UNIVERSIDAD DEL SINÚ Elías Bechara Zainúm

DOCUMENTOS PARA LA REFLEXIÓN

DISTINTOS ASPECTOS SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN GOBIERNO- AUC

Centro de Estudios Sociales y Políticos Montería – 2005

2

PRESENTACIÓN

Cuando empezó el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú convocó a las otras universidades con sede en Montería a conformar el Observatorio del Proceso de Negociación y Posconflicto de Córdoba. En el conversatorio celebrado con este propósito a principio del año 2004 en Montería, quedó constituido el Observatorio. Desde entonces hasta la fecha de esta publicación, hemos participado en distintos eventos de carácter nacional, regional y departamental; documentos nuestros han sido publicados en revistas y periódicos nacionales y regionales; la Universidad del Sinú los agrupó con el título Documentos para la Reflexión y la Universidad de Uppsala, Suecia, los incluyó en su página Web. Estos Documentos, ocho en total, recoge lo que hemos elaborado durante estos dos años de existencia. Los temas que tratan son variados: los anteriores acuerdos de paz celebrados en el departamento de Córdoba, la educación rural en zona de conflicto armado, las desmovilizaciones y los desmovilizados y reinsertados, la atención sicosocial, algunos efectos de la presencia de las Autodefensas y el narcotráfico en la economía y una serie de recomendaciones y propuestas con el único afán de contribuir con el proceso. La elaboración de estos Documentos nos ha dejado un cúmulo de conocimientos y experiencias valiosas que consideramos importante compartir:

- La necesidad de conocer la historia, los antecedentes del conflicto armado. En Córdoba tenemos la experiencia de cinco acuerdos de paz, sin incluir el de las AUC, que nos aportan enseñanzas en cuanto a las desmovilizaciones y reinsertados, los resultados obtenidos en cada uno de ellos y la responsabilidad del gobierno en los aciertos y desaciertos.

- La desatención a las comunidades afectadas por el conflicto ha sido una constante que ha originado el nacimiento y presencia de diferentes grupos armados durante 55 años en distintas poblaciones de Córdoba.

- La atención sicosocial no debe limitarse únicamente a los desmovilizados y reinsertados. Haciendo parte del conflicto también están las víctimas y las comunidades afectadas, casi nunca tenidas en cuenta por el gobierno, los actores armados y la sociedad.

- Al final ¿qué balance existe sobre los desmovilizados de las guerrillas de izquierda y sobre la desaparición de los grupos políticos de izquierda. ¿valió la pena semejante esfuerzo con tan cuantiosas pérdidas?.

Esperamos que estos Documentos sean de alguna utilidad para los interesados. Víctor Negrete Barrera Coordinador Centro de Estudios Sociales y Políticos

3

DOCUMENTOS PARA LA REFLEXIÓN

UNIVERSIDAD DEL SINÚ Centro de Estudios Sociales y Políticos

Defensoría del Pueblo Regional Córdoba

Documento 1

LOS ANTERIORES ACUERDOS DE PAZ: UNA LECCION A TENER EN CUENTA

El departamento de Córdoba no es ajeno a los procesos de negociación y acuerdos de paz adelantados por el gobierno nacional con grupos alzados en armas. Recordaré brevemente los que nos han afectado de manera directa o indirecta. 1953. (15 de octubre). En cumplimiento de la amnistía otorgada por el general Gustavo Rojas Pinilla, la guerrilla liberal al mando de Mariano Sandón, la más numerosa y combativa del Alto Sinú, desmovilizó sus hombres. Este día la población de Tierralta vió una larga fila de guerrilleros entregar sus armas a un oficial del ejército en la plaza principal. Cada uno recibía a cambio una muda de ropa y la promesa de tierra para trabajar. Al final faltó la promesa. Con los años Sandón fue nombrado corregidor de Batata y en 1972 desconocidos lo mataron en su finca junto a un hijo y otro familiar. 1959 (octubre). Ya en el Frente Nacional (acuerdo liberal-conservador para poner fin a la violencia) una comisión del gobierno nacional llegó a acuerdos con Julio Guerra, fundador y jefe de la guerrilla liberal más organizada y disciplinada de todo el Alto San Jorge con asiento en Juan José, Puerto Libertador. El acuerdo fue sencillo y práctico: él desarmaría y desmovilizaría la guerrilla bajo su mando y el gobierno construiría la vía Juan José-Riosucio, montaría una granja piloto, entregaría herramientas de trabajo y semillas, garantizaría el trabajo y cesaría la represión. Al final hubo incumplimiento. Decepcionado pero con la esperanza de conseguir estos y otros beneficios se vinculó al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) que dirigió Alfonso López Michelsen. Tampoco aquí consiguió lo que quería y en 1967 apareció su nombre en la proclama que lanzó el Ejército Popular de Liberación (EPL) dando cuenta de su nacimiento y declarando zona de guerra un vasto sector del Alto Sinú. Aunque negó estas vinculaciones lo cierto es que no pudo lograr mejorar las condiciones de vida de su gente y debió morir viejo y apesadumbrado en algún pueblito antioqueño.

4

1991 (enero 25). En Don Gabriel, Ovejas, Sucre, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con presencia en algunos municipios de Córdoba, firmó el acuerdo con base en un programa de inversión social que abarcó salud, educación, capacitación, proyectos educativos y de servicios urbano y rural, estudios possecundarios, empleo estable y oficina para la defensa y promoción de los derechos humanos. 1991 (febrero). Aunque la firma del acuerdo con el EPL fue en Bogotá, en Juan José estuvo concentrado un buen número de sus combatientes. Tuvo una gran influencia en la mayoría de los municipios del departamento, sobre todo en los sectores campesinos, docentes, estudiantes, artísticos e intelectuales. Dentro de las negociaciones figuraron programas de bienestar para las áreas de influencia, proyectos productivos, capacitación, trabajo y estudio, entre otros. 1994 (abril 9). En Flor del Monte, Ovejas, Sucre, el acuerdo fue con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) con presencia notoria en varios municipios del departamento. Uno de los firmantes es natural de Montería. Negociaron programas de inversión social para las comunidades afectadas, tales como vivienda, salud, tierra, educación, acompañamiento sicosocial, capacitación, asistencia técnica, proyectos productivos y derechos humanos. En otros momentos y lugares del país también se firmaron acuerdos: el 9 de marzo de 1990 con el Movimientos 19 de abril (M-19), el 27 de mayo de 1991 con el Movimiento Armado Quintín Lame, el 20 de marzo de 1992 con los comandos Ernesto Rojas, el 26 de mayo de 1994 con las milicias de Medellín, el 30 de junio de 1994 con el Frente Francisco Garnica y el 7 de diciembre del 2003 la desmovilización de la vieja y desconocida Autodefensa de Ortega en Cajibío, Cauca. Fuera de estos se han dado otros procesos de desarme con diferentes grupos armados urbanos en Barranquilla, Bogotá y otras ciudades. Y para el caso que nos ocupa el 15 de julio del 2003 la dirigencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno nacional firmaron el acuerdo de Santafé Ralito (Tierralta) donde “dan por terminada la fase de exploración del proceso de paz para dar inicio a una etapa de negociación”. Mientras las AUC se comprometieron al cese de hostilidades y a “desmovilizar a la totalidad de sus miembros en un proceso gradual de comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005”, el gobierno adelantará las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. En efecto, el 25 de noviembre empezó la desmovilización de las AUC con 874 miembros del Bloque Cacique Nutibara de las comunas de Medellín. Acordaron programas de estudio, trabajo, centros de atención zonal y acompañamiento sicosocial.

5

Algunas características de estos acuerdos A pesar de las enormes diferencias ideológicas, políticas y militares existentes entre las guerrillas liberales, las guerrillas de izquierda y las AUC, en los acuerdos firmados hay coincidencias que es útil reseñar. Viejas necesidades y aspiraciones sin satisfacer La gran mayoría de los combatientes de estos grupos fueron y son pobres, jóvenes de ambos sexos del campo y la ciudad que no tienen aseguradas las opciones y oportunidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida ni las de sus familias y comunidades. En estos grupos, confundidos, están campesinos, adolescentes y jóvenes de asentamientos subnormales y barrios populares, desertores de colegios de secundaria y universidades, subempleados y desocupados, entre otros, al lado de algunos profesionales, adinerados de distintos oficios, líderes e ideólogos. Así pues, las bases de estos grupos son de gente menesterosa, provenientes de comunidades necesitadas que actúan por lo general en pueblos y áreas de pobreza permanente. Como las bases, las comunidades a las que pertenecen y los sitios de proselitismo y acción siguen siendo los mismos a pesar del medio siglo transcurrido, es poco lo que han variado las peticiones. Además de los subsidios económicos, la seguridad y los beneficios jurídicos, ahí siguen estando las solicitudes o exigencias de tierra, trabajo, educación, salud, servicios, capacitación, derechos humanos o convivencia y participación política. Como estos componentes que bien podemos llamar causas siguen sin solución, el conflicto, como expresión de inconformidad o aspiración, continua latente a pesar de los distintos medios y medidas que han ensayado los grupos alzados en armas. El ingreso a los grupos alzados en armas En los últimos años, a medida que la situación empeora sin cesar para los sectores marginados, populares y medios de la población, las razones para ingresar a los grupos alzados en armas se han ampliado: represalias o venganzas, desempleo, vocación por las armas y la aventura, asuntos pendientes con la justicia, obtener beneficios, odio al contradictor, alternativa de vida, poder, reconocimientos e ideología y política. Con estas motivaciones es lógico que cuando suceden desmovilizaciones no falten las disidencias, hagan tránsito a grupos antagónicos, desvíen a la delincuencia, reincorporen a la vida civil y conviertan en ciudadanos responsables y productivos o regresen a la vida que llevaban anteriormente en iguales o inferiores condiciones. Muchos son rechazados o estigmatizados por las familias, las comunidades y la misma sociedad.

6

Interés por la participación política Desde Mariano Sandón con su cargo de corregidor de Batata hasta algunos comandantes del Bloque Cacique Nutibara de las AUC que manifestaron el deseo de hacer parte del Congreso de la república, el interés por la política es una constante en estos grupos. Con el inicio de la década de los noventa empezó a agitarse la idea de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la aprobación de la circunscripción especial de paz para los partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil, lo que les permitía hacer parte tanto de la Asamblea como del Congreso de la República. De esta forma voceros de los grupos desmovilizados y reinsertados pudieron participar en la Asamblea y el Congreso; después en las asambleas departamentales y concejos; han aspirado (y algunos han sido elegidos) a las gobernaciones y alcaldías y ocupado toda clase de cargos de administraciones gubernamentales. La dirigencia de las AUC han dicho en repetidas ocasiones, y ya es motivo de discusión, que una vez desmovilizados quieren formar un movimiento político. De los grupos reinsertados, fuera de algunos significativos triunfos electorales alcanzados después de las desmovilizaciones, ninguno, por sí mismo, es movimiento político organizado hoy en día. Algunas individualidades hacen parte de coaliciones con posiciones de la llamada izquierda democrática, de los partidos tradicionales o de organizaciones independientes. Seguimiento y verificación Con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados, las partes comprometidas pactaron la conformación de comisiones de verificación, seguimiento o veedurías. Estas han sido de carácter bilateral (los dos actores), nacional (con ayuda de representantes de organizaciones e instituciones colombianas) o internacional (generalmente con organizaciones de experiencia en estos asuntos). En el actual proceso, el 23 de enero del 2004, el gobierno nacional firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso con la AUC. Según este acuerdo la OEA se compromete a través de una Misión a la verificación del cese de fuego y las hostilidades, la desmovilización, desarme y reinserción de los miembros de las AUC. En síntesis

La inmensa mayoría de los combatientes de base continuaron viviendo en iguales o peores condiciones después que finalizaron los subsidios y capacitaciones que recibieron por la reinserción. No mencionemos los muertos, los que volvieron a las armas o se metieron a la delincuencia.

7

Los movimientos políticos que crearon los dirigentes terminaron sin logros importantes. Prácticamente desaparecieron.

Los pueblos afectados y las comunidades en general ven impotentes cómo crece la pobreza, la exclusión social y la inequidad. La tierra, los ingresos y el poder político están concentrados cada vez más.

¿Quiénes conocen estas experiencias por las que hemos pasado en Córdoba y sobre todo quiénes la aplican a las actuales circunstancias?. ¿Por qué tanto silencio u olvido?. ¿Hasta dónde nos inhibe el temor y hasta dónde nos lleva el aprovechamiento?. ¿Los logros obtenidos compensan el descomunal esfuerzo y sacrificio hecho por tantas personas en el lapso de medio siglo?. ¿Qué se está haciendo o hará para que el actual proceso beneficie de verdad a los combatientes rasos, a las comunidades y a la sociedad en general?.

Propuestas

Para que este proceso y los venideros no se olviden como los reseñados, para que hagamos seguimiento a su desenvolvimiento y contemos con un centro de documentación, para que hagamos investigaciones, difundamos opiniones y rindamos cuenta a la población de lo que sucede es necesario crear el Observatorio del proceso de negociación y el posconflicto en Córdoba.

Es vergonzoso que después de cincuenta años la mayoría de los pueblos, afectados o

no por el conflicto armado, se encuentren en semejantes condiciones indignas de vida. Es urgente elaborar un plan para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres, comprometiendo las administraciones gubernamentales, empresa privada, gremios, universidades, organizaciones de servicio social e iglesias. En un Acuerdo por el desarrollo humano de Córdoba deben quedar expresas las metas a alcanzar y los compromisos de cada uno de los participantes.

Solicito, como un gesto de buena voluntad con el departamento, que durante las

negociaciones eviten los desplazamientos forzosos, faciliten los retornos a los lugares de origen, no hostiguen las poblaciones reubicadas ni los pueblos ajenos al conflicto, estimulen la organización y participación libre y democrática de los distintos grupos de las comunidades, preserven el medio ambiente y los recursos naturales y que el miedo y la presión no sigan mortificando nuestra manera de ser alegres, confiados, espontáneos y descomplicados.

Montería, febrero 2004

8

Documento 2

ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Observatorio del proceso de negociación y posconflicto de Córdoba

Unas anotaciones iniciales 1. Pensamos que la mayoría de los cordobeses enterados del conflicto que vivimos estamos de acuerdo con los procesos de paz, así sean parciales e inciertos, puesto que no deseamos seguir viviendo más en medio de muertes, angustias y desarraigos; queremos paz y convivencia para tener una existencia tranquila y productiva. Por lo tanto, aquí, en este punto, no está la duda ni la discusión. Lo fundamental está en los temas de la negociación y los acuerdos que pacten. Y esto, como todos sabemos, exige discusión permanente, análisis serios y controversia sana; sólo así podemos estar informados de las posiciones e intereses que tomarán y defenderán los negociadores, los representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, las víctimas y los afectados en general y hasta qué punto, para nuestro caso, el proceso beneficiará o alejará más las aspiraciones de bienestar y democracia que hace tiempo esperamos los cordobeses. La polémica ya empezó, hay pronunciamientos y propuestas desde distintas posiciones y concepciones sobre la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido, aplicar justicia y exigir reparación; la seguridad personal de la dirigencia y de las zonas de influencia; los beneficios a los desmovilizados y a las poblaciones y territorios donde tienen presencia y ejercen control; la participación en política; los proyectos agroindustriales que están impulsando; la extradición y la Corte Penal Internacional, entre otros.

2. El proceso, sin duda, es complejo, posiblemente prolongado y para nosotros de una gran importancia por las implicaciones en la vida económica, social, política, ambiental y cultural que estos grupos han generado y seguirán generando en la población. Y ante esta realidad, casi imposible de eludir, por compromiso ético y sentido de pertenencia debemos y tenemos que pronunciarnos, dar a conocer nuestros puntos de vista… claro está, con un margen de seguridad que no seremos intimidados ni acallados.

Debemos esmerarnos por buscar información veraz de distintas fuentes, leer, escuchar, preguntar, reflexionar una y otra vez, aprender de los antecedentes propios y ajenos, valorar en su justa dimensión los hechos y declaraciones y evitar que el miedo, la fascinación o admiración que sienten muchos hacia estos grupos ofusque la razón y limite la acción. Sabemos que elaborar un punto de vista personal que sea consciente, libre de presiones y ataduras no es fácil pero hay que intentarlo todas las veces que sea necesario, por el bien personal y social.

9

3. Desde hace varios años sin razón conocida, fundada apenas en suposiciones o generalidades, ha hecho carrera en sectores académicos, institucionales y algunos movimientos y organizaciones de servicio social del país y el extranjero, la creencia de que todos los que tenemos responsabilidad social en este departamento somos miembros, simpatizantes o colaboradores de las Autodefensas. La verdad es otra: aquí, ante el conflicto, prevalece el miedo, la impotencia, la desconfianza en la justicia e institucionalidad, el silencio y el escepticismo. Sólo hablan en público, y por lo general a nombre de todos, los que están de acuerdo o respaldados por estas fuerzas. Los otros, la mayoría, cuida lo poco o mucho que le queda de vida.

2. La historia del departamento registra las experiencias directas e indirectas de cinco acuerdos de paz celebrados entre el gobierno y las guerrillas liberales en 1953 y 1959 y las guerrillas de izquierda en 1991 con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

Las lecciones que dejaron estos acuerdos están consignados en el documento Los anteriores acuerdos de paz: una lección a tener en cuenta, número 1 de esta serie. Llama la atención el gran desconocimiento que existe sobre los antecedentes y efectos de las guerrillas liberales. De las guerrillas de izquierda sabemos un poco más. En un comienzo despertaron simpatías en comunidades y sectores de la población. Muchos hacendados, comerciantes y políticos no disimularon sus afectos o las toleraron con recato hasta que al final, por exceso de unos e inconformidad de otros, sobrevino la confrontación definitiva con las fuerzas regulares del Estado y los viejos colaboradores que causó enorme daño y radicalizó a amplios sectores de la sociedad. Así, con desconocimiento, radicalismo y miedo se han forjado las posiciones de gran parte de los cordobeses, complementados en los últimos años con las represalias o venganzas, la vocación por las armas, el odio al que disiente y los que han hecho de la violencia una forma particular de vida. Así pues, tomar una posición sustentada, reflexiva y creativa bajo estas condiciones es cada vez más difícil y arriesgado.

10

Hechos y datos para pensar

1. La tenencia de la tierra: la concentración continúa

La tenencia de la tierra en Montería y Córdoba nos ofrece la siguiente realidad:

Tenencia de la tierra en Montería y Córdoba

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Montería, agosto de 2003

Resumen

Según estos datos el número de predios menores de 20 hectáreas representan el 78.9% del total con el 14.8% del área de la tierra en el caso de Montería y el 77.1% de los predios con el 15.7% de la superficie en lo que corresponde a Córdoba. El número de predios de 20 a 100 hectáreas representan el 16.1% del total con el 30.8% del área de Montería y el 18.2% de los predios con el 33.3% de la superficie en Córdoba. El número de predios mayores de

RANGOS PREDIOS PROPIETARIOS SUPERFICIE Montería Córdoba Montería Córdoba Montería Córdoba Menores de 1 hectárea

4.736 25.425 5.289 27.606 875.85 5.904.90

De 1 a 3 has 1.457 13.202 1.683 14.761 2.590.00 23.747.65De 3 a 5 has 956 9.137 1.102 10.828 3.713.85 34.844.66De 5 a 10 has 1.781 14.389 2.100 17.526 12.641.60 101.570.1De 10 a 15 has 1.051 8.470 1.286 10.672 12.737.76 102.068.57De 15 a 20 has 803 5.402 1.087 7.091 13.771.93 92.568.21De 20 a 50 has 1.484 12.468 2.098 17.178 45.344.84 385.082.49De 50 a 100 has 716 5.509 1.064 7.918 50.878.81 380.641.06De 100 a 200 has 388 2.858 586 4.525 52.610.35 381.569.06De 200 a 500 has 226 1.299 365 2.100 66.069.72 383.396.40De 500 a 1000 has 47 248 172 569 32.110.47 167.079.74De 1000 a 2000 has 7 77 7 129 9.998.89 97.867.26Mayores de 2000 has

3 19 4 21 8.639.07 140.368.93

Subtotal 13.655 98.503 16.843 120.924 311.982.21 2.296.709.10

PREDIOS PROPIETARIOS SUPERFICIE RANGOS Hectáreas Montería % Montería

% Montería %

Montería %

Montería %

Montería %

Menores de 20 10.784 78.9

76.02577.1

12.54774.4

88.48473.1

46.327 14.8

360.70115.7

De 20 a 100 2.200 16.1

17.97718.2

3.16218.7

25.09620.7

96.222 30.8

765.72333.3

Mayores de 100 671 4.9

4.5014.5

1.1346.7

7.3446.0

169.425 54.3

1.170.27950.9

11

100 hectáreas representan el 4.9% del total con el 54.3% del área en Montería y el 4.5% de los predios con el 50.9% de la superficie en Córdoba. La concentración de la tierra en pocas manos y su dedicación en alto porcentaje a la ganadería extensiva ha sido causa de conflicto y pobreza para miles de campesinos en el departamento y Montería. Recordemos que emplea poca mano de obra, no paga el salario mínimo legal ni reconoce prestaciones sociales, declara avalúos ridículos, paga impuestos mínimos y ocupa suelos aptos para la agricultura. El conflicto armado, las calamidades naturales, las crisis periódicas del sector agropecuario, el abandono del campo y el sometimiento histórico de la población rural han contribuido a hacerles más difícil la situación que padecen. Producción y área El pequeño productor cordobés, constreñido como se encuentra, sigue dedicado a sus cultivos transitorios tradicionales y algunos permanentes y semipermanentes anuales. Dentro de estos menciono los más comerciales: en frutales las guayabas agria y dulce, limón, coco, mango, papaya, maracuyá, guanábana y en menos cantidad níspero y zapote; en hortalizas: berenjena, ahuyama, calabaza, ají, col, habichuela larga y pepino; en tubérculos y plátanos: plátano hartón verde, yucas chirosa y criolla y ñames criollo, diamante y espino. Además, están la caña panelera, ají picante, arroz y maíz criollos, algodón, ajonjolí y fríjol cabecita negra. El pequeño productor debe enfrentar los altos costos de producción, plagas y enfermedades, cambios del clima, vientos y vendavales, poca rentabilidad, falta de incentivos y créditos, costos de transporte, inseguridad del mercado y falta de organizaciones que defiendan sus intereses. Mientras tanto los medianos y grandes productores se aprestan a sembrar más hectáreas y comercializar el algodón transgénico Bt (obtenido de la bacteria Bacillus thuringiensis), a incrementar la siembra de cacao, caucho y los cultivos forestales. Sobre estos últimos ya está en marcha la primera biofábrica del país destinada a la producción de árboles clones de alta calidad. En la actualidad hay más de 5.000 hectáreas aproximadamente sembradas con roble, teca, acacia mangium, ceiba tolúa y con menos cantidad eucalipto y balso. Hasta el momento están vinculadas las empresas Reforestadora de la Costa, Kanguroid, las familias Ospina, Fernández y Salvatore Mancuso. Los responsables de la cadena forestal estiman que en Córdoba hay más de 300.000 hectáreas aptas y otro tanto que pueden mejorar. El propósito es pasar de las 5.000 hectáreas a 80.000 hectáreas en los próximos 5 años. Debo también mencionar que continúa el proceso de potrerización de humedales y de tierras apropiadas para la agricultura.

12

Ante la arremetida por la potrerización y los cultivos de cacao, caucho y madera en grandes extensiones la tenencia de la tierra se concentrará cada vez más en detrimento de los pequeños propietarios y productores. En los últimos años la concentración de la tierra, por efectos del conflicto, ha sido más evidente en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y está en marcha la adquisición de grandes extensiones entre los municipios de Montería y Tierralta.

2. La reforma agraria: más frustraciones y despojos que beneficios Colombia expidió siete leyes principales de reforma agraria durante 42 años (135 de 1961, 1 del 68, 4 del 73, 6 del 75, 35 del 82, 30 del 88 y 160 del 94) y el problema sigue sin resolver. El Instituto colombiano de reforma agraria (Incora), encargado de llevarla a cabo, funcionó en Córdoba durante 40 años (1963-2003). En este tiempo compró y adjudicó 134.174 hectáreas por un valor de 36.230.477.985 pesos para 9.177 familias. La adjudicación siempre estuvo presionada por intereses diversos. Por ejemplo, en la década del 60 fueron dirigentes políticos del bajo Sinú y Montería; en la primera mitad de la década del 70. las luchas campesinas orientadas por la Asociación nacional de usuarios campesinos (ANUC), algunas con el apoyo de las guerrillas de izquierda y desde el principio de la década del 70 hasta el presente ha sido una constante la lucha indígena del resguardo de San Andrés de Sotavento. Pero fue la existencia del conflicto armado lo que aceleró el trámite y la adjudicación en las áreas afectadas a partir de 1985 cuando se generalizó el conflicto y la posterior confrontación entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las FARC, que, al parecer, quedará inconclusa si las negociaciones terminan satisfactoriamente. En 1985 operaban en el departamento, además de las fuerzas regulares del Estado, los grupos guerrilleros de izquierda Ejército Popular de Liberación EPL, Corriente de Renovación Socialista CRS, FARC y Ejército Revolucionario del Pueblo ERP; más de diez grupos armados privados contrainsurgentes que después se agruparon en las ACCU y varios grupos narcotraficantes. Una vez terminó la desmovilización de los grupos guerrilleros (EPL y ERP en 1991 y CRS en 1994) y la desarticulación de la primera generación del narcotráfico que actuaba en Córdoba, el conflicto se focalizó en la pugna ACCU-FARC, con la intervención del narcotráfico como aliado. La adjudicación de tierras en municipios de conflicto armado y lucha campesina e indígena El Incora, como lo indica el siguiente cuadro, adjudicó el 68.9% de la tierra adquirida al 57% de las familias en los municipios de conflicto armado y de lucha campesina e indígena.

MUNICIPIOS HECTÁREAS FAMILIAS Canalete 2.512.2 193 Montelíbano 12.697.4 707 Montería 21.698.6 1.583 Puerto Libertador 2.864.0 227 Tierralta 9.751.5 592 Valencia 10.831.3 641

13

Planeta Rica 4.122.6 198 Ayapel 10.781.9 576 Pueblo Nuevo 12.147.5 517 San Andrés de Sotavento 5.055.8 Indígenas 92.462.0 5.234

Fuente: Incora. Montería, 2004 Un balance desalentador El balance de estos 40 años de reforma agraria es desalentador en algunos aspectos. Así lo confirman los datos: Aproximadamente 75 líderes campesinos e indígenas del resguardo de San Andrés asesinados. 204 empresas comunitarias disueltas, la totalidad, por malos manejos, abuso de dirigentes, fracaso de cultivos y negocios de ganado y acción de la violencia. 191 parceleros desaparecidos hasta 1988; no hay datos a partir de entonces. Hay 7 cooperativas de mercadeo en el papel que no han dado los resultados esperados. Las distintas organizaciones con las que contaban los grupos de campesinos, los beneficiarios del Incora y las comunidades de las que hacían parte, no existen. El 70% de las familias beneficiadas ya no poseen la tierra. La vendieron por necesidad, improductivas, retiradas de los mercados o fueron malvendidas o abandonadas por amenazas, temor, muerte o desaparición de miembros de las familias. Los municipios donde más han sucedido estos casos son Montería, Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Ciénaga de Oro y Planeta Rica.

3. Los predios abandonados por la violencia: ¿es factible su recuperación? En el Incora se encuentran 2.948 solicitudes de familias desplazadas aspirantes a subsidios de tierra. Las últimas las registraron en el mes de mayo de 2003. De estas familias, 969, el 32.8%, aseguran haber dejado 38.738 hectáreas abandonadas tanto en Córdoba, la gran mayoría (alto Sinú, alto San Jorge y Valencia) como en los Urabá antioqueño y chocoano. Del total de predios, 129 fueron abandonados entre el 2.000 y mayo del 2003. El resto, durante toda la década de los noventa, especialmente en los tres últimos años. Aparecen 262 mujeres como jefe de hogar y sólo 33 del total tienen escritura o resolución de propiedad. Los demás son ocupaciones de hecho, con tradición de goce y usufructo. Con el fin de hacer un estimado de las tierras abandonadas en Córdoba por causa de la violencia, consideramos estas inscripciones como una muestra. Si en Córdoba hay 18.181 familias desplazadas aproximadamente, calculamos que en el departamento fueron abandonadas en los últimos 20 años entre 120.000 y 150.000 hectáreas. Dónde están y quiénes las tienen, son las preguntas obvias que se formulan en estos casos.

14

4. Retornos y reubicaciones: falta mucho por hacer

En Córdoba han apoyado retornos y reubicaciones de desplazados por la violencia la Red de Solidaridad Social, el Incora y la Diócesis de Montería.

• La Red de Solidaridad Social, por ejemplo, ha atendido 9 desplazamientos masivos (2 en el municipio de Valencia, 3 en Tierralta, 2 en Montelíbano y 2 en Puerto Libertador) sucedidos en los años 2002 y 2003 que ocasionaron la huida de 962 familias (4.660 personas) de veredas campesinas en las respectivas cabeceras municipales.

De estas familias retornaron 765 (3.878) y fueron reubicados en los mismos municipios 150 familias (649); el resto, 47 familias (133 personas) se quedaron en las cabeceras o marcharon a otros sitios. Además, lograron instalar en Montería a 14 familias que retornaron y a 21 que reubicaron. Las ayudas que facilita la Red son de mercados, transporte (personas y enseres), kit de seguridad alimentaria e insumos (semillas y herramientas en especial). Con la particularidad que este año el valor del kit lo bajaron de uno y medio salario mínimo a uno.

Desplazamiento, retornos y reubicaciones masivas, familiares e individuales DESPLAZAMIENTOS MASIVOS

FECHA MUNICIPIO EXPULSOR MUNICIPIO RECEPTOR NRO. FAMILIAS Y PERSONAS Agosto/02 Valencia Valencia 300 (1.500)Octubre/02 Tierralta Tierralta 246 (1.120)Noviembre/02 Montelíbano Montelíbano 56 (280) 602 (2.900)Marzo/03 Valencia Valencia 123 652)Abril/03 Tierralta Tierralta 27 (89)Noviembre/03 Tierralta Tierralta 32 (89) 182 (830)

RETORNOS MASIVOS

FECHA MUNICIPIO EXPULSOR MUNICIPIO RECEPTOR NRO. FAMILIAS Y PERSONAS Agosto/02 Valencia Valencia 300 (1.500)Octubre/02 Tierralta Tierralta 123 (1.120)Noviembre/02 Montelíbano Montelíbano 56 (280) 479 (2.340)Marzo/03 Valencia Valencia 123 (652) Noviembre/03 Tierralta Tierralta 17 (33) 140 (685)Febrero/03 Pto. Libertador Pto. Libertador 23 (207)Marzo/03 Pto. Libertador Pto. Libertador 23 (184)Mayo/03 Montelíbano Montelíbano 100(462) 146 (853)Nota: Los desplazamientos sucedieron en el año 2002 y afectaron a 178 familias (930 personas). Pendientes de retornos o reubicación, 32 familias (82 personas).

15

REUBICACIONES MASIVAS

FECHA MUNICIPIO EXPULSOR MUNICIPIO RECEPTOR NRO. FAMILIAS Y PERSONAS Junio/03 Tierralta Tierralta 123(560) 123 (560)Abril/03 Tierralta Tierralta 27 (89) 27 (89)Nota: Pendientes de retornos o reubicaciones 15 familias (51 personas).

REUBICACIONES FAMILIARES E INDIVIDUALES FECHA MUNICIPIO EXPULSOR MUNICIPIO RECEPTOR NRO. FAMILIAS Y PERSONAS Año 03 Varios Montería 21 (?)Nota: Fueron desplazados antes del 2002 Fuente: Red de Solidaridad Social Córdoba. Montería, 2004 Estos desplazamientos masivos nos muestran la capacidad de los grupos armados de obligar a los pueblos a abandonar sus territorios, algunos ancestrales, valiéndose de masacres, muertes selectivas, desapariciones, control a la movilidad y el ingreso de alimentos, las amenazas y los rumores persistentes, entre otros.

• El Incora desde el año de 1.996 ha entregado 9 predios en los municipios de Montería, Puerto Libertador, Montelíbano y Valencia, con una extensión de 4.528 hectáreas a 457 familias desplazadas.

REUBICACIONES A POBLACIONES DESPLAZADAS

PREDIO MUNICIPIO AREA (Has) NRO. FAMILIAS Nuevo Oriente Valencia 834.44 58 La Duda Los Llantos Montería 968.52 111 La Duda El Tomate Montería 128.18 15 El Quindío Montería 510.27 61 La Dorada Montelíbano 638.35 74 La Lucha Montelíbano 402.62 38 La Florida Pto. Libertador 250.39 38 Santa Elena Pto. Libertador 30.50 5 La Estrella Pto. Libertador 372.69 57 4528.00 457

Fuente: Incora. Montería, 2004 De estos predios el que está en mejores condiciones por las ayudas recibidas es el de la Duda Los Llantos o Nuevo Horizonte que terminó absorbiendo a la vereda San Gabriel. De tal manera que en la actualidad cuenta con 145 familias (102 desplazadas) con 675 personas. Sin embargo la situación de este predio presenta deficiencias notorias: Resumo las siguientes: - 83 están dedicadas a los cultivos de arroz, maíz y sobretodo yuca para el consumo y algunos excedentes los comercializan; 9 son pequeños ganaderos, obtienen aproximadamente cien mil pesos mensuales; 41 son jornaleros, ganan ocho mil pesos por

16

día trabajado ocasionalmente; 5 están dedicadas a los oficios domésticos, 4 al comercio y 3 a la modistería y panadería. - 34% de los hombres son iletrados. - El 35% están afiliados al Sisben y en la mayoría de los casos tienen que asumir los costos de medicamentos. - Las enfermedades más comunes son anemia, escabiosis, dermatitis, infecciones de las vías urinarias y parasitosis. - El agua es tomada de los jagüeyes. - Tienen pendiente las deudas con la Caja Agraria. Los que están en peores condiciones son las 100 familias de los predios en Puerto Libertador. De estas solo se han trasladado 15, viven en cambuches y se limitan a arrendar los pastos.

• En cuanto a la iglesia, la Diócesis de Montería adquirió con ayuda del gobierno nacional 10 hectáreas en la vereda Las Mujeres, municipio de Moñitos, para 24 familias.

Han recibido formación sicosocial, capacitación empresarial y técnica en actividades artesanales y agropecuarias y recursos económicos para materia prima e insumos. Les hace falta: vías, energía eléctrica, agua potable y salud de manera urgente. 5. El aporte de combatientes y colaboradores: ¿en detrimento de la vida familiar y

comunitaria?. Tal vez no sepamos nunca, siquiera el número aproximado de hombres entre los 15 y 30 años que se han incorporado a las ACCU y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en calidad de combatientes y colaboradores. Por lo general es gente pobre de las áreas urbanas y rurales. Los primeros son adolescentes y jóvenes de barrios populares y asentamientos subnormales, sin empleo, muchos sin terminar estudios de secundaria, con hijos y responsabilidades familiares, de hogares con jefatura femenina y algunos con problemas de drogadicción y pandillismo. Los segundos son campesinos y jornaleros temporales casi sin ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones de vida ni las de sus familias ni comunidades, excluidos social y políticamente. Con el fin de tener una idea aproximada del número de personas de estos sitios reclutados en los últimos años, consultamos a personas enteradas y obtuvimos lo siguiente: en tres asentamientos contiguos de la ciudad de Montería, con una población de 7.000 habitantes,

17

se vincularon 280. De estos, 90 regresaron muertos, de 120 no volvió a saberse nada y el resto aparece periódicamente: la minoría lo hace discretamente, casi anónimos, mientras la mayoría organiza parrandas ruidosas con los vecinos y amigos. Pocos han mejorado su apariencia física o arreglado sus casas o las de sus padres. En Cantaclaro, un asentamiento de 30.000 habitantes, la cifra calculada está cercana a los 1.600. La gente informada asegura que de la mayoría del medio centenar de asentamientos subnormales que hay en la ciudad han salido varios cientos a hacer parte de los grupos contrainsurgentes. En los pueblos de Tierralta y los cercanos a la Zona de Ubicación la vinculación fluctúa entre 10% y 20% de la población total. Son campesinos o jornaleros temporales que abandonaron el estudio y vivían en casa de los padres. Al principio los padres mostraban su desacuerdo con la decisión tomada pero después de analizar la situación reconocían que el medio no ofrece otra manera de ganarse la vida. El hecho de hacer parte de estos grupos de seguridad los hace más serios, los saludos con los paisanos son más formales, adquieren vocabulario de cuartel, se marcan el cuerpo con tatuajes con figuras de alacranes, estrellas, lanzas y corazones flechados y se convierten en modelos de niños y adolescentes, son bien vistos por las jovencitas y hasta los adultos y viejos les escuchan con atención sus aventuras o relatos de guerra. El aporte a la guerra Aunque no sabemos con exactitud el aporte en hombres que ha hecho el departamento, la cifra debe ser alta. En el olvido social quedarán los muertos, los desaparecidos, los lisiados, los reinsertados, los estigmatizados, los perseguidos por venganzas, las represalias y la justicia y los traumatizados sicológicamente. ¿Qué efectos negativos causan en las familias y comunidades?. Los ideales y esperanzas que abrigaban con ellos. ¿cómo lo enfrentan y superan?. ¿En el proceso tendrán en cuenta este aporte del departamento y la orfandad de las familias y comunidades?.

6. Las víctimas y afectados: una deuda impagable Así como no sabemos el número de combatientes y colaboradores que ha puesto el departamento, también ignoramos a los muertos, torturados, desaparecidos, extorsionados, amenazados, desplazados y afectados de una u otra forma por el conflicto armado. Únicamente contamos con los datos generales e incompletos de la Policía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sin especificar los móviles por razones políticas o efectos del conflicto. La Policía enfatiza que las venganzas, riñas y otros, son las principales causas de los homicidios y señala a Montería, Lorica, Sahagún y Cereté como las poblaciones donde se cometen más delitos de esta clase.

18

CLASE DE DELITO

AÑOS

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Secuestro extorsivo 16 11 7 6 14 3 25 27 38 6 5Homicidio común 414 280 377 444 325 274 365 441 351 332 249Homicidio colectivo (más de 4 personas)

5 6 21 26 13 20 5 8

Lesiones personales comunes

1476 1588 1431 1416 1340 1131 930 906 577 583 514

Fuente: Policía Córdoba, Montería, 2004 Sería de gran utilidad que las instituciones gubernamentales encargadas de recoger, sistematizar y difundir esta información la especifiquen para entender mejor la realidad del conflicto. Desafortunadamente en Córdoba no hay organizaciones civiles que se encarguen de esta importante labor. También están las preguntas: ¿quién sabe la verdad sobre tantos muertos y desaparecidos?, ¿quién reparará tanto dolor causado?.

7. La pobreza: ¿no hay manera de reducirla?. La pobreza en el departamento sigue creciendo en las áreas urbanas y rurales, más en estas que en aquellas. Los planes de desarrollo departamental y municipales, lo mismo que las acciones del gobierno nacional y la empresa privada, no han encontrado la manera de reducirla. Los que guardaban esperanzas que los grupos insurgentes y contrainsurgentes podían elaborar y aplicar planes de desarrollo capaces de modificar sustancialmente estas condiciones de penuria y exclusión, no ocultan su decepción al comprobar que, en términos generales, permanecen igual o peor que antes de establecerse en las zonas de influencia. Un dato entre varios es que el 40% de la población de la Zona de Ubicación de Santafé Ralito no cuenta con documentos de identidad por lo retirado que se encuentran del casco urbano, el costo de los trámites y el desinterés por legitimar la identidad personal.

8. La reinserción: hay que aprender de la experiencia La Oficina de Reinserción en Montería alcanzó a atender en la primera mitad de la década de los noventa a un total de 640 desmovilizados por acuerdos de negociación y entregas voluntarias. Pertenecieron al EPL, la CRS y desertores del Frente 59 de las FARC. Al cabo de dos años, casi la totalidad de los proyectos productivos urbanos y rurales habían fracasado. El mejor provecho, al parecer, lo obtuvieron en educación técnica y académica. Como no hubo seguimiento, hoy no conocemos el rumbo que siguieron estos excombatientes. Para evitar tantas fallas cometidas hay que empezar por saber quienes son los que se van a desmovilizar, de dónde proceden, qué saben o quieren hacer y qué aspiraciones los animan, entre otros, para acordar individualmente los trabajos o proyectos productivos.

19

9. La cultura popular amenazada: ¿cómo recuperarla y hacerla mejor?

Mantener y acrecentar el control férreo de poblaciones y territorios es la misión de los grupos armados ilegales. La forma de ser, de pensar y actuar de cada uno de los pobladores es observada con detenimiento y desconfianza. Lo que no está de acuerdo con sus patrones ideológicos, sociales y militares -sin que se sepa quién o cómo lo establecen- es criticado o castigado con llamados de atención, amonestaciones severas, trabajos comunitarios y forzados, exilio o muerte. Desde el punto de vista de la mentalidad y forma de vida de las comunidades la violencia altera drásticamente todos los aspectos de la cultura. El arraigo, la identidad, el parentesco, la vecindad, el apoyo, la seguridad, la solidaridad y la confianza que proporciona la comunidad donde se nace o habita regularmente, quedan debilitados o rotos, momentánea o definitivamente. Las comunidades se resienten, pierden organización, participación y espontaneidad algunas desaparecen y pocas logran sobreponerse. Los pobladores se vuelven recelosos, escépticos, resentidos, desesperanzados y temerosos.

10. Los recursos naturales: a preservarlos sin ambages Los recursos naturales, en especial el Parque Nacional Natural de Paramillo y los humedales son de extraordinaria importancia por su biodiversidad y todo cuanto significan para la economía y cultura de los pueblos asentados en ellos. Desde hace tiempo vienen siendo intervenidos con cultivos de uso ilícito y obras que los deterioran y privatizan, ocasionándoles daños irreparables para perjuicio del departamento y la región. Estas son, en síntesis, algunas apreciaciones que deseamos compartir y aspiramos las tengan en cuenta en la mesa de negociación. Montería, 30 de junio de 2004

20

Documento 3

¿QUÉ HACER ANTE LOS HECHOS?, UN PLAN DE ACCIÓN QUE PREVENGA, ATIENDA Y PREPARE EL POSCONFLICTO

El pasado 19 de noviembre de 2004 la Defensoría del Pueblo, la Universidad del Sinú y la Fundación del Sinú convocaron un conversatorio sobre el proceso de negociación. Las apreciaciones, sugerencias y recomendaciones expuestas se refirieron a tres aspectos en especial. 1. Aprender de los pasados Acuerdos de paz, reinserciones y entregas voluntarias.

En el departamento de Córdoba hemos vivido directa o indirectamente cinco Acuerdos de paz adelantados por el gobierno nacional con grupos alzados en armas: dos con guerrillas liberales (1.953 y 1.959) y tres con guerrillas de izquierda (Ejército Popular de Liberación y Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1.991 y Corriente de Renovación Socialista en 1.994). En 1.996, en los municipios de Montería y Tierralta, 255 guerrilleros con sus respectivos comandantes, pertenecientes a las frentes Pedro León Arboleda y Bernardo Franco de la disidencia del Ejército Popular de Liberación y una fracción del 58 frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hicieron dejación voluntaria de sus armas. Estos hechos nos han dejado una serie de experiencias que estamos obligados a no repetir. Por ejemplo: • El gobierno incumplió los acuerdos pactados con las dos guerrillas liberales. Los

combatientes de base fueron rápidamente olvidados, uno de los jefes fue asesinado por desconocidos años más tarde y el otro murió de viejo, desilusionado e incrédulo ante las promesas oficiales.

• Las áreas de mayor control donde operaron las guerrillas liberales y de izquierda siguieron siendo las mismas en el alto Sinú y San Jorge, límites con el Urabá antioqueño y zona rural de Montería y Ayapel.

• Las peticiones que formularon en los distintos Acuerdos fueron prácticamente las mismas: tierra, trabajo, educación, salud, vías, servicios, capacitación, derechos humanos, participación y seguridad. Es decir, atención a las aspiraciones individuales de los combatientes y solución a las necesidades básicas de las comunidades bajo su influencia.

• La mayoría de los combatientes de base continuaron viviendo en igual o peores condiciones después que finalizaron los subsidios y capacitaciones que recibieron por la reinserción. Y sus pueblos de origen o en los que adelantaron proselitismo político, siguieron con sus penurias de siempre sin opciones para mejorar sus condiciones de vida.

• Tal vez en estas reiteradas imposibilidades por alcanzar una vida mejor, tanto personal como colectiva, radican algunas razones de por qué el conflicto está

21

focalizado y persiste en los mismos sitios. Son más de cincuenta años que hombres y mujeres de estos lugares han solicitado y exigido respuestas a sus demandas. Han recurrido a las organizaciones comunitarias, religiosas, políticas y al levantamiento armado. A pesar de tanto empeño la pobreza, la exclusión y la concentración de las riquezas y el poder, permanecen y amplían. Hacer parte de grupos armados, distintos a los del gobierno, es una tradición familiar y social en algunos de estos sitios.

• Debido a las distintas razones por las que los jóvenes ingresaron a las guerrillas, es de esperar que cuando suceden desmovilizaciones no falten las disidencias, hagan tránsito a grupos antagónicos y desvíen a la delincuencia.

• Por lo general los programas productivos que ofreció el gobierno fracasaron. No es fácil hacer microempresas con cursos básicos y subsidios o préstamos insuficientes.

• El gobierno ni las organizaciones armadas desmovilizadas cuentan con censos detallados y actualizados de la suerte que corrió la mayoría de los reinsertados. Ha sido un proceso del cual no hemos obtenido enseñanzas valiosas.

• Las administraciones municipales, los gremios, los empresarios y las universidades no se sintieron comprometidos con los procesos de desmovilización y sometimiento voluntario.

2. ¿Terminará la paramilitarización en Córdoba con la desmovilización?

La paramilitarización de Córdoba es un hecho. La influencia y control que estos grupos ejercen hoy en los territorios, poblaciones e instituciones públicas, privadas y sociales de todo tipo es producto del trabajo que han llevado a cabo durante más de quince años. Esta influencia y control se expresan en: - Una base social amplia, tanto urbana como rural. - Numerosos adolescentes y jóvenes los consideran héroes o modelos de vida a seguir. - Cuentan con numerosos grupos de apoyo logístico en las comunidades, centros de

estudio, administraciones públicas, medios de comunicación, gremios económicos, movimientos políticos, transporte público y organizaciones comunales, entre otros.

- Han adquirido un cuantioso poder económico, social y político. - La ascendencia y carisma alcanzado por Fidel y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso

en los distintos sectores sociales. - Las inversiones que directa o indirectamente están haciendo en proyectos

agroindustriales, comercio, tierra, ganadería, vivienda y salud. - Han establecido normas de conducta, pautas sociales, códigos de justicia, sanciones

y reconocimientos en gran número de comunidades con presencia o no de administraciones y autoridades gubernamentales. Así mismo han constreñido manifestaciones culturales, organizativas y participativas de poblaciones enteras.

- Exigen impuestos y recaudos forzosos.

La pregunta que surgió fue unánime: ¿tan cuantioso capital social, económico y político desaparecerá con las últimas desmovilizaciones previstas para diciembre del 2005?.

22

¿Qué formas adquirirá la paramilitarización antes de esta fecha o posterior a ella?. Hay algunos indicios pero aún no están claros los propósitos.

3. El Plan de acción preventivo, ejemplarizante y prospectivo.

De una u otra manera todos estamos involucrados en el proceso de negociación y en la paramilitarización del departamento pero unos con más responsabilidades que otros. En primera instancia las administraciones departamental y municipales, las autoridades de policía y ejército, los órganos de control y justicia, los movimientos políticos, gremios, iglesias, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, universidades, empresas y medios de comunicación. Es necesario y urgente que en forma concertada elaboremos un Plan de acción que nos permita prevenir algunos hechos que se avecinan, recuperar lo positivo que hemos perdido y fijarnos algunas metas que hagan posible mejorar en algo la situación de la mayoría de la población. Entre otros, es necesario tomar medidas en los siguientes aspectos: • Preparar a las comunidades urbanas y rurales que son receptoras de desmovilizados.

En Montería la mayoría de los asentamientos subnormales recibirán a estos combatientes.

• Brindar garantías de seguridad a los que retornen o regresen. • Hacer seguimiento a los desmovilizados para evitar desviaciones de tipo ilegal. • Asegurar atención sicosocial a todos los que la requieran. • Evitar que los desmovilizados constituyan grupos de seguridad privada. • Velar porque los programas de reinserción sean eficaces. • Hacer viables los proyectos productivos y de generación de ingresos. • Velar porque en la Zona de ubicación se respeten los derechos sexuales y

reproductivos de los menores de edad y no se estimule el funcionamiento de cantinas. • Proveer a la comunidad de la Zona de ubicación de mecanismos de información y

participación funcionales en los asuntos que le atañen. • Las administraciones gubernamentales diseñen un Plan para hacer frente a la

situación de ilegalidad que ha creado la paramilitarización. Debe contener medidas que recuperen la credibilidad y operatividad de la justicia, el control social, la transparencia, la honestidad y la eficiencia, el respeto a los derechos humanos, a la organización y a la participación política. En otras palabras: fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad.

• Para que este Plan de acción lo tengan en cuenta las administraciones y autoridades departamental y municipales, solicitamos de manera encarecida al señor Ministro del Interior y Justicia expida una directiva en este sentido, con indicaciones precisas de lo que se puede y debe hacer en estas etapas del proceso de negociación para bien de la nación y su Constitución política.

Montería, 25 de noviembre de 2004

23

Documento 4

TIERRALTA: ENTRE LOS EXCLUIDOS Y EL ABANDONO

Un pasado conflictivo Fueron colonos asentados y compradores ocasionales los que fundaron a Tierralta en 1909. Durante los primeros 40 años la población estuvo dedicada a darle orden y forma al pueblo que crecía en forma acelerada y a las actividades económicas que en ese entonces eran la caza de animales y la búsqueda de oro, maderas finas, ipecacuana, tagua, canime, caucho, almendro, algarrobo y zarzaparrilla. Sin duda, años de prosperidad y tranquilidad. La situación empezó a cambiar en 1949 con los enfrentamientos entre las fuerzas regulares del gobierno conservador bajo la orientación de dirigentes locales y grupos de liberales radicales que conformaron guerrillas para hacerles frente. Los combates, librados en los alrededores de Tierralta, arrojaron centenares de muertos y desplazados, las victimas del primer conflicto armado ocurrido en el recién creado departamento de Córdoba en 1952. Con la amnistía a la guerrilla liberal un año después el gobierno dio por cerrado este episodio. El acuerdo de entregarle tierras a los combatientes lo incumplió y no ayudó a recuperar los predios usurpados o malvendidos bajo amenaza ni hacer justicia a las victimas inocentes. Esta actitud del gobierno creó inconformismo y resentimiento en amplios sectores de la población que, ante la impotencia, decidieron callar. Hasta 14 años mas tarde, en 1967, cuando el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) decidió conformar su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación (EPL). El nacimiento de este grupo guerrillero fue bien recibido por sectores de la población, confiaban que serían reparadas las injusticias y atropellos cometidos contra ellos en años anteriores. Pero el balance de 24 años de lucha armada guerrillera no fue satisfactorio para el conjunto de la población que, por los desmanes cometidos, debió contemplar con temor como los hacendados comenzaron a contratar y formar pequeños grupos de hombres armados para proteger sus vidas y bienes. De esta manera, en 1985, surgieron los primeros embriones que le dieron vida a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y más tarde a la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1994. El otro actor perturbador, el narcotráfico entró en escena en 1987 con cultivos de marihuana, al parecer auspiciado o en alianza con los grupos armados. Con la desmovilización de la mayoría de los combatientes del EPL en 1991, las FARC ocuparon los territorios abandonados. Lo que originó una nueva fase de ampliación y agudización que se prolongó durante 11 años y produjo un alto número de muertos, desaparecidos, amenazados y desplazados. El municipio de Tierralta fue uno de los más afectados.

24

Antes de terminar la década de los 90, con motivo de la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, la empresa trasladó a 5806 personas que vivían en veredas y corregimientos que serían inundados a varios reasentamientos construidos cerca de la cabecera. Este hecho ocasionó perjuicios por cuanto de hecho amplió la zona urbana sin estar preparada para ello, aumentó el valor del catastro e hizo crecer el número de menesterosos porque los suelos asignados son bajos, compactos por el pastoreo de muchos años y de baja calidad. Para esta época aparecieron en el pueblo un alto número de personas deportadas de Venezuela a quienes le llaman los repatriados. Y en tiempos recientes, en julio de 2003 un grupo de comandantes de las AUC y el gobierno nacional firmaron el acuerdo de Santafé Ralito para adelantar diálogos y explorar salidas al conflicto. En mayo de 2004 formalizaron la Zona de Ubicación para llevar a cabo el proceso de negociación y desmovilización. Proceso este que ha afectado la vida del municipio y del país en general. Un presente azaroso De acuerdo con la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la población actual de Tierralta es de 26186 habitantes en la cabecera y 35412 en el resto del municipio para un total de 61598 habitantes. El porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es de 78.5. Sin embargo la Coordinadora del Sisben (Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales) afirma que tiene registrado en todo el municipio un total de 76139 pobres de los niveles 1, 2 y 3. Un gran porcentaje de la población de la cabecera son campesinos o descendientes de ellos o de colonos. Hoy se encuentran haciendo parte de la población los familiares de los amnistiados, diez mil desplazados por la violencia, 60 familias repatriadas, los reasentados de la empresa Urrá S.A. reinsertados de la guerrillas y 500 desmovilizados de las AUC. A ellos hay que agregarle la población indígena de los Embera Katíos que permanecen en el pueblo. Es decir, grupos de excluidos sociales que no cuentan con las posibilidades y garantías suficientes para mejorar de manera significativa sus condiciones de vida. De acuerdo con los datos obtenidos en la reunión del día 14 de julio en Tierralta*, estos grupos representan cerca del 70% de la población y comparten con cordobeses de otros municipios y antioqueños (la colonia más numerosa, propietaria de la casi totalidad del comercio) los servicios insuficientes y deficientes del acueducto, el alcantarillado y el aseo, la falta de calidad y pertinencia de

* Fue convocada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba y contó con la asistencia de la Administración municipal (Secretarios de Gobierno y Paz, Personería e Inspectora de la Zona de Ubicación), un Concejal, Sacerdotes y Religiosas, un Pastor Evangélico, funcionarios de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, delegada de la ONU, Benposta, Indígenas, Desplazados y Líderes comunitarios.

25

la educación, así como las deficiencias de la salud. Reconocen que el dinero que circula en el pueblo proviene de cuatro fuentes principales: los cultivos de coca, el mayor aportante; el subsidio que reciben los indígenas (especie de indemnización por los daños causados por la hidroeléctrica de Urrá, equivale a 120.000 pesos mensuales por persona a una población de 2100 durante 20 años, ya van corridos 5), el subsidio de los reinsertados (358.000 pesos mensuales durante dos años) y los salarios de los empleados públicos de todo orden. Estos recursos representan cerca del 90% del dinero circulante y explican el crecimiento del comercio en los últimos años y el incremento de cantinas, billares y burdeles. En cuanto al proceso de negociación la oficina del Comisionado para la Paz no ha tenido en cuenta a la Administración Municipal, el Concejo, la Personería, los grupos representativos de la comunidad ni a las víctimas. En ningún momento le entregaron información, ni socializaron temas ni acuerdos parciales, ni le solicitaron opinión alguna. Al principio del proceso, con la presencia del Comisionado, crearon la Mesa de acompañamiento como vocera de los sectores de la comunidad pero resultó ser mera formalidad porque nunca funcionó. Con estos antecedentes es fácil entender el desconocimiento que tienen sobre la Ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso y los proyectos productivos. A propósito de los proyectos de siembra de madera hay preocupación porque no se conocen estudios de impacto ambiental. Al parecer están destruyendo bosques nativos y reservas con fauna y flora en peligro de extinción y fuentes de agua. En cambio sí es conocido por todos que el Secretario de Paz (responsable de todo lo relacionado con los desmovilizados) no cuenta con oficina y la Inspectora de la Zona de Ubicación se siente sola y sin los medios necesarios para adelantar un trabajo mejor. Fue unánime la apreciación que a partir de la llegada al pueblo de los desmovilizados han aumentado los casos de conflicto intrafamiliar contra mujeres y niños, acceso carnal abusivo, violaciones a menores, prostitución, delincuencia, embarazos a niñas, enfermedades de transmisión sexual y VIH – SIDA, formación de nuevas parejas con menores de edad y demandas por alimento. Los lugares donde habitan son asentamientos subnormales y es notorio el vagabundeo. Reconocen también que los homicidios y desplazamientos han disminuido, es posible hablar con más confianza, aumentó la presencia de la fuerza pública y han recibido cursos del Sena. Un futuro incierto No hay seguridad de lo que va a suceder en los próximos meses. La Ley de Justicia y Paz es criticada por sectores de la opinión pública nacional y el exterior; desconocen cómo recuperarán las tierras usurpadas y vendidas bajo amenaza; cómo repararán a las víctimas y qué sucederá con la Zona de Ubicación. Les preocupa no saber quién controlará los excesos, contravenciones y delitos de los desmovilizados. La oficina del Comisionado para la Paz anuncia cultivos de cacao, caucho y acacia en 4.000 hectáreas para 1.050 cabezas de

26

familia y ganadería intensiva en 200 hectáreas para 360 cabezas de familia pero desconocen criterios de selección, créditos, salarios, propietarios o socios, manejo de los proyectos, utilidades, duración y otras preocupaciones. Solicitaron información, análisis de los proyectos y programas, apoyo departamental y nacional, coordinación entre la Alcaldía y los sectores interesados de la población. Al final acordaron las siguientes propuestas:

- Socializar la Ley de Justicia y Paz y el programa de los proyectos productivos. - Con la coordinación de la Alcaldía elaborar un Plan de Acción que oriente las

actividades de la Administración Municipal, incluida la Inspección de la Zona de Ubicación, después del 31 de diciembre cuando finalice la desmovilización total.

- Elaborar con la coordinación de la Alcaldía y la Casa de la Cultura la Memoria de

Tierralta de los últimos años, en especial sobre los siguientes temas: el proceso de negociación, pobreza, ordenamiento territorial, reinsertados, recuperación de tierras, cultivos ilícitos, consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, problemática indígena e incidencia del conflicto en la personalidad y conducta de las niñas, adolescentes y jóvenes.

Nota. Seis días después de la reunión los medios de comunicación de Montería registraron la inconformidad de los líderes comunales de los corregimientos que hacen parte de la Zona de Ubicación porque el gobierno nacional no les ha cumplido con lo prometido: mejorar la salud, mantener en buen estado las vías, calidad educativa y agua potable. Montería, 21 de Julio de 2005

27

Documento 5 ¿Para qué sirve la educación hoy?

“LA EDUCACIÓN EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA

SIRVE PARA APRENDER A LEER Y ESCRIBIR”. ¿Para qué sirve la educación? Es una pregunta clave. De hoy y de mucho tiempo atrás, en especial para los interesados en el tema y sobre todo para los que conocen las deficiencias que presenta y han elaborado propuestas alternativas que, por lo general, las autoridades educativas no las tienen en cuenta. Para responder la pregunta necesitamos sabes cuáles son los fines o la misión que los gobiernos le han asignado a la educación en los diferentes niveles; examinar si los currículos son adecuados, ajustados a la realidad y perspectivas de los pueblos y sus medios; la idoneidad y responsabilidad de los docentes; la preocupación y participación de los padres y la presencia de actores y factores con capacidad de influir en la personalidad y conducta de la gente. Con estas pautas verificaríamos los logros alcanzados por las instituciones educativas de un territorio determinado. Y así, podríamos contestar con más propiedad para qué sirve la educación. Las funciones de la educación Los maestros más actualizados hablan de la educación transformadora†, de la que motiva y hace agradable el aprendizaje (lúdica), la que estimula y orienta las habilidades y destrezas (activa), la que incentiva el ingenio y la creatividad (creativa) y la que facilita adelantar procesos de generación de ingresos (productiva). Otros parten de la opinión “que la educación no es ni debe ser comprendida únicamente como el conocimiento formal, técnico y científico, sino que, ante la pérdida de convivencia ciudadana, debe apuntar a una educación dentro de un concepto de cultura cívica y en un entorno de tolerancia, solidaridad y de respeto a las diferencias”… “Debe orientarse a cómo formar ciudadanos protagonistas en el desarrollo de la sociedad…”‡ La visión de muchas instituciones educativas en el área dice que está dirigida a formar personas que contribuyan a cimentar la democracia y enfrentar con éxito los cambios y exigencias del futuro. Y hay quienes hacen énfasis en el respeto y la práctica de los derechos humanos, la ética, los valores y principios. Una educación con bases humanistas. † Revista internacional Magisterio. Educación y Pedagogía. (Nro. 9) Entrevista con Giovanni Iafrancesco. Bogotá, 2004. ‡ Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Coordinador general Luís Jorge Garay. Bogotá, 2002.

28

En resumen, estas son las apreciaciones más comunes que los docentes presentan cuando hablan de los fines de su actividad educativa. Sin duda un propósito, un deseo o aspiración meritorio y necesario pero ¿hasta qué punto viable? El territorio El territorio que hemos escogido para tratar de responder la pregunta es el área rural del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba. De sus datos generales básicos destacamos: es uno de los municipios más grandes del país con una extensión de 4.728 kilómetros cuadrados. El número de habitantes está en entredicho puesto que la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el presente año es de 61.598 habitantes, con 35.412 en el área rural, la Coordinadora del Sisben (Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales) asegura que tiene registrado en todo el municipio un total de 76.139 pobres de los niveles 1, 2 y 3. Según esto la población estaría cercana a 90.000 habitantes. En su suelo están localizados la mayor parte del Parque natural nacional Paramillo que posee un total de 460.000 hectáreas, una gran riqueza hídrica (ríos Sinú, Verde, Manso, Esmeralda), la controvertida hidroeléctrica de Urrá, cultivos ilícitos, gran cantidad de haciendas ganaderas y en ejecución y proyectadas siembras considerables de cacao, caucho, teca y acacia. Gran parte de la comunidad indígena Emberakatío posee sus resguardos y no hay que olvidar que nacieron y operaron guerrillas liberales y de izquierda (Ejército Popular de Liberación, EPL), compartieron paternidad con el municipio de Valencia en la génesis y desarrollo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), es considerado “la casa paterna” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es donde se encuentra la Zona de Ubicación, lugar de concentración de los jefes paramilitares, encargados de adelantar el proceso de negociación con el gobierno nacional. La educación y los docentes La planta de personal docente la integran 665 docentes, de ellos 381 en el área rural. En esta se encuentran las comunidades indígenas con 33 docentes asignados y la Zona de Ubicación con 79 (compuesta por los corregimientos El Caramelo, Santafé Ralito, Bonito Viento, Nueva Granada y Palmira, con una población de 2.635 habitantes).§ Años atrás, en la década de los ochenta, los jefes políticos de los distintos grupos a través de la Secretaría comenzaron a reubicar y trasladar docentes del área rural a la cabecera municipal y a otros centros educativos del departamento. El déficit se incrementó como nunca antes. Los docentes argumentaron falta de seguridad por la presencia de grupos armados, insalubridad y difícil acceso.

§ Secretaría de Educación Municipal. Tierralta, julio del 2005 y Defensoría del Pueblo de Córdoba, 2004.

29

Las administraciones del municipio debieron asumir esta fuga de cupos o plazas pagadas por el departamento y la nación con el nombramiento de bachilleres ante la falta de maestros graduados. Este hecho les afectó el presupuesto y la calidad de la educación.** A los bachilleres (la tercera parte eran mujeres) les tocó aprender a enseñar. Asistieron a cursos, participaban en encuentros y la mayoría terminaron graduados en programas de licenciatura en educación infantil y ciencias religiosas y catequesis que las universidades de Córdoba y Javeriana abrieron en 1994. Gran número de estos maestros nacieron en las veredas y en la cabecera del municipio. Su promedio de edad en la actualidad es de 30 años. Los hombres llegaron solos; las mujeres, por lo regular madres solteras, arribaron con su prole a cuesta. Cuando se presentaron a sus lugares de trabajo no les extrañó el espectáculo de pobreza y abandono que encontraron. Y desde las primeras reuniones, la comunidad y los padres de familia les pidieron ayuda porque “el maestro es el que sabe”. Así, trabajando juntos en pequeñas obras, solicitando ayuda al gobierno y a la iglesia y conformando organizaciones, fueron estableciendo amistades, solidaridades e identidades. Permanecían de lunes a viernes en las veredas, hasta que terminaron quedándose porque casi todos, hombres y mujeres, formaron parejas. Un día decidieron participar en política. Aspiraron al Concejo municipal con el fin de presentar proyectos para beneficio de las comunidades y obtuvieron curules en dos períodos. Pero el proceso comenzó a fallar con la presencia de las AUC. Poco a poco tomaron el control de la población y el territorio. La imagen de la población cambió radicalmente con la presencia de camuflados, armas, radioteléfonos, motocicletas, vehículos, haciendas lujosas, negocios diversos, fiestas, parrandas, cultivos ilícitos, dinero y en fin, les mostraron un nuevo modo de vida, aparentemente más fácil de vivir y disfrutar y han convencido a muchos, en especial jóvenes de ambos sexos, que el conflicto armado y el narcotráfico también producen ídolos, héroes o modelos. Como es obvio, el trabajo y aspiraciones de los docentes y comunidades fracasó, está disminuido o en receso de acuerdo con las condiciones de cada vereda. Con la expedición de la ley 715 del 2001 (reglamenta y amplía el ingreso a la carrera docente) el municipio se ha favorecido con la planta de personal docente, directivo docente y administrativo pero no con la calidad humana, el sentido de pertenencia y el compromiso con la comunidad de los nuevos docentes. Desde el año 2002, con el visto bueno de los grupos políticos, han nombrado profesores (profesionales o técnicos en pedagogía) de origen urbano, en especial de Montería, Sahagún y Tierralta. Estos profesores llegan y se van todos los días y el trabajo lo reducen a dictar exclusivamente las clases que les corresponden. ** Licenciado Gerardo de J. Sánchez, docente área rural de Tierralta, 2005.

30

Los padres de familia y la comunidad En la zona existió la esclavitud y la matrícula, especie de contrato celebrado entre criados domésticos, jornaleros, concertados y trabajadores a destajo con patronos y propietarios. En realidad el compromiso de trabajar se prolongaba por muchos años por la supuesta existencia de una deuda que nunca terminaban de pagar porque era manipulada al capricho de los contratantes. Estos, además, podían cambiar, vender o prestar a los matriculados y en caso de fuga los familiares respondían por la deuda pendiente††. Estas prácticas existieron hasta la década de los veinte del siglo pasado. Los abuelos y padres de los adolescentes y jóvenes actuales heredaron las consecuencias sociales, políticas, culturales y sicológicas de tan prolongado sometimiento. Todavía hoy se traduce en la resignación, la fatalidad, el recibir órdenes, la sumisión y el no mirar de frente al que consideran superior. En promedio el nivel de escolaridad que presentan los padres de familia es bastante bajo y los oficios más comunes que llevan a cabo son los de vaquero, casero o machetero (las actividades que realizan con el machete), similares a los que desempeñaban sus antecesores en la época de la matrícula. Desde otro punto de vista son sencillos, serviciales, nostálgicos, apegados al terruño y la tradición, poco confidentes y orientadores de los hijos, adictos a la comida, los cuentos, las exageraciones y de gran sensibilidad ante la naturaleza. El aprendizaje lo adquieren por ensayo y error. Los estudiantes En el área funcionan desde preescolar hasta noveno grado (educación básica). Los que desean y pueden continuar lo hacen en instituciones formales y de validación en la cabecera del municipio o Montería, la capital del departamento. Hace cinco años el 70% no continuaba, hoy lo hace el 25%. Sólo el 4% alcanza estudios técnicos o universitarios. Según cálculos del profesor Arnulfo Mestra el 40% de los estudiantes está interesado en estudiar, cree que puede progresar sin necesidad de recurrir a los actos ilegales. El resto se mantiene en las aulas por formalismo, por no defraudar a la familia pero están convencidos que no es el medio rápido y eficaz para obtener dinero y disfrutar de la vida. Y como prueba fehaciente para mostrar están los miembros de las AUC: desde el combatiente raso, los mandos medios y jefes, pasando por los auxiliadores y testaferros. Todos ellos en mejores condiciones económicas que la de los pequeños propietarios y jornaleros ocasionales o permanentes de las veredas. Ante las preguntas formuladas a los jóvenes de por qué querían hacer parte de estas organizaciones y a las jóvenes qué las motivaba a tener relaciones con ellos, respondieron: la pobreza de la familia, la escasez de trabajo distinto al jornaleo, mantener dinero, mejorar la †† Víctor Negrete Barrera. Origen de las luchas agrarias en Córdoba. Montería, 1981.

31

presentación personal, ser admirado y respetado, disfrutar la vida y el impacto que causan los camuflados, las armas, camionetas y motos, radioteléfonos y celulares. En la actualidad los estudiantes tienen ante sí dos formas de vida distintas: la tradicional, la que representan sus padres y la comunidad en general y la que han generado las AUC. Hasta ahora esta última está imponiéndose. Perspectivas generales Partamos de tres hechos reales: 1. La administración municipal no cuenta con un Plan de desarrollo ni un Plan de ordenamiento territorial que definan hacia donde va el desarrollo del municipio. 2. La influencia de las AUC continuará, posiblemente crecerá por la legalización que le concede la ley de Justicia y Paz y la conformación de su grupo político. 3. Los grandes proyectos productivos que se anuncian en cultivos de cacao, caucho, acacia y de ganadería intensiva, solo darán empleo a 1.400 cabezas de familia, la mitad de los cuales serán para los reinsertados. Hasta el momento la inversión nacional y departamental en el municipio es escasa. Perspectivas para la educación De acuerdo con el licenciado Gerardo de J. Sánchez a la zona rural le hacen falta 230 educadores, sobre todo en poblaciones como Batata, Saiza, El Diamante, la población indígena y la más retirada de la cabecera. La mayoría de los profesores son graduados en educación infantil y ciencias religiosas y catequesis, sólo en el último año están llegando de otras áreas. A esta falencia le agregamos las características de los nuevos profesores, alejados de las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Sin el protagonismo de los docentes antes de la ley 715 del 2001, la imposibilidad de cambiar en corto tiempo la actitud de los padres, la presencia legalizada de las AUC y la ausencia de alternativas democráticas de beneficio común, la educación no puede cumplir un mejor papel del que cumple en la actualidad. Entonces ¿para qué sirve la educación hoy en el área rural del municipio de Tierralta?. Para aprender a leer y escribir, según palabras de un educador que ha vivido el conflicto armado y siente que la educación es impotente ante los actores armados y el abandono estatal. Montería, julio 26 de 2005

32

Documento 6

LOS DESMOVILIZADOS DE BASE: ¿CUÁL ES EL FUTURO?

Los viejos desmovilizados

Antes del actual proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cordobeses hemos estado involucrados directa e indirectamente en tres Acuerdos de paz. Con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991 y con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1994. En los Acuerdos firmados aparecen los beneficios que debían recibir los combatientes y las comunidades de las áreas de influencia donde operaron. Para los primeros estaban contemplados las garantías jurídicas, subsidios, seguridad, educación en los diferentes niveles, salud, capacitación, empleo, proyectos productivos o de servicio, vivienda y asistencia sicosocial. Para las segundas había previsto una serie de inversiones a realizar con recursos proporcionados por un fondo para la paz o un programa de inversión social, los institutos descentralizados de carácter nacional, las administraciones departamentales y municipales y la empresa privada. Desafortunadamente las obras ejecutadas fueron pocas. Los proyectos productivos o de servicios podían llevarse a cabo en las áreas urbana o rural. A dos grupos de desmovilizados del EPL, por ejemplo, les entregaron sendos predios para ganadería en los municipios de Ciénaga de Oro y Planeta Rica. Antes de culminar el segundo año uno de los grupos solicitó que la propiedad y el trabajo no fueran colectivos sino individuales, lo que facilitó la venta de predios y el arriendo de pastos, precipitando así la desaparición de la empresa. El otro grupo permaneció más tiempo porque estaba integrado por familiares pero también fracasó. Los desmovilizados argumentaron falta de conocimiento, experiencia o interés en la actividad ganadera, divergencias permanentes, incumplimiento en los horarios de trabajo, no aceptaban ordenes entre ellos, carencia de otras opciones y bajo nivel escolar. Por parte del gobierno fue notoria la improvisación y la ausencia de seguimiento. Sobre la reincorporación a la comunidad dijeron sentirse rechazados e incomprendidos, aún por los familiares. Reconocieron que el proceso de integración con la población era difícil y no recibieron la preparación suficiente para manejarlo. Al final sobrevino la dispersión. Tomaron rumbos diferentes y algunos reingresaron a otros grupos armados. Los proyectos urbanos fueron variados: purificación de agua, supermercado, montallantas, talabartería, panadería, confecciones, tiendas, billares, droguería y taxis, entre otros. Al cabo de dos años la mayoría de los negocios dejó de funcionar por distintas razones: no llenaron las expectativas que creían encontrar, carecían de sentido de pertenencia, no hubo acompañamiento a los grupos y proyectos, los asesores y administradores eran de ellos mismos, lo que ocasionó fricciones e indisciplina y de nuevo el bajo nivel de escolaridad y la

33

falta de capacitación y experiencia en cada una de las actividades. Últimamente se ha sabido de irregularidades administrativas y financieras por parte de las organizaciones que manejaban los recursos destinados a estos proyectos. Los de la ciudad aprovecharon mejor los beneficios en educación, salud y capacitación.

Los nuevos desmovilizados

¿Cuántos son y dónde están? Hasta el pasado 3 de agosto estaban registrados en el Centro de Referencia y Oportunidades (CRO) de Montería 1.585 desmovilizados de las AUC, incluyendo 43 mujeres. Según los registros hay 203 desmovilizados que aún no se han reportado, desconociendo su paradero. Los municipios con presencia de desmovilizados son los siguientes: Montería 569 Tierralta 507 Valencia 232 Montelíbano 53 Planeta Rica 37 Cereté 27 Lorica 24 Puerto Escondido 20 Cienaga de Oro 16 San Pelayo 15 Ayapel 13 Sahagún 9 San Bernardo del Viento 9 Moñitos 9 Los Córdobas 8 Puerto Libertador 6 Pueblo Nuevo 6 Cotorra 4 La Apartada 4 San Andrés de sotavento 4 San Carlos 4 San Antero 3 Buenavista 2 Canalete 2 Chinú 1 Momil 1 Chimá y Purísima no reportan desmovilizados. De acuerdo con estas cifras podemos intentar unas primeras apreciaciones:

• El elevado número de desmovilizados en el Alto Sinú (Valencia y Tierralta) se debe al control riguroso y a la presencia permanente y prolongada de las AUC. Crearon un modelo de vida basado en el poder económico y militar en un medio rural, pobre y sin perspectivas.

• El mínimo número de desmovilizados en el bajo Sinú (Momil, Purísima y Chimá) es consecuencia del usufructo de los recursos y atributos de la Ciénaga Grande, la ausencia de grupos y conflictos armados, el manejo racional de sus desigualdades y contradicciones y un estilo de vida que privilegia la sencillez y la tranquilidad parroquial.

• El relativo número de desmovilizados en municipios donde antes hubo influencia guerrillera (Pueblo Nuevo, Canalete, Puerto Libertador y La Apartada) obedece quizás al resentimiento y el deseo de venganza de muchas familias de estos lugares contra las AUC o el temor a repetir los efectos desastrosos de la violencia.

34

• El moderado número de desmovilizados en Montelíbano y Planeta Rica es la expresión de la influencia perdida de la Guerrilla y la resistencia de ganaderos y comerciantes.

• El máximo número de desmovilizados de Montería (la capital del departamento) tiene explicación porque en sus asentamientos subnormales y populares vive el 70% de sus habitantes con altos índices de desempleo, sin garantías para mejorar sus condiciones de vida, con presencia de pandillas y una enorme inconformidad en los jóvenes.

¿Quiénes son? La mayoría son jóvenes entre 18 y 26 años. Al momento del ingreso al grupo armado el 22% era de origen campesino y el 78% vivía en las cabeceras municipales y en Montería. Los del campo desempeñaban labores de jornalero, vaquero o ayudaban a los padres en oficios agropecuarios. Los urbanos o semiurbanos eran jóvenes que no estudiaban o habían terminado el bachillerato pero no podían ingresar a la universidad, estaban desempleados, laboraban ocasionalmente o aprendían algún oficio. ¿Cuál es el nivel de estudio? De acuerdo con el CRO 110 son analfabetas, 306 hicieron uno o varios grados de primaria, 328 terminaron primaria, 340 hicieron uno o varios grados de bachillerato, 100 son bachilleres, 1 es tecnólogo, 4 eran universitarios y 1 profesional. ¿Qué capacitaciones reciben? Hasta el momento las capacitaciones que reciben son de orientación ocupacional (llamado módulo cero), técnicas y de educación formal. Hasta el pasado 3 de agosto han atendido a 1.411 desmovilizados incluyendo a 32 de Antioquia. De estos, 797, el 56.4%, en el módulo cero; 229, el 16.2% en capacitación técnica y 239, el 16.9%, en educación formal. Como puede observarse el porcentaje en capacitación técnica y educación formal es bajo. En otras palabras, la mayoría de los desmovilizados no quieren estudiar. Al parecer, los años en la guerra les hizo creer que no es necesario seguir estudiando para obtener ingresos, perdieron el hábito de estudio o no lo consideran importante para el futuro de sus vidas. El mayor número de capacitados en las tres áreas son de Montería, seguidos por los de Tierralta, Montelíbano y Planeta Rica.

35

Los proyectos productivos

La oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció la puesta en marcha de los siguientes proyectos productivos en el área rural del departamento. Municipio Proyecto Nro. Beneficiarios Nro. Inversión Productivo cabeza de familia hectáreas (millones) Tierralta Cultivo caucho 300 1.500 33.791 Tierralta Cultivo Cacao 150 500 4.587 Tierralta Plantación Acacia 600 2.000 2.900 Tierralta Ganadería intensiva 360 200 6.280 Valencia Ganadería intensiva 72 40 1.256 Valencia Cultivo maracuyá 333 500 1.900 Pueblo Nuevo Ganadería Intensiva 36 44 628 Planeta Rica Ganadería intensiva 18 --- ------ Total 1.869 4.784 51.344 Estos proyectos están destinados a desmovilizados (50%), desplazados por el conflicto armado (25%) y pequeños productores y campesinos radicados en las áreas de ejecución (25%). A pesar de los anuncios no se conocen informaciones sobre criterios de selección, acceso a créditos, salarios, quienes son los propietarios o socios, manejo de los proyectos, distribución de utilidades y duración, entre otros aspectos. En Montería la capacitación técnica está centrada especialmente en mecánica diesel y de motos, enfermería y electricidad rural, entre otros. Desconocemos sobre qué bases o estudios de mercado laboral seleccionaron estos cursos.

A propósito del proceso de desmovilización

Interesados en que el proceso de desmovilización continúe en mejor forma nos permitimos sugerir:

• Es de extraordinaria utilidad conocer las experiencias de los anteriores Acuerdos de Paz sucedidos en el departamento, el país y otros lugares para aprender de ellos.

• Teniendo en cuenta que no hubo o no funcionó la preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes ni para sus familiares ni comunidades receptoras, es urgente diseñar un plan de contingencia que maneje los casos conflictivos sucedidos hasta ahora. Así mismo es indispensable el plan para atender los próximos desmovilizados que se anuncian, un poco más de 2.000, según cálculos de la gobernación de Córdoba.

• Si el propósito de los proyectos productivos “es ofrecer a los desmovilizados opciones de trabajo sostenible y oportunidades para la creación de sus propias empresas” deben ser ampliamente conocidos por los beneficiarios y sus familias, con estudios

36

que aseguren rentabilidad y permanencia, plan de capacitación continua, créditos suficientes y cómodo de cancelar y acompañamiento permanente, entre otros. Es sabido que con cursos básicos en 18 meses que dura el proceso no es posible crear empresas, si acaso algunos negocios de sobrevivencia.

• El Programa de Paz y reconcialización de la Alcaldía de Medellín hace énfasis en la capacitación a los desmovilizados a través de talleres sobre desarrollo humano, civismo y valores, orientación laboral, atención sicosocial y monitoreo personalizado a los desmovilizados, sus esposas e hijos. Los talleres y la capacitación o el estudio son requisitos indispensables para la vinculación laboral. Las esposas e hijos también deben estar en programas de capacitación o estudio. En Córdoba ya sabemos del reducido número de desmovilizados que reciben capacitación técnica y educación formal; la atención sicosocial es mínima, el monitoreo personalizado no existe, como tampoco la atención a las esposas e hijos.

• Si a las comunidades situadas en zonas tradicionales de conflicto armado no les atienden sus necesidades básicas (vías, salud, educación, agua potable, producción y mercadeo) en un proceso de paz, es posible, como históricamente ha sucedido en Córdoba, el surgimiento de otros grupos armados. La inconformidad, la mano de obra disponible en manejo de armas y saber vivir en territorios y condiciones de guerra, constituyen los elementos indispensables para conformar grupos armados. Sólo faltaría el componente motivador, inspirador, que bien puede ser la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico o cualquier otro con intereses económicos o políticos.

• La vinculación de los jóvenes a las AUC produjo en ellos cambios sustanciales en la personalidad, la conducta, la mentalidad, la concepción de la vida y el mundo y los sentimientos. Basta comparar la manera de ser, pensar y actuar de los jóvenes campesinos de los pueblos pobres y de los muchachos de los asentamientos subnormales que se incorporaron, con las personas que regresaron después de varios años de estar combatiendo, muchas veces en lugares alejados y extraños. El caso de Tierralta es revelador. Con la llegada al pueblo han aumentado los casos de conflicto intrafamiliar, acceso carnal abusivo, violaciones a menores, prostitución, delincuencia, embarazos a niñas, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, formaciones de nuevas parejas con menores de edad, acosos y demandas por alimentos

• Las Alcaldías que tienen mayor número de desmovilizados deben designar a un funcionario de su planta de personal para que atienda el proceso. Esto significa, contar con toda la información de los desmovilizados de su jurisdicción, mantener contacto con el CRO de Montería y el Programa para la reincorporación para la vida civil del Ministerio del Interior y Justicia, diligenciar recursos, elaborar análisis y presentar proyectos, entre otras funciones. El único municipio que cuenta con un cargo para atender desmovilizados es Tierralta.

Montería, 16 de agosto de 2005

37

Documento 7

MONTERIA: ENTRE LA VILLA SOÑADA Y EL MIAMI COSTEÑO

El himno y la revista. El himno dice que Montería es la villa soñada, lo que representa el ideal de un grupo de hombres y mujeres que quieren ver a Montería convertida en una ciudad organizada, bonita, limpia, tranquila y a la mayoría de su gente satisfecha de estar viviendo en ella. Hasta hace poco en Montería las medianas y grandes obras eran escasas y esporádicas, los servicios públicos deficiente y, en general, el desarrollo marchaba parsimonioso, caracterizado por la pobreza y el conflicto social. Hace cinco años, ante el asombro y admiración de muchos, la ciudad empezó a cambiar. Como es obvio, surgieron explicaciones o causas de este despertar económico. Todo el que quiso opinó pero nadie lo escribió o dijo públicamente por temor o señalamientos. A medida que el tiempo pasaba las obras tomaban cuerpo y las muestras del bienestar -vehículos, casas, negocios y fincas- eran cada vez más evidentes, pero nadie hablaba en voz alta. La revista Semana (27 de septiembre de 2004) dio a conocer su explicación sobre lo que pasa en Montería con un sugestivo pero exagerado título, al catalogar a la ciudad como el Miami Costeño. El autor identifica algunas piezas visibles de este entramado (residencias y vehículos lujosos, restaurantes y casinos envidiables, centro comercial con productos de marca nacionales e importados y grandes clínicas) y concluye que “algo huele mal”, sin dejar de reconocer que “es difícil precisar cuál es la actividad económica que ha traído semejante bonanza”. Sugiere que ese “algo huele mal”, significa que están lavando cantidades desconocidas de dinero proveniente de actividades ilícitas. Apreciación que no es nueva porque en Montería desde hace varios años se comenta que parte de la bonanza (no se sabe cuánto) tiene su origen en actividades ilegales. Las reacciones ante el artículo de Semana fueron diversas. Unos protestaron airados y pidieron con pasacalles desplegados en lugares céntricos no leer más la revista; la mayoría reconoció en voz baja que “algunas cosas son ciertas y otras suposiciones” y un pequeño grupo consideró que, aunque desenfocado, el artículo abrió el debate por primera vez sobre lo que sucede en la ciudad, donde muchos saben lo que pasa pero nadie se atreve a sostenerlo. En busca de explicación. Pasadas las reacciones, emotivas la mayoría, nos dimos a la tarea de averiguar las causas de este “despertar económico” como lo llama la revista. Preguntamos a economistas, políticos, periodistas, líderes gremiales y directivos de organismos no gubernamentales. Todos sin excepción aceptan que este “desarrollo”, como lo llaman otros, es producto de

38

inversiones realizadas con dineros obtenidos de manera lícita e ilícita. Casi todos ilustran su parecer con nombres, casos y hechos conocidos o ignorados por la gente medianamente informada. No contentos con estas declaraciones basadas en generalidades y a veces en exageraciones y fantasías, programamos algunos eventos de carácter público (abril y mayo de 2005) pero no logramos avanzar en el esclarecimiento. No sobra mencionar que todos los que accedieron a dar declaraciones solicitaron reserva de la identidad. En abril del presente año salió el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente a Córdoba, con datos del segundo semestre del 2004 y a mediados de septiembre consultamos cifras de la Superintendencia Bancaria y la Gobernación de Córdoba. Estos informes nos sirvieron de base para elaborar esta primera aproximación. Captaciones y Créditos en el Sistema bancario Conocidas las cifras sobre captaciones y cartera neta de los bancos en Córdoba serie 2001-2004, estimamos conveniente compararlas con la de otros departamentos de la Costa Caribe con similares niveles de desarrollo.

CAPTACIONES Y CREDITOS BANCARIOS POR DEPARTAMENTO DE LA COSTA CARIBE

AÑOS 2001 A 2004 (MILES DE PESOS)

DEPARTA-MENTOS AÑOS

TOTAL CAPTACIONES

2001 2002 2003 2004

TOTAL CARTERA NETA

2001 2002 2003 2004 CESAR 277.16

8.367 328.893.911

339.561.025

432.664.109

229.065.619

238.363.313

245.525.206

286.682.187

CORDOBA 351.835.050

385.608.293

380.188.929

504.284.141

352.889.641

342.712.097

362.963.845

394.963.850

GUAJIRA 202.662.966

209.538.533

235.092.533

341.612.862

65.278.002

69.415.904

73.100.999

80.745.736

MAGDALENA 375.319.826

381.775.281

374.237.365

473.804.927

274.432.894

261.958.190

289.663.742

322.998.662

SUCRE 189.303.484

220.131.649

228.139.401

269.051.467

118.589.697

133.013.198

157.426.806

166.380.776

Fuente: Superintendencia Bancaria, 2005 Para el caso de Montería damos a conocer el total de captaciones y cartera neta de los últimos tres años y el total de los créditos asignados a los sectores de comercio y vivienda.

39

CAPTACIONES Y CREDITOS BANCARIOS EN MONTERIA CREDITO DESTINADO A COMERCIO Y VIVIENDA

AÑOS 2002 A 2004 (MILES DE PESOS

Años Total Captaciones

% Total Cartera Neta

% Crédito a Comercio

% Crédito a vivienda

%

2002 250.478.577 64.9 267.887.810 78.1 152.435.949 56.9 64.254.486 23.9 2003 263.618.450 69.3 268.736.266 74.0 153.417.980 57.0 57.496.397 21.3 2004 331.106.612 65.6 276.267.965 69.9 167.129.549 60.4 41.146.485 14.8

Fuente: Superintendencia Bancaria, 2005 Nota: Los porcentajes de captaciones y cartera neta son los que corresponden a Montería del total departamental. Los porcentajes de comercio y vivienda son los que corresponden a estos sectores del total de créditos otorgados por el sistema financiero de Montería. Según estos datos Córdoba tiene el mayor volumen en las captaciones y la utilización del crédito en el sistema bancario de los cinco departamentos costeños. Llama la atención que los depósitos registraron una tasa de crecimiento anual del 32.6% pasando de 380.189 millones de pesos en diciembre del 2003 a 504.284 millones en el mismo mes del 2004. ¿Qué produjo semejante aumento? ¿Tuvo algo que ver la concentración de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santafé Ralito? En general los depósitos en cuenta de ahorro son el mayor aportante, seguido de cerca por las cuentas corrientes y en menor porcentaje los certificados de depósito a término. Hay que tener en cuenta que mucho dinero en efectivo no ingresa al sistema bancario en Colombia y Córdoba no escapa a ello. Los casos mas conocidos en la ciudad son los de la economía informal, cuyo peso en la economía es apreciable; gran número de microempresas, la mayoría en el departamento, no lo utiliza o subutiliza; las transacciones en el área rural y el comercio de ganado, entre otros. En todos los niveles de la economía cordobesa en distintos grados, hay evasión al sistema financiero ¿Cuánto representa?. A pesar de las consultas a la Superintendencia Bancaria, Asobancaria, Banco de la República y analistas del sistema financiero no conseguimos cifras oficiales al respecto. Volvamos a las captaciones que hace el sistema bancario. Surgen las preguntas obligadas: ¿Por qué en Córdoba los depósitos bancarios son los más altos entre los departamentos reseñados?, ¿de qué actividad económica provienen tan cuantiosos recursos? El diario El Tiempo en una investigación que tituló ¿Colombia pierde guerra contra el lavado? (11 de septiembre de 2005) cita al analista financiero Mauricio Cabrera y al almirante Mauricio Soto. El primero afirma que algunos jefes de las AUC concentrados en Ralito están invirtiendo, mientras el segundo asegura que algunos de estos jefes “que también trafican, están liquidando a un ritmo acelerado sus depósitos de cocaína antes de la desmovilización…” El diario también nos recuerda que a finales del año pasado y principios de este era “vox populi” que en Montería vendían dólares hasta en 1500 pesos. Personalmente recibimos

40

llamadas de amigos de distintas partes del país encargándonos comprar cantidades diversas. No todo es ilegal ni es de Ralito Como es sabido no toda la economía que se mueve en el departamento y la que es captada por los bancos es ilegal ni sale de la zona de ubicación exclusivamente. La economía de Córdoba está basada fundamentalmente en la agricultura, ganadería y minería. Los aportes de estos sectores son los siguientes: Agricultura La actividad agrícola en el departamento se ha mantenido constante en los últimos años. Por lo general se registran variaciones que no son significativas. En los cultivos transitorios se destacan el algodón, maíz y arroz que participaron con el 98% del total sembrado. Y en los anuales y permanentes los más representativos son el ñame, plátano y yuca que ocuparon el 92% del área sembrada. Los cultivos tradicionales como algodón, maíz, arroz, yuca, ñame y plátano siguen siendo los importantes. Otros cultivos como patilla, papaya, mango, maracuyá y coco, todavía son incipientes. De acuerdo con funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Económico Agroindustrial hay, además, 650 hectáreas con cacao (60 están en producción), 150 con caucho, más de 100 con palma de aceite y 12.000 hectáreas con plantaciones forestales comerciales de roble, acacia y teca, estas dos últimas en producción.

CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES EN CORDOBA AÑOS 2002 – 2003

Cultivos /Área

Años

Áreas sembrada (has)

2002 2003

Área cosechada (has)

2002 2003

Producción (toneladas)

2002 2003 Transitorios 144.072 146.062 140.329 131.253 403.044 371.757

Algodón 22.113 20.272 21.623 20.218 43.156 39.045 Arroz* 27.361 35.654 26.633 33.463 64.346 92.594 Maíz** 90.143 86.560 87.778 74.225 275.182 213.559

Anuales y Permanentes

60.239 62.922 58.454 60.605 624.637 609.883

Ñame 9.142 10.086 8.742 9.900 82.187 93.705 Yuca 17.145 18.903 16.888 18.657 200.112 216.613

Plátano 29.742 29.359 29.128 28.010 275.843 249.359 * Incluye arroz riego y secano manual y mecanizado ** Incluye maíz tecnificado y tradicional Fuente. ICER. Córdoba. Primer Semestre 2004

41

Ganadería La actividad ganadera también, en términos generales, se mantiene constante, con ligeros cambios de crecimiento o disminución. El año anterior por ejemplo, creció el número de fincas pero disminuyó el número de bovinos.

NUMERO DE FINCAS Y BOVINOS EN CORDOBA

AÑO 2001 A 2004

AÑO NUMERO DE FINCAS

NUMERO DE BOVINOS

2001 24.039 2.176.988 2002 24.467 2.272.531 2003 24.712 2.397.251 2004 25.435 2.365.636

Fuente. Gobernación de Córdoba. Secretaría de Desarrollo Económico Agroindustrial – Consenso Umatas. Montería, 2005.

Minería En el sector minero el níquel sigue siendo el mayor aportante a la economía departamental. De acuerdo con el ICER la producción en el 2003 fue de 105.5 millones de libras y de 107.6 millones de libras en el 2004. El precio en el mercado internacional se ha mantenido favorable. En el 2003 el precio promedio fue de 4.37 dólares la libra y en el segundo semestre del 2004 alcanzó la cifra de 6.37 dólares. El carbón y el oro también contribuyen pero de manera menos significativa. En general son estos sectores los que sostienen la economía de Córdoba. Dan empleo a miles de personas y le permiten a sus propietarios, directivos y profesionales, entre otros, un nivel de vida cómodo de acuerdo a las condiciones del departamento.

EL CASO DE MONTERIA

Captaciones y Créditos bancarios Los bancos de Montería recibieron en los tres últimos años entre el 65% y el 70% de las captaciones totales de Córdoba y los usuarios utilizaron entre el 70% y 78% de los créditos disponibles. De los 845.203 millones de pesos captados en este período, el 42.8% lo hizo a través de cuentas de ahorro y el 40.4% por medio de cuentas corrientes.

42

De estos recursos el comercio obtuvo 472.983 millones de pesos, el 55.9% y la vivienda 162.897 millones, el 19.2%. Así pues, la inversión de estos recursos explica en parte el auge del comercio y la vivienda en la ciudad. Comercio En los últimos años Montería ha visto crecer, sin mucha claridad, su comercio formal e informal de manera acelerada y desordenada. Han construido nuevos y grandes locales, remodelado y rehabilitado muchos establecimientos, ampliado el sector comercial. Un indicio de este incremento está en que de las 932 sociedades constituídas en los dos últimos años, según datos suministrados por la Cámara de Comercio de Montería , el 26.4% en promedio, corresponde a esta actividad económica. Vivienda Desde hace 10 años aproximadamente en el perímetro urbano de Montería no para la construcción de viviendas sobre todo en estratos 4, 5 y 6 y en sus alrededores proyectos de casasfincas. La demanda de tierra por los costados norte y oriente de la ciudad, la ha encarecido enormemente. Las están dedicando a urbanizaciones, sitios de eventos y recreación y casasfincas. Muchos visitantes se asombran del diseño, tamaño y lujo de residencias situadas en los barrios La Castellana y El Recreo, de los estrato 5 y 6, los más exclusivos. Nuevos Inversionistas En Montería están invirtiendo personas, empresas y asociaciones de distintos lugares del país, en especial de Medellín, Cali, Bogotá y Santander. Supuestamente las inversiones crecieron cuando las AUC tomaron el control de la ciudad y gran parte del departamento, garantizándoles seguridad y tranquilidad. Al parecer estas inversiones las han dirigido al comercio, tierra, ganado, madera y cultivos agroindustriales. Obras Gubernamentales Coincidencialmente los gobiernos nacional, departamental y municipal también están invirtiendo en la ciudad. Dentro de las obras se destacan la construcción del nuevo puente sobre el río Sinú, la prolongación de la Calle 41, el malecón de la avenida del río, la doble calzada de la Calle 29, el centro de convenciones, las obras complementarias de la circunvalación, las vías de la margen izquierda que unirán el nuevo puente con la carretera que conduce a Arboletes y los arreglos en el viejo puente metálico. En la actualidad Montería cuenta con buenos servicios de gas natural, teléfono, acueducto, recolección de basuras, mantenimiento de parques y un moderno servicio de buses para el transporte urbano.

43

En resumen: El progreso que vive la ciudad en los últimos años se debe al incremento de captaciones en el sistema financiero; las inversiones, vía crédito bancario, efectuadas en el comercio y la vivienda de estratos medio y alto; la presencia de nuevos inversionistas de distintos lugares del país alentados por la supuesta o real seguridad brindada por el dominio de las AUC; las obras de infraestructura de las administraciones gubernamentales y el mantenimiento de su economía tradicional basada en la agricultura, ganadería, minería y una incipiente manufactura. De acuerdo con los datos citados y apreciaciones de analistas es por el sistema financiero y las nuevas inversiones por donde se están colando recursos de “mala procedencia”. Lo que no se sabe es con cuanto participan en uno y otro. Las actividades predilectas, como ya dijimos, son comercio, vivienda, tierra, ganado, madera y cultivos agroindustriales. De estas, las que más proporcionan empleo son el comercio, la vivienda y los cultivos en determinadas épocas. En cambio, en la industria, donde sí necesitamos cambios importantes, no hay inversiones. Mal que bien se siguen sosteniendo sus unidades más dinámicas: panadería y repostería, refrescos y helados, alimentos, procesamiento de maderas, artesanías, confecciones, aseo y desinfección y embotelladoras de gaseosas. Al lado de este progreso parcial y selectivo (las obras y servicios para la ciudad y el bienestar de unos pocos) la pobreza de la ciudad se mantiene, manifestándose en el desempleo, el subempleo, la economía informal, los asentamientos subnormales, el mototaxismo, la inseguridad y el riesgo social en que se encuentran miles de niños, adolescentes y jóvenes sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida a corto plazo. Montería, 25 de Septiembre de 2005

44

Documento 8

LAS DESMOVILIZACIONES DE GRUPOS ARMADOS

Y LA ATENCIÓN SICOSOCIAL

Me referiré, de manera breve por supuesto, a las desmovilizaciones de grupos armados sucedidas en el departamento de Córdoba, haciendo énfasis en la atención o no que han recibido los agresores, las víctimas y las comunidades afectadas. Con el propósito de aprehender algunas experiencias que nos permitan entender y orientar mejor lo que sucede con el actual proceso de negociación entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

• El 15 de octubre de 1953 los guerrilleros liberales, la mayoría campesinos rasos, entregaron sus armas -chopos, escopetas y carabinas- a un oficial del ejército en la plaza principal de Tierralta en el Alto Sinú, gracias a la amnistía otorgada por el general Rojas Pinilla. Recibieron a cambio una muda de ropa de tela ordinaria, la promesa de un pedazo de tierra y con un apretón de manos el agradecimiento de la patria por contribuir a la paz.

Terminada la ceremonia, muchos de los hombres desarmados volvieron a sus lugares de origen, de donde habían salido reclutados o dispuestos a formar parte de los grupos levantados en armas. Los pueblos liberales los recibieron con beneplácito y admiración y rápidamente se reincorporaron a su vida tradicional. El incumplimiento del gobierno les creó inconformidad y animadversión contra las autoridades. Los pueblos de mayoría conservadora, en cambio, los recibieron con resentimiento y terminaron aislándolos de la comunidad. Varios de ellos, incapaces de soportar la situación, debieron salir a otros lugares en busca de tranquilidad. Para estos hombres el incumplimiento del gobierno fue una burla. De las víctimas del enfrentamiento liberal-conservador nadie habló. Los hombres se tragaron la rabia y las mujeres, resignadas y sumisas, sufrieron en silencio. La venganza personal o por intermediarios todavía no era práctica usual en estos territorios tan lejanos y abandonados.

• En octubre de 1959 el acuerdo de paz fue con la guerrilla liberal de Julio Guerra en el alto San Jorge. A cambio de la desmovilización de sus hombres el gobierno les construiría una vía, montaría una granja piloto, entregaría herramientas y semillas y garantizaría trabajo.

Esperaron con paciencia pero resultó en vano. Este nuevo incumplimiento del gobierno produjo efectos sociales y políticos que alteraron toda la zona. Julio Guerra ingresó al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), disidencia del partido liberal, que encabezó Alfonso López Michelsen; mientras, la mayoría de sus hombres tomaron opciones diferentes: unos se vincularon al Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge, orientado por

45

comunistas y otros, más tarde, hicieron parte de la naciente guerrilla de izquierda el Ejército Popular de Liberación (EPL). La desmovilización de la guerrilla de Julio Guerra, que actuaba como muro de contención, facilitó la entrada de hacendados, comerciantes y políticos, dispuestos a hacerse a tierras valiéndose de amenazas, engaños, maniobras fraudulentas y muertes, respaldados algunos de ellos por grupos armados privados. Al final, grandes extensiones de tierra quedaron en pocas manos, desaparecieron 20 colonias campesinas, incrementaron la ganadería extensiva, redujeron el comercio de arroz y el maíz, hubo estancamiento de la colonización, el arrendamiento, la aparcería y una gran emigración a los centros urbanos. Fue una época difícil. El número de muertos, desaparecidos y desplazados no fue posible conocerlo, ni siquiera calcularlo. De las víctimas nadie se ocupó. Buscaron refugio donde familiares, amigos o conocidos. Y con ayuda de ellos, a medida que se integraron a la comunidad, poco a poco fueron superando la ansiedad o el sufrimiento. La historia familiar la comentaban entre ellos o con personas de confianza, nunca con extraños o recién conocidos. Los hombres, con el paso de los años se volvieron huraños, silenciosos y con frecuencia los embargaba la nostalgia o la tristeza. Los pueblitos campesinos donde habitaban, en medio de la soledad y la exuberancia de la naturaleza, debieron influir en su estado de ánimo. Pero estos hombres no olvidaron el engaño del gobierno, los atropellos de los pudientes, la indiferencia de las administraciones departamentales y municipales ni la impunidad de la justicia.

• La desmovilización del EPL en 1991, sucedió en el marco del conflicto armado que sostenían los grupos armados privados con otras fuerzas guerrilleras. Los desmovilizados que retornaron al alto Sinú, cuna del EPL, en ese entonces bajo el control de los grupos armados privados, encontraron una situación diferente a la que vivieron los desmovilizados de las guerrillas liberales. Algunos fueron eliminados por familiares de víctimas o sicarios contratados, no los aceptaban como trabajadores en las haciendas ni en los graneros de la cabecera, les impedían hacer parte de organizaciones comunitarias, eran objeto de señalamientos, por seguridad cambiaban de casa con frecuencia, los amigos evadían su compañía por temor a sufrir atentados y todavía, 14 años después, en las discusiones públicas que sostienen les recuerdan su pasado como una ofensa irreparable.

Los familiares son conscientes del peligro en que se encuentran y parecen resignados, pendientes de los disparos o la noticia anunciando el hecho. Los funerales que les organizan son más tristes que los de costumbre por la soledad, el silencio y el miedo que los rodea. Las víctimas poco hablan de su dolor pero tienen presente a sus difuntos. Los hombres buscan la manera de cobrar la deuda pendiente o que haya justicia; las mujeres dejan en mano de Dios la mitigación del dolor y los huérfanos, de manera sutil, asimilan el mensaje de no olvidar lo ocurrido. Las víctimas no solo tienen en cuenta a los muertos, también la pérdida de bienes, las amenazas y atropellos que recibieron y el desplazamiento que padecieron. Algo a resaltar de estas venganzas es que no las han hecho extensiva a las familias.

46

El balance de esta desmovilización la podemos sintetizar así: al cabo de dos años la casi totalidad de los negocios que alcanzaron a montar dejaron de funcionar por distintas razones; de los 349 desmovilizados en Córdoba sólo un 30% aproximadamente aprovechó las ventajas de la reincorporación y su reinserción la podemos considerar exitosa; un número no determinado ingresaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los grupos armados privados, mientras otros perdieron la vida por diferentes motivos. A pesar de estar incluidos en el Acuerdo de paz el acompañamiento sicosocial y los planes regionales para “beneficiar a las comunidades y fomentar el desarrollo socioeconómico”, fue mínimo lo logrado en estos aspectos.

• En enero del presente año se desmovilizaron las Autodefensas de Córdoba bajo el mando de Salvatore Mancuso. En la actualidad el número de desmovilizados, de distintos bloques, llega a 2.020 y según las proyecciones alcanzará la cifra de 5.000 cuando finalice el proceso.

La mayoría son jóvenes entre 18 y 26 años. Al momento del ingreso al grupo armado el 22% eran de origen campesino y el 78% vivía en las cabeceras municipales y en los asentamientos subnormales y populares de Montería. Los del campo desempeñaban labores de jornalero, vaquero o ayudaban a los padres en oficios agropecuarios. Los urbanos o semiurbanos eran jóvenes que no estudiaban o habían terminado el bachillerato pero no podían ingresar a la universidad, estaban desempleados, laboraban ocasionalmente o aprendían algún oficio. En general el nivel de estudio es bajo y la disposición a la capacitación técnica y la educación formal no es la mejor. Tal parece que los años en la guerra les hizo creer que no es necesario el estudio, perdieron el hábito o no lo consideran importante para el futuro de sus vidas. Los desmovilizados en el alto Sinú, donde todavía las AUC ejercen algún control, la población los admira y siente simpatía por ellos. El rechazo de familias y sectores de la comunidad, víctimas de sus acciones, no lo manifiestan por impotencia ante el poder que conservan. Guardan la esperanza que el Estado haga presencia permanente y asuma la responsabilidad que le corresponda, sustituyendo definitivamente a las Autodefensas. Entonces las retaliaciones y las muestras de repudio, serán más frecuentes. De las víctimas, como es costumbre, poco se habla. Sin embargo debemos reseñar el acto de reconocimiento y duelo, que en su memoria, organizaron la Defensoría del Pueblo y la organización Iniciativas de mujeres por la paz, el pasado 20 de octubre en Montería. Son tantos los muertos, desaparecidos, desplazados, amenazados y exiliados que no se les puede seguir ignorando más. Las obras de beneficio para la comunidad y el acompañamiento sicosocial a los desmovilizados y sus familias, no son atendidas satisfactoriamente. Además, hay

47

inconformidad por falta de trabajo, salud, vivienda y pago oportuno de los honorarios, entre otros. Con base en los hechos anteriores me permito hacer las siguientes

Recomendaciones

- Históricamente cada desmovilización y reinserción es diferente. Conocer los antecedentes, la realidad económica, social, cultural y política en la que se desarrollan son bases fundamentales que aseguran una mayor comprensión y atención. Qué, por lo regular ha estado en manos de sicólogos, siquiatras, trabajadores sociales, expertos en valores y funcionarios gubernamentales de todos los niveles, dejando a un lado otras disciplinas, saberes y experiencias.

- Los programas de atención sicológica y social deben estar dirigidos a los agresores, las víctimas y las comunidades afectadas, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre ellos y sus características particulares y generales. ¿Por qué no trabajar con ellos en los territorios o comunidades donde se encuentren?. Es lógico pensarlo.

- Los programas y acciones deben elaborarse y aplicarse con la participación de los distintos actores, de acuerdo con sus realidades, intereses y aspiraciones.

- Definitivamente el acompañamiento o la terapia sicológica – individual o colectiva – o la consecución de obras o servicios básicos, por sí solas, no son suficientes para resolver los efectos causados por el conflicto armado. A los desplazados y reinsertados no se les puede colocar en la disyuntiva de pacientes o receptores de asistencia humanitaria.

- Teniendo en cuenta que no hubo o no funcionó la preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes de las AUC, sus familias ni comunidades receptoras, es urgente diseñar un plan de contingencia que maneje los casos conflictivos sucedidos hasta ahora. Así mismo es indispensable el plan para atender los próximos desmovilizados que se anuncian, cerca de 3.000, según estimativos del Centro de Referencia y Oportunidades.

- Si a las comunidades situadas en zonas tradicionales de conflicto armado no les atienden sus necesidades básicas (vías, salud, educación, agua potable, producción y mercadeo) ni les ayudan a restablecer las organizaciones, el trabajo y las expresiones básicas de su cultura en un proceso de paz, es posible, como históricamente ha sucedido en Córdoba, el surgimiento de otros grupos armados. La inconformidad, la mano de obra disponible en manejo de armas y saber vivir en territorios y condiciones de guerra, constituyen los elementos indispensables para conformar grupos armados. Sólo faltaría el componente motivador, inspirador, que bien puede ser la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico o cualquier otro con intereses económicos o políticos. Si esta aseveración resulta cierta, en Córdoba estaríamos lejos de alcanzar lo que queremos y merecemos con todo derecho.

48

Bibliografía

Castaño Carlos. Las Autodefensas y la paz. 1999. Castaño Bertha Lucía. Violencia Socio-política en Colombia. Repercusión en la salud

mental de las víctimas. Corporación AVRE. Bogotá, 1994.

Castaño Bertha Lucía y otros. Violencia Política y trabajo psicosocial. Corporación AVRE. Bogotá, 1998.

Negrete Barrera Víctor y otros. Encuentro con el alto San Jorge. Encuentro con

Tierralta. Urabá, conflictos y educación rural. Puerto libertador, pasado y presente. Montelíbano, pasado y presente. Documentos para la reflexión (El proceso de negociación gobierno-AUC). Universidad del Sinú y Acción contra el hambre. Montería.

Red de Solidaridad Social y otros. Acuerdos de paz. 1995

Romero Mauricio. Paramilitarismo y Autodefensas, 1982-2003. Universidad Nacional,

2003. Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba 1953-1991. Serie controversia Nro. 167. Cinep. Bogotá, 1995.

Reuniones y eventos Reuniones de análisis sobre el conflicto armado y el proceso de negociación. Tierralta, 2004 y 2005. Varios eventos organizados por el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú. Montería, 2004 y 2005. Víctor Negrete Barrera Maria Milene Andrade Centro de Estudios Sociales y Políticos Defensora del Pueblo Universidad del Sinú Celular: 300 8097402 Celular: 300 8049340 Email: vicnegreteba43@hotmail.com Email: cordoba@defensoria.org.co

quipisltda@edatel.net.co mileneandrade@latinmail.com Teléfono: (4) 7824278 Teléfono: (4) 782 4655