medios   de   regulación,   control   y  eventualmente   de   resolución   de   controversias,   deberán   ser   proporcionales   y   racionales   con  relación  a  la  naturaleza  de  los  compromisos  que  se  contraen.    Artículo   65.   Las   relaciones   intergubernamentales   promovidas   mediante   la   operación   de  programas   federales   o   de   las   entidades   federativas   que   prevean   la   descentralización   y  transferencia  de   fondos  de   sus   respectivos  presupuestos,   son  potestativas  para     las  partes  que  suscriban  sus  acuerdos,  generando  para  ellas,  el  derecho  de  participar  de  dichos  programas.    Artículo  66.  El  Consejo  promoverá  los  acuerdos  necesarios  para  que  en  la  operación  de  relaciones  de  coordinación  sustentadas  en  programas  descentralizados  y  para   la   transferencia  de  recursos  presupuestales   de   unos   gobiernos   hacia   otros,   se   aseguren   garantías   de   adaptabilidad   de   los  mismos  a  las  condiciones  reales  de  los  gobiernos  beneficiarios,  de  tal  manera  que  sus  cometidos,  

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objetivos   y   metas   no   rebasen   la   capacidad   de   gestión   de   sus   administraciones   públicas   y   los  hagan  sujetos  de  responsabilidades  administrativas.    Artículo   67.   Con   respecto   a   las   relaciones   de   coordinación   basadas   en   programas  descentralizados  o  transferencias  de  recursos  de  un  gobierno  a  otro,  el  Consejo  podrá  orientar  y  asistir   a   los   gobiernos   locales   para   que   los   términos   y   condiciones   de   operación   de   dicho  programas,   no   excedan   el   marco   de   atribuciones   de   las   autoridades   que   los   promueven,   ni  generen   responsabilidades   que   no   estén   sustentadas   en   la   ley.   Además   advertirán   sobre  cualquier   posible   sesgo   al   ejercicio   de   la   autonomía   de   organización   y   gestión   interna   de   los  distintos  órdenes  de  gobierno.    Artículo  68.  Las  materias  objeto  de  las  relaciones  basadas  en  la  coordinación  de  autoridades    son  de   naturaleza   esencialmente   administrativa,   motivo   por   el   cual,   no   podrán   comprometer   el  receso  del  ejercicio  de  atribuciones  propias  de   las   instancias  de  gobierno  que  participen  de   las  mismas,  ni  podrán  suscribirse  al  margen  de  las  obligaciones  que  se  establecen  para  las  relaciones  basadas  en  la  concurrencia  obligatoria,  establecidas  en  la  legislación  general  vigente.    

Capítulo  III    

De  las  relaciones  de  colaboración  administrativa    Artículo   69.   Las   relaciones   intergubernamentales   basadas   en   mecanismos   de   colaboración  administrativa  se  generan  para  compartir  procesos  y   la  gestión  de  asuntos,  materias  y  servicios  que  de  origen  corresponden  a  alguna  de  las  instancias  que  se  vinculan  con  dicho  objeto.    Artículo  70.  Las  relaciones  de  colaboración  administrativa  pueden  ser  agrupadas  en  al  menos  las  siguientes  modalidades:    I.  Administración  de  sistemas  de  recaudación  de  contribuciones;    II.  Gestión,  provisión  y  administración  de  servicios  públicos;    III.  Operación  de  sistemas  catastrales  y  de  información  urbanística;    IV.  Gestión  y  vigilancia  de  zonas  y  áreas  de  reservas  federales;    V.  Verificación  e  inspección  administrativa;    VI.  Adhesión  a  sistemas  nacionales,  estatales  y  locales  de  información;    VII.  Intercambio  de  información  sectorial;    VIII.  Operación  de  procedimientos  de  control  de  recursos  transferidos  y  procedentes  de   fondos  federales  y  estatales;    

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IX.  Operación  de  programas  con   líneas  de  descentralización  y   transferencia  de   recursos  a  otras  instancias  de  gobierno  o  para  beneficiarios  de  la  sociedad.    X.    Otros  rubros  derivados  de   los  procesos  administrativos  de   los  distintos  órdenes  de  gobierno  con  viabilidad  para  compartirse  con  otra  instancia  gubernamental.    Artículo   71.   Las   relaciones   intergubernamentales   basadas   en   la   colaboración   administrativa,  exigen   la   celebración   de   acuerdos   generales   y   específicos   que   prevean   fórmulas   de  contraprestación  o  beneficios  compartidos,  resultantes  de    las  encomiendas  que  se  realizan  entre  los  gobiernos  participantes,  de  tal  manera  que  sus  efectos  generan  un  rendimiento  institucional  susceptible  de  compartirse.    Artículo   72.   Las   relaciones   intergubernamentales   promovidas   mediante   la   colaboración  administrativa   trasladan   la   responsabilidad  operativa  y  de  resultados  a   la   instancia  de  gobierno  que  asume  la  responsabilidad  de  que  se  trate,  en  nombre  de  su  contraparte.    La  resolución  de  controversias  en  este  tipo  de  relaciones,  debe  sustentarse  en   los   términos  del  convenio   que   las   formaliza.   En   este   caso   el   Consejo   puede   conocer   de   tales   diferencias   y  contribuir  a  su  resolución  mediante  procedimientos  de  conciliación.    Artículo  73.  La  colaboración  administrativa  no  puede  ser  invocada  para  exigir  nuevas  obligaciones  y  deberes   a   la   ciudadanía,   promovidos  por   la   instancia  de   gobierno  que   recibe   la   competencia  operativa,  cuando  no  hayan  sido    determinados  en  las  normas  originarias  del  proceso  o  gestión  de  que  se  trate.    Artículo   74.   El   Consejo   podrá   orientar   y   asistir   a   los   gobiernos   que   celebren   convenios   de  colaboración   administrativa,   para   generar   marcos   de   actualización   y   mejoramiento   de   los  términos   en   que   se   suscriben,   y   proponer   a   otras   instancias   modelos   de   colaboración,   cuya  práctica  haya  sido  de  beneficio  para  las  partes  involucradas  y  para  la  ciudadanía.    Artículo  75.  La  promoción  de  propuestas  de  colaboración  administrativa  no  es  privativa  del  orden  de  gobierno  que  decida  compartir  la  gestión  de  sus  procesos,  materias  y  servicios,  sino  que  puede  ser   iniciada  y  propuesta  por  cualquier  otra   instancia  que  tenga   interés   institucional  y  capacidad  para  concretar  la  colaboración  en  alguno  de  los  rubros  que  puedan  ser  participables.    

Capítulo  IV    

De  las  relaciones  de  cooperación  y  auxilio    Artículo   76.   Las   relaciones   intergubernamentales   de   cooperación,   resultan   del   ejercicio   de  competencias  que  en   forma  paralela  recaen  en  autoridades  de  distintos  órdenes  de  gobierno  y  respecto  de  materias  semejantes  o  equivalentes,  en  sus  respectivas  jurisdicciones,  lo  cual  las  hace  coincidentes  y  participables  de  procesos  y  formulas  de  cooperación.    

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Artículo   77.   Las   relaciones   intergubernamentales   de   cooperación   se   caracterizan   por   el   acopio  recíproco,   proporcional   o   equitativo,   de   esfuerzos,   medios   y   recursos   institucionales   para  solventar   problemas   comunes   o   para   generar   oportunidades   y   beneficios   que   puedan   ser  compartidos  entre  dos  o  más  instancias  de  gobierno.    Artículo   78.   La   cooperación   intergubernamental   se   caracteriza   por   procurar,     en   términos  materiales,     la   aportación   y   sumatoria   de   capacidades   para   potenciar   resultados,   por   lo   cual  requiere   de   un   marco   de   acuerdos   que   especifique   con   precisión   la   materia   objeto   de   la  cooperación,  el  tipo  y  cuantía  de  recursos  aportados  y  la  forma  de  participación  de  los  beneficios  y  resultados  obtenidos.    Artículo   79.   Las   relaciones   intergubernamentales   de   cooperación     pueden   ser   agrupadas   en   al  menos  las  siguientes  modalidades:    I.  Aportaciones  de  recursos  para  la  realización  de  obras  y  prestación  de  servicios  públicos;    II.    Asistencia  técnica  y  asesoría  en  sistemas  de  gestión  institucional;    III.  Actividades  de  investigación  y  desarrollo;    IV.  Auspicio  de  proyectos  para  el  desarrollo  productivo;    V.    Formación  de  fondos  presupuestales  participables;    VI.  Creación  de  infraestructura  urbana    VII.  Programas  de  educación,  cultura,  recreación  y  deportes;    VIII.   Aportación   de   información   generada   desde   el   ámbito   local,   de   interés   para   la   planeación  estatal,  regional  y  nacional;    IX.  Aportaciones  de  recursos  para  la  modernización  administrativa    X.   Otros   rubros   derivados   de   los   requerimientos   del   desarrollo   institucional   de   los   distintos  órdenes  de  gobierno.    Artículo   80.   La   formalización   de   las   relaciones   intergubernamentales   de   cooperación,   es  mayormente  convencional,  teniendo  únicamente  como  restricción  que  la  materia  u  objeto  de  la  misma,  no  interfiera  en  el  ejercicio  de  las  competencias  de  los  gobiernos  participantes  ni  afecte  o  limite  su  autonomía  y  orden  normativo.  Por  lo  demás  tendrá  que  preverse  la  autorización  que  en  cada   instancia   de   gobierno   deban   extender   las   autoridades   competentes   para   suscribir   los  vínculos  de  la  cooperación.    

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Artículo   81.   En   todo   caso   de   relaciones   basadas   en   la   cooperación     se   deberá   asegurar   la  corresponsabilidad  de   las  partes,  por   lo  cual   los  medios  de   resolución  de  diferencias  deben  ser  previstos  en  los  instrumentos  jurídicos  que  formalicen  y  consignen  los  compromisos  contraídos.    Artículo  82.   Las   relaciones   intergubernamentales  de   auxilio   son   aquellas   en  que   se  movilizan   y  aportan  recursos  por  parte  de  un  ente  de  gobierno,  para  respaldar  la  gestión  de  autoridades  de  un  orden  de  gobierno  distinto,  tanto  en  casos  de  procesos  o  materias  regulares  u  ordinarias  de  su  gestión,  como  en  circunstancias  extraordinarias,  incidentales,  contingentes  o  de  urgencia.      Artículo  83.  Las  relaciones   intergubernamentales  de  auxilio  pueden  ser  agrupadas  en  al  menos  las  siguientes  modalidades:    I.    Respaldo  administrativo  de  autoridades  para  el  mejor  ejercicio  de  sus  funciones;    II.    Operación  de  registros  públicos  y  seguimiento  y  monitoreo  de  sujetos  obligados;    III.  Respaldo  a  las  funciones  del  gobierno  interior  relacionadas  con  la  observancia  de  la  legislación  en  materia  de  cultos  religiosos;    IV.  Levantamiento  de  información  de  interés  público;    V.    Prevención  de  la  comisión  de  faltas  y  delitos;    VI.   Respaldo   de   las   funciones   de   procuración   de   justicia,   tanto   del   orden   federal   como   de  competencia  de  las  entidades  federativas;    VII.  Sistemas  de  denuncia  gubernamental    ante  procuradurías  federales  y  estatales;    VIII.  Atención  de  situaciones  relacionadas  con  la  protección  civil    y  contingencias  ambientales;  y    IX.  Otros  rubros  derivados  de  los  requerimientos  que  se  presenten  en  la  gestión  de  los  gobiernos  y  su  ámbito  de  actuación.    Artículo   84.   Las   relaciones   de   auxilio   correspondientes   a   los   distintos   órdenes   de   gobierno   en  atención  a  disposiciones  de  la  propia  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  su  legislación   secundaria,   se   desarrollarán   de   conformidad   con   las   normas   que   en   ellas   se  establezcan.   En   todo   caso,   los   convenios   y   acuerdos   que   las   formalicen,   deslindarán   las  responsabilidades   que   se   asumen   en   dicha   contribución,   salvaguardando   la   legalidad   de   la  intervención  de  las  autoridades  que  acuden  a  respaldar  a  otros  órdenes  de  gobierno.    Artículo  85.  En  el  caso  de  relaciones  intergubernamentales  de  auxilio,  no  reguladas  desde  normas  constitucionales  y  legales,  éstas    serán  objeto  de  Acuerdos  generales  de  concertación  de  apoyos  y  respaldos   institucionales   y   de   convenios   específicos   que   establezcan   las   modalidades   de  intervención  de  las  autoridades  participantes.    

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Artículo   86.   Las   relaciones   intergubernamentales   de   auxilio,   se   basan   en   los   principios   de  solidaridad  y  subsidiariedad,  por  lo  que  podrán  articularse  para  prevenir  riesgos,  sean  actuales  o  inminentes,   en   la   estabilidad   de   un   orden   de   gobierno   o   el   adecuado   funcionamiento   de   su  administración  pública,  para  la  atención  de  las  necesidades  de  la  población,  propiciando  que  las  autoridades   que   colaboren   con   su   respaldo,   actúen   en   roles   de   primera   instancia,   suplan  temporalmente  o  generen  una  cobertura  de  carácter  público,  ante  la  incapacidad  o  imposibilidad  de  la  autoridad  competente  para  actuar  por  su  cuenta.    Destaca  también,  como  variante  prevista  en  esta  modalidad  de  cooperación,  la  asistencia  técnica  y   las   relaciones  de   subsidiariedad  metodológica  que  pueden  brindar   los   servidores  públicos  de  una  instancia  gubernativa    a  los  de    otros  órdenes  de  gobierno.    

Capítulo  V    

De  las  relaciones  de  descentralización    Artículo  87.   Las   relaciones  de  descentralización  ocurren  cuando,  para   la  provisión  de  bienes,   la  ejecución   de   obras   o   la   prestación   de   los   servicios   a   cargo   de   una   instancia   de   gobierno,   se  privilegia  la  proximidad,  adaptabilidad  y  congruencia  con  los  requerimientos  de  sus  beneficiarios  o  usuarios,   al   disponerse   la   provisión,   ejecución  o  prestación  de   aquellos,   respectivamente,   de  manera   total   o   parcial,   por   parte   de   las   autoridades   que   se   encuentran   más   cercanas   a   los  gobernados.    Artículo   88.   Únicamente   podrán   ser   objeto   de   estas   relaciones   las   acciones   vinculadas   y  sustentadas   en   la   descentralización   administrativa,   relacionada   con   la   provisión   de   bienes,  ejecución  de  obras  y  prestación  de  servicios  públicos.    Artículo   89.   La   gestión   de   estas   relaciones   se   realiza   mediante   un   conjunto   de   disposiciones  jurídicas  y  administrativas  que  se  articulan  a  partir  de  acuerdos  generales,  programas  sectoriales,  transferencias   de   recursos   y   medios   de   gestión   institucional,   convenios   de   ejecución,   anexos  técnicos   de   convenios   y   reglas   de   operación,   entre   otros,   para   que   un   determinado   orden   de  gobierno  reciba  la  encomienda  de  realizar,  ya  sea  a  nombre  propio  o  de  quien  le  otorga  la  misma,  la  provisión  de  bienes,  la  ejecución  de  obras  o  la  prestación  de  los  servicios  correspondientes  a  la  materia  que  se  comparte  o  transfiere.    Artículo   90.   Toda   relación   de   descentralización   generará   el   compromiso   de   encomendar   o  transferir   a   otra   instancia   de   gobierno   el   ejercicio   de   atribuciones   específicas   y   sus   funciones  derivadas,   la  responsabilidad  de  la  provisión  de  bienes,   la  ejecución  de  obras  y   la  prestación  de  servicios   determinados,   así   como   el   traslado   de   recursos   suficientes   para   que   la   instancia   que  recibe   la   encomienda,   ejecute   el   trabajo   sin   interrupción   o   deficiencias   por   falta   de   soportes  materiales  y  de  índole  presupuestal.    Artículo   91.   En   los   procesos   de   descentralización   se   reconoce   como   principio   de   gestión   la  gradualidad  de  la  traslación  de  competencias,  medios   institucionales  y  recursos,   lo  cual    deberá  estar  consignado  y  programado  en  los  instrumentos  jurídicos  que  materialicen  dicha  operación.  

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 Artículo   92.   Las  materias,   atribuciones,   funciones,   medios   institucionales   y   recursos   objeto   de  descentralización,  deberán  circunscribirse  a  rubros  relativos  a  la  provisión  de  bienes,  la  ejecución  de   obras   y   la   prestación   de   servicios   que   no   formen   parte   de   facultades   exclusivas   de   los  gobiernos  que  transfieran  dichas  asignaturas,  ni  se  encuentre  prohibida  al  ente  depositario  de  la  tarea  de  que  se  trate.    Artículo   93.   La   instancia   de   gobierno   que   descentralice   la   provisión   de   bienes,   la   ejecución   de  obras  o  la  prestación  de  servicios,  asegurará  que  sus  facultades  normativas  y  de  rectoría  funcional  de   la   materia   de   que   se   trate,   no   tengan   restricciones   para   su   aplicación.   En   todo   caso,   la  instancia  que  recibe  la  transferencia  o  la  encomienda  descentralizada,  proveerá  lo  necesario  para  dar  cumplimiento  al  marco  regulatorio  original  de  la  materia,  consignándose  esta  medida  en  los  instrumentos  que  formalicen  este  tipo  de  relación  intergubernamental.    Artículo   94.   Tratándose   de   los   programas   federales   y   estatales   que   únicamente   transfieran  recursos   para   la   operación   de   acciones   derivadas   de   políticas   nacionales   o   estatales,   no   se  considerarán   éstos   como   una   acción   de   descentralización,   por   lo   cual   los   gobiernos   locales  únicamente  asumirán   las   responsabilidades  que  se  consignen  en   los  convenios  de  ejecución  de  tales  recursos  y  en  las  reglas  de  operación  aplicables.    Artículo   95.   Las   relaciones   de   descentralización   se   suscribirán   en   el   marco   de   los   siguientes  requerimientos  de  formalización:      I.  Tener  como  premisa  la  existencia  previa  o  concomitante  de  un  programa  específico,  o  bien,  la  solicitud   debidamente   fundada   y   motivada   de   la   instancia   que   pretende   le   sea   transferida   o  encomendada   la   función   o   servicio   de   que   se   trate,   en   los   cuales   se   consignen   las   diferentes  acciones  de  descentralización  que  estén  referidas  a  la  materia,  en  estricto  sentido  administrativa,  que  será  objeto  de  transferencia  o  encomienda;    II.   Las   instancias   de   gobierno   destinatarias   de   la   descentralización   y   los   requisitos   que   deben  cumplir  para  participar  de  la  misma;    III.  La  formalización  de  los  Acuerdos  de  promoción  de  la  materia  a  descentralizar  y  su  aceptación  por  parte  de  las  instancias  de  gobierno  que  actuarán  como  receptoras  y  ejecutantes  de  la  misma  a   lo   largo  del   proceso  de   traslación  de   sus   componentes  normativos,   funcionales,  materiales   y  presupuestarios;    IV.  La  sustentación  jurídica  del  proceso  y  el  enunciado  preciso  de  los  objetivos  de  racionalidad  y  eficiencia,  que  se  pretenden  mediante  el  proceso  descentralizador;    V.   La  programación  general  del  proceso  y   las  previsiones  de  actos  de  evaluación  y,  en   su  caso,  intervenciones  de  autoridad  y  decisión  que  aseguren  el  correcto  desenvolvimiento  del  mismo;    VI.  La  publicación  oficial  del  Acuerdo  y  bases  del  programa  de  descentralización  que  corresponda,  en  los  órganos  oficiales  de  información  de  las  instancias  de  gobierno  que  realicen  el  proceso.  

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 Título  V  

 De  los  Acuerdos  y  Convenios  para  la  gestión  de  las  relaciones  intergubernamentales  

 Capítulo  I  

 Naturaleza  y  alcance  jurídico  de  los  Acuerdos  y  Convenios  

 Artículo   96.   Los  Acuerdos   son   instrumentos   jurídicos   que   formalizan   la   voluntad   de   dos   o  más  entes   de   gobierno   para   comprometer   en   lo   general   capacidades   institucionales,   programas,  acciones  o  recursos,  estableciendo  obligaciones  recíprocas  que  conforman  la  relación  de  carácter  intergubernamental  para  la  consecución  de  un  fin  común  de  orden  público,  en  beneficio  de  una  colectividad,  en  una  materia  determinada.    La   naturaleza   jurídica   de   los   acuerdos,   en   el   contexto   de   esta   Ley,   está   circunscrita   a   la   de   un  instrumento  jurídico  convencional  de  derecho  público,  en  el  que  se  hace  manifiesta  una  voluntad  institucional  para  emprender  diversas  acciones  con  el  concurso  de  otras  instancias  de  gobierno.    Artículo  97.  Los  Acuerdos  señalados  en  forma  genérica  en  la  legislación  general,  que  dan  sustento  a  distintas  modalidades  de  las  relaciones  intergubernamentales  previstas  en  esta  Ley,  constituyen  uno  de   los   instrumentos   jurídicos  mediante   los   cuales   se   formalizan   y   adquieren   compromisos  oficiales  los  gobiernos  en  el  contexto  de  sus  relaciones  institucionales.    Artículo   98.   Los   Acuerdos   adquieren   formalidad   y   efectos   normativos   cuando   se   suscriben   por  parte   de   las   autoridades   competentes   para   su   celebración,   cubriendo   los   requisitos   y  presupuestos  previstos  en  la  Constitución,  la  legislación  secundaria,  la  legislación  aplicables  en  las  entidades   federativas   y   la   presente   Ley.   El   incumplimiento   de   cualquiera   de   los   requisitos  previstos  en  dicha  legislación  propiciará  la  nulidad  de  pleno  derecho  de  los  mismos.    Artículo  99.  Procede  la  celebración  de  Acuerdos  en  tratándose  de  la  concertación  y  concurrencia  de  voluntades  de  las  autoridades  participantes  para  los  casos  siguientes:    I.  Cuando  así  lo  determine  la  legislación  general  vigente  para  una  materia  u  objeto  determinados;    II.  Cuando  se  requiera  compendiar  las  declaratorias  generales  que  manifiesten  la  intención  de  las  autoridades  que  las  suscriben  para  acometer  varios  aspectos  de  interés  público  en  las  relaciones  intergubernamentales  que  pretendan  sustentar;    III.   En   atención   a   la   complejidad   o   extensión   de   las   materias   y   alcances   de   las   relaciones  intergubernamentales  que  no  permitan  compendiar  en  un  solo  instrumento  normativo  todas  sus  implicaciones  o  compromisos;    IV.   Cuando   se   requieran   actualizar   en   forma   periódica   los   términos   de   la   relación  intergubernamental   y   los   compromisos   que   de   la  misma   derivan,   siendo   conveniente   evitar   la  

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caducidad   de   sus   enunciados,   dejando   el   texto   del   acuerdo   reservado   para   declaraciones   e  intenciones  generales;    V.  Cuando  se  generen  relaciones  intergubernamentales  en  forma  extensa  con  varias  modalidades  y   requieran   de   una   expresión   genérica   del   tipo   de   coordinación,   colaboración,   cooperación   y  auxilio  que  pudiera  requerirse  en  su  gestión  y  desarrollo;    VI.   Cuando   de   manera   predominantemente   unilateral   una   autoridad   convoca   a   otra   para  manifestar  su  apertura  a   la  realización  de  procesos  de  descentralización  y   libre  concurrencia  en  los  programas  que  tiene  a  su  cargo;    VII.   Cuando   sean   resultado   de   la   formación   de   consensos   entre   autoridades   y   representantes  oficiales   de   diversas   instancias   de   gobierno   y   estos   sean   constituidos   en   el   seno   de   Consejos  nacionales  y  otros  foros  instituidos  por  la  legislación  general  vigente;    VIII.  Cuando  no  se  requieran  establecer  derechos  y  obligaciones  recíprocas  específicas  para  lograr  la   formalización  de  un  vínculo  general  que   inaugure   la   relación  entre  dos  o  más  gobiernos  con  múltiples  fines;    IX.  Cuando  así   lo  proponga  el  Consejo  al  ser  consultado  sobre   la   idoneidad  de   los   instrumentos  jurídicos  que  regulan  las  relaciones  intergubernamentales.    Artículo  100.  Los  convenios  son  actos  jurídicos  y  administrativos  a  los  que  concurren,  y  celebran  por  voluntad  propia,  en  uso  de  sus  respectivas  atribuciones,  y  con  la  personalidad  y  facultades  de  representación  consignadas  en   los  términos  de   ley,  dos  o  más  autoridades  de  diversos  órdenes  de  gobierno  para  obligarse  recíprocamente  a  aportar  capacidades  y  recursos  institucionales  para  la  realización  de  un  objeto  determinado.    La   naturaleza   jurídica   de   los   convenios,   para   efectos   de   esta   Ley,   es   la   de   un   concierto   de  voluntades,   manifiesta   en   un   instrumento   jurídico,   para   establecer   obligaciones   de   carácter  administrativo,   susceptibles   de   ser   acometidas   en   común   o   de   manera   cooperativa,   por  autoridades  de  dos  o  más   instancias  de  gobierno,  sin  perjuicio  de   las   facultades  que   les  asisten  constitucionalmente  a  sus  respectivos  ordenes  gubernamentales.    Artículo   101.   Los   convenios   serán   celebrados   en   los   supuestos   y   casos   que   determina   la  legislación   general   vigente   y   en   aquellos   casos   de   libre   concurrencia   en   que   dos   o   más  autoridades   decidan   sustentar   sus   relaciones   intergubernamentales,   con   las   ventajas,  condiciones,  garantías  y  trascendencia  de  este  medio  jurídico.    Artículo  102.  Los  convenios  pueden  formar  parte  del  cuerpo  normativo  anexo  o  colateral  de  un  Acuerdo,  para  efectos  de  proveer  las  especificaciones  técnicas,  administrativas  y  operativas  que  requiera   la   ejecución   de   los   rubros   que   fueron   enunciados   pero   no   desarrollados   en   el  mismo  Acuerdo.    

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Artículo   103.   En   el   caso   de     relaciones   intergubernamentales   prescritas   bajo   la   modalidad   de  concurrencia  obligatoria,   los   convenios  cumplirán   las   formalidades  que  determine   la   legislación  general  aplicable.    Artículo  104.   Los  convenios,  de  conformidad  con  sus   fines  y  aplicaciones  pueden  asumir,   como  mínimo,  las  modalidades  siguientes:    I.  Convenios  de  adhesión,  para  incorporarse  a  sistemas  nacionales  de  coordinación  y  mecanismos  institucionales  de  participación  de  recursos  del  orden  federal;    II.   Convenios   de   asociación   intergubernamental   en   materias   de   cooperación   específica   o   para  constituir  órganos  paritarios  para  la  de  gestión  de  asuntos  intergubernamentales.    III.  Convenios  de  coordinación,  en  los  supuestos  y  casos  establecidos  en  esta  Ley  y  para  formalizar  las  relaciones  previstas  en  la  legislación  general.    IV.  Convenios  de  colaboración  administrativa,  en  los  supuestos  y  casos  establecidos  en  esta  Ley  y  para   formalizar   las   relaciones   previstas   en   la   legislación   que   regula   una  materia   determinada,  tanto  en  el  orden  federal  como  en  el  de  las  entidades  federativas.    V.  Convenios  de  cooperación  y  auxilio,  en  los  supuestos  y  casos  establecidos  en  esta  Ley  y  para  formalizar  las  relaciones  previstas  en  la  legislación  que  regula  una  materia  determinada,  tanto  en  el  orden  federal  como  en  el  de  las  entidades  federativas.    VI.   Convenios   para   la   participación   y   operación   de   programas   descentralizados,   sujetos   a   los  acuerdos   y   programas   sectoriales   de   los   órdenes   de   gobierno   que   promuevan   la  descentralización.    VII.  Convenios  para  la  prestación  de  servicios  públicos  de  manera  subsidiaria  a  nombre  de  otras  instancias  de  gobierno.    VIII.   Convenios   de   traslado   de   dominio,   concesión   y   usufructo   de   bienes   del   patrimonio   de   la  federación,   las   entidades   federativas   y   de   los   gobiernos   locales,   a   favor   de   autoridades   de   los  distintos  ordenes  de  gobierno.    IX.  Convenios  de  administración  de  zonas  y  reservas  federales  y  de  las  entidades  federativas.    X.  Convenios  de  participación  en  Programas  de  transferencias  de  recursos  de  los  presupuestos  de  la  federación  y  de  las  entidades  federativas.    XI.   Otros   convenios   generados   por   la   propia   dinámica   y   variedad   de   las   relaciones  intergubernamentales.    

Capítulo  II    

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De  las  bases  para  la  integración  de  los  Convenios  y  su  formalización    Artículo   105.   Los   convenios   que   se   celebren   entre   las   diferentes   autoridades,   de   los   distintos  órdenes   de   gobierno   previstos   en   esta   ley,   se   ajustarán   a   los   principios   del   federalismo  establecidos  en  la  misma  y  determinarán  la  corresponsabilidad  en  lo  referente  a  la  ejecución  de  las  acciones  vinculadas  a  sus  previsiones  y  efectos.    Artículo  106.  La  Ley  de  Planeación  y  sus  especificaciones  constituirán  el  marco  de  referencia  para  la  coordinación  intergubernamental  en  materia  de  los  programas  derivados  del  Plan  nacional  de  Desarrollo  y  sus  mecanismos  de  articulación  y  vinculación  institucional.    Artículo  107.  Los  convenios  para  la  gestión  de  relaciones  intergubernamentales  establecerán  los  lineamientos   conforme   a   los   cuales   las   diferentes   instancias   de   gobierno   que   los   suscriban  realizarán   las   actividades   y   dictarán   las   disposiciones   necesarias   para   cumplir   los   objetivos   y  metas  establecidos  en  los  programas  y  acciones  que  correspondan.    Artículo  108.  El  Consejo  orientará  en  términos  técnicos   la   integración  de   los  convenios,  cuando  así   lo   solicite   cualquier   instancia   de   gobierno   que   tuviere   parte   en   el   mismo.   Los   convenidos  contendrán,  como  mínimo,  los  elementos  siguientes:    I.   Señalará   las   referencias   que   validen   la   calidad   que   ostentan,   la   representatividad   con   que  ocurren  y   la  competencia  de   las  autoridades  que  suscriban  el  convenio,  aludiendo  a   los  marcos  normativos  que  les  confieren  dicho  carácter;    II.  Expondrá  las  circunstancias  de  orden  fáctico  y  jurídico  que  conducen  a  las  partes  a  suscribir  el  convenio;    III.  Señalará  en  forma  precisa:  la  materia,  objeto  y  fines  generales  y  específicos  del  convenio;    IV.   Establecerá   el   órgano   u   órganos   que   llevarán   a   cabo   las   acciones   que   resulten   de   la  celebración  del  convenio,  incluyendo  las  encargadas  de  su  evaluación  y  seguimiento;    V.     Establecerá   los   términos   de   la   duración   de   las   acciones   coordinadas,   en   referencia   a   los  programas  involucrados  para  la  ejecución  del  convenio;    VI.  Establecerá  las  bases  para  determinar  las  formas  de  participación  de  los  órdenes  de  gobierno  que  concurran  a  su  suscripción;    VII.   Contendrá,   en   su   caso,   los   anexos   técnicos   necesarios   para   detallar   los   compromisos  adquiridos;    VIII.   Determinará   el   tipo   y   alcance   de   la   intervención   de   las   autoridades   participantes     en   el  ejercicio  de  las  atribuciones  objeto  o  materia  del  convenio;    

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IX.  Incluirá  la  programación  de  las  actividades  que  especifique  las  responsabilidades  operativas  y  presupuestales   en   el   cumplimiento   de   los   objetivos   y   metas   de   los   programas   y   acciones  comprometidas;    X.   Establecerá   el   compromiso   de   las   instancias   participantes   de   observar   y   promover   las  regulaciones  congruentes  y  acordes  con  la  planeación  y  legislación  nacional  y  local  en  la  materia  propia  del  convenio;    XI.  Definirá  los  mecanismos  de  información  que  se  requieran,  a  fin  de  que  las  partes  suscriptoras  puedan  asegurar  el  cumplimiento  de  su  objeto;    XII.  Señalará  el  compromiso  de  los  gobiernos  participantes  de  hacer  del  conocimiento  público  los  programas  derivados  del  convenio,  así  como  la  aplicación,  distribución  y  entrega  de  los  recursos  para  destinatarios  y  beneficiarios  de  los  mismos;    XIII.     Determinará     los   mecanismos   de   revisión,   ajuste   e   incorporación   de   propuestas   de   los  gobiernos   locales   y   de   las   entidades   federativas,   cuando   el   caso   así   lo   requiera,   a   efecto   de  asegurar  la  paridad  política  en  la  toma  de  decisiones  respecto  de  los  asuntos  relacionados  con  la  operación  del  convenio;    XIV.     Establecerá   la   corresponsabilidad   para   la   organización   y   desarrollo   de   medidas   de  administración,   control   y   evaluación   que   aseguren   la   adecuada   ejecución   de   las   acciones  derivadas  del  convenio;    XV.   Precisará,   en   su   caso   y   atendiendo   a   la   materia   de   que   se   trate,   mecanismos   para   la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  gestión  de  los  programas  previstos  en  el  convenio;    XVI.   Establecerá   los     procedimientos  mediante   los   cuales   las   autoridades   participantes   podrán  proponer  la  adecuación  de  los  términos  del  convenio  y  los  posibles  medias  que  contribuyan  a  su  mejor  ejecución;    XVII.   Establecerá   la   duración   del   convenio,   prorrogas   y   sus   efectos,   así   como   las   garantías   y  medidas  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  sus  especificaciones  y  compromisos,  esclareciendo  el  tipo  de  responsabilidades  que  se  asumen  en  dicho  esquema  de  regulación;    XVIII.  Establecerá  el  procedimiento  para  la  solución  de  controversias  derivadas  de  su  operación;    XIX.  Determinará  otros   requerimientos   técnicos  que  contribuyan  a   su   claridad  normativa  y  a   la  funcionalidad  de  las  relaciones  suscritas  y  atención  de  la  materia  objeto  de  su  realización.    Artículo  109.  Las  controversias  que  surjan  con  motivo  de  los  convenios  que  celebren  las  entidades  federativas,   los  gobiernos   locales  y   las  demarcaciones  político  –   territoriales  del  distrito   federal  con   autoridades   federales,   podrán   ser   del   conocimiento   de   la   Suprema   Corte   de   Justicia   de   la  Nación,  en  los  términos  del  Artículo  105  de  la  Constitución  General  de  la  República.    

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Capítulo  III    

De  las  prevenciones  sobre  las  materias  y  contenido  de  los  convenios    Artículo   110.   Las   materias,   objeto   y   compromisos   establecidos   en   los   convenios   no   pueden  comprometer   o   asignar   en   garantía   de   cumplimiento,   ningún   elemento   constitutivo   del  patrimonio  municipal.    Los   casos   en   se   prevea   en   el   texto   de   los   convenios   que   las   participaciones   federales   se  constituyan   en   garantías   de   cumplimiento   para   la   operación   de   programas   procedentes   de  fondos  federales  y  de  otras  modalidades  de  transferencias  de  recursos  tendrán  que  sustentarse  en  la  legislación  general  correspondiente.    Artículo  111.  Los  convenios  consignarán  medidas  disciplinarias  debidamente  fundamentadas   las  leyes  de   responsabilidades  y  demás  disposiciones  que  al  efecto  correspondan,  para  asegurar  el  correcto  desempeño  de  las  autoridades  y  servidores  públicos  participantes  en  su  ejecución;  pero  no  podrán  consignar  como  medida  de  apremio  la  disminución  o  suspensión  de  competencias  de  sus  órganos  de  autoridad  o  instancias  administrativas  de  los  gobiernos  participantes.    Artículo  112.  Corresponde  a  los  órganos  de  control  interno  de  las  instancias  de  gobierno  a  las  que  pertenezcan   los   servidores   públicos   que   incurran   en   responsabilidades   administrativas   en   la  ejecución   de   los   convenios,   y,   en   su   caso,   a   los   órganos   de   fiscalización   de   la   federación,   la  aplicación  de  los  procedimientos  disciplinarios  que  sean  procedentes.    Artículo  113.  En  el  caso  de  los  convenios  que  suscriban  los  gobiernos  municipales  se  requerirá  la  aprobación  previa  por  parte  del  ayuntamiento  que  corresponda.    Artículo   114.   Los   gobiernos   locales   no   serán   sujetos   obligados   por   la   extensión   de   los  compromisos  que  contraigan  los  gobiernos  de  sus  respectivas  entidades  federativas,  cuando  sean  motivados  por  convenios  celebrados  con  otras  instancias  de  gobierno.    Artículo  115.   Los   convenios   especificarán   las   causas  por   las   cuales   se   retirarán   los   apoyos  o   se  suspenderá   la   operación   de   acciones   subsidiarias   o   la   asignación   de   apoyos   y   recursos   en   lo  particular,   o   bien,   se   rescindirá   la   operación   anticipadamente,   por   incumplimiento   de   las  instancias  gubernamentales  que  sean  beneficiarias,  a  la  vez  que  sujetos  obligados  en  los  términos  del  respectivo  convenio;  pero  en  todos  los  casos  se  establecerá  un  procedimiento  de  revisión  que  permita   realizar   las   aclaraciones   que   pertinentes,   subsanar   o   rectificar   las   deficiencias,   o  solventar  las  observaciones  que  se  hubieren  expuesto  como  motivo  de  la  suspensión.    Artículo   116.   Las   autoridades   participantes   en   los   convenios   podrán   en   cualquier   momento  solicitar  a   sus   contrapartes   la   revisión  y  actualización  de   los   términos  del   convenio  en  aquellos  rubros  que,  no  alterando  sus  fines  y  aspectos  esenciales  de  colaboración,  atiendan  las  situaciones  que  generen  problemas  de  gestión  o  cuyo  cumplimiento  esté  comprometiendo  los  atributos  de  autonomía  y  sustentabilidad  de  las  decisiones  y  la  gestión  interna  de  alguna  de  las  partes.    

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Artículo  117.   Los   gobiernos   locales   asociados  podrán   celebrar   convenios   a  nombre  de   la   figura  asociativa  que  sostengan  para  una  materia  de  coordinación  o  colaboración   intergubernamental  determinada.    Artículo  118.  El  desistimiento  de  alguna  de  las  autoridades  que  tengan  a  su  cargo  la  operación  de  convenios  reguladores  de  relaciones  intergubernamentales,  pude  ocurrir  sin  más  efectos  que  los  previstos  en  el  cuerpo  normativo  suscrito  en  el  mismo  convenio.    Artículo   119.   Cuando   así   lo   disponga   la   legislación   general,   las   entidades   federativas   que  promuevan  acuerdos  o  convenios  con  la  federación,  deberán  obtener  la  aprobación  previa  de  sus  respectivas   legislaturas.   El  mismo  procedimiento   se  procurará  para   comprometer   acciones  que  hayan   sido  concertadas  en  el   seno  de  Consejos  Nacionales  por  parte  de   los   titulares  del  poder  ejecutivo  de  los  estados  y  por  el  jefe  de  gobierno  del  Distrito  Federal.    Artículo  120.  El  principio  de  corresponsabilidad  es  aplicable  también  para  el  caso  de  disfunciones  en  los  mecanismos  y  operación  de  convenios  y  sus  productos  y  resultados  previstos,  por  lo  cual  todas  las  autoridades  participantes  de  los  mismos  deberán  contribuir  a  su  atención  y  resolución  en  los  mejores  términos  para  dar  continuidad  a  los  mismos.    

Título  VI    

De  la  resolución  de  controversias  por  la  gestión  de  convenios    

Capítulo  único    

Del  procedimiento  de  conciliación  de  controversias  ante  el  Consejo    Artículo   121.   Las   controversias   motivadas   por   diferencias   de   interpretación,   incumplimiento   u  omisiones  generadas  durante  la  operación  de  los  convenios  y  acuerdos  previstos  en  esta  Ley,  se  resolverán  por  los  medios  siguientes:    I.         Por   medio   de   los   recursos   y   procedimientos   previstos   en   la   Ley   Reglamentaria   de   las  Fracciones  I  y  II  del  Artículo  105  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  en  otras   disposiciones   aplicables   a   las  materias   concretas   que   sean  objeto   de   relaciones  intergubernamentales;    II.      Por  medio  de  los  procedimientos  establecidos  en  la  legislación  estatal  en  lo  que  concierne  a  controversias  suscitadas  entre  los  gobiernos  de  los  estados  y  los  de  sus  municipios;    III.  Por  medio  de  los  procedimientos  previstos  en  los  propios  Acuerdos  y  Convenios,  siempre  que  las   partes   que   los   suscriben   hayan   consentido   que   sea   éste   el  medio   para   la   resolución   de   las  controversias  que  se  presenten  durante  su  operación;    

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IV.   Por  medio   del   procedimiento   de   conciliación   ante   el   Consejo,   cuando   no   se   tenga   previsto  otro   recurso   o   medio   de   resolución     de   las   controversias   que   se   generen,   o   cuando   así   lo  determinen  las  partes  de  común  acuerdo.    Artículo   122.   En   los   casos   de   las   relaciones   intergubernamentales,   en   cuyos   instrumentos  jurídicos   para   su   formalización   y   regulación   no   se   tenga   previsto   un   recurso   de   resolución   de  controversias,   el   Consejo   podrá   conocer   de   los  mismos   y   contribuir   a   la   conciliación   entre   las  partes.    Artículo   123.   Cualquier   instancia   de   gobierno   que   se   encuentre   en   el   supuesto   señalado   en   el  artículo  anterior,  pude  acudir  ante  el  Secretario  Técnico  del  Consejo  para  solicitar  que  se  inicie  el  procedimiento  de  conciliación.    Artículo  124.  El  Consejo  determinará   los  términos  de  presentación  y  atención  de   la  solicitud  de  inicio  del   procedimiento,   el   cual   se  normará   conforme  a   las  disposiciones  de   la   Ley   Federal   de  Procedimiento  Administrativo.    Artículo   125.   El   Consejo   emitirá   recomendaciones   coadyuvantes   a   la   resolución   de   las  controversias  que  le  sean  comunicadas,  sin  que  las  mismas  tengan  un  carácter  vinculatorio.    Los  resolutivos  de  las  recomendaciones  que  se  generen  para  las  conciliaciones  correspondientes,  servirán  para  que  en  la  agenda  de  asuntos  del  Consejo  se  tome  razón  y  se  realice  el  registro  de  las  medidas   preventivas   que   puedan   aplicarse   en   adelante   para   evitar   su   recurrencia   en   las  relaciones  intergubernamentales  de  naturaleza  semejante.    

Artículos  transitorios    PRIMERO.-­‐  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  del  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  salvo  lo  previsto  en  los  artículos  transitorios  siguientes.    SEGUNDO.-­‐  El  Ejecutivo  Federal,  los  Gobiernos  de  las  Entidades  Federativas,  de  los  Municipios  y  de  las  demarcaciones  político-­‐territoriales  del  Distrito  Federal  contarán  con  el  plazo  de  seis  meses  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  este  Decreto  para  crear  e  instalar  el  Consejo  Consultivo  para  el  Federalismo,  Desarrollo  Municipal  y  Relaciones  Intergubernamentales,  a  partir  de  la  convocatoria  que  realice  por  única  ocasión  el  Secretario  de  Gobernación.    TERCERO.-­‐  Las  instancias  de  gobierno  que  sean  parte  en  Acuerdos,  Convenios  o  cualesquier  otro  acto  del  que  deriven   relaciones   intergubernamentales,   ya  en   curso  a   la   fecha  de   la  entrada  en  vigor   del   presente   Decreto,   podrán,   mediante   el   instrumento   jurídico   institucional   que  corresponda,  acordar  la  sujeción  del  objeto,  acciones  y  resolución  de  controversias,  presentes  o  futuras,  a  las  disposiciones  de  la  presente  Ley.    CUARTO.-­‐  Se  derogan  todas  las  disposiciones  legales  que  se  opongan  al  presente  decreto.    

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QUINTO.-­‐   Se   contará   con   un   plazo   de   doce   meses,   contados   a   partir   de   la   publicación   del  presente  decreto,  para  que  se  realicen  los  ajustes  que  sean  pertinentes  en  las  Leyes  Federales,  a  fin  de  armonizar  su  contenido  a  las  disposiciones  de  la  presente  Ley  y  los  principios  prescritos  en  la  misma.    SEXTO.-­‐  Las  estados,  a  través  de  sus  legislaturas  respectivas,  deberán,  en  un  plazo  de  doce  meses  contados   a   partir   de   la   publicación   del   presente   decreto,   realizar   en   sus   respectivos  ordenamientos,   las  modificaciones  o  ajustes  necesarios   y  pertinentes  para   la  observancia  de   la  presente  Ley  y  los  principios  que  en  la  misma  se  establecen.    Dado   en   la   Sede   de   la   Cámara   de   Senadores   del   Congreso   de   la   Unión,   en   México,   Distrito  Federal,  a  los  diez  días  del  mes  de  abril  de  dos  mil  doce.    

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