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EDITORIAL

Manizales, 2010-05-06 (Rev. 2010-05-25).

En el año 1995, hace 15 años, el Comité de Educación Ambiental de la Universidad de Caldas, consciente de la preocupación por los problemas ambientales que experimentaba la sociedad, creó la Revista VIDA, con el ánimo de propiciar un espacio para el debate sobre los temas ambientales y la educación ambiental. Dado que Vida era un título ya registrado para otra publicación, la Revista fue registrada como Luna Azul. ‘Vida’ era la expresión de la característica más peculiar de nuestro planeta, y ‘Luna Azul’ expresa lo mismo, pero mediada por la ilusión óptica que permite la distancia. Nuestra Tierra, o la Luna Azul de los astronautas, con las diversas formas de vida que la habitan, ha sido, es y seguirá siendo, la razón de ser de esta publicación. Con el número 30, la Revista celebra 15 años de vida, en los cuales se han publicado diversas contribuciones de muchos autores, disciplinas, profesiones y procedencias. Si bien, los objetivos de la Revista inicialmente eran contribuir a la educación ambiental y ecológica, hoy la Revista acoge contribuciones que sean resultados de investigación, reflexiones, revisiones y críticas de libros sobre “asuntos ambientales”, originados en cualquier disciplina o quehacer profesional, y desde cualquier enfoque metodológico. El tiempo y la reflexión sobre las cuestiones ambientales, nos han permitido comprender que la conservación de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente es un asunto que requiere y admite las más diversas posturas ideológicas y políticas. La construcción de un “saber ambiental”, es un asunto de todos.

En la presentación del primer número decíamos: en todos los períodos históricos, las sociedades humanas han afrontado crisis ambientales. Hoy también la sociedad está enfrentada a una honda crisis civilizatoria. El sueño de progreso interminable destruye la naturaleza y pone en peligro la vida misma. Se podrá decir que no todas las situaciones que generan alteración de las condiciones de habitabilidad del planeta tienen su origen en las travesuras humanas, en su ingenio creador y destructor. La dinámica de las placas tectónicas que liberan energía diariamente y causan tsunamis y terremotos con devastadoras consecuencias, son propios de la naturaleza intrínseca de la tierra. La erupción de los volcanes que vomitan lava y ceniza, nublan el espacio y generan caos en el tráfico aéreo semanas enteras, no son obra humana, al menos, científicamente no se ha demostrado que así sea.

Pero hay otras situaciones que sí son producto de esta civilización y que producen consecuencias más devastadoras que las que producen la tectónica de la tierra y la energía de los volcanes. La pobreza y el hambre de más de mil millones de personas en el mundo es una cuestión que no puede ser ignorada por los organismos multilaterales, los estados, los gobiernos y la comunidad internacional. ¿Dónde están los pobres y los que sufren hambre? Dispersos en el mundo se podrá decir. Sí, pero la mayoría de ellos, sobreviven sus penurias en los países del Sur. Algunos, como muchos africanos y suramericanos, sueñan saciar sus más fundamentales necesidades, en aventurados viajes que terminan en una patera en el Atlántico y otros en el desierto de Arizona.

Los avances tecnológicos de las comunicaciones de esta civilización nos han permitido ser espectadores de esta tragedia humana. También nos han permitido “sentir” desde la tranquilidad de nuestras moradas la guerra del Golfo, casi con la misma impotencia con que le hacemos fuerza a nuestro equipo favorito. El

Revista Luna Azul ISSN 1909-2474 No. 30, enero-junio 2010

©Universidad de Caldas revista.luna.azúl. 2010; 30: 8-9

hambre, la miseria y la guerra, probablemente en apariencia diferentes, en el fondo obedecen a las mismas causas: el uso del poder, la riqueza y la fuerza de unos cuantos que, utilizando los más diversos medios –los recursos naturales, las capacidades humanas, la tecnología–, hacen del paso de la criatura humana por esta nave, el festín del despilfarro, disfrazado de progreso y crecimiento sin límites.

No soy apocalíptico ni quiero parecerlo. Estoy convencido de que perdurar en un planeta habitable y construir sociedades sustentables, no se consigue por la vía de la intimidación y del miedo, recurso que ha sido utilizado por los tiranos y reyezuelos para perpetuar su dominio. No. Una sociedad sustentable es, ante todo, una sociedad que forma individuos autónomos, capaces de ejercer sus derechos y libertades, para poder desplegar sus potencialidades, y así disfrutar de la buena vida. Y eso, no sólo requiere la superación de las necesidades materiales –el hambre y la miseria–, sino la conquista de los derechos y libertades, que se alcanzan con más y mejor educación. Por ello, esta Revista abre sus páginas a todos los que creen que, con la palabra, fruto de la investigación, la creación artística, el ensayo filosófico o político, se puede contribuir a la consolidación de un saber ambiental que no sólo hable de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que propenda por una sociedad sin hambre, sin miseria y sin guerra. Estamos convencidos de que otro mundo y otra sociedad son posibles. Y hacia ese objetivo se dirige esta publicación.

Isaías Tobasura Acuña Profesor Universidad de Caldas


©Universidad de Caldas 9

MONTAJE Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS POR COMBUSTIÓN Y DETECCIÓN POR INFRARROJO NO DISPERSIVO PARA DETERMINACIÓN

DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) EN AGUA

XIMENA CHAMORRO BOLAÑOSb, GLORIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZc, ALBA LUCY ENRÍQUEZ BRANDb, MILTON ROSERO MOREANOa

[email protected]

Manizales, 2009-11-05 (Rev. 2010-05-18)

RESUMEN

La técnica de análisis por combustión y detección por infrarrojo no dispersivo (IRND) fue validada para la determinación de materia orgánica en agua, cuantificada como carbono orgánico total (COT). Previamente se optimizó la eliminación del carbono inorgánico (CI) de la muestra con un tiempo óptimo de 1,5 min y una relación ácido de 5%. Se estableció un rango dinámico lineal (RDL) entre 3 y 20 mg/L de COT, en el cual la recta de regresión cumplió con los parámetros que acreditaron su linealidad según el análisis por el método de los mínimos cuadrados, mostrando un coeficiente de correlación de 0,9994. La sensibilidad expresada por la pendiente de la recta de regresión indicó una variación de aproximadamente 5 unidades en la respuesta del detector por cada mg/L de COT. Los límites de detección y cuantificación obtenidos a partir de la recta de regresión fueron 0,517 y 1,722 mg/L de COT, respectivamente. La precisión de la técnica, teniendo como meta un 5% en coeficiente de variación (CV), fue mejor en el agua potable y en concentraciones cercanas a ésta (aprox. 7 mg/L de COT), mientras que las mayores desviaciones se presentaron en concentraciones cercanas a los límites inferior y superior del RDL. Las recuperaciones de concentraciones conocidas sobre muestras reales adicionadas fueron del 85% con baja adición y del 83% con adición alta, valores que sugieren una reevaluación del desempeño de la técnica con respecto a su exactitud, no obstante se alcanzó la meta de recuperación comprendida entre el 70 y el 130%. La técnica así establecida es por tanto apta para el análisis de aguas crudas, potables y residuales y es viable su utilización en el seguimiento a procesos de oxidación avanzada aplicados en el tratamiento de agua para consumo humano.

PALABRAS CLAVE:

Validación, carbono orgánico total, homocedasticidad, límite de detección, límite de cuantificación.

ASSEMBLY AND VALIDATION OF THE COMBUSTION ANALYSIS METHOD AND NONDISPERSIVE INFRARED DETECTION FOR DETERMINING TOTAL

ORGANIC CARBON (TOC) IN WATER

ABSTRACT

The combustion analysis technique and non-dispersive infrared (NDIR) detection was validated for the determination of organic matter in water, quantified as total organic carbon (TOC). Previously, the elimination of inorganic carbon (IC) of the sample with an optimum time of 1.5 min and an acid ratio of 5% was optimized. A linear dynamic range (LDR) between 3 and 20 mg/L of TOC was established, in which the regression line met the parameters that credited its linearity as analyzed by the least squares method, showing a correlation coefficient of 0,



9994. The sensitivity expressed by the slope of the regression line indicated a variation of about 5 units in the detector response for each mg/L of TOC. The detection and quantification limits obtained from the regression line were 0.517 and 1.722 mg/L of TOC, respectively. The precision of the technique, aiming at 5% coefficient of variation (CV), was better in the drinking water at concentrations close to it (about 7 mg/L of TOC), whereas larger deviations were presented at concentrations near the lower and upper limits of LDR. The recoveries of known concentrations of real added samples of 85% with low added values, and 83% with high added values that suggest a reevaluation of the performance of the technique with respect to its accuracy, however the recovery goal was reached between 70 to 130%. The technique established is thereby capable of analyzing untreated, drinking and waste water and its use is feasible in monitoring advanced oxidation processes applied in the treatment of drinking water. KEY WORDS: Validation, Total Organic Carbon, Homoscedasticity, Detection Limit, Quantification Limit.

INTRODUCCIÓN

La materia orgánica natural (MON) está presente en todas las aguas superficiales y en las aguas relativamente poco profundas. Se origina en el suelo donde se han acumulado materias vegetales finamente divididas y en descomposición. Parte viene proporcionada también por la digestión de los animales. Los fondos sumergidos o periódicamente recubiertos son lugares de una vida activa que proporciona una gran variedad de productos orgánicos complejos. Además están los productos del metabolismo de las algas y de los hongos que son los responsables de los sabores y olores en el agua[1].

Las aguas con importante concentración de materia orgánica de procedencia natural, son a menudo ácidas y están muy poco mineralizadas, ya que provienen de terrenos cuarzosos o mineralizados. Las aguas de regiones de turba están muy cargadas de materia orgánica y tienen un notable color marrón rojizo[2].

La MON está formada generalmente, por sustancias químicas que son polielectrolitos aniónicos de bajo a moderado peso molecular, cuya carga se debe principalmente a los grupos carboxílico y fenólico[3, 4, 5]. Dichas sustancias pueden ser ácidos fúlvicos (más solubles) y ácidos húmicos (menos solubles).

En términos generales, esta materia orgánica se expresa como contenido o concentración de carbono orgánico, y haciendo la aclaración de que “ninguno de los métodos de demanda de oxígeno da una estimación precisa del carbono orgánico disuelto en el agua”[1], se hace imprescindible utilizar una técnica específica para determinar este parámetro.

La técnica utilizada es la combustión total de la materia orgánica a CO2 y detección de este producto con detector infrarrojo no dispersivo. La muestra se prepara por acidificación y aireación para remover el carbono inorgánico, luego se inyecta la muestra tratada en un horno donde se evapora el agua y el carbono orgánico hace combustión catalítica a CO2, el cual es transportado por una corriente de aire UP hasta el detector, cuya señal es una variación de voltaje proporcional a la concentración de carbono orgánico total (COT).



El interés en el análisis y cuantificación del COT, radica en que este parámetro se utiliza comúnmente como indicador de la calidad del agua cruda destinada al tratamiento de potabilización y como indicador de la materia orgánica que permanece remanente después de los procesos destinados a su eliminación durante el proceso de potabilización y se constituye como precursora en la formación de subproductos de desinfección (SPDs) al entrar en contacto con el cloro aplicado como desinfectante[5-14].

El aporte de carbono total (CT) en muestras de agua lo hacen tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, por tanto se debe distinguir el carbono orgánico total (COT) del carbono inorgánico (CI). El CI consiste netamente en carbonatos y en CO2 disuelto en agua. A su vez, el COT está compuesto por dos porciones: el carbono orgánico volátil o purgable (COP) y el carbono orgánico no volátil o no purgable (CONP). Si la porción orgánica volátil es despreciable, se asume que el CONP equivale al COT. El COT se puede medir usando uno de los 3 métodos siguientes[9, 15, 16]:

CT-CI: se determina por separado en la muestra el CT, luego el CI y por diferencia entre ambos parámetros se calcula el COT.

CONP: la muestra se acidifica con HCl hasta un pH igual o menor a 3 de manera que todos los carbonatos y bicarbonatos se transformen en CO2, el cual junto con el CO2 disuelto se volatiliza al burbujear la muestra con aire libre de CO2, de esta manera se elimina el componente inorgánico, mientras que el CT restante se mide y corresponde al CONP que es igual al COT. Este método es el más utilizado para determinar COT y se aplica si la porción orgánica volátil es despreciable, como en el caso de las aguas destinadas al consumo humano.

COP+CONP: se utiliza cuando la cantidad de COP no es despreciable en la muestra.

En este estudio se optimizó y validó la técnica de análisis por combustión y detección por IRND para determinación de COT utilizando el método de medición directa del CONP, al considerar que este método introduce menos errores que la determinación por separado de CT y CI, además se supone que en la matriz de agua cruda destinada para potabilización (matriz de interés), se puede despreciar la porción orgánica volátil.

MATERIALES Y MÉTODOS

El equipo utilizado fue un analizador de carbono orgánico total Shimadzu TOC-V CSN equipado con detector infrarrojo no dispersivo IRND. El inyector automático del equipo está dotado con una válvula de 8 puertos. La reacción de combustión se realiza en un tubo de cuarzo a 680 °C y es catalizada con un catalizador regular de platino (recomendado para concentraciones mayores a 0,5 mg/L de C). La presión de trabajo fue de 43 psi y se utilizó aire UP como gas de arrastre con un flujo de 150 ml/min.

Materiales

• Balones aforados clase A de 50, 100, 250 y 1000 ml • Pipetas aforadas clase A de 2, 5, 10, 25, y 50 ml • Beakers de 250 ml



• Viales ámbar de 40 ml con tapa PTFE • Frasco lavador

El lavado del material de vidrio se realizó con una solución diluida de TEXAPON, se enjuagó con abundante agua de la llave y posteriormente con agua destilada tipo II. Finalmente, todo el material se purgó con agua para reactivos tipo ASTM I y se dejó secar a temperatura ambiente.

Reactivos

• Ftalato ácido de potasio KC8H5O4 • Agua para reactivos (agua ASTM I) • HCl 2 M • H3PO4 25% • Aire libre de CO2 (UP)

Se pesó exactamente 2,1254 g de KC8H5O4, previamente secado a 180 °C y refrescado en desecador, luego se diluyó en agua para reactivos y se aforó hasta 1 L. La solución así preparada tiene una concentración de 1000 mg/L de carbono, se nombró como estándar o patrón de carbono total CT y se almacenó en un frasco de vidrio ámbar debidamente sellado.

A partir de la solución de CT se preparó una solución de concentración 20 mg/L de C con la cual se elaboró la curva de calibración en un rango de 5 a 20 mg/L utilizando la función de autodilución del equipo. Esta curva se utilizó para cuantificar el CONP en los diferentes ensayos de optimización del tiempo de purga y relación de HCl. De la misma manera se elaboró la curva de calibración con la que se validó el método.

Para la validación se preparó una solución intermedia de 100 mg/L de C que se almacenó en un frasco de vidrio ámbar y se utilizó para preparar los estándares y dopar las muestras utilizadas en esta etapa.

El COT se determinó por medida directa del equipo como carbono orgánico no purgable (CONP). La muestra, de la cual se requiere como mínimo 15 ml de muestra, debe agitarse antes del análisis. La manguera de introducción de muestra al equipo se ubica en el seno del líquido.

La validación se realizó analizando por duplicado durante seis días consecutivos las muestras cuyas denominaciones y características se presentan en la Tabla 1. El blanco fue agua destilada tipo I con posterior tratamiento mediante ósmosis inversa. Las muestras reales M1 y M2 a las que hace referencia la Tabla 6 fueron muestras compuestas pertenecientes a las Empresas Públicas de Armenia (EPA), que se tomaron en un lapso de 6 horas, cuyo volumen final de 4 L se guardó refrigerado durante los días de la validación. Las muestras adicionadas, lo mismo que los estándares, se prepararon diariamente para los diferentes ensayos.



Tabla 1. Muestras para validación de la técnica COT.

ABREVIATURA DESCRIPCIÓN DE LA

MUESTRA CONCENTRACIÓN TEÓRICA DE C

(mg/L)

BK Blanco de reactivos y

procedimiento 0

0,25C Eb Estándar de concentración baja 5

0,60C Em Estándar de concentración

media 12

0,90C Ea Estándar de concentración alta 18

M1 Muestra real: agua tratada

M2 Muestra real: agua cruda

M1Ab M1 adicionada con un nivel bajo M1 + 6

M1Aa M1 adicionada con un nivel alto M1 + 12

C = 20 mg/L de CONP.

Los resultados de esta etapa se procesaron mediante un aplicativo de Excel del GEMS del Water Research Center del Reino Unido, obteniéndose la estimación de los atributos de validación: precisión, exactitud y recuperación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Linealidad

De acuerdo a las especificaciones del fabricante del equipo, en las curvas de calibración para CT se observó comportamiento lineal de la técnica desde 1 hasta 1000 mg/L de C. Éste es un rango bastante amplio que permite procesar muestras con bajo contenido de carga orgánica, como por ejemplo agua potable proveniente de plantas que cuentan con tratamientos avanzados de potabilización, así como muestras de aguas residuales tanto domésticas como industriales. Sin embargo, para aumentar la sensibilidad del análisis y de acuerdo a la naturaleza de las muestras a procesar se requiere que se realicen diferentes curvas que comprendan el rango en el que se desea trabajar.

Al graficar los valores de área bajo la curva con respecto a la concentración de cada estándar se obtuvo la recta que se presenta en la Figura 1, la cual muestra la relación de tipo lineal en el intervalo de concentraciones en estudio. El coeficiente de correlación R2 = 0,9966 es aceptable, pero teniendo en cuenta que la curva es elaborada por el equipo se esperaría un valor de 0,9990 o mayor, por lo cual se propuso la optimización de los factores que inciden grandemente en la eliminación del carbono inorgánico, a saber: relación de ácido y tiempo de burbujeo.



Figura 1. Curva de calibración preliminar para cuantificación de COT en el modo

CONP.

Optimización del proceso de eliminación de CI para cuantificación de COT en el modo CONP

Las diferentes combinaciones de los niveles escogidos, obtenidas a partir de la matriz que se indicó en la Tabla 7 y los resultados obtenidos por duplicado tanto para concentración como para recuperación se muestran en la Tabla 2. Tabla 2. Resultados optimización eliminación CI para medir COT en el modo CONP.

Ensayo

Nivel Tiempo de Purga

Nivel Relación de Acido

Concentración de C (mg/L)

Recuperación % Concentración Promedio de C (mg/L)

Recuperación Promedio %

Rep1 Rep2 Rep1 Rep2

1 1 1 9,794 10,60 97,94 106 10,197 101,97

2 1 2 10,07 10,30 100,7 103 10,185 101,85

3 1 3 11,75 11,29 117,5 112,9 11,52 115,2

4 2 1 9,579 9,703 95,79 97,03 9,641 96,41

5 2 2 10,39 9,365 103.9 93,65 9,88 98,78

6 2 3 10,96 10,18 109.6 101,8 10,57 105,7

7 3 1 10,26 10,07 102,6 100,7 10,165 101,65

8 3 2 10,24 10,40 102,4 104 10,32 103,2

9 3 3 11,04 11,17 110,4 11,7 11,105 111,05

La Tabla 3 presenta el análisis de varianza, ANOVA, el cual descompone la variabilidad de la recuperación debida a las contribuciones de ambos factores. La contribución de cada factor se determinó eliminando los efectos causados por el otro factor.



Tabla 3. Análisis de varianza multifactorial en la eliminación de CI.

Fuente Suma de

cuadrados Df

Cuadrado medio

Razón-F

Valor P

EFECTOS PRINCIPALES A: Relación de ácido B: Tiempo de burbujeo

405,401 125,347

2 2

202,7 626,736

13,68 4,23

0,0019 0,0507

INTERACCIONES AB

249,376 4 62,344 0,42 0,7901

RESIDUAL 133,357 9 148,174

TOTAL (CORREGIDO) 689,043 17

Según los resultados de la Tabla 3, se concluyó que no hay interacción interfactorial entre los factores Relación de ácido y Tiempo de burbujeo, pues el valor P para la interacción de los dos factores es mayor a 0,05. Sin embargo, independientemente los factores Relación de ácido y Tiempo de burbujeo tienen peso estadístico pues su valor P es menor de 0,05 para el primer factor y es igual a 0,05 para el segundo. Indiscutiblemente, la relación de ácido tendría mayor peso, ya que si se logra acidificar el medio eficientemente, se llevará todos los bicarbonatos y carbonatos a CO2, eliminando al máximo el componente inorgánico de las muestras. Por tanto, estos factores se analizaron separadamente, aplicando un proceso de comparación múltiple para determinar cuáles medidas eran estadísticamente diferentes unas de otras, de manera que se evaluaron los promedios de recuperación y los intervalos al 95% obtenidos para el Tiempo de burbujeo y Relación de ácido.

Para el factor Tiempo de burbujeo, los niveles -1 y 1 generaron recuperaciones estadísticamente equivalentes, como se puede observar en la Figura 2 y se eligió al nivel -1 (1,5 min), por ser el menor tiempo, como nivel óptimo para éste factor.

Figura 2. Promedios e intervalos de la mínima diferencia estadística al 95% para el factor Tiempo de burbujeo.

La Figura 3 muestra un diagrama de promedios e intervalos comparando los resultados obtenidos a tres niveles del factor Relación ácido. Los resultados demostraron que la diferencia estadística entre los niveles -1 y 0 era baja, si bien las condiciones de 1 difieren de las de -1 y 0. Al haber obtenido una mejor recuperación en el nivel 1, se eligió este nivel 1 (5,0 %) como el óptimo para el análisis.



Figura 3. Promedios e intervalos de la mínima diferencia estadística al 95% para el factor Relación de ácido.

Rango dinámico lineal

La Tabla 4 muestra los resultados de una curva de calibración (en adelante denominada curva de trabajo) que se realizó empleando los niveles óptimos de los factores Relación de ácido y Tiempo de burbujeo.

Tabla 4. Valores de área para diferentes concentraciones de C y sus correspondientes parámetros de precisión para 5 mediciones.

La prueba de hipótesis de linealidad comprobó que hay correlación significativa entre las variables x e y. Según el ajuste por el método de los mínimos cuadrados de la anterior curva de calibración, se obtuvo un coeficiente de correlación r2 de 0,9994, el mejoramiento de la linealidad es consecuencia neta de la optimización del proceso de medición de COT por el modo CONP y la recta queda descrita mediante la ecuación y = 5,3676(+0,0654)x + 1,0267(+0,8321). En la Figura 4 se puede observar esta curva.



Figura 4. Curva de calibración CONP vs. Área bajo la curva.

El comportamiento de los residuos de respuesta frente a sus valores estimados fue aleatorio con respecto a las concentraciones, como se puede observar en la Figura 5, cumpliendo con el criterio de homocedasticidad requerido en este tipo de regresiones. Además, la máxima desviación en estos residuos fue de 1.

Figura 5. Gráfica de residuos frente a concentración de CONP.

Sensibilidad

La sensibilidad de la técnica, determinada por la pendiente de la curva de calibración: 5,3676(+0,0654), indica que una variación de 1 mg/L de CONP origina un cambio aproximado de 5,3 unidades en la respuesta del detector, sensibilidad suficiente para el análisis de muestras de agua potable.

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Los valores calculados para estos límites a partir de la recta de regresión, se presentan en la Tabla 5. El límite de detección cumple con el requerimiento de



ser como máximo, igual al 10% del valor guía para agua potable que para Colombia se ha establecido en 5 mg/L de C.

Tabla 5. Límites de detección y de cuantificación para la determinación de COT.

Se puede asumir que los límites instrumentales de detección y de cuantificación, son muy cercanos a los límites de detección y de cuantificación del método, respectivamente, sabiendo que la matriz a trabajar es sencilla y libre de interferencias[8].

ETAPA DE VALIDACIÓN

Precisión

El análisis de varianza de un factor ANOVA para cada una de las soluciones trabajadas en la etapa de validación se presenta en la Tabla 6. La hipótesis nula Ho indica que la varianza entre lotes y dentro de lotes es igual y la hipótesis alterna H1 plantea que las varianzas entre lotes y dentro de lotes son diferentes. Para el contraste de estas hipótesis se empleó el estadístico F teniendo en cuenta que si F calculado es mayor al F teórico se rechaza Ho y se acepta la H1.

Tabla 6. Análisis de varianza para las muestras de validación de la técnica de análisis por combustión y detección con IRND para cuantificación de COT.



La Tabla 7 presenta el resumen de las desviaciones estándar, los promedios de las concentraciones y sus coeficientes de variación, como parámetros indicativos de precisión.

Tabla 7. Precisión de los resultados en las muestras de validación de la técnica de análisis por combustión y detección por IRND para determinación de COT.

Para las soluciones: Blanco, M2 y M1Ab, la variabilidad es no significativa (NS) y muy probablemente obedezca a errores de tipo aleatorio pues se retuvo la Ho al 95% y no se pudo demostrar que era falsa, así las varianzas entre días y entre replicas son iguales o mejor aún su diferencia es no significativa

Para las soluciones: Ea, Em, Eb y M1 las variabilidades son significantes, lo que probablemente se deba a errores de tipo aleatorio y sistemático pues se rechazó la Ho y se acepto la Ha al 95%, de manera que las varianzas entre días y entre replicas resultan diferentes, es decir que su diferencia es estadísticamente significativa.

Según el criterio del CV cumplen la meta (<5%) en primera instancia las soluciones M1 y M1Ab. Según el método del WRC cumplen la meta de variabilidad en segunda instancia las soluciones Ea y Em.

Definitivamente las soluciones Eb, M2 y M1Aa no cumplieron la meta incluso ni en segunda instancia, el valor de CV de 9, 16 y 9%, respectivamente, advertía este comportamiento, luego estas soluciones deberían repetirse para asegurar su cumplimiento.

RECUPERACIÓN Y EXACTITUD

En general, las recuperaciones decrecieron conforme transcurrieron los días de la validación, por lo que se puede suponer una baja eficiencia en la oxidación del carbono a CO2, hecho que directamente depende del estado del catalizador, así como del Tiempo de burbujeo y la Relación ácido pese a que estos factores se hayan optimizado, por lo que deben ser evaluados continuamente.

La Tabla 8 resume las recuperaciones obtenidas en las muestras adicionadas, con lo que se hizo una estimación de la exactitud del método.



Tabla 8. Recuperaciones en muestras reales adicionadas con COT a nivel bajo y alto.

En ninguna de las adiciones se cumplió la meta de recuperación que debe ser mayor a 90%, lo que sugiere inicialmente que la metodología muestra una exactitud media no aceptable para análisis de CONP por análisis de combustión con detector IRND en aguas de consumo. Por otra parte, de acuerdo a la US EPA[19], que propone valores de recuperación entre 70 y 130%, el método en estudio sí sería aceptable para el análisis de CONP. Sin embargo, se puede hacer una revisión de los rangos de recuperación aceptables para este tipo de análisis, ya que no hay acuerdo entre investigadores ni entes afines a metrología.

Además, el hecho de que se hayan obtenido bajas recuperaciones también sugiere la posible presencia de sustancias interferentes en la matriz (agua tratada), como por ejemplo cloruros; en tal caso, la oxidación de Cl- a Cl2 gaseoso disminuye la eficiencia de la reacción de oxidación de la materia orgánica presente en la muestra y por tanto disminuye la señal. Prueba de ello, sería el estado del scrubber (absorbedor de halógenos) que presentaba hasta ese momento un color verde, característico de la presencia de Cl2 gaseoso.

CONCLUSIONES

Se validó el método de combustión y detección por IRND para determinación de COT en agua, al haber cumplido la técnica con los atributos de validación requeridos para este análisis, como fueron linealidad, sensibilidad y bajos límites de detección y cuantificación; sin embargo, los parámetros de precisión y exactitud deben ser reevaluados para corroborar el cumplimiento de las metas propuestas sabiendo que se pueden adoptar metas más permisivas.

El rango dinámico lineal entre las concentraciones 3 a 20 mg/L de COT resultó eficiente para análisis de agua potable con el método de combustión y detección por IRND; no obstante, para análisis de aguas crudas se debe ampliar este rango a fin de evitar el error sistemático que se estaría presentando cuando el equipo debe realizar dilución de la muestra.

Es posible que la baja precisión que se presentó en la muestra de agua cruda durante la validación, se deba a que como ésta es una muestra concentrada y por lo general la respuesta excedía el RDL, el equipo debía volver a tomar muestra y hacer purga, por lo que la última inyección



generaba mayor desviación, de manera que es más recomendable diluir la muestra manualmente.

El hecho de que las soluciones Eb y M1Aa no hayan cumplido con la meta de precisión sugiere que las concentraciones cercanas a los límites superior e inferior del RDL trabajado pueden presentar falta de precisión, por lo tanto, según el tipo de muestras a analizar se debe recalibrar de manera que se asegure una ubicación intermedia de las respuestas en el RDL.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la cofinanciación de la Universidad de Nariño y de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P. De igual manera, agradecen la colaboración del Departamento de Química de la Universidad del Quindío en donde fue montada la técnica, y la colaboración especial de la Química Cristina León Salazar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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a. Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines GICTA, Universidad de Caldas.

b. Grupo Estudio de Sistemas Contaminantes, Universidad de Nariño.

c. Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P.



DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FOLLAJE VERDE DE LA Acacia decurrens EN EL PRIMER AÑO DE SIEMBRA1

JANCY DARLY FLÓREZ-OCHOA2, ÁLVARO LÓPEZ-DUEÑEZ3, ALEJANDRO RENDÓN-VÁSQUEZ2, JUAN MANUEL PÉREZ-ZAPATA2

[email protected]

Manizales, 2009-11-19 (Rev. 2010-05-14)

RESUMEN

La determinación de la producción de follaje verde en el primer año de siembra de la Acacia decurrens se realizó en la finca La Ramada, Quindío, a 4º 31’ 41” de latitud norte y 75º 32’ 41’’ de longitud oeste, con una temperatura promedio de 16 °C. Las plantas fueron establecidas con un mes de edad, en surcos paralelos a la pendiente, podadas al alcanzar 1,8 m de altura y defoliadas manualmente simulando el ramoneo que realiza el ganado. Las densidades de siembra fueron: alta, media y baja: 1664, 832 y 416 acacias/hectárea, respectivamente; se realizaron defoliaciones por periodos a los 6, 9 y 12 meses de siembra. Las variables a medir fueron: peso en gramos de follaje verde por árbol e incremento en gramos de follaje verde/árbol/día. Todos los datos fueron analizados por ANOVA. No fue encontrada diferencia significativa (P>0,05) entre las variables analizadas al estudiar las diferentes densidades de siembra. Se evidenció diferencia significativa (P<0,05) entre periodos de defoliación, al analizar la variable de incremento en gramos de follaje verde por día, esto indica, que la producción de gramos de follaje verde fue mejor en el tercer periodo. La producción de follaje verde de la acacia en el primer año no se ve afectada por las diferentes densidades de siembra y hay un incremento de la producción de follaje verde a medida que las acacias incrementan su edad.

PALABRAS CLAVE:

Defoliaciones, densidades, forrajera, periodos. PRODUCTION OF FOLIAGE AT Acacia decurrens IN THE FIRST PLANTING YEAR

ABSTRACT

Green foliage production of Acacia decurrens during the first planting year was determined in La Ramada farm, Quindío, located at 4º 31’ 41’ north latitude and 75º 32’ 41’’ west longitude, with an average temperature of 16 °C. The planting age was one month, in rows parallel to the slope, pruning at 1,5 m high, and manual defoliation simulating cattle grazing. The planting densities were high, medium, and low: 1664, 832 and 416 acacias/hectare, respectively; the defoliation frequency was at 6, 9 and 12 months of planting. The variables measured were: foliage production grams/tree and grams/tree/day of foliage increment. All data were analyzed by ANOVA. In this trial, the planting densities were not significant (P>0.05); however, between defoliation periods the grams/tree/day of foliage increment were significant (P<0.05), because a better production was seen in the third defoliation period. Acacia foliage production in the first planting year was not affected by the three different densities, and the foliage production increment improves with age.



KEY WORDS: Defoliations, densities, forage, periods.

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica la actividad ganadera intensiva ha ocasionado el deterioro de los suelos debido a la compactación de la tierra producida por el ganado, y a la introducción de especies exóticas forrajeras que sustituyeron la vegetación nativa (Ríos, Gómez & Quiceno, 2000; Arranz et al., 2003). Las diferentes especies exóticas forrajeras exigen fertilizantes y agroquímicos para su sostenimiento (Medina, Orozco & Diez, 2008), lo que empeora el problema ambiental y aumenta los costos de producción (Giraldo & Bolívar, s.f.). Una solución a esta problemática es la inclusión de especies arbóreas forrajeras en los potreros, debido a que contribuyen a corregir los problemas de degradación de suelos e incrementan la producción ganadera (Montagnini et al., 1992). La Acacia decurrens es una de las especies arbóreas que han sido utilizadas para corregir el problema del deterioro de los suelos de clima frío (Alarcón, Lozano & Chaparro, 1997), debido a su excelente crecimiento en los primeros meses de edad (Giraldo, 1995; Londoño et al., s.f.) y a su adaptación en suelos pobres en nitrógeno, pues tiene gran capacidad de bombear nutrientes desde las profundidades del suelo (Montagnini et al., 1992), puede crecer en altas densidades de siembra hasta 0,60cm/día, incrementa el número de ramas al ser podada y produce 1147 kg/ha/año de biomasa comestible a los 15 meses de edad (Quiceno & Medina, 2006), además la acacia es una fuente nutricional importante para el ganado por su alto contenido de proteína (16,74%), bajo contenido de humedad (59,93%) (Cuesta & Carvajal, s.f.) y bajo contenido de pared celular (Giraldo & Bolívar, s.f.).

Los objetivos del presente estudio fueron determinar la producción de follaje verde y su incremento según las densidades de siembra y los periodos de defoliación.


Localización

Las observaciones se realizaron en el departamento del Quindío en la finca La Ramada, en la vereda Camino Nacional del municipio de Salento; ubicada a 75º 32’ 41’’ de longitud oeste y 4º 31’ 41’’ de latitud norte, a una altitud de 2450 msnm, su temperatura promedio es de 16 ºC. El pasto predominante es el kikuyo (Pennisetum clandestinum).

Establecimiento

Para realizar el experimento se seleccionaron tres hectáreas, con una pendiente promedio del 50%. Los árboles se establecieron con un mes de edad, en surcos paralelos a la pendiente. Las acacias fueron podadas al alcanzar 1,8 m de altura, buscando estimular el crecimiento de nuevas ramas.



Tratamiento

Se establecieron tres densidades de siembra (alta, media y baja) de la siguiente forma: la densidad alta con 1664 acacias/ha, a una distancia entre acacias de 0,55 m y entre surcos de 11 m; la densidad media con 832 acacias/ha, a una distancia entre acacias de 1,5 m y entre surcos de 8 m; y la densidad baja de 416 acacias/ha, a una distancia entre acacias de 3 m y entre surcos de 8 m. Los periodos de defoliación se realizaron a los 6, 9 y 12 meses de siembra. Las variables a medir fueron: el follaje verde por árbol, que se determinó por defoliación manual completa, cada muestra se pesó en una balanza electrónica y los resultados se expresaron como gramos de follaje verde por árbol (FVA); e incremento de follaje verde gramos/día (IFVAD), la cual se calculó a partir del peso total del follaje verde, dividido por el número de días transcurridos entre la siembra y la primera defoliación; y entre defoliaciones.

Diseño experimental

Se realizó un diseño completamente al azar con tres réplicas para cada uno de los tratamientos. Tres densidades de siembra con tres réplicas y tres periodos de defoliación.

Como unidad experimental se seleccionaron 25 acacias escogidas por muestreo aleatorio simple para cada densidad de siembra.

Análisis estadístico

El análisis de todos los datos se realizó mediante el uso de SAS (Statistical Analysis System) usando el procedimiento de ANOVA; la comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 95%.


Se encontró que en el primer año de establecido el ensayo, no hubo diferencias significativas (P>0,05) en las tres densidades de siembra (Tabla 1); sin embargo, se observa un aumento de gramos/árbol/día en la densidad # 1 (0,42 g/árbol/día). Esto concuerda con lo observado por Quinceno y Medina (2006) quienes observaron que una densidad alta de siembra (1664 acacias/ha) produce mayor cantidad de follaje verde comparado con una de baja densidad.

Tabla 1. Promedio del crecimiento según densidad de siembra - “La Ramada”.

Se encontró diferencias significativas (P<0,05) entre periodos de defoliación en la variable incremento de follaje verde gramos/árbol/día (Tabla 2), la cual muestra claramente que la producción a los 12 meses fue superior (0,60 g/árbol/día) que la defoliación a los 9 meses (0,29 g/árbol/día) y a los 6 meses (0,19 g/árbol/día),



esto concuerda nuevamente con lo citado por Quiceno y Medina (2006) donde mencionan que las acacias producen mayor cantidad de biomasa comestible a medida que aumentan su edad.

Tabla 2. Promedio del crecimiento según periodo de defoliación - “La Ramada”.

En previos estudio se ha encontrado que la acacia tiene un follaje muy denso, es resistente al maltrato y a las podas continuas (Pérez, 1990) al igual que su crecimiento precoz para permitir el ingreso de los animales cuando alcanzan los 2 m (Borel & Romero apud Giraldo, 2000). Esto concuerda con la necesidad de podar las plantas en este ensayo a los 9 meses de siembra, pues ya superaban los 2 m de altura a pesar de la defoliación realizada a los 6 meses.

CONCLUSIONES

Las diferentes densidades de siembra no influyen en la producción de follaje verde de la acacia durante el primer año de siembra, por el contrario, sí se demuestra un incremento de la producción de follaje verde a medida que las acacias incrementan su edad (31g más después de la segunda defoliación). Se recomienda el ingreso de los animales al potrero sembrado con acacias con 10 meses de edad, debido a que su producción y resistencia lo permiten.

BIBLIOGRAFÍA

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1. Financiado por CORPOICA.

2. Maestría en Ciencias Veterinarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

3.Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.



PERCEPCIÓN ACERCA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

LORENA GARTNER ISAZA1

Manizales, 2010-03-01 (Rev. 2010-05-20).

RESUMEN

La percepción sobre ciencia y tecnología hace referencia a la imagen con la que se les asocia y a aquellas nociones y expectativas que contienen alguna carga valorativa de cada una de estas dos entidades. En el presente artículo se abordan los siguientes aspectos: la idea que docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas tienen acerca de ellas; la valoración con respecto a algunos ámbitos de aplicación específicos; el balance global que de ellas se hace; la idea acerca de los campos en los cuales se cree que se enfoca prioritariamente el desarrollo tecnocientífico; las creencias sobre el manejo de la ciencia en el mundo; el punto de vista acerca de la accesibilidad de la ciencia y la tecnología al público; y la imagen de la profesión de investigador en el ámbito local.

Las respuestas de los docentes y los estudiantes de la Universidad de Caldas sobre estos aspectos se relacionan con otras variables, tales como: el nivel educativo, la procedencia, el autoposicionamiento político y religioso, el nivel socioeconómico, el género, la edad y el campo del conocimiento. Así mismo, se efectúa una comparación con los resultados de las más recientes encuestas iberoamericanas de percepción social acerca de la ciencia y la tecnología en las que se encuentra información cotejable.

PALABRAS CLAVE:

Ciencia, tecnología, tecnociencias, percepción social.

PERCEPTION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY IN STUDENTS AND PROFESSORS FROM THE UNIVERSIDAD DE CALDAS

ABSTRACT

The perception on science and technology refers to the image with which they are associated and to the notions and expectations containing any evaluative load regarding either one of these entities. The present article deals with the following aspects: the idea students and professors from the Universidad de Caldas have on those concepts; the assessment related to some specific application fields; the global balance regarding science and technology; the idea on the fields in which the techno-scientific development is believed to primarily focus on; the beliefs on science management in the world; the point of view regarding the accessibility of science and technology to the public; and the image of the researcher at a local level. The answers of professors and students from the Universidad de Caldas about these aspects are related to other variables, such as educational level, origin, political and religious self-positioning, socio-economic level, genre, age and field of knowledge. In the same manner, a comparison with the results of the most recent Latin American surveys on social perception on science and technology is carried out in which comparable information can be found.



KEY WORDS: science, technology, techno-sciences, social perception.

INTRODUCCIÓN

La ciencia y sus aplicaciones tecnológicas constituyen variables de enorme relevancia para la comprensión de las dinámicas sociales, económicas y culturales contemporáneas, por consiguiente, las investigaciones sociales acerca de la ciencia y la tecnología constituyen un campo de trabajo en Humanidades y en Ciencias Sociales con un creciente desarrollo a nivel internacional. En el marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han emergido varias líneas de trabajo, entre las que se encuentra la relacionada con la percepción pública acerca de la ciencia y la tecnología, que se refiere a la imagen con ellas asociada y a las nociones y expectativas que contienen alguna carga valorativa de cada una de estas dos entidades. De los resultados de tales indagaciones se han ido aportando criterios para la definición de políticas públicas y herramientas de gestión al respecto; constituyen, por tanto, insumos de particular utilidad para el fomento de la cultura científica y de la implicación social. En consecuencia, no sólo es importante conocer la percepción social que se tiene sobre la ciencia y la tecnología en los contextos nacionales, como de suyo se ha hecho en muchos países, sino también saber qué imagen se tiene de ellas en los contextos locales. En este sentido, el presente artículo hace referencia a algunos de los resultados arrojados por el estudio acerca de la percepción social que sobre ciencia y tecnología se posee en un ámbito académico local, la Universidad de Caldas, el cual exhibe sintonía con una necesidad reconocida a nivel internacional y nacional, y posee un carácter novedoso, ya que precisa un tema muy poco estudiado en ámbitos institucionales educativos que por su naturaleza están relacionados con la actividad científica y tecnológica, tal es el caso de las instituciones de Educación Superior, para las cuales puede constituirse en un referente para el desarrollo de sus políticas investigativas y para sus estrategias de formación de investigadores. En este contexto, podría decirse que la comunidad académica universitaria (docentes y estudiantes) constituye un grupo social que, de modo privilegiado, se encuentra más cercano a las actividades de producción y de difusión de la ciencia y la tecnología, lo que la convierte en una población con mayor cualificación en el conjunto de la sociedad para sus apreciaciones al respecto.

Este estudio fue desarrollado por el equipo de trabajo del Semillero de Investigación sobre Estudios Sociales de la Ciencia y la Innovación Tecnológica en el que participaron las estudiantes: Adriana Isabel Muelas, Diana Carolina Londoño, Yuliana Gutiérrez y Valentina Vásquez. Con miras a obtener una mayor comprensión de las variables estudiadas concernientes con la percepción acerca de la ciencia y la tecnología en docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, éstas se relacionaron con otras referidas a algunas características socio-demográficas de esta población, tales como edad, género, área de formación, estrato socio-económico, procedencia, autoposicionamiento religioso y político. Así mismo, en la medida de la disponibilidad de datos cotejables de las más recientes encuestas iberoamericanas sobre la percepción social acerca de la ciencia y la tecnología, se avanza en la comparación con los resultados locales de la población estudiada.



METODOLOGÍA

Con miras a garantizar la comparabilidad, este estudio se diseñó de manera tal que guardara correspondencia temática y metodológica con las diferentes encuestas nacionales realizadas sobre percepción de la ciencia y la tecnología en países iberoamericanos como España, Argentina, Uruguay, Brasil, Portugal, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago. Tomando este referente se efectúo una selección y adaptación de indicadores. Cabe señalar que desde el año 2001 la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) han venido trabajando en el Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana, con el propósito de avanzar en la construcción de metodologías e indicadores que, a partir de la tradición internacional, fuesen pertinentes para el contexto de la ciencia, la tecnología y la cultura iberoamericanas.

Ámbito: Universidad de Caldas, institución pública de Educación Superior localizada en el municipio de Manizales, departamento de Caldas, Colombia.

Universo: total de estudiantes matriculados en los programas de pregrado en la Universidad de Caldas en 2008 (9126 en total), y total de docentes vinculados en este período, mediante cualquier tipo de contratación (planta, ocasional, cátedra) (834 en total).

Muestra: aleatoria y estratificada por facultades: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias para la Salud e Ingenierías. Para estudiantes un margen de error del 5% y un nivel confianza del 95% (381 en total), y para los docentes un margen de error del 7% y un nivel confianza del 95% (97 en total).

Siguiendo la tradición de las encuestas de percepción sobre ciencia y tecnología, este estudio adquiere un carácter demoscópico (sondeo y medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública). El proceso empírico o acercamiento al objeto de conocimiento se efectuó mediante entrevista estructurada (encuesta) con preguntas cerradas dicotómicas, de opción múltiple y escalas de intensidad. Esta encuesta fue validada a través de prueba piloto y diligenciada en forma personal, en el segundo período académico de 2009.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

1. Algunos referentes

A lo largo del siglo XX, especialmente en su segunda mitad, se produjo una revolución científica y tecnológica que ha conducido a un profundo cambio social y económico. Tal revolución también expresada en la contracción tecnociencia hace referencia a la creciente interdependencia entre las actividades científicas y tecnológicas, sin que con ello se quiera significar la desaparición de las especificidades de estas dos actividades. Desde el punto de vista axiológico, en esta hibridación ambas mantienen sus respectivas orientaciones valorativas, tanto científicas (epistémicas) como técnicas. Javier Echeverría (2003) se refiere a sus rasgos distintivos de la siguiente manera:



Por ser tecnología, la tecnociencia no sólo busca conocimiento verdadero (o verosímil, o contrastable, o falsable), sino también conocimiento útil. Pero por ser ciencia, tampoco basta con que las acciones tecnocientíficas sean útiles o eficaces, sino que además se requiere que estén científicamente justificadas [...] La verdad, la verosimilitud, la generalidad, la adecuación empírica, la precisión y la coherencia siguen siendo valores relevantes para la tecnociencia, pero los valores epistémicos no son los únicos. La tecnociencia incorpora a su núcleo axiológico buena parte de los valores técnicos (utilidad, eficiencia, eficacia, funcionalidad, aplicabilidad, etc.) y aunque sigue manteniendo los valores epistémicos, el segundo subsistema de valores tiene un peso tan considerable como el primero. (p. 67)

Ahora bien, en las condiciones socio-económicas, culturales y políticas contemporáneas, en todo el orbe, las tecnociencias ocupan un lugar estratégico como factor de desarrollo2 entendido este último no sólo como crecimiento económico, sino también y, esencialmente, como mejoramiento de las condiciones de vida humana y preservación de la diversidad biótica y cultural. Con esto no se quiere sugerir que las ciencias y las tecnologías constituyan los únicos factores ligados con propósitos de bienestar social y de desarrollo humano, los cuales, de suyo, incorporan una gran variedad de componentes que les otorgan naturalezas bien complejas. Sin embargo, a pesar de la intrincada fisonomía del desarrollo humano y social, sin duda, las ciencias y las tecnologías tienen enormes potencialidades para la solución de problemas sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales; éstas son insoslayables para un desarrollo sustentable, dado que, en la actualidad, las ventajas competitivas de los países ya no se basan prioritariamente en su ubicación geográfica y en la tenencia de recursos naturales, sino en la capacidad de aprovechamiento de estos recursos, mediante la incorporación de valor agregado como consecuencia de la generación y aplicación de conocimientos e información. De este modo, la construcción de futuro para la humanidad se cimienta, en buena medida, en el conocimiento, cuyo crecimiento es exponencial y cada día más especializado, interdependiente y globalizado. Al reconocer el protagonismo de las tecnociencias como factor de desarrollo, no se está soslayando la reflexión acerca de sus secuelas negativas, pues las nuevas fronteras conquistadas en el campo del conocimiento y sus aplicaciones permiten ver a las ciencias y a las tecnologías no sólo como promesas de calidad de vida, sino también, como factores de incertidumbre y de riesgo, pues no son subestimables sus demostrados impactos negativos y su potencial letal en muchas de sus aplicaciones. Cabe decir que la enorme capacidad humana para crear, transformar y desentrañar los secretos de la naturaleza y de la sociedad coexiste con su también enorme capacidad destructiva. La ciencia y la tecnología han sido puestas en uno y otro lado, sin embargo, hoy, éstas son inevitables y necesarias. En la actualidad, la masiva reorganización productiva y comercial con alcance global, en el marco de una feroz competencia económica, escenifica crisis no menos que dramáticas en los campos social y ambiental, lo que le genera una tesitura especialmente compleja y crítica a la relación ciencia-tecnología-sociedad. Las tecnociencias se hallan bajo el fuego cruzado de diversos actores estatales, privados y sociedad civil organizada que le exigen resultados de disímil naturaleza, en tanto se constituyen en bienes económicos, políticos y militares. Como lo expresa Javier Echeverría (2003): “el conocimiento tecnocientífico ha dejado de ser un bien en sí para ser un bien desde unos puntos de vista y un mal desde otros” (p. 106), “los fines de la ciencia y la tecnología dejan de ser valores últimos para convertirse en valores instrumentales” (p. 37).



En tanto, cada día con mayor intensidad, las ciencias han desbordado los ámbitos en los que se producen y sus aplicaciones hacen presencia en todos los espacios de la vida humana, sin riesgo a equívocos, es posible afirmar que devienen en variable particularmente relevante para la explicación de las grandes y vertiginosas transformaciones de la sociedad que nos es contemporánea, en tanto “impactan en las dimensiones sociales variadas: la economía; la política; la comunidad (en términos de la sociedad civil); los dominios institucionales especializados (salud, educación, ley, bienestar y seguridad social, etc.); la cultura y los valores –industria cultural, creencias, normas y comportamientos–” (Albornoz, 2003, p. 4). Las tecnociencias no son asunto que interese sólo a los científicos y a los tecnólogos; ellas se han hecho ciudadanas, como lo afirman Lafuente y Saraiva (2002): “se han mundanizado”, pues están presentes en las decisiones del día a día de las personas en particular, de los gobernantes, de los empresarios y, por supuesto, de los científicos; decisiones que van desde la adquisición de un producto en el mercado, la inversión o no en determinados campos del conocimiento, la modificación genética, la seguridad alimentaria, los medios de transporte, la conservación del ambiente, etc., a manera de ejemplo. Por consiguiente, en la medida en que la ciencia compromete la vida de los ciudadanos, se hace urgente el diálogo entre ésta y la sociedad en todos sus niveles: administradores públicos, tecnólogos, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, pues los sistemas tecnocientíficos poseen una enorme complejidad en la que existe una tensa relación entre sus diversos agentes3, quienes poseen una gran cantidad de intereses, por lo que su estructura es esencialmente conflictiva.

Aunque existe consenso en torno al papel del conocimiento en el desarrollo económico y social, también es ampliamente reconocido que éste en sí mismo no transforma a las sociedades. En tal sentido, el volumen de conocimientos generados por una sociedad no garantiza su incorporación a procesos dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida humana y la calidad de su entorno, se requiere de su acertada aplicación y su correcta administración. La producción científica no culmina necesariamente en decisiones, productos o procesos en el ámbito privado o en las políticas públicas, para tal efecto, se requieren reales voluntades que movilicen actores y recursos orientados al desarrollo científico y tecnológico con miras al bienestar de las sociedades. Es así como se han ido desarrollando y consolidando, a nivel planetario, sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación que, separados del modelo lineal, también llamado de ósmosis, que concebía el transito natural del ‘laboratorio a la empresa’ (expresado en la ecuación: + ciencia = + tecnología = + desarrollo productivo = + competitividad económica = + progreso social), intentan incentivar la práctica de la investigación científica para la utilización del saber derivado de ella en la solución de problemas sociales y ambientales y en los sectores de producción de bienes y servicios. En tal sentido, la dinámica de la investigación científica presenta un fortalecimiento del llamado ‘Modo 2’ o ‘modo de aplicación’, cuyo propósito es aportar a algún sector del gobierno, de la industria o de la sociedad civil4; este modo de producción de conocimiento obliga a la puesta en escena de actores de diverso tipo que hagan posible una verdadera dinámica interactiva como condición de posibilidad para el desarrollo de un sistema de conocimientos socialmente distribuido. Es así como el tradicional ‘Modo 1’ de producción de conocimiento o modalidad de ciencia académica fuertemente disciplinaria, tiende a erosionarse y a perder protagonismo en la agenda de las políticas de ciencia y tecnología en todo el orbe.

Al respecto, no se trata de establecer algún tipo de determinismo, dígase el determinismo científico y tecnológico que considera a la sociedad condicionada por los desarrollos tecnocientíficos o el determinismo social que considera los componentes sociales, económicos y políticos como agentes causales de la ruta



científica y tecnológica. La relación ciencia.tecnología-sociedad no es unidireccional; entre ellas, se sucede un dinámico flujo de interacciones en varias direcciones que compromete no solamente los sistemas tecnocientíficos, sino también los sistemas sociales en sus aspectos de tipo cultural, político y económico. Las concepciones que le otorgan autonomía a uno u otro sistema abordan la cuestión de una manera parcial; ambos sistemas establecen reciprocas relaciones de causa y efecto. Las capacidades de una sociedad para producir conocimientos, apropiarlos, usarlos y distribuirlos están condicionadas por una compleja red de procesos y actores que evoca la idea de sistema de conocimiento que se configura, entre otros, de acuerdo con:

a. la forma como cada sociedad en sus diferentes sectores empresariales y de gestión pública demanda desarrollos científicos;

b. los sistemas educativos y su participación en la formación de gestores de conocimientos capaces de aportar al desarrollo de la sociedad;

c. las políticas y los recursos para el fomento de la actividad científica y su retorno social;

d. la capacidad de las instituciones sociales y de las empresas para absorber conocimientos;

e. las interacciones entre las instituciones para el desarrollo científico y de las comunidades académicas con la sociedad civil, con las instituciones privadas y con el Estado; y

f. los medios de comunicación y su relación con las comunidades académicas.

Los encuentros entre la ciencia y el público poseen significativa importancia tanto en las decisiones de política científica y de políticas públicas en general, como en las intervenciones empresariales y en las prácticas cotidianas. La participación ciudadana en los asuntos concernientes con las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas es ahora una exigencia de la democracia y en tal sentido, las tecnociencias deben ser valoradas, entre otros, en el contexto de los proyectos sociales en los que se insertan, los intereses que atienden y los actores que le otorgan sentido. De este modo, las dinámicas de interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad abren un denso campo investigativo y de reflexión para las ciencias sociales, donde la percepción pública, la cultura científica y la participación ciudadana emergen como categorías de particular interés.

La euforia frente a la tecnociencia tiene sus orígenes en idea baiconiana de progreso de la civilización catapultado por el conocimiento científico y en el desarrollo del positivismo decimonónico, encabezado, entre otros, por Saint-Simon y A. Comte, donde las nociones de progreso y desarrollo de la humanidad han sido ligadas a la superación de los estadios teológico y metafísico, y al predominio de la razón y de la técnica (estadio científico o positivo, referente fundamental de la emergente sociedad industrial). Estas ideas tecnofílicas tuvieron una presencia dominante en la atmósfera política, social y cultural de las sociedades occidentales, en tanto el bienestar y el progreso se percibían necesariamente asociados al desarrollo científico y tecnológico. La actividad científica y tecnológica norteamericana y de muchos estados de la Europa Occidental de la primera mitad del siglo pasado sirvió para entender que ésta no solamente era útil para la defensa nacional, sino también para propósitos



políticos (Capitalismo vs. Comunismo), y para la competencia económica internacional.

En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado, se consolidaron movimientos sociales reactivos al desarrollo tecnocientífico (ambientalistas, feministas, pacifistas) motivados principalmente por sus aplicaciones en la industria bélica (confrontaciones mundiales, Vietnam, Corea, etc.) y sus devastadores efectos en el ambiente. La izquierda intelectual, nutrida por autores como Chomsky, Habermas, Marcuse o Feyerabend en su crítica al cientifismo y a la tecnocracia, tuvo gran influencia en esta reacción tecnófoba, al igual que muchas de las posturas románticas de derecha como la de Martin Heidegger. En esta dinámica social contestataria también participaron científicos y tecnólogos:

ya durante los años cuarenta, y fruto de su difícil relación profesional con las instituciones militares, grupos de científicos críticos constituyeron en el Reino Unido y Estados Unidos la Association of Scientific Workers. Hacia finales de los sesenta y durante la década de los setenta, otros colectivos como la British Society for Social Responsibility in Science, Scientists and Engineers for Social and Political Action (posteriormente, Science for the People) o los Public Interest Research Groups desplegaron, igualmente, una gran actividad de índole contestataria. (Moreno & Lujan, 1996, p. 131)

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que supuso un hito en el apoyo social a la ciencia y la tecnología, comenzaron a constatarse a lo largo de la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado una serie de hechos que afectaron a la confianza otorgada a la tecnociencia. En efecto, la carrera armamentística nuclear que desencadenó la Guerra Fría, asociada con el recuerdo de muerte y destrucción de Hiroshima y Nagasaki, la creciente constatación de los riesgos potenciales y peligros reales de los residuos tóxicos químicos y nucleares, las distintas manifestaciones del visible y continuo deterioro del medio ambiente, la posibilidad real de alterar los ciclos básicos de la naturaleza, la aceleración del proceso de disolución de los saberes y experiencias tradicionales, la creciente deshumanización y alienación en los puestos de trabajo por razón de la tecnificación de la cadena productiva y, en suma, la asunción de unas pautas de producción y consumo que cambiaron los valores morales por las necesidades y los estilos de vida naturales por sofisticadas formas artificiales, supusieron el definitivo espaldarazo para que, a partir del momento simbólico del Mayo del 68, comenzara a producirse una progresiva erosión en la confianza de la sociedad en la tecnociencia, y la consiguiente activación de las posiciones críticas. (FECYT, 2007, p. 198)

A partir de los años 70 se empezó a consolidar un nuevo contexto en el que se hacía necesario potenciar nuevos mercados y abrir nuevos sectores productivos intensivos en el uso del conocimiento, y en el que se evidencia que el crecimiento económico no es condición suficiente para el progreso social. Allí, esta criatura de la modernidad, la tecnociencia, llámese Prometeo o Frankenstein, se cierne sobre la sociedad como factor tanto de riesgo como de bienestar, y se deposita en la médula de muy buena parte de sus procesos comprometiendo la trama de la existencia individual y colectiva con impactos diferenciados.

La suerte esta echada y el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, en el marco de la sociedad industrial de tipo capitalista, alienta a que muchos de los estados del planeta empiecen a generar condiciones estructurales para el desarrollo y consolidación de sistemas nacionales de ciencia y tecnología, en primera instancia en los países más desarrollados. De forma paralela a este proceso, en buena parte como consecuencia de la antedicha reacción crítica, la



comunicación de la ciencia con la sociedad también comienza a ocupar un lugar en las políticas públicas de ciencia y tecnología. La demanda ciudadana por el establecimiento de límites al tradicional modelo crecimiento económico que aboga por la mejora de la calidad de vida, los movimientos sociales en pro del desarrollo de tecnologías apropiadas acordes con las expectativas y valores sociales, la evaluación del riesgo, el gradual incremento de sectores que pretenden influir en el curso tecnocientífico de las sociedades (investigadores, tecnólogos, economistas, administradores, grupos de presión, empresarios) dibujan el escenario en el que, a partir de los años 70, se desarrolló un creciente interés por la percepción y las actitudes públicas hacia la ciencia y la tecnología hasta lograr posicionarse en las agendas para el diseño de estrategias y políticas públicas en muchos países. Ante la necesidad de conocer las percepciones públicas frente a la ciencia y la tecnología, desde entonces y de manera progresiva, se movilizan acciones tendientes a definir indicadores y formas de medida, por supuesto, cimentadas en concepciones e intereses diversos.

En este ambiente, el público empieza a desempeñar un importante rol como futuro usuario de las innovaciones tecnocientíficas, cuya implantación está mediada por la aceptación social. Para tal efecto, se hace necesario esclarecer algunas claves de intervención en función de las diferentes actitudes (o disposiciones para la acción) y de los significados e intereses de distintos grupos sociales. En tal sentido, los estudios de percepción pública aportan a la identificación de escenarios tecnocientíficos y de políticas públicas necesarias para conducir desarrollos considerados como beneficiosos socialmente y para gestionar, regular y evitar el riesgo.

Pionera en el desarrollo de estas indagaciones ha sido la agencia norteamericana National Science Foundation (NSF), cuyos análisis, desde 1972, se han extendido a escala internacional, en tanto realiza seguimiento, diferencia en subpoblaciones las actitudes y la comprensión pública de la ciencia en Estados Unidos y efectúa comparaciones con estudios análogos realizados Japón y en Europa. Los protocolos desarrollados por la NSF, así como han sido blanco de acaloradas controversias, han sido objeto de atención institucional e influencia política en muchos países y se han constituido en la referencia clásica para este tipo de estudios, pues sus volúmenes anuales sobre Indicadores de Ciencia e Ingeniería incorporan un capítulo dedicado a la comprensión y actitudes del público respecto del desarrollo científico-tecnológico. Desde 1988 se conoce la encuesta del Reino Unido y el Proyecto de la Comisión Europea, nombrado como Eurobarómetro y, sucesivamente, se han ido desarrollando otros esfuerzos, por ejemplo, en India, Corea del Sur, China, Malasia, Nueva Zelanda, Japón y Rusia. En Iberoamérica, a partir del año 2001, se ha realizado una serie de encuestas para el análisis de las diferentes percepciones públicas sobre la ciencia y la tecnología lideradas por Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en el marco del Proyecto Estándar Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana5. Hasta el momento se ha realizado este tipo de estudios en: España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Portugal, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago.

Este interés por acercar la ciencia a sus públicos a partir del conocimiento de sus percepciones se ha desarrollado desde diversos enfoques, pero siempre con la intención de hacer de ellos herramientas de gestión para las políticas públicas de ciencia y tecnología en las que se introduce la perspectiva ciudadana. Cabe reseñar las dos grandes tradiciones que han marcado este proceso: la tradición norteamericana, conocida como scientific literacy, orientada a identificar el grado de alfabetización científica de la sociedad, cuya resultante es la verificación de



saberes certificados como verdaderos; y la tradición británica, conocida como public understanding of science, enfocada hacia la identificación de actitudes frente a la ciencia y la tecnología. Los modelos desarrollados por estas dos tradiciones han sido la base de políticas y acciones de instituciones que han movilizado actores sociales diversos en torno a museos, asociaciones científicas, medios masivos de comunicación, periodistas científicos, instituciones educativas, entre otros.

El precursor en este tipo de estudios correspondió a una lógica “deficitaria”, en el marco de la indicada tradición norteamericana scientific literacy, según la cual, se espera identificar qué tanto conocimiento público existe sobre la ciencia (conocimiento de conceptos, leyes, teorías, etc.) y, de esta manera, reconocer la dimensión del comportamiento anti-científico que debería ser corregido mediante programas de alfabetización científica en un esquema lineal que buscaba legitimar la labor de la comunidad científica y tecnológica. Este tipo de aproximación a la ‘cultura científica’ es restringida y correspondiente con el modelo de ‘erudición’, basado en la definición enciclopédica de cultura. Desde esta perspectiva, coinciden muchos autores en señalar que las diferencias de conocimiento entre los científicos y el público se interpretan en términos de ignorancia que los resultados de los estudios no hacen más que resaltarla, pues lo que se evidencia, obviamente, son las insuficiencias del público frente a los conocimientos que posee la comunidad científica; por esta vía argumental se asume que a mayor conocimiento, en este caso información sobre asuntos tecnocientíficos, mayor apoyo y legitimación de éstos.

Las críticas suscitadas a este enfoque han llevado a que se incorporen aspectos actitudinales y valorativos con la perspectiva de adelantar acciones orientadas a promover aprecio hacia la ciencia (public understanding of science), de tal manera que:

las encuestas ya no se orientan tanto a determinar cuánto sabe la gente sobre ciencia sino cuánto valora la ciencia. Aparecen así una serie de preguntas asociadas al estatus que le otorgan las personas a la ciencia frente a otras áreas de la cultura, sus representaciones sobre los científicos y su percepción de los posibles riesgos que la ciencia pueda entrañar. De estas preguntas se desprende la conclusión de que lo que hay que hacer, ya no es educar al público sino seducirlo, haciendo gran énfasis en el papel de los mediadores como los museos, el periodismo científico y medios de comunicación, las ferias y eventos de ciencia, de los cuales se esperan ejercicios de traducción efectivos donde la ciencia sea mostrada como una práctica social, logrando en los públicos la valoración de sus prácticas e implicaciones sociales y de esta forma la toma de decisiones informada. (Daza, 2008, p. 5)

Este proceso de refinamiento de los criterios e instrumentos para acceder a la percepción pública en sociedades particulares, aunque no exento de polémica, ha ido abriendo el foco de observación e interés y tiende a orientarse hacia el amplio espectro de la cultura científica, como se advierte en el ya mencionado Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana. En el marco de este proyecto, se abandona el concepto de cultura científica como atributo individual que evoca el cúmulo de saberes apropiados por sujetos en particular (forma de instrucción o acumulación de saber) y se asume como atributo fundamentalmente social, constituido por el complejo conjunto de elementos que hacen parte de la organización social de la cultura y que interactúan dinámicamente con ésta y se expresa en contenidos cognitivos, simbólicos, institucionales, normativos y organizacionales relacionados con la producción y uso científico y tecnológico. Así:



La “cultura científica” en sentido amplio, entonces, tendría como objeto la indagación de diferentes aspectos de la dinámica social de la actividad científica, entre ellos: a) nivel de aplicación de las prácticas científicas y tecnológicas en actividades (instituciones) seleccionadas relevantes (definición de políticas, consumo individual, etc.); b) información relevante a nivel público acerca de cuestiones referidas a la ciencia y la tecnología; c) grado de desarrollo de la cultura CTS: identificación de intereses, visión crítica del riesgo, capacidad democrática de orientación de la ciencia, la tecnología y la innovación; d) asignación de recursos a la actividad científica; e) participación ciudadana en controversias derivadas de la ciencia y la tecnología; f) nivel de conocimiento o comprensión del público; g) actitudes hacia la ciencia y la tecnología: credibilidad de la ciencia y de la actividad científico-tecnológica; h) evaluación del riesgo; o i) reproducción del sistema de ciencia y tecnología: dinámica de incorporación de nuevos investigadores, pirámides poblacionales de agentes de ciencia y tecnología, tasas de emigración y de retorno de científicos, entre otros. (Vaccarezza, López, Lujan, Fazio & Polino, 2003, p. 33)

Ahora bien, cabe asociar esta connotación del concepto de cultura científica en sentido amplio, adoptado en el Proyecto referido, con en el concepto de cultura técnica desarrollado por Miguel Ángel Quintanilla. Este filósofo español utiliza la propuesta de Jesús Mosterín en el sentido en que la cultura de un grupo social está formada por el conjunto de representaciones, creencias, reglas y pautas de comportamiento, sistemas de preferencias y valores en función de determinados contenidos culturales (políticos, religiosos, científicos, etc.). La cultura, según Mosterín, se refiere a información transmitida por aprendizaje social y “puede ser de tres tipos: representacional (información acerca de las características y propiedades del medio), práctica (información acerca de cómo hay que actuar) y valorativa (información acerca de qué estado de cosas son preferibles, convenientes o valiosos)” (Quintanilla, 2001, p. 63). Así el profesor Quintanilla desarrolla los aspectos principales de la cultura técnica y que bien podría permitirse la licencia de nombrarla en el presente trabajo como cultura tecnocientífica.

Los conocimientos, creencias y representaciones conceptuales o simbólicas sobre las técnicas [tecnociencias] y sobre los sistemas técnicos [tecnocientíficos]. Llamaremos a esto el contenido simbólico o representacional de la cultura técnica [tecnocientífica].

Las reglas y pautas de comportamiento, habilidades y conocimientos operacionales referidos a sistemas técnicos [tecnocientíficos]. Llamaremos a esto el componente práctico de la cultura técnica [tecnocientífica].

Los objetivos, valores y preferencias relativos al diseño, adquisición, uso, etc., de los sistemas técnicos [tecnocientíficos] y de conocimientos técnicos [tecnocientíficos]. Llamaremos a esto el componente valorativo o axiológico de la cultura técnica [tecnocientífica]. (Ibíd., p. 64)

Particularmente, en el marco de los esfuerzos de estandarización, con miras a garantizar comparabilidad entre países, desarrollado a través del Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana, se ha trabajado en la construcción de indicadores y metodologías que, “tomando en cuenta la tradición internacional, estuvieran situados regionalmente y, por lo tanto, fueran pertinentes para el contexto de la ciencia, la tecnología y la cultura iberoamericanas” (FECYT, OEI, et al, 2009, p. 11). En dicho proceso, “se han incorporado componentes simbólicos y cognitivos expresados en actitudes, valoraciones y conocimientos (fácticos e institucionales), con el propósito de identificar expectativas sociales sobre el desarrollo científico-tecnológico y sus impactos económicos, sociales y



culturales” (Ibíd., p. 11), con el fin de encausar acciones orientadas hacia el desarrollo de la cultura científica o cientifización de la cultura, entendida como “la medida en que la ciencia y la tecnología alcanzan un nivel de integración suficiente como para convertirse en contenidos que se expresan en las prácticas generales de la sociedad y en componentes del sentido común de sus miembros y cómo estos contenidos se negocian y se articulan con otras formas de conocimiento” (OEI & RICYT, 2003, p. 14), se trata, por tanto, de una categoría que evoca un atributo social que expresa la influencia del desarrollo científico-tecnológico. En este contexto, los estudios de percepción social acerca de asuntos tecnocientíficos se han desarrollado básicamente a través de encuestas demoscópicas, no obstante, muchos autores coinciden en señalar la importancia de avanzar en el desarrollo de indicadores cualitativos y herramientas metodológicas correspondientes, que permitan enriquecer los procedimientos de acceso y el panorama cognitivo de los componentes actitudinales y valorativos de la cultura científica, así como incorporar el trasfondo social en el que las actitudes individuales se desarrollan.

Colombia no ha estado al margen de este interés investigativo y, a nivel internacional y, en consecuencia, ha emprendido, a través de Colciencias, la tarea de explorar las percepciones de sus ciudadanos al respecto, no obstante el país ha atravesado décadas de atraso tecnocientífico. Los imaginarios sociales constituyen un campo de interés en la política nacional de apropiación social del conocimiento, como requisito para la construcción de una sociedad del conocimiento. Hasta el momento, en Colombia se han efectuado dos encuestas de carácter nacional: la primera de ellas en el año 1994, propuesta por la “Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo” y, la segunda, en el año 2004, publicada con el nombre: La percepción que tienen los colombianos sobre ciencia y Tecnología. Este último estudio es presentado con el siguiente argumento, mediante el cual es posible expresar la importancia y pertinencia de la presente propuesta investigativa:

Así, es decisión institucional de Colciencias declarar abierto este canal de comunicación mutua entre la política de ciencia, tecnología e innovación y la opinión ciudadana para continuar perfeccionando esta vasta y fundamental tarea de legitimación política y social del conocimiento, sin cuyo concurso no es, ni previsible ni imaginable, la evolución de la sociedad colombiana, en el contexto del mundo contemporáneo, y menos aún, del mundo futuro. (Colciencias, 2005, p. 12)

Así mismo, Bogotá, la capital colombiana, en el año 2001, fue observada en estos aspectos, en estudio realizado por Sandra Daza y, en el año 2007, en estudio comparativo de grandes núcleos urbanos junto con Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Madrid (España), Panamá (Panamá), São Paulo (Brasil) y Santiago (Chile).

2. Características de la población encuestada en la Universidad de Caldas

La población consultada de docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, con respecto al género, está constituida en un 50,7% por hombres y 49,3% por mujeres, integrantes de todas las áreas de conocimiento que tienen su asiento en la Institución y está distribuida proporcionalmente en ellas (Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Agropecuarias y Ciencias para la Salud).



El rango de edad de estudiantes encuestados está entre 16 y 39 años, con un promedio de 22 años. El rango de edad de los docentes encuestados está entre los 24 y 58 años, con un promedio de 43 años.

La situación socioeconómica, determinada por el estrato en el cual se encuentra ubicada la vivienda es muy diferente entre estudiantes y docentes, pues mientras el 79% de los estudiantes están ubicados en los estratos más bajos (1, 2 y 3), el 72% de los docentes se encuentran ubicados en los estratos más altos (4, 5 y 6).

La procedencia fue indagada únicamente a la población estudiantil, la cual proviene fundamentalmente del departamento de Caldas (74,4%), de cuyo total, la gran mayoría pertenece a sectores urbanos de este departamento (93,2%). Aunque existe una gran diversidad en este aspecto, pues se advierte presencia de casi todos las regiones colombianas, la población estudiantil tiene su lugar de residencia familiar mayoritariamente en zonas urbanas (94,2%) y en el municipio de Manizales (58%), municipio en el que se encuentra la sede central de la Universidad de Caldas; del conjunto de estudiantes del departamento de Caldas, el 75% son de Manizales.

3. Percepción acerca de la ciencia y la tecnología

3.1 Idea de ciencia y tecnología

Gráfica 1.

NOTA: puesto que los entrevistados tenían opción de elección múltiple, la sumatoria de los porcentajes excede el 100%.

Como se advierte en la Gráfica 1, la idea de ciencia que mayoritariamente es compartida por docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas es aquella que la asocia con efectos positivos para el desarrollo de la humanidad, particularmente, más de la mitad de los docentes se identifican con ella; seguidamente, se presenta la asociación un tanto mítica con grandes descubrimientos, con mayor presencia de estudiantes. En el conjunto de respuestas es clara la tendencia a ver la ciencia en función de su utilidad para el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida. Imágenes negativas



referidas a la ‘Concentración del poder’ o a la generación de ‘Ideas que muy pocos entienden’ no tuvieron importancia visible en las respuestas, mientras que la asociación con una forma de conocer metódica tiene una presencia relevante. En las adhesiones a la idea de ciencia como fuente de ‘Sabiduría para mejor comprensión del mundo actual’, no se infiere un fuerte optimismo acerca del conocimiento científico.

Tendencia similar se presenta en las encuestas de Argentina, Brasil, España y Uruguay (2002-2003). Así mismo, el 41% de los docentes universitarios consultados en la Encuesta Nacional Colombiana (Colciencias, 2005, p. 99) asocian la idea de ciencia con el desarrollo de la humanidad.

Gráfica 2.


La idea de tecnología, así como la idea de ciencia, también tiende a vincularse con el desarrollo de la humanidad, pues un poco más de la mitad de docentes y estudiantes coincidieron en indicar esta asociación. Cabe resaltar que un porcentaje muy significativo de docentes (71%) entiende la tecnología como aplicación del conocimiento científico, mientras que en los estudiantes no es tan fuerte esa imagen, como sí la asociación con artefactos y maquinarias. Las nociones que expresan valoraciones negativas acerca de la tecnología no tienen presencia importante en el conjunto de respuestas, dígase aquellas que se refieren a: la artificialidad de la vida, el mal uso de la naturaleza, el descontrol de la sociedad y la falta de equidad. No obstante, estas valoraciones negativas son poco relevantes, en ellas se advierte mayor presencia de la población estudiantil.

En este aspecto, las respuestas dadas por los docentes universitarios consultados en la Encuesta Nacional Colombiana (Colciencias, 2005, p. 100) presentan la misma tendencia de los docentes de la Universidad de Caldas; la respuesta que obtuvo más adhesión en la Encuesta Nacional corresponde a la asociación de idea de tecnología con ‘Hacer útiles los avances científicos’ (51%), seguida de ‘Avances para el desarrollo de la sociedad’ (38%). Adicionalmente, al igual que los docentes de la Universidad de Caldas, el grupo de docentes



universitarios incluidos en la Encuesta Nacional muestra poca afinidad con aquellas ideas que implican valoraciones negativas acerca de la tecnología, por ejemplo, ‘Mal uso de la naturaleza’ (1%), ‘Desarrollo que beneficia a una pequeña proporción de personas’ (1%) y ‘Vida artificial’ (2%).

3.2 Valoración acerca de la ciencia y la tecnología en temas específicos

Tabla 1.

La valoración a algunos aportes de la ciencia y la tecnología se realizó mediante calificación en la que se expresa el grado de acuerdo o desacuerdo con algunas afirmaciones polémicas o reactivos, los cuales fueron puntuados en una escala de 1 a 5, donde 1 significa ‘completo desacuerdo’ y 5 ‘completo acuerdo’. Al respecto, aunque no se advierte demasiado optimismo, es clara la tendencia a valorarlas positivamente, especialmente como posibilidad en los campos de la salud y de la generación de mayor confort6, de la misma manera como se tiende a otorgarle una baja valoración a su capacidad para mejorar el ambiente y erradicar la pobreza y el hambre. Aunque las expectativas superan los temores, se advierte una actitud crítica que reconoce sin mucho entusiasmo sus bondades en unos aspectos y manifiesta claras reservas frente a otros; se trata, por tanto, de una comunidad que no se revela como pro-tecnocientífica. A juzgar por la coincidencia de estos resultados con todos aquellos que han arrojado las encuestas iberoamericanas, pareciera ser que los factores modeladores de la visión positiva de las tecnociencias se basan en la experiencia vital más fácil, cómoda y saludable, pero que, al mismo tiempo, la sensación de deterioro del ecosistema planetario hubiese operado como factor sensibilizador que ha contribuido a fisurar el optimismo y que, así mismo, los cuestionamientos al modelo económico capitalista que orquesta las notas del desarrollo científico y tecnológico estarían aportando a la generación de cierto pesimismo con respecto a la capacidad de limar las desigualdades sociales y mejorar las condiciones laborales. Desde este punto de vista, cabría afirmar la existencia de mayor conciencia acerca de los valores empresariales y económicos del capitalismo insertos en el núcleo de la actividad tecnocientífica; entiéndase que las universidades, especialmente las públicas, son escenarios intensivos en actividades debates, análisis y críticas al modelo capitalista.

No obstante lo anterior, se observa con claridad que los docentes tienden a presentar valoraciones más altas y, por ende, una actitud más esperanzadora frente a las tecnociencias que los estudiantes, quienes en sus calificaciones muestran mayor escepticismo, aunque estadísticamente las diferencias no son significativas7. Se trata de dos poblaciones que tienen grandes contrastes (véase



sección 2.) en cuanto a edad, nivel educativo y situación socioeconómica, variables que podrían estar interviniendo en tal valoración. Si se comparan las calificaciones promedio que indican el grado de adhesión a cada una de estas afirmaciones en la escala antedicha, se observa que en los estratos más altos hay una actitud más optimista que en los estratos más bajos, aunque las diferencias entre ellos no son estadísticamente significativas8 y al correlacionar la edad con la calificación promedio otorgada en cada reactivo, se encuentra que la relación es inestable y muy débil, oscila entre +0,2 y -0,2.

Ahora bien, continuando con las valoraciones otorgadas a los aportes de la ciencia y la tecnología en algunos temas específicos, cabe examinar el comportamiento de dichas calificaciones con respecto a la religiosidad. Un poco más de la mitad de la población universitaria consultada se declaró católica (56.5%), algo más de una cuarta parte no perteneciente a religión alguna (25.9), un 9% se agrupa en otras filiaciones (Hare-krishna, Hiálico, Metafísico, Mormón, Cosmología, Pentecostal, Testigo de Jehová) y, finalmente, un 8,6% no dio respuesta a esta pregunta (sólo el 38,7% de quienes admiten su pertenencia a alguna religión se declaran practicantes). Al comparar las calificaciones otorgadas a los reactivos que expresan algunos aportes de las tecnociencias entre estas categorías de religiosidad se advierte coincidencia, es decir que no se encontró diferencia significativa entre los valores de autoposicionamiento religioso en las respuestas (o sea que los valores promedio dados a las preguntas fueron estadísticamente iguales9), como tampoco entre quienes se declaran practicantes y quienes no, lo que indica que el factor religioso no se correlaciona con la actitud hacia la ciencia y la tecnología.

Al observar las calificaciones a los aportes de las tecnociencias dadas por la población encuestada con respecto a los diferentes campos del saber, determinados por la pertenencia a cada una de las áreas del conocimiento que tienen su asiento en la Universidad de Caldas y se expresan en sus Facultades, se advierte cierta homogeneidad, salvo en los siguientes casos (obsérvese tabla contigua): en Ciencias Jurídicas y Sociales existe menor temor por la pérdida de puestos de trabajo que la reconversión tecnológica supone (recuérdese que es un ítem negativo); en Ciencias para la Salud e Ingeniarías se presenta mayor adhesión a los efectos de las tecnociencias en términos de su capacidad para hacer la vida más fácil y cómoda; en Artes y Humanidades se advierte menor convicción acerca de las posibilidades que ofrece para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo; mientras en salud se presenta menor confianza frente a sus efectos en el cierre de la brecha entre países ricos y pobres, en ingeniería se advierte mayor convicción al respecto (ítem negativo); y, en Salud, de manera obvia, se presenta un mayor optimismo frente a su posibilidad para curar enfermedades y hacer la vida más sana.

Tabla 2.



Con respecto a estas calificaciones en algunos campos o temáticas específicas, es posible llamar la atención sobre el ámbito o trasfondo social y cultural desde el cual éstas se desarrollan, en tanto, el contexto y experiencia vital de los sujetos es ingrediente fundamental para inclinar los conceptos hacia uno u otro lado de las escalas valorativas. Sobre este aspecto, Cristóbal Torres (2005), a partir de criterios construidos por el análisis comparativo de diversas encuestas internacionales, estima que:

La familiaridad con la tecnociencia crea formas evaluativas en las que, a la vez que se reconoce su importancia y relevancia en determinados logros alcanzados en campos como la medicina o el trabajo, que contribuyen decisivamente a permitir una vida de progreso y bienestar, también se generan unas actitudes de cautela, pragmatismo y distancia que asumen sus logros conseguidos pero que, a la vez, consideran sus actuales consecuencias negativas y sus riesgos potenciales de futuro. Lo cual puede llevar, entre otras posibilidades a un posicionamiento crítico contra cualquier iniciativa que se entienda como legitimadora de una pretendida condición inmaculada de la tecnociencia. Por el contrario, los ciudadanos de los países con un menor nivel de desarrollo, e históricamente con una menor experiencia cotidiana con la tecnociencia, pueden mostrar una mayor indiferencia por ignorancia hacia los temas de la ciencia y la tecnología, pero también pueden desarrollar una pauta de apuesta optimista para que este factor permita el equiparamiento con aquellas sociedades más avanzadas que, en su entorno, les sirven de referencia. (p. 35)

3.3 Valoración general acerca de la ciencia y la tecnología En los estudios acerca de la percepción pública sobre las tecnociencias, es recurrente la pregunta en la que se solicita un balance general entre los beneficios y los perjuicios ocasionados por el uso de las ciencias. Al respecto (Gráfica 3), en el conjunto de la población prevalece la idea de que los beneficios y los perjuicios de la ciencia se encuentran equilibrados, es decir que se reconocen tanto sus riesgos como sus bondades (35,3%). En concordancia con las respuestas anteriores, los docentes muestran una actitud más confiada y optimista frente a las consecuencias de la actividad científica (55,7%) que los estudiantes (24,2%). No obstante, se presenta una postura general en la que se advierte conciencia



de riesgo en dos terceras partes de la población consultada, la cual se relaciona en diferente grado de intensidad con algunas otras variables socio-demográficas (como más adelante se indica), pues la percepción pública del riesgo es explicable a partir de aristas sociológicas y culturales en tanto los intereses y valores (individuales y sociales) y los patrones culturales moldean la mirada de los sujetos al respecto.

Gráfica 3.

Al relacionar las respuestas sobre el balance de los usos de la ciencia con otras variables socio-demográficas, se advierte lo siguiente:

� No se encuentran importantes diferencias en las respuestas al distribuirlas por filiación religiosa, aunque quienes se declaran pertenecientes a otras religiones diferentes a la católica son un poco menos optimistas. � Una posición algo más reservada en las mujeres, quienes, en menor proporción que los hombres, estiman que son mayores los beneficios. Así mismo, es mayor la proporción de mujeres frente a los hombres que consideran equilibrados los bondades y los riesgos, y las que consideran mayores los perjuicios.

Gráfica 4.

� La población encuestada perteneciente a los estratos más altos tiende a ser más optimista. Mientras el 62,5% de las personas de estrato 6 consideran que son mayores los beneficios, esta opinión sólo es compartida por el 18,2% de las personas de estrato 1; de la misma manera, mientras el 31,8% de los universitarios de estrato 1 se inclinan a pensar que son mayores los perjuicios, esta idea corresponde al 6,2% en el estrato 6 (ver tabla 4). Esta tendencia es



también observada en las encuestas iberoamericanas, lo que ha permitido suponer que:

La posición socioeconómica, clase social e ingresos familiares, también son determinantes; tienden a ser los individuos de posiciones socioeconómicas bajas los más negativos, mientras que los de clase media alta y alta o de ingresos medio altos y altos tienen percepciones mayoritariamente positivas. Resulta lógico si tenemos en cuenta que los segmentos mejor posicionados económicamente son los que tienen más acceso y mayor familiaridad con las nuevas tecnologías, así como un nivel de estudios más alto que aproxima más a la ciencia. (Arrollo, 2007, p. 110)

Tabla 3.

. � En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se presenta mayor conciencia de los riesgos de los usos de la ciencia (34%) y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias menor conciencia de ello (12%). En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hay mayor confianza en sus beneficios (31,4%) y en la Facultad de Ingeniería se observa la mayor proporción de respuestas (51,2%) en las que se consideran equilibradas sus bondades y riesgos. Una posición algo más reservada en las mujeres, quienes, en menor proporción que los hombres, estiman que son mayores los beneficios. � En la escala de autoposicionamiento político no es clara la tendencia, pues los resultados se presentan irregulares y no se observa alguna dirección lineal en la escala de respuestas (el autoposicionamiento político fue identificado mediante ubicación en una escala en la que cero corresponde a extrema derecha y diez corresponde a la extrema izquierda).

Gráfica 5.

:



� La actitud hacia la búsqueda de información sobre ciencia y tecnología se encuentra relacionada con la favorabilidad hacia éstas, pues en aquellas personas interesadas en la búsqueda autónoma de información se advierte un balance más positivo sobre las tecnociencias que en aquellas que no lo están. Esta correlación positiva entre mayor información y mayor aceptación a la ciencia y la tecnología, aunque ha sido tema de mucha controversia, dadas las diversas interpretaciones que suscita, lo cierto es que los resultados de la mayoría de las encuestas generadas en diversos contextos tienden a ratificarla, de ahí la confianza que se otorga a las actividades de divulgación y difusión científica por su supuesta capacidad para fomentar actitudes generales más positivas. � Las diferencias de opinión encontradas entre estudiantes y docentes hace explícita la correspondencia entre el nivel educativo y la imagen de la ciencia, pues estos últimos tienen un nivel superior de escolaridad y valoran más positivamente los usos de la ciencia; y los estudiantes, quienes poseen menos escolaridad tienden a una percepción más negativa. Esta idea de concordancia entre nivel educativo (conocimiento - alfabetización científica) y la imagen de las tecnociencias, que opera como importante predictor de actitudes positivas o negativas, corresponde al llamado modelo ilustrado que vincula de forma lineal la actitud con el conocimiento, el cual ha sido objeto de análisis sistemático mediante las comparaciones entre países y el seguimiento histórico a los resultados de diversas encuestas. No obstante la correlación suele ser positiva, se ha encontrado que en la Unión Europea es menos intensa que en Canadá, en Estados Unidos y Japón es más fuerte, aunque no estadísticamente significativa, salvo el caso de Canadá (Torres, 2005). En tales análisis se han realizado exámenes discriminados por respuestas a diferentes tipos de preguntas y se ha encontrado que la correlación es más baja en asuntos referidos al papel de la tecnociencia para erradicar la pobreza, crear empleo y hacer inagotables los recursos naturales, lo que ha permitido concluir que no existe una relación de dependencia entre las valoraciones meliorativas y los altos niveles de alfabetización tecnocientífica, esta relación sólo opera en algunos tópicos específicos y es variable en diferentes contextos socioeconómicos. Torres (2005), refiriéndose a la inexistencia de un modelo estable para identificar la relación entre los niveles de instrucción y las representaciones sociales de la tecnociencia, ilustra que:

Durant, Bauer, Gaskell, Miden, Liakopoulos y Schoten (2000), a partir del análisis de los datos del Eurobarómetro de 1992, han señalado que la variabilidad de los datos actitudinales en los distintos países permite afirmar que la estructuración de los mismos obedece a una lógica más amplia, en la que el factor alfabetización científica no interviene en exclusiva y su impacto sólo alcanza un determinado umbral y en algunos aspectos concretos. (p. 34)

Se estima, además, que intervienen de manera importante en las valoraciones otros factores, no necesariamente correlacionados con el nivel educativo, tales como los ideales de justicia social, progreso humano y salud, así como el asentimiento con la transformación de la naturaleza en la forma como se ha venido dando.

En la Encuesta Nacional Colombiana (Colciencias, 2005, p. 102), se observa que el 81% de los empresarios consultados consideran que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que los efectos negativos, mientras que esta opinión es compartida por el 73% de los docentes universitarios e idéntica proporción de personas en los grupos de público en general y de docentes de básica y media. Ahora bien, en la encuesta desarrollada en los grandes núcleos urbanos iberoamericanos en 2008, se encontró que: “sólo los individuos con ‘escolaridad superior’ consideran de forma mayoritaria que la ciencia y la tecnología tienen ‘muchos riesgos y muchos beneficios’” (FECYT, OEI et al,



2009, p. 43). Estos datos aportarían al cuestionamiento realizado al modelo ilustrado que correlaciona en forma lineal la actitud favorable y la escolaridad. Ahora bien, esta actitud reservada, aparentemente ambivalente y dicotómica, de la comunidad académica de la Universidad de Caldas con respecto a la ciencia y la tecnología, parece aclararse más cuando se observan las respuestas acerca de aquellos campos en los cuales se cree que se enfoca prioritariamente el desarrollo tecnocientífico, la idea acerca del manejo de la ciencia en el mundo y la accesibilidad de la ciencia al público.

3.4 Concepto acerca de los campos de mayor desarrollo tecnocientífico

Gráfica 6.


Como se advierte en la Gráfica 6, los docentes y estudiantes en proporciones similares coinciden en señalar, en su orden, las comunicaciones, la carrera armamentista, la salud y el sector productivo como aquellos campos en los que se centra preferencialmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo cual, sumado a la muy insignificante aparición de respuestas en torno a la protección de las especies y el hábitat, nos ratifica que en este grupo poblacional se presenta una actitud crítica no maniquea en la que se reconoce la naturaleza dual de la ciencia y la tecnología; en tal sentido, se admiten, por una lado, sus beneficios en los aspectos enunciados (salud, comunicación y productividad) que, en parte, podrían explicar las anteriores asociaciones con el desarrollo humano y social, pero, por otro lado, se evidencian riesgos en su potencialidad para destruir la vida humana y no se le otorga confianza a su capacidad para preservar la naturaleza. Como lo plantea Cristóbal Torres (2005), el incremento en los conocimientos en asuntos tecnocientíficos no necesariamente implica su correlato en actitudes positivas, sino más bien un refuerzo de las representaciones ambivalentes. También hay que entender que en tanto el contexto de aplicación de las tecnociencias es la sociedad y allí hacen presencia pluralidad de valores y agentes evaluadores, los asentimientos y conflictos aumentan exponencialmente. En palabras de Javier Echeverría (2003, p. 234): “Es literalmente imposible dilucidar si la tecnociencia es buena o mala para la sociedad, en primer lugar porque hay muchas sociedades y muchas



tecnociencias, pero ante todo porque la diversidad de sistemas de valores11 es mucho mayor en el contexto de aplicación social de la tecnociencia”.

3.5 Ideas acerca del manejo de la ciencia en el mundo

En este aspecto, docentes y estudiantes también coinciden en las mismas ideas acerca del manejo de la ciencia en el mundo. Vistas las respuestas de estos dos grupos poblacionales en conjunto, en una pregunta de opción múltiple, la gran mayoría (76,2%) corresponde a la idea de que ésta corre por cuenta de los países ricos, seguidamente, también en una proporción mayoritaria (65,1%), a las grandes empresa multinacionales, el 19,2% de las respuestas se enfocan a la demanda espontánea del mercado, el 16,1% a los propios científicos y el 1% a las universidades. Es claro entonces, que el desarrollo de la ciencia no se percibe como una actividad próxima, correspondiente con las condiciones específicas del entorno desde el cual se generan las respuestas (región-país), lo que permite hacer alusión nuevamente al carácter situado de las percepciones sociales y a la manera como se concretan las representaciones de las personas a partir de la inserción en determinadas dinámicas sociales y culturales. Llama la atención que los autores de estas respuestas aunque son miembros de una institución de Educación Superior Universitaria que, por su naturaleza, se orienta a la generación, difusión y transferencia del conocimiento a través de la investigación, la docencia y la extensión, no perciben a las universidades como actores significativos en el desarrollo científico y tecnológico, a pesar de que, a diferencia de las países desarrollados, en América Latina y el Caribe las universidades, especialmente las públicas, son las protagonistas principales de la práctica investigativa, aunque es clara la fragilidad de sus nexos con la empresa privada, el Estado y la sociedad civil, lo que indica su exiguo aporte a los procesos de apropiación social del conocimiento y, por ende, a la generación de aplicaciones en los procesos sociales y económicos. Para el año 2008, en Colombia, el 57,3% de los investigadores y el 48,3% de los grupos de investigación activos pertenecían a Instituciones de Educación Superior Públicas (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2009a, p. 51, 53) (ver Gráfica 7).

Gráfica 7.

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2009.



En medio de la precariedad en el campo de la I+D, en América Latina y el Caribe, en la última década, se han registrado importantes logros, atribuibles a la inversión pública (presencia de artículos científicos en bases de datos internacionales y formación universitaria en los niveles de pregrado, maestría y doctorado), sin embargo, éstos aún no han logrado eficacia transformadora; situación que tiene que ver tanto con el tradicional aislamiento del sector científico con respecto a la sociedad, como con la debilidad en la inversión y en la demanda de conocimientos por parte de las empresas, a las que se le señala una enorme deuda social en este aspecto.

3.6 Concepto acerca de la accesibilidad de la ciencia y la tecnología al público

El 83,6% de la población universitaria consultada opina que la ciencia y la tecnología no son de fácil acceso al público en general, lo cual obviamente obedece, al menos, a dos factores. El primero de ellos, corresponde a las particularidades del contexto nacional y regional en el campo educativo, pues sumado al tema de la cuestionada calidad, la pirámide educativa colombiana muestra que sólo un grupo muy selecto de estudiantes accede a las instituciones de Educación Superior. El segundo, se refiere al aún inmaduro proceso nacional de popularización de la ciencia o divulgación científica con fines de apropiación social del conocimiento científico. Ahora bien, recuérdese que ante la consulta acerca de la idea de ciencia (Grafica 1), un porcentaje muy reducido de universitarios (3,1%) la asoció con ‘Ideas que muy pocos entienden’, lo que podría explicarse por el nivel de escolaridad de quienes respondieron, es decir, universitarios, sin embargo, al indagar acerca de la integración de la actividad científica con la sociedad en términos de accesibilidad al público en general, la situación cambia radicalmente.

3.7 Valoración de la profesión de científico

Otro de los aspectos de indagación presente en la gran mayoría de las encuestas de percepción acerca de la ciencia y la tecnología, es la imagen que se tiene de los científicos y la valoración que se realiza de esta profesión; éste es un aspecto relevante en el ámbito de las políticas de promoción de las carreras científicas e investigativas, en tanto se estima necesario que éstas sean vistas de manera positiva y se las perciba como una salida profesional interesante, como una condición necesaria para la dotación de recursos humanos requeridos para la consolidación de sociedades del conocimiento. Se considera que este aspecto es uno de los más sensibles a los marcos de referencias de los encuestados, pues, en este caso, se trata de una población que en la cotidianidad de la vida académica se encuentra próxima a la actividad científica e investigativa en condición de alumnos y docentes de asignaturas de investigación, de miembros de semilleros y/o grupos de investigación y de interlocutores permanentes con personas de la Institución y fuera de ella dedicadas a actividades investigativas.



Gráfica 8.


Gráfica 9.


A la consulta sobre la imagen de la profesión del investigador en nuestro medio, tanto docentes como estudiantes muestran un patrón de respuesta orientado hacia una mala valoración. Más del 50% de los docentes la consideran poco reconocida, mal remunerada y poco atractiva. Aunque los estudiantes coinciden con los docentes acerca del no reconocimiento social de ésta, en ellos (35,4%) se observa que esta profesión se presenta un poco más atractiva que en los docentes (27,8%); por consiguiente, en este aspecto, la relación de menor atracción hacia la profesión de investigador es inversa a la edad, a la escolaridad y al estrato socioeconómico. Estas respuestas explican la razón por la cual ante la pregunta sobre las motivaciones que tienen los científicos para dedicarse a su trabajo predomina la vocación (61,9% de los docentes y 51,2% de los estudiantes) sobre otro tipo de incitaciones tales como: el dinero, la búsqueda de la verdad, el prestigio, la solución de los problemas de la gente, el desarrollo del país y la filantropía. Es posible sugerir que estos conceptos se nutren del



imaginario social acerca de la baja calidad del mercado de trabajo de los científicos en el entorno, así como de la predominante percepción sobre el poco desarrollo de la ciencia en la región (departamento de Caldas) (64,8% del total de la población), atribuido fundamentalmente a la baja inversión estatal en ciencia y tecnología (38,3%). Al respecto cabría señalar, sin más palabras, la sumatoria de atrasos que terminan haciendo presencia en la región: en 2007, América Latina y el Caribe participaban con el 2,2% de la inversión mundial en I+D; en ese mismo año, Brasil, México, Argentina y Chile poseían el 92,6% de la inversión de América Latina y el Caribe, mientras que en el restante 7,4% se encuentran los demás países, incluida Colombia (REDES, RICYT, OCTS, 2009). Obsérvese, además, la situación del departamento de Caldas con respecto a otras regiones del país.

Tabla 4.

FUENTES: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de ciencia y tecnología 2008; y DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística– (2006).

Continuando con la imagen acerca de la profesión de investigador, los docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas muestran una tendencia de opinión diferente a la encontrada en los estudios iberoamericanos de más reciente publicación consultados, pues se presentan menos atraídos hacia la profesión de investigador:

La encuesta realizada en Bogotá (Daza, 2008, p. 28-29) presenta la profesión científica bastante bien valorada (66,5%), se la reconoce como prestigiosa, pero no se percibe como bien remunerada ni tampoco como lo suficientemente atractiva para los jóvenes; en esta última opinión, los porcentajes se elevan a medida que se asciende en edad, escolaridad y estrato.

En la última Encuesta Nacional Española (FECYT, 2009), se aprecia que los ciudadanos poseen una imagen positiva sobre la ciencia como profesión, la profesión de investigador se ve muy atractiva para los jóvenes y con un alto reconocimiento social, aunque no se admite que sea bien remunerada. La búsqueda de nuevos conocimientos y el poder ayudar a solucionar problemas sociales son, a juicio de los españoles, las principales motivaciones que llevan a dedicarse a la investigación. Concepto que se advierte más positivo que en las encuestas anteriores.



En la encuesta realizada en los principales centros urbanos latinoamericanos (FECYT, 2009, p. 106-107), se encuentra que casi la mitad de los encuestados considera que la profesión de científico es atractiva para los jóvenes (48%), sin embargo, son precisamente la personas más jóvenes quienes consideran menos atractiva a esta profesión, esta apreciación negativa disminuye gradualmente a medida que aumenta la edad de los encuestados. Esta tendencia presenta también variaciones respecto del nivel educativo, particularmente, en Bogotá, un alto porcentaje de ciudadanos con escolaridad básica consideran atractiva la profesión científica (53%), mientras que esta apreciación disminuyó a medida que aumentó el nivel de estudios, llegando a representar el 31,9% de las respuestas de quienes tienen escolaridad superior (FECYT, OEI, et al., 2009, p. 108).

En la Segunda Encuesta Nacional Argentina (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2007, p. 28-29), siete de cada diez argentinos piensan que los científicos tienen mucho o bastante prestigio. A medida que aumenta el nivel educativo de los encuestados, más favorable se torna esta opinión. Así como se considera prestigiosa la profesión de científico, también, en términos generales, se piensa que es “muy gratificante” en lo personal; seis de cada diez personas se inclinan por esta idea.

SÍNTESIS CONCLUSIVA

Las tecnociencias, contracción que señala la hibridación contemporánea entre ciencia y tecnología, tienden a incidir en forma exponencial en todas las dimensiones de la vida humana a nivel global, tanto como factor de desarrollo y bienestar como de incertidumbre y de riesgo. Éstas, en términos de su producción, distribución y consumo, responden a gran variedad de intereses de diversos actores estatales, privados y sociedad civil, lo que significa que la relación ciencia-tecnología-sociedad compromete tanto los sistemas tecnocientíficos, como los sistemas sociales en sus aspectos de tipo cultural, político y económico. Así, el diálogo público sobre la ciencia y la tecnología es un imperativo en las decisiones de política científica y una exigencia de la democracia; las tecnociencias deben ser valoradas, entre otros, en el contexto de los proyectos sociales e intereses a los que responden. En tal sentido, los estudios de percepción pública contribuyen a la identificación de escenarios tecnocientíficos y de políticas públicas al respecto, en tanto tienen potencial de aporte al desarrollo de la cultura científica, a la generación de desarrollos socialmente favorables y a la regulación del riesgo.

La percepción pública sobre la ciencia y la tecnología, en el marco de la cultura científica, implica un complejo conjunto de elementos que interactúan dinámicamente con la organización social y se expresan en contenidos cognitivos, simbólicos, institucionales, normativos y organizacionales relacionados con la producción y uso científico y tecnológico. En el presente estudio, así como aquellos efectuados en el marco del Proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana, se privilegian los componentes simbólicos expresados en actitudes y valoraciones, más que cognitivos o de alfabetización científica.

En el ámbito social de aplicación de las tecnociencias hacen presencia pluralidad de valores y agentes evaluadores, de manera que la experiencia vital de los



sujetos y su particulares dinámicas sociales y culturales constituyen factores fundamentales para inclinar los conceptos hacia uno u otro lado de las escalas valorativas. De ahí la necesidad de situar allí las percepciones frente a la ciencia y la tecnología, de lo contrario, se enturbia una posible mirada comprensiva al respecto.

Los docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas tienden a asociar la ciencia y la tecnología en función de su utilidad para el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida, predominantemente, las vinculan con el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, en general se observa una actitud moderada en la que no se advierte demasiado optimismo, sino una actitud crítica que reconoce sus bondades en unos aspectos (salud y confort) y manifiesta claras reservas frente a otros (ambiente y erradicación de la pobreza y el hambre). Así mismo, las tecnociencias se perciben de difícil acceso al público y no correspondientes con las condiciones específicas del entorno (región-país). En suma, se trata, de una comunidad que en conjunto no se revela como pro-tecnocientífica y mantiene una actitud reservada.

Al relacionar los indicadores de percepción con otras variables socio-demográficas, aunque no se presentan diferencias estadísticamente significativas, se advierte que: los docentes tienden a presentar actitud más esperanzadora frente a las tecnociencias que los estudiantes, aspecto que podría estar vinculado con el nivel socioeconómico y la escolaridad; las mujeres son algo más reservadas que los hombres; en las diferentes filiaciones religiosas, procedencia (rural - urbana) y campos del saber se presenta similitud; el autoposicionamiento político no presenta correspondencia con la opinión favorable hacia las tecnociencias; y aquellas personas que expresan conducta autónoma para el acceso a información sobre ciencia y tecnología tienden a mostrar mayor beneplácito hacia éstas.

La encuesta aplicada a una muestra representativa de docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, no sólo consultó los aspectos señalados en el presente artículo, que tienen que ver con valoraciones y significados, sino también con conductas relacionadas con la búsqueda autónoma de información sobre asuntos tecnocientíficos, lo cual arrojó una tendencia actitudinal. Teniendo en cuenta estos aspectos, se realizó una valoración del conjunto de las respuestas de cada una de las encuestas a partir de la cual los sujetos que respondieron fueron clasificados en una actitud optimista, moderada o pesimista. A manera de síntesis, la Tabla 3 da cuenta de la relación entre esta tendencia actitudinal y las distintas categorías de las variables sociodemográficas consultadas, lo cual ilustra lo arriba señalado.

ACTITUD ACERCA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CON RESPECTO A LAS VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS (%) OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA

GÉNERO Femenino 5,2 66,2 28,6

Masculino 4,6 71,4 23,9

PROCEDENCIA Rural 3,7 66,7 29,6

Urbana 3,6 66,3 30,1

ESTRATO

Uno 0,0 52,2 47,8

Dos 3,0 57,6 39,4

Tres 4,8 72,5 22,8

Cuatro 8,4 67,5 24,1



La imagen que se tiene de los científicos y la valoración que se realiza de esta profesión, tanto en docentes como estudiantes, exhibe un patrón de respuesta orientado hacia una mala valoración (poco reconocida, mal remunerada y poco atractiva), de ahí que la vocación se perciba como la principal motivación sobre otras incitaciones, tales como: el dinero, la búsqueda de la verdad, el prestigio, la solución de los problemas de la gente, el desarrollo del país y la filantropía. Concepto vinculable con idea de la baja calidad del mercado de trabajo de los científicos en el entorno, y la percepción sobre el poco desarrollo de la ciencia en la región (departamento de Caldas).

Al comparar estos resultados con los arrojados por las más recientes encuestas iberoamericanas disponibles, se encuentra similitud en buena parte de los

Cinco 6,7 80,0 13,3

Seis 6,3 81,3 12,5

FILIACIÓN RELIGIOSA Católica 5,7 71,2 23,1

Ninguna 3,7 67,2 29,1

Otra 3,1 68,8 28,1

PRACTICANTE RELIGIOSO

No 3,2 69,3 27,4

Si 6,8 74,6 18,6

AUTOPOSICIONAMIENTO POLÍTICO (escala donde 0 es extrema derecha y 10 extrema izquierda)

0 10,5 63,2 26,3

1 25,0 75,0 0,0

2 0,0 80,0 20,0

3 0,0 75,0 25,0

4 12,0 72,0 16,0

5 3,9 68,7 27,4

6 4,5 65,9 29,5

7 4,4 68,9 26,7

8 0,0 74,4 25,6

9 0,0 83,3 16,7

10 11,1 55,6 33,3

ESTAMENTO Estudiantes 3,5 66,3 30,2

Profesores 10,5 78,9 10,5

ÁREA DEL CONOCIMIENTO

Ciencias Agropecuarias 5,3 64,9 29,8 Artes y Humanidades 4,7 55,8 39,5 Ciencias Exactas y Naturales 1,6 70,5 27,9

Ingenierías 7,8 78,4 13,7 Ciencias Jurídicas y Sociales 4,1 70,7 25,2 Ciencias para la Salud 6,6 74,7 18,7

COSTUMBRE DE BUSCAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

No 1,0 48,0 51,0

Si 6,0 74,8 19,2



resultados, las mayores diferencias se presentan en lo referido a la imagen de la profesión de investigador.

BIBLIOGRAFÍA

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1. Docente Titular Universidad de Caldas. Trabajadora Social, Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Especialista en Estudios Sociales de la Ciencia y la Innovación Tecnológica.

2. “Hasta la segunda guerra mundial se hablaba del progreso de las naciones. Con la post guerra la economía adopta el vocablo ‘desarrollo’ para designar ese proceso que cada vez se fue haciendo más complejo porque cada quien le sumaba ingredientes: creciente – autosostenido – de producción de bienes y servicios. Se inició como desarrollo económico y pronto añadió lo social: acompañado por una distribución – equitativa – de la riqueza – y de los servicios sociales. Alguien dijo que el orden estaba invertido y pasó a ser socio-económico. Entonces, aparecieron las especialidades. El desarrollo político, administrativo, educativo, cultural, científico-tecnológico, ambiental y sustentable. Hace pocos años Naciones Unidas cayó en cuenta de que el desarrollo es la sumatoria de todas estas especialidades […] lo llamó desarrollo integral. Más recientemente, la Organización ha acuñado el concepto de desarrollo humano, pero esta vez sin pretensiones de integralidad sino como la resultante de un conjunto de indicadores de la realidad de los países. En verdad el desarrollo de un país es uno solo porque una sola es la realidad donde se produce o se le busca. Cada apellido sólo indica que quien lo usa desea enfocar ese desarrollo desde una óptica específica. Así, el desarrollo científico y tecnológico nacional es el desarrollo de un país mirado desde el punto de vista de cuánto y cómo pueden contribuir la Ciencia y la Tecnología a su logro” (Ramírez, 2004).

3. “En el caso de las empresas tecnocientíficas, los financieros, los empresarios, los gestores, los juristas, los científicos y los ingenieros forman parte del núcleo de la tecnociencia, auque también hay que contar con apoyos políticos e institucionales, llegado el caso, y con una buena recepción social [...] En la periferia de la tecnociencia están los grupos ecologistas, los medios de comunicación, las fundaciones y las empresas de intermediación” (Echeverría, 2003, p. 219).

4. El Modo 2 de producción de conocimiento, “se lleva a cabo en el contexto de aplicación, y se caracteriza por su transdisciplinaridad, heterogeneidad, heterarquía y transitoriedad organizativa, responsabilidad social y reflexividad, y control de calidad que resalta la dependencia del contexto y del uso” (Blanco & Iranzo, 2000, p. 98).

5. Este proyecto ha contado además con el apoyo de: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, España); la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Brasil); la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICYT, Chile); Colciencias y el Observatorio de Ciencia y Tecnología (Colombia); la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SENACYT, Panamá); el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT, Venezuela); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, España); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España); además de otros organismos e instituciones públicas de ciencia y tecnología y enseñanza de la región iberoamericana.

6. “El informe de la National Science Foundation (NSF, 2004), comparado con los resultados de Estados Unidos y la Unión Europea (Eurobarómetro, 2001), indica que la mayoría de los norteamericanos (86%) y de los europeos (71%) piensa que “la ciencia y la tecnología están haciendo nuestras vidas más saludables, fáciles y confortables” [...] La encuesta española realizada por FECYT (2003) muestra gran confianza (84%) de la población en el accionar de la ciencia y la tecnología para resolver cuestiones vinculadas con la salud [...] También para el público de Nueva Zelanda (Ministry of Research, Science and Technology, 2002), la ciencia y la tecnología son muy benéficas particularmente debido al desarrollo de



nuevas técnicas y tratamientos médicos (68%); ante la idea de que la ciencia y la tecnología mejoran los estándares y las comodidades de vida de la población, así como una mayoritaria esperanza en el progreso de la ciencia “ayudará a encontrar la cura para enfermedades cono el Sida y el Cáncer” (89%); variable que también registra una muy alta adhesión (92,7%9 para el caso argentino en la encuesta RICYT/OEI, y europeo (80,5%), según datos del Eurobarómetro (2001). Según la encuesta de SENAYT (2001) sobre la población de Panamá, para el público, la ciencia y la tecnología contribuyen a resolver problemas de salud (69,3) y, por lo tanto, a mejorar la vida de las personas (54%). También la encuesta de Colombia (Colciencias, 1994) exhibe resultados similares” (Polino, Vaccarezza y Fazio, 2004, p. 5).

7. Se realizó una prueba t de muestras independientes con varianzas iguales, obteniendo que no existe diferencia entre la respuesta media de ambos estamentos (Pvalor = 0,245).

8. Se realizó un análisis de varianza a una vía por bloques, donde el factor fue la variable estrato con seis niveles. Los bloques fueron las diferentes preguntas realizadas (8 en total). No se encontró diferencia significativa entre los estratos (o sea que los valores promedio dados a las preguntas fueron estadísticamente iguales). El Pvalor obtenido fue de 0,6356.

9. El Pvalor obtenido fue de 0,3164. Se encontró diferencia entre bloques (Pvalor = 0), o sea que los valores promedio dados a las diferentes preguntas fueron distintos (lo cual es lógico, ya que las preguntas eran diferentes). Las medias totales para autoposicionamiento religioso entre católica, otra y ninguna, son iguales estadísticamente (análisis de varianza a una vía por bloques, donde el factor fue la variable autoposicionamiento religioso, el cual posee tres niveles: católico, otro y ninguno, y los bloques fueron las diferentes preguntas realizadas –8 en total–).

10. El autoposicionamiento político fue identificado mediante ubicación en una escala en la que cero corresponde a extrema derecha y diez corresponde a la extrema izquierda.

11. Tipos de valores de las tecnociencias: básicos, epistémicos, tecnológicos, económicos, militares, políticos, jurídicos, sociales, ecológicos, religiosos, estéticos, morales. (Echeverría, 2003).



LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN LOS MUNICIPIOS DE

RIOSUCIO Y SAMANÁ (1997-2006)

MARIO HERNÁN LÓPEZ BECERRA1

Manizales, 2009-11-15 (Rev. 2010-05-20)

RESUMEN

A pesar de la magnitud del drama humanitario generado por el desplazamiento forzado en Colombia -y no obstante de la creación de un amplio marco jurídico para la atención a las personas en condición de desplazamiento-, la acción institucional se ha centrado en la atención humanitaria de emergencia; esta es una conclusión común en los balances nacionales acerca del cumplimiento de la política pública para la atención a la población en situación de desplazamiento.

Si bien se cuenta con buen número y alta calidad en las evaluaciones y balances nacionales de la política, es muy poco lo que se ha investigado acerca de la puesta en marcha de las políticas públicas en el Departamento de Caldas. A diferencia de las evaluaciones realizadas hasta ahora, la que se presenta en este trabajo no está orientada a cuantificar recursos destinados para la atención, busca más bien examinar la forma como se ha interpretado el problema por parte de los decisores públicos, la manera como se ha planificado la respuesta estatal y la forma como se ha propiciado o no la participación de la población afectada. A este tipo de aproximación se le puede definir como evaluación política de la política pública, para el período 1997-2006.

PALABRAS CLAVE:

Desplazamiento forzado, políticas públicas, conflicto armado, evaluación política, participación, población en situación de desplazamiento

PUBLIC POLICY FOR THE ATTENTION OF VICTIMS OF FORCED DISPLACEMENT IN THE DEPARTMENT OF CALDAS IN THE MUNICIPALITIES OF RIOSUCIO AND SAMANA (1997-2006)

ABSTRACT

In spite of the magnitude of the humanitarian drama generated by the forced displacement in Colombia, and even though an inclusive legal framework has been created for the attention of displaced persons, the institutional actions have been focused on emergency humanitarian attention. This is a common conclusion in the national balances on the fulfillment of the public policy regarding the attention to displaced persons. Although the national evaluations and balances regarding the policy are numerous and of high quality, the research on the use of these public policies in the department of Caldas has been scarce. Differing from the evaluations carried out up to the present, the one presented in this article is not oriented towards the calculation of the resources destined for said attention; instead, it seeks to examine the manner in which the state response has been planned and the way in which the participation of the target population has been



promoted. This kind of approach can be defined as a political evaluation of the public policy for the 1997-2006 period.

KEY WORDS

Force displacement, public policies, armed conflict, political evaluation, participation, displaced persons.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Desde su creación en el año 2004, la Red de Investigadores en Desplazamiento Forzado –REDIF– se propuso estimular la realización de trabajos de investigación con el propósito de avanzar en la construcción de enfoques, perspectivas, metodologías y procesos investigativos. Los encuentros nacionales de la Red han sido útiles para conocer e intercambiar trabajos investigativos sobre diversos tópicos del desplazamiento forzado, entre los cuales se cuentan algunos análisis de las políticas públicas. Una de las recomendaciones frecuentes ha sido la de realizar trabajos en las regiones que permitan examinar y valorar los alcances reales de las políticas.

Las evaluaciones nacionales de las políticas para la atención a las personas y comunidades sometidas al desplazamiento forzado, se han enfocado en la revisión del nivel de cumplimiento de las responsabilidades estatales en las distintas fases del desplazamiento; en efecto, luego de la expedición –en febrero del año 2004– de la sentencia T-025, las evaluaciones han buscado calificar la calidad y la cantidad de la respuesta gubernamental en el cumplimiento de las obligaciones claramente definidas por la Corte Constitucional. La dinámica que ha tenido el desplazamiento forzado interno y la fragilidad de la respuesta estatal, son constantemente examinadas y denunciadas provocando movilizaciones sociales alrededor de las demandas de los derechos de las víctimas.

En el caso de Caldas, la acción institucional para la atención a la población desplazada (durante el período abordado) se concentró en el nivel de la urgencia humanitaria. Como se sabe, una política centrada en la atención humanitaria de emergencia soslaya las causas de la problemática y se centra en la administración de la crisis.

Más allá de la contabilización de programas, proyectos y recursos y de los análisis de inversión, la evaluación de la política se puede centrar en otros asuntos relacionados con la forma como ésta se concibe, enfoca y expresa: ¿Cómo se interpretan las causas y dinámicas del desplazamiento forzado por parte de funcionarios y líderes sociales? ¿Cómo se enfocan las políticas públicas en Caldas (como departamento) y en los municipios de Samaná y Riosucio, en sus planes y programas de desarrollo? ¿Existe una dinámica propiciatoria para la participación en la toma de decisiones de quienes han sido sometidos al éxodo forzado?

El presente texto contiene un análisis aproximativo a las políticas públicas para la atención a las personas en condición de desplazamiento en la región caldense, con base en información obtenida de fuentes primarias y secundarias, para el período 1997-2006. Se trata de la presentación sucinta de los resultados de una investigación sobre el tema de las políticas públicas en materia de atención a las



personas en condición de desplazamiento, realizada por el autor con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones y de Postgrados de la Universidad de Caldas.

ACERCA DE LAS EVALUACIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Para el análisis de la política pública en materia de atención a las personas en situación de desplazamiento forzado en Colombia, se cuenta con buen número de documentos elaborados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales, informes evaluativos de importantes organismos del Estado y memorias resultantes de múltiples seminarios y jornadas académicas sobre el tema. A través de ellos, se pueden establecer los alcances y resultados de la aplicación de las políticas públicas; en buena medida se trata de investigaciones y balances realizados por organizaciones no gubernamentales como la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Conferencia Episcopal de Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y agencias del Estado como la Contraloría, las universidades y la Corte Constitucional. Una parte de estos trabajos ha presentado balances generales desde un enfoque de derechos (este enfoque busca determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales contraídas en el marco de las leyes y los acuerdos internacionales); otros trabajos apuntan a señalar los alcances y limitaciones del enfoque gubernamental de la política, así como las implicaciones que tiene para la población desplazada la expedición de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

En el año 2004, la Defensoría del Pueblo expuso algunas de las razones por las cuales se han presentado serias dificultades en la formulación y puesta en marcha de la política pública de atención al desplazamiento forzado en Colombia; en el documento de la Defensoría se relacionan asuntos fundamentales para comprender las limitaciones de la acción estatal derivadas de los problemas surgidos en la interpretación de la problemática y de la pobre disposición institucional para atenderla. En su momento, la Defensoría advirtió que la formulación y puesta en marcha de la política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia, se nutrió básicamente de la experiencia de atención que paralelamente fue desarrollando el Estado y, por lo tanto –dice el mismo documento– es oportuno avanzar no solamente en la evaluación global del enfoque de la política pública en torno al fenómeno del desplazamiento, sino en la construcción de nuevas formas de entender y atender el fenómeno (Defensoría del Pueblo, 2004).

En una ponencia presentada en el encuentro nacional de investigadores en desplazamiento forzado convocado por REDIF –Pereira, 2006–, se examina la crisis en la que se encuentra la política pública; una crisis derivada de su extenso desarrollo normativo y su bajo nivel de ejecución real:

[…] tanto en la Sentencia T- 025 de 2004, como en el Auto 218 de 2006 de seguimiento de la misma Sentencia y en documentos de organismos consultivos como el CODHES, y en informes de organismos internacionales como el ACNUR, se ha puesto de relieve que la política pública construida y pensada para dar respuesta a la problemática del desplazamiento ha hecho crisis. Crisis que está relacionada con factores como la desarticulación del Sistema Nacional de Atención, la precariedad de los sistemas de información, la ausencia de



monitoreo a los procesos de restablecimiento, la falta de indicadores de medición de impacto, entre otros. (Jaramillo, 2006)

En el mes de agosto del año 2002 se publicó el primer balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002 (Red de Solidaridad Social, ACNUR, 2002), este documento examina en cinco capítulos los distintos componentes de la política y plantea un conjunto de recomendaciones dirigidas a poner en funcionamiento el sistema nacional de atención a la población desplazada por la violencia (SNAIPD). La misma Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados realizó un segundo balance de la política pública que comprende el período agosto 2002 - agosto 2004; en las conclusiones se reconoce que se han producido avances concretos en los últimos años, particularmente en el reconocimiento por parte del Estado del desplazamiento interno forzado como el principal problema humanitario del país. Posteriormente, con el título de “Balance de la Política Pública para la Atención Integral al Desplazamiento Forzado en Colombia”, la Agencia de la ONU para los Refugiados presentó el informe para el período 2004-2007 (ACNUR.2007), en el cual se valora positivamente el esfuerzo presupuestal de la nación, al mismo tiempo que se revelan como insuficientes los recursos asignados dada la magnitud del problema.

Tanto las evaluaciones del ACNUR, como los informes presentados por la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, los informes conjuntos de la Defensoría y la Contraloría y el trabajo elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas y el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia (en el cual se realiza un importante seguimiento de la aplicación de las recomendaciones internacionales sobre desplazamiento forzado para el período 2004-2005), coinciden en señalar que la política pública presenta problemas graves en su aplicación en las diferentes fases del desplazamiento. Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas y el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, también ha advertido que los programas gubernamentales de atención humanitaria y de restablecimiento socioeconómico resultan insuficientes frente a la enorme vulnerabilidad que sufren las personas en condición de desplazamiento. Estas mismas organizaciones señalan que el proceso de negociación con los paramilitares no ha contribuido a la prevención del desplazamiento ni a la protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento:

Las víctimas están siendo doblemente victimizadas, los victimarios resultan protegidos por la impunidad y premiados económicamente, a través de subsidios de reinserción sin contrapartidas o de proyectos empresariales desarrollados en tierras usurpadas a la población desplazada […] (p.8).

En conclusión, el panorama ofrecido por las evaluaciones de la política pública en materia de desplazamiento forzado, permiten identificar una situación de crisis en los terrenos de su formulación y aplicación, al mismo tiempo que impelen a la Sociedad y al Estado para acordar y poner en marcha un conjunto de políticas efectivas dirigidas a mitigar o resolver el conflicto, y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y las libertades individuales.

PRECISIONES ACERCA DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN CALDAS

Diferentes estudios reconocen que es a partir del año 1997, en el marco de la profundización de la crisis cafetera, cuando se inician en el departamento de



Caldas los desplazamientos forzados, tanto masivos como individuales. Con posterioridad a esta fecha se instalaron los comités de atención a la población desplazada y más adelante se iniciaron los trabajos de formulación de los planes integrales únicos. Por esta razón, para efectos del presente trabajo, se considera desde el año 1997 y hasta agosto de 2006, como rango temporal de la investigación.

Con respecto a las fuentes de información, vale la pena advertir que se accedió a un tipo información, a través de revisión documental y de entrevistas abiertas semiestructuradas, a funcionarios de diversas instituciones y a líderes de las organizaciones de personas en condición de desplazamiento, lo cual arrojó una información analizada en forma cualitativa a partir de categorías y subcategorías previamente diseñadas. Por consiguiente, la naturaleza del trabajo es estrictamente interpretativa. En el caso de la información sobre los planes de desarrollo, y otros documentos de interés, es necesario hacer algunas precisiones que ayudan a enmarcar las distintas consideraciones y conclusiones del trabajo.

Sobre los Planes de Desarrollo revisados:

Samaná

Aunque la investigación requería de la revisión de los Planes de Desarrollo municipales desde el año 1997 hasta el 2006, en el caso de Samaná no fue posible conseguir todas las versiones definitivas debido a inconvenientes que los funcionarios expresaron con relación a la administración anterior, la cual, por ser de un partido contradictor, no dejó información completa con respecto a su gestión. Se cuenta con el Plan de Desarrollo 2005-2007, una versión del Plan 2002-2004, que no especifica proyectos, y una propuesta de plan piloto para el Plan de Desarrollo 1999-2001.

Riosucio

De este municipio se pudo contar con los Planes de Desarrollo 1998-2000 y 2004-2007. Del período 2001-2003 no fue posible conseguir el documento por no encontrarse en la Secretaría de Planeación del municipio ni en el Archivo. Para este último período los análisis se basan en el informe de gestión del alcalde respectivo.

Actas de Comités Departamental y Municipal:

Caldas

Del comité departamental de atención a la población desplazada se revisaron actas de los años 2000, 2002, 2003, 2005 y 2006. Las del 2001 y 2004 no pudieron ser ubicadas ni en el Archivo ni en la oficina de la Unidad de Seguridad y Convivencia (la cual es la encargada de coordinar el comité por parte de la Secretaría de Gobierno). Vale decir, que la primera acta encontrada no es la primera del comité (el cual se conformó el 23 de diciembre de 1997 según Decreto 01434) y por no encontrarse numerada no es posible saber exactamente cuántas reuniones hubo antes de esa. No se encontraron actas de los años 1997,1998 y 1999.



Samaná

No fue posible conseguir las actas de todas las reuniones que se han realizado por parte del comité de Samaná. La administración reconfiguró el comité expidiendo un Decreto el 5 de marzo de 2005.

Riosucio

Se pudieron obtener cuatro actas, correspondientes a las reuniones realizadas en el año 2004.

CONCLUSIONES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN

El juego del avestruz como interpretación del desplazamiento forzado en el Departamento de Caldas

La ausencia de una interpretación fundamentada de las causas del desplazamiento forzado en los Planes de Desarrollo de Caldas, se relaciona con la carencia de marcos de interpretación y reconocimiento de los conflictos sociales, culturales y políticos en los instrumentos que se usan como base para la planificación. Es la preeminencia de una ideología del crecimiento económico, como sinónimo de desarrollo, que se traduce en la formulación de proyectos que promueven el crecimiento económico y la expansión de la infraestructura física como estrategias centrales para mejorar la base material y la eventual solución de los conflictos sociales.

En el caso del departamento de Caldas los Planes de Desarrollo y el enfoque en la gestión gubernamental se limitan, en el período examinado, a las acciones de atención humanitaria, reproduciendo lo que las evaluaciones nacionales han denunciado profusamente como un incumplimiento sistemático de los compromisos estatales en asuntos clave como el restablecimiento de la población desplazada.

No se encuentra una interpretación estructural de la dinámica del desplazamiento forzado en los diagnósticos en los cuales se apoyan los expertos en la formulación de los proyectos de atención a la población desplazada. Tampoco se reconoce que los conflictos generadores del desplazamiento forzado son, al mismo tiempo, causas y consecuencias de cambios en los usos del suelo, la presencia de cultivos de uso ilícito, la existencia de un territorio en disputa en el cual se localiza un proyecto de interés estratégico: el Proyecto Hidroeléctrico de la Miel –que representa el control hidroeléctrico de la región central de Colombia– y la presencia significativa de municipios expulsores de población por razones asociadas a los conflictos entre actores armados como son Samaná, Pensilvania, Riosucio, Marquetalia, Marulanda, Manzanares, Neira, Salamina, así como el arribo de población desplazada a los municipios de Manizales, Samaná, La Dorada, Norcasia, Riosucio, Marquetalia, Supía.

Con relación a las interpretaciones sobre las causas de los conflictos y sus implicaciones sobre el desplazamiento forzado, el profesor Jaime Zuluaga (2005) ha señalado lo siguiente:

La cuestión del tipo de paz que queremos construir y el diseño de la sociedad posconflicto armado no son indiferentes de la comprensión de la naturaleza de



conflicto que afrontamos. Un ejemplo claro es precisamente el problema del desplazamiento. Este no se entiende y no se puede afrontar adecuadamente sin tener clara la naturaleza del conflicto armado colombiano. (p.3)

Como se sabe por la experiencia de Colombia, las políticas exclusivamente dirigidas a la profundización de la guerra agravan la intensidad y magnitud de la problemática del desplazamiento forzado y las atenciones humanitarias de emergencia, aunque son claramente necesarias, constituyen el nivel más básico de atención a las crisis, movilizando hacia la pobreza extrema a las poblaciones afectadas.

El municipio de Samaná: un caso de interpretación funcional del desplazamiento forzado

Los documentos y entrevistas realizadas para la investigación, permiten señalar que en el caso del municipio Samaná, la gestión gubernamental para el período estudiado, se centró en la definición de procedimientos para la atención humanitaria de emergencia, lo cual orientó la gestión local hacia la consecución de recursos y la articulación institucional para la atención de la población. Las características socio-económicas del municipio, su ubicación geográfica, la presencia de cultivos de uso ilícito, las condiciones de pobreza de la población (ubicado en el puesto 48 entre los 53 municipios del Eje Cafetero, en la medición del Índice de Desarrollo Humano, para el año 2004), y al mismo tiempo poseedor de importantes recursos naturales y territorio clave en proyectos hidroeléctricos, hacen que el municipio posea las características establecidas para los lugares expulsores de población: los desplazamientos se producen fundamentalmente en lugares geográficos donde coexisten fuertes estructuras de pobreza con abundancia de recursos estratégicos (Pérez, 2002).

Se puede afirmar que la interpretación generalizada acerca del desplazamiento forzado como un fenómeno asociado a la confrontación de actores armados en un territorio, no refleja por completo la naturaleza estructural del conflicto que le da origen. En consecuencia, hasta tanto no se identifiquen y exploren los diversos intereses existentes sobre el territorio, no se ponga sobre la mesa el problema de la distribución profundamente desigual de la tierra y, al mismo tiempo, se reconozca el asunto agrario como centro de los debates en Colombia, la política pública queda reducida a un conjunto de acciones dirigidas a administrar la crisis humanitaria sin avanzar hacia su superación definitiva.

El municipio de Riosucio: un punto de vista estructural en la interpretación de las causas y dinámicas del desplazamiento forzado

En este caso, la información examinada para el período 1997-2006 permitió identificar un conjunto de interpretaciones de las causas y dinámicas del desplazamiento forzado más cercanas a un análisis estructural, por parte de los responsables de la ejecución de la política para la atención a la población en situación de desplazamiento. En los documentos y entrevistas se encuentran explicaciones referidas a la posición geoestratégica del municipio, las condiciones de la tenencia de la tierra, las diferencias en la integración urbano-rural y la pobreza generalizada de la población indígena. Es evidente que la gestión local en materia de atención a la problemática del desplazamiento buscó superar el voluntarismo y la caridad; se trata de un proceso más centrado en un enfoque de Derechos Humanos para lo cual se crearon instancias de coordinación interinstitucional con resultados importantes en materia de atención y prevención.



La dinámica institucional del municipio de Riosucio permitió construir política pública local en materia de atención integral al desplazamiento forzado, esto se expresa en la existencia de escenarios de encuentro y discusión entre las organizaciones y personas desplazadas y los responsables de la ejecución de los planes y proyectos.

En este municipio los planes fueron diseñados desde un enfoque de derechos, apoyados en la capacidad de gestión de los funcionarios para articular esfuerzos y recursos internacionales, nacionales y departamentales.

Las interpretaciones que se hacen sobre el desplazamiento en los planes de desarrollo, y en los distintos documentos consultados, invitan a considerar que este municipio pudo, para la época, formular y poner en operación una política local para la atención al desplazamiento forzado adelantándose a las obligaciones que posteriormente le fueron asignadas a los entes locales, en el marco de la descentralización de las acciones de atención a la población desplazada.

La quimera como horizonte en la participación de las víctimas

Los obstáculos y dificultades para la participación de la población desplazada en las instancias de decisión de política pública, son dos de los aspectos más señalados en los balances nacionales realizados hasta ahora. En el seminario nacional de REDIF, realizado en noviembre de 2006, los representantes de las organizaciones de personas en condición de desplazamiento insistieron acerca de la necesidad de promover trabajos de investigación que aborden las dinámicas de las organizaciones de la población desplazada en Colombia. Los representantes de la organizaciones se refirieron a la necesidad de estimular investigaciones dirigidas a conocer las dinámicas de contestación a nivel local, regional y nacional, así como la realización de trabajos de acompañamiento y asesoría por parte de las universidades de manera que se pueda superar el coyunturalismo en el trabajo de las organizaciones y se logre avanzar hacia la generación de políticas. Algunos temas sugeridos en el seminario de REDIF para ser abordados fueron, entre otros, la reconstrucción sistemática de la memoria de los procesos de organización y las acciones de reclamación; lo étnico y el género en las organizaciones; los sentidos que construye la población que no está desplazada frente a la organización y la reivindicación de derechos.

En el mismo evento, la representación de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de la Población Desplazada –MNFOPD– señaló los siguientes puntos como elementos críticos y teleológicos para las organizaciones:

Las organizaciones deben transitar de ser promotores del asistencialismo a la demanda de derechos.

Las organizaciones deben prepararse para realizar veedurías y seguimiento a la política pública.

Algunas organizaciones son cooptadas por las clientelas políticas locales. Los sectores hegemónicos niegan espacios a las organizaciones que

tienen propuestas alternativas. No hay una perspectiva de género y el papel de las organizaciones varía

de acuerdo con la posición política de sus dirigentes. Las organizaciones nacen de manera inducida y tutelada como una

estrategia para agilizar la gestión institucional (se trata de organizaciones que cumplen papeles logísticos en la circulación de suministros de la ayuda humanitaria).



Las organizaciones deben transitar por el camino de la autonomía tanto del Estado como de las Organizaciones no Gubernamentales.

Se deben poner en marcha los procedimientos para la participación creados por la Sentencia T-025 y formar a quienes deben asumirlos.

En un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad de Caldas, alrededor de cinco de las organizaciones de personas en condición de desplazamiento ubicadas en el departamento de Caldas y el nivel de cumplimiento de la política pública (Melchor & Mejía, 2006), se concluye lo siguiente: “Algunos de los miembros de las organizaciones (asociaciones) de la ciudad de Manizales ADDEMAZ, CAMINANTES DE PAZ, ASODEPAZ y del municipio de Riosucio ASOVIVIR, no tienen apropiación del significado de la política pública; consideran que ésta no contribuye al restablecimiento de las personas en condición de desplazamiento”. Esta distancia de las organizaciones con el concepto y contenido de la política, tiene su correlato en la acción social y en la capacidad de las organizaciones para demandar los derechos a la participación activa en los escenarios donde se toman las decisiones.

Caldas reproduce buena parte de los elementos planteados por los representantes de la Mesa Nacional de Fortalecimiento al advertir que el trabajo de las organizaciones es de carácter coyuntural, centrado en los aportes logísticos para la distribución de las ayudas; en suma, se trata de procesos organizativos signados por el caudillismo, sometidos a las presiones de las clientelas locales y caracterizados por la existencia de pocos espacios, escasos actores y ninguna estrategia.

CONCLUSIÓN FINAL

En Colombia, se podría reconocer la existencia de una política pública para atender el desplazamiento forzado si esta se definiera de manera convencional, es decir, si se entendiera sólo como un conjunto de acciones que realiza el Estado para resolver o mitigar una situación considerada como problemática. Si la definición tradicional se somete a juicio crítico, y en su lugar se plantea una definición más compleja de la política pública dirigida a la legitimación del Estado y la acción gubernamental –ampliando su capacidad para orientar la sociedad hacia el cumplimiento y disfrute pleno de los Derechos Humanos–, se modifica radicalmente la valoración que puede hacerse de la política en materia de desplazamiento forzado.

En teoría, el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas está explicado por la necesidad de generar nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado, con ellas se busca mejorar el desempeño de las instituciones, generar capacidad para resolver problemáticas, de manera que al final se logre reforzar la confianza de la sociedad. Esta forma de definición de las políticas públicas permite contrastar la distancia entre lo propuesto y lo realizado, entre la interpretación que le da origen a una política y la dinámica social, económica, ambiental, cultural y política que hace o no coherente esa interpretación.

La política pública revela la dinámica conflictiva en que se construye la acción pública como producto de la interpretación de una problemática. Muestra la calidad del consenso construido, la capacidad para intervenir sobre las causas estructurales en una situación. En esta medida, una evaluación de la política supera la simple contabilidad de las acciones o la verificación del cumplimiento de metas e indicadores de eficiencia para convertirse en una manera de



escudriñar en los intereses que están en juego a la hora de elaborar la agenda gubernativa.

Al examinar el tipo de interpretación que se le da a las causas y dinámicas del desplazamiento forzado, se encuentran diferencias significativas en los tres escenarios (Caldas, Riosucio y Samaná); en efecto, mientras en Caldas para el período 1997-2006 se soslaya la interpretación de las causas volcando de esta manera la acción institucional hacia la asistencia humanitaria, en el municipio de Riosucio se realiza una interpretación más compleja –en el sentido de las conexiones que se construyen entre los problemas sociales, económicos, y la dinámica del desplazamiento–, generando, de esta manera, una interpretación con aproximaciones estructurales al problema.

Podría concluirse que la política pública logra convertirse en un instrumento para la demanda social del cumplimiento de derechos –y es efectivamente útil para planificar la acción institucional–, cuando existe una interpretación construida sobre las causas y dinámicas del problema que requiere ser resuelto; de lo contrario, sólo se limita a ser una ruta para la administración de la crisis.

Al examinar la manera como ha sido incluida la población en condición de desplazamiento en los Planes de Desarrollo, los planes integrales únicos y los comités de atención de Caldas, Riosucio y Samaná, se constata la tendencia a considerarlos como población vulnerable; este tipo de política social desconoce la existencia de un conjunto de principios y derechos específicos de la población y las responsabilidades concretas que se derivan del reconocimiento legal de la situación del desplazado. A partir de la Sentencia T-025, la política pública está basada en un enfoque de derechos; en consecuencia, la acción de las autoridades debe dirigirse a reconocer a la persona en situación de desplazamiento como portadora de ellos y, por lo tanto, la gestión de las autoridades debe orientarse a garantizarlos de una manera coherente, diferencial y progresiva mediante acciones afirmativas; esto implica, como lo advierten algunos conferencistas de la Cátedra UNESCO –Bogotá, 2006–, plantear una respuesta desde el principio de responsabilidad y no tanto de solidaridad, como se ha realizado hasta ahora. La concentración de esfuerzos y recursos en Caldas, Riosucio y Samaná en el componente de emergencia de la atención humanitaria, los ubica en un momento anterior a la Sentencia y a los compromisos establecidos por la Ley de Justicia, Paz y Reparación.

Dados los acuerdos y negociaciones del gobierno con los grupos paraestatales, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar nuevos enfoques para buscar la reparación de los daños causados a las víctimas, esto supone generar estrategias y recursos para la inversión social y la reparación en el marco de la Justicia Restaurativa; este tipo de justicia hace énfasis en la reparación de los daños. De avanzar el proceso de desmovilización en el país, se requerirá que los planes y otros procesos e instancias de planificación local incorporen programas de Justicia Restaurativa; no sobra decir que sobre estos aspectos centrales para la sociedad y la superación del conflicto, no se tienen previstas interpretaciones ni enfoques ni procesos de participación en las áreas consideradas en este estudio.



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1. Profesor Universidad de Caldas. Departamento de Economía y Administración.



DEFENSA DEL TERRITORIO NASA FRENTE A UN PARQUE NACIONAL

DIANA CORREA V.1

Manizales, 2010-01-21 (Rev. 2010-05-15).

RESUMEN

En Colombia, las autoridades de Parques Nacionales Naturales y algunas autoridades de los Resguardos Indígenas, pretenden coordinar actividades para la conservación de las áreas protegidas, a través de la aplicación de la “Política de Parques con la Gente” con base en la legislación de protección ambiental y cultural. Sin embargo, estas áreas protegidas tienen razones jurídicas, económicas y sociales, que dificultan el desarrollo de acuerdos para la protección y conservación de la diversidad biológica y cultural. A partir de un estudio de caso, sobre el relacionamiento entre los funcionarios del Parque Nacional Natural Nevado del Huila y los líderes de los Resguardos Indígenas Nasa de Toribío, se realizará la descripción de tensiones existentes entre las partes, con el fin de que la experiencia obtenida durante el desarrollo de esta etnografía sea de utilidad para aquellas personas que trabajan en favor de la conservación de las áreas protegidas.

PALABRAS CLAVE:

Medio ambiente, comunidades indígenas, Parques Naturales, Resguardo Nasa de Toribío, Parque Nacional Natural Nevado del Huila, Cauca.

DEFENSE OF THE NASA TERRITORY AGAINST A NATIONAL PARK

ABSTRACT

In Colombia the Natural National Parks authorities and some Indigenous reservation authorities intend to coordinate activities aimed at the conservation of protected areas, by means of the application of the “Parks with People” Policy based on the legislation for environmental and cultural protection. However, these protected areas possess judicial, economical and social reasons that complicate the development of agreements for the protection and conservation of the biological and cultural diversity. Based on a study case, on the relationship between employs of the Natural National Park Nevado del Huila and the leaders of the Nasa Toribio Indigenous reservation, a description of the tensions between both parties will be carried out, in order to promote de usefulness of the ethnographical experience among the people that work in favor of the conservation of protected areas.

KEY WORDS: environment, indigenous communities, Natural Parks, Nasa Toribio Native Reservation, Natural National Park Nevado del Huila, Cauca.



INTRODUCCIÓN

Colombia ha sido catalogada como un país “megadiverso”2, gran parte de esta diversidad biológica se encuentra en los Parques Nacionales Naturales (PNN) que hoy suman el 11% del territorio en 11’600.000 hectáreas, y en los Resguardos Indígenas (RI) que son dueños del 27% (36’500.416 ha) del territorio nacional.

De acuerdo con el Artículo 63 de la Constitución los PNN y los RI son inalienables, imprescriptibles e inembargables y además cumplen con la función ecológica de propiedad. De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 622 de 1977, el traslape o superposición entre estas dos áreas no es incompatible, la realidad social supera el ideal legal, y produce desencuentros entre los encargados de implementar la legislación y las comunidades que habitan los Parques. En Colombia existen 17 áreas del sistema de PNN traslapadas con más de 45 Resguardos, y para aprovechar el potencial de conservación ambiental y aportar a la solución de las diferencias entre autoridades ambientales y autoridades indígenas, la Unidad Administrativa especial, propuso en el año 2001, “la política de participación social en la conservación” (www.parquesnacionales.gov.co). También se han firmado convenios marco con las comunidades indígenas Bora Miraña en el Cahuinarí, con las comunidades Nasa de Toribío (Cauca) y “a la fecha se han firmado dos acuerdos enmarcados en la estrategia de Régimen Especial de Manejo entre el PNN Catatumbo Barí y el Pueblo Barí (Junio de 2007) y entre el PNN Paramillo y el Resguardo Indígena Yaberaradó (Diciembre de 2007)” (comunicación personal con el área de participación social Parques Naturales, julio de 2008).

Estas políticas y convenios también son producto de las demandas de reivindicación de los derechos, hechas por indígenas basados en: la Constitución Política (Art. 7, 8, 63, entre otros), el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Convenio de Diversidad Biológica (Art. 8j) y la participación de la academia con diferentes estudios antropológicos sobre la relación entre comunidades indígenas y medio ambiente (Correa, 2000; Pineda, 1999, p. 264-283; Ulloa, 2001) que describen una visión diferenciada entre las culturas indígenas y las occidentales frente a la naturaleza. En el ámbito internacional, organizaciones ambientales de reconocido prestigio internacional como la WWF y la UICN han propuesto políticas para la conservación, con la participación de comunidades indígenas y evidencian mediante estadísticas “la simbiosis entre diversidad natural y cultural”, y proponen que: “En los países con megadiversidad biológica en relación con el endemismo lingüístico, deberán formular propuestas para la conservación de las prácticas tradicionales de manejo a nivel de ecosistemas, hábitats y especies, prevención y control de impactos ambientales en este tipo de territorios, y la creación de incentivos y distribución de beneficios para las comunidades” (Oviedo, 1999, p. 1-12).

Por su parte, las comunidades indígenas han defendido su derecho a cuidar con autonomía y una mínima intervención estatal las áreas que se superponen, argumentado que, con base en planes de vida y planes de ordenamiento territorial, los Parques Naturales deben ser gobernados con autonomía.

Aunque cada traslape entre un PNN y un RI, tiene características propias, el artículo que aquí presentamos, describe el conflicto que surge al intentar implementar la política de “Parques con la gente” en el Parque Nacional Natural



Nevado del Huila y la política de resistencia de los Resguardos Indígenas Nasa de San Francisco, Toribío y Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca).

Los datos aquí expuestos fueron compilados durante los años 2003 y 20043, mediante la aplicación del método etnográfico, la participación activa en reuniones, discusiones de grupo, recorridos por el territorio Nasa, desarrollo de entrevistas y elaboración de un diario de campo para registrar las impresiones producidas por la interacción entre los líderes indígenas y los servidores públicos del Parque.

RESISTENCIA Y RECUPERACIÓN

Raíces del árbol de la resistencia

La resistencia indígena hunde sus raíces en la nieve de la historia y por lo tanto es la propia historia de los legítimos dueños de América, y es gracias a esta resistencia ancestral que nos hemos mantenido como pueblo.

Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, es y ha sido la razón de su existencia, porque no existe como una gélida estructura, sino que habita en la mirada, la voz y el corazón Nasa. (ACIN, CRIC, ONIC, 2002, p. 9)

Nosotros decimos vamos a producir agua, vamos a producir bosque, vamos a producir naturaleza, ¿de qué manera vamos a llegar allá? Nosotros somos muy recelosos en ese sentido. (Palabras de un comunero en asamblea, Toribío, febrero de 2004)

Durante los últimos veinte años, los cambios en las concepciones étnicas y ambientales, promovidas desde la Constitución Política y los Convenios Internacionales, han ampliado los horizontes y las oportunidades para la promoción y gestión de estos temas desde el ámbito local. En Toribío, los líderes indígenas argumentan que después de quinientos años de explotación es el momento de retomar las riendas de su vida como pueblo, de ser amos y señores de lo que sucede en su territorio e impedir las intromisiones externas que los sometan o perjudiquen.

Recorrer el camino de la autonomía implica dudar y cuestionar las prácticas y discursos de los actores foráneos, así como su relación con estos. En palabras suyas: “trabajamos para los blancos durante quinientos años, ya es hora de que ellos empiecen a trabajar para nosotros”.

Consideran que por medio de las semillas manipuladas, los químicos, la televisión, la radio y “las ideas que vienen de afuera”, se ha creado un “sistema que los está encautivando”, pero que estos medios también pueden ser utilizados a su favor creando nuevas oportunidades: ¿Cuál es el mejor camino para controlar la situación que los afecta? ¿Cómo hacer cumplir los derechos enunciados en políticas y leyes? ¿Cómo obtener ventajas en la interacción con los otros, con los que no son Nasa? ¿Cómo evitar la dependencia externa y ser autosuficientes?

El traslape con el Parque Nevado del Huila se sitúa en este contexto, y las funciones de los representantes del Estado son cada vez más cuestionadas: esta superposición es fuente de tensiones y contradicciones entre las partes. Los líderes Nasa argumentan que existe una amenaza contra su autonomía y el



manejo de los recursos naturales en su territorio, y temen la posibilidad de que se firmen tratados con empresas transnacionales que les arrebaten sus derechos. Por otra parte, muchos de los servidores públicos de los Parques piensan que las comunidades indígenas no son tan conservacionistas como la ley y la política pretenden ya que encuentran deteriorados esos territorios; les es difícil entender sus costumbres, su papel en la conservación, el sistema de toma de decisiones y sus intentos de inserción en la modernidad mediante la creación de pequeñas industrias.

En el Parque Natural Nevado del Huila la puesta en práctica del relacionamiento entre las partes ha sido conflictiva. Los líderes Nasa hacen constantes reivindicaciones sobre el papel del Estado en su territorio, cuestionando los contratos, las leyes, las políticas y las prácticas que los servidores públicos del Parque intentan desarrollar en las áreas de traslape.4

Mientras sobre los líderes indígenas recae la obligación de aclarar cada situación, propuesta o proyecto, y dar respuesta a las preguntas para cada caso en su interacción con el Parque, los otros miembros de la comunidad hacen parte del movimiento social participando en asambleas, marchas, protestas, o guardando silencio frente a las preguntas hechas por los funcionarios, dicen que no entienden, demuestran desconcierto y desconfianza o proponen que se consulte al Cabildo.

PARA NO “DEJARSE ENCAUTIVAR”

Se ha cambiado la forma de vivir, de trabajar la tierra, de pensar. Tenemos que comprar lo que la industria produce; los jóvenes le llamamos sistema. […] Yo creo que es no dejarse encautivar de muchas cosas para no perder lo que es de uno. Yo he analizado con otros jóvenes y ellos dicen que algunas cosas ya no se recuperarían. La mitad no. La mitad si. (Entrevista con un miembro del Equipo Económico Ambiental, Toribío, febrero de 2003)

En sus constantes diálogos en la asamblea, con los mayores y the´walas (ver Glosario) los jóvenes líderes han aprendido a realizar sanas críticas a su entorno, al estado de la naturaleza y a la pérdida de costumbres; en el análisis que realizan, se culpa a los foráneos de proponer un sistema que los está encautivando.

Los indígenas Nasa suelen diferenciar el adentro del afuera, es decir, diferencian los asuntos internos que nacen y se deciden en la comunidad, de los asuntos externos, propuestos por los “blancos”; observando estos últimos como una posible amenaza a la comunidad; en consecuencia, los comuneros deben estar atentos a las propuestas, políticas, y apoyos económicos, que estos traen de afuera, dando una mayor credibilidad a las propuestas que nacen en la asamblea, los Cabildos y las organizaciones indígenas que convocan a los cabildos como la CWK , el CRIC y la ONIC (ver Siglas).

El análisis de los cambios culturales de Toribío realizado por uno de los líderes del Equipo Económico Ambiental, tiene en cuenta la existencia de un sistema que los “está encautivando”. Este sistema se manifiesta de diferentes formas (Hardt & Negri, 2001, p. 1-12) y por ello se deben adoptar diferentes medidas con el fin de contrarrestar sus efectos. Los mensajes del sistema están en la televisión, la radio, el Internet; o en los productos que se compran en Santander de Quilichao, como las semillas de maíz que sólo sirven para una cosecha y obligan al campesino a seguir comprándolas por fuera de Toribío, creando dependencia del mercado. Existe rechazo frente al ingreso de productos



transgénicos, la fumigación con glifosato y la posibilidad de apropiación de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales.

EDUCAR E INVESTIGAR

Cuando llegó por primera vez a la escuela, Rosario tuvo que hacer tres veces primero de primaria porque sólo podía hablar y comprender Nasa yuwe, pero recibía las clases en español. La profesora y los compañeros creían que “la india Rosario es una bruta” y ella tuvo que soportar durante años esta doble discriminación.

En la educación indígena la resistencia empieza por la lengua y la manera de nombrar los montes, los ríos y los seres queridos; por tal razón en Toribío existe una campaña para la recuperación del Nasa yuwe. El adulto puede asistir a la escuela de Nasa yuwe, mientras que al niño se le estimula desde la escuela, o por sus padres si estos aún la conservan. Gracias al cambio en el concepto y el curriculum educativo, el conocimiento aplicado a la huerta tull, el tejido, la lengua y la motivación ambiental hacen que hoy personas como Rosario sean líderes importantes en el proceso.

Durante los últimos 20 años se han creado nuevas escuelas, como el Centro de Etnoeducación Indígena (CECIDIC) que destaca lo agrosilvopastoril y los Centros de Etnoeducación Comunitaria para el Fortalecimiento del Plan de Vida Nasa.

Los Centros de Etnoeducación son una estrategia de la organización indígena que pretende formar y capacitar personas de la comunidad en los diversos aspectos requeridos por el Plan de vida buscando que la comunidad consolide sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la identidad para proyectar los valores a futuras generaciones en lo político-organizativo, lo económico-ambiental y lo socio-cultural buscando potenciar y equilibrar las relaciones internas y externas con otros pueblos del mundo. (Cabildos Indígenas de Toribío, San Francisco y Tacueyó, 2001)

Una escuela propia de formación económica-ambiental con currículo propio y plan de estudios con criterios de participación, que sea capaz de responder a las necesidades y expectativas en la formación política, técnica, étnica y profesional como espacio de análisis y reflexión para la consolidación de la política ambiental propia. (ACIN, CRIC, ONIC, 2002)

En el norte del Cauca se indaga sobre el derecho, la economía y el arte como una “estrategia de organización indígena”. Los líderes Nasa alientan esta estrategia argumentando que “de nada sirve recuperar la tierra, si no se recupera la lengua, la cultura, y la economía”. Por esta razón el “proceso comunitario” debe estar alerta en los diferentes aspectos de la vida cotidiana y la población debe “investigar lo propio y no dejar que se lo roben”. Las escuelas comunitarias cumplen un importante papel en la (re)creación de lo propio: los jóvenes deben hablar con sus abuelos sobre la historia, la espiritualidad y la cosmovisión para mantenerlas vivas. El importante papel del indígena en la conservación de la naturaleza debe pervivir, los ojos de agua y los páramos deben conservarse. Pero también las escuelas cumplen un rol destacado en la recreación y la reproducción de una cultura diferente a la occidental, cuestionando ese sistema que “los está encautivando”, que los hace “estar en vida pero dominados”, que no les permite valorar lo que les es propio.



LOS LÍDERES

En Toribío, algunos hombres y mujeres se distinguen de otros por su arrogancia en el andar y su postura erguida que los hace notables; su presencia es tan altiva que parecen más altos que sus compañeros. Cuando caminan siguen su ruta sin mirar a nadie, pero cuando hablan, lo hacen con voz recia, mirando fijamente al auditorio que se mantiene en silencio, interrumpido de vez en cuando por el rodar del hilo dentro de una jigra.

Los discursos pueden ser largos, de una o dos horas, con interpelaciones breves en las cuales otros refuerzan las ideas del líder. En algunos casos, la perorata puede iniciar y terminar con un regaño para los asistentes. La mirada es penetrante y mucho más si se trata de encarar a los foráneos, de expresar ideas, convencer, obligar. Hablan ante la asamblea de la resistencia, la recuperación y el proceso. Lucen recios, valientes, y sin demostrar miedo a la muerte, hacen gala de las principales cualidades de un(a) líder Nasa.

En relación con las recuperaciones, éstas son: “orientadas por un núcleo muy visible de actores, los líderes de la organización indígena, quienes promueven procesos de recuperación cultural y lingüística y de ampliación territorial a partir de estrategias de reinvención de su identidad étnica” (Dover y Rappaport citados en Chaves, 2001, p. 238). Para ellos, la construcción de la identidad indígena es requisito indispensable en la negociación con el Estado y los actores internacionales, dando cumplimiento a la premisa de que “A mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía”.

MINGAS DEL PENSAMIENTO, MARCHAS Y MALICIA INDÍGENA

Chantal Mouffe y Ernesto Laclau argumentan que el trabajo político urgente en este momento histórico es la búsqueda de una democracia radical y plural. Abogan por diversas formas para que los individuos ejerzan presión sobre las democracias, por una justicia social, económica y ambiental más amplia. (citado en Warren, 2001, p. 201)

Para construir democracia se requiere de actores fuertes y representativos, capaces de hacer valer los intereses de sus representados dentro del sistema político. A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, las comunidades indígenas colombianas han logrado su visibilización ante el Estado y han sido reconocidas como dueñas de un territorio, poseedoras de una jurisdicción especial, con diferentes formas de gobierno, lengua y cosmovisión, así como su representación en el Congreso de la República y la transferencia de recursos económicos por parte del Estado, entre otros derechos; lo que busca consolidar nuestro país como una Nación pluriétnica y pluricultural.

Pero los derechos enunciados deben ser provistos de contenido y es en la definición de éstos donde el movimiento indígena busca avanzar y consolidar opciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Para lograr este objetivo se entreteje una delicada telaraña de poderes, en la que los líderes establecen un pulso con los servidores públicos encargados de aplicar las políticas gubernamentales5, como un medio más de regular o dirigir las acciones de los actores sociales.

Mientras los servidores públicos del PN intentan encausar a los líderes en su deber de conservación ambiental, en la implementación de la función ecológica de la propiedad (Art. 58 de la CP) mediante la aplicación de la Política de



Participación Social en la Conservación, los líderes indígenas aprovechan este discurso ambientalista jurídico, político y social, para dirigir la financiación a los planes y proyectos “propios” de la comunidad, en busca de la solución de los problemas más urgentes, como la seguridad alimentaria, y la supervivencia en medio de la guerra, que se vive a diario en Toribío.

Hasta dónde llegan los derechos y cómo deben aplicarse son la respuesta que se obtiene desde cada caso concreto: en las sentencias de los jueces y las Cortes, en las políticas institucionales y en el quehacer de los activistas y defensores de los derechos indígenas. A nivel nacional se debate la compensación por el deterioro ambiental causado por la creación de la represa de Urrá en el Parque Nacional Natural Paramillo y el territorio indígena Embera, la participación indígena Wayúu en el manejo de las salinas de Manaure y las minas del Cerrejón en La Guajira.

En el Cauca las principales tareas ambientales de los líderes Nasa están relacionadas con el ejercicio de la autonomía y la reciprocidad, buscan restablecer el desequilibrio causado por el deterioro ambiental que existe en la parte plana; los Nasa plantean los valores de armonía y reciprocidad a los industriales y cañeros, para que contribuyan con aportes económicos destinándolos a la conservación de los nacimientos y ojos de agua que sustentan la cuenca del río Palo. “Si el agua baja que la plata suba” les dicen los líderes a los industriales, refiriéndose a la cuenca del río Palo, uno de los principales tributarios del río Cauca, imprescindible para el sostenimiento de la industria y el monocultivo.

Por medio de resoluciones creadas por el CRIC o la CWK, han hecho propuestas pertinentes ante la legislación estatal en aspectos como la creación de un plan de manejo de la cuenca del río Palo hecho por y para los indígenas (CWK, Resolución 004 de 2003), que obre directamente sobre los recursos generados en las tasas retributivas por contaminación del agua (Ley 99 de 1993, Decretos 1729 y 1604 de 2002) que deberán pagar los industriales de la parte plana a quienes conservan el agua en la parte alta dentro del principio de la reciprocidad; proponen la creación de una Corporación Ambiental Indígena que coordine acciones con Corporaciones Autónomas Regionales (Ley 99 de 1993); el control directo de los proyectos ambientales que se están ejecutando sobre el territorio como el Proyecto Biomacizo (CRIC, 2004); y la modificación al proyecto de ley de páramos. (Propuesta CRIC et al., 2004, frente al proyecto de Ley 032 de 2004).

La legitimación de las relaciones sociales de desigualdad y la lucha por transformarlas son preocupaciones centrales de la Política Cultural. Fundamentalmente, ésta determina los significados de las prácticas sociales, y más aún, determina también cuáles grupos o individuos tienen el poder para definir dichos significados. La política cultural también se preocupa por la subjetividad y la identidad, puesto que la cultura juega un papel crucial en la constitución de nuestro sentido de nosotros mismos […] las formas de subjetividad que habitamos juegan un papel central en determinar si aceptamos o cuestionamos relaciones de poder existentes. Más aún para grupos marginales y oprimidos, la construcción de identidades nuevas y de resistencia es una dimensión crucial de una lucha política más amplia en la transformación de la sociedad. (Jordan y Weedon, 1995 citados en Escobar, Álvarez & Dagnino, 2001, p. 23)

Para dar una mayor legitimidad a su lucha política, los líderes Nasa sostienen que su propuesta nace y se desarrolla en la comunidad en las “mingas del pensamiento” y se da a conocer mediante marchas y movilizaciones.



La gigantesca marcha indígena del año 2003 desde Santander de Quilichao a Cali, compuesta por negros, indígenas, campesinos, estudiantes y otros simpatizantes, fue calculada en más de 60.000 participantes. Podía leerse en los carteles, pregones y cintas de colores que portaban tantos marchantes sudorosos, lemas que ponían en cuestión a gobernantes, actores armados, e incluso alarmaban al desprevenido transeúnte al demostrar la enorme fuerza del movimiento social indígena. En sus arengas manifiestan su rechazo a “las continuas guerras por políticas de exterminio físico y cultural y a la imposición de un modelo económico capitalista basado en el consumo y en el libre comercio y en este sentido, la imposición de normas transnacionales de comercio como el ALCA y TLC” (ACIN, CRIC, ONIC, 2002). También se exige que estos acuerdos no se realicen a espaldas de los directos afectados.

Protestan contra el uso de los transgénicos que afectan los cultivos tradicionales, la salud humana y disminuyen gravemente la biodiversidad (Altieri, 2003) así como la fácil concesión de patentes, tal y como se pretende establecer en el TLC (Tratado del Libre Comercio).

Las movilizaciones también tienen como objetivo hacer públicos los logros indígenas en cuanto a la planeación y el gobierno que tienden a la conservación de la naturaleza, especialmente en el cuidado de los ojos de agua y los afluentes de los cuales depende el río Cauca, imprescindibles para la existencia de los cientos de miles de habitantes de la región que dependen del agua para vivir; para conservar el agua, insisten, se requiere conservar los páramos y, para lograr esto último, se debe reubicar a sus pobladores mediante la adquisición de nuevas tierras en la parte plana, sin abandonar la propiedad y gobernabilidad indígena de la parte alta.

OCULTAR Y CALLAR

Sus ojos van al suelo, me miran un segundo, sonríen, y vuelven a mirar el suelo. Si pregunto con insistencia sobre un tema del cual no quieren hablar, me dan la espalda con risitas ahogadas, diciendo “yo de eso si que no sé”, “hay que esperar”, “hay que hablar con el Cabildo”. Esta respuesta, tantas veces escuchada por los que venimos de afuera, ha creado una fama entre los foráneos de que el Nasa es malicioso, terco y callado, que no sabe lo que quiere y se demora mucho para tomar cualquier decisión.

Solamente después de varias reuniones pude comprender otra estrategia: la del silencio. El visitante esporádico puede pensar que son tímidos, pero no lo son; por el contrario, les encanta expresar sus puntos de vista. Sin embargo, sólo lo hacen después de saber quién es, porqué y para qué la persona allí presente solicita la información. Ante las preguntas de los extraños la población suele responder con silencio. No hablan con extraños hasta que no exista el reconocimiento público del visitante, alguna autorización del Cabildo, o en determinados eventos como las asambleas. El silencio y la dilación pueden desesperar al visitante. Pero el Nasa tiene la intención de ocultar las semillas, los conocimientos, y otras cosas, así que lo que a los ojos del “blanco” parece timidez, cerrazón, o quizás falta de inteligencia, es parte de un aprendizaje colectivo que busca proteger, defender y callar ante la duda, ante la posible intromisión de los que vienen de afuera.

Ocultar y silenciar hace parte del manejo que las autoridades Nasa le han dado a la información que se produce en su territorio: los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Vida, el Plan Ambiental Indígena –PAI–, entre otros instrumentos de planeación, no pueden consultarse y existe una demanda contra



la Corporación Autónoma Regional del Cauca por el uso indebido de la información. A pesar de los convenios firmados con el Parque Nevado del Huila durante 2003 y 2004 no se pudo tener acceso institucional a sus bases de datos.

En el Cauca aprendí a callar. Cuando el nivel de agresión en un grupo es muy fuerte, tan sólo el silencio puede contrarrestar el grito del otro. Aprendí a mirar a quienes gritaban y estar orgullosa dentro de un ruidoso silencio. El silencio también fue invaluable en los combates entre la fuerza pública y las FARC porque entendí que al ocultar el miedo, no generaría angustia en el otro. Aprendí también a no preguntar a destiempo y a soslayar un tema inoportuno. El silencio es fuerza y les crea oportunidades para analizar y responder más tarde cuando los pensamientos han sido “volteados”, comenzado por la derecha y saliendo por la izquierda en una limpieza frente a un río, analizados en grupo, o por delegación a la autoridad indígena.

¿PARQUES CON LA GENTE?

“Parques con la gente”, es el principal lema social de la UAESPNN; pero es necesario indagar si están los indígenas, los negros y los campesinos de acuerdo con los Parques en sus territorios. Desde su creación, ha existido conflicto entre los Parques y los pobladores asentados en estas áreas, denominadas patrimonio mundial para la conservación. En el pasado, la razón fundamental del conflicto fue la de haberlos creado sin consultar a sus habitantes, excluyendo al hombre de su entorno, desconociendo su papel en la conservación y creando una dicotomía entre el hombre y la naturaleza. Esta última era vista como algo para investigar, controlar, proteger y conservar, dentro de un área demarcada para su protección de manera unilateral por el Estado.

El actual conflicto entre el Parque Nevado del Huila y los indígenas de Toribío, está relacionado con el temor de los Nasa frente a la apropiación foránea de los recursos naturales existentes en su territorio a través de la firma de tratados internacionales como el TLC, que busca patentar los conocimientos y el material vivo, o la venta de cualquier “recurso natural” que tenga precio y pueda ser comercializado (Escobar & Álvarez, 1996, p. 110; Escobar, 1999) como la venta de agua y petróleo, temas sensibles en varias partes del globo terrestre.

Pero entonces, ¿quién es el beneficiado en el manejo de los recursos naturales? En primera instancia la beneficiada debe ser la naturaleza misma, que a diferencia de los humanos no tiene voz, pero puede hablar a través de “derrumbos” e inundaciones, tal como lo enseñan algunos viejos the´walas con gran elocuencia, digo yo. En segunda instancia, los pobladores de Toribío, que aún disfrutan del agua pura y sin contaminar, pero también acostumbran quemar las montañas durante el verano sin atender las advertencias realizadas por las autoridades ambientales locales.

También se considera que la conservación ambiental debe ser tanto un asunto de todos como una preocupación global. Reconforta observar cómo en muchas partes del mundo, la gente del común comienza a cambiar sus hábitos diarios de consumo, a sopesar sus elecciones desde la utilización diaria de determinado medio de transporte (bicicleta, transmilenio, o el carro particular); los alimentos que toma (¿consumo mote, o enlatados de supermercado?, ¿agua del río, o agua en botella plástica?, ¿a dónde van a parar los plásticos y latas que desecho?), o al alzar la voz en contra de la implementación de cultivos transgénicos, la aceptación sumisa del ALCA, el TLC y las estrategias económicas que amplían cada vez más las injusticias económicas en el mundo.



A pesar de los esfuerzos institucionales de la UAESPNN por reconciliarse con los pobladores indígenas de los Parques Nacionales, aportando a la consolidación de las actividades propuestas desde la localidad e intentando construir confianza a partir de procesos que se construyen de abajo hacia arriba, los Parques Nacionales en el norte del Cauca, y específicamente en Toribío, son una entidad legal que produce desconfianza y resistencia.

LA MALICIA INDÍGENA ANTE EL PARQUE NEVADO DEL HUILA

Aunque desde diciembre de 2000 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre la UAESPNN - Parque Nevado del Huila, los cabildos de Tacueyó, San Francisco, Toribío y la Alcaldía de Toribío, la operativización y ejecución de éste se ha dado lentamente sin demostrar avances significativos. Las reuniones para ejecutar el Convenio se dan sin periodicidad alguna, dependiendo de la última discusión entre las partes, y es difícil coordinar agendas para realizar los encuentros; quizás por falta de voluntad o por las múltiples ocupaciones de las partes. Dentro de las ocupaciones de los líderes indígenas se encuentra el representar a la organización indígena en diversos sitios de Colombia y en otros países, mientras los dinamizadores ambientales del EEA asumen los compromisos de capacitación en las veredas, o bien deben recibir charlas de la ONIC, de las ONG ambientales, realizar ejercicios de planeación y responder a los financiadores de los proyectos; de igual manera, los líderes de Parques deben cumplir con sus obligaciones en los sectores del Tolima y el Huila, y cubrir sus funciones en las 158.000 hectáreas del PNN del Huila.

Generalmente las reuniones se realizan los fines de semana; los asistentes por parte del PNN Nevado del Huila llegamos de Popayán en un carro prestado o alquilado, debido a que los del Parque han sufrido diferentes siniestros como hurtos y bombas explosivas. El viaje se sucede en medio de la incertidumbre por la situación de orden público y por la tensa relación que se vive con los líderes de Toribío.

A pesar de ello, durante las tres horas de camino los “empleados del Parque” intentábamos crear un ambiente cálido realizando bromas sobre la situación que nos cobija: hablamos de nuestra eficaz estrategia de la cucaracha, “si los indios nos sacan a escobazos, nosotros intentamos nuevamente entrar. Si nos sacan de Toribío, entramos por Tierradentro, si nos sacan de Tierradentro nos metemos por Gaitania”. Componemos canciones sobre los convenios interinstitucionales: la última “complacencia”, dedicada al convenio con Toribío, fue compuesta por Darío Gómez: “La que se va de mí, se va, se fue. La que se va de mí, le digo adiós, adiós”.

La situación de orden público también es fuente de inspiración: “este fin de semana nos vamos para una toma, y no de chicha ni de aguardiente precisamente: una toma de orden público”.

En el corregimiento del Palo, que es la divisoria territorial entre la zona plana y la parte alta, entre los paramilitares y la guerrilla, entre los carros con placas y los “torcidos”, escenario constante de ajusticiamientos entre los distintos actores armados, acuden a recogernos los dos delegados indígenas del EEA encargados de nuestra “seguridad” hasta Toribío. Es que, por lo menos, pueden dar razón del porqué se encuentran estos extraños en el territorio indígena frente a cualquiera que solicite información al respecto.



Los asistentes por parte de Parques son: la coordinadora del programa Nevado del Huila, el profesional 19, y los contratistas financiados por Naciones Unidas para el convenio, la nodo centro, la planificadora en cuencas hidrográficas, la bióloga de la conservación de Toribío, la profesional social y el profesional de sistemas sostenibles para la conservación.

Por parte de Toribío asisten los coordinadores del cabildo económico ambiental por San Francisco, Tacueyó y Toribío; el coordinador del Equipo Económico Ambiental (EEA) del municipio, los animadores ambientales del EEA y los contratistas indígenas financiados por el convenio: el planificador en cuencas hidrográficas para el norte del Cauca, y tres operarios indígenas.

Por lo general, los encargados de la negociación y toma de decisiones en estas reuniones son Nelson Lemus y Ezequiel Vitonaz como coordinador del Equipo Económico Ambiental. Cuando por algún motivo éstos no se encuentran, los demás miembros del equipo dicen que no pueden participar ni con su voz, ni con su voto. Sin embargo, sus rostros hablan: las reuniones no están exentas de ceños fruncidos, burlas, negaciones o asentimientos con la cabeza y alguna que otra corta participación que refuerza la argumentación de las voces principales.

Durante la reunión, los miembros del EEA se sientan juntos y los voceros del grupo son aquellos que por su experiencia o por la ocupación de cargos públicos se encuentran legitimados para tomar decisiones. El silencio de muchos contrasta con la voz potente de los dos líderes que dominan la negociación, pero también realza concentración de poder en los líderes principales y la existencia de diferentes niveles de información.

Nelson Lemus es un indígena joven, con una altura superior a la de sus compañeros, nariz y espalda ancha, tiene un carácter recio, que apoya la toma de decisiones fuertes, tal como él lo ha dicho en repetidas ocasiones. Su carrera pública, se inició como operario del Parque Nevado del Huila en 1998; en 2001 fue gobernador del Cabildo de San Francisco y durante más de cuatro años fue coordinador del EEA, razón por la cual es respetado por todos los miembros del Equipo.

Precisamente por haber trabajado en Parques Nacionales, Nelson Lemus se considera conocedor de los inconvenientes que estas áreas protegidas suscitan, entre los principales inconvenientes que él señala se encuentran:

Nos quieren cambiar los nombres como lugar sagrado por zona intangible. Nosotros no somos zona amortiguadora de nadie; dicen que somos un área protegida, y que hacemos parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Con autorización de quién?

Nosotros sentimos temor con los Parques Nacionales porque ¿cuál es su relación con el ALCA, los transgénicos, el acceso a los recursos genéticos, las fumigaciones, licitaciones y los megaproyectos.

Eso es lo que llaman apertura económica, el ALCA es eso, son unas empresas muy grandes, con mucha capacidad que se van a meter a hacer el negocio del agua, el negocio del mármol, el negocio del oro…

La estrategia de los Parques Nacionales es utilizar los conocimientos de las comunidades. ¿De qué sirve ser parte de Parques Nacionales, si el Gobierno



también los fumiga? Tampoco nos dan claridad, ¿qué pasa con la figura de las concesiones de los Parques Nacionales?

Rechaza las reformas del Gobierno para vender los recursos naturales, en especial la concesión de zonas turísticas pertenecientes a los Parques Naturales, que promocionan la participación privada en Tayrona6, Amacayacu, Iguaque, Gorgona y los Nevados. El coordinador del EAA, Ezequiel Vitonaz, es un hombre robusto, moreno y con ojos de mestizo; ha sido camionero, profesor, alcalde de Toribío; es un hombre perspicaz y de carácter conciliador. Por lo general presenta propuestas concretas con el ánimo de continuar adelante, y piensa que sí es posible trabajar con la figura de Parques, siempre y cuando ésta sirva para “apoyar lo propio”:

Nosotros vimos que sí hemos podido trabajar con Parques: se han firmado convenios y hemos ido avanzando. Se espera que se pueda hacer un plan de manejo construido entre indígenas y Parques, por ejemplo poder tener una Corporación creada por los indígenas, que pueda decirle a los industriales cuánto deben aportar, para buscar la autonomía de las comunidades indígenas, ya que la Constitución es muy clara en su Artículo 330; lo que buscamos es desarrollar el Artículo 330 en la práctica con Parques. Si las cosas no van para allá, paramos. Podemos hacer manifestaciones paros, etc. Pero si vemos que la institución nos quiere coger de idiotas útiles, pues paramos. No podemos seguir encerrando ojos de agua y que los que toman la plata es Corpopalo o la CRC. Por eso queremos saber cuál es la posición de Parques. Propongo revisar la agenda y que seamos sinceros; éste es el trabajo que yo siempre he buscado, ¿cómo es el manejo conjunto? Es algo que ya veremos.

De manera constante, los líderes relacionan los cambios legales o económicos que afectan a los Parques como la concesión de áreas ecoturísticas (El Tiempo, 2005, p. 1 y 14; El Espectador, 2005, p. 5A), las propuestas de legislación de páramos, la ordenación de las cuencas hidrográficas, etc. con la apertura económica, el TLC y el poder de las empresas transnacionales. Todos estos cambios son analizados como oportunidades de beneficio para aquellos sectores que tienen la capacidad económica necesaria para realizar inversiones, en menoscabo de los intereses indígenas.

LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la Resolución 003 de 2003 proferida por la CWK toda “La información primaria y secundaria que se levante en la zona es de propiedad intelectual colectiva de las comunidades y salen a otros escenarios solo con la autorización de los CABILDOS Y LA CXAB WALA KIWE (CWK)”.

Existe también una actitud de todo el equipo ambiental frente al manejo de la información; ésta no debe salir de los resguardos: “Creemos que Parques Nacionales pueden robarnos la información, y eso no lo podemos permitir. En eso tenemos recelo y es un punto que no se concilia”.

Jaime Díaz, coordinador del equipo económico ambiental del resguardo de Tacueyó, tenía una posición diferente: “La diversidad y los conocimientos ya se los robaron, en Internet vemos todos los conocimientos del the´wala, los rituales del refresco, y demás. Lo que hay que hacer es recuperarla”.



Debido a los temores existentes frente al tema del hurto de la información, y puesto que los páramos son territorios sagrados, los miembros del EEA transmitieron la voz de los the´walas quienes han sugerido no realizar ningún tipo de caracterización en los páramos, como nos contó Ciro uno de los animadores ambientales:

Nosotros sí nos hemos hecho estas preguntas pero no lo hemos definido completamente en términos de qué se quiere caracterizar, ¿en términos culturales, sociales, económicos, de biodiversidad, de agua, de qué? Cuando las autoridades espirituales nos dijeron que no a las caracterizaciones de los páramos, estas se pararon, y nos decidimos simplemente por la educación en El Crucero.

Aunque los miembros del EEA insisten en que los empleados del Parque son un grupo de personas preparadas ante las cuales no existe ningún problema personal, insisten en que el temor recae sobre el hecho de trabajar para el Estado.

Desde el Parque, intentábamos dar un cauce a los temores del EEA, frecuentemente aludíamos a la necesidad de trabajar juntos en el marco de la política de participación social teniendo en cuenta que quizás existía un tiempo limitado para el trabajo conjunto, como lo sustentaba Jefferson Rojas, el profesional 19 del PNN-NHuila: “Somos un equipo al cual ustedes conocen desde hace tiempo; lo que debemos hacer es aprovechar este cuarto de hora que tenemos y avanzar lo más rápido posible, sin detenernos”.

Quienes trabajamos con el Parque éramos conscientes de las contradicciones existentes en el Estado, situaciones como la fumigación y bombardeos de los páramos en los Parques Nacionales, nos daban una sensación de impotencia institucional.

Los cambios en las directivas, la vulnerabilidad de la política de participación social en la conservación que hasta hoy no se ha legitimado por medio de una ley que proteja los derechos de los habitantes de los Parques, así como la existencia de otros poderes y estructuras en el Estado que contrariaban directamente nuestro quehacer, nos hacía pensar que el cuarto de hora, podía convertirse en 5 minutos y que el cambio del personal en el que los indígenas confiaban, podría debilitar aún más.

Doris Ruales, la coordinadora del Parque Nevado del Huila, trabajó en el municipio de Miranda desde 1997 hasta 2001 y es conocida en el norte del Cauca por su trabajo ambiental y comunitario desde esa época. Doris cree en los procesos que se están desarrollando en el territorio Nasa, pero también busca defender los intereses del Parque en todos sus sectores:

Hemos recorrido todo el Parque y hemos visto la pobreza enorme allí existente; existen zonas muy deprimidas y llenas de problemas organizativos, entre otros; pero Toribío tiene dinero con relación a otras zonas, nosotros los conocemos a ustedes desde hace años y por eso hemos estado apoyando este proceso en el cual creemos.

En cuanto al manejo de la información se debe tener claro qué tipo de información requiere la población según sus necesidades, ya que no se trata de recoger información mediocre sino información que sirva a ustedes mismos.



También se debe tener en cuenta que si la información es para negociar con los industriales (hace referencia al pago de tasas de agua en la cuenca del río Palo) se debe tener mucha claridad sobre este punto; si fuese así, se deberán medir caudales de agua, hectáreas de páramo quemado, hectáreas de reserva, etc. Se necesitará información precisa y valorada con el fin de negociar y poder lograr reciprocidad.

La propuesta de los empleados del Parque, de trabajar aprovechando el personal sin dejar de reconocer las contradicciones propias del Estado, no fue acogida por los miembros del EEA, por el contrario, durante 2003 se mostraron ambivalentes y poco claros frente a lo que querían, hablaban de “dejar la puerta de su casa entreabierta, sin cerrarla del todo, pero sin abrirla tampoco”.

El ambiente se tornaba denso y pesado, gritos, cartas, actas, iban y venían entre Toribío y la sede del Parque en Popayán, sin un mayor avance ni acuerdo, mientras el presupuesto designado para el municipio de Toribío en 2003 permanecía casi intacto por desacuerdos entre las partes.

Doris Ruales:

A mí me parece que hoy lo que existe es una estrategia de desgaste, y que hoy el hecho de que Nelson Lemus no esté aquí no es una casualidad, porque no ha dejado razón alguna. Propongo que hablemos con los cabildos y veamos si se mantienen o se deshacen las cosas.

Yo quiero saber si no creen en nosotros y si no van a creer; si es así, y todo Toribío lo piensa, pues nos vamos antes de que caiga el ocaso; pero si vamos a trabajar juntos, exigimos que se haga con sinceridad y con un mínimo de confianza, ya que de otra forma no se puede.

Sara Cuéllar, quien fue directora de la UMATA de Toribío durante 7 años, entró a hacer parte del equipo financiado por las Naciones Unidas, tenía amplio conocimiento de la actitud de sus antiguos compañeros de trabajo en los resguardos y dijo en una reunión: “La semilla de la desconfianza que se ha sembrado es muy profunda, y yo veo muy difícil continuar así; si ustedes no creen en Parques, es mejor que nos detengamos y no continuemos más”.

Pese a que en muchas ocasiones, los presentes sentimos el desgaste y la incertidumbre o la tristeza porque no era posible avanzar en los acuerdos, los líderes de ambos equipos encontrábamos la forma de superar la crisis, los indígenas eran amables y conciliadores en espacios no institucionales; dejando la puerta entreabierta sin llegar a expresar abiertamente su rechazo al Parque Nevado del Huila. Sin embargo, las actividades política, económica y ambiental se comunican entre sí afectándose mutuamente y la puesta en práctica de los proyectos y convenios se tornaba conflictivo, la resistencia Nasa a las propuestas del Parque se hacia sentir en las preguntas suspicaces del porqué, para qué, y quién es el beneficiado en cada situación.

EL PROYECTO ECOANDINO

A pesar de que algunos de los miembros del EEA y los servidores del Parque no se encontraban de acuerdo con la implementación del proyecto Ecoandino en Toribío, éste se inició en julio de 2003, quizás porque imperaron los resultados a corto plazo: “las raciones de Ecoandino es apoyo directo y concreto de apoyo a las comunidades”.



La participación de la comunidad Nasa en los talleres de sistemas sostenibles para la conservación fue estimulada por las raciones alimenticias que el proyecto Ecoandino provee a los participantes.

Algunos empleados del Parque justifican la entrega de raciones a campesinos e indígenas porque al entregar los estímulos y al asegurar la comida:

los pobladores tendrán tiempo libre para dedicarlo a sus parcelas con el fin de diversificar los cultivos y sembrar orgánicamente, en vez de tener que jornalear en otra finca, pueden capacitarse y además le ha dado reconocimiento y legitimidad al Parque. También ha permitido poner contrapartidas para la financiación de otros proyectos.

Otros estábamos en desacuerdo con la entrega de raciones porque consideramos que en vez de generar autonomía alimentaría, se creaba dependencia de productos externos. Las raciones del Plan Mundial de Alimentos, fueron creadas para atender a las poblaciones vulnerables que quedan desprotegidas en medio de la guerra de manera temporal, son raciones de guerra; en contraste al requisito de desprotección, una de las exigencias del proyecto Ecoandino es que las capacitaciones y raciones se entreguen a dueños o propietarios de parcelas siempre y cuando asistan a las capacitaciones e implementen la agricultura orgánica. Este mecanismo crea paternalismo por parte del Estado en la población beneficiada, mientras opera de manera excluyente frente a sectores vulnerables de la población como viudas, madres cabeza de familia, ancianos y todos aquellos que no tengan tierra.

Los argumentos de los miembros del Equipo en contra de la implementación del proyecto, se originaban en la dificultad que tendrían para hablar de autonomía alimentaría al entregar tales raciones a las familias, porque ¿cómo podrían hablar de soberanía y seguridad alimentaría con esta metodología?

Según las palabras del Gobernador del Resguardo de Toribío, Heliodoro Yatacue, en la población existía resistencia frente al proyecto; algunas personas se dirigieron a él para preguntarle: “señor Gobernador ¿recibimos las remesas?, si las recibimos ¿qué va a pasar? ¿Será que estamos arrendando la casa?, esta es nuestra casa y si se la quedan, o la vendemos ¿a dónde nos vamos a ir?”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL En el municipio de Toribío el EEA y la UAESPNN desarrollan conjuntamente actividades de capacitación en la escuela ambiental de El Crucero sobre las siguientes temáticas:

1. Pensamiento Nasa y su relación con la naturaleza. 2. Territorio natural: estudia el manejo del tull y los bosques desde lo propio,

desde lo externo el manejo de las cuencas hidrográficas. 3. Territorio intervenido: estudia las quemas, las talas, la minería indígena, la

cacería y la pesca. 4. Salud y medio ambiente. 5. Reciprocidad ambiental. 6. El Control social, se aprende desde “lo propio” según las regulaciones del

the´wala, y desde la jurisdicción especial indígena. 7. Plan de desarrollo, ambiental y de vida.



Estos siete temas son expuestos por líderes indígenas y por el personal de apoyo de Parques Nacionales, con el fin de tener un enfoque desde lo “propio” y desde lo “externo”, y son guiados por los siguientes principios: gestión propia, capacidad administrativa, comercialización a partir de valores propios.

Durante la primera visita que realizó el Equipo de Parques Nacionales a la escuela El Crucero, éste fue presentado como un grupo de personas afines a los procesos comunitarios. El coordinador del Equipo Económico Ambiental explicó a los estudiantes que a pesar de que nosotros pertenecíamos al Estado, éramos contratistas y teníamos cierta libertad de acción y por tal razón no estábamos obligados a cumplir con todas las funciones estatales. Que estábamos allí para apoyar el proceso y proveníamos de procesos comunitarios, por lo cual los estudiantes podrían confiar en el Equipo; eso sí, no olvidando la malicia indígena que siempre había que tener. Finalizó recordando que no debían dar ningún tipo de información a aquellos que venían de afuera, especialmente a los de la CRC, quienes necesitaban información para la cuenca del río Palo.

Esta explicación de nuestras funciones me sorprendió, al saber que para esos jóvenes estudiantes existe una imagen de Estado intruso, masculinizado y dominante, que busca obediencia y sumisión; sumada a la advertencia de que otras autoridades estatales como la CRC pueden hacer preguntas que no deberán obtener ninguna respuesta.

RECUPERACIÓN

Aunque la apropiación, el control, el manejo, y/o la venta de los “recursos naturales” no es un tema prioritario para los Nasa, los líderes han decidido hacerse cargo de éste porque “entonces nosotros serviremos pa´ que nos tomen foto únicamente por que la plata se la llevan ellos”.

Hasta el momento, los líderes Nasa han identificado nuevas propuestas económicas y legales que los pueden afectar porque buscan controlar y obtener ganancias en el manejo de la naturaleza. Sin embargo, el estilo occidental del control de los recursos naturales tiene altos costos: identificar cuál es el capacidad de captura de CO2 a partir de los relictos boscosos, los depósitos de agua subterránea, mercadear productos orgánicos o especiales con sellos de calidad para su exportación, las autorizaciones y licencias estatales para la comercialización de los diferentes productos requieren de métodos, tecnología y capital inexistentes hoy en Toribío.

Pese al esfuerzo Nasa por encerrar ojos de agua o introducirse en el mercado orgánico, aún no se han visto resultados económicos directos y el proceso aún depende en buena parte de la cooperación económica nacional e internacional. El sueño de la autonomía alimentaria, política, territorial, entre otros aspectos, es aún un deber ser, un plan futuro que se desarrolla en el largo plazo y que se ve afectado por acuerdos como el TLC, que coloca a los pequeños productores en una situación de desventaja, frente a los grandes inversionistas.

Una nueva propuesta ha sido presentada por los Nasa para administrar el dinero que se está invirtiendo en su territorio, por parte de Parques. El CRIC ha sustentado ante el PNUD GEF - Biomacizo, el proyecto “Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental propia en territorios indígenas del departamento del Cauca” Popayán, noviembre 4 de 2004, con un presupuesto total de $1.411’550.000, sus objetivos son: apoyar a los gobiernos indígenas en el fortalecimiento de su capacidad de administración y gestión ambiental, construir una propuesta metodológica para la ordenación de las áreas de páramo



en tierras de resguardo, fortalecer la producción sostenible en las zonas indígenas, y poner en marcha un sistema de información ambiental indígena, para el departamento del Cauca.

CONCLUSIONES

En Colombia se implementa la política de participación social en la conservación, incluyendo nuevos objetivos ambientales y culturales para el manejo de los Parques.

En los Parques traslapados con comunidades indígenas, se han firmado convenios, se han realizado planes conjuntos y se espera llegar a la coordinación entre dos autoridades públicas: las autoridades indígenas y los servidores de las áreas protegidas.

En el caso concreto del Parque Nevado del Huila existe la obligación de preservar los páramos, el agua, las especies de flora y fauna más representativas, y apoyar al pueblo Nasa en la conservación de sus sitios sagrados.

Aunque el Parque cuenta con personal que ha vivido y trabajado en procesos comunitarios de la región antes de ser servidores públicos, quienes quieren apoyar el proceso comunitario trabajando desde lo local por medio de la política de participación social y la firma de convenios entre las partes, la guerra, la realidad social, el proceso de “minimalización estatal” (Sousa & García, 1999, p. 34) y la “resistencia indígena”, lo han convertido en un intermediario entre los intereses locales y los financiadores internacionales (proyecto Biomacizo, Ecoandino), sin lograr concretar beneficios económicos directos por parte del Estado para los pobladores.

En general, el tema medioambiental es un discurso y una preocupación introducida por las autoridades ambientales.

Para mejorar su situación y realizar acciones colectivas, los indígenas se reúnen en asambleas comunitarias, donde debaten el tema económico-ambiental, político, salud, familia, organización y derechos humanos, entre otros. Allí se aportan ideas para construir diagnósticos, planes, proyectos y estrategias para afrontar sus problemas. Generalmente, se analiza teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro por medio de las preguntas: ¿Cómo era antes?, ¿cómo es ahora? y ¿cuál es el sueño de los Nasa?

En las asambleas y mingas del pensamiento, así como en las reuniones entre líderes y funcionarios, se promueve una estrategia de resistencia frente a los actores y los proyectos foráneos, que puede ser grupal (en marchas, protestas, y eventos), o individual (con el silencio frente a las preguntas de aquellos que no son Nasa para impedir que se fugue la información de los resguardos).

Las estrategias de recuperación y resistencia hacen parte del movimiento indígena Nasa, que ha sido construido por medio del diálogo, las asambleas, la creación de estructuras organizativas, la capacidad de convocatoria de los líderes y la formación de recursos educativos que buscan recuperar la historia y la identidad, dando como resultado una política cultural, que cuestiona a la sociedad mayoritaria en que está inmersa.



Los líderes indígenas Nasa son los encargados de operativizar esta política cultural. Como autoridades públicas, están encargados de la interacción con los foráneos, conocen las metodologías de planeación y gestión de proyectos, son disciplinados, cumplen horarios y están capacitados para dialogar o enfrentar a otras autoridades que no sean Nasa (al Presidente, la guerrilla, la CRC, los Parques Naturales, etc.) en las discusiones que se relacionan con los resguardos.

También realizan un control sobre la información y las propuestas que entran y salen a su territorio. En la elaboración de sus discursos para la protección de “lo propio”, suelen pasar de la argumentación, al grito o del grito al silencio, pero a la hora de ser cuestionados evitan tomar decisiones, transfiriéndolas a la los cabildos y/o a la máxima autoridad, la asamblea comunitaria.

Los líderes han identificado en el tema de la conservación ambiental una oportunidad de financiación y han sabido capitalizar la imagen del indígena conservacionista, el derecho al territorio y la autonomía. Por eso, han creado regulaciones desde el derecho propio o desde la ley de origen buscando un beneficio económico en la conservación de la naturaleza, han hecho proyectos premiados por el Estado y los organismos internacionales, y saben aprovechar cada opción para canalizar recursos destinados a la conservación y a la futura reubicación de los habitantes de los páramos hacia la parte plana.

Los financiadores internacionales apoyan y alientan la defensa del territorio y la autonomía indígena a través de proyectos que subsidian estas iniciativas. Aunque es posible que quieran defender los derechos indígenas, los Nasa desconfían sobre sus intenciones. Piensan que ellos se quieren “quedar con su casa”, o que pueden estar abonando el terreno para una negociación futura y directa entre los indígenas y ellos, excluyendo al Estado.

Los líderes Nasa, como principales promotores de los derechos indígenas, han aprendido a utilizar el lenguaje de los financiadores para lograr mayores oportunidades económicas en favor de la población, mediante el empleo de identidades instrumentalizadas que cambian el discurso de acuerdo con el sujeto o el objeto de su solicitud. En el caso particular del Nevado del Huila, la interacción entre los líderes de ambas partes es fuente de ambivalencia y no ha sido posible lograr avances sobre los convenios firmados, en la ejecución de los presupuestos y en el desarrollo de actividades conjuntas, debido a la falta de claridad de los indígenas sobre la conveniencia o no de trabajar con los Parques Naturales.

Dentro de los planes políticos Nasa se encuentra el control territorial, económico y cultural. En materia ambiental, creen que el manejo de los ríos, los páramos, la comercialización de productos orgánicos, las licencias ambientales, etc., son propiedad de los Nasa; pero ven en el Estado y las empresas transnacionales una amenaza constante, con un interés marcado por recursos que ellos consideran suyos, materializado en tratados y leyes que desconocen las regulaciones y acuerdos locales como por ejemplo el ALCA y el TLC, la licitación de los Parques Naturales, las fumigaciones y la guerra. Esta realidad del manejo ambiental ha surgido por presión externa que los ha obligado a responder: “para que otros no se queden con lo de nosotros”. La posición indígena expresada en resoluciones, comunicados, protestas, gritos, silencios o marchas busca hacer frente a un “sistema que los está encautivando”, pero que también busca el control económico y cultural de los bienes y servicios que se generan en su territorio.



Cada uno de los actores mencionados considera que tiene la obligación de ejercer acciones sobre la naturaleza y en cuanto sea posible obtener un beneficio de ésta; los intereses internacionales se encuentran representados en la firma de los tratados y la financiación de proyectos, que convierten a la naturaleza en patrimonio común de la humanidad, en un bien colectivo, o en un recurso susceptible de ser valorado económicamente.

Avalados por la asamblea comunitaria, en Toribío, han surgido especialistas indígenas en el tema ambiental, que conocen el lenguaje de las ONG, los fondos de financiación y han obtenido premios y beneficios económicos para su comunidad utilizando la imagen del indígena conservacionista, también “resisten”, creando un largo trayecto de permisos y autorizaciones que impiden a los financiadores, las ONG y los Parques obtener la información existente sobre los conocimientos, las plantas, animales y el estado de los páramos de sus resguardos; evitan que salga la información existente en los resguardos, promueven discursos en contra de los beneficios que se generan para las transnacionales, el ALCA y el TLC, las patentes, el ecoturismo en Parques manejado por los empresarios y apoyan la resistencia indígena comunitaria, creando alianzas con los campesinos y negros para protestar frente al sistema que los esta encautivando.

Por medio de la creación de leyes, los Nasa buscan combinar “lo tradicional, lo propio y la ley de origen” con reglamentaciones similares a las de la sociedad mayoritaria para posicionar su propiedad sobre la naturaleza y la autonomía, con el apoyo de todo un pueblo que durante años de diálogo y disertación está convencido de que debe “proteger lo propio” y que los beneficios derivados de la naturaleza en su territorio son de los Nasa y para los Nasa.

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GLOSARIO

Áreas protegidas: el término “área protegida” es entendido como área definida geográficamente que ha sido asignada o regulada y administrada con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación, recuperación, aprovechamiento, entre otros.

Jigra: mochila.

Manejo participativo de áreas protegidas: se refiere a “una alianza establecida de común acuerdo entre los interesados de un territorio o conjunto de recursos amparados bajo el estado de protección para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y responsabilidades”. En el caso de los pueblos indígenas, se trata de arreglos institucionales en donde representantes gubernamentales y/o no-gubernamentales e indígenas entran en un acuerdo formal que específica los derechos, poderes (sobre uso y toma de decisiones), responsabilidades, obligaciones y beneficios de cada una de las partes y sus mecanismos de control, en cuanto al manejo y aprovechamiento de los recursos dentro de un área específica. (Borrini-Feyerabend citado en UAESPNN, 2002).

Minga: “Vamos a explicar para qué es la Minga. Los indígenas nos juntamos dos si se requiere hacer un tull (cultivo tradicional), 10 si vamos a recoger la cosecha, mil si es menester arreglar la carretera, 18 mil si hay que tomar decisiones para el futuro y todos si hay que salir a defender la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía” (CRIC et al., 2004).

Nasa tull: huerta Nasa. De acuerdo con Gómez (2000, p. 37), es el espacio de la domesticación de lo humano mediante las normas y su socialización domesticación y de lo natural mediante el cultivo de plantas para su alimentación.

Nasa yuwe: lengua utilizada por los Nasa. Reciprocidad: valor Nasa. La reciprocidad o el siempre devolver, se encuentra relacionado con la armonía y la solidaridad o siempre ofrecer. “El desequilibrio personal genera transgresión y esta produce desarmonía en el grupo. Por eso es necesario recuperar la armonía social mediante el acto de reciprocidad y cooperación del trabajo y restituir el desequilibrio personal a través de la terapéutica ritual que recompone la armonía de las tay o fuerzas que están presentes y dirigen la vida de todos los seres” (Gómez, 2000, p. 26).

The wala: médico tradicional, en lengua nasa yuwe significa grande o mayor, esta palabra esta escrita según la grafía utilizada en textos publicados por los Nasa del norte del Cauca.



El the wala es el encargado de autorizar el paso de los comuneros por sitios sagrados (páramos y lagunas), por sus conocimientos en el manejo de las plantas medicinales frías y calientes, además de su comunicación con la naturaleza a través de los sueños, se considera que el the wala es una autoridad importante en la conservación ambiental. También es el encargado de predecir el futuro de la comunidad, vaticinando los desastres naturales o humanos que suceden en el territorio.

Tull: el tull es una huerta diversificada que busca una alimentación balanceada, de buena calidad y libre de químicos, que brinda los alimentos necesarios para la sostenibilidad de una familia con pequeños excedentes para la comercialización.

SIGLAS Biomacizo: proyecto financiado por el Global Environment Facility (GEF) del Banco Mundial. La entidad encargada de realizar los desembolsos del proyecto Biomacizo es el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el ejecutor es la Unidad de Parques Nacionales, en convenio con los cabildos indígenas y la alcaldía de Toribío.

CDB: Convenio de Biodiversidad.

CECIDIC: Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad.

CWK: Cxab Wala Kiwe. En lengua Nasa yuwe estas palabras significan “el territorio del gran pueblo”. La CWK es una organización indígena que representa a las autoridades indígenas del Norte del Cauca; hasta diciembre de 2002 dicha organización se llamaba Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

CRC: Corporación Autónoma Regional del Cauca. Autoridad ambiental descentralizada perteneciente al ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Saneamiento Básico.

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca. Esta organización representa todas las autoridades indígenas del Cauca.

EEA: Equipo Económico Ambiental del municipio de Toribío. Se encuentra conformado por aproximadamente 48 dinamizadores ambientales. Este grupo es financiado por los cabildos indígenas económico-ambientales de los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó, el proyecto Biomacizo - UAESPNN y el proyecto ECOFONDO.

FAA: Fondo para la Acción Ambiental. Su origen es el acuerdo bilateral suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos de América y de la República de Colombia, mediante el cual se destinan recursos económicos provenientes de una operación de pago de deuda por naturaleza. Este acuerdo prevé la constitución del Consejo de las Américas, entidad rectora de los recursos del Fondo.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Grupo guerrillero colombiano.



INCORA: Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Actualmente esta institución ha sido sustituida por el INCODER.

PMA: Plan Mundial de Alimentos.

PAI: Plan ambiental indígena.

PNN-NHUILA: Parque Nacional Natural Nevado del Huila.

SSC: Sistemas Sostenibles para la Conservación. Buscan “producir conservando”, uno de sus principales componentes es la agricultura orgánica.

UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

UICN: Unión para la Conservación de la Naturaleza.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

WWF: World Wild Foundation. Fundación Mundial para la Conservación.

1. Abogada con Magíster en Antropología, docente de teoría del derecho y derecho ambiental de la Universidad de Caldas. Correo electrónico: [email protected]

2. Colombia tiene una extensión continental de 114’174.800 hectáreas, que representan aproximadamente 0,7% de la superficie continental mundial. En esta área se encuentra el 10% de la biodiversidad mundial, haciendo de Colombia un país “megadiverso” (Política Nacional de Biodiversidad, p. 2).

3. La información se obtuvo en el marco del proyecto PNUD – GEF Biomacizo, para la implementación del convenio firmado por los líderes Nasa y los funcionarios del Nevado del Huila.

4. Sin desconocer su importancia, se encuentran excluidos de este texto la representación que la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales hace de los campesinos y las comunidades negras, los cuales tienen un tratamiento legal y político desigual y diferenciado con relación a las comunidades indígenas.

5. De acuerdo con el concepto de gubernamentalidad de Foucault: “Todos los proyectos o prácticas que intentan dirigir a los actores sociales a comportarse de una manera particular y hacia fines específicos, en los que la política gubernamental es sólo uno de los medios de regular o dirigir dichas acciones” (citado en Ulloa, 2001, p. 311).

6. Respecto a las concesiones ecoturísticas: “[…] El primero de estos proyectos es la apertura de las licitaciones, el pasado 3 de febrero, que terminarán con la adjudicación de unas concesiones para manejar el ecoturismo de las ensenadas en Cañaveral y Arrecifes en el Tayrona. “El turismo de hamaca no va a ser de quinta categoría, sino de categoría cien. El mundo va para allá” dijo el presidente



Álvaro Uribe al anunciar la decisión, concertada con el Gobierno, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena, la Cámara del Comercio y el sector turístico” (El Espectador, 2005, p. 5ª).



LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN COMO BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, EL CASO DE LAS MIGRACIONES1

JORGE GREGORIO POSADA RAMÍREZ Programa de Filosofía, Universidad del Quindío, Colombia

[email protected]

Manizales, 2010-02-08 (Rev. 2010-05-14).

RESUMEN

El siguiente artículo está dividido en tres partes. En la primera se describen las tesis fundamentales que configuran la renovada tradición filosófica de la filosofía de la acción; se muestran sus fundamentos filosóficos y sus diferencias con los sucesos naturales. En la segunda parte, y a partir de la noción que se ha propuesto de lo que son las acciones, se argumenta que es promisorio asumir a las acciones como el objeto de estudio de las ciencias sociales; en términos técnicos, se sostiene que las acciones son la ontología de la realidad social. En la tercera parte, a partir de la revisión de algunos informes acerca de la migración en la región cafetera, se muestra la posibilidad real de que los investigadores de las ciencias sociales se valgan de la filosofía de la acción como parte de sus presupuestos teóricos de investigación.

PALABRAS CLAVE:

Filosofía, ontología social, acciones, migraciones, causas naturales, razones como causas humanas.

THE PHILOSOPHY OF ACTION AS A THEORETICAL BASE FOR SOCIAL RESEARCH, THE MIGRATION CASE

ABSTRACT

The following article is divided into three parts. In the first, the fundamental theses that give form to the renewed philosophical tradition to the philosophy of action are described; their philosophical base and differences with natural events are showed. In the second part, and starting from the proposed notion of what actions are, it is argued that it is promissory to assume actions as the object of study of social sciences; in technical language, it is maintained that the actions are the ontology of social reality. In the third part, beginning with the inquiry of some reports that deal with migration in the coffee region, it shows the real possibility that social science researchers may use philosophy of action as a part of their theoretical premises of research.

KEY WORDS: philosophy, social ontology, actions, migrations, natural causes, reasons as human causes.

Aristóteles en la Ética Nicomaquea distingue entre aquellos acontecimientos que tienen como causas disposiciones naturales y aquellos que se dan gracias a que



el hombre es su principio generador. Con el propósito, entre otros, de establecer cuándo algunos acontecimientos merecen evaluación moral y cuándo son ajenos al juicio de loables o censurables, Aristóteles cualifica las acciones humanas como aquellas en donde las personas son su principio causal “como los hijos son de sus padres”, como diría Aristóteles (Ética Nicomaquea, libro 3, capítulo 5). Esto, en contraposición a los fenómenos que ocurren con independencia de la asistencia relevante de los hombres, en este caso, Aristóteles habla de Dinamis, definiéndola como la capacidad o aptitud natural de los entes o de la materia a operar. Y en donde la evaluación moral no es aplicable.

Determinismo causal, en el caso de los sucesos naturales, actos de la volición en el caso de las acciones humanas, son las distinciones grosso modo descritas por Aristóteles y que hoy utilizan algunos filósofos para marcar la diferencia entre acciones y acontecimientos que no son acciones, e iniciar así sus estudios. Ambos conceptos: determinismo causal, actos de la volición, son la base para la clarificación filosófica de lo que son las acciones. Así, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas es originado por ciertas leyes deterministas que operan en la materia, leyes que causan necesariamente el movimiento de estos bloques rígidos. De otro lado, el desplazamiento masivo y constante de un grupo de personas de su país de origen a otro lugar, no obedece a determinaciones causales de la materia, sino a las decisiones racionales de las personas, así éstas en muchos casos sean limitadas. O para contrastar con otro ejemplo, mientras las aves migran de norte a sur predeterminadas por patrones biológicos e instintivos, algunos colombianos migran de sur a norte, no constreñidos por factores biológicos o instintivos, sino por cierto tipo de razones que los llevan a actuar. En el caso de las placas tectónicas como en el de las aves, el principio de sus movimientos está en el determinismo causal, en el caso de la migración humana está en los actos de la volición.

No obstante, a pesar de las diferencias entre estos tipos de desplazamiento, los tres tienen algo en común: son originados y explicados por su causa. Así, el determinismo causal, y los actos de la volición, son ambos un tipo de relación causal. Lo que es o no es una acción, como espero empiece a verse, depende del tipo de relación causal que dé origen y explicación a los fenómenos. Ya podemos adelantar que el determinismo causal está del lado de los acontecimientos que no son acciones, y que los actos de la volición o actos de la voluntad, están del lado de lo que son las acciones.

Tanto el determinismo causal como los actos de la volición, son conceptos conectados con un concepto más básico: el de que todo tiene una causa. Un concepto es básico cuando está en el núcleo de nuestra imagen racional del mundo, cuando en él descansa en gran medida nuestra imagen coherente de las cosas, y cuando es justamente nuestra creencia en él, la que ha permitido nuestras formas exitosas de lidiar con el mundo. El concepto de causa es uno de ellos. Y es además el concepto básico en la filosofía de la acción, pues digámoslo de una vez, prima facie las acciones son acontecimientos que se dan en el mundo causados por los hombres.

En filosofía, la creencia de que todo tiene una causa se justifica en el principio de que de la nada sólo se sigue la nada, por eso, lo que es ha de haber sido por otra cosa. Y como todo lo que sucede en el mundo, si sucede es, entonces todo lo que sucede en el mundo ha de haber tenido una causa. Incluyendo, obviamente, el desplazamiento de las placas tectónicas, la migración de las aves, y el éxodo de algunos colombianos. Con un ejemplo recreemos este tecnicismo filosófico. Tres días después de pagar mi cuenta de servicio eléctrico me doy cuenta de



que en mi apartamento ningún electrodoméstico enciende. Llamo al portero y él me dice que en el edificio no hay problemas con la energía, que en todos los apartamentos, excepto en el mío, hay fluido eléctrico. Con desconcierto llamo a la empresa de energía y la operadora me dice que en el sector en el que vivo todo está funcionando bien, que lo mejor es que me cerciore de haber pagado la factura. A lo que respondo que ya lo hice, constaté que efectivamente he pagado la factura de energía de mi apartamento. Indiferente la mujer del teléfono me responde que no hay una razón de mi situación, que seguramente es un caso en el que las cosas dejan de funcionar, porque sí; se dan porque se dan, y ya. Turbado voy personalmente a la empresa, con el recibo de pago en mano, y el funcionario que me atiende dice que efectivamente puede verse mi registro de pago, y que el servicio de energía anda bien en mi sector, pero que no hay una causa, no hay un porqué que explique lo que pasa en mi apartamento. Pero que no sienta extrañeza ni me preocupe, que el mío es un típico caso en el que a pesar de haberse pagado la factura y de que todo está normal, el servicio eléctrico no funciona sin ninguna causa que lo explique. Simplemente deja de funcionar en razón de nada, se daña porque sí, y es todo lo que hay que decir.

Nuestra resistencia a creer que de hecho existen tales casos, de que los problemas aparecen y ya; que a pesar de que paguemos nuestros recibos de la energía, ésta puede ser suspendida porque sí, y ya, revela nuestra creencia de que el mundo se comporta causalmente. Todo lo que sucede se da porque necesariamente algo lo causa o provoca. Creemos que todo tiene una causa, que las cosas no aparecen así como así, sino que siempre algo las causa. Desde esta creencia se construye nuestra interpretación de la naturaleza y nuestras expectativas del modo como se comporta el mundo.

Como ya mencionamos, para los filósofos que asumen el problema de la acción existen dos tipos de comportamientos causales: unos que obedecen a relaciones deterministas y otros que dependen de actos de la volición. Respecto al determinismo causal, se dice que un acontecimiento es causalmente determinante de otro, si es imposible que se dé el acontecimiento que es su causa sin su correspondiente efecto. Así, decimos que el cigarrillo encendido determina causalmente la aparición del humo, porque siempre que se enciende un cigarrillo se sigue necesariamente la aparición del humo. En el determinismo causal, dado un fenómeno no existe la posibilidad de que se dé otro distinto a aquel con el que el primero siempre ha estado asociado. Básicamente, el determinismo causal muestra que los acontecimientos naturales siguen leyes, y que de ser descubiertas esas leyes el hombre puede explicar y predecir el comportamiento de las cosas. Las placas tectónicas, la migración de las aves son casos de este tipo de relación causal. En virtud de ciertas leyes las placas se desplazan como lo hacen configurando el relieve terrestre, en virtud de ciertas condiciones antecedentes las aves migran hacia zonas cálidas. Valga decir, si cambian esas condiciones antecedentes cambian sus efectos, en este caso el movimiento de las placas y la migración de las aves. Es posible que la migración de las aves se vea afectada, si por ejemplo, la aparición del invierno, que es su causa, registra comportamientos irregulares; tal irregularidad se verá en el desplazamiento de las aves.

La fórmula de que se valen los filósofos para representar el determinismo causal es: de darse A necesariamente se da B. Como podrá colegirse, los fenómenos del mundo que son acciones no obedecen al determinismo causal, pues en el comportamiento de los hombres de darse A no necesariamente se da B. No obstante, registran otro tipo de relación causal, la marcada por lo que Aristóteles señala como actos de la volición, y que en la filosofía de la acción se reconoce como: razones. Desde la distinción entre determinismo causal y actos de la



volición, se asume a las razones como las causas de las acciones. En la literatura filosófica esto se reconoce como razones para actuar.2

Razones como causas de la acción

Desde el punto de vista externo, nada distingue los acontecimientos naturales de las acciones. Tanto la migración de las aves como la migración humana, registran externamente rasgos comunes: un grupo de miembros de una especie trasladándose de su lugar de origen a otro. Desde nuestra percepción en tercera persona, es decir, como perceptores neutrales que excluyen sus experiencias propias cuando observan, las acciones y los acontecimientos naturales son idénticos. Desde la tercera persona, los movimientos involuntarios de un hombre que guiña su ojo por un tic nervioso, en nada se distinguen de los de un hombre que lo hace siguiendo sus deseos de coquetear. La distinción aparece sólo cuando se asume que el hombre que guiñe su ojo coqueteando lo hace movido por el deseo y por las creencias de que así conseguirá dar señales de agrado. Deseos y creencias en conjunción configuran lo que son las razones para la acción. Ellos, creencias y deseos, son las causas de las acciones humanas. Así, todo fenómeno que tenga como origen causal creencias y deseos es una acción, los que no tengan esta historia causal, son simplemente fenómenos naturales, o si se quiere biológicos. Como afirma Bertrand Russell, en su libro El análisis del Espíritu: si bien, no hay una línea evolutiva continua entre los protozoarios y los humanos, es claro que la migración de los animales se debe a condiciones que son distintas a la de los animales humanos, y esta nota singular de los humanos ha de ubicarse en su vida mental antes que la biológica. La filosofía de la acción en comunión con la filosofía de la mente, denota esta singularidad del comportamiento humano en las nociones de razones, las cuales, y volvámoslo a decir, conjugan los estados mentales del creer y del desear.

Para sintetizar, una acción es un fenómeno que se da en el mundo causado por razones; las razones son la conjugación de dos clases de estados mentales: el creer y el desear. En consecuencia, las acciones son los eventos que se dan en el mundo, causados por creencias y deseos. Así, la migración de los colombianos se distingue de la migración de las aves, en tanto la migración de los primeros es causada por creencias y deseos, mientras que la migración de los segundos se da por causas deterministas.

Consecuencias para las ciencias sociales

Declarar que las acciones son todos aquellos fenómenos causados por las razones, y que esta singularidad causal es la que distingue los comportamientos de la especie humana, de todas las demás, afirmar esto, implica que el objeto de estudio de las ciencias sociales son las acciones. Pues si las ciencias sociales estudian aquellos rasgos singulares de la especie humana, aquello que la hace diferente de todos los demás organismos, la noción de acción, y los conceptos que la definen, como son el de razones, creencias, deseos e intenciones recogen justamente esta singularidad. Si bien, un hombre que se arroja desde un peñasco se acelera a la misma velocidad que una piedra que cae a su lado, y eventualmente, puede destrozarse tal como la piedra, el estudio de la naturaleza humana, el estudio de las ciencias sociales, no ha de considerar al hombre como un cuerpo más de la naturaleza, o una partícula con una masa cuantificable. Las personas piensan, actúan, hablan, y las ciencias sociales en tanto estudian los rasgos singulares del hombre se refieren al pensamiento, las acciones, y el lenguaje de los hombres. En dos palabras: acciones humanas. Aunque espero que la expresión acciones humanas se entienda ya como pleonasmo, pues decir que algo es una acción ya implica que es un comportamiento humano.



Retomando, una de las implicaciones epistemológicas de entender las acciones como objeto de estudio de las ciencias sociales, es que la noción de acción aclara un problema ya clásico de las investigaciones en ciencias sociales. Y es el problema de la posibilidad de conocimiento objetivo. ¿Es posible el conocimiento objetivo en ciencias sociales? Con base en lo que hemos anotado, podemos reformular el problema, y hacerlo más claro para el investigador de facto de las ciencias sociales, pues valga decir, que si bien el problema de objetividad en las investigaciones en ciencias sociales es de sobra comentado por los estudios de estas ciencias, la ambigüedad del mismo enturbia su clara comprensión. Así, si asumimos que las investigaciones en ciencias sociales son un conjunto de teorías verdaderas y justificadas de las acciones humanas, el problema de la objetividad podría reformularse diciendo, ¿es posible ofrecer teorías verdaderas y justificadas de las acciones humanas, sabiendo que las acciones humanas son causadas por estados públicamente no observables?

Aquí debemos retomar lo dicho anteriormente, en tanto las acciones humanas son causadas por razones (deseos y creencias) y éstas no son públicamente observadas, la pregunta se tornaría, entonces, en si es posible alcanzar objetividad en una serie de investigaciones en las que las causas de los objetos que se investigan no son públicamente observables.

En el caso de la migración, que es un caso representativo de las ciencias sociales, en algunos informes de migraciones, como en el trabajo de Mónica Isaza Bordamalo: Algunos imaginarios migratorios en Pereira y Dosquebradas (2009), puede verse la tensión por parte de los migrantes de manifestar las razones reales que los empujaron a viajar. Para la investigadora el asunto se hace aún más complejo cuando solicita a los entrevistados que describan el tipo de trabajo que realizan los migrantes. Isaza Bordamalo muestra cómo hay una incongruencia entre el número de emigrantes que dicen laborar formalmente, o en trabajos profesionales, y el porcentaje de emigrantes que no pagan impuestos (64,5%), esto porque han de ocuparse en trabajos informales.

El punto es que para conocer las razones de la acción, la causa de las acciones, es necesario apelar a las creencias y deseos de las personas, pero estos, en tanto son estados mentales, no son públicamente observables ni cuantificables. De ahí la necesidad de la investigadora de apelar a fuentes como la introspección, o la interpretación para lanzar hipótesis, y ofrecer descripciones coherentes de su región de estudio.

A pesar de esto, valga la pena otra aclaración filosófica. En filosofía se entiende objetividad como un predicado de los juicios o proposiciones, así, hay juicios que son epistémicamente objetivos y juicios que no son objetivos, llamémoslos juicios epistémicamente subjetivos. Un juicio es epistémicamente objetivo cuando su valor de verdad es independiente de los intereses, deseos, y caprichos de su emisor. Un juicio es epistémicamente subjetivo cuando su valor de verdad depende de los caprichos e intereses de su emisor. Decir que: “existen básicamente dos factores que motivan la emigración de los habitantes de Pereira y Dosquebradas: el factor económico y el factor estudio”, es un juicio epistémicamente objetivo, porque su valor de verdad no depende del capricho o interés de quien lo formuló; decir: “mi futuro no está en Colombia sino en España”, es un juicio epistémicamente subjetivo, porque su valor de verdad depende de los intereses, deseos y caprichos de quien lo formuló.

Esto revela que es posible formular juicios epistémicamente objetivos en ciencias sociales. Cuando se revisa el trabajo de Mónica Isaza Bordamalo de la migración, y repito, éste es un caso que sirve como una muestra de investigación



en ciencias sociales, puede verse que las afirmaciones en él consignadas son verdaderas independientemente de los caprichos, deseos e intereses del investigador. Afirmar descuidadamente que las investigaciones en ciencias sociales, por su naturaleza y diferencia con respecto a las ciencias naturales, están circunscritas a la subjetividad, implicaría que toda investigación en ciencias sociales es subjetiva, que los juicios que al respecto se formulen dependen de los prejuicios del investigador. Nadie cercano al fenómeno de la migración diría que cuando una investigación rigurosa y disciplinada arriba al juicio de que el factor económico es el factor predominante en la motivación de la población de emigrantes de Pereira y Dosquebradas su juicio está basado en su subjetividad.

Ontología social, epistemología social

Académicos de las ciencias sociales, que a nivel nacional han logrado abrir un horizonte de investigación en las disciplinas que abordan, coinciden en la necesidad de abastecer a la investigación en las distintas áreas de las ciencias sociales de modelos de pensamiento, que estudien desde la singularidad de los problemas sociales los fenómenos. Uno de los casos significativos en Colombia es el de Augusto Ángel Maya. En el artículo “Augusto Ángel Maya: aportes de Caldas al pensamiento y movimiento ambiental de Colombia”, del profesor Isaías Tobasura Acuña, se describe la favorable influencia que en torno a las investigaciones ambientales ha tenido este doctor experto en pensamiento ambiental; sus improntas de trabajo han sido incluir de manera decisiva (i) los rasgos culturales y de poder que constituyen relevantemente en el objeto que se investiga, así como (ii) asumir modelos de investigación no homogenizantes. En el primer caso, se tiene un supuesto en la ontología social, es decir, una consideración con respecto a la naturaleza esencial de los objetos de investigación de los científicos sociales. En el segundo caso, un supuesto epistemológico, Ángel Maya prescribe la superación del monismo metodológico, poco exitoso para el reconocimiento de los rasgos singulares, rasgos que son condición necesaria en la investigación social.

Asumir que las ciencias sociales tienen por objeto de estudio las acciones humanas, y que éstas están causadas por creencias y por deseos, permite ver que cada uno de los problemas que los investigadores sociales enfrentan, implican necesariamente el reconocimiento de la singularidad de las comunidades humanas y su injerencia en la constitución de los objetos que se investigan; las maneras singulares como los humanos interactúan con su entorno (creencias), así como los intereses y apetencias que instauran en él (deseos), configuran la realidad social en la que anidan los objetos de investigación del científico social. Al respecto Dunn y Dobzhansky en el libro Herencia, raza y sociedad afirman: “De la aceptación de las diferencias individuales a la aceptación de las diferencias entre grupos sólo hay un paso; y la mayor parte de los pueblos, tanto primitivos como civilizados, tienen clara conciencia de sus diferencias con respecto a otros pueblos” (1975, p. 11).

En el caso del problema ambiental, ontología de estudio de las investigaciones ambientales, como lo manifiesta Tobasura Acuña en el artículo ya mencionado, son la adopción de ciertos estilos de vida el núcleo del problema ambiental. Así, las creencias de que el bienestar y la felicidad social están en minimizar el esfuerzo humano, y los deseos de satisfacer, a través de la tecnología, las apetencias de vivir una vida menos determinada por el esfuerzo físico, determinan la base causal del problema ambiental. En un ejemplo palmario Tobasura Acuña recrea el problema:



La agradable facilidad de la vida moderna se está pagando cara. La tecnología ha ahorrado esfuerzo humano, pero en ocasiones puede resultar nefasta para el equilibrio de la vida e incluso para el bienestar del hombre. Los aerosoles evitan el pequeño esfuerzo de accionar una bomba manual para dispersar los insecticidas caseros, pero están debilitando la capa de ozono, ese escudo atmosférico que defiende la vida de los rayos ultravioletas. El cáncer de piel hoy es una amenaza real. (2009, p. 6)

El reconocimiento de que las comunidades culturales constituyen los hechos de estudio de las ciencias sociales (ontología social), dirige el foco de la investigación social hacia el estudio de las creencias y deseos que causan justamente estos hechos. Esto es dar un paso más allá de la propuesta de Emile Durkheim. En Las reglas del método sociológico, Durkheim ya había afirmado la existencia de una serie de hechos, que si bien no son físicos, son tan reales y objetivos como los hechos físicos u orgánicos. Los hechos sociales son para este sociólogo francés formas de obrar, de pensar y sentir que coaccionan los comportamientos de los individuos. Y si bien están soportados por las acciones sociales Durkheim afirma categóricamente que hay que tratarlos como cosas, no como ideas. Afirma:

Y sin embargo los fenómenos sociales son cosas y se les debe tratar como tales. Para demostrar esta proposición no es necesario filosofar sobre la naturaleza, ni discutir las analogías que presenten con los fenómenos de los reinos inferiores. Basta comprobar que son el único datum ofrecido al sociólogo. En efecto, se entiende por cosa todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o, más bien, todo lo que se impone a la observación. Tratar los fenómenos como cosas es tratarlos en calidad de data que constituye el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales presentan indiscutiblemente este carácter. (1999, p. 59)

No obstante, la observación de objetos, en este caso, de objetos que fungen como hechos sociales, no es suficiente para teorizar científicamente, teorización que deja de ser un asunto ontológico para volverse epistemológico. Como lo señala Karl Popper en su libro Conjeturas y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, un hombre que se dedica a hacer descripciones de todas las cosas que ha observado durante su vida, poco aporta a la ciencia. Pues una teoría científica no es simplemente un catálogo bien ordenado de datos observacionales. La ciencia es explicativa, y por esto busca las causas de los fenómenos que observa. Si, siguiendo a Durkheim, los hechos sociales (ontología social) son los fenómenos que estudian las ciencias sociales, entonces las teorías de las ciencias sociales deben explicar este tipo de hechos, deben encontrar las causas que los producen. La literatura filosófica afirma que las creencias y deseos son las causas de los acontecimientos humanos y sociales. Es muy sensato afirmar que en el contexto de la investigación social, buscar las creencias y los deseos de los individuos y sociedades es muy promisorio para adelantar en la investigación en ciencia social.

Razones externas y razones internas

Quisiera finalizar mostrando cómo los conceptos que se involucran en la filosofía de la acción, pueden ser útiles para el investigador en ciencias sociales. Si bien inicialmente como herramienta heurística para la investigación.

Ya hemos establecido que las causas de las acciones humanas son las razones. Y que las razones son creencias más deseos. Así, las guerras, los partidos políticos, los presidentes, los torneos de fútbol, las migraciones humanas, los daños ambientales, las composiciones musicales, las novelas, todos en cuanto



acciones humanas son provocados por creencias y deseos. Algo tan simple como la acción de mover mi mano para tomar agua, una acción básica, obedece a mi deseo de refrescar mi garganta, y a mis creencias de que lo que hay en el vaso es agua, y de que el agua sirve para alivianar la garganta después de haber hablado mucho. Nótese que una cosa es creer y otra es desear. Las creencias son verdaderas o falsas, los deseos son satisfechos o insatisfechos, nunca verdaderos o falsos. Si creo que lo que hay en el vaso es agua y efectivamente ese líquido se encuentra en el vaso, mi creencia es verdadera, en caso, de que lo que haya en el vaso sea vodka y no agua, mi creencia será falsa. En cambio, si deseo que la Selección de Brasil gane el Mundial de Fútbol, y la selección lo hace, mi deseo no fue verdadero, sino satisfecho, así como mi deseo no será falso, en caso de que la Selección de Brasil no lo gane.

En las razones para la acción, los deseos fungen como el fin al que se quiere llegar antes de realizada la acción. Las creencias son el conocimiento relevante que permite determinar cuáles son los medios para alcanzar el fin. Mi deseo de beber agua es el fin, y sé, en tanto mis creencias son verdaderas y están justificadas, que asiendo el vaso y llevándolo a la boca puedo satisfacer mi deseo, o también sé que si me dirijo a la cafetería y compro una botella de agua igualmente puedo satisfacer mi deseo. Dentro de las razones para la acción, las creencias son el componente cognitivo que configura a las acciones, y los deseos el componente motivacional. Hoy la afirmación de Hume de que la razón es y debe estar al servicio de las pasiones (1995), puede leerse que en tanto nuestras creencias se asumen como criterios para actuar, las creencias están subordinadas a nuestros deseos o motivaciones. Así, cuando nuestro conocimiento está dirigido a la acción, nuestro conocimiento se subordina a nuestros deseos.

A partir de la idea de que los deseos son los motivadores para actuar, y las creencias los medios para la acción, filósofos como Harry Frankfurt y John Searle clasifican las razones para actuar en dos: razones internas y razones externas. Tanto Searle como Frankfurt, el primero en su libro Razones para actuar (2000) y el segundo en su libro Necesidad, volición y amor (2007), muestran que los hombres no se conducen únicamente siguiendo sus deseos, sino también a partir de los deseos de otros. Así, argumentan a favor de la clasificación de razones internas y razones externas de las acciones. Grosso modo, la clasificación obedece al tipo de deseo que se persigue. Cuando el deseo obedece al querer individual, tenemos una razón interna, cuando obedece a un querer o deseo, que supera el querer del individuo, hablamos de razones externas. Para Searle los hechos institucionales, aquellos que dependen del acuerdo humano para su existencia, todos ellos son razones externas, dado que son hechos constituidos por creencias y deseos, en donde el querer del individuo se pierde por el querer del otro o de la colectividad. Y si bien, el querer del individuo puede coincidir con el querer del otro, en tanto el individuo excluya de su conciencia el querer individual lo hará por una razón externa, en tanto lo hagan considerando sus deseos propios lo harán por una razón interna.

Retomemos el estudio de migración citado anteriormente y la investigación de William Mejía Ochoa (2008) con respecto a las razones de la migración en el área de Pereira y su zona metropolitana, para ejemplificar el caso de las razones externas y las razones internas expuestas por Searle y Frankfurt. Más de la mitad de los emigrantes lo hacen por trabajo, alrededor de un 20% lo hacen por estudios, y el restante para reunirse con sus parientes o por violencia de grupos armados. Los migrantes que lo hacen por trabajo, forman un gran grupo de personas que viaja para poder enviarle dinero a sus familiares, y como los describe Isaza Bordamalo, los trabajos están distantes a los quereres de los individuos que los ejecutan; citando a Isaza (2009), trabajan cuidando niños y



ancianos, en restaurantes o, en el mejor de los casos, en mecánicos y rutinarios empleos de fábricas. Qué podemos colegir de esto; que la mayoría de los colombianos emigran siguiendo razones externas, y en esta medida subordinan sus quereres individuales por los quereres de otros. Y, cetiris paribus, un muy bajo porcentaje emigra siguiendo razones internas.

Otro tanto, y más dramático puede decirse del lamentable fenómeno humano del desplazamiento forzado, el que es un tipo especial de migración. En el desplazamiento forzado un grupo de personas emigran de sus regiones por causas que afectan traumáticamente el conjunto de creencias y deseos que rutinariamente guían sus acciones. A diferencia de la migración de colombianos a otros países, en donde las razones de otros, casi siempre seres queridos, hijos, padres, hermanos promueven la partida (razones externas), en el desplazamiento forzado, los conflictos violentos y la violación a los derechos humanos provocan la aparición de este fenómeno. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en su boletín informativo de 2010 muestra que en Colombia el número de desplazados ya es cercano a los 5 millones de personas. En total 4. 915. 579 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en los últimos 25 años en Colombia. En términos de Durkheim, es un hecho social tan objetivo como los hechos físicos, el desplazamiento forzado en Colombia. No obstante, el observar el hecho es insuficiente para su compresión. Afirmar que la violencia y la violación a los derechos humanos es la causa del desplazamiento forzado, es apenas el inicio de una más comprensible explicación causal del fenómeno. La violencia y la violación de los derechos humanos, a pesar de ser hechos sociales, cosas en términos de Durkheim (1999), se instauran en el tipo de decisiones que promueven ciertas acciones de los violentos. Son las creencias y los deseos de los violentos las causas directas del desplazamiento forzado, y no la decisión y la acción de los violentados de migrar. Por esto, y como lo sugiere Searle, en tanto las acciones no sean causadas por el posible itinerario de deseos y creencias de las personas, éstas no son propiamente acciones que ellos ejercen, sino sucesos que padecen. En Razones para actuar Searle dice:

Supongamos que usted está leyendo esto sentado en una silla. A menos que haya algo radicalmente distinto en su situación –que usted esté, por ejemplo, atado a la silla, paralizado– usted también se da cuenta de que podría estar haciendo una gran cantidad de otras cosas. Podría estar leyendo algo distinto, podría llamar por teléfono a un viejo amigo, o salir a tomar una cerveza, para mencionar solo un puñado de posibilidades. Este sentido de las posibilidades de alternativas está incorporado en la estructura de las acciones humanas y nos da la convicción de que somos libres. (2000, p. 98)

Lo que implica que la libertad, entendida como la conciencia de la posibilidad de varias opciones de decisión y de acción, es condición necesaria para el establecimiento de las razones, ya sean internas o externas. En el caso del desplazamiento forzado, los que migran no poseen las razones de esta acción, pues ellos padecen la negación de opciones de decisión, y sin éstas no hay razones para la acción. Son los violentos los que deciden el rumbo de los miles de desplazados colombianos, y son ellos, antes que los campesinos que hoy intentan sobrevivir en las ciudades, el objeto de estudio de este fenómeno, el lugar donde reside su explicación.

Creencias, deseos, razones como causas, razones internas y razones externas, determinismo causal, actos de la volición son parte del marco conceptual que ofrece la filosofía de la acción para considerar sinópticamente los fenómenos humanos. Durkheim (1999) al asumirlos como objetos, dado que son exteriores y



presentan coacciones a las personas, abrió el camino para la genuina investigación científica en ciencia social, pero al asumir el arsenal de conceptos que los recientes filósofos sociales y de la mente descubren en la explicación de las acciones humanas, se da un paso más en la comprensión de los fenómenos sociales, pues se puede instaurar el lugar propio de la explicación y producción de dichos hechos. El estudio filosófico de estos conceptos puede hacer más promisorio el tipo de investigación de los científicos sociales, aquél en donde se ha de buscar las razones para la acción. Fenómenos como la migración o la relación medio ambiente - hombre, en los que es apremiante un aguda comprensión desde renovados marcos conceptuales, como lo sugiere Augusto Ángel Maya, la filosofía de la acción puede revelarlos desde nuevas y razonadas perspectivas; todo esto, cuando entran a formar parte del itinerario de investigación de los científicos sociales los conceptos que explican las razones humanas para actuar.

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editorial.

1. Las ideas que este artículo analiza forman parte de algunos de los temas de la línea de investigación en Filosofía de la Acción de la Universidad del Quindío. La tesis central fue expuesta en la Jornada Internacional sobre Migración Internacional y Retorno, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Agradezco a la Red Alma Mater, y en especial a Ana María Murillo y William Mejía, quienes como organizadores del evento lograron reunir un destacado grupo interdisciplinar; las opiniones que en el encuentro se dieron han sido valiosas para la redacción final de este artículo.

2. Filósofos como Arthur Danto, Elizabeth Anscombe, John Austin, George Henry Von Wright, y recientemente, Donald Davidson, John Searle y Harry Frankfurt, analizan el comportamiento humano sobre la base de que las razones son la explicación causal del comportamiento humano.



MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL LAGO DE LA COCHA, PASTO, NARIÑO, COLOMBIA

(1993-2001) 1

ARIEL EDMUNDO TARAZONA PEDRAZA2 [email protected]

Manizales, 2010-04-28 (Rev. 2010-05-24).

RESUMEN

Este movimiento ambientalista es una resistencia local que se gesta en la última década del siglo XX en Pasto (Nariño, Colombia) frente al avance del Proyecto Multipropósito Guamués –PMG– que impactaría el Lago de la Cocha.

El PMG había sido proyectado bajo la alianza de la sociedad económica y la sociedad política regional, que bajo una concepción desarrollista, planeaban tomar aguas del Lago para consumo humano, regadío y generación de electricidad con fines comerciales.

Desde otra racionalidad la sociedad civil, entendida por el movimiento ambientalista que se gestó en reacción al PMG, tenía otra visión socio-ambiental del cuidado del Lago. Estas dos visiones antagónicas originan un conflicto ambiental.

El movimiento ambientalista generó todo un trabajo en red (campesinos del Lago, ONG locales regionales e internacionales, grupos de expertos, universidades e instituciones gubernamentales) obteniendo un alto grado de opinión pública en defensa del Lago de la Cocha. La influencia ejercida desde la red consiguió que el Lago fuera declarado humedal Ramsar en el año 2000, logrando la negación de la licencia ambiental al PMG por parte del entonces Ministerio del Medio Ambiente.

PALABRAS CLAVE:

Movimientos sociales contemporáneos, movimientos ambientalistas en Colombia, conflicto socioambientales, política cultura, sociología de la cultura.

MOVEMENT IN DEFENSE OF LA COCHA LAKE, PASTO, NARIÑO,

COLOMBIA (1993-2001)

ABSTRACT

This environmental movement acts as a local resistance that originated in the last decade of the 20th century in Pasto (Nariño, Colombia) against the execution of the Guamés Multipurpose Project –GMP– that would cause great environmental impact on La Cocha lake.



The GMP had been created by the partnership between the economic and the political regional societies that, based on developmentalist ideas, were planning to take water from the lake to be used for human consumption, soil irrigation and electricity production with commercial purposes.

The civilians who founded the movement against the GMP had a different vision on how to protect the lake based on social and environmental theories. These two different points of view created an environmental conflict.

This environmental movement generated a wide network between farm workers from the area, regional and international NGO’s, academic experts, universities and governmental institutions, obtaining a great deal of interest from the public opinion.

Under the strong influence of this network the lake was declared as the Ramsar Wetland in 2000, and the former Department of the Environment denied the environmental license requested by the GMP.

Key words: Contemporary social movements, environmental movements in Colombia, social and environmental conflict, cultural politics, sociology of culture.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo nos ilustra los orígenes y el proceso de movilización en torno a la defensa y protección del ecosistema del Lago de la Cocha, localizado en el sur de Colombia, departamento de Nariño, municipio de San Juan Pasto, frente al avance del Proyecto Multipropósito Guamués –PMG–.

El proyecto Multipropósito Guamués I […] planeado para generar beneficios energéticos, de acueducto y riego. El proyecto incluye la construcción de una central hidroeléctrica con una capacidad instalada entre 367 y 482 MW, dependiendo del caudal ecológico que se preserve en el cauce del río Guamués; además permite atender, a partir del año 2025, los incrementos de agua potable de la ciudad de Pasto y sus alrededores, y también, prevé el suministro de agua para riego de una extensión de 4208 hectáreas en la zona aledaña a dicha ciudad. (Price Waterhouse Coopers, 1996, p. 200)

La movilización fue propiciada hacia 1997 por la unión de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas –ONGA– locales especialmente de la Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC– y la fundación Ecovida, la Universidad de Nariño –UDENAR– en compañía de campesinos y pobladores de la Cocha, con la asesoría y el acompañamiento de organizaciones regionales como Asdes (Cali), Parques Nacionales e internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF–.



Figura 1. Etapas del Proyecto Multipropósito Guamués –PMG–. (Diario del Sur, Pasto, 19 de junio de 1996, p. 3b).

Este movimiento ambientalista se oponía a la construcción de una represa que alteraría el equilibrio normal del Lago de la Cocha, y defendía como ecosistema principal los páramos azonales o más bajos del mundo que se verían destruidos con el represamiento de agua adicional al Lago de la Cocha en su estado “natural”. Octavio Duque López3 en sus escritos en defensa del Lago de la Cocha se refiere así a estos ecosistemas:

La Cocha presenta un evento casi único en el planeta, cuando alrededor de quince mil hectáreas que forman los valles de los ríos Guamués, Estero y Esterillo y Loriana a 2760 msnm, se convierten en los páramos más bajos del mundo, mostrando un paisaje de bosques sobre ellos, e influyendo definitivamente sobre el comportamiento del río Guamués en todo su cauce hasta la desembocadura en el río Putumayo. (Diario del Sur, 4 de marzo de 1996, p. 12a)

Para lograr sus objetivos, el movimiento optó por acceder a la influencia que ejerce el conocimiento experto en la opinión pública, de esta manera logró persuadir a instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales en decretar el Lago de la Cocha humedal Ramsar4 , esto trajo conexo la negación de la licencia al PMG por parte del entonces Ministerio del Medio Ambiente –MMA–.

Este proceso, puede ser entendido en términos de la influencia. “La influencia la introdujo Talcott Parsons como una forma simbólicamente generalizada de comunicación que gobierna las interacciones en virtud de la convicción razonada o de la pura sugestión retórica” (Habermas, 1998, p. 443). Es decir, tanto la



convicción razonada y la sugestión retórica fueron dos de los mecanismos utilizados por el movimiento en defensa de la Cocha frente al PMG.

La exposición presenta el siguiente orden: primero se señalarán los orígenes de dos ONGA locales de Pasto que permitieron la movilización de resistencia. En segunda instancia se mostrarán las estrategias de resistencia pacífica del Movimiento a partir de las redes generadas en torno a la UDENAR, la WWF, Parques Nacionales, para decretar el Lago de la Cocha humedal Ramsar y detener el PMG. Por último se ilustrará la influencia del Movimiento en Defensa de la Cocha sobre la sociedad política local, regional y nacional para incidir en la decisión del no licenciamiento ambiental al PMG.

Ecovida, cadena de movimientos

La Fundación Ecovida, Organización no Gubernamental de carácter ambientalista –ONGA– de Pasto con aproximadamente 24 años de existencia, fue una de las dinamizadoras de la resistencia local al PMG y su origen está asociado a varias circunstancias como la creación de los grupos ecológicos en la Universidad de Nariño –UDENAR–, el contacto con miembros del movimiento ambientalista nacional de la época y el enlace con movimientos de izquierda locales. Jairo Hernán Álvarez (1997) ha narrado la emergencia de los movimientos ambientalistas en Colombia, comparte estas características como puntos de partida:

Inicios que se basaban fundamentalmente en la creación de grupos ecológicos […] muchos de ellos surgieron por intereses particulares y en especial alrededor del trabajo en las universidades […] pues muchos de ellos venían de algunas experiencias de izquierda, otros se encontraban dentro de los movimientos estudiantiles y otros lo realizaban por el compromiso científico del conocimiento. (p. 28)

Los grupos ecológicos en la UDENAR se vieron motivados por el interés de hacer ciencia y a la vez, conciencia ambiental, como lo comenta la profesora Leonor Martínez5:

Nosotros teníamos un grupo ecológico con Alirio Narváez, un profesor investigador, y él estudiaba mucho el río Pasto y la Cocha. Entonces, en la Asociación de Ciencias Biológicas, él era el fuerte en este tema, nosotros empezamos como por allí, la cuestión ecológica y sobre todo él decía, no, para el 2000 va a haber dificultades de abastecimiento de agua, trabajen desde ahora, jóvenes, investiguen, entonces nosotros empezamos con él. (Entrevista con Leonor Martínez, 2008)

Hay una relación estrecha entre Ecovida de Pasto con Gonzalo Palomino de la Universidad del Tolima y el periódico SOS al igual que con la Fundación Grupos Ecológicos del Risaralda –FUNDAGER–, y los debates que se mantenían en el plano nacional del movimiento ambientalista en construcción de la época, al respecto:

Hubo un Congreso […] entonces habían funcionarios y los ambientalistas. Entonces, en ese momento nos partimos, un grupo con Gonzalo Palomino y otro grupo desde la institucionalidad. Entonces a raíz de eso, pues nos hicimos amigos del loco Gonzalo y él como tenía el SOS […] y nos mandaba pues a todos a culturar por Colombia, entonces ese fue como nuestro nacimiento, y después a raíz de esa relación nos hicimos amigos de los de FUNDAGER y



asistimos a ECOGENTE un Congreso que hubo, yo fui allá, y estuve con ellos y, me acuerdo tanto, estuvo el Maestro Ángel Maya, y nos siguieron invitando así a congresos nacionales. (Entrevista con Leonor Martínez, 2008)

El papel que jugó el periódico SOS en la inspiración de líderes locales de los movimientos ambientales en Colombia es ratificado por el propio Gonzalo Palomino (1997) quien asevera:

Han ocurrido cosas que realmente me llenan de mucha satisfacción y es que uno se encuentra a una gente que dice que le deben toda su motivación ecológica al SOS […] Parece que cumplió, de verdad, un buen papel en el proceso de movimiento ecologista nacional. (p. 116)

Hay otro profesional connotado de la ONGA Ecovida, es Luís Eduardo Sánchez quien mantenía una columna en el Diario del Sur titulada Píldoras Ambientales. En general, el perfil de los actores movilizados de la ONGA Ecovida son profesionales con diferentes roles en la sociedad, por ejemplo: Leonor Martínez era profesora, madre, esposa y líder activista.

Los actores conflictivos no limitan su figura social a las pugnas en las que participan. No importa que esto se mida respecto al tiempo de vida o respecto a la multiplicidad de papeles desarrollados en distintos subsistemas, el compromiso de un conflicto antagónico no cubre toda la gama de posibilidades de acción de un actor dado. Ningún actor está definido única ni principalmente por su implicación en un movimiento de carácter antagónico (y de aquí la inutilidad de comparar a los actores de los movimientos contemporáneos con las características de la clase obrera). (Melucci, 2002, p. 79)

La formación en ciencias naturales y la sensibilidad por las temáticas cívicas le permiten a Leonor Martínez la incursión en los movimientos de izquierda, con su participación en el Comité Cívico y Popular de Pasto y en el Movimiento Popular de los Inconformes. El contacto con estos líderes permite a la ONGA Ecovida generar lazos de apoyo y solidaridad en los movimientos (“política de identidad”) que serán vitales en la primera batalla pública contra las siembras de especies exóticas (eucalipto y pino), un proyecto de Cartón de Colombia para Pasto. Para esta acción, Ecovida recurre por medio de la “política de influencia” al Concejo local de Pasto donde se hace una serie de debates que son apoyados por el conocimiento experto de la Universidad Nacional. Como anotó Habermas (1998), tanto el influjo político como el conocimiento experto son generadores de influencia en el espacio de la opinión pública y en este último es donde se debaten los movimientos sociales.

Se deja entrever la pertenencia de los movilizados a diferentes organizaciones, colectivos y movimientos, confirmándose que en “las redes de reclutamiento, ningún proceso de movilización comienza en el vacío […] quienes se movilizan nunca son individuos aislados y desarraigados” (Melucci, 2002, p. 62). Este proceso de movilización de Ecovida no es en el vacío, corrobora cómo el discurso ecológico al colonizar movimientos de izquierda, también recibe sus procesos de militancia, lo cual ya ha sido reseñado por Álvarez (1997) en la emergencia de los movimientos ambientalistas colombianos, quien enuncia:

[…] eso posibilitó que personas venidas de diferentes experiencias políticas, comunitarias de izquierda, de derechos humanos de lo jurídico y de género, se acercaran al tema, así aparecieron muchos de los que hoy en día están, enriqueciendo y aportando nuevos elementos de análisis. (p. 32)



La emergencia de la ONGA Ecovida, está asociada al liderazgo de su mentora Leonor Martínez y principalmente a tres fuerzas: los grupos ecológicos de la UDENAR, el contacto con procesos del movimiento nacional en construcción y los movimientos de izquierda de Pasto. Por lo tanto, el origen de Ecovida, se gesta en redes de movimientos, en cadenas de movimientos. A continuación se conocerá sobre el origen de la Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC–, ONGA que participó activamente en la defensa del Lago de la Cocha.

Figura 2. Leonor Martínez, directora de Ecovida. (Tarazona, 2008).

La Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC–: entre lo local, lo regional y lo internacional

La ADC es una organización no gubernamental ambientalista –ONGA– de Pasto, de aproximadamente 33 años de existencia, que se gestó a partir del movimiento cooperativo. Al buscar los orígenes de la ADC encontramos una combinación de actores interesados en alternativas de desarrollo, entre ellos: campesinos del Lago de la Cocha, profesionales de Pasto, miembros del movimiento ambientalista en construcción y agentes de la cooperación internacional, especialmente canadienses. Respecto a los primeros, Eusberto Jojoa Pardo (1997)6 narra su aparición de esta manera:

Debido a engaños de los políticos y los intermediarios, que prometían muchas cosas que no podían cumplir, en el año de 1979 comenzamos a hablar de la organización de la Asociación para el Desarrollo Campesino. Reunimos a los presidentes de Acción Comunal, aunque en ese tiempo la gente era desconfiada, y no había la valoración de sí mismos y del entorno. (p. 135)



Se ha referenciado especialmente por López (1993), cómo en el sector de la Cocha luego de la organización promovida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC– en 1970 quedaron las bases que dieron origen a la reorganización campesina que permiten la fundación de la ADC. Por lo tanto se evidencia que la ONGA, ADC “no surge del vacío”, podemos identificar como referentes a la Acción Comunal y a la ANUC como movimientos precedentes que permiten su proyección. En cuanto a la cooperación internacional en el Lago de la Cocha, su participación ha sido posible debido al puente de profesionales, especialmente de Pasto. De esta manera, “en 1980, la ADC es fundada con el apoyo del grupo canadiense Dynamique Tiers - Monde. Agrupa a campesinos de la región de la Cocha y 17 voluntarios (técnicos, psicóloga, educadores, economistas, etc.) de la ciudad de Pasto” (Ménard, 1993, p. 72). El apoyo de este organismo internacional influencia en ADC una inquietud por el desarrollo alternativo, a través del cooperativismo, de bastante auge en esos momentos:

En 1982 el Proyecto de Desarrollo Cooperativo de la Cocha, Colombia, es presentado a la SDID [Sociedad de Desarrollo Internacional Desjardins, organización de Québec para el desarrollo] para obtener financiamiento. Un estudio de factibilidad es realizado en 1983. Luego de la entrega del informe en Enero de 1984, el proyecto obtiene una parte de los fondos necesarios para su realización, gracias a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI, en 1985. La duración inicial del proyecto es fijada en tres años. (Ibíd., p. 72)

Ya hacia 1986 se menciona la creación de una cooperativa en inmediaciones del Lago la Cocha:

Se inició con un proyecto específico como el de la Cooperativa La Cocha, el cual fue financiado en el año de 1986 por los canadienses de las cajas populares Desjardins, con 25 socios fundadores. La cooperativa comenzó funcionando con la tienda de autoconsumo e insumos; luego vinieron la comercialización de moras, cuyes, créditos para pequeños proyectos de producción y aquí se indujo el ahorro. La ADC creció con más grupos en otros municipios en el departamento de Nariño, Yacuenquer, Chachagüí, Consacá, La Florida. Todo esto se desarrolló con capacitación continuada por parte de asesores de la ADC. (Jojoa, 1997, p. 135)

Ahora, podríamos preguntarnos: ¿Cómo surge la inquietud en la ADC por los temas ambientales? Se podrían rastrear varias causas de su inquietud ambiental tales como: el hecho de trabajar en un ecosistema tan inspirador como lo es el Lago alto andino de la Cocha, y el contacto de colonos-campesinos con profesionales, estos últimos que vienen de universidades con el afán de aplicar sus saberes bastante influenciados por el auge de los debates mundiales sobre la crisis ambiental planetaria.

Recordemos que el interés económico que funcionó como motor de la colonización fue la explotación de los recursos forestales. El Cultivo de la papa además de servir de base para la alimentación de los habitantes, ha permitido “romper” el suelo, enriquecer su vida orgánica y producir tierra apta para la agricultura. (López, 1993, p. 77)



Figura 3. Los Páramos azonales (vereda Santa Isabel, corregimiento del Encano, Pasto) ecosistema defendido por los movilizados. (Tarazona, 2008).

No obstante, la causa fundamental es que las cooperativas obtuvieron influencia directa de la red del movimiento ambiental nacional en construcción en cuanto a organización ambiental:

Entonces no se trata de armar grupos, como decíamos en alguna época, con ecologismo puro, sino penetrar otros. Miremos el caso de los campesinos de la Cocha. Ellos tenían una cooperativa que llevaba ya rato existiendo y la penetramos y hoy es una cooperativa realmente impresionante con las transformaciones que ha tenido en su interior. Antes cortaban bosque para tener leña y carbón y hoy conservan bosque y están en un proceso increíble de conservación de la naturaleza, y es un buen ejemplo para mostrar. Allá hay como 5 cooperativas que están siguiendo este proceso. (Palomino, 1997, p. 120)

Esta influencia del movimiento ambiental nacional posibilitó que diez años más tarde la ADC fuera una de las partícipes en la Fundación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, llevándose a cabo en Nariño una de su reuniones centrales que dan impulso a su fundación7 . Posteriormente uno de los fundadores de ADC, Octavio Duque López, fue presidente de la Junta Directiva de la Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y representante de las ONGA ante el Consejo Directivo de Corponariño.

El Fondo Mundial de la Naturaleza ilustra cómo la ADC, “aunque comenzaron con programas de desarrollo comunitario, los fundadores comenzaron a darse cuenta de que muchos de sus problemas eran ambientales” (WWF, 31 de julio de 2002).

Se llama la atención respecto a que fue el desarrollo comunitario gestado en torno a la visión cooperativista lo que posibilitó brindar el ingrediente del que se



carecía al inició de los ochenta. Jojoa (1997) enunciaba: “la gente era desconfiada”, a través de los encuentros cooperativos se crean los lazos de confianza propios de las relaciones sociales, lo que trae como consecuencia a la vez “la valoración de sí mismos”, su empoderamiento, para luego sí levantar la mirada y “valorar el entorno”, el cual de por sí es un privilegio, o, por decir, un “paraíso” a la mirada de los extraños. Al igual, Concepción Matabanchoy8 , comenta: “si hablamos de Reservas, de conservación en la Cocha, tenemos que hablar de un proceso, porque nosotros tomamos conciencia después de que empezamos un proceso” (citada en Uribe, 2005, p. 19).

Figura 4. Entrevista con Concepción Matabanchoy, en casa de visitantes Reserva el “Encanto Andino” en inmediaciones del Lago de la Cocha corregimiento del Encano, Pasto. (Tarazona, 2008).

Estos elementos que hemos evidenciado en el origen de la ADC se complementan con el relato de Eybar Insuasty Alvarado9 , quien nos ilustra cómo, en la satisfacción de la necesidad de buscar un trabajo digno alterno a la explotación de carbón en el Lago de la Cocha, llevó a los lugareños a asociarse y a crear organizaciones puentes entre la participación institucionalizada (las cooperativas) y la redes cotidianas (la minga):

[…] la elaboración del carbón es […] algo infrahumano, la gente tiene que abrir unos huecos y encerrarse, entonces en esa búsqueda, viendo esa situación, se reúnen […] para que la gente busque otras alternativas, y es así como surge la ADC, y surge en la Cocha una cooperativa […] Asoyarcocha […] las cooperativas […] realmente, es una forma que no da cuenta de la realidad cultural de los campesinos, entonces, la Cooperativa Asoyarcocha se transforma […] en la minga Asoyarcocha, se toman todos los conceptos de la minga como unidad,



como una figura ancestral […] donde todos solidariamente aportamos, entonces se coge toda esa figura y se convierte esto en la minga Asoyarcocha, que es el actor local de la zona, de la de la laguna de la Cocha y la ADC, al lado sigue desarrollándose su trabajo. (Entrevista con Eybar Insuasty, 2008)

Evidentemente las investigaciones habían mostrado cómo la minga había caído en desuso, sin embargo, “el cambio social introducido por ADC-Coyarcocha ha consistido en modernizar esta institución, darle un nuevo sentido, agregarle valor cultural y utilizar la minga para sacudir los viejos hábitos comunitarios y proponer alternativas” (López, 1993, p. 65). A la vez, se presenta una conjugación de la minga con la investigación que se origina de la influencia ejercida por el apoyo de profesores y estudiantes de la Universidad de Quebec, Canadá. La profesora Mary France Labreque10 de esta universidad, comienza unas investigaciones con enfoque altamente participativo en compañía de sus estudiantes de tesis de maestría y doctorado donde las comunidades campesinas de las veredas aledañas a la Cocha juegan un papel activo, vinculándose en el acopio y análisis de la información, lo que los prepara como investigadores.

Figura 5. Eusberto Jojoa Pardo (izquierda) y Octavio Duque López (derecha) cofundadores de la ADC. (Diario del Sur, Pasto, 13 de septiembre de 1998, p. 3a).

En el futuro, en el accionar de la ADC, las cooperativas se fusionan con la minga y con la investigación, convergiendo en lo que se denomina las mingas investigativas11 . En este diálogo que estructura la ADC entre teoría de profesionales-citadinos y la práctica cotidiana de empíricos-campesinos, los primeros deciden con el auge del Desarrollo a Escala Humana adoptar este modelo alternativo y aplicarlo12 . Las anteriores fuentes muestran que es el interés de citadinos, campesinos, y del movimiento ambientalista nacional en construcción, más la cooperación



internacional canadiense, los actores principales que permiten el nacimiento de la ADC. Al igual es la fusión y el paso por diferentes dinámicas participativas como son: las cooperativas, la minga, la Investigación-Acción y el Desarrollo a Escala humana, los que permiten una síntesis en la creación y desenvolvimiento de la ADC en el marco de la búsqueda de un desarrollo ambiental alternativo entre lo local, lo regional y lo internacional.

Estrategias de resistencia del Movimiento

Por la acción estratégica, entiendo, siguiendo a Habermas: “partimos de al menos dos sujetos que actúan con vistas a la obtención de un fin, y que realizan sus propósitos orientándose por, e influyendo sobre, las decisiones de otros actores” (Habermas, 1987, p. 126). Es decir, el fin del Movimiento en Defensa de la Cocha era detener el PMG, esto lo obtuvo el Movimiento por diferentes medios como la unión con otras organizaciones de la sociedad civil, los foros científicos, los encuentros disoñadores y con la propuesta de postular el Lago de la Cocha como humedal Ramsar, esto permitió ejercer influencia en muchos actores de la sociedad local, regional, nacional e internacional.

Además, el concepto de resistencia se contextualiza en movimientos ambientalistas definidos como contemporáneos, los cuales adoptan formas pacifistas de acción como es el trabajo de redes cotidianas que generan solidaridades y que ejercen presiones institucionales, políticas y además se movilizan en campañas espectaculares.

Si remembramos, la ONGA Ecovida mantuvo relaciones con la academia, el cabildeo en la política institucional y los grupos ecológicos pioneros del ambientalismo en Colombia. Y la ADC coordinó la asistencia nacional e internacional que confluyó en la organización campesina alternativa de las Reservas de la Sociedad Civil en la Cocha. Es el encuentro de estas dos ONGA lo que permitió la formación de un movimiento ambientalista local en Pasto, como estrategia de defensa y protección del humedal alto andino amenazado por los intereses de proyectos que desde la racionalidad económica de líderes locales y nacionales quieren imponer como panacea un desarrollo tradicional a través de la sociedad PMG13 .



Figura 6. Sacerdote Jesuita promotor del PMG. (Diario del Sur, Pasto, 4 de octubre de 1996, p. 7a). La ADC y Ecovida en primera instancia se acercan, establecen alianzas y se encuentran en el objetivo común de hacer frente al PMG, al que veían como una amenaza para la sostenibilidad socio-ambiental de la Laguna de la Cocha.

Nosotros no éramos muy cercanos a ellos, incluso teníamos diferencias graves, graves, pero a raíz del PMG […] unimos nuestras virtudes y nuestras fortalezas y pues, no las respetamos, pues porque tenemos diferencias hasta ahora. Pero hubo mucha unión a raíz de eso y mucho grupo se unió, por ejemplo el grupo del cabildo indígena, que era contrario a la ADC, estuvo con la causa contra el PMG, a pesar de que con ADC no tenía muy buenas relaciones y nosotros éramos hay como intermedios, ¿sí me entiende? Entonces ellos no se hablaban con los de ADC pero sí se hablaban con nosotros, y nosotros nos hablábamos con todos. (Entrevista con Leonor Martínez, 2008)

Se han registrado otras diferencias de la ADC con el sindicato campesino Fundación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, pareciera ser originadas en las formas de lucha y en la ilegitimidad de la representación, que llevó a este sindicato a manifestarse a favor del PMG14 . Varios autores han mencionado cómo las diferencias y fisuras son constantes en los movimientos sociales, su pluralidad y heterogeneidad se manifiesta en un constante campo de luchas. Cohen y Arato asienten, “no obstante los movimientos sociales no van dirigidos contra el Estado; implican confrontaciones entre adversarios sociales, civiles, dentro y acerca de las instituciones de la sociedad civil” (2000, p. 577).

Las estrategias de lucha del movimiento se consolidan en la unión de grupos de ONGA que habrían tenido disparidades en el pasado. Es decir, el PMG aglutina



el encuentro afín a un enemigo común. Además se colonizan otros actores en los que se busca solidaridad por parte del movimiento ambientalista local haciéndolos sus aliados, éste es el caso de la UDENAR donde se conforma el Grupo ecológico “Amigos de la Cocha”.

“Los movimientos también generan nuevas solidaridades, alteran la estructura asociativa de la sociedad civil y crean una pluralidad de nuevos espacios públicos, a la vez que amplían y revitalizan los espacios que ya están institucionalizados” (Ibíd., p. 592).

El Grupo ecológico “Amigos de la Cocha” se convoca a estudiar desde diferentes disciplinas el Lago de la Cocha, hacen activismo en contra del PMG, y son parte de la organización del Foro Científico sobre la Cocha. En palabras de Yonny Mosquera15 , líder de este grupo ecológico, menciona lo siguiente:

[…] recuerdo que lo que hicimos fue […] hicimos como un par de reuniones, unas tres, cuatro así en algunas veredas de la Cocha, con campesinos, como para mostrarles como la otra cara de la moneda, porque Arévalo [hace referencia al ingeniero Francisco Arévalo, gerente de la sociedad PMG] ya había pasado vendiendo un proyecto, convenciéndolos, ofreciéndoles plata… [Se] pensó como una estrategia […] un Foro en el cual pretendía que se expusieran todos los puntos de vista, frente al proyecto, incluyendo el de los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿no?, [se les] envió información a algunos científicos reconocidos a nivel del país […] sobre el proyecto sobre la zona y los invitó para que vinieran a la época del Foro, entonces la idea era que primero ellos pudieran recopilar toda la información e hicieran un recorrido por la zona y después pudieran intervenir en el Foro, ¿no?, y dar su concepto, qué les parecía el proyecto, qué opinión tenían… (Entrevista con Yonny Mosquera, 2008).

Al vincular a la UDENAR en la atención al PMG y su impacto sobre la Cocha, se busca aplicar la misma estrategia que dio resultados en el pasado con la lucha local contra las siembras de pinos y eucaliptos. La estrategia fue convocar a expertos, científicos que corroboraran el daño al introducir especies exóticas en estas latitudes. Al igual, para este momento la resistencia al PMG también se centró desde la UDENAR, Ecovida y la ADC el convocar a un Foro Científico donde participaran expertos16 .



Figura 7. Foro Científico, de izquierda a derecha: Luis Eduardo Mora Osejo, José Lozano, Thomas Van Der Hammen. (Imagen del Video del Foro Científico, UDENAR).

Habermas (1998) ilustra a cabalidad el papel de la influencia de los expertos, que junto a otros actores de la vida pública como son los miembros de la sociedad política, los grupos conocidos, de figuras del espectáculo, generan debate en el espacio de la opinión pública, que es donde se manifiestan los movimientos sociales:

En el espacio de la opinión pública se ejerce influencia y en él se lucha por ejercer influencia. En esa lucha no sólo entra en juego el influjo político ya adquirido y acumulado (por acreditados ocupantes de cargos públicos, por partidos políticos establecidos, o por grupos conocidos como Greenpace, Amnistía Internacional, etc.) sino también el prestigio de grupos de personas y también de expertos que han adquirido su influencia en espacios públicos más especializados (por ejemplo, la autoridad de eclesiásticos, la fama de literatos y artistas, la reputación de científicos, el renombre y relumbre de estrellas del deporte y del mundo del espectáculo, etc.). Pues en cuanto el espacio público se ha extendido más allá del espacio de las interacciones simples, se produce una diferenciación entre organizaciones, oradores y oyentes, entre arena y galería, entre escenario y espacio de espectadores. (p. 443-444)

En el caso del movimiento ambientalista local de Pasto en contra del PMG se acudió a la influencia de sociedad política y a “grupos conocidos” como evidenciaremos más adelante. En el Foro Científico fue la “reputación de científicos” de trayectoria nacional quienes tomaron el papel de “oradores”, junto con los dueños del proyecto y la WWF. Los oyentes: estudiantes, profesores y habitantes campesinos de la Cocha e interesados. El objetivo del Foro Científico



era poner en común los intereses en controversia, sin embargo, en dicho evento se establecieron por la ADC y Ecovida todas unas acciones estratégicas: la primera, que el Foro se denominara “Foro Científico sobre la Cocha”, nunca mencionar el PMG para ignorar la contraparte. La segunda estrategia, buscaba establecer previamente quiénes hablaban y quiénes no lo hacían, turnos y silencios, en razón de que en pasados debates públicos, los dueños del proyecto hablaban siempre hasta en final, dejando a sus opositores sin tiempo de refutar, quedando en las audiencias la sensación de supremacía del PMG. El Foro Científico convocó a otras instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente Departamental de Nariño, la Coordinación de Parques Nacionales, y ciertos programas y facultades de la UDENAR.

El Foro Científico comienza a generar las sinergias de la solidaridad e identidad entre estudiantes, profesores, campesinos, citadinos, ONG, expertos e institucionalidad y es un triunfo del movimiento ambientalista local sobre la sociedad económica PMG.

Hay una categoría de acción que puede observarse en los conflictos sociales, a la que se puede entender no preguntando qué ganancias y pérdidas producirán para los actores, sino si producirán solidaridad. Estas acciones denotan el proceso de formación de una identidad. (Pizzorno, 1978 citado en Cohen & Arato, 2000, p. 616)

Al igual, desde la ADC surge una estrategia que convoca a nacionales y extranjeros a los encuentros “Disoñadores”. A León Octavio Osorno, se le atribuye la creación de la palabra “disoñar” y es lo que hacen quienes diseñan su vida de acuerdo con sus propios sueños (Duque, 1997). Los encuentros “Disoñadores” estaban fundamentados en el diálogo de saberes, intelectuales y el saber popular se encuentra para hablar del pasado, presente y futuro: “Aquí se mezclan campesinos, jóvenes, ambientalistas, intelectuales, mujeres, médicos, periodistas bajo el sino común de andar tercamente haciendo camino propio contra la condena que pretende excluirnos y convertirnos en cifras o en máquinas” (ADC y Fundación Colombia Multicolor, 1997, cubierta).

Se desarrollan dos encuentros de este tipo, subyace en el fondo el interés por llamar la atención del país y del mundo sobre el Lago de la Cocha17 , a la vez, es un escenario que permite el fortalecimiento del liderazgo local y la ampliación del horizonte en líderes naturales.

En ese evento la particularidad cuál era, que era bien interesante, que era un diálogo, muy, muy chévere entre los académicos, si, bueno, vinieron una gran cantidad de académicos. Pero también el diálogo desde la experiencia de los campesinos, igual hablaba William Ospina o Manfred Max-Neef, daban una conferencia, igual daban una conferencia Eusberto Jojoa o la Conchita Matabanchoy, entonces era la parte muy académica pero también la parte práctica y la experiencia vivencial. (Entrevista con Eybar Insuasty, 2008).

Se pueden rastrear inquietudes de lo ambiental en muchos de los participantes de los encuentros “Disoñadores”18 , por ejemplo de León Octavio Osorno hay reminiscencias de su vinculación con la Casa Palermo en Bogotá en donde se congregaban líderes del movimiento ambientalista en construcción. “También llegaron los amigos de lejos. Vino León Octavio con su balita que no quería matar y el flaco Jaime Quijano desde su Popayán y los otros flacos Luís Alberto Ossa y Néstor Javier Velásquez desde Pereira” (Bustos, 1997, p. 210). Ello corrobora enlaces de la lucha local en contra del PMG con miembros del movimiento ambientalista en construcción en Colombia, hay redes y cadenas de



movimientos. De todas estas discusiones especialmente del Foro Científico, surge la idea de buscar una figura de amparo para la Cocha, y por la confluencia de otras organizaciones como la WWF y Asdes de Cali se decide en el llenado de la Ficha Ramsar buscando declarar este humedal alto andino como zona de protección internacional. Esta propuesta implicó una consulta a los habitantes de la Cocha, que se realizó de forma muy rápida y en secreto para evitar que los dueños del proyecto se percataran y reaccionaran.

La WWF puede ser entendida, como un “grupo conocido” (Habermas, 1998) al igual que Greenpeace o Amnistía Internacional, que permite generar influencia en el espacio de la opinión pública. La llegada de la WWF a Colombia data de 1964; unos de sus primeros focos de atención son la protección de especies y conservación de áreas protegidas; en la década de los ochenta la WWF hace contactos con la ADC.

Fue es esta década [ochenta] en que se inició el trabajo de apoyo a varias ONG para la conservación de áreas específicas, reforzando el trabajo realizado en educación, particularmente en los Andes Centrales con la Fundación Herencia Verde (FHV), La Planada con la Fundación para la Educación Superior (FES), Bahía Málaga con Cenipacífico, Farallones de Calí con la Fundación Farallones, La Cocha con la Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC), y la Ensenada de Utría con la Fundación Natura. (Duque & Higging, 1996, p. 36)

Hacia 1993 la WWF19 discute directrices para un proyecto de Educación Ambiental en Colombia con varias organizaciones sociales y ambientales, y en 1996 se planifica que en los próximos años venideros, “igualmente fomentará las iniciativas de trabajo de Educación Ambiental en organizaciones, en los proyectos de conservación como FHV, la Red de Reservas de la Sociedad Civil, ADC y otras” (Ibíd.).

Para el caso de ADC, la WWF diseña en compañía de Asdes de Cali, “una estrategia de participación ciudadana para el Proyecto Multipropósito Guamués” en el marco del Proyecto de Implementación sobre el Convenio de Diversidad Biológica. El objeto central de la estrategia plantea lo siguiente: “se diseña para abordar un problema concreto: la amenaza que un mega proyecto impone sobre un ecosistema en particular y el impacto en la vida de las comunidades de la zona”20 . En estos encuentros de la ADC con la WWF y Asdes se generaron sinergias en torno al proyecto para priorizar el Lago de la Cocha como Zona Ramsar, siendo una estrategia de resistencia al PMG.

De aquí en adelante se inicia un trabajo en una red interinstitucional que involucra a la UDENAR, Corponariño, Ministerio del Medio Ambiente, Red de Reservas de la Sociedad Civil y Parques Nacionales obteniendo como resultado la declaración (Decreto Ley No. 698 del 18 de abril de 2000) del Lago de la Cocha como humedal Ramsar. Sin lugar a dudas éste fue el punto de quiebre del PMG; veamos la impresión de Ana María Fuentes21 al respecto:

Entonces cuando eso fue ya declarado sitio Ramsar en el 2000 […] digamos elevó mucho más la pesa sobre la valoración de la Cocha y ya el PMG fue disminuyendo toda su […] validez de hacer una represa […] Pero ya políticamente, no había, ¿qué?, como amigos del proyecto, eso fue, perdiendo pues todos, sus favores digamos políticos de alcaldía de Pasto, gobernación de Nariño y también pues priorización dentro del Gobierno nacional […] El PMG además se fue desmembrando , ya no tenía oficinas, se fue la gente que estaba



trabajando en eso […] hasta que el mismo gerente del PMG se fue, se fue de Pasto, ya el proyecto quedó ahí. (Entrevista con Ana María Fuentes, 2008)

La estrategia de buscar la declaración de la Cocha como humedal de importancia internacional fue un trabajo de los distintos nodos que confluyeron en la red de resistencia al PMG y en el cual se vincularon instituciones del orden nacional e internacional. A medida que el PMG continuaba en sus estudios y gestiones de alto nivel, el movimiento ambientalista local avanzaba en la propuesta para convertir a la Cocha en Zona Ramsar.

Hemos conocido cómo a partir de la confluencia de dos fuerzas, la primera, desde la ONGA Ecovida que a partir de la estrategia del Foro Científico en la UDENAR donde figuras “consagradas” de reputados científicos o expertos generan influencia en el departamento de Nariño para llamar la atención en la opinión pública regional, nacional e internacional sobre los impactos que generaría el PMG sobre el humedal alto andino de la Cocha; la segunda, a partir de la ONGA ADC, con los encuentros “Disoñadores” y la estrategia de vincular a la lucha a un “grupo conocido” como la WWF, buscaba generar influjo político en el contexto nacional e internacional.

Estas dos ONGA generaron un trabajo en red que vinculó a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ejercieron influencia, que trajo como consecuencia la decisión por parte de la secretaría de Ramsar de declarar el Lago de la Cocha en el año 2000 como zona de importancia internacional. Esta declaración obtuvo el fin último del movimiento, detener las pretensiones de la sociedad económica de Pasto por proseguir en la búsqueda de la licencia ambiental del PMG.

Los movimientos ambientalistas locales en Pasto al expandir sus redes también generaron influjo sobre la sociedad política local, regional y nacional en aras de su objetivo culmen de la negación de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente al PMG. A continuación, queremos mostrar cómo se desarrollo dicho proceso.

La influencia sobre la sociedad política

La “política de influencia” se dirige al Estado y la sociedad económica para abrir espacios para nuevas interpretaciones de necesidades (Cohen & Arato, 2000). En este momento el interés del movimiento era generar la necesidad en el Estado y su institucionalidad (que en este apartado definimos como sociedad política) de proteger el Lago de la Cocha del impacto del PMG, por tanto se les persuade para obtener esta nueva interpretación, que se palpe en el accionar de su política pública.

Se parte por conjugar alianzas entre el sector de la sociedad civil como estrategia de resistencia que ha llevado a aglutinar un foco del movimiento ambientalista local en respuesta al PMG. Este foco ha colonizado con diferentes estrategias a otros sectores como la sociedad política (alcaldes, gobernadores, concejales, parlamentarios, asambleístas, presidentes, CAR) para hacerlos sus aliados o que cumplan la labor constitucional que se les ha encomendado.

Desde la campaña a la presidencia, a Ernesto Samper Pizano se le veía muy interesado en sacar adelante el Multipropósito como solución para Pasto, “además, volver al PMG parte integral de su administración, pues permite salidas a las deficiencias de agua potable y energía eléctrica para Pasto, como



precandidato presidencial promete incluir en el Plan de Desarrollo” (Diario del Sur, noviembre 13 de 1993, p. 3a). Es por esto que las ONGA de la región, recién posesionado Samper como gobernante, deciden enviarle una carta de rechazo a sus posturas de promoción del PMG, veamos uno de sus apartes:

Preocupados por el manejo irresponsable de la información dada acerca del PERFIL del PROYECTO MULTIPROPÓSITO GUAMUÉS, que ha ocasionado, en candidatos presidenciales, manifestaciones de apoyo irrestricto al mismo por considerarlo la panacea para el desarrollo de Nariño, queremos prevenir a su gobierno sobre los compromisos que en este sentido adquiera con los nariñenses. 22

Durante el gobierno Samper (1994-1998), el Ministro del Medio Ambiente, José Vicente Mogollón visitó por dos días a Pasto y se apersonó del tema del PMG visitando el Lago de la Cocha. En dicha visita el ministro estuvo acompañado por Antonio Navarro Wolf 23 y como guías estuvieron miembros de la ONGA ADC, allí las diferentes comunidades asentadas en el Lago de la Cocha expusieron sus inquietudes de rechazo al PMG. A la prensa local el ministro manifestó: “que el Presidente sí ha estado apoyando activamente al PMG, pero que por Ley del Ministerio del Medio Ambiente tiene la función de defender la naturaleza y garantizar el desarrollo sostenible” (Diario del Sur, noviembre 26 de 1996, p. 12a).

A nivel local se exigió por parte del movimiento ambientalista a la Corporación Autónoma Regional de Nariño –Corponariño–, el cumplimiento de su misión encomendada en la Ley 99 de 1993. De esta institución, en los inicios del PMG, se habló de que sería la ejecutora del proyecto e invirtió 130 millones de pesos en éste24 . La pregunta de los líderes del movimiento local, es: ¿cómo Corponariño como autoridad ambiental a la vez cumplía una misión de juez y parte del PMG?25 ; es por esto que la presión del movimiento ambientalista local se dio a la tarea de hacer retirar las oficinas del PMG de Corponariño. Al igual, durante visita del Ministro de Medio Ambiente, José Vicente Mogollón, a Pasto en noviembre de 1996, los movilizados lo conducen al Lago de la Cocha, donde conoce en forma directa las desavenencias en contra del PMG.

A la vez, la influencia del sector ambientalista posibilita que representantes populares del departamento como el gobernador de Nariño y el alcalde de Pasto de la época, dirijan carta a la directora ejecutiva de Corponariño haciéndole peticiones similares:

Considerando las declaraciones de la comunidad ambientalista regional, que reclama mayor atención sobre el estudio de impacto ambiental, antes de avanzar más en los estudios de ingeniería, le solicitamos comedidamente a Corponariño que licite públicamente la ejecución del análisis ambiental del PMG […] De esta manera Corponariño cumplirá con sus funciones ambientales definidas en la Ley 99/93 y aplicará los recursos económicos exactamente para el cumplimiento del objeto al que fueron destinados.26



Figura 8. Boletín informativo # 1 del Corregimiento del Encano, Noviembre de 1996. (MAVDT, Expediente 509, carpeta 1, folio 161).

El cabildeo a Corponariño, confirma:

[…] los movimientos feministas y ecologistas, el litigio, la supervisión muy de cerca de las agencias gubernamentales y el cabildeo profesionalizado pueden ser muy efectivos si van acompañados de un movimiento nativo y si hay una base claramente legal y administrativa para su realización. (Jenkins & Eckert, 1986 citados en Cohen & Arato, 2000, p. 570)

Llama la atención un Derecho de Petición con un lenguaje muy elaborado que es enviado al Ministro de Ambiente, Verano de la Rosa, por parte de la Organización Comunitaria para el Desarrollo de la Cocha –OCD– que exige que sus opiniones y decisiones de las comunidades sean tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones, veamos:

Las 18 veredas de la OCD, todos hijos de estas tierras, nacidos y criados en relación con el agua, más de la mitad de nuestra vida a transcurrido en contacto con ella, la hemos visto en invierno y verano con sol y con nubes, aquí hemos aprendido a navegar, pescar, trabajar y aquí también hemos construido nuestros sueños y nuestros afectos.27

Conexa hay una estrategia del movimiento ambientalista local por incidir en las decisiones en la élite dirigente del departamento de Nariño y del municipio de Pasto. Estos últimos, en principio, legislan, lideran y gestionan28 recursos para estudios previos que impulsen el PMG en la búsqueda de una solución a la “escasez de agua que vive Pasto”. A la vez unida a la intención de la búsqueda de desarrollo energético para el Sur de país y la frontera con Ecuador, proyecto



éste que viene siendo impulsado por miembros de la sociedad económica y gestores del desarrollo.

Ya durante la administración de Antonio Navarro Wolf es importante destacar la “política de influencia” ejercida por miembros de la ONGA Ecovida:

En la época de Navarro yo fui… consejera de Planeación territorial y para serle sincera, le voy a comentar una expresión de Navarro, cuando yo le mostraba la inquietud nuestra, que nosotros teníamos frente al proyecto. Me decía: Yo le pongo una vela a Dios y otra vela al diablo, entonces yo le decía, Doc, Pero Doctor, usted tiene que estar de lado de la ciencia y del derecho, entonces eso científicamente y desde el punto de vista legal tiene muchísimos problemas. Me decía, no, Leonor espérate a los estudios, no te aceleres, no te adelantes, y, yo, le digo, yo, me la pasaba era peleándole a Navarro, y yo le peleé hasta el último momento, hasta el último momento. Porque, yo le decía, Doctor es que no entiendo, no entiendo, cómo usted pueda estar, con más favorabilidad para allá, que acá y, se dice, y yo me inclino pero es una cosa como de percepción, de que él empoderó mucho el proyecto, mucho, mucho, mucho. Porque a nosotros gente nos venía a decir, no es que, es que Navarro es el que tiene el proyecto así tan empoderado, nos venían a decir, y yo le decía, Navarro tú, me conoces, yo le peleé hasta el último momento. (Entrevista con Leonor Martínez, 2008)

Figura 9. Campesinos, carboneros y cortadores de leña, del corregimiento El Encano (Pasto). Elevando voz de protesta ante el Ministro de Ambiente, José Vicente Mogollón, por los impactos del PMG. (Diario del Sur, Pasto, 25 de Noviembre de 1996, p. 11a).

Llama la atención del aparte del relato, en primera instancia la frase: “Yo le pongo una vela a Dios y otra vela al diablo”, algo muy típico de los políticos, su ambivalencia, frente a las decisiones trascendentales. En segunda instancia es



de destacar la confianza que Navarro pone en los “estudios” que arroje el aparato científico-técnico, sobre el PMG, como certeza para su desarrollo. Al igual Luís Eduardo Sánchez miembro de ECOVIDA, comenta cómo Navarro “ha manifestado a los ambientalistas de la ciudad que está de acuerdo en que los estudios de impacto ambiental y social para el [PMG] sean de la más alta calidad científica y técnica” (Diario del Sur, Pasto, 19 de junio de 1995, p. 6A). Éste poner en manos de los técnicos y la ciencia, la última palabra, también implica riesgos, como se expresa en el siguiente argumento:

Como la altiva seguridad con la cual la ciencia como institución pública propone sus certezas no corresponde a la realidad de la investigación científica y a la conciencia de un número creciente de científicos. Los límites del conocimiento, el carácter hipotético de la investigación, el área desproporcionada de incertidumbre dentro de la cual se mueven las decisiones y las elecciones de los científicos, son elementos que deben entrar en el discurso público sobre la ciencia. Contribuyendo, de esta forma, a debilitar, si no a desmantelar, los fundamentos de aquella fe tecnológica que confía a la ciencia las esperanzas de salvación de las catástrofes que son una amenaza. (Melucci, 2002, p. 149)

Figura 10. Visita a las inmediaciones del Lago de la Cocha en la vereda Santa Teresa, Reserva Tunguragua (corregimiento del Encano, municipio de Pasto). Antonio Navarro Wolf, José Vicente Mogollón y Oscar Duque administrador de la Reserva. (Diario del Sur, Pasto, 26 de noviembre de 1996, p. 3a).

Por tanto, la ambivalencia de Navarro optaría más por decisiones óptimas de costo-beneficio, basadas en el paradigma de la ciencia, que en las democracias consensuadas, donde los gobernantes buscan enriquecer el debate con diferentes posiciones para llegar a decisiones más acertadas, y es allí donde los movimientos sociales ejercen influencia para que sus posiciones prevalezcan en la toma de decisiones29 .

En tercera instancia es de resaltar del relato, “no entiendo, no entiendo, cómo usted pueda estar con más favorabilidad para allá que acá”. Leonor imaginaba que por la trayectoria de Navarro podría estar más cercano a los intereses de los



ambientalistas y de las comunidades más desfavorecidas, como los habitantes campesinos del corregimiento del Encano. Esta faceta de Antonio Navarro de no escuchar y comprender los movimientos ambientalistas ya ha sido documentada en la Historia del Movimiento Ambiental:

En ese sentido nos acercamos al M-19, cuando se estaba desmilitarizando en Santo Domingo. Ellos querían estructurar su programa político, su planteamiento político, nos reunimos durante tres días con los directivos y no fue fácil convencerlos, creo que por el realismo político de Antonio Navarro. El que más comprendió la idea fue Carlos Pizarro, a Navarro lo que le interesaba era ganar las elecciones y él no veía allí ninguna plataforma para ganar las elecciones; sencillamente no quisieron adoptar la propuesta de un ideario ambiental como base de un movimiento político, ese intento fracaso. Después, cuando la constituyente, volví a intentarlo nuevamente con el M-19. Para ese entonces habíamos creado el MAYDA y estábamos iniciando el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Le enviamos una carta a Antonio Navarro proponiéndole la necesidad de organizar una constitución ambiental y que ellos fueran los abanderados; ni siquiera contestaron la carta. (Ángel, 1997, p. 56-57)

Si volvemos al final del segmento de relato de Leonor Martínez, se percibe un desencanto por el líder. No obstante, resulta que este desencanto por los líderes políticos es algo que cada vez más se percibe, en la ola democratizante de América Latina: “sean gobiernos de izquierda o de derecha siguen el mismo modelo de desarrollo, la única resistencia es de los pueblos” (Palacin, 2008). Si retornamos a Mellucci, este teórico ha documentado cómo los movimientos sociales contemporáneos están más allá de las izquierdas y las derechas, veamos:

Tradicionalmente, la “derecha” demostraba una orientación hacia el pasado, mientras que la “izquierda” demostraba una orientación hacia el futuro. Pero la aparición de los “movimientos” sociales contemporáneos ha dejado, sobre la conciencia colectiva, la impresión de que vivimos en una sociedad sin futuro, no sólo porque el futuro se ve amenazado por la posibilidad de una catástrofe mundial, sino porque el problema central de los sistemas complejos es el mantenimiento del equilibrio. El supuesto carácter “antimoderno” de los “movimientos” consiste, en efecto en su proclamación del fin del progreso lineal y en su afirmación del sentido de lucha por el presente, del cual depende también nuestro futuro. (Melucci, 2002, p. 168)

Se ejercieron influencias en otras instituciones regionales que comienzan a incidir en la decisión que debe tomar el Ministerio del Medio Ambiente –MMA– sobre la licencia ambiental a otorgar al PMG como las procuradurías regionales . “Antes de emitir la licencia ambiental al [PMG], se reconsidere dicho proyecto, considerando que en el año 2000 se declaró el Lago de la Cocha como humedal de importancia internacional”31 .

Al final de la puja, la licencia ambiental al PMG es negada por parte del MMA, veamos su pronunciamiento:

Declarar que ninguna de las alternativas presentadas por la sociedad Proyecto Multipropósito Guamués S.A. E.S.P. para el Proyecto Multipropósito Guamués 1 es viable; Contra la presente providencia procede recurso de reposición ante el Subdirector de Licencias Ambientales de este Ministerio. (Auto No. 067 del 17 de diciembre de 2001 del MMA, Artículo 1º y 5º, p. 14)



La sociedad PMG presentó recurso de reposición argumentando:

La Carencia y equilibrio y equidad en el tratamiento y sustentación del auto; la realización de una interpretación del convenio RAMSAR, parcializada y llena de inconsistencias; sustentar la negativa en afirmaciones erróneas y equivocadas. Referentes al manejo del embalse y su posible impacto negativo sobre el Santuario de Flora y Fauna de la Corota. (Auto No. 467 del 9 de mayo de 1992 del MMA, p. 3)

Figura 11. Laguna de la Cocha - Santuario de Flora y Fauna Isla La Corota. (Archivo personal de John de los Ríos).

Al respecto, el MMA, en la siguiente Providencia dispuso: Artículos 1º, 4º, respectivamente: “No reponer el Auto No. 967 del 17 de diciembre de 2001 proferido por la subdirección de licencias ambientales del MMA; contra la presente providencia no procede recurso alguno por cuanto con la misma se agota la vía gubernativa” (Auto No. 467 del 9 de mayo de 1992 del MMA, p. 28).

Sin embargo, luego de estos antecedentes en la negación de la licencia ambiental al PMG, la sociedad económica influye para que en la gobernación de Nariño de Parmenio Cuéllar se presente un recurso de revocatoria directa a la decisión de negativa de licencia al PMG que enuncia en su parte final lo siguiente:

Los beneficios ambientales a nuestro juicio, son mayores que los probables impactos negativos, razón por la cual solicitamos respetuosamente al Ministerio, se permita presentar la información ambiental [necesaria] para completar el Diagnóstico Ambiental de alternativas y sobre esta nueva información se tomen las determinaciones pertinentes, dándole valor al contexto del desarrollo regional, que está necesaria y lógicamente ligado a este proyecto.32

Al igual, también desde Ecovida se tocan las puertas del gobernador Parmenio Cuéllar en la búsqueda de influir en las decisiones de la sociedad política regional:



[…] con Parmenio Cuéllar, hice una vuelta, a él le habían presentado, pues la belleza, pues al igual que a todos. Y pues el doctor dijo que a él nunca nadie le había dicho que eso era así, que de lo contrario jamás hubiera apoyado eso. Y le mostré, en esas épocas salían unas revistas de Ecofondo […] creo que es en una de esas revistas estaba, algo del PMG que nosotros habíamos escrito, en una de las primeras, donde, no sé si es la carta a Samper, bueno algo, de todas maneras Parmenio dijo, ay bueno y quiénes son esos del Ecofondo, y quiénes escribieron esto y tal, y le empezó una duda bien grande, ¡uy!, sí eso fue buenísimo. (Entrevista con Leonor Martínez, 2008)

Hay otras organizaciones que también se ven movilizadas por la repercusión de este proceso a escribir al MMA como son los miembros del Cabildo Indígena, quienes manifiestan:

Queremos enfatizar que todos los Proyectos Nacionales y Regionales que puedan afectar a nuestras comunidades indígenas, deben ser consultados con nuestras autoridades tradicionales y en este orden cumplir la obligación constitucional y legal de respetar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.33

A la vez, los transportadores fluviales del Lago de la Cocha también hacen llegar sus querellas:

Con gran preocupación la empresa de transportadores fluviales del Putumayo Cootranspiñuña LTDA, con recorrido de Pto Asís, Piñuña Negro, Pto Ospina, Pto Leguizamo y el Encano [Nariño] y quienes transportamos mensualmente 4000 personas que tienen asentamiento en la cabecera del río Putumayo, solicitamos que este Ministerio se abstenga de expedir la licencia ambiental al Proyecto Multipropósito Guamués.34

Esta demanda específica de los transportadores es mencionada e incluida en los autos No. 067 del 17 de diciembre de 2001 y 467 del 9 de mayo de 2002, por tanto su petición directa es tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones de la negativa de licencia ambiental por parte del MMA al PMG.

Como hemos visto, la “política de influencia” del movimiento ambientalista de Pasto coloniza a la política local, regional y nacional en la búsqueda de su propósito de deslegitimar el PMG y de hacer que sus intereses prevalezcan en el espacio de la opinión pública. Primero a través del cruce de cartas con la administración Samper y el mensaje directo a su ministro de Medio Ambiente, el cual fue permeado por el movimiento; luego a las administraciones regionales para que ejercieran presión sobre Corponariño en aras de que asumiera su papel como autoridad ambiental frente al PMG; en lo local sobre el alcalde de Pasto, Antonio Navarro Wolf de la izquierda colombiana, respecto a este líder se demostró una vez más su falta de escucha o el interés por los requerimientos de los movimientos ambientalistas. Al igual en la consecución de esta investigación fue imposible conseguir las impresiones de Antonio Navarro, al igual que las del senador Parmenio Cuéllar del mismo partido político de la izquierda colombiana. “Aunque los movimientos verdes tienden frecuentemente a situarse en la izquierda, no existe ninguna afinidad evidente entre el ecologismo radical y el pensamiento de izquierda” (Giddens, 1996, p. 207).



Figura 12. El Puerto, corregimiento del Encano (Pasto). (Diario del Sur, Pasto, 22 de abril de 1998, p. 6a).

El movimiento ambientalista local extendió sus redes a los transportadores fluviales, al recientemente fundado Cabildo Indígena del corregimiento del Encano, a las procuradurías regionales quienes también se pronunciaron ante el MMA.

A pesar de la distancia que existe entre Pasto y Bogotá capital Colombiana, donde se ubica la instancia del MMA, quien tomó la decisión sobre el PMG, el movimiento ambientalista local de Pasto mantuvo un comunicación fluida con dicho Ministerio y colonizó este espacio a su favor haciéndolo su aliado y moviéndolo a favor de sus intereses como la declaración del Lago de la Cocha como humedal Ramsar en el 2000 y en la reiterada negación de la licencia ambiental al PMG. Se evidencia que: “No obstante, la política de la influencia es el recurso por excelencia de los que carecen relativamente de poder, de los que se encuentran fuera de la política y de los que no tienen fuerza económica” (Cohen & Arato, 2000, p. 569).

Red en defensa de la Cocha

La Fundación Ecovida y la Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC– son las principales ONGA de Pasto que gestaron el proceso de movilización en defensa del Lago de la Cocha. Ecovida, una ONGA integrada por profesionales, surge de cuatro fuerzas principalmente: la primera, impregnada a partir del liderazgo de su fundadora y directora, Leonor Martínez; la segunda, a partir de la fundación de los grupos ecológicos en la UDENAR; la tercera, en razón de enlaces con el movimiento ambiental nacional en construcción; y la cuarta, de los contactos de líderes de grupos de la izquierda de Pasto.



La ADC surge del encuentro de profesionales de Pasto y campesinos del Lago de la Cocha, más adelante obtiene ayuda de organismos de cooperación internacional y es colonizada por miembros del movimiento ambientalista nacional en construcción que transversalizan la temática ambiental en sus quehaceres.

Podemos evidenciar entonces en los integrantes de estas ONGA movilizadas por la temática ambientalista, su naturaleza plural, que se puede sintetizar a través de la descripción que Melucci retoma de Offe, veamos:

Su base social está localizada en tres sectores de la estructura social: 1) La “nueva clase media” o “clase de capital humano”, es decir […], las profesiones de servicios humanos y/o sector público (en especial, educación y asistencia), y quienes mantienen altos grados educativos y disfrutan de una relativa seguridad económica; 2) quienes ocupan una posición marginal respecto al mercado de trabajo (por ejemplo estudiantes, juventud desempleada […]) y 3) elementos independientes de la “vieja clase media” (artesanos y granjeros, especialmente en las movilizaciones regionales y ambientales) […] El grupo central de activistas y seguidores se encuentra en el primer grupo. (Offe, 1985 citado en Melucci, 2002, p. 71-72)

El encuentro de Ecovida y la ADC permite la extensión de sus redes generando solidaridad, que es parte de la “política de identidad” que despliegan los movimientos sociales. Las redes de Ecovida suman a la lucha en defensa del Lago del Cocha a estudiantes de la UDENAR, a la comunidad científica local y nacional, al Cabildo Indígena y a miembros de las autoridades locales, regionales y nacionales. Por su parte la ADC adhiere a la red, a la WWF, la Red de Reservas de la Sociedad Civil, Parques Nacionales, el Ministerio del Medio Ambiente. Se corrobora, entonces la noción de “campo ético político” en el análisis de los movimientos sociales contemporáneos:

En análisis recientes de acciones colectivas de movimientos sociales, tal noción ha sido vinculada con la emergencia de “redes” de movimientos sociales, con el fin de indicar la construcción colectiva que resulta de esta articulación de movimientos sociales de diferentes tipos con otros sectores y organizaciones, como partidos políticos, organizaciones de izquierda, la Iglesia católica, grupos científicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), gremios, etc. (Dagnino, 2001, p. 70)

Al extender estas redes las ONGA buscan influir en la opinión pública para que sus demandas sean tenidas en cuenta. En este caso particular, fue a través del conocimiento experto como el movimiento ambientalista de Pasto, logró en primera instancia decretar al Lago de la Cocha como humedal Ramsar durante el periodo en el Ministerio del Ambiente de Juan Mayr Maldonado en el año 2000. El trabajo mancomunado de las redes (UDENAR, Parques Nacionales, Ecovida, ADC, WWF, Asdes, MMA, Corponariño) en el llenado de las ficha Ramsar y de una consulta previa a sus pobladores que se hizo soterradamente para evitar que la sociedad económica PMG se percatara de esta estrategia de los movilizados. Para este caso se prueba lo enunciado por Habermas (1998), el conocimiento experto se conectó retroalimentativamente con la formación democrática de la opinión, poniéndose a favor de los ciudadanos.



Figura 13. Red del movimiento en defensa del Lago de la Cocha Con este triunfo de decretar a la Cocha humedal Ramsar, las diferentes organizaciones de la red continúan su “política de influencia” con más argumentos, ejerciendo persuasión y presión sobre diferentes partidos políticos, instituciones gubernamentales locales, regionales y del orden nacional especialmente del Ministerio del Medio Ambiente pregonando la inconveniencia de la licencia ambiental al PMG.

El departamento de Nariño en Colombia ha tenido una presencia fuerte de movimientos políticos de izquierda que accedieron democráticamente al poder y que alimentaron el recientemente creado partido Polo Democrático Alternativo. Los movimientos ambientalistas cifraron las esperanzas en que con el acceso democrático de estos grupos alternativos al poder sus demandas tendrían más receptividad, sin embargo, no fue así y dos de los líderes connotados de la región de Nariño que estuvieron en el poder se les percibió desde la mirada del movimiento ambientalista local como favorecedores e impulsores del PMG.

No obstante, hemos visto cómo los movimientos ambientalistas están más allá de izquierdas y derechas. Es por esto que para el caso de la resistencia al PMG la estrategia de la “política de influencia” fue igual para todos los matices políticos logrando, a través de la fuerza de las ideas argumentadas y sopesadas por el conocimiento experto, persuadir y colonizar a estos sectores en aras de obtener una negativa en el licenciamiento del PMG.

Toda esta movilización permitió que el Ministerio del Medio Ambiente negara la licencia ambiental al PMG según Auto No. 067 del 17 de diciembre de 2001, en dicho auto incluyó muchos de los temas debatidos en el Foro Científico, en los encuentros “Disoñadores” y en las exigencias sectoriales de organizaciones de la Red. Se constata una vez más con este estudio, de los movimientos



ambientalistas en Colombia, algo que se ha evidenciado en otros países del mundo: “los ecologistas han recurrido al Estado para que ejerza presión sobre los actores económicos que saquean el ambiente” (Cohen & Arato, 2000, p. 585).

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OTRAS FUENTES

Entrevistas

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Periódicos

Ayer en pasto Samper anunció apoyo al PMG. (1993, Nov. 13). Diario del Sur, p. 1 y 3a.

Desde Planeación Nacional apoyo para la generación de energía desde la Cocha. (1992, Ago. 13). Diario del Sur, p. 1.

Duque López, Octavio. (1996, Mar. 4). La Cocha, un humedal amenazado. Diario del Sur, p. 12a.



Gobierno Respalda el proyecto del Guamués. (1996, Nov. 26). Diario del Sur, p. 12a.

Encuentro del Futuro en la Cocha. (1996, Jul. 15). Diario del Sur, p. 1 y 11a.

Píldoras Ambientales. (1995, Jun. 19). Diario del Sur, p. 6a. Prendió Motores PMG. (1994, Jun. 22). Diario del Sur, p. 6a. Provisorio Porvenir con el Multipropósito Guamués. (1996, Oct. 12). Diario

del Sur, p. 2a. Proyecto Multipropósito Guamués Comunidad Clave en el Diagnóstico.

(1996, Nov. 26). Diario del Sur, p. 12a. $1230 millones para Plan Proyecto Multipropósito. (1996, Nov. 11). Diario

del Sur, p. 1 y 9a.

Fotografías

Archivo personal Jhon de los Ríos. Ariel Edmundo Tarazona Pedraza. Imágenes del Foro Científico. Periódico Diario del Sur.

1. Estudio cualitativo en el marco de la tesis de Maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, titulada: “Lo Cultural y lo Político del Movimiento Ambientalista Colombiano a partir de 1990”.

2. Sociólogo, Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, integrante de la Línea de Investigación de Historia Ambiental de América Latina, que pertenece al grupo de Historia, Ambiente y Política de la Universidad Nacional de Colombia.

3. Octavio Duque López realizó estudios de filosofía y economía, fue cofundador de la ADC con su esposa Irma Quevedo. Actualmente, los esposos viven exiliados en Canadá, y fue imposible obtener su versión de esta movilización.

4. Convención Relativa a los Humedales de importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, Irán, 2/2/1971. En Colombia se ratifica en el año 1997 como un instrumento de enorme importancia en la defensa de estos ecosistemas.

5. Leonor Martínez, Licenciada en Biología y Química, especialista en Ecología y Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural. Profesora desde hace aprox. 30 años de la Universidad de Nariño –UNDENAR–, es a la vez fundadora y directora de la Organización no Gubernamental ambientalista Ecovida.

6. Eusberto Jojoa Pardo, campesino enamorado y defensor del Lago de la Cocha y cofundador de la ADC, quien murió asesinado en enero de 2000 por grupos armados en inmediaciones del Lago de la Cocha.

7. En abril de 1992 se realizó la Asamblea General Ordinaria, en el municipio de Chachagüí, en Nariño, con el propósito de constituir formalmente la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, donde se contó con la participación de 50 personas de 37 Reservas Naturales de todo el país. [Fuente: http://www.resnatut.opg.co/Quienes-somos/historia (última consulta noviembre de 2008)].

8. Concepción Matabanchoy es una líder campesina, que fue “Mujer Cafam 2007”, y heredó de su madre, doña Bertha Palacios (una de las pioneras de la Red de Reservas de la Sociedad Civil en la Cocha), el interés familiar por el cuidado de los bosques.



9. Eybar Insuasty Alvarado, es profesional en Derecho, coordinador del área Gestión para el bien vivir local o área política de la ADC.

10. El arribó de Marie France Labrecque al departamento de Nariño es hacia 1988, con el fin de evaluar para la SDID los fondos entregados a los proyectos alternativos de producción campesina. En 1989 ya se concentra en investigación a través de la beca del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Canadá y el Fondo FCAR del Ministerio de Educación Superior con la investigación titulada: “Desarrollo rural campesinado e integración de las mujeres al desarrollo: los casos de los departamentos de Nariño y Santander”. El primer departamento fue asumido por su equipo de investigación, teniendo como auxiliar principal a José López Arellano, dando informes hacia 1993; entre uno de los resultados de esta investigación permitió que el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, financiará un nuevo proyecto donde los campesinos se preparaban en pesquisas propias de las ciencias sociales, allí ya tomó el tinte de Investigación Acción Participación, controlada específicamente por miembros de las comunidades donde se trabaja.

11. "Para apropiarnos más de nuestro entorno usamos la minga investigativa como manera de acercarnos a la naturaleza para conocerla mejor y comprender lo que en ella sucede a partir de nuestra intervención en ella (entendimiento, afecto, identidad, creatividad). Algunas de las investigaciones: macrofauna del suelo, inventario de orquídeas, caracterización de la vegetación arbórea, propagación de clusia multiflora, anuros en áreas de conservación, comunidades aviarias en los páramos, distribución de espeletia cochensis, entre otras” (documento encontrado en los archivos de ADC, titulado: “Pasto un municipio entre la sed y el agua”, de Octavio Duque López y Jaime Castro Matabanchoy, 1999).

12. “Identificar nuestras necesidades Fundamentales buscamos nuestros propios satisfactores, uno de ellos la protección de nuestro entorno natural, fue objeto de atención especial para nosotros; este satisfactor de nuestras necesidades básicas se concretizó en convertir nuestros predios en Reservas Naturales (áreas protegidas, que incluyen ecosistemas naturales, zonas productivas, zonas sociales y la familia misma); acogimos la iniciativa 52 familias que hoy protegemos los fragmentos de ecosistemas naturales, el agua y los suelos, en nuestras reservas (Satisfactor Sinérgico); en la Red José Gabriel protegemos 3000 hectáreas, 8% del área de la cuenca alta del Guamués” (Documento encontrado en los archivos de ADC, titulado: “Pasto un municipio entre la sed y el agua”, de Octavio Duque López y Jaime Castro Matabanchoy, 1999).

13. La sociedad PMG, o empresa de Servicios Públicos, surge como una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado de Nariño. Según datos del ingeniero Francisco Arévalo, Gerente del PMG y promotor del mismo en aquel momento, aseguró haber invertido un capital privado de 150 millones de pesos en la sociedad PMG, que se entregaron a la empresa que hizo los primeros estudios de prefactibilidad (Video-Memorias del Foro Científico, UDENAR, 28 de noviembre de 1998, San Juan de Pasto). Por entrevista con el Sacerdote Rafael Villota (2008) miembro de la orden Jesuita, en San Juan de Pasto, aseveró cómo: las gestiones del padre Daniel Guerrero (miembro de esta misma orden), fallecido, y quien se destacó como férreo impulsor del PMG, llevaron a vincular algunos capitales de las instituciones educativas de la congregación Jesuita especialmente de Cali, en la sociedad PMG. Al igual en entrevista con Jesús Cabrera (2008), planificador del Desarrollo y miembro de la sociedad PMG en San Juan de Pasto, dijo haber invertido dineros personales en dicha sociedad que se vieron en riesgo. A la vez el padre Daniel Guerrero bajo una sugestiva campaña en los medios de



comunicación persuadió a las administraciones de municipios de Nariño a invertir acciones en la sociedad PMG.

14. En carta del 19 de noviembre de 1996 dirigida al Gerente del PMG y al MMA por parte del Comité Ejecutivo Sindepeagronar Fensuagro - CUT seccional Nariño Colombia, en su punto inicial aduce que debido al elevado precio de las tarifas de energía en el departamento de Nariño, “le suplicamos señor ministro la necesidad de adelantar y dar vía lo más rápido posible a la empresa PMG”. Al igual se anexa a esta carta, un acta de reunión del 15 de septiembre de 1996 de este mismo sindicato, que en su punto 14 menciona: “Rechazo a los falsos representantes ante el Consejo de Corponariño como son las organizaciones ADC y otras” (expediente No. 509 de licencias ambientales del MAVDT, folios: 162, 163, 164, 165). Lo que hace falta comprender de esta fisura entre organizaciones es si ella se origina en una colonización de la sociedad económica PMG hacia la sociedad civil para tratar de escindir la lucha. Hay que recordar que la sociedad PMG como estrategia para ganar base social, adelantó proyectos productivos, en las veredas aledañas a la Cocha (al respecto de esto último, ver Diario el Sur, San Juan de Pasto, 12 de octubre de 1996, p. 2a).

15. Yonny Mosquera en aquel momento era estudiante participe del Grupo “Amigos de la Cocha”, hoy ya se graduó como profesional en Geografía, aficionado a la producción de video y continúa como activista de causas ambientales.

16. De este evento se debe destacar la participación de los Drs. Luís Eduardo Mora Osejo premio Nacional de la Ciencia y Presidente ACCCEFN, Tomas Vander Hammen científico Holandés de la Universidad de Amsterdam y residente en Colombia en ese entonces. A nivel local presentaron sus ponencias relacionadas con el PMG las investigadoras: María Elena Solarte y Marta Sofía González, quienes en ese mismo año lograron el premio Nacional que otorga la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas A.C.C.B. por su investigación sobre la Espeletia cochensis (variedad de frailejón), como especie endémica que desaparecería en el supuesto caso de hacerse el PMG. También participó el Dr. Edgar Abraham Cabrera del Dpto. de física y el estudiante Yonny Mosquera del Departamento de Geografía y del Grupo Ecológico “Amigos de la Cocha”. Este último calculó las áreas de inundación del PMG (fuente: documento del archivo de Ecovida, titulado: “El PMG, estado actual y problemas que generaría”).

17. Por referencia del Diario el Sur de pasto del 15 de julio de 1996, en la página primera y 11a, se comenta del “Encuentro del Futuro en la Cocha” para el 22 y 25 de julio de 1996. El lanzamiento del encuentro se hizo en el auditorio Planetario Distrital de Bogotá el 12 de julio de 1996; y en rueda de prensa se dio a conocer el propósito del certamen, allí se menciona que harán presencia el grupo de niños, Herederos del Planeta, que fueron galardonados con el premio Global 500 de medio ambiente de las Naciones Unidas, además entre otros, Gloria Cuartas alcaldesa de Apartadó, y el alcalde de Pasto Antonio Navarro Wolf, el siquiatra Luís Carlos Restrepo y la antropóloga de la Universidad Laval de Québec, Marie France Labrecque.

18. Octavio Duque, Mario Calderón, Augusto Ángel, Gustavo Wilches Chaux, León Octavio Osorno.

19. En el año de 1993 se da como un nuevo proceso en Colombia de la WWF, que ellos denominan la consolidación de una oficina de programa (http://www.wwf.org.co/co/about_us/) y que la prensa Colombiana registra como: “La prestigiosa organización ambientalista internacional Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) comenzó a funcionar este año en Colombia. La WWF cuyo logo el Oso Panda es famoso en los cinco



continentes, montó su base de operaciones colombiana en la ciudad de Cali, apoyada por la Fundación FES” (Vanguardia Liberal, 18 de mayo de 1994, p. Ola Verde).

20. Documento de la WWF hallado en el archivo de la ADC sobre reunión realizada el 17 de julio de 1997 entre Fabio Londoño de Asdes y Mary Lou Higgins, Susana Pimiento de la WWF, en referencia al Proyecto Multipropósito Guamués.

21. Ana María Fuentes es Ingeniera Agrónoma, quien laboró en la ADC desde 1999 en el área de Soberanía Alimentaría y Conservación de la Biodiversidad y fue directora de ADC entre 2003-2004, hoy se desempeña como funcionaria de Parques Nacionales en Bogotá D.C.

22. Apartes de la carta enviada al presidente Ernesto Samper Pizano el 10 de Octubre de 1994, firmada por 11 ONGA afiliadas a la Regional 7 de Ecofondo, la Parroquia del Encano (Diócesis de Pasto), Juntas de Acción Comunal de la Cocha, la Asociación de mujeres, el Mercado comentario Campesino, el Restaurante Viracocha, y 19 firmas más de particulares (Archivo Ecovida, San Juan de Pasto).

23. Antonio Navarro Wolf se posesionó como alcalde de Pasto en 1995 y hubo muchas cercanías entre la administración central y la local; en el tema anecdótico hay que recordar cómo Samper Pizano fue padrino de matrimonio de Navarro Wolf.

24. Reiteradamente se menciona la incidencia de Corponariño como interesada en la participación y ejecución del PMG, y además competía con otras entidades locales y nacionales por formar parte como inversionista del proyecto, lo que trajo colisiones interinstitucionales (ver al respecto: Diario del Sur, San Juan de pasto, 13 de agosto de 1992, p. primera; 22 de junio de 1994, p. 6a local; 11 de noviembre de 1996, p. primera y 9a).

25. En carta de noviembre 24 de 1996 respaldada por 68 firmas de los ambientalistas de Pasto le comentan a José Vicente Mogollón, Ministro del Medio Ambiente, sus molestias por el apoyo de varias instituciones al PMG. En el punto tercero de la misma comentan: “Por otro lado, mientras la Ley 99 exige que se escuche a las comunidades, y que se explique los impactos ambientales y sociales, nuestras instituciones ambientales, municipal, departamental y Corponariño en particular que deberían estar en la defensa de la Cocha son la impulsoras de este proyecto, y jamás han procurado cumplir con su misión de enseñarle a los campesinos sobre la gravedad de la situación ni en mejorar la calidad de vida de ellos” (Archivo de licencias ambientales del MAVDT, folio 149, Expediente 509).

26. Carta fechada del 20 de octubre de 1994 en San Juan de Pasto, dirigida a Ana Victoria Apraez, Directora ejecutiva de Corponariño, firmada por el gobernador de Nariño, Álvaro Zarama Medina y el alcalde de Pasto Eduardo Romo Rosero (Expediente 509 de licencias ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, carpeta 1, folio 1).

27. Apartes de la carta dirigida a Eduardo Verano de La Rosa el 20 de marzo de 1997 y firmada por Concepción Matabanchoy de la Organización Comunitaria para el Desarrollo –OCD– (Expediente 509 de licencias ambientales del MAVDT, carpeta 1, folio 166).

28. El Concejo Municipal de Pasto en el Acuerdo No. 152 del 13 de octubre de 1994 en su Artículo 1, le autoriza al alcalde municipal para tramitar recursos de financiación con FONADE por la suma de 15’000.000; Artículo 2, los recursos de financiación se destinarán para contratar la consultoría para los estudios del proyecto PMG. El Contrato de consultoría No. 671 de 1994 celebrado entre el departamento de Nariño y la sociedad “Hídrica Ltda.”, firmado por Fabio Calvache Santander, gobernador y Francisco



Arévalo Castellanos el contratista (Expediente de licencias del MAVDT No. 509, carpeta 1, folios 57, 58, 59, 60, 64).

29. Martínez Alier (2004) al respecto comenta: “En las democracias, a los políticos del pasado reciente les gustaba basar sus decisiones en la ciencia confiable, y escoger de manera racional la opción óptima. No las grandes represas a cualquier costo pero sí las grandes represas después del análisis costo-beneficio con todas las externalidades incluidas. A veces frente a las incertidumbres y las urgencias, los Estados ahora se están distanciando de una estrategia de legitimación de la toma de decisiones en la cual la ciencia servía a la política, hacia otra estrategia diferente, una llamada hacia la gobernanza o gobernabilidad, definida, como la capacidad de aprovechar una amplia gama de opiniones de expertos y sectores afectados, para que las decisiones sean mejor informadas y descansen sobre una base amplia de consenso. En vez de soluciones óptimas, aceptemos soluciones acordadas. Los lenguajes de valoración son más diversos. El Estado se vuelve más permeable” (p. 256).

30. Se registran dos cartas de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo dirigidas al MMA, del 28 de mayo y del 9 de septiembre de 1998, respectivamente, solicitando información específica por las gestiones del PMG (Expediente de licencias No. 509 del MAVDT, carpeta 1, folios 192, 193).

31. Carta de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo del 6 de febrero de 2001 dirigida al MMA (Expediente de licencias No. 509 del MAVDT, carpeta 2, folio 225).

32. Carta dirigida a la Ministra del MMA, Cecilia Rodríguez, del 11 de septiembre de 2002, firmada por la gerente del PMG, Leonor Moreno Mesías, el Gobernador de Nariño, Parmenio Cuéllar y el alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado S. (Expediente 509 del MAVDT, folios 459-460).

33. Carta dirigida al Ministro del Medio Ambiente Juan Mayr Maldonado el 21 de julio de 2001, por Segundo Benavides Mavisoy (asesinado) Gobernador del Resguardo Indígena Quillasinga “Refugio del Sol” (Expediente de licencias ambientales No. 509 del MAVDT).

34. Carta dirigida al Ministro del Medio Ambiente el 15 de abril de 1991 por parte de Luís Jorge Salazar, gerente de Cootranspiñuña LTDA. (Expediente de licencias ambientales No. 509 del MAVDT).



"PRAEIZAR” EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: UNA ALTERNATIVA PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

LUZ ELENA SEPÚLVEDA GALLEGO1 [email protected]

Manizales, 2009-12-06 (Rev. 2010-05-26).

RESUMEN

Con base en los resultados de la investigación titulada “La educación ambiental en Manizales. Antecedentes y perspectivas” y en la normativa educativa nacional vigente, se presenta la fundamentación y el desarrollo específico de la propuesta relacionada con incluir los elementos característicos del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), bajo la denominación de ‘praeización’ del PEI.

PALABRAS CLAVE:

Proyecto Ambiental Escolar, Proyecto Educativo Institucional, educación ambiental.

“PRAEZATION” OF THE INSTITUTIONAL EDUCATIONAL PROJECT: AN ALTERNATIVE FOR THE INCLUSION OF THE ENVIRONMENTAL

DIMENSION IN PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL

ABSTRACT

Based on the results of the research entitled “Environmental education in Manizales. History and perspectives” and on the current national educational norm, the fundaments and the specific development of the proposal related to the inclusion of the characteristic elements of the Environmental School Project (PRAE by its initials in Spanish) in the Institutional Educational Project (PEI by its initial in Spanish) are presented.

KEY WORDS

Environmental School Project, Institutional Educational Project, environmental education.

ANTECEDENTES Y NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

En el Primer Congreso Forestal de Colombia, realizado en 1945, se hicieron algunas recomendaciones sobre el tema de la educación ambiental en aspectos relacionados con la educación del campesinado sobre la importancia del árbol en la vida del hombre, así como el fomento de campañas de reforestación en las escuelas rurales y vocacionales.



Con la creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales en 1968 se institucionalizó la educación ambiental al definirle como funciones la realización de actividades de información, entrenamiento y divulgación sobre conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables y de conservación del medio ambiente, además de cooperar con otras instituciones en la coordinación y control de la ejecución de la política ambiental.

Posteriormente, mediante el Decreto 1040 de 1973 se creó el Consejo Nacional de Población y Medio Ambiente como organismo asesor del gobierno nacional en asuntos de población, recursos naturales y medio ambiente; algunas de las funciones que se le encomendaron fueron: a) elaborar y proponer políticas y medidas en materia de población y formación y utilización de los recursos humanos del país; b) fomentar la formación de profesionales y científicos en los campos relativos a población, recursos naturales y medio ambiente en todos los campos de la educación y la investigación; c) promover y recomendar en los distintos niveles de la educación, actividades docentes que permitan a los miembros de la sociedad adquirir y practicar los conocimientos sobre los aspectos poblacionales, de recursos naturales y del medio ambiente; y d) promover y recomendar alguna técnica y financiación a entidades o personas públicas o privadas para desarrollar programas investigativos, docentes y de servicio en los asuntos de población, recursos naturales y medio ambiente.

Una vez realizada la Conferencia de Estocolmo, Colombia respondió rápidamente a ella; lo hizo a través de la expedición de la primera ley marco ambiental del país, la Ley 23 de 1973 y el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). Este Código tiene como objeto: a) la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo permanente de estos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional; b) prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales; y c) regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública respecto del ambiente y los recursos naturales. Con este Código se creó el servicio nacional ambiental obligatorio y se reglamentó la acción educativa ambiental mediante la inclusión de cursos sobre ecología en educación secundaria y universitaria, el fomento de estudios ambientales interdisciplinarios, la realización de unidades ambientales con participación de la comunidad y de campañas de educación popular en los sectores urbano y rural, y el uso de los medios de comunicación social (radio y televisión) para la emisión de programas educativos y de divulgación sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y manejar bien los recursos naturales.

En 1978 se creó la Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del Ambiente –Decreto 2811 de 1974– para que, en coordinación con el Ministerio de Educación, incluyera lo correspondiente a ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables, en la programación curricular para los niveles de básica primaria y secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación no formal y educación para adultos.

En 1979 se presenta al Congreso de la República el proyecto de ley para la reglamentación del código sanitario (Ley 9 de 1979) que consiste en una reflexión sobre la salud como un derecho público pero relacionado directamente con el entorno.



Constitución Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea con gran claridad la protección del medio ambiente; define como norma constitucional la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación (art. 8) y determina que el Estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud y de saneamiento ambiental bajo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (art. 49).

En cuanto al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales se considera la realización de campañas educativas tendientes a que las tecnologías que se investiguen para mejorar la productividad no alteren el equilibrio ecológico (art. 65).

La Constitución exige que la ley garantice la participación de la comunidad en todas las decisiones que puedan afectar el medio ambiente, en el marco del derecho a gozar de un ambiente sano; el Estado también tiene el compromiso de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (art. 79).

En el artículo 80, la Constitución exige que el Estado planifique el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenido, su conservación, restauración o sustitución; así mismo, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

En cuanto a la protección de la integridad del espacio público, la Constitución determina que ésta será garantizada por el Estado para que el mismo se dedique al uso común prevaleciendo sobre el interés particular. En el artículo 88 se define que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre otros, del patrimonio, del espacio, de la seguridad, de la moral administrativa y del ambiente.

Uno de los deberes y obligaciones del ciudadano, definidos en el artículo 95, es el de “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. Se considera allí que este deber, que tiene que fomentarse desde la educación preescolar a través de una intensa campaña educativa ecológica, será la base de una actitud consciente para que el ciudadano colombiano respete y haga respetar el derecho a un ambiente sano.

El artículo 366 establece: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objeto fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable". Respecto a la educación, en la Constitución se determina que ésta es:

Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y



que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. (art. 67)

Según la Constitución, son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) el goce de un ambiente sano, del espacio público y la utilización de los bienes de uso público; b) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; c) el acceso de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a su adecuado aprovisionamiento, información y protección; d) el patrimonio público y cultural de la nación; la seguridad y la salubridad públicas; e) la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares; y f) la moralidad administrativa y la prevención de cualquier práctica corrupta de los servidores públicos.

Ley 99 de 1993

Por medio de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, y se dictan otras disposiciones.

En el Título I se exponen los fundamentos de la política ambiental colombiana y se enuncian como principios generales ambientales:

a) El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará bajo criterios de desarrollo sostenible; b) la biodiversidad, patrimonio nacional y de interés para la humanidad, será objeto de protección prioritaria y de manejo sostenible; c) las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; d) los recursos hídricos serán objeto de protección especial y de prioridad humana en su consumo; e) los resultados de la investigación científica se tendrán en cuenta para la formulación de las políticas ambientales, sin embargo, el principio de precaución permitirá adoptar medidas eficaces frente a los daños graves e irreversibles, aunque no exista certeza científica absoluta; f) el Estado promoverá el uso de instrumentos económicos para la preservación, corrección y restauración ambiental; g) la prevención de desastres es de interés colectivo y de obligatorio cumplimiento; h) el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido; i) la acción para la protección y recuperación ambientales será tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El manejo ambiental será entonces descentralizado, democrático y participativo; j) los estudios de impacto ambiental serán instrumento básico en la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y realización de actividades; y k) para el manejo ambiental del país se establece el Sistema Nacional Ambiental y se estructurarán las instituciones ambientales del país bajo criterios de manejo integral y en interrelación con la planificación de los procesos sociales, económicos y físicos. (art. 1)

En esta Ley se considera que desarrollo sostenible es aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.



Una de las funciones del Ministerio es:

adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional [MEN], a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho Ministerio programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio ambiental. (art. 5)

En el artículo 31 se definen las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre ellas: a) promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; b) asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional; c) implantar y operar el sistema de información ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

El artículo 102 define que:

Un veinte por ciento (20%) de los bachilleres seleccionados para prestar el Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta ley. El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las siguientes funciones: a) educación ambiental; (b) organización comunitaria para la gestión ambiental; (c) prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

En el Título X se definen los modos y procedimientos de participación ciudadana, se plantea la necesidad de dar a conocer las decisiones sobre medio ambiente y se determina la posibilidad de realizar audiencias públicas ambientales y de ejercer el derecho de petición de información sobre asuntos ambientales.

Ley 115 de 1994

La Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación, contiene las normas que regulan el servicio educativo y “se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público” (art. 1); como tal, considera que la educación es “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (art. 1).

Teniendo en cuenta que la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) considera que el ambiente es “un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre” (MEN & MMA, 2004, p. 18), podría decirse que de los fines de la educación contemplados en la Ley 115 de 1994 los más relacionados con asuntos educativo ambientales son los siguientes:



… 2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación […] 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones. 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación […] 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. (art. 5)

Como se evidencia, la transcripción abarca casi todos los fines de la educación pues de una u otra forma se relacionan con la permanente e intrínseca interacción entre el ambiente natural y el humano (en palabras de la Política Nacional de Educación Ambiental). No obstante, en términos generales, la comunidad educativa2 sólo ha percibido como fin de la educación relacionado con el tema educativo ambiental aquel que menciona explícitamente los asuntos ambientales y que reza: “10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación” (art. 5). Tanto se centran las actividades educativo ambientales en este fin que, como tal, éste se constituye en uno de los aspectos considerados para la emisión del Decreto 1743 que reglamenta el Proyecto Ambiental Escolar.

Otros elementos, como por ejemplo los objetivos comunes de todos los niveles de educación, también se relacionan integralmente con los asuntos educativo- ambientales. Veamos:

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad […]; e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional […]; h) Fomentar el interés y el respecto por la identidad cultural de los grupos étnicos. (art. 13)



Sucede lo mismo con el apartado referido a la enseñanza obligatoria pues las leyes relacionadas con ella determinan que en todos los niveles de educación se debe cumplir, entre otros, con el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, la cual será materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica (Ley 1029 de 2006); la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales (Ley 115 de 1994); y la educación para la justicia, la paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos (Ley 1013/06, art. 2). La mención del término urbanidad obliga a referir su definición, la cual se presenta explícitamente en la Ley 1013 de 2006 cuando refiere que por urbanidad se entienden “todas aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tienen como fin mejorar la convivencia social” (art. 3).

En el nivel de educación básica se consideran como áreas obligatorias y fundamentales las ciencias naturales y la educación ambiental y la educación ética y en valores humanos. En el artículo 14 se aclara que el estudio de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales no exige asignatura específica pues “esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios”.

En el artículo 204 de la Ley 115 de 1994 se afirma que “El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad”, y se define como educación en el ambiente “aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos”. En este mismo sentido, se considera que los objetivos de la educación en el ambiente son:

a. Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad; b. Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad; y c. Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos. (art. 204)

Decreto 1860 de 1994

El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, modificado por los Decretos 230 de febrero de 2002 y 3055 de diciembre de 2002, reglamenta parcialmente la Ley General de Educación, específicamente en lo relacionado con los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

Esta norma parte de definir al educando como centro del proceso educativo y de responsabilizar al Estado, la sociedad y la familia del cumplimiento de la educación obligatoria de los colombianos que consiste en un mínimo de un año de educación preescolar y nueve años de educación básica.

En lo referente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) el Decreto define que:

todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (art. 14)



Para ello se considera que, como mínimo, el Proyecto debe contener:

a) los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución; b) el análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes; c) los objetivos generales del proyecto; d) la estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos; e) la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando; f) las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos; g) el reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes; h) los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar; i) el sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula; j) los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias; k) la evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto; l) las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y regionales; m) los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión; y n) los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. (art. 14)

La norma deja claro que “cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento” (art. 15). La adopción del PEI debe hacerse de manera participativa y de tal forma que involucre la comunidad educativa. El proceso definido por el Decreto incluye: la formulación y deliberación, la adopción, la realización de modificaciones, la agenda del proceso y el plan operativo (art. 15).

Con base en lo definido en la Ley General de Educación, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un reglamento o manual de convivencia con la definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En el Decreto se determina que al menos debe contemplar, entre otros: a) reglas de higiene personal y de salud pública; b) criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo; c) pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar; d) normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto; e) procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten; f) pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia; g) reglas para la elección de representantes ante las diferentes instancias; y h) funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento (art. 17).

El Decreto también define los órganos de participación y las funciones de los mismos en el marco del gobierno escolar, incluida la elección del personero de los estudiantes, el consejo de estudiantes y el consejo de padres de familia.



El Decreto recuerda la obligatoriedad de incluir las áreas fundamentales consignadas en la Ley General de Educación y prevé la posibilidad de la inclusión de otras áreas o asignaturas que se requieran para llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional; también determina que las áreas pueden desarrollarse mediante asignaturas o proyectos pedagógicos de duraciones variables desde trimestrales hasta anuales. Respecto a los proyectos pedagógicos este Decreto los define como:

Una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada […]. Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. (art. 36)

Respecto al servicio social que prestan los estudiantes de la educación media, el Decreto define como su propósito la integración con la comunidad para “contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social” (art. 39), aclara además que los temas y objetivos de este servicio social estudiantil deberán ser definidos en el Proyecto Educativo Institucional.

En el Decreto 230 de 2002, modificatorio del 1860 de 1994, se define currículo como “el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (art. 2), y determina que todos los establecimientos educativos deben ajustarse a tres parámetros definidos por el Ministerio de Educación, a saber:

a) los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1994; b) las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, que defina y adopte el Ministerio de Educación Nacional; y c) los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. (art. 2)

Con la finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, se determina la necesidad de que las instituciones educativas realicen una evaluación anual de su quehacer que les permita determinar si alcanzaron los objetivos y las metas de calidad previstas; también establece la posibilidad de realizar evaluaciones externas de las instituciones.

Decreto 1743 de 1994

En el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal a partir de enero del año 1995; para ello se fundamenta en que la Ley 99 de 1993 entrega una



función conjunta a los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del servicio público educativo; en que el artículo 5 de la Ley 115 de 1994 consagra como uno de los fines de la educación la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación; y en que, también en la Ley 115, se define que la estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente.

Según la norma, el proyecto deberá partir de un diagnóstico ambiental local teniendo en cuenta los principios de la interculturalidad, regionalización e interdisciplinariedad para contribuir en la resolución de problemas ambientales específicos; su realización será de responsabilidad de la comunidad educativa, lo cual implica la participación de estudiantes, administrativos, egresados, docentes y padres de familia en un proceso que articula así la educación ambiental y la organización y participación de la comunidad. El Decreto también define los instrumentos para el desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar y enuncia las posibles relaciones interinstitucionales e intersectoriales necesarias para la formulación y ejecución del mismo. En este sentido, por disposición del gobierno nacional, los establecimientos educativos deben liderar proyectos tendientes a solucionar los problemas ambientales locales, regionales y nacionales de acuerdo con las características sociales, económicas, culturales y ambientales de la localidad.

Como principios rectores, dicho Decreto en el artículo 2 determina que “la educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas”; también considera que:

a partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional”. (art. 2)

En cuanto a la formación de docentes, el Decreto determina que las facultades de educación incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los Proyectos Ambientales Escolares y la Educación Ambiental (art. 5). Se considera también la necesidad de evaluar los Proyectos Ambientales Escolares al menos una vez al año, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto (art. 6), para determinar el impacto del Proyecto en la calidad de vida y en la solución de los problemas diagnosticados en la localidad.

De manera reduccionista, el Decreto separa el servicio en educación ambiental del servicio ambiental3 ; considera que éste es el relacionado con funciones de organización comunitaria para la gestión ambiental y de prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual, evidentemente también debe considerarse como elemento inherente a los procesos educativo-ambientales. En el artículo 8 se determina que para prestar el servicio militar obligatorio en la educación ambiental, los bachilleres deberán



acreditar una de las siguientes condiciones: a) haber participado en un Proyecto Ambiental Escolar; b) haber prestado el servicio social obligatorio en educación ambiental; c) haber integrado o participado en grupos ecológicos o ambientales; o d) haber obtenido el título de bachiller con énfasis en agropecuaria, ecología, medio ambiente, ciencias naturales o afines o acreditar estudios de igual naturaleza. Esta aclaración del Decreto admite, indirectamente, que se espera que no todos los bachilleres tengan un adecuado proceso formativo en los temas relacionados con el ambiente.

En el marco de la pertenencia del Ministerio de Educación al Sistema Nacional Ambiental, el Decreto define que el Consejo Nacional Ambiental:

creará y organizará un Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, integrado por funcionarios especialistas en educación ambiental, representantes de las mismas instituciones y organismos que hacen parte del Consejo, que tendrá como función general la coordinación y el seguimiento a los proyectos específicos de educación ambiental. (art. 11)

En el artículo 12 se define que los consejos ambientales de las entidades territoriales también crearán un Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental que tendrá la función de coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en el campo de la educación ambiental; en su constitución, además de los Centros Experimentales Pilotos, participarán el más alto directivo de la unidad de educación ambiental de la Corporación Autónoma Regional respectiva y los funcionarios especialistas en educación ambiental de las otras instituciones u organizaciones que hagan parte de ellos.

Respecto a la asesoría y coordinación en el área de educación ambiental el Decreto determina que:

las corporaciones autónomas regionales y los organismos que hagan sus veces en los grandes centros urbanos, prestarán asesoría a las secretarías de educación departamentales, municipales y distritales en materia de ambiente para la fijación de lineamientos para el desarrollo curricular del área de educación ambiental, en los establecimientos de educación formal de su jurisdicción. La ejecución de programas de educación ambiental no formal por parte de las corporaciones autónomas regionales, podrá ser efectuada a través de los establecimientos educativos que presten este servicio. (art. 15)

Con la finalidad de contribuir a la fluidez de la información ambiental el Decreto determina que “las secretarías de educación de las entidades territoriales harán parte de los sistemas de información ambiental que se creen a nivel nacional, regional o local, con el fin de informar y ser informadas de los avances en materia ambiental y específicamente en materia de educación ambiental” (art. 16).

Finalmente, en el Decreto se define que:

los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y las comunidades campesinas, promoverán y desarrollarán con arreglo a sus necesidades y características particulares, planes, programas y proyectos, en armonía con la Política Nacional de Educación Ambiental adoptada conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. (art. 17)



Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)

La Política Nacional de Educación Ambiental fue publicada en julio del año 2002; sus objetivos generales son:

a) Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y local; b) proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal como no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la educación ambiental, hacia horizontes de construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente; c) formular estrategias que permitan incorporar la educación ambiental como eje transversal en los planes, programas y otros, que se generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo y en general en la dinámica del Sistema Nacional Ambiental, desde el punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática particular. Esto en el marco del mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local como regional y nacional, y por ende de la calidad de vida en el país; d) proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social y que por supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural, para alcanzar uno de los grandes propósitos de la educación ambiental en el país, como es la cualificación de las interacciones: sociedad-naturaleza-cultura y la transformación adecuada de nuestras realidades ambientales. (MEN & MMA, 2004, p. 14)

Esta política busca la formación de ciudadanos éticos, responsables, capaces de comprender la realidad social y natural que los rodea, hábiles para intervenir de manera participativa, consciente y crítica en el logro de unas relaciones sociedad-naturaleza caracterizadas por la sostenibilidad. Considera que la educación ambiental puede propiciar el desarrollo sostenible si logra involucrar los principios de democracia, tolerancia, valoración activa de la diversidad, descentralización y participación.

En la política se habla de la importancia de tener claridad conceptual, específicamente en lo relacionado con el concepto de ambiente, para poder llegar a verdaderas transformaciones mediante los procesos de educación ambiental. Como se mencionó anteriormente, la definición de ambiente de la política es:

un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre. (Ibíd., p. 18)

Como se hace evidente, este concepto de ambiente supera la tradicional visión centrada en aspectos netamente naturalistas que, en términos generales, es referido por los diferentes individuos como “todo lo que nos rodea”.



En coherencia con el concepto de ambiente, en la política se define el sistema ambiental como “un conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social” (Ibíd.) lo cual, se considera, obliga al análisis local, regional y nacional de la problemática ambiental. A pesar de que la política no menciona el ámbito internacional en este apartado, sería de gran valor entender que los fenómenos nacionales no son aislados y dependen tanto de políticas internacionales como del cumplimiento de acuerdos que van desde los compromisos mediados por los préstamos de la banca internacional hasta los de comercio. El aislamiento nacional en el análisis de la problemática ambiental puede llevar a generar procesos comprensivos parcializados, por no decir sesgados, en tanto no se incluirían los verdaderos problemas sociales que tienen países como Colombia, entre ellos la dependencia económica y la falta de soberanía nacional.

Atendiendo a los conceptos de ambiente y de sistema ambiental presentados, la política considera que la educación ambiental debe ser considerada:

Como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. (Ibíd.)

Vista así, la educación ambiental prevista en la política lo que realmente propone es una “transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos” (Ibíd., p. 19).

También es importante tener claridad sobre lo que la política considera que es un problema ambiental, en tanto en este tipo de problemas estará centrado el proceso educativo-ambiental. Un problema ambiental es “un problema social que refleja un tipo de organización particular de la sociedad y una relación específica de esta organización con su entorno natural” (Ibíd.). De esta manera, los problemas ambientales no son simplemente aspectos adicionales a la dinámica del país sino elementos inherentes al modelo de desarrollo.

Según la política, el abordaje de estos problemas ambientales implica una actividad interdisciplinaria desde las perspectivas física, química, biológica, social, tecnológica, económica, cultural y política, mediante un espíritu crítico y reflexivo que apunte al desarrollo de su componente investigativo de tal manera que devele la relación ser humano-sociedad-naturaleza, fomente el desarrollo de una sensibilidad basada en la admiración y el respeto por la diversidad y unos valores y actitudes para el manejo adecuado del ambiente mediante una reflexión crítica y estructurada que permita comprender el porqué de esos valores y su asimilación (Ibíd., p. 23). Se requiere pues de una escuela vinculada a la comunidad y comprometida con generar procesos de transformación capaces de incidir en el desarrollo individual y comunitario.

La política considera que la investigación debe entenderse como un componente fundamental de la educación ambiental en tanto permite procesos de reflexión,



diálogo interdisciplinario, contacto con la realidad y búsqueda de alternativas de solución; también que todo trabajo en educación ambiental debe:

a) formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y nacional, b) facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo los medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y la resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a la gestión de los recursos; c) generar en quien la recibe la capacidad para investigar, evaluar e identificar los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus dinámicas locales y regionales; d) ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo con el fin de que a partir de esa reflexión se pueda construir un modelo social y ambientalmente sustentable; e) preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser; y f) contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse en principios de equidad donde la participación ciudadana debe tener en cuenta las particularidades de las regiones de manera diferenciada, de acuerdo a las diversidades culturales y los procesos históricos de las comunidades, en los contextos donde ellas se ubican. (Ibíd., p. 34)

Las estrategias para implementar los procesos educativo-ambientales propuestas por la política son:

a) fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, con la finalidad de generar espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, actores sociales y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la gestión y la educación ambiental; b) inclusión de la dimensión ambiental en los currículos de la educación formal mediante el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares, la implementación y el fortalecimiento de grupos ecológicos, grupos de ciencia y tecnología, redes de trabajo ambiental escolar, servicio social obligatorio, bachillerato técnico agropecuario, ecología y medio ambiente y programas para grupos poblacionales especiales; c) inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal mediante la implementación de proyectos ciudadanos de educación ambiental y de aulas ambientales; d) formación de educadores ambientales; e) diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y divulgación; f) incorporación de estrategias educativas en los planes, programas y proyectos de las Corporaciones Autónomas Regionales; g) apoyo a los proyectos ambientales escolares mediante asesoría técnica de las Corporaciones; h) dinamización de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental; i) promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental; y j) promoción de la etnoeducación en la educación ambiental e impulso a proyectos ambientales con perspectiva de género y participación ciudadana. (Ibíd., p. 35)

De manera un tanto contradictoria, la Política Nacional de Educación Ambiental hace alusión a la educación ambiental del nivel medio técnico sólo para quienes hayan optado por la especialización de ecología o medio ambiente; se aclara allí que los planes de estudio correspondientes deberán tener en cuenta los lineamientos presentados; no obstante, si se acepta que la educación ambiental es en sí una propuesta de transformación del procesos educativo, sea cual sea la



especialización de la media técnica es necesario darle el enfoque educativo-ambiental sobre todo si se tiene en cuenta la edad de estos estudiantes4 y que en este proceso ya están formándose para el mundo laboral.

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES: CASO MANIZALES5

En la investigación que soporta esta reflexión se evaluaron los procesos educativo-ambientales de todas las instituciones educativas de la ciudad de Manizales mediante la realización de una entrevista estructurada con el docente encargado del Proyecto Ambiental de la Institución. Los resultados relevantes, como fundamento de esta propuesta, son los siguientes:

El 76% de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) han tenido continuidad pues los demás o sólo tuvieron una implementación parcial o dejaron de ser considerados como la estrategia institucional para desarrollar procesos educativo-ambientales.

El 48% de los PRAE se planean para una ejecución de un año de tal manera que requieren estar centrados en actividades a corto plazo.

Los temas y los problemas que con mayor frecuencia abordan los PRAES son: manejo de residuos sólidos y reciclaje, ornamentación, siembra de árboles y cuidado de la institución; contaminación del ambiente; salidas, sensibilización y celebraciones.

En la elaboración, el 95% de las instituciones contaron con la participación de los profesores, el 58% con la de estudiantes, el 50% con la de directivos, el 26% con la de padres de familia, el 11% con la comunidad general y el 7,1% con la de egresados. Solamente en el 4% de las instituciones participaron todos los estamentos constitutivos de la comunidad educativa en la elaboración del PRAE.

En la ejecución del PRAE participan los estudiantes del 95% de las instituciones, los profesores del 94% de ellas, los directivos del 52%, los padres de familia del 37%, la comunidad general del 17% y los egresados del 5%. Sólo en el 5% de las instituciones participan todos los estamentos de la comunidad educativa en la ejecución del PRAE.

A pesar de que en el 56,7% de las instituciones se reconoció una participación alta en el número de estudiantes y de docentes en lo referente al PRAE, las cifras concretas de participación sólo llegan 25% de los estudiantes matriculados en todas las instituciones, y al 29% de todos los docentes de los niveles de educación básica y media.

El PRAE había sido evaluado sólo en el 77% de las instituciones; la participación de profesores, directivos, estudiantes, padres de familia, egresados y comunidad en general fue respectivamente en el 92%, 66%, 62%, 22%, 8% y 7,9% de las instituciones. En el 29% de las instituciones participaron otros entes en la evaluación del PRAE, a saber: Aguas de Manizales, EMAS, Cámara de Comercio, colaboradores no afiliados a instituciones, CORPOCALDAS, empleados de servicios generales, jefe de núcleo, policía ambiental, Secretaría de Educación, supervisión educativa y Universidad de Caldas.

Para la evaluación del PRAE, el 90% de las instituciones tuvo en cuenta la evaluación de la ejecución de las actividades, el 70% el impacto pedagógico en los estudiantes, el 66% la cobertura del proceso de aprendizaje, el 65% la solución de problemas ambientales, el 38% la participación de la comunidad educativa y sólo el 29% el impacto social en la comunidad.



Entre los limitantes que generaron dificultades en la elaboración y ejecución de los PRAES, se resaltan la falta de presupuesto, la falta de tiempo de los docentes, la falta de tiempo de los padres de familia, la falta de capacitación del personal docente, el poco compromiso de los docentes de áreas diferentes a la biología y de los directivos, la falta de organización comunitaria y la rigidez curricular.

La situación de los PRAES en el caso Manizales permitió, entre otras, sugerir la alternativa de redimensionar el PRAE de tal manera que se entienda como el Proyecto Educativo de la Institución, lo cual se presenta detalladamente a continuación.

LA “PRAEIZACIÓN” DEL PEI

Los problemas de la estrategia Proyecto Ambiental Escolar

La educación, como un derecho de todos, debe brindarle procesos de aprendizaje iguales a todos los estudiantes de la institución educativa que la ofrece. Las actividades formativas centradas en pequeños grupos de estudiantes, por ejemplo el equipo encargado de desarrollar el Proyecto Ambiental Escolar, aunque es posible que generen excelentes resultados en quienes tienen la oportunidad de pertenecer al grupo, inevitablemente son excluyentes con los demás estudiantes. Además, si las actividades educativo-ambientales se realizan con los estudiantes interesados en el tema, lo que se está haciendo es dejar de lado justamente a quienes necesitan más estos procesos educativos, es decir, a aquellos no interesados en el tema, quienes seguramente tendrán un desconocimiento mayor de la temática y los asuntos ambientales. Debería pensarse entonces en un mecanismo que permitiera la inclusión de todos los estudiantes y de todos los grados escolares que ofrezca la institución, asunto éste inalcanzable con el proyecto pedagógico denominado Proyecto Ambiental Escolar.

Un proyecto ambiental ‘localista’, que por mirar el árbol deje de ver el bosque, es poco útil en tanto los fenómenos no son aislados en el mundo globalizado en que vivimos. Como se evidencia en la mayoría de los Proyectos Ambientales Escolares establecidos, este tipo de enfoque favorece el activismo que, aunque en el momento pueda parecer gratificante, tiene un impacto mínimo en el largo plazo y no garantiza aprendizajes de elementos útiles para la posterior toma de decisiones, sino y sólo procesos de sensibilización aislados del análisis político, económico y social de las diferentes situaciones (en algunos casos podría decirse que tampoco brinda elementos para el análisis de aspectos biológicos por la escasa profundidad en el abordaje de esta ciencia).

En la mayoría de las instituciones educativas los diferentes proyectos pedagógicos se desarrollan de manera aislada, lo que obedece a principios reduccionistas y de compartamentalización del conocimiento. ¿Podría alguien afirmar que los proyectos de prevención de desastres y de pequeños científicos no abordan problemáticas ambientales? Quien lo afirme evidentemente está suponiendo una definición de medio ambiente diferente a la establecida en la PNEA y, claro está, a la aceptada en estos inicios del siglo XXI.

La elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar puede ser un buen instrumento de aprendizaje en tanto requiere destrezas para elaborar



diagnósticos y proponer alternativas de solución; no obstante, aunque la comunidad educativa puede intervenir problemas pequeños en el ámbito que circunscribe su área de influencia cercana, no hay allí elementos que desarrollen habilidades para la intervención de grandes problemas en tanto no está en sus manos la solución. Es por ello que se tiende a abordar pequeños problemas fáciles de solucionar y, por desgracia, la vida real, por fuera de las aulas, es completamente distinta y mucho más compleja.

Por otro lado, la elaboración de diagnósticos que permitan detectar problemas y la definición de alternativas de solución viables requieren de estructuras de pensamiento propias de los adultos o, al menos, de los adolescentes. Así el trabajo relacionado con la elaboración del proyecto, si es que se pretende que sea de impacto, dejaría de lado a los estudiantes de la básica primaria quienes, cuando más, podrían participar en algunos aspectos de la ejecución del mismo, claro está, si se refiere a actividades puntuales relacionadas con proyectos locales. Para estos estudiantes, a lo máximo que se podría ambicionar es a modificar algunos patrones de conducta, específicamente en lo atinente a las interacciones sociales y al buen comportamiento, lo que hoy en día se ha convertido en la cátedra de Urbanidad y Cívica (ley 1013 de 2006, art. 1).

Desde los lineamientos ministeriales se propone que la elaboración del diagnóstico base para la elaboración del Proyecto Ambiental Escolar se haga mediante el reconocimiento del contexto de la institución, lo cual aplica perfectamente si lo que se pretende es tener un Proyecto Ambiental que responda a esas necesidades locales; no obstante, la dinámica escolar de las ciudades lleva a que los estudiantes se matriculen en establecimientos educativos lejanos a su sitio de residencia; así, los problemas contextuales de la institución pueden no reflejar los problemas de la cotidianidad del estudiante con lo cual esa condición sine qua non de pertenencia estaría limitada a los estudiantes que, además, residen cerca de la institución educativa.

En palabras de muchos de los docentes encargados del Proyecto Ambiental Escolar, éste se ha asumido por parte de los directivos y de la comunidad educativa como una ‘tarea’ más impuesta por el Ministerio de Educación Nacional que debe cumplirse, aunque sea sólo en el papel. Como tal, en la mayoría de las instituciones educativas el Proyecto Ambiental Escolar no se encuentra articulado a los demás proyectos pedagógicos ni a desarrollos curriculares y, como es de todos sabido, tampoco apunta a la interdisciplinaridad pues, en términos generales, el docente encargado ha sido característicamente el profesor de ciencias naturales o de biología. Al respecto, los docentes se quejan de la gran cantidad de actividades ‘extracurriculares’ a las que deben atender, es decir, se asumen los proyectos pedagógicos como ajenos al proceso curricular de la institución y se entienden como una carga laboral más; así, desde su nacimiento el Proyecto Ambiental genera resistencias y falta de motivación, a tal punto que como el concepto general es que lo más cercano a él son las ciencias naturales, es ese el profesor que debe asumir la responsabilidad y los profesores de otras áreas, mientras puedan, intentan evitar su compromiso.

Suponiendo la existencia de Proyectos Ambientales Escolares capaces de fomentar toma de decisiones acordes con el sistema natural y el humano, en la cotidianidad escolar el estudiante comprometido con el Proyecto puede vivir una serie de contradicciones formativas en tanto docentes de muchas áreas no tienen ese discurso ambientalista ni permiten que el mismo permee sus contenidos específicos. Para el estudiante ese discurso ambiental es el que se habla y se escucha sólo en las actividades del PRAE, no es un discurso que ‘transversalice’ su formación.



Las ventajas del Proyecto Educativo Institucional

En lo relacionado con lograr un verdadero proceso educativo ambiental, a diferencia de las debilidades enunciadas en cuanto al Proyecto Ambiental Escolar el Proyecto Educativo Institucional posee grandes potencialidades. Veamos inicialmente las relacionadas con el cumplimiento de la normativa específica que lo caracteriza:

Dice la norma, el PEI debe contener “los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución” (Decreto 1860/94, art. 14). Para ‘praeizar’ el PEI, como principios y fundamentos éste podría hacer mención de asuntos como:

solidaridad con los que compartimos actualmente el planeta tierra (generación actual) y con quienes lo habitarán en un futuro cercano y lejano (generaciones futuras), así como con todos los individuos de nuestra especie y con los de las demás especies;

justicia con los integrantes de la comunidad educativa en el marco de su quehacer cotidiano;

democracia participativa entendida como un modelo político intrainstitucional que facilite a los integrantes de la comunidad educativa la adquisición real de la capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que ejerzan influencia directa en las decisiones institucionales;

reconocimiento del Otro de tal manera que en la institución no se presenten exclusiones ni segregaciones por ningún motivo de índole social, política, económica, religiosa o de género;

compromiso con la acción en tanto se logre coherencia entre el discurso y el quehacer cotidiano institucional y familiar de los integrantes de la comunidad educativa;

formación en pensamiento complejo al procurar que los estudiantes comprendan y expliquen la realidad desde todas las perspectivas posibles superando el reduccionismo y adentrándose en la interdisciplinariedad;

formación para el pensamiento crítico entendiéndolo como un proceso mediante el cual el estudiante está en capacidad de usar su bagaje de conocimiento para llegar efectivamente a la posición más razonable, argumentada y justificada sobre un asunto en particular superando sesgos, preconceptos y prejuicios establecidos; y

permanente interacción entre lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional en el análisis de todas las situaciones y los asuntos que se aborden en el proceso pedagógico.

Otro aspecto que debe contener el PEI es “el análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes” (Decreto 1860/94, art. 14). Dado que este análisis es el sustento del PEI, se esperaría que fuera, además de contextual, bastante detallado y relacionado tanto con aspectos socioambientales y administrativos; así, el diagnóstico propuesto para el PRAE se esperaría fuera superado en calidad y profundidad por el diagnóstico hecho para el PEI. Otro aspecto interesante es que el Decreto 1860 determina que la adopción del PEI, incluida su formulación, debe hacerse de manera participativa y de tal forma que involucre la comunidad educativa, con lo cual se estaría satisfaciendo la necesidad de involucrar a la comunidad en el proceso de la detección de los problemas ambientales (socioambientales, para mayor claridad).

En cuanto a los objetivos generales del Proyecto, también obligatorios según la norma y con la finalidad de ‘praeizar’ el PEI, podría pensarse en algunos relacionados con los principios y fundamentos propuestos, tales como:



generar procesos educativos conducentes a la adquisición de pensamiento crítico y complejo en los estudiantes de todos los niveles educativos de acuerdo a su grado de madurez intelectual;

convertir la institución en ente participante activo del mejoramiento de la calidad de vida de su área de influencia geográfica;

administrar la institución bajo principios de equidad, justicia, transparencia y sostenibilidad ambiental;

propiciar la participación real de todos los integrantes de la comunidad educativa en la toma de decisiones de la institución; y

usar racionalmente los recursos y los bienes naturales en el quehacer cotidiano de la institución.

La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos y la organización de los planes de estudio son otros de los componentes que debe tener el PEI. Al respecto, y para lograr una verdadera inclusión de la dimensión ambiental en el quehacer educativo, se requeriría replantear el enfoque tradicional de las diferentes asignaturas y lograr, en su desarrollo, un permanente análisis interdisciplinar que permita multidimensionar cada uno de los elementos de aprendizaje y, claro está, evitar su mirada reduccionista y encasillada en un área del saber. Para ello se requieren docentes conocedores de lo que enseñan y capaces de involucrarse en áreas del conocimiento diferentes a aquella de la que poseen un título. A pesar de que la normativa colombiana considera que las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el aprovechamiento y conservación del ambiente no deben constituirse en una asignatura más, uno de los impactos que ha tenido el PRAE en varias instituciones es justamente la creación de un espacio curricular que permita generar procesos formativos en todos los estudiantes. Si bien, éste no sería el motivo en una institución cuyo PEI esté ‘praeizado’, es importante considerar la necesidad de tener una asignatura específica que permita desarrollar contenidos generales de la problemática ambiental y de su fundamentos biológicos, filosóficos, políticos, económicos y sociales. Dada la complejidad que podría alcanzar esta asignatura, tendría que estar ubicada al final del proceso formativo, momento en el cual el estudiante ya tendría una visión interdisciplinaria de los asuntos socioambientales.

Respecto al manual de convivencia, si se entiende el medio ambiente como ambiente natural y humano, absolutamente todos los componentes del mismo estarían constituyéndose en elementos críticos para la inclusión de la dimensión ambiental en el PEI. Como se mencionó anteriormente, estos componentes son: a) reglas de higiene personal y de salud pública; b) criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo; c) pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar; d) normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto; e) procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten; f) pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia; g) reglas para la elección de representantes ante las diferentes instancias; y h) funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento (Decreto 1860/94, art. 17). El no reconocimiento de que la elaboración participativa y la puesta en marcha del manual de convivencia es una prueba del compromiso con asuntos socioambientales demuestra una vez más la mirada reduccionista y naturalista del ambiente.

De la mano con el principio de democracia participativa propuesto para el PEI iría la obligatoriedad que define el Decreto en cuanto a que el Proyecto contenga los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. Éste se



constituye en un espacio propicio para educar en principios de participación y compromiso, claro está, siempre y cuando no se limite a profundizar en los elementos de la democracia representativa. El establecimiento de un Gobierno Escolar en el que se incluya realmente a todos los integrantes de la comunidad educativa es condición sine qua non para lograr una verdadera inclusión de la dimensión ambiental en la cotidianidad escolar en tanto sólo así pueden lograrse decisiones conjuntas e ilustradas, compromisos con la acción y, claro está, organización comunitaria.

Como elemento indispensable, y para que desde el componente administrativo el PEI también esté ‘praeizado’, se hace necesario que los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión incluyan al menos elementos como:

El uso racional del papel, el agua y la energía eléctrica en todas y cada una de las actividades de la institución.

El uso de equipos e insumos reutilizables en contra del actual y difundido uso de elementos reciclables, por ejemplo, los vasos en el servicio de cafetería.

El establecimiento de un sistema de gestión ambiental para la institución.

Estos elementos manejados a nivel institucional generarían coherencia con lo aprendido por los estudiantes. Difícilmente un estudiante entenderá la importancia del uso racional del papel si el proceso educativo está centrado en libros que se usan y se botan o si los trabajos escritos que debe presentar deben ir a doble espacio y con grandes márgenes o si las guías y fotocopias se convierten en ‘basura’ al terminar el año escolar. Tampoco lo logrará si se le pide que ahorre agua pero los grifos de la institución constantemente gotean o si se le pide que use racionalmente la energía eléctrica pero se mantienen innecesariamente encendidas las luces o los computadores. En cuanto al uso institucional de desechables podría decirse que genera una gran contradicción para el estudiante pues fomenta la cultura de “consume y bota” en lugar de aquella relacionada con la reutilización. Respecto a los productos que se venden en la cafetería valdría la pena pensar qué tipo de consumo se está favoreciendo; es posible que el de la comida ‘chatarra’ gran productora de residuos sólidos y con dudoso valor nutricional.

La escuela abierta como elemento clave

El proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en zonas rurales y pequeño urbanas del país” viene siendo desarrollado desde el año 1992 por el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional –MEN– de manera conjunta con el Ministerio del Medio Ambiente –MMA– (actualmente Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), con la finalidad de fortalecer el proceso de institucionalización de la educación ambiental, mediante la implementación de estrategias de capacitación-formación de docentes y dinamizadores ambientales en 14 de los departamentos del país. Uno de los productos finales del proyecto es una propuesta conceptual y metodológica que fue presentada a la comunidad mediante el documento titulado “Reflexión y acción: el diálogo fundamental para la educación ambiental. Teoría y práctica” (MEN & MMA, 2002). En este documento se reconoce a la educación ambiental como:

una de las preocupaciones de las políticas nacionales educativas y ambientales […] en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación y desde los horizontes de transformación de las dinámicas sociales, buscando la



sostenibilidad de nuestra riqueza natural y la permanencia de nuestra gran diversidad cultural. (p. 9)

Como fundamento del trabajo por realizar con educadores y dinamizadores ambientales, los Ministerios consideran que la educación ambiental debe ser el:

proceso que le permite a los individuos y los colectivos, comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad concreta (problemas prioritarios de diagnóstico y de relevancia en la vida cotidiana) se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto, por sí mismo y por el ambiente. (Ibíd., p. 33)

En consonancia con este concepto, se le da una gran importancia a la lectura del contexto como elemento clave para desarrollar procesos educativo-ambientales, así como al desarrollo de proyectos que favorezcan la participación de la comunidad educativa en pro de la comprensión de sus problemas ambientales y de la cogestión y autogestión de sus soluciones. Para ello, y reconsiderando el papel social de la escuela, ésta tiene que ser abierta para que “participe de manera consciente en el diálogo permanente con la cultura, para la resolución de conflictos propios de la problemática y para la proyección de su quehacer en los procesos de cualificación de la comunidad y de su ambiente” (Ibíd., p. 35). Según los Ministerios, en las propuestas de educación ambiental:

debe entenderse la autogestión como la capacidad que tiene la institución escolar de asumirse como protagonista de su propia vida, de entrar a reconocerse y a reformularse, para que desde aquí se garantice la calidad de su participación en los proyectos comunitarios, a través de la formación en actitudes y valores para el manejo adecuado del entorno biofísico, social y cultural. (Ibíd., p. 102)

Esta propuesta de escuela abierta implica pensarla como tal desde el PEI pues además de todos los elementos presentados en el apartado anterior, la institución tendría que comprometerse con un cambio en el perfil del maestro en tanto éste tendría que tener un fuerte componente investigativo en su formación y la capacidad de liderar procesos comunitarios e interinstitucionales. Otro elemento importante que caracteriza la escuela abierta es la necesidad de replantear la visión, la organización y la proyección de la institución escolar con miras a lograr una adecuada relación escuela-comunidad, lo que implica tener un currículo flexible y una verdadera participación de la escuela en los quehaceres interinstitucionales e intersectoriales de la localidad.

Como puede verse, la propuesta ministerial sobre la manera como debe desarrollarse la educación ambiental realmente corresponde a una concepción que difiere de la existente respecto a lo que debe ser la escuela y el sistema educativo.

BIBLIOGRAFÍA

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1. Médico y Cirujano, Especialista en Epidemiología, Magíster en Educación. Profesora Titular de la Universidad de Caldas, Departamento de Salud Pública.

2. La Ley 115 define que “la comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares” y aclara que “Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo” (art. 6).

3. Modalidad del servicio militar obligatorio.

4. En este nivel, los estudiantes están alrededor de los 16 y 17 años, con lo cual tienen una mayor posibilidad de entender los fenómenos complejos relacionados con la temática ambiental, específicamente en lo atinente a la mirada interdisciplinar de las causas y las consecuencias de los problemas ambientales.

5. La información completa sobre los resultados de esta investigación están publicados en http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=325



LA GESTIÓN DEL ACUEDUCTO EN DOSQUEBRADAS RISARALDA, UNA HISTORIA DE AUTOGESTIÓN Y PRIVATIZACIÓN

ANA PATRICIA QUINTANA RAMÍREZ1

Manizales, 2009-11-03 (Rev. 2010-05-20).

RESUMEN

El conflicto ambiental en torno a los acueductos comunitarios de Dosquebradas forma parte del proceso político relacionado con el acceso y la gestión del recurso hídrico. Es un asunto público en el que los diferentes actores sociales implicados presentan desigualdades en cuanto al poder que detentan, a sus posibilidades de acción política y a los intereses que tienen. La gestión del servicio de acueducto en Dosquebradas, que se da en el marco de la política local, no es una situación aislada sino que tiene importantes conexiones con los niveles regional, nacional y mundial, ya que forma parte de un proceso más general de mercantilización y privatización del agua y de los servicios públicos que se da en toda Colombia, América Latina y el mundo en general.

La imposición por parte del Gobierno nacional del modelo de gestión privada para la prestación del servicio de acueducto limita las posibilidades de atención con agua potable a la población pobre. En este sentido, en el contexto de mercantilización del servicio, los modelos alternativos para la prestación del servicio, como es el caso de la gestión colectiva del agua, que permiten el acceso al agua potable por parte de los sectores más desfavorecidos, son percibidos como una competencia e impedimento para el propósito de ampliar la cobertura con fines de rentabilidad económica exclusivamente.

PALABRAS CLAVE:

Gestión colectiva del agua, asociaciones de acueductos comunitarios, privatización, servicio de acueducto, política pública.

THE AQUEDUCT MANAGEMENT IN DOSQUEBRADAS, RISARALDA, A

HISTORY OF SELF-ADMINISTRATION AND PRIVATIZATION

ABSTRACT

The environmental conflict regarding the communitarian aqueducts of Dosquebradas comprises the political process related to the access and the management of the water resource. It is a public matter in which the different implied social actors present inequalities as far as the power they hold, their possibilities of political action and their interests. The management of the aqueduct service in Dosquebradas, that occurs within the framework of local policy, is not an isolated situation, but rather has important connections with regional, national and world-wide levels, since it’s part of a more general mercantile and privatization process of water and public services that occurs in all Colombia, Latin America and the world in general. The imposition by the national Government of the private management model of the aqueduct service limits the possibilities of providing running water to the low-income population. In this



sense, in the mercantile context of the service, alternative models for providing the service, as in the case of the collective management of water, which allow the access to running water of the most underprivileged sectors, are perceived as a competition; it also hinders the intention to exclusively extend the coverage with economic yield purposes.

KEY WORDS: collective management of water, associations of communitarian aqueducts, privatization, aqueduct service, public policy.

El caso que presento a continuación, muestra el contraste entre la gestión del recurso hídrico para la prestación de un servicio público como el de acueducto para un sector poblacional del municipio de Dosquebradas marginado de la atención estatal, y una política pública de corte centralista que históricamente ha sido ejecutada principalmente por actores privados. Lo interesante del caso es descubrir la manera como la población, ante la inexistencia de atención estatal para la prestación del servicio de acueducto, decide instalar de manera colectiva sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, administrados directamente por los mismos usuarios.

En este sentido, el caso de la gestión del servicio de acueducto del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda (Colombia), se constituye en una contradictoria experiencia de gestión del recurso agua. Porque mientras la forma en que la población históricamente resuelve el problema de desabastecimiento de agua para consumo humano debería ser considerada un patrimonio social por parte de las administraciones municipales y el Gobierno departamental y nacional, la labor que desarrollan los habitantes se convierte en motivo de conflicto ante la intención privatizadora de los servicios públicos domiciliarios por parte de las instituciones estatales. Ya que en el marco de un esquema neoliberal, la gestión colectiva del servicio de acueducto es vista como un modelo que desestabiliza las negociaciones económicas de refinanciación de la deuda externa entre el Gobierno nacional y los países industrializados, y una limitante para el ingreso paulatino de la inversión extranjera en el sector.

Por tanto, el conflicto ambiental en torno a los acueductos comunitarios de Dosquebradas forma parte del proceso político relacionado con el acceso y la gestión del recurso natural agua. Este análisis permite identificar cómo la tendencia mundial de privatización del agua, de la que hablan entre otros Barlow y Clarke (2004), aparece en el marco de la política local, y forma parte de un proceso más general de mercantilización del recurso hídrico y de los servicios públicos en Colombia.

El conflicto en torno a la gestión del agua suscitado entre las Asociaciones de acueductos comunitarios y el Estado colombiano, es consecuencia de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional –FMI– en lo referente a procesos de negociación de la deuda externa, en el sentido de reducir el déficit público mediante la eliminación de las subvenciones, la disminución de la función pública y el autofinanciamiento de los servicios públicos. Ello ha llevado a la contracción de las inversiones públicas en la prestación del servicio de acueducto, a la reducción de los subsidios para la construcción de infraestructura y a la privatización de los recursos en la prestación de servicios.

Pese a ello, las presiones de la sociedad civil y la conformación de organizaciones sociales han aparecido como una respuesta al deterioro en la calidad de vida de la población marginal. Es decir que son las presiones,



reclamaciones y la organización de la sociedad civil las que han garantizado reivindicaciones y respuesta del Estado en la gestión del sector. En el ámbito nacional, la presión de los obreros y campesinos en 1936 permitió la promulgación de la primera ley que definió la responsabilidad estatal en la prestación del servicio de acueducto en el país. De igual forma, las acciones reivindicativas desde una visión ecologista de la vida y de protección a la naturaleza, que lideró el movimiento ambiental en la década del setenta con profesionales integrados a la gestión institucional del entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables –INDERENA–, concluyó con la promulgación del Código de los Recursos Naturales en 1974.

En el municipio de Dosquebradas, la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en 1986, que excluyó la participación de los acueductos comunitarios para la prestación del servicio, es la coyuntura que da paso a la aparición de una organización de segundo nivel: la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas –AMAC–, cuyo principal fin es la defensa del modelo de gestión colectiva del agua.

A continuación se detallan las principales características de los períodos en que aparecen las transformaciones en la gestión del servicio público de acueducto en Dosquebradas, y en los cuales la formulación de la política pública, mediante la legislación y los planes de desarrollo, son cambios en la orientación del sector que coinciden con la intención privatizadora del Gobierno en los ámbitos nacional, regional y local.

Dosquebradas, uno de los 14 municipios risaraldenses, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 179.000 habitantes. Es una ciudad industrial con una importante presencia de barrios con urbanización precaria. En 1972 fue elevado a la categoría de municipio, principalmente gracias a que contaba con servicio de agua ofrecido por acueductos comunitarios. Hoy, en un territorio de 70 km2, existen 57 sistemas de abastecimiento de agua sostenidos directamente por habitantes de las áreas urbanas y rurales.

Desde mediados del siglo XIX, ante la ausencia del Estado para atender las necesidades de vivienda y agua, los pobladores cubrieron la demanda mediante esquemas de gestión privada y colectiva. Las viviendas construidas por los primeros habitantes del municipio de Santa Rosa de Cabal, al cual pertenecía en ese entonces el corregimiento de Dosquebradas, se caracterizaban por ser ranchos espaciosos con adaptaciones para el abastecimiento de agua. Según el historiador Gómez Valderrama “trajeron el agua limpísima y fresca en canoas hasta el patio de la casa que era un descuaje de troncos y de maderas tumbadas; amarrando estacones con bejucos atacorral e hicieron un gran pozo rodeando el rancho” (1994, p. 45).

Gracias a la abundancia del recurso hídrico, según Luis Enrique Valencia:

por decenas de años los habitantes utilizaron las aguas de los nacimientos que proliferaban en todas partes, o de la que se acumulaba en los aljibes construidos en el patio o trascorral de las casas. En la parte inferior de la plaza de Santa Rosa de Cabal, había un abundante manantial al que acudían los muchachos del vecindario con ollas y tarros de guadua […] Los pobladores no tenían, pues, problema por carencia de agua en toda época del año. El lavado de ropas lo hacían en casa, en bateas de madera o acudían a orillas del San Eugenio o a las quebradas del Paraíso y la Paz, a pocas cuadras de la plaza […] A pesar de la escasez de recursos económicos, la administración municipal contó con la contribución legal, gratuita y personal de los vecinos […]. (1984, p. 277)



Entre 1844 y 1924, “las pajas de agua” o “permisos” que otorgaba el Gobierno departamental a las grandes haciendas era la forma como los primeros habitantes del corregimiento de Dosquebradas, procedentes de Antioquia, podían acceder al agua. Como la prioridad del Estado era garantizar agua para las incipientes industrias y la construcción y funcionamiento del ferrocarril, los campesinos aparceros de la época debían autoabastecerse, lavando sus ropas en las quebradas y transportando el agua para consumo, en canutos de guadua desde las quebradas hasta las viviendas. En los siguientes términos relata esta experiencia uno de los descendientes en cuarta generación de los primeros campesinos de la época, José Holguín2:

La gente se reunía allí en la quebrada Milán los domingos, para los efectos de lavado de ropa y baño general de las personas, cada uno tenía su piedra, una piedra específica donde ir a lavar su ropa, una piedra grande. Se reunían además a ponerse al día, con todos los comentarios familiares, a contarse todas las anécdotas, o los cuentos, o los chismes, o lo que tuvieran que decirse […] Se utilizaba un trozo de guadua de más o menos uno con veinte y entonces destapaban hasta el fondo y dejaban una tapita […] Para cargar el agua llenaban todo el tarro de guadua y luego cubrían la parte de encima con una frazadita húmeda. Luego la traían de forma horizontal, sobre el hombro pa´ llevarla pa´ la casa. Pa´ surtir la casa de agua pal día se llevaban varios tarrados. Allá había cocos de lata grandes, uno llevaba el tarro allá y lo vaciaba ahí y volvía por otro, hasta surtir el agua pal día en cocos de latas que había en la casa, eran los tarros donde venía la manteca antiguamente, esa era la forma en esa época.

Fue sólo en 1925 cuando los primeros pobladores del sector La Capilla accedieron al servicio de acueducto a través de las redes domiciliarias que instalaron los mismos vecinos. Comenta José Holguín3 que entre todos:

empezaron el trazado y excavaciones de las zanjas cuando el terreno lo permitía, o si no recurrían a canoas de guadua y palma. Con ayuda de todos se inició el trabajo desde la quebrada Juncos por la orilla izquierda, aprovechando la ley de gravedad fueron abriendo el canal que poco a poco les entregó agua hasta las viviendas a los primeros 124 moradores del sector […] He aquí el primer acto comunitario desarrollado con éxito en Dosquebradas, pionero de los acueductos comunitarios y que sirve de modelo y ejemplo para otras comunidades.

Simultáneamente, en un contexto de política bipartidista, en donde los gobernantes se encausaron principalmente a impulsar el desarrollo económico del país, a garantizar el escenario administrativo para el mantenimiento en el poder de los partidos políticos tradicionales y a establecer la forma de relación con Estados Unidos de América, como potencia financiera. En 1936 debido a la presión ejercida por la población civil para exigir garantías de salubridad y mejores condiciones de vida, en medio de las precarias condiciones de explotación en que se encontraban los obreros en las incipientes industrias manufactureras y los campesinos en las explotaciones bananeras, petroleras y cafeteras, el Gobierno de López Pumarejo aprobó la primera ley (65) e inauguró la política de salubridad referida a la destinación de auxilios para la construcción de acueductos en el país. Política que con un enfoque desarrollista dependió del Ministerio de Obras Públicas y buscó impactar sobre los beneficios económicos más inmediatos que la inversión en el sector podría generar, en comparación con las inversiones en salud o educación. Con la ventaja adicional que los costos en infraestructura de servicios traían beneficios para los contratistas (Bushnell, 2005).



Posteriormente, con la dinámica de industrialización latinoamericana y la instalación de las fábricas de comestibles La Rosa y de Paños Omnes en Dosquebradas, se incrementó el asentamiento en territorio biquebrandense, de muchas personas del centro y sur del país que huían de la violencia bipartidista desatada a partir de 1948 con la muerte del líder popular Jorge Eliécer Gaitán. A partir de este año en Dosquebradas, el modelo de poblamiento disperso en parcelas campesinas familiares, empezó a transformarse en un asentamiento concentrado a cargo de urbanizadores privados sin ninguna regulación estatal.

Por ello, el acelerado proceso de asentamiento en Dosquebradas a partir de la segunda mitad del siglo XX, incrementó la ocupación de las áreas periurbanas a través de cinco sistemas de urbanización: invasión, construcción por urbanizador privado, urbanización mediante loteo y venta por el propietario del terreno, autoconstrucción en lote donado o con venta financiada, y programas institucionales de vivienda de interés social. En estas modalidades de urbanización, la mayoría de las residencias no contaron con conexión domiciliaria a los servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

Hasta mediados del siglo XX la nación asignaba recursos a los municipios y departamentos, en forma de auxilios para construcción de acueductos. Después de 1950, luego de que el país se declaró en conmoción interior con el asesinato del caudillo liberal, el Gobierno se encargó de atender las emergencias sanitarias que se presentaron en varias zonas del país, buscó garantizar eficiencia administrativa, extender el servicio de acueducto a varias regiones del territorio nacional e implantó medidas legislativas, entre ellas la conversión del Instituto de Fomento Municipal –INSFOPAL–, antes Fondo de Fomento Municipal, e introdujo la modalidad de préstamos para obras de fomento e inversión recuperable en acueductos y alcantarillados. En Dosquebradas, ante la falta de garantías por parte de los urbanizadores para atender el requerimiento de acueductos, aún en 2005 los habitantes de sectores periurbanos continuaban instalando sistemas comunales para el abastecimiento de agua, pese a que desde 1966 el municipio le viene comprando agua a Pereira y Santa Rosa de Cabal, para atender con el servicio a una proporción de la población.

Es preciso resaltar que los acueductos comunitarios que siguieron al de La Capilla, consistían en una caneca dispuesta en sector estratégico del barrio y una red de mangueras superficiales de distribución hasta las viviendas. Esto ha ido cambiando y la infraestructura de la mayoría de acueductos comunitarios en la actualidad se componen básicamente de una bocatoma, un desarenador con sedimentadores o filtros, tanques de almacenamiento, una caseta de cloración y redes de captación y distribución. Su principal característica radica en que los mismos pobladores realizan el diseño y la construcción del sistema de abastecimiento, de manera artesanal en la mayoría de los casos, aprovechando el conocimiento empírico de un grupo de personas del sector, entre quienes siempre existe como mínimo un maestro de construcción.

Para la construcción de los acueductos comunitarios los recursos surgen de los aportes que realizan los habitantes del sector que se beneficiará, y el mantenimiento se garantiza con el pago de tarifas únicas por consumo por parte de los usuarios. Además de comprar los materiales que requieren las obras de infraestructura, la población aporta mano de obra durante las jornadas de trabajo en la construcción, mediante la práctica del convite4.



El convite es una práctica de trabajo voluntario en la que grupos de personas se reúnen para la realización de labores en obras de beneficio colectivo. Ninguna persona recibe un pago o compensación monetaria por su trabajo en el convite, porque su ayuda se retribuirá posteriormente con el servicio que le preste el sistema de abastecimiento de agua. En las Asociaciones de acueductos comunitarios de Dosquebradas, mediante convites se construyen tanques de almacenamiento, casetas de cloración y bocatomas, se instalan redes, se realizan labores de reforestación como siembra y mantenimiento de árboles en la cuenca, limpieza de tanques y arreglo de fugas en las redes de distribución. Además del acueducto, mediante convites, la población también pavimenta vías, instala alcantarillados, construye casetas comunales, entre otros.

Para la administración que requiere el mantenimiento del sistema, los usuarios de los acueductos comunitarios de Dosquebradas, constituyeron inicialmente comités adscritos a las Juntas de Acción Comunal –JAC– de los barrios. Pero debido a la distribución indiscriminada de recursos para rubros diferentes al sostenimiento del sistema de acueducto, desde finales de la década de los noventa, muchos usuarios decidieron independizarse y adoptar la figura asociativa para administrarlos de manera independiente. Por este motivo la Asociación es la forma organizativa más frecuente que eligen en la actualidad los pobladores para gestionar colectivamente el servicio de agua para consumo humano.

En Colombia a partir de la década del setenta, los gobiernos más que garantizar la universalización del servicio buscaron responder a las exigencias del sector financiero internacional mediante las reformas de las instituciones estatales encargadas de gestionar el servicio de acueducto. El Estado central justificó políticamente su actuación económica desde el modelo de descentralización administrativa para permitir el ingreso del capital privado, a través de la oferta de créditos a las empresas prestadoras del servicio de acueducto. En definitiva, el Gobierno central actuó como promotor del ingreso del capital financiero nacional y extranjero para la financiación del sector, al limitar su papel a la constitución y legalización de Empresas Públicas Municipales con carácter comercial que contaran con eficientes modelos tarifarios para la prestación de servicios públicos.

Por tal motivo, entre 1975 y 1985 se presentó una época de dependencia financiera y debilitamiento de la presencia estatal en el sector acueducto. Para esta década los municipios se debieron encargar de administrar autónomamente el servicio en sus respectivos territorios a través de Empresas Municipales de servicios públicos; la construcción de las obras de infraestructura se realizó mediante créditos que otorgó el INSFOPAL y el mantenimiento de cada sistema de acueducto debía garantizarse con ingresos procedentes de tarifas y créditos con el sector financiero. Para el caso de Dosquebradas, la Empresa de Obras Sanitarias de Risaralda –EMPORIS Ltda.– se encargó de la administración del servicio, entregando a los habitantes agua que compró a la Empresa Pública Municipal de Santa Rosa de Cabal –EMPOCABAL S.A.–.

Finalmente en el período comprendido entre 1986 y 2006, se han producido dos cambios fundamentales que afectan al servicio de acueducto en Colombia. En primer lugar, de ser considerada un bien social que permite la reproducción de las actividades humanas, se ha pasado a concebir el agua como un elemento escaso y mercantilizable, fundamental para el desarrollo económico del país. El segundo gran cambio, corresponde a la privatización del servicio y la reducción del papel del Estado en su prestación. Así, de un modelo de gestión centralizada en la cual el Estado administraba financieramente el sector y suministraba el



servicio de acueducto, se pasó a una estructura mercantil en manos de actores privados, bajo el esquema de la descentralización administrativa como orientación política que legitima el proceso económico.

Si bien del período se reconoce el avance en la definición de una estructura institucional para la gestión de la política ambiental colombiana con la promulgación de la Ley 99 de 1993, se debilitó la inversión en el sector acueducto con la recuperación del control por parte del Ministerio de Obras. Lo cual significó recuperar la visión desarrollista del sector agua potable vigente a principios del siglo XX. Ahora ligada nuevamente a un requerimiento de infraestructura para el desarrollo económico, más que a la concepción de derecho a la vida y a la salud humana. Esto sucede porque desde 1994, la gestión gubernamental en el ámbito del servicio de acueducto, con la promulgación de la Ley 142, es el resultado de un proceso concertado entre el Gobierno nacional y la banca internacional, para la privatización de las empresas estatales que prestaban el servicio, y del agua como bien natural. Por ello, el modo como se produjo la descentralización administrativa en el país permitió al Gobierno nacional centralizar la toma de decisiones para la distribución de los recursos económicos destinados a las regiones, y promover la inversión privada en el sector. En este proceso descentralizador, los departamentos y municipios actuaron únicamente como recaudadores de recursos a través de impuestos locales, que debían contribuir a engrosar las arcas del presupuesto nacional, o destinarse a la cofinanciación de proyectos de desarrollo regional.

Este proceso se extrapoló localmente con tal precisión, que en 1993 cuando aún gobernaba como presidente de la República César Gaviria Trujillo, oriundo de Dosquebradas, se creó en este municipio la empresa privada de servicio de acueducto –ACUASEO S.A.–. Y en 1996 al no contar con un sistema de abastecimiento propio, el Gobierno local adecuó la estructura institucional para la prestación del servicio de acueducto, buscando dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994. Para ello aprobó la liquidación de la Empresa Municipal de Servicios Públicos y creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas (ESPD) Serviciudad, en forma de sociedad por acciones en la modalidad de economía mixta, para realizar la facturación del servicio a los habitantes, mediante la distribución del agua procedente de los municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira.

Y desde mayo de 2004 se constituyó una empresa de economía mixta denominada “Aguas de Dosquebradas” como sociedad anónima de servicios públicos conformada por las alcaldías de Pereira, Dosquebradas, la empresa Aguas y Aguas de Pereira, y Serviciudad. La cual tiene como proyecto piloto la construcción de una planta de tratamiento financiada por la banca nacional e internacional, cuyo principal propósito es monopolizar la cobertura municipal en la prestación del servicio de acueducto, pese a que por su localización y en virtud a los rasgos topográficos del municipio, cuenta con grandes debilidades para entregar agua a todos los sectores de la ciudad.

Por tanto, la pérdida de recursos estatales para la inversión pública en acueductos municipales significó debilitamiento de la empresa pública municipal y la entrega de acciones a inversionistas privados en la empresa mixta denominada “Aguas de Dosquebradas”. Ahora el Gobierno municipal difícilmente puede mantener su imparcialidad para actuar como regulador en una empresa de la cual es accionista. Opción que, por el endeudamiento económico que adquirió la empresa, requiere competitividad mercantil y no permite la concertación



complementada o distribución del servicio por zonas, con las organizaciones que mediante el modelo de gestión colectiva, durante más de ochenta años administran sistemas de acueducto en el municipio.

En conclusión, la historia de abastecimiento de agua para una gran proporción de la población habitante de sectores marginales en el municipio de Dosquebradas mediante la gestión comunal del servicio de acueducto, muestra el aporte significativo que han realizado sus habitantes mediante la autogestión, para la adaptación del entorno y el establecimiento de condiciones básicas de habitabilidad.

En contraste con lo anterior, la dirección de la política pública en el municipio y la nación colombiana para la gestión en el sector acueductos ha mantenido una visión principalmente desarrollista, con manejo centralizado de los recursos estatales en pro del fortalecimiento del sector privado y con limitado apoyo para el desarrollo de alternativas locales, como en el caso de la gestión colectiva del agua mediante la figura de acueductos comunitarios.

La privatización por tanto, es el modelo que ha prevalecido a través de la historia colombiana para la prestación del servicio de acueducto. A finales del siglo XIX fueron “las pajas de agua” o “permisos” que otorgaron los gobiernos departamentales y municipales como concesiones a las grandes haciendas para la instalación domiciliaria del servicio de acueducto. Luego, durante gran parte del siglo XX, el Estado buscó monopolizar la prestación de los servicios públicos mediante la inversión subsidiada en el sector, hasta que hacia 1983 la banca internacional presionó al Gobierno nacional para la entrega progresiva del sector a los actores privados y el endeudamiento del Estado para garantizar inversión social, aprovechando entre otros el proceso de descentralización administrativa. Por este motivo, la descentralización administrativa, la reforma constitucional de 1991 y la Ley 142 de 1994 dieron paso nuevamente a la prevalencia del modelo privado para la prestación del servicio de acueducto.

Por tanto, en este contexto de mercantilización del servicio de acueducto, modelos alternativos como en el caso de la gestión colectiva que permiten el acceso al agua potable para sectores más desfavorecidos, son percibidos como una competencia e impedimento para el propósito de ampliar la cobertura con fines de rentabilidad económica exclusivamente.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

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ENTREVISTA

Holguín, José. 88 años. Descendiente en cuarta generación de los primeros aparceros habitantes de Dosquebradas. Entrevistas, 15 y 25 de Febrero de 2006.

1. Trabajadora Social. Magíster en Sociología de la Cultura. Ph.D en Antropología Social y Cultural. Actualmente es Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira.

2. José Holguín. Entrevista, 15 de febrero de 2006.

3. José Holguín. Entrevista, 25 de febrero de 2006.



4. El convite es un término derivado del latín que significa banquete. “El mestizaje de América le dio una nueva acepción como forma de trabajo comunal propiamente dicho, asimilándolo al hecho de que a aquel a quien se convida durante su día libre, asiste por sí mismo, de manera voluntaria, solidaria y automotivada para participar activamente, incluso con sus propias herramientas” (Convenio DRI, 2007, p.1).



LA VIVIENDA RURAL. SU COMPLEJIDAD Y ESTUDIO DESDE DIVERSAS DISCIPLINAS.

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ QUINTANAR1 y ERIC ORLANDO JIMÉNEZ ROSAS2

Manizales, 2009-12-14 (Rev. 2010-05-30).

RESUMEN

La comprensión de la lógica de la vivienda rural (VR) aumenta con la aportación de estudios multidisciplinarios, dada la complejidad de sucesos que en ella se desarrollan. Por un lado, se deben conocer las actividades agrícolas a que se dedica la familia y los ecosistemas en donde se ejecutan; y por otro, las relaciones intra familiares y las externas que establecen con familias similares, con las que se forman las redes sociales de las comunidades, y la cultura que rige sus comportamientos familiares y sociales.

El análisis bibliográfico y documental que se presenta en este escrito, identifica contribuciones teóricas y empíricas, que reflejan el interés y avances en el estudio de la VR por parte de diferentes disciplinas: Estudios de ciencia básica aportan conceptos, definiciones y clasificaciones; las contribuciones de aplicación, se orientan hacia el bienestar de la familia en su vivienda y algunas están conceptualmente asociadas con la calidad de vida y la sustentabilidad.

De la clasificaciòn y anàlisis la principal aportaciòn es un modelo de Calidad de Vida para la la VR, cuya base estructural es el modelo de Desarrollo Humano de Binfenbreiner, (2002). Esta contribuciòn señala relaciones horizontales entre las similitudes de temàticas estudiadas por diferentes disciplinas e investigaciones revisadas. De manera vertical indica las relaciones entre niveles ecològicos diferentes, el microsistema es la familia y la VR, el mesosistema las relaciones entre las familias o comunidades, y el exosistema la demarcaciòn territorial. La sistematizacipon e indicadores del modelo pueden servir para el ordenamiento o reordenamiento territorial.

PALABRAS CLAVE:

Vivienda rural, análisis bibliográfico, calidad de vida.

RURAL HOUSING. ITS COMPLEXITY AND STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF SEVERAL DISCIPLINES.

ABSTRACT

In order to obtain an understanding of the rural housing (RH) logic, a multi and interdisciplinary approach is essential, given the complexity of its events. First off, it’s necessary to incorporate the agricultural activities and the ecosystems associated to such actions. Also, it’s important to consider the intra-family relationships and the relations with other similar families, with which social networks of communities, and the culture that configure their family and social behavior. The bibliographic and documental analysis permitted the identification of theoretical and empirical contributions that reflect the research progress on RH carried out by diverse disciplines: Basic science studies provide concepts, definitions and classifications, as well as applied contributions that are mainly



oriented towards the family’s well-being in the housing, and some are conceptually associated with quality of life and sustainability. The main conclusion was a multidisciplinary model of quality of life for RH, with a basis on the Human Development proposed by Bonfenbrenner (2002). The model shows the horizontal relationships between similar topics studied by different discipline and researches. In a vertical manner, the model indicates ecological relations, the family and RH as the microsystem, the relations between families and communities are the mesosystem; while the exosystem is composed of territorial demarcation Additionally, the model’s systematization and indicators could be implemented for territorial planning.

KEY WORDS: rural housing, bibliographic analysis, quality of life.

INTRODUCCIÓN

Para el estudio de los espacios y las relaciones que las personas establecen con ellos, la Psicología Ambiental hace una diferenciación entre espacios no construidos y construidos; estos últimos pueden ser externos e internos. La vivienda rural (VR) es un espacio construido, con una parte interna y otra externa. Por las actividades agropecuarias que realiza la familia, la vivienda se encuentra inmersa en ecosistemas naturales que cultiva, conserva, transforma o deteriora.

En este trabajo se considera a la VR como: un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural, construido y comunitario, que constituye una herencia, no sólo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades económicas y comunitarias; este comportamiento contrasta con el que se produce en las viviendas de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales características en la familia (Sánchez, 2006). La percepción de la lógica de la VR, requiere, sin lugar a dudas, un enfoque y marco multi e interdisciplinario, ya que se requiere comprender las labores agrícolas en determinados ecosistemas, las relaciones internas y externas de las familias que viven en ellas, y sus relaciones con otras familias, que en conjunto construyen las redes del tejido social de las comunidades rurales. Estas tienen influencias muy diversas en lo social, económico y cultural; sus situaciones varían también de acuerdo a la zona ecológica y demográfica, y a la economía regional y nacional. Además hay dos situaciones transversales que viven las comunidades rurales: la emigración al exterior y nacional, y el aumento de la pobreza, sobre todo en zonas marginales de paupérrimas condiciones ecológicas.

Calidad de vida en la vivienda rural

El concepto de calidad de vida (CV) se generó como medida para buscar niveles aceptables de condiciones para la vida humana; sus múltiples aportaciones tienen el sesgo de aplicabilidad inmediata para promover la restauración de condiciones de vida sana y permisible en la población, por lo que la revisión bibliográfica puede ser muy amplia si no se establecen límites. En esta investigación se citan los trabajos más significativos que son fuentes de conocimiento y reflexión, para su aplicación en diferentes ámbitos de la vida humana.



El carácter multidisciplinario en el estudio de la CV presenta una limitante que ha sido la elaboración de instrumentos confiables que midan y comparen el concepto en diferentes países, lo que significa diferentes sociedades, culturas, ecologías y niveles socioeconómicos; y, desde luego, diferentes enfoques en la investigación (Veenhoven, 2005). Superar el problema promovió la comparación entre naciones, expresando la familiaridad o lejanía que pueden tener unas con relación a otras, así como las características únicas de cada país. En una investigación dirigida por el mismo autor en 67 países, emergió la subjetividad de los sujetos como inevitable, porque sólo ellos pueden apreciar cómo viven. Sin duda fue un aporte importante, dado que los indicadores empleados eran, para países desarrollados, los ingresos y los servicios con los que contaban las personas; para países pobres, se empleaban los indicadores de salud, nutrición, mortandad y acceso a fuentes de trabajo.

Al estudiar la CV se han elegido diversos sinónimos: “salud y bienestar”, “satisfactores económicos o de otro tipo” y “ser felices”. En Estados Unidos, Kenneth, Land, Lamb y Taylor (2007), usaron el concepto de “bienestar de niños y jóvenes” para estudiar los indicadores de CV concernientes a esas etapas de desarrollo. Con la información que obtuvieron, elaboraron en 1975 el cuestionario Well-Being Index (WBI) para esas edades. Sus investigaciones entre 1975-2004 en niños y jóvenes les permitieron conocer los cambios en el significado de “bienestar” por generaciones e interrelacionarlos con las épocas socio-económicas y políticas de ese país.

En el área de la salud se estudia la percepción o las respuestas subjetivas sobre el ambiente local, porque la persona, al interiorizar los factores sociales externos como conocimiento, relaciona el ambiente externo (social, cultural y físico) con el interno (biológico). Muhajarine, Labonte, Williams y Randall (2008) han considerado la percepción del individuo sobre sí mismo, con su vivienda y comunidad.

En México, Landázuri, Terán, Mercado y Sánchez (2003) refieren el concepto de CV a la vivienda como factor que incide directamente en la cualidad de modo de vida de sus habitantes; esto es entendible desde la sensación y la percepción que cada individuo tiene del grado de satisfacción que le aporta su vivienda para la resolución de sus necesidades.

OBJETIVOS

Por lo anterior, los objetivos de este trabajo son:

1. Proporcionar información multidisciplinaria de los estudios que el tema ha generado y un Modelo que permita visualizar las relaciones entre disciplinas y los temas de interés sobre la VR. Esto sin duda facilitará la orientación de profesionales interesados en su comprensión desde diferentes dimensiones.

2. Obtener indicadores desde la perspectiva multidisciplinaria, para describir la calidad de vida que la VR produce a sus moradores.

El concepto de multidisciplina que guió el trabajo surge de la necesidad de delimitar campos de conocimiento, acción y método. La multidisciplina se presentó como “la acción conjunta de varias disciplinas para resolver un problema en el ámbito práctico, en donde es tan importante la explicación del



problema, como las acciones coordinadas para resolverlo” (Cardoso, 1999, p. 34). En este trabajo hacemos extensivo estas consideraciones a determinadas acciones sistemáticas y metodológicas cuya base epistemológica proviene de diferentes disciplinas, como pudiera ser el caso de Trabajo Social, Enfermería, Administración o Demografía, entre otras. Esta decisión se hizo necesaria para incluir aportaciones importantes de profesionales dedicados más a la acción y el trabajo social que a la investigación; no obstante que en situaciones determinadas se les hace necesario incluirse en la investigación de carácter aplicado para resolver problemas específicos.

MÉTODO

Población rural

En cuanto a la delimitación entre la población urbana y la rural, no existe un punto donde desaparezca lo urbano y comience lo rural, y por ello la división resulta arbitraria (Villalvazo, Corona & García, 2002). La ONU considera que cuando se realizan comparaciones entre países de diferente densidad poblacional y grado de desarrollo, el número de habitantes no aporta claridad. Los criterios de Unikel, Ruiz y Garza (1976), son más flexibles, para ellos una localidad es rural cuando tiene máximo 5000 habitantes, y mixta cuando son entre 5000 y 15000, y según la proporción de actividad económica primaria de la familia que vive en el campo.

En la realidad los asentamientos humanos, sean clasificados o no por el número de habitantes, tienen relaciones entre ellos y movimientos que les permite soslayar las delimitaciones geográficas y sociales. El concepto de nueva ruralidad que se debatió a finales de la década de los años de 1990 y principios de la del 2000, argumentan que las zonas rurales marcan un territorio en el que la población tiene más actividades económicas y sus culturas permean a las ciudades, y se establecen relaciones de interdependencia (E. Pérez, 2001). Esas relaciones tienen sus particularidades, históricas, sociales, culturales y ecológicas, que definen su realidad propia. Llambí (1995) plantea que estos procesos aparecen en el mundo de manera simultánea e interrelacionados con los procesos globalizadores y que tienden a reestructuraciones geoeconómicas y geopolíticas, que se escapan al estudio disciplinario.

Avanzados los procesos globalizantes, con las complicaciones de la sobrepoblación y los problemas climáticos, en muchas zonas ya no hay una diferencia visible o fácilmente perceptible entre una población y otra. Ahora es la población urbana que no sólo se relaciona con la rural, sino que la invade y se establece en regiones que antes eran productivas. La expansión de las grandes ciudades se realiza sobre los campos agrícolas, convirtiéndolos en espacios de construcción urbanos en especial de interés social y grandes centros comerciales.

No obstante, son distinguibles las familias rurales quienes conservan actividades agropecuarias en alguna medida, y complementan sus ingresos con trabajo asalariado o venta de productos agrícolas con algún valor agregado. Estas distinciones son uno de los objetivos censales de los países que requieren comprender los movimientos demográficos. Del mismo modo, zonas rurales son distinguibles por un conjunto de características que las distancian de las zonas urbanas: menor extensión y población, así como menor cantidad de servicios y equipamientos.



Análisis bibliográfico y documental

La búsqueda bibliográfica abarcó las décadas de 1998 a 2008, en las siguientes bases de datos: a) Isi Web of Science, ProQuest, Ebsco Host, Jstor, Wiley Blackwell, Science Direct, Springer Link, E-brary, Sage Journals, Scirus, PsycINFO, Elsevier; Ansi Journals; b) reportes de investigación, memorias de congresos, revistas locales y tesis; y c) investigaciones que se han realizado en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas.

El análisis cualitativo del material documental se organizó con el software EndNote X (Thomson ISI ResearchSoft, 2004); se clasificó tomando en consideración las disciplinas predominantes de los documentos y las temáticas de interés.

RESULTADOS

Los resultados se dividen en dos apartados, el primero, de análisis cualitativo, presenta cuatro tipos de categorías en que se concentran los aportes de las investigaciones y estudios analizados, y el segundo es un Modelo de Calidad de Vida para la VR:

1. Análisis cualitativo

1.1 Aportes de investigaciones básicas

Investigaciones históricas

La historia de la vivienda identifica una etapa de evolución de la humanidad, caracterizada por la separación de las labores agropecuarias de los espacios habitacionales, los cuales son derivados de costumbres y tradiciones que dan cuerpo a lo doméstico, a lo íntimo y a lo privado, dedicando otros espacios para lo público; este momento se ubica en el Medioevo, cuando la alta burguesía deseaba confort y eliminó las actividades económicas de la casa y del predio familiar (Rybczynski, 1986).

Una etapa histórica puede relacionar contextos, causas y modificaciones de las viviendas. Los contrastes sociales, étnicos, económicos y políticos de México previos a la revolución de 1910 se reflejaron en las viviendas. Los latifundios influenciados por el extranjero separaban la habitación de los espacios productivos; y las chozas prehispánicas indígenas mostraban menos cambios y mayor adaptabilidad ecológica (Bolis, 1982).

También en México, la arquitectura registra un cambio de actitud histórico, del menosprecio al aprecio de la VR y la vernácula. El inicio data de finales del siglo XVIII y principios del XIX (Viollet-le-Duc, 1874 citado por Aguilar, 2001); entre l960 y 1970 la arquitectura se orientó hacia la VR (Aguilar, 2001), que al inicio se asociaba a la pobreza (Fathy, 1969 citado por Aguilar, 2001), pero los resultados resaltaron la sabiduría y coherencia con la que los usuarios resuelven los problemas de sus viviendas, así como la dificultad de lograr diseños coherentes sin considerar los valores constantes de los mismos (Rapoport, 1969 citado por Aguilar, 2001). Entre 1970 y 1980 se difunde el interés por la VR y la vernácula, en cuanto a materiales de construcción de las propias regiones; para su estudio,



se publica la Enciclopedia mundial de arquitectura vernácula con trabajos de 700 autores de 80 países (Oliver, 1997 citado por Aguilar, 2001).

Un problema actual son los cambios en el ambiente rural que provocan la sobrepoblación de las ciudades medianas y grandes, cuya periferia se une a la superficie rural y forma las zonas metropolitanas (Rybczynski, 1986). La urbanización acelerada ha hecho que las ciudades ocupen el 4% de la superficie del planeta y alojen a la mitad de su población, quienes consumen tres cuartos de los recursos naturales y generan otra cifra igual de contaminación y desechos (Redman & Jones, 2005). En 1957, el 30% de la población global vivía en ciudades, mientras que en el año 2000 el 47%, y para 2030 se espera que sea el 60%. En las ciudades de países desarrollados vive el 75% de la población mundial, y para 2030 se calcula que sea el 83%; también se espera que el mayor crecimiento de población urbana se dé en países en desarrollo (UN Population Division, 2003 citado por Redman & Jones, 2005). La sobrepoblación es la principal causa del daño ecológico, el crecimiento de la inseguridad y la necesidad de lograr el desarrollo sustentable (Cassils, 2004). también es particularmente productora de contaminación, dando como resultado que los ecosistemas lleguen a sus límites al consumir sin medida agua y suelo (Harte, 2007).

Conceptualizaciones de vivienda rural

Los conceptos que se transcriben aportan conocimientos sobre la VR y revelan abstracciones de su esencia de acuerdo a diferentes disciplinas.

Hay una fuerte influencia de las ciencias sociales en arquitectos y agrónomos, la conceptualización sobre la vivienda hecha por Heidegger (1992) en la que se basan Correa (2000) y Mellace (2000) es un lugar central de la existencia humana, donde la relación trabajo-producción-vida familiar está en clara interacción con el entorno, no sólo comprende la unidad de habitación, también el espacio de producción, la diseñan, construyen y modifican sus moradores con técnicas tradicionales, auto-producción de materiales y componentes básicos.

Sámano et al. (2001) enfatizan que es necesario concebir a lo rural y lo urbano como un complejo sistema de relaciones de intercambio, transferencias e interpenetraciones, en un ámbito no sólo nacional sino internacional. Paredes (2000) encuentra que en los espacios correspondientes a actividades domésticas y productivas de la VR se reflejan los usos, disponibilidades sociales y culturales, como la educación y la religión. La vivienda se conceptualiza de diferentes maneras porque a medida que evolucionan los seres humanos, ella también lo hace (Rybczynski, 1986).

Chayanov (1974) en la economía y Parsons (1975) en la sociología coinciden en que la familia es una unidad natural, institución universal basada en su reproducción biológica y social. El primero explica la división del trabajo considerándola Unidad Económica Campesina, basada en la asignación natural del trabajo: mujeres en actividades reproductivas biológicas y sociales, hombres en las productivas y de intercambio; e identifica los espacios internos y externos de la VR correspondientes. Parsons ve la parte social derivada de la co-residencia y las formas estructurales y funcionales que toman las familias en la cultura campesina.

De los conceptos “familia”, “hogar” y “casa” que Parsons aporta a la sociología, Parada (1993) ve diferentes elementos que interactúan en la VR: la co-residencia, el matrimonio (contrato conyugal), las relaciones de poder entre



géneros, el trabajo doméstico, la sexualidad, la procreación, el ciclo de vida, las definiciones de actividades o roles por género, las relaciones de parentesco, y las relaciones económicas. En términos de funcionalidad, la VR se relaciona con la actividad productiva y la cultura de sus habitantes porque es uno de los medios de trabajo (Damián, 1991). La asociación de espacios, funciones y roles, ha permitido la comprensión de la lógica de la VR para la familia que la habita (Monterrubio, 2000). En forma conceptual, la VR es un espacio construido por la actividad consciente del hombre que ocurre en la humanización de la interacción hombre-naturaleza; es el espacio indispensable para las relaciones primarias o nucleares (Vargas, 2000).

Descripciones de viviendas

La VR incluye habitación y áreas productivas, ya que hay actividades que se realizan dentro con participación de varios o todos los miembros de la familia; su ubicación en los asentamientos rurales se relaciona con la accesibilidad y distancia adecuada a las tierras de cultivo. También es un espacio cultural, ritual de saber, porque ocupa un lugar central para las actividades ceremoniales, de sociabilidad y de relaciones y solidaridad comunitarias (Roze, 2000). La ocupación de la tierra y la distribución de funciones del trabajo campesino constituye la estrategia básica para la organización espacial de la vivienda en ambientes interiores y exteriores, que constituyen el escenario principal de la vida familiar y concentran el 90% de las actividades de grupo (Rotorando & Mellase, 2000), descripción que se hace extensiva a Iberoamérica.

Al describir la VR por sus valores, Villar (2001) señala que es útil porque cada espacio es adecuado para las necesidades del habitante y su construcción requiere elementos mínimos. Es congruente con la imagen de su creador, existe concordancia entre sus elementos: material-apariencia, forma-función, forma-utilidad, forma-historia, y con el medio natural. Es estética por lo conveniente para sus moradores, además contiene elementos naturales construidos, armónicos y agradables a la vista; es social porque es la representación de una cultura, de un conjunto de individuos. Por todo lo anterior, el autor considera a la VR como arquitectura con valor.

La imagen de la VR más difundida es la de campesinos, y la de indígenas, que por lo general están aisladas y dispersas en la sierra, desconocidas y sólo identificables estadísticamente tras desastres naturales (González, 2001). Esas características son un patrón de sociedades indígenas, originadas como estrategia de sobrevivencia y protección ante la colonización española. En las descripciones folclóricas aparecen ideas asociadas a la presencia de animales, agricultura, elementos rústicos y precariedad (Grama, 2000). La VR es autogestionada, autopromovida, autoadministrada y autoconstruida (Vargas, 2000; González, 2001).

Clasificaciones de viviendas rurales

Las clasificaciones reportadas derivan de conceptos o definiciones de la VR; algunas son categorizaciones de atributos y otras, identificación de elementos.

En cuanto a la tecnología, la VR tradicional y la transicional emplean técnicas artesanales y materiales naturales del entorno (Rotorando & Mellace, 2000). González (2001) coincide pero agrega la VR moderna que incorpora materiales industriales, mezclando componentes y técnicas tradicionales; aun manteniendo el adobe, su construcción lleva más materiales industrializados. En México, Torres (2001) da cuatro criterios arquitectónicos: conjunto (volúmenes y



organización de los espacios), distribución (ordenación de los espacios y funciones), elementos (techumbres, muros, puertas y ventanas), y sistemas constructivos (estructuras). Por criterios económicos y antropológicos, Roze (2000) clasifica la VR en: la natural, que facilita las relaciones sociales, de convivencia familiar y las funciones de sus miembros; la de mercancía, por su valor en el mercado; la de producción, por el sistema de trabajo del que participa la familia; la precaria, que expresa desigualdad e inadecuación; y la social, financiada por el Estado.

Las viviendas rurales construidas con criterios sustentables son asequibles, eficientes energéticamente, reciclan la cosecha, manufacturan de forma responsable los materiales, usan menos agua, promueven la salud de sus habitantes, preservan el hábitat y ecosistemas, promueven la comunidad, son de mayor calidad y su operación es menos costosa (Conelly, 2005).

Hay clasificaciones más específicas, como edificaciones gallegas dedicadas al turismo, que son: castillos, monasterios, casas grandes y rectoras. Las casas de aldea, anteriores a 1940, son rústicas. Las casas de labranza son rústicas pero rurales; en ellas se realizan actividades agropecuarias en las que los huéspedes pueden participar, como actividades de “agroturismo” (García, 2001).

1.2 Aportaciones al estudio de la vivienda rural por disciplinas

Medicina y psicología clínica Ambas se abocan a la salud, la medicina a la física, y la psicología a la mental. Estas investigaciones aparecen en años recientes y van en aumento por los focos de enfermedad que se han identificado; también detectan problemas de calidad de vida de los habitantes y sus viviendas.

Salud física. Los estudios involucran a grupos vulnerables (niños, mujeres y ancianos). La VR afecta a sus moradores por factores físicos y sociales; los principales problemas son envenenamiento con plomo (derivado de la pintura de casas anteriores a 1978) y asma (Lance, 2000-2001a). La exposición crónica al plomo puede causar daño cerebral, contaminación en la sangre o en el sistema reproductivo, y decrecimiento de funciones motoras y cognitivas (Ryan, 2002). El asma se asocia a factores irritantes como humo, moho, polvo, animales y ácaros (Lance, 2000-2001b); Miller, 2002; Dagoye et al., 2004). Otros problemas en niños rurales son: laceraciones, quemaduras con estufas de madera o calentadores de queroseno, y exposición a elementos calientes como radiadores que se utilizan para calentarse (Lance, 2000-2001a). El agua contaminada y el drenaje en malas condiciones producen diarreas, hepatitis A y deshidratación, además de afectar la higiene personal y la preparación de alimentos (Miller, 2002).

Los problemas de salud en ocasiones son muy localizables por el ecosistema en donde se ubican las viviendas. En las VR de Estados Unidos existe un enemigo común: el moho que se asocia a síntomas asmáticos, daño cerebral y enfermedades respiratorias. Los roedores y sus infecciones impactan la salud de los residentes (Lance, 2000-2001b); Anderson, 2002; Miller, 2002).

El aislamiento geográfico de la VR no facilita la atención de la salud (Muller, Smith, Mellor, Rare & Genton, 1998); en Nueva Guinea encontraron que a mayor distancia entre las viviendas y los centros de atención a la salud, disminuye la frecuencia de visitas médicas. En Lesotho, África, el espacio exterior de la VR es un recurso agrícola para atender las necesidades de alimentación, sin embargo,



el estatus nutricional de los niños es bajo (Makhotla & Hendriks, 2004). En contraposición, en Canadá se encontró como factor protector de contaminantes la distancia entre la VR y las zonas de tráfico vehicular (Miller, Dugandzic, Frescura & Salares, 2007).

El hacinamiento en la VR se ha convertido en una forma de vida (Miller, 2002). Al compartirse la cocina y el baño entre varias familias, la consecuencia es la propagación de enfermedades como conjuntivitis, resfriado, piojos, humo de segunda mano (fumadores a no fumadores), abuso a menores (unido al uso de drogas y alcohol), violencia doméstica (asociada al estrés por el mismo hacinamiento) y complicaciones con estados depresivos (Miller, 2002; Rural Assistance Center, 2007b).

Salud mental. El estado de la VR es indicador de calidad de vida y sus elementos físicos tienen un impacto importante sobre la salud mental de los residentes (Pereira, Contreras, Guatarasma & Mejía, 2001; Pérez, 2001). Una pobre calidad de vivienda observada por los indicadores: estructura, privacidad, clima interior, riesgos, higiene y recursos, puede afectar el desarrollo mental de los niños (Evans, Lercher & Kofler, 2002). En Austria se encontró más afectación en la salud de los niños que vivían en multifamiliares rurales que los de casas independientes (Evans, Saltzman & Cooperman, 2001). En el área rural de Nueva York se identificó que el acceso visual a elementos naturales desde el interior de la casa proporcionaba a los niños un efecto amortiguador ante los eventos estresantes de sus vidas (Wells & Evans, 2003); también se encontró que a mayor densidad de habitantes, mayores efectos sobre la salud mental de los niños (Evans, Saegert & Harris, 2001).

Algunos autores afirman que poseer una vivienda beneficia no sólo la salud mental de los habitantes rurales, sino en general la vida de los residentes. En asentamientos rurales los beneficios incluyen la reducción económica y psicológica de los efectos negativos de las crisis económicas (Lance, 2000-2001a); también disminuye el hacinamiento y la deserción escolar (Zatz, 2000-2001); y estabiliza la vida de sus habitantes, ya que pueden conservar el trabajo y se distribuyen mejor los ingresos en la familia (Strauss & Toney, 2000-2001).

Los eventos violentos dentro de la VR afectan la salud mental de los moradores; éstos se relacionan con abuso de sustancias (Koenig et al., 2003) y factores socioeconómicos (Bates, Schuler, Islam & Islam, 2004; Angelucci, 2007). Estos autores encontraron que, en general, menores ingresos y menor escolarización, así como el consumo de alcohol, están asociados a la violencia doméstica. Otras investigaciones tratan acerca de lo difícil que es para las mujeres conseguir ayuda en los asentamientos rurales, cuando son víctimas de violencia (Krishnan, Hilbert & VanLeeuwen, 2001; Rural Assistance Center, 2007a).

La casa también puede proporcionar un contexto social para el abuso de sustancias. Valentine, Holloway, Knell y Jayne (2008), encontraron, en una comunidad rural en Inglaterra, que el consumo de alcohol de los adolescentes en la casa no sólo es tolerado, sino que también era estimulado.

Psicología ambiental.3 El hacinamiento en la VR tiene diferentes causas: los poblados ubicados en las sierras tienen casas de pocas habitaciones, en una descansa y duerme la familia, y es frecuente la falta de drenaje y agua potable. En las cercanías a las ciudades, los habitantes rurales adoptan el modelo urbano de vivienda de dos pisos por la disminución de terreno, sin eliminar las actividades agropecuarias; el espacio entre habitaciones y animales, depósitos



para su comida, insecticidas y fertilizantes, se acorta y se producen focos de contaminación porque se dificulta la limpieza (Sánchez, 2006).

El valor y el significado que tiene la VR para sus habitantes se relaciona con aspectos afectivos, sociales, económicos y utilitarios. En Texcoco, México, el concepto de “casa moderna” asociado a la urbana revela dos formas de valoración y de vida: de progreso, cambio o modernización y conciencia de que su vivienda lo refleja, un estilo, por lo general, de familias que transitan de lo rural a lo urbano. Otras se resisten al cambio y se apegan a la tierra y al territorio (Sánchez, 2009). El significado de residencia cambia paulatinamente, de acuerdo a sentimientos y comportamientos de inclusión o exclusión de los grupos de residentes. Durán y Sánchez (2009) identificaron cinco grados de aprecio por la vivienda y la región, que revelan el proceso de cambio de lo rural a lo urbano, desde la perspectiva psicosocial y cultural.

Derr (2002), en Nuevo México, Núñez y Beasley (2001) en Uruguay, y Pretty, Chipuer y Bramston (2003), en Australia, estudiaron los factores relacionados con el sentido de pertenencia al lugar de residencia (“sentirse en casa”); encontraron como factores asociados: el contacto con la familia y la comunidad, realizar actividades en conjunto (recolección de hierbas y leña), y la percepción y el contacto con elementos naturales del ambiente.

Estudios descriptivos y sociológicos

La ausencia de sentido de pertenencia puede generar conflictos en las relaciones sociales. Pauli (2008) describe las complicadas relaciones entre las suegras y nueras cuyos esposos son inmigrantes. La obtención de una casa para la nuera, la edificación de una nueva, o la apropiación de otros espacios independientes a la suegra, promueven una diferente estructura en las relaciones familiares.

En Michoacán, México, el retorno del esposo migrante no es siempre favorable para la vida de la esposa en la casa, porque se incrementan las labores domésticas y disminuye la libertad en las actividades (Alvarado & Núñez, 2006). En una localidad de Nuevo León, México, García (2006) concluyó que las viviendas rurales de esa zona estimulan cada uno de los sentidos de sus habitantes.

Las variables demográficas interaccionan de forma compleja, de tal forma que las relaciones entre los diferentes grupos con la vivienda son muy diversas: con datos estadísticos de Estados Unidos, Hicks (2002) describe las características sociodemográficas de los moradores de los asentamientos rurales relacionadas con aspectos de salud (cantidad de habitantes, médicos, hospitales, dentistas, frecuencia y severidad de enfermedades) que se compararon entre asentamientos con diferentes grados de urbanización. En el mismo país se identificó las variables demográficas de tres grupos: a) de pobladores rurales ancianos confinados en sus casas por motivos médicos (Kalavar & Rapano, 2003); b) de indigentes sin hogar, hecho que se ha incrementando en las zonas rurales, aunque es un fenómeno no tan visible como en las ciudades (Cloke, Milbourne & Widdowfield, 2001; Post, 2002). Estas personas son atendidas algunas veces por organizaciones confesionales y comunitarias, proporcionándoles diversos servicios como comida, agua, cuidado de niños, trabajo, etc. (Rural Assistance Center, 2007b); c) los pobres rurales experimentan las peores condiciones de vivienda, son los que menos oportunidades tienen de ser dueños, ya que aunque las casas son más baratas en esas zonas, también lo son los ingresos. Aproximadamente 1,5 millones (6,6%) de las viviendas rurales están en muy malas condiciones y el 4% tienen condiciones de hacinamiento



(Housing Assistance Council, 2006). A pesar de que el trabajo agrícola es una dimensión importante en Estados Unidos, sus trabajadores son uno de los grupos más pobres del país. Esto se traduce en inhabilidad para poder atender una casa asequible, decente y segura (Housing Assistance Council, 2005).

Los jóvenes tienen diversos problemas para obtener una vivienda o rentarla (Burrows, Ford, Quilgars & Pleace, 1998; Jones, 2001; Jones, 2004). Al relacionar raza y sexo, se ha reportado que las mujeres rurales tienen menos acceso a las viviendas que los hombres, sobre todo si pertenecen a algunas minorías como afroamericanas o latinas (Allen, 2002). Además, las condiciones de vida y trabajo en la casa son más desfavorables para las mujeres que para los hombres (Núñez & Beasley, 2001; Robson, 2004).

1.3 Mejoramiento de la vivienda rural

Los arquitectos son los profesionales que más aportan para el mejoramiento de la VR, desde aspectos sencillos como la construcción de letrinas (Becerril, 1981) o el uso de materiales económicos (Díaz, 2000), hasta trabajos con teoría elaborada derivada de las ciencias sociales y la psicología para sustentar sus aportes. Promueven una fuerte tendencia a incluir a la población en los proyectos de construcción y a considerar el mejoramiento de los poblados. Los trabajos de agrónomos abordan también aspectos prácticos y hacen consideraciones sobre los problemas de preservación de las culturas e identidades campesinas, y llaman la atención sobre la necesidad de armonizar, en las construcciones de viviendas rurales, la sustentabilidad, el equilibrio ecológico y la calidad de vida.

Aspectos técnicos-arquitectónicos. La tecnología más adecuada para la VR será la que solucione integralmente: gestión, construcción, flexibilidad para crecer, mantenimiento, evolución de la vivienda y su entorno utilitario construido (Rotorando & Mellace, 2000); y como acciones importantes para mejorarla los autores proponen: a) fortalecer la producción local de materiales y recuperar técnicas tradicionales; b) diseñar en tiempos y costos flexibles adecuados para cada comunidad; c) dar soluciones que respondan a la complejidad y diferenciación social, cultural, tecnológica y territorial, así como a la especificidad de las poblaciones, regiones, recursos, capacidades y naturaleza de las necesidades de los usuarios; d) desarrollar en forma integral el hábitat.

Perspectiva agronómica. La VR debe proveer suficiente protección, higiene, privacidad y comodidad a sus habitantes, y aislarlos de agentes exteriores (calor, frío, lluvia, viento, etc.). Debe estar adecuadamente localizada y tener facilitad de saneamiento, según las actividades agropecuarias que realiza la familia (Sámano et al., 2001). Los autores también llaman la atención sobre el hecho de que el espacio de la VR da alojamiento a rituales y costumbres relacionados con la edificación y la actividad económica y social; de que en ella se realizan distintas actividades en un mismo espacio; de que en su territorio se encuentran las habitaciones, así como corrales, gallineros, depósitos, acequias y canales; y de que todos estos espacios se relacionan con el medio ambiente (clima, agua, catástrofes naturales).

La agronomía aporta también una perspectiva geográfica y ecológica como método indirecto que considera a los usuarios. Para la comprensión de la habitación rural, y para solucionar su diseño y construcción, Guzmán (1991) recomienda una regionalización del país con base en 3 premisas: una región es un instrumento de análisis; es una porción territorial sin límites exactos; conlleva implicaciones generales de representatividad física (clima, altitud y orografía) significativas para el usuario, quien obtiene del medio físico satisfactores para



diferentes necesidades. En ese marco, es necesario considerar en la VR espacios de actividades domésticas, productivas y de modos de producción.

Perspectiva de la psicología ambiental. Sánchez (2006) siguiere: a) atender operatividad y funcionalidad de la VR, considerando las principales actividades de la familia campesina y las apreciaciones de sus miembros, así como la idea que tienen de las “casas modernas”; y b) que las modificaciones a la VR separen las actividades domésticas de las productivas, invirtiendo en los espacios productivos para acondicionar en ellos lo que los espacios domésticos les proporcionan para sus actividades agropecuarias o de maquila. De esa manera, los espacios internos de las viviendas aun cuando no se modificaran podrían generar mayor bienestar, comodidad y calidad de vida a sus moradores.

Participación de los usuarios. En América Latina la participación de los usuarios se ha requerido por las necesidades de reconstruir pueblos devastados por desastres ambientales, y por el desconocimiento de la cultura regional y la pobreza de los pueblos rurales. Hay diferentes grados de participación; en algunos casos se les interroga, mientras que en otros se investiga de manera indirecta las necesidades familiares y los elementos necesarios para la construcción.

Cuando el planificador no sabe lo que necesita la población en su vivienda, la arquitectura debe buscar, concebir y construir espacios habitables que promuevan el equilibrio ecológico, económico, psicológico y político de los individuos y su sociedad, a partir de una propuesta participativa (Cruz, 2000). Este diseño, de acuerdo a Vargas (2000), permite a la población expresar sus intereses desde las decisiones del proyecto hasta su ejecución, obteniéndose beneficios sociales, políticos, económicos y ambientales. La participación provoca que las personas se identifiquen con el trabajo, lo hagan suyo y se comprometan personalmente; además, que se organicen para resolver sus necesidades y obtener orientación para encontrar soluciones desde los medios que poseen. Es vital que el arquitecto obtenga una visión personal sobre los sentimientos que la población tiene del espacio y sobre la necesidad que se quiere resolver en determinado espacio.

Para la reconstrucción de las viviendas después del huracán Mitch en Nicaragua, pidieron a los usuarios que dibujaran cómo querían la vivienda y se discutieron los aspectos que no deseaban hasta elegir los tres diseños que más les gustaban y convenían (Lagos, 2000). En Mendoza, Argentina, para mejorar las condiciones de vida y favorecer el arraigo de la población rural, se emplearon talleres en los que se decidieron distintos aspectos del diseño; se incentivó al desarrollo de los asentamientos rurales y el uso de fuentes renovables de energía, aportando al desarrollo sustentable (Mitchell, 2000). En Hidalgo, México, para preservar a la VR de cambios que hacen los migrantes al reproducir lo que aprenden en el destino migratorio, se atendió a cada persona que pretendía modificar su vivienda y se explicó su calidad arquitectónica (González, 2000).

Bajo la premisa de que para contribuir al desarrollo rural integral no se debe trabajar en forma asistencialista, sino fortalecer los factores involucrados, Rodulfo et al. (2000) atendieron a productores minifundistas pobres en una zona con propensión a la emigración. Los proyectos habitacionales aumentaron la producción agropecuaria porque se asociaron a la obtención de la vivienda. Si no hay sustentabilidad productiva, la vivienda puede resultar una inversión perdida y la migración es la consecuencia. El proyecto habitacional otorgó financiamiento para materiales de construcción y como contraparte, se fomentó la organización social y la participación de los beneficiarios mediante la mano de obra. Esto



contribuyó a elevar su autoestima por construir su propia mejora en la calidad de vida; los grupos se fortalecieron con capacitación en oficios y para la producción regional de materiales y técnicas constructivas.

1.4 Criterios de sostenibilidad y calidad de vida

Sostenibilidad. Cualquier esfuerzo en materia de vivienda debe basarse en conceptos de sostenibilidad, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio en las dimensiones ecológica, económica y social (Fournier, 2000). Con estos principios, el autor trabajó en Costa Rica con el Programa ID Misión, para participar en la solución del problema habitacional haciendo cambios en la práctica constructiva. Entre los resultados obtenidos hubo: ahorros significativos en el costo y un sistema de construcción integral prefabricado para viviendas y edificaciones livianas, funcionales y estéticas.

En Tesayuca, México, se elaboró un proyecto con ideas sobre la integración de las comunidades al diseño de su hábitat, buscando que fueran sustentables y que a largo plazo garantizaran su utilidad, facilitaran la producción, y disminuyeran la dependencia de los productores del mercado de energía y de acaparadores. Se pretendía conseguir, mediante un diseño arquitectónico adecuado y educación general a los habitantes, que ellos realizaran mejoras a su calidad de vida y a su vivienda (Narváez, 2000). El proyecto se basó en conceptos de planeación territorial, arquitectura y diseño de los espacios abiertos para unidades de producción de leche, diseño de tecnologías baratas de energía alternativa, reducción de desechos y mejoría en la producción de leche; sin embargo, no se tomó en cuenta la cercanía de los productores a su ganado. Este tipo de errores son los que se pueden evitar con la participación de la población beneficiada.

Para la VR en zonas en donde existe traslape entre campo y ciudad, existen recomendaciones para la planificación y el financiamiento económico. En opinión de Vargas (2000), se requiere buscar la sustentabilidad, que evite el arrasamiento de las riquezas forestales, agrícolas y ganaderas, y procure el respeto a la población rural y la creación de la vivienda “rururbana”. Calidad de vida. Un factor que agrava el deterioro de la calidad de vida en los asentamientos rurales es la descomposición ecológica, que hace más desventajosas las condiciones productivas de las familias campesinas (Tena, 2000). Por ello, antes de la calidad de vida en la VR, es necesario considerar las condiciones de los asentamientos rurales. Rodulfo et al. (2000), de Argentina, señalan como principales estrategias para el desarrollo del poblado: 1) innovación en las estrategias de gestión, corresponsabilidad en la formación y aplicación de recursos, y diversificación de las soluciones con ajuste a las necesidades sentidas, en un marco de progresividad y continuidad; 2) las soluciones deben responder a la complejidad y diferenciación social, cultural, tecnológica y territorial, y a la especificidad de las poblaciones, regiones, recursos y capacidades, así como a la naturaleza de sus necesidades.

La necesidad de ofrecer mejores condiciones de vida al trabajador agropecuario exige una nueva estructura en los núcleos poblacionales, con emplazamiento adecuado y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales (Pascual, Gómez, Pérez & López, 2000). También es necesario validar con los usuarios la satisfacción o calidad de vida que les aporta, dado que ésta es, “una sensación existencial, es la percepción que un individuo o comunidad tiene de la calidad de los satisfactores del ambiente en el que vive” (Contreras y Corder, 1994 citados por Carballosa, Cardet & González, 2002). La calidad ambiental que se percibe



depende de las características del lugar, teniendo además relación con las experiencias y la cultura de la comunidad.

Criterio de calidad de vida en área rural. Pérez (2001) trabajó cuatro tipos de indicadores de calidad de vida para el medio rural: importancia económica y social que tiene el poblador rural; situación, recursos y cobertura de los servicios de salud; dinámica de la población; y, condiciones ambientales. Justifica su trabajo basándose en la proporción de la población rural en América Latina que representa el 24% del total y en México representa el 24,5% (24,398 millones de 98,881).

Pereira, Contreras, Guatarasma y Mejía (2001), obtuvieron con metodologías participativas (investigación-acción) en Venezuela, cuatro dimensiones de calidad de vida para una comunidad rural: humana, económica, ambiental y tecnológica.

2. Modelo de Calidad de Vida de la Vivienda Rural

Este Modelo permite, por un lado, la visión de conjunto de las relaciones entre disciplinas y sus temas de interés; y por otro, identificar grandes indicadores para la precisión de los elementos que se requieren para la calidad de vida de los moradores de las viviendas rurales. Estos indicadores tienen la característica de multidisciplinariedad, ya que no tienen las limitaciones de las disciplinas con la que cada una ve los requerimientos de la VR. El Modelo presenta en lugar de esa visión de división o de especialidad los niveles sistémicos, con los criterios de Ecología del Desarrollo Humano de Bonfenbrenner (2002).

La característica básica del Modelo es partir de la persona, su familia y su vivienda, avanzando a lo largo de las interacciones del grupo familiar con su vivienda, como espacio construido, y continuando con el medio natural, social y ambiental en donde reside e interactúa, como medio para su desarrollo.

El Cuadro 1 muestra las relaciones verticales y horizontales del Modelo. Las primeras hablan de la inclusión de los niveles más pequeños en los mayores, lo que se observa si se revisan de arriba hacia abajo. El primer lugar es el de las ciencias orientadas directamente a las personas, las familias y sus viviendas; el segundo es para las ciencias sociales; y el tercero para las ambientales. Lo mismo sucede con los niveles ecológicos, al estar comprendidos en el exosistema los dos sistemas anteriores. Las relaciones horizontales de izquierda a derecha indican las concordancias entre ciencias, temas de interés y niveles de sistemas ecológicos de desarrollo humano.



Cuadro 1. Modelo de Calidad de Vida para la VR.

Las ciencias que estudian personas, familias, sus interacciones y el uso de los espacios de sus viviendas se interesan por el sistema más pequeño o microsistema. Las disciplinas cuyos temas de interés son las redes sociales, las costumbres y la cultura comunitaria, así como los problemas que ellas enfrentan en lo económicos y social, se identifican en este Modelo como estudiosas del mesosistema. El nivel más amplio se asigna a las ciencias ambientales, que se interesan por las formas y relaciones que los grupos humanos entablan con el ambiente natural, construido y social, y que abarcan objetivos de dimensiones comunitarias o regionales, constituyendo el exosistema.

Para explicar el Modelo, se divide en dos secciones. El Cuadro 2 contiene dos columnas, A y B: en la A se concentran las disciplinas, y en la B los temas abordados por ellas; el propósito de ambas es mostrar las coincidencias de intereses y sus especificidades. Las dos tienen tres apartados; de la columna A son: A.1) Ciencias de la Salud y Psicológicas, A.2) Ciencias Sociales y A.3) Ciencias Ambientales. Es difícil sustraer a la Psicología Ambiental del contexto social, por lo que se le ubica tanto en A.2 como en A.3.



Cuadro 2. Disciplinas y Temas de Interés.

Los tres apartados de la columna B son correspondientes a los de la columna A: B.1) los temas de interés de las Ciencias de la Salud y Psicológicas, B.2) los de las Ciencias Sociales y B.3) de las Ciencias Ambientales. El agrupamiento de ciencias se hizo en función de identificar los conjuntos que más semejanzas tienen en cuanto temáticas estudiadas y concordancias de intereses. Sin embargo, hay interacciones entre conjuntos. Los más sobresalientes son:

Los datos demográficos son una constante en los tres conjuntos temáticos, porque se convierten en variables relacionadas al tener características de habitantes de la VR, su entorno ecológico y social.

La violencia intrafamiliar es un tema de interés tanto para las ciencias de la salud y psicológicas, como las sociales.

El acceso a la salud que se indica en el conjunto B.1, se incluye también en el B.2 en los aspectos de inequidades y discriminación.

Entre B.2 y B.3 las coincidencias se dan en hacinamiento, funcionalidad y operatividad de la VR, interés manifestado principalmente por psicólogos ambientales y arquitectos. Por su parte, los agrónomos también se interesan por los tres temas, pero con otros nombres, por su injerencia en la productividad agropecuaria y forestal.



El Cuadro 3 contiene la tercera parte del Modelo, la cual considera una correspondencia entre ciencias, temas y niveles ecológicos de desarrollo humano. De ese ordenamiento se obtiene un primer nivel de indicadores para construir instrumentos que exploren grados de la calidad de vida en las viviendas rurales de manera integral, en territorios delimitados ecológica y geográficamente:

Cuadro 3. Indicadores de calidad de vida por niveles ecològicos.

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1. Profesora Investigadora Titular. Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas.

2. Posdoctorante. En el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas. Profesor de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autònama de Mèxico.

3. Los aportes de la Psicología Ambiental en México se apoyaron en las variables que se estudian de manera sincrónica en varios países y que Mercado, Ortega, Luna y Estrada (1995) han organizado en un Modelo de Habitabilidad de la Vivienda Urbana: operatividad, funcionalidad, significatividad, placer La información que se aporta deriva de una investigación realizada en el municipio de Texcoco, que ha quedado incluido en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.



DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR DE LOS ANDES (Vultur gryphus)

JUAN MANUEL PÉREZ-ZAPATA1, CARLOS MOLANO-MONSALVE2, JANCY DARLY FLÓREZ-OCHOA1, ALEJANDRO RENDÓN-VÁSQUEZ1, GLORIA

MARCELA FLÓREZ3 [email protected]

RESUMEN

En este trabajo se diseñó un material educativo para la enseñanza de la conservación del Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) en el Parque Nacional Natural Los Nevados, localizado en la Cordillera Central de Colombia con alturas comprendidas entre 2600 y 5300 metros sobre el nivel del mar. Para la realización de este material se tomó como referentes teóricos el modelo educativo Escuela Nueva, los estándares para la educación en Colombia y los conceptos de lúdica y creatividad. Se realizó una selección de los estándares por grados y por área, y se procedió a estructurar actividades lúdico-creativas de acuerdo con los parámetros establecidos en el modelo educativo Escuela Nueva. El material educativo está compuesto por un texto guía que contiene actividades desde cuatro áreas del conocimiento como lo son las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias naturales y la lengua castellana; y una cartilla que es necesaria para el desarrollo de las actividades que se proponen en el texto guía y contiene la información sobre los aspectos biológicos, ecológicos, literarios y de conservación referentes al cóndor. Se obtuvo un texto guía que contiene seis unidades y 11 guías; y se obtuvo una cartilla con 13 puntos generales sobre el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus). El texto guía diseñado ofrece un gran número y variedad de actividades de tipo flexible, lúdicas y creativas que se dinamiza con la cartilla de la especie objeto de conservación. El material educativo diseñado está dirigido a docentes de los centros educativos, facilitadores y promotores ambientales, guías del parque, turistas y a la comunidad en general.

PALABRAS CLAVE:

Educación ambiental, Escuela Nueva, especies en riesgo, interdisciplinariedad.

DESIGN OF EDUCATIVE MATERIAL FOR TEACHING THE CONSERVATION OF THE ANDEAN CONDOR (Vultur gryphus)

ABSTRACT

This project was in charge of designing educative material for teaching the conservation of the Andean Condor (Vultur gryphus) in the Parque Nacional Natural Los Nevados, located in the Central Cordillera of Colombia, with heights ranging between 2600 and 5300 m. As theoretical references, the New School (Escuela Nueva) educational model, the standards for education in Colombia, and the concepts of recreation and creativity were implemented. A selection of standards by degree and by area was carried out, as well as organizing the activities in accordance with the parameters established in the New School educational model. The educative material consists of a guide text which contains



activities from four areas of knowledge such as social sciences, mathematics, natural sciences and the Spanish language, and a handbook necessary for the development of the activities proposed in the guide text and contains information about biological, ecological, literature and conservational aspects concerning the condor. The result was a guide text that contains six units and 11 guides, and a handbook with 13 general points on the Andean Condor (Vultur gryphus). The guide text offers a great number and variety of flexible, recreational and creative activities that is invigorated with the condor handbook. The educational material designed is aimed at school teachers, facilitators and environmental promoters, park guides, tourists and the general community.

KEY WORDS: environmental education, New School, endangered species, interdisciplinary approach.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años sesenta la educación ambiental fue asumida como un principio fundamental para la conservación y protección del medio ambiente, al ser evidente los perjuicios en los ecosistemas causados por la sociedad (Gonzales, 2003). A partir de la década de los setenta se han venido unificando esfuerzos en torno a la temática ambiental por organizaciones como las Naciones Unidas (UN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las cuales recomiendan establecer un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) que aborde desde la interdisciplinaridad, la educación formal y no formal, cubriendo todos los niveles de enseñanza y dirigido a todos los sectores, jóvenes y adultos (PNUMA, 1981; UNESCO-PNUMA, 1985).

La interdisciplinaridad o transversalidad es propia de lo pedagógico y plantea la integración de las disciplinas, tomando un tema en común, abordable desde la especificidad de cada una de ellas (Gonzales, 2003). Al ser lo ambiental, complejo e integrador de aspectos físico-naturales y necesario para concienciar, comprender y apreciar la relación individuo, sociedad y ambiente (Molano-Monsalve, 2004), permite transversalizar las áreas del conocimiento, llegándose a hablar de ambientalización de la educación, un concepto que busca integrar todas las disciplinas, saberes y prácticas en torno a temas ambientales y propone el trabajo conjunto entre educación formal, no formal e informal (Noguera et al., 2006).

Según el Ministerio de Educación Nacional (2002) en Colombia, para conservar el ambiente, es necesario un sistema educativo dinámico, que tenga una clara relación con la realidad y con las necesidades de la sociedad. En este sentido existen varios lineamientos y conceptos con los cuales se puede trabajar de manera integrada, los cuales son: el modelo pedagógico Escuela Nueva que está dirigido a comunidades rurales y urbanas de bajos recursos económicos y que pretende utilizar un método de aprendizaje interactivo, donde se articulen temas intersectoriales tales como el medio ambiente; los estándares para la educación en Colombia expedidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que especifican aquello que deben saber y ser capaces de hacer según área y grado los estudiantes de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional; la lúdica que aborda diferentes temas desde la óptica del juego, permitiendo dimensionar desde otras vivencias la realidad, y la creatividad definida como la habilidad puesta de manifiesto en cada individuo con el



propósito de instrumentar mejoras en un entorno determinado; involucrando las actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas (Penagos & Aluni, 2000; Ospina & Gómez, 2001).

Todos estos aspectos anteriormente mencionados nos abren la posibilidad de proponer un trabajo conjunto entre educación formal, no formal e informal partiendo desde la situación de amenaza en la que se encuentran muchas de las especies que hacen parte de nuestra biodiversidad. Entre estas especies se encuentra el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus), el cual ha disminuido su población debido al desarrollo económico de la zona andina que ha ocasionado pérdida de hábitat y disminución de la oferta alimentaria (Rengifo et al., 2002). El Cóndor de los Andes es considerada como una “Especie Sombrilla” lo cual le da una enorme importancia para la protección de áreas y conservación de la biodiversidad; además de la posibilidad de asociarla con la generación de servicios ambientales, acciones de conservación de ecosistemas y mejora de la calidad de vida de comunidades. Son varias las acciones que se han llevado a cabo para la conservación de esta especie, las cuales incluyen: reintroducción, monitoreos, educación ambiental y capacitación de personal técnico, líderes y comunidades que tienen relación con el cóndor (Corpocaldas, 2000; Feliciano & Arcila, 2000; Rodríguez-Mahecha & Orozco, 2002; Corpocaldas, 2005). Sin embargo, estos importantes esfuerzos no han sido transversalizados en las diferentes áreas del conocimiento.

Este trabajo tiene como objetivo el diseño de material educativo para la enseñanza de la conservación del Cóndor de los Andes (Vultur gryphus), y que en su conjunto integre de manera dinámica diferentes áreas del conocimiento. Los resultados de este trabajo hacen parte de una primera fase del proyecto titulado: “Diseño de una estrategia metodológica para la enseñanza de la educación ambiental con especies animales objeto de conservación en el Parque Nacional Natural Los Nevados”. Dicho proyecto ha sido propuesto por la Fundación Gestión Colombia - Manizales.


Para el diseño del texto guía se revisaron los estándares para la educación en Colombia de las áreas: lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales para los grados primero a tercero y cuarto a quinto de la educación básica, y se tomaron aquellos que por su flexibilidad podían ser aplicados a la temática ambiental para una especie objeto de conservación. Se revisaron de igual forma los ejes articuladores, los logros y los indicadores de logros dentro de los cuales se enmarca cada estándar. Finalmente, se procedió a realizar las actividades lúdico-creativas de acuerdo con los parámetros establecidos en el modelo Escuela Nueva, los cuales obedecen al siguiente esquema:

A. Actividad Básica “Partamos de tus ideas” En estas actividades se indaga sobre las ideas o conocimientos previos de los estudiantes y tienen como objetivo desarrollar destrezas, actitudes y habilidades.

B. Cuento pedagógico “Aprendamos algo nuevo” En estas actividades se realizan lecturas a partir de una cartilla, dinámicas de lectura grupal o individual, trabajo con nuevas palabras y comprensión de lectura.



C. Actividad práctica “Usemos lo que aprendemos” Son actividades individuales o en pequeños grupos en las cuales se busca el desarrollo de actitudes de compañerismo, solidaridad y participación.

D. Actividad libre “Lo que aprendemos y nuestra vida” Estas actividades buscan ampliar conocimientos, interacción con su grupo social y familiar propiciándose así el desarrollo socio-afectivo.

Para la creación de las actividades se tuvieron en cuenta de igual forma los dominios de la conducta: Cognoscitivo (Piensa), Afectivo (Siente) o Sicomotora (Actúa).

Para el diseño de la cartilla se tomó como especie al Cóndor de los Andes (Vultur gryphus); se tuvo en cuenta para su contenido los aspectos biológicos, ecológicos, literarios y de conservación referentes al cóndor.


Se obtuvo un texto guía que contiene seis unidades y 11 guías.

Para el área de lengua castellana se diseñaron tres unidades y siete guías. Éstas siguen a continuación con su respectivo título:

UNIDAD 1 Guía 1 Conociendo la especie según nuestros ancestros. Guía 2 Si la especie nos contara sus historias. Guía 3 Aquello que sentimos por los seres con los cuales compartimos la naturaleza.

UNIDAD 2 Guía 4 La naturaleza nos cuenta sus historias. Guía 5 Ayudo a la naturaleza a contar sus historias.

UNIDAD 3 Guía 6 El conocimiento científico acerca de la especie. Guía 7 La especie en las noticias.

Para el área de ciencias naturales se diseñó una unidad y dos guías:

UNIDAD 1 Guía 1 Clasifiquemos los seres de la naturaleza. Guía 2 Dónde encontramos los seres vivos y cómo debemos cuidar nuestro ambiente.

Para el área de matemáticas se diseñó una unidad y una guía:

UNIDAD 1 Guía 1 Entornos y vida. Relación natura-cultura.

Para el área de ciencias sociales se diseñó una unidad y una guía:



UNIDAD 1 Guía 1 Mi comunidad, mi comunidad ancestral y sus relaciones con la especie.

Al final de cada una de las unidades, el facilitador encontrará, además de la literatura utilizada para ilustrar los temas de las guías, fuentes de consulta adicional a las cuales podrá remitirse para complementar y crear nuevas actividades.

Se obtuvo de igual forma una cartilla con 13 puntos generales sobre el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) que toma como contenido los siguientes aspectos:

I. Narraciones Acerca de la Especie (Mito, Leyenda, Fábula, Cuento, Historieta, Poema, Obra de teatro de títeres, Artículo científico y Notas periodísticas). II. Descripción General de la Especie (Taxonomía, Anatomía, Alimentación, Reproducción, Conducta, Otros nombres que recibe la especie y Ficha biológica de la especie). III. Cómo es el medio donde vive la especie, sus adaptaciones y sus relaciones con otros seres vivos. IV. Relación de la especie con el hombre y su importancia. V. Características extraordinarias de la especie. VI. Distribución (mapas actuales, ancestrales, paisajes naturales, paisajes culturales). VII. Acciones emprendidas para su conservación en Colombia y en el PNN Los Nevados. VIII. Amenazas y su estado actual de conservación en Colombia y en el PNN Los Nevados. IX. Propuestas de conservación. X. ¿Qué podemos hacer para proteger y conservar a esta especie? XI. Glosario ambiental. XII. Consulta en línea. XIII. Bibliografía.

Al igual que los trabajos realizados por Velázquez et al. (2007) y Velázquez y Otero (2006), para el diseño del material educativo se empleó la metodología de enseñanza activa, los estándares para la calidad de la educación en Colombia y la lúdica y la creatividad; sin embargo, el material educativo diseñado difiere en varios puntos con el aquí presentado. Los mismos autores parten desde temas propios de la educación ambiental como la conservación, el cuidado, el deterioro del ambiente, la biodiversidad, etc., hacia áreas del conocimiento como las ciencias sociales, las matemáticas, la educación artística y la lengua castellana, lo cual es diferente a lo realizado en este trabajo ya que se parte desde la situación actual y la información detallada acerca de una especie objeto de conservación hacia diferentes áreas del conocimiento como las ciencias sociales, las matemáticas, la lengua castellana y la educación ambiental. Por otra parte en el trabajo arriba citado, tanto los docentes como los estudiantes emplean el mismo texto didáctico, no así en este trabajo ya que el texto guía y la cartilla diseñados son empleados por el facilitador o docente y el participante del encuentro ambiental, respectivamente.

CONCLUSIONES Este material educativo para la conservación del Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) está elaborado para que intérpretes ambientales, facilitadores y docentes desarrollen un proyecto ambiental en los ámbitos formal e informal,



llevando a cabo jornadas teórico-prácticas para el proceso de aprendizaje en las niñas, los niños y jóvenes, con carácter escalonado y cualificado que contribuya al desarrollo de conciencia ambiental positiva, de valores, actitudes y comportamientos frente a su entorno, y que a su vez favorezca al conocimiento y conservación de esta especie.

El Texto guía podrá ser aplicado a cualquier especie objeto de conservación en cualquier Parque Nacional Natural, de la que se tenga una cartilla elaborada con los parámetros descritos en este trabajo y puede ser dinamizado por facilitadores ambientales o por docentes desde su área de interés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Velázquez, J. y Otero, E. (2006). Diseño, elaboración y validación de textos didácticos en educación ambiental para básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Texto Didáctico de Educación Ambiental Grado 5. Soñando un planeta. Manizales, Colombia: Editorial Manigraf.

1. Maestría en Ciencias Veterinarias, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

2. Fundación Gestión Colombia, Manizales, Colombia.

3. Departamento de Estudios Educativos, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.



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